La existencia o no de una relación directa entre pobreza y criminalidad ha dividido durante décadas a gobernantes y especialistas de diversas matices políticas. La falta de una respuesta definitiva a esta pregunta es aún más intrigante en el caso de Nicaragua.
¿Cómo es posible que uno de los países más pobres de América pueda mantener unos niveles tan bajos de violencia, detener el avance de los fenómenos que acechan a los países vecinos, como el crimen organizado y el tráfico de drogas, y prevenir la proliferación y la organización de las llamadas maras?
En junio pasado, esa pregunta permeó el debate que se dio durante la Conferencia Internacional en apoyo a la Estrategia de Seguridad Regional. En esa ocasión, representantes del SICA (Sistema de Integración Centroamericana) y de organismos multilaterales latinoamericanos, felicitaron públicamente a la Policía Nacional nicaragüense por los resultados obtenidos en materia de prevención e investigación del delito.
“La respuesta a esta pregunta hay que buscarla en el hecho de que somos una institución muy joven y en la implementación de un modelo profundamente relacionado con nuestra origen y con la historia reciente del país”, explicó a Opera Mundi Miriam Martha Torres, jefa de la Secretaría Ejecutiva de la Policía Nacional de Nicaragua.
En lo que se refiere a la lucha contra la delincuencia común, los asesinatos, el crimen organizado y el narcotráfico, Nicaragua es una excepción en Centroamérica. “Logramos revertir el índice delictivo demográfico, colocándonos en 13 homicidios por cada 100 mil habitantes. Es un resultado importante si lo comparamos con los datos de Honduras (78), El Salvador (69) y Guatemala (42)”, explicó Torres. Según datos del PNUD (2010), el promedio regional es de 35 homicidios y la tasa latinoamericana de 26.
En términos globales, el 29 por ciento de los homicidios acontecen en Honduras, el 27.7 en Guatemala y el 18.6 en El Salvador. Nicaragua representa a penas el 3.7 por ciento de los homicidios de la región, y esto pese a tener el Índice de fuerzas policiales más bajo de la región: sólo nueve agentes policiales por 100 km² en comparación, por ejemplo, con los casi 100 por km² de El Salvador.
Durante casi medio siglo, la dictadura de los Somoza (1934-1979) atribuyó a la sangrienta Guardia Nacional las funciones propias del Ejército y la Policía. Cuando la lucha revolucionaria logró derrotar a la dictadura (1979), fue preciso desmontar el sistema existente y crear uno nuevo. “La nueva Policía fue formada en medio del proceso revolucionario, con la participación y el involucramiento directo de los y las combatientes y de otros sectores de
la población insurrecta. Es decir, surgió directamente del pueblo y ahí continúa manteniendo sus raíces”, recuerda Torres.
Miriam se involucró muy joven al proceso de lucha armada contra la dictadura y fue herida de gravedad justo dos meses antes del triunfo de la revolución. Pasó casi un año recuperándose de las heridas, y en 1980, teniendo a penas 16 años, se integró a la nueva institución.
“Nuestra Policía surgió de las entrañas del pueblo. No hubo convocatoria, ni llamados o academia para aprender el trabajo. Hombres, mujeres, jóvenes, todos nos integramos a la tarea, muchas veces por disciplina partidaria. Era un fermento de emociones para construir algo nuevo que, con el tiempo, se fue estructurando y profesionalizando, pero sin perder su relación constante con la gente, con las comunidades”, afirmó la comisionada mayor.
Prevención
Según las autoridades nicaragüenses, el modelo de policía “preventivo, proactivo y comunitario” no podría existir sin un vínculo profundo con la población. De acuerdo con las estadísticas oficiales de la Policía, serían más de 100 mil las personas que, de manera voluntaria, estarían apoyando activamente la labor preventiva en todo el territorio nacional.
Con el Decreto 16-2007 se crearon los Consejos de Seguridad Ciudadana (CSC), instancias de coordinación entre la Policía, el Estado y la ciudadanía. “Actualmente, gozamos del apoyo directo de 25 mil miembros de los Comité de Prevención Social del Delito, más de 76 mil miembros de los Gabinetes del Poder Ciudadano y 9 mil jóvenes voluntarios. En la zona rural contamos también con 1.300 integrantes de los Comités Comarcales, con más de 1.000 policías voluntarios y 3.900 promotoras contra la violencia intrafamiliar. Un verdadero ejército que respalda ese modelo”, explicó Torres.
Además, se ha puesto un énfasis particular en los jóvenes. “Todo el mundo se pregunta por qué en Nicaragua no existe el problema de la mara. Para nosotros, se trata de una problemática ligada a la exclusión social, y la solución que hemos adoptado es la prevención, por medio de la inclusión de los jóvenes”, afirmó la primera Comisionada Aminta Granera, jefa de la Policía Nacional, recientemente reconfirmada en su cargo por el presidente Daniel Ortega, hecho inédito en la historia reciente de Nicaragua.
La prevención hacia la juventud nicaragüense tiene tres enfoques: el primero para evitar que los jóvenes en general se involucren en actos delictivos, el segundo para tratar de disuadir los delitos con grupos en riesgo, y el tercero con acciones encaminadas a evitar la reincidencia de los adolescentes que están cumpliendo medidas socio-educativas o son privados de libertad.
Fue constituida la DAJUV (Dirección de Asuntos Juveniles) para trabajar en los centros preescolares y en las escuelas primarias y secundarias, bajo la premisa fundamental de la inclusión. “Eso encarna el accionar de la Policía como parte de la comunidad y se mueve al unísono con su sentir y vivir. Nosotros actuamos en, desde, para y con la comunidad”, argumentó Granera.
A lo largo de los últimos años, ese modelo permitió la promoción de un trabajo preventivo directo con más de 250 mil jóvenes, que cada año logró desmovilizar y reinsertar en la vida social a más de 500 jóvenes miembros de bandas juveniles (pandillas).
Durante la inauguración del Centro de Formación y Desarrollo Juvenil “Juventud”, que brindará atención y capacitación en carreras técnicas y profesionales a 200 jóvenes en riesgo y a ex miembros de pandillas, Granera explicó que este es el resultado de un esfuerzo que conjuga el espíritu de esta Policía, la sensibilidad social del gobierno, la compenetración de la sociedad civil con el modelo y la generosidad de la cooperación internacional.
“Con este Centro, tratamos de aproximarnos a los jóvenes en situación delictiva o de riesgo, no para castigarlos, sino para abrirles espacio para su regeneración y formación. No se trata de acompañarlos a la prisión, sino a la educación”, afirmó Granera ante centenares de jóvenes emocionados por la oportunidad que se les está ofreciendo.
Género
Otro eje del modelo policial nicaragüense es la lucha contra la violencia de género o intrafamiliar. “Abrimos más Comisarías de Mujeres en todo el país, lo cual permitió aumentar a más de 100 mil las mujeres atendidas cada año”, detalló Miriam Martha Torres.
Además, fueron capacitados 200 mil personas en función de la reivindicación del derecho de la mujer, y se fortaleció el modelo de atención con la introducción de las Comisarías Móviles, las defensorías itinerantes, las comisiones comunitarias de prevención de la violencia intrafamiliar, así como con la adopción del modelo único de informe psicosocial y la capacitación de 4 mil promotoras voluntarias.
El enfoque de género es algo que caracteriza el propio cuerpo policial. “Actualmente, más del 35 por ciento de los efectivos policiales somos mujeres. Ocupamos el 26 por ciento de los puestos principales de la escala de mando”, recordó la comisionada mayor.
Narcotráfico
En la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, el modelo nicaraguense ha sido un ejemplo para toda la región. De hecho, en Nicaragua resulta ser una excepción a nivel de la región centroamericana, y no se percibe la presencia de esos fenómenos, tan dramáticos para los demás países, ni el vínculo entre las bandas juveniles y el crimen organizado. “Hemos golpeado al narcotráfico de forma contundente, desarticulando a 63 células de los grandes carteles de la droga y sacudiendo sus base logísticas, económicas y su plataforma terrestre, aérea y marítima. Calculamos que le hemos arrebatado unos 2.5 billones de dólares”, dijo Granera.
“El verdadero desafío, ahora, es continuar a profundizar el modelo, incentivando más la relación y el intercambio con las comunidades, porque nuestra mayor legitimidad es la social, aquella que te da la gente”, concluyó Torres.
Fuente: Opera Mundi (original en portugués)
No hay comentarios:
Publicar un comentario