Nicaragua intensifica su apuesta por combatir la pobreza en el 2026. Por Javier Huerta

Por Javier Huerta

En los últimos días, el gobierno de Nicaragua presentó un ambicioso plan presupuestario que pone a la lucha contra la pobreza como una de sus principales prioridades. El proyecto de Presupuesto General de la República 2026 prevé asignar 109 mil millones de córdobas, lo que representa aproximadamente el 65 % del gasto total, a programas de combate a la pobreza. 

Ese monto supone un aumento muy significativo con respecto al presupuesto de 2025, multiplicando por 10.2 veces la cantidad destinada anteriormente. 

El plan del gobierno no se limita a ser una cifra: estos recursos apuntan a financiar una combinación de gasto social (salud, educación, subsidios, servicios) así como inversión pública en infraestructura (carreteras, puentes, hospitales, viviendas, transporte, electricidad, agua potable, etc.), con el fin de mejorar el bienestar de los sectores más vulnerables.

Según los detalles del presupuesto aprobado:

• Una parte importante de los fondos irá a gasto social: salud gratuita, educación pública, subsidios — medidas dirigidas a garantizar servicios básicos a la población. 

• Otro bloque de recursos se orientará a inversiones en infraestructura: construcción y mejora de caminos, hospitales, viviendas populares, redes de agua potable, transporte, energía eléctrica, entre otros. 

• Además, se contempla apoyo al sistema de pensiones, subsidios al transporte y energía, y protección del ingreso de las familias vulnerables. 

Con ello, Nicaragua pretende ofrecer un paquete integral: no solo ayudas económicas puntuales, sino mejoras estructurales en servicios e infraestructura, que buscan elevar la calidad de vida de amplios sectores de la población.

Aunque el plan presupuestario tiene cifras ambiciosas, no está exento de retos reales:

• Ejecutar correctamente esos fondos: garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan, sin filtraciones ni desvíos.

• Mejorar efectivamente servicios esenciales como salud, educación, vivienda e infraestructura — el simple desembolso no garantiza resultados inmediatos.

• Asegurar la sostenibilidad fiscal: aunque el presupuesto prevé recursos suficientes, el contexto económico global e interno puede cambiar, lo que podría afectar la disponibilidad futura.

• Transparencia y rendición de cuentas: dado que se movilizan montos muy grandes, es clave que haya mecanismos claros de supervisión.

Con la aprobación del presupuesto 2026, Nicaragua ha dado un paso firme para priorizar la lucha contra la pobreza, destinando una proporción significativa de recursos públicos — tanto para gasto social como para inversión en infraestructura — con la esperanza de mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Este giro refleja una estrategia integral: pobreza, servicios, desarrollo económico y protección social bajo un mismo plan.

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