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domingo, 23 de agosto de 2026

23 de Agosto. Cuando la oscurana se hizo claridad en Nicaragua

Por Javier Huerta

Nicaragua, 46 años después de aquella hermosa batalla, la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización 

Entre finales de marzo y agosto de 1980, cuando comenzaba a caer la noche en cualquier comunidad de Nicaragua, una pequeña lámpara iluminaba una mesa alrededor de la cual se sentaban un joven alfabetizador y varias personas que apenas empezaban a reconocer las letras. No había grandes aulas ni pupitres. Muchas veces tampoco había electricidad. Había una cartilla, un lápiz, una tiza, una pizarra, una lámpara, paciencia y, sobre todo, el deseo de aprender y enseñar. En aquellas noches sencillas, en medio de la pobreza y de las dificultades de una Nicaragua que acababa de salir de una larga dictadura, comenzó a escribirse una de las páginas más hermosas de la Revolución Sandinista.

Aquella escena se repetía una y otra vez por todo el país. En casas campesinas, bajo los árboles, junto a los caminos y en las montañas, Nicaragua entera se había convertido en una escuela. Miles de jóvenes habían dejado temporalmente sus hogares y sus familias para internarse en una Nicaragua que muchos apenas conocían. Iban cargados con una cartilla y unos pocos materiales, pero llevaban consigo algo mucho más importante: la convicción de que la Revolución que había triunfado el 19 de julio de 1979 no podía limitarse a haber derrotado a la dictadura. La victoria tenía que llegar hasta las comunidades más apartadas, hasta las familias campesinas, hasta quienes durante décadas habían permanecido al margen de la educación y de las oportunidades.

Hacía apenas ocho meses que el pueblo nicaragüense había derribado a la dictadura somocista, una dictadura familiar que durante más de cuatro décadas había mantenido el poder mediante la represión, la desigualdad y la exclusión. El 19 de julio había abierto una enorme esperanza, pero la Revolución recibía un país profundamente herido. La guerra contra Somoza había dejado miles de muertos, familias destruidas y comunidades devastadas. La pobreza era especialmente dura en las zonas rurales, donde durante generaciones habían faltado escuelas, maestros, asistencia sanitaria, caminos, electricidad, agua potable y muchas de las condiciones básicas para desarrollar una vida digna.

El analfabetismo era una de las expresiones más visibles de aquella realidad. El régimen somocista había dejado una tasa nacional del 50,3 %, mientras que en algunos departamentos la situación era todavía mucho más dramática: en Río San Juan, por ejemplo, alcanzaba el 96,32 %. Aquella cifra permite comprender mejor lo que significaba que un joven llegara a una comunidad con una cartilla en las manos. No se encontraba simplemente ante una persona que desconocía las letras. Se encontraba ante las consecuencias de décadas de abandono.

Por eso, para la Revolución Sandinista, transformar Nicaragua no significaba únicamente cambiar las estructuras políticas. Había que reconstruir un país devastado y, al mismo tiempo, comenzar a construir una sociedad diferente. Había que atender la salud, impulsar la educación, mejorar las condiciones de vida, llevar servicios a las comunidades y devolver a millones de personas algo que durante demasiado tiempo les había sido negado: el derecho a aprender.

Y así comenzó una de las mayores epopeyas educativas de la historia de Nicaragua.

Una revolución que también tenía que enseñar

Carlos Fonseca Amador había dejado una consigna que resumía una parte esencial de aquella concepción revolucionaria: “Y también enséñenles a leer y escribir”. Aquellas palabras, pronunciadas años antes en medio de la lucha revolucionaria, adquirían ahora una dimensión concreta. La Revolución había triunfado y había llegado el momento de convertir aquella orientación en una realidad que alcanzara hasta el último rincón del país.

No se podía esperar a construir una red educativa perfecta para comenzar. Había que actuar inmediatamente. La pobreza no podía esperar y la ignorancia tampoco. Por eso, el 23 de marzo de 1980, apenas ocho meses después del triunfo revolucionario, comenzó oficialmente la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización “Héroes y Mártires por la Liberación de Nicaragua”.

La decisión tenía además una enorme dimensión material. Nicaragua heredaba una economía profundamente deteriorada. La Cruzada supuso un esfuerzo extraordinario para un país empobrecido: según datos del Ministerio de Educación recogidos posteriormente por la UNAN-Managua, el coste de aquella campaña rondó los 20 millones de dólares de la época. No había abundancia de recursos. Había voluntad política, organización popular y una convicción: la Alfabetización era urgente.

Miles de jóvenes se pusieron en camino hacia las comunidades rurales. Algunos procedían de Managua y de otras ciudades y nunca habían vivido durante meses en una comunidad campesina. Otros tampoco conocían las montañas, los caminos interminables, las largas jornadas de trabajo agrícola, la falta de electricidad o las dificultades cotidianas de aquellas familias. Muchos iban a descubrir por primera vez una parte de Nicaragua que había permanecido prácticamente invisible para quienes vivían en las ciudades.

El analfabetismo la consecuencia de una sociedad que durante décadas había negado a buena parte de su población el derecho a aprender. Enseñar a leer significaba mucho más que aprender el abecedario. Significaba poder escribir un nombre, comprender una carta, leer un periódico, interpretar un documento, realizar una gestión y dejar de depender de otra persona para acceder a una palabra escrita.

Significaba abrir una puerta que había permanecido cerrada durante generaciones.

La Cruzada tampoco fue concebida como una enseñanza mecánica. La coordinación estudió experiencias de alfabetización desarrolladas en países como Cuba, Mozambique, Guinea-Bissau y Cabo Verde y consultó a especialistas como Paulo Freire, el célebre pedagogo brasileño y autor de Pedagogía del oprimido. La experiencia nicaragüense recibió así aportaciones internacionales, pero desarrolló también sus propios métodos y materiales a partir de la realidad del país.

La cartilla no pretendía solamente enseñar letras. Pretendía que quien aprendía pudiera leer también su propia realidad. Porque aprender a leer era comenzar a descubrir que el mundo podía comprenderse y que, una vez comprendido, también podía transformarse. UNESCO destaca precisamente que aquella experiencia permitió a miles de jóvenes de las ciudades descubrir la otra mitad del país y conocer de cerca las condiciones de pobreza y marginación heredadas de décadas de dictadura.

La Nicaragua que esperaba a los alfabetizadores

Cuando aquellos jóvenes salieron hacia las montañas, no se dirigían simplemente a un territorio desconocido. Entraban en el corazón de una sociedad que acababa de despertar de una larga noche.

La pobreza era especialmente dura en las zonas rurales. Muchas comunidades carecían de escuelas y maestros, de asistencia sanitaria y de servicios básicos. El acceso a la educación dependía demasiado a menudo del lugar donde una persona había nacido y de las posibilidades económicas de su familia. Para muchos campesinos, la escuela había sido una realidad lejana, casi imposible.

La guerra contra la dictadura había dejado además una profunda huella. Había familias que habían perdido a padres, madres, hijos y hermanos. Había comunidades que habían conocido la violencia y el miedo. La Revolución abría una esperanza inmensa, pero el país no podía recuperarse de décadas de abandono de un día para otro.

La Revolución tenía que reconstruir mientras transformaba.

En ese escenario, la educación ocupaba un lugar central. Porque una persona que aprendía a leer no solamente adquiría una habilidad. Ganaba autonomía. Podía comprender una carta enviada por un hijo, leer las noticias, escribir sus pensamientos, entender un documento o participar de otra manera en la vida de su comunidad.

Por eso la Cruzada no fue concebida únicamente como una operación contra las estadísticas del analfabetismo. Era también una batalla contra una de las formas más profundas de la pobreza: la imposibilidad de acceder al conocimiento.

Y por eso aquellos jóvenes no llevaban solamente una cartilla. Llevaban una idea de país.

Sabían que el camino también podía ser peligroso

Existe, sin embargo, una dimensión de aquella historia que a veces queda relegada cuando se recuerda la Cruzada.

Aquellos jóvenes no se marcharon hacia las comunidades rurales en un país en paz.

La Revolución Sandinista acababa de triunfar y sus adversarios ya comenzaban a organizarse. Al otro lado de la frontera con Honduras se agrupaban antiguos miembros de la Guardia Nacional somocista y otros sectores opositores al nuevo Gobierno. Las primeras acciones armadas y las incursiones en determinadas zonas comenzaban a mostrar que el proceso revolucionario no iba a desarrollarse tranquilamente. La guerra de la Contra todavía no había alcanzado la dimensión que adquiriría posteriormente, pero el escenario de confrontación ya comenzaba a formarse.

Los proyectos sociales de la Revolución se convirtieron desde muy pronto en objetivos de quienes pretendían desestabilizar al nuevo Gobierno. La alfabetización, por su carácter masivo y por su llegada a las comunidades más pobres y alejadas, era una de las expresiones más visibles de aquella transformación.

No se trataba únicamente de adaptarse a las duras condiciones de la vida rural, caminar durante horas por senderos difíciles, dormir en casas humildes o convivir con familias a las que hasta entonces no conocían. Se trataba también de entrar en un país donde una revolución recién nacida comenzaba a ser amenazada y donde una guerra se encontraba en proceso de gestación.

Y, sin embargo, miles de jóvenes dieron un paso adelante.

Había ideales que pesaban más que el miedo. Había una convicción profunda de que la victoria del 19 de julio tenía que convertirse en escuelas, hospitales, alimentos, derechos y conocimiento. Había también una idea sencilla y poderosa: si la Revolución había abierto una puerta para ellos, ellos podían ayudar a abrirla para otros.

Sabían que iban a combatir la ignorancia. Y sabían también los peligros que les acechaban.

Un pueblo entero convertido en escuela

Entre el 23 de marzo y el 23 de agosto de 1980, Nicaragua vivió una movilización extraordinaria. 95.582 jóvenes, maestros, trabajadores de la salud, asesores pedagógicos, conductores, oficinistas, amas de casa y otros colaboradores participaron en aquella gran tarea y llevaron la enseñanza a todos los rincones posibles del país. En cinco meses, 406.056 nicaragüenses aprendieron a leer y escribir, mientras la tasa de analfabetismo descendía del 50,3 % al 12,9 %.

Detrás de aquellas cifras había miles de historias. Había campesinos que por primera vez podían escribir su nombre. Mujeres que podían leer una carta. Personas mayores que descubrían, quizá después de toda una vida, que aquellas letras que habían visto durante años dejaban de ser signos incomprensibles. Y había jóvenes que regresaban de las comunidades conociendo la realidad de su país y comprendiendo que enseñar también significaba aprender.

Y entre quienes protagonizaron aquella epopeya hubo una presencia femenina decisiva. Miles de muchachas participaron como alfabetizadoras, maestras, brigadistas y colaboradoras, mientras miles de mujeres campesinas y trabajadoras se sentaban por primera vez ante una cartilla para aprender aquello que durante años les había sido negado. Para muchas de aquellas jóvenes, la Cruzada significó también descubrir nuevas capacidades y asumir responsabilidades que marcarían sus vidas. Para las mujeres alfabetizadas, significó conquistar una herramienta de autonomía que les permitía leer, escribir, comprender un documento y participar con mayor independencia en la vida de sus familias y comunidades. La Cruzada fue, también, una experiencia de transformación para las mujeres que enseñaron y para las mujeres que aprendieron.

La convivencia produjo algo que ninguna estadística puede medir completamente. Jóvenes procedentes de las ciudades compartieron durante meses la vida cotidiana de familias campesinas, conocieron sus problemas, trabajaron junto a ellas y descubrieron una Nicaragua que hasta entonces les había sido distante. UNESCO ha destacado precisamente esa dimensión de la Cruzada: los jóvenes no solamente enseñaron a leer, sino que conocieron de cerca la pobreza y la marginación heredadas de décadas de dictadura.

La Nicaragua profunda dejó de ser una abstracción.

Tenía rostro, nombre, familia, pobreza, dignidad y esperanza.

Y aquellos jóvenes regresaron a sus ciudades siendo diferentes.

Pero aquella gran batalla tuvo también un precio. En el camino de la Cruzada cayeron 59 compañeros alfabetizadores, convertidos en héroes y mártires de aquella epopeya. Su recuerdo forma parte inseparable de la historia de quienes salieron hacia las comunidades convencidos de que enseñar a leer era una tarea por la que valía la pena comprometerse hasta las últimas consecuencias.

Nicaragua no estaba sola

La batalla contra el analfabetismo fue nicaragüense, pero también tuvo una profunda dimensión internacionalista. Brigadas de profesores voluntarios procedentes de unos 23 países (Cuba, España, Costa Rica, México, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Honduras, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Estados Unidos, Canadá, Alemania Occidental (RFA), Alemania Oriental (RDA), Países Bajos (Holanda), Suecia, Francia, Italia, Bélgica) colaboraron en distintos aspectos de la Cruzada, desde la organización técnica y la preparación de materiales hasta la formación de los jóvenes nicaragüenses.

Desde Cuba llegó la Brigada “Augusto César Sandino”, integrada por maestros que se incorporaron al esfuerzo educativo y llevaron su experiencia hasta algunas de las comunidades más apartadas. También participaron profesores y estudiantes de otros países, entre ellos Costa Rica, España y organizaciones internacionales de estudiantes.

La solidaridad no llegó únicamente en forma de palabras. Llegó caminando por los caminos de Nicaragua.

Entre aquellos internacionalistas europeos estuvo por ejemplo Ambrosio Mogorrón, el “Doctorcito”, que llegó a Nicaragua en 1980 para participar en la Cruzada. Su compromiso no terminó cuando concluyó aquella campaña. Después se internó en las montañas de Jinotega y dedicó su vida a acompañar a comunidades campesinas y a combatir enfermedades olvidadas.

También estuvo Joël Fieux, francés de 28 años, formado en micromecánica y vinculado a trabajos de imprenta y comunicación relacionados con movimientos sociales. Después de la Cruzada colaboró en la instalación de imprentas y en la producción de materiales de comunicación

Sus compromiso con Nicaragua continuaron hasta que fueron asesinados por la Contra.

Ambrosio y Joël representan una historia que merece ser contada con especial cariño: la de aquellos hombres y mujeres que llegaron desde lejos para enseñar y terminaron haciendo de Nicaragua parte de sus propias vidas.

Algunos regresaron a sus países. Otros permanecieron durante años.Y unos pocos entregaron sus vidas.

La Cruzada terminó. El camino, no

El 23 de agosto de 1980 terminó oficialmente la campaña de alfabetización en español, pero la tarea educativa continuó. El 30 de septiembre comenzó la alfabetización en inglés criollo, miskito y sumo, con el objetivo de llegar a miles de personas de la Costa Caribe. La educación de adultos siguió desarrollándose durante los años posteriores, porque aquella primera victoria había demostrado que la alfabetización no podía entenderse como un acontecimiento aislado, sino como el comienzo de un proceso educativo más amplio.

En ese largo camino encontró un espacio especialmente importante Río San Juan. Debido a las condiciones de aislamiento y pobreza extrema de la zona, el gobierno la priorizó enviando contingentes especiales de educadores, como fue la llegada el 20 de febrero de 1983 de maestros de la Brigada "Benicio Herrera Jeréz". En ese momento Río San Juan fue un territorio donde la educación popular se convirtió en una experiencia de vida para quienes decidieron permanecer junto a las comunidades.

Fue también en aquella continuidad y con la llegada de esta brigada, donde surgió una figura que merece un reconocimiento especial: el Maestro Orlando Pineda, pues él fue dirigente y coordinador de la brigada.

Orlando entendió desde muy temprano que alfabetizar no consistía simplemente en llegar a una comunidad, enseñar las primeras letras, reducir el porcentaje de personas iletradas y marcharse. Había que conocer a la gente, hablar con ella, comprender sus problemas y conseguir que la propia comunidad se convirtiera en protagonista de la transformación. En Río San Juan, cuando no había una escuela, los maestros reunían a la población para decidir cómo construirla; los campesinos aportaban su trabajo y las mujeres participaban también en aquellas jornadas. La educación dejaba así de ser algo que llegaba desde fuera y se convertía en una obra colectiva. Río San Juan fue para Orlando mucho más que un territorio de trabajo: fue el lugar donde la educación popular se convirtió en una forma de caminar junto al pueblo.

El resultado demostró que aquella manera de entender la educación podía transformar una región: en Río San Juan, el analfabetismo descendió del 35 % en 1985 al 3,77 % en octubre de 1987. Pero la propia experiencia mostró también que alfabetizar no era suficiente; había que garantizar que lo aprendido no se perdiera y convertir la alfabetización en el primer paso de un proceso educativo permanente.

Por eso, cuando hablamos de Orlando Pineda, hablamos de maestro en el sentido más profundo de la palabra. De un hombre que convirtió la educación popular en una forma de vida y que durante décadas ha defendido la idea de que ninguna persona ni ninguna comunidad deben quedar condenadas a la oscuridad.

Cuando cambió el Gobierno, la llama permaneció encendida

La derrota electoral del FSLN en 1990 cambió el rumbo político del país. Pero no consiguió apagar aquella vocación.

El 26 de febrero de 1990 nació la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador (AEPCFA), que mantuvo viva la experiencia de educación popular durante los años neoliberales. San Francisco Libre, Palacagüina, Río San Juan y otras comunidades siguieron formando parte de aquel largo camino.

Allí estuvieron hombres y mujeres que comprendieron que el cambio de Gobierno no podía significar el abandono de todo lo que se había construido alrededor de la educación popular. La alfabetización había echado raíces en las comunidades y quienes habían participado en aquella experiencia se negaron a dejarla convertida en un recuerdo. En 1990, mientras cambiaba el rumbo político del país, nació la AEPCFA para mantener vivo aquel compromiso y continuar llevando la educación a quienes todavía la necesitaban. La organización siguió vinculando la alfabetización con la salud, la producción, el medio ambiente y la participación de las propias comunidades.

Entre sus fundadores, estaba Abner Pineda. Un maestro rural que vivió antes del triunfo de la Revolución, como alumnos dejaban las aulas para huir a las montañas por miedo a ser asesinados por la guardia. Mas tarde él también se comprometería con el frente sandinista y después de la victoria se implicaría en la gran Cruzada Nacional. Hoy ya no podemos conversar con Abner, pero su legado esta presente en los frutos del trabajo que realizo, con mucho compromiso hacia su país y su revolución, tan solo con el deseo de construir un futuro mejor. Su nombre permanece unido a la historia de la Cruzada, de la AEPCFA y de quienes durante aquellos años se negaron a aceptar que la alfabetización y la educación popular fueran solamente un recuerdo.

Y en esos momentos tan difíciles la Solidaridad Internacional se mantuvo presente. Fueron muchas las brigadas que llegaron a Nicaragua durante los 80,90 y principios del 2000 para apoyar la alfabetización. Alemania, España, Italia, Francia, Países Bajos, Suecia, ..( fueron los principales países europeos, que llegaban con grandes grupos de brigadistas).

Miquel Soler Roca, Jaume Botey, Maria Pau Trayner  y Sebas Parra forman parte de esa memoria internacionalista que siempre estuvo apoyando la alfabetización y la educación popular en Nicaragua. Miquel, referente de la educación de adultos y antiguo director de la División de Alfabetización de UNESCO; Jaume, maestro, profesor universitario y profundamente vinculado a la escolarización de adultos; Maria Pau, destacada activista social, antropóloga, profesora vinculada a movimientos de educación popular y teología feminista y Sebas, maestro y con gran influencia de Paulo Freire, cuyo compromiso con Nicaragua y con la AEPCFA terminó convirtiéndose en una parte esencial de su propia vida.

Los cuatro ya no están entre nosotros. Pero existe una forma hermosa de recordarlos: continuar aquello en lo que creyeron.

Cuba como siempre solidaria

Durante los años neoliberales, los avances de la alfabetización fueron parcialmente revertidos y el analfabetismo volvió a crecer. Organizaciones sociales y la propia AEPCFA estimaron que el índice real de vulnerabilidad educativa en diversas zonas llegó a situarse entre el 30 % y el 36,9 %.

Entonces Cuba volvió a ofrecer su solidaridad a Nicaragua. De la mano de Orlando Pineda, de la AEPCFA, y con el decisivo apoyo de la solidaridad internacional, comenzó a llegar a Nicaragua el método cubano “Yo, sí puedo”. En 2005, Orlando Pineda, Sebas Parra y Joan Colomer participaron en el Primer Congreso Mundial de Alfabetización celebrado en La Habana, donde conocieron directamente el método creado por la pedagoga cubana Leonela Inés Relys. A partir de aquella experiencia comenzaron las gestiones para hacerlo llegar a Nicaragua. Sebas Parra desempeñó un papel especialmente importante en aquella tarea: fue designado representante internacional para impulsar las gestiones de cooperación y trabajó en la consecución de los convenios y en la preparación logística necesaria para poner en marcha el proyecto. En 2005-2006 se desarrollaron los primeros pilotajes en diversos municipios y departamentos, especialmente en zonas rurales, en coordinación con las alcaldías (Diriamba, Juigalpa, Estelí, Somoto,..), antes de extender progresivamente el programa a otros municipios del país, después del regreso del FSLN al Gobierno en 2007. En ese momento aquel esfuerzo adquirió una dimensión nacional.

Entre 2007 y 2009 se desarrolló una nueva campaña nacional de alfabetización y, en 2009, Nicaragua volvió a situarse por debajo del 5 % de analfabetismo, alrededor del 4,7 %, dentro de los parámetros utilizados internacionalmente para considerar a un país territorio libre de analfabetismo.

La historia parecía cerrar un círculo. Pero en realidad estaba comenzando otra etapa.

De aquella cartilla a la educación del siglo XXI

La alfabetización había demostrado que era posible transformar una realidad que parecía condenada a repetirse. Pero el desafío educativo era mucho mayor.

Durante los primeros años del siglo XXI, bajo los gobiernos neoliberales, alrededor de 800.000 niños y adolescentes quedaban fuera del sistema educativo. La Tasa Neta de Escolaridad alcanzaba solamente el 41,7 % en educación preescolar y el 44,3 % en educación secundaria, dejando a una parte enorme de la juventud fuera de las aulas.

La nueva etapa revolucionaria iniciada en 2007 recuperó la gratuidad de la educación pública y amplió progresivamente las posibilidades de acceso.

La escuela dejó de ser solamente el lugar donde aprender las primeras letras. Pasó a formar parte de un sistema mucho más amplio que incluye educación inicial, primaria, secundaria, educación especial, jóvenes y adultos, formación técnica y universidad.

Para 2026 el sistema educativo proyecta una matrícula de 1,8 millones de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. El acceso se ha acompañado de programas sociales como la merienda escolar, que llega aproximadamente a un millón de estudiantes de centros públicos y subvencionados, además de libros, tecnología educativa, educación en el campo, rehabilitación y construcción de centros escolares y formación continua del profesorado.

La transformación alcanza también a la educación superior. Las universidades públicas pasaron de atender 77.710 estudiantes de licenciatura en 2006 a más de 207.000 jóvenes y adultos en 2025, con una participación femenina mayoritaria. La gratuidad universitaria, las becas, la ampliación de carreras, laboratorios, infraestructura y presencia territorial han abierto posibilidades que antes resultaban inaccesibles para muchas familias. Para 2026 las universidades públicas proyectan el acceso de alrededor de 82.000 estudiantes.

La educación técnica también ha experimentado una expansión profunda: de 26 centros en 2006 a 71 en 2025, con una oferta mucho mayor de carreras y cursos y cientos de miles de protagonistas atendidos cada año.

La idea continúa siendo aquella misma que animaba a los alfabetizadores de 1980: que estudiar no sea un privilegio reservado a unos pocos y que cada joven pueda encontrar un camino para construir su futuro, trabajar, emprender y contribuir al desarrollo de su comunidad.

Y la alfabetización tampoco ha desaparecido.

El programa “Luz y Verdad”, iniciado en 2023, continúa trabajando con jóvenes y adultos e incorporando formación para el trabajo. La alfabetización vuelve así a ser entendida como lo que siempre debió ser: no el punto final, sino el primer peldaño de un proceso educativo que debe continuar durante toda la vida.

La Costa Caribe y los caminos que todavía quedan por recorrer

Quizá sea precisamente en la Costa Caribe donde mejor se comprende que aquella historia iniciada en 1980 nunca terminó. Allí la alfabetización tuvo que enfrentarse a enormes distancias, comunidades aisladas y una realidad cultural y lingüística propia. No bastaba con llevar una cartilla: había que llegar a las comunidades y respetar las lenguas y culturas de sus pueblos.

Cuando el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional retomó en 2007 la lucha contra el analfabetismo, la AEPCFA asumió un papel central en esta tarea en la Costa Caribe, en coordinación con las autoridades nacionales y regionales. Entre 2008 y 2010 desarrolló una campaña que comenzó en comunidades de las riberas del Río Coco y Prinzapolka y posteriormente se extendió a territorios como Bilwi, Waspam, Siuna, Bonanza y Rosita.

La experiencia permitió llevar hasta aquellas comunidades el método cubano “Yo, sí puedo”, adaptándolo a la realidad lingüística de la región. En 2008 se presentó la versión en miskito, “Yang, Lika Sipsna”, mientras se trabajaba también en otras lenguas indígenas. La alfabetización adquiría así una dimensión que iba más allá de aprender a leer y escribir: significaba reconocer la identidad cultural de las comunidades y convertir la educación en una herramienta de participación y dignidad.

Y es aquí, nuevamente en esta tarea, los compañeros infatigables que debemos dar un reconocimiento, Eveling Vanegas, Guillermo Fuentes, Adrián Cruz y, el Maestro Orlando Pineda, forman parte de ese equipo que comenzaron en 1980 y quienes han continuado su trabajo haciendo de la educación popular una tarea permanente, vinculada a las comunidades y a sus necesidades.

Porque alfabetizar era solamente el comienzo. El camino debía continuar hacia la educación técnica y profesional. En noviembre de 2024, esa continuidad quedó reflejada en Bluefields, con la graduación de estudiantes del Núcleo Educativo Carlos Fonseca Amador, entre ellos alumnos de la Escuela Campesina y de la Primera Universidad Indígena Carlos Fonseca Amador, vinculados a la formación agropecuaria.

De la cartilla a la escuela. De la escuela a la formación técnica. Y de la formación técnica a la universidad.

La luz que pasa de unas manos a otras

En este 46.º aniversario regresan también los nombres de quienes ya no podemos abrazar: Abner, Miquel, MªPau, Jaume, Sebas, Ambrosio y Joël, junto a los 59 alfabetizadores que cayeron durante aquella epopeya y tantos otros hombres y mujeres que entregaron su juventud, su trabajo y, en algunos casos, su propia vida. Sus nombres forman parte de una historia que no pertenece solamente al pasado, porque aquello que defendieron continúa expresándose cada vez que una persona puede acceder a la educación y abrir con ella nuevas posibilidades para su vida.

Hace 46 años, miles de jóvenes salieron hacia las montañas con una cartilla, un lápiz y una lámpara. Sabían que iban a encontrarse con la pobreza, con comunidades olvidadas durante décadas y con unas condiciones de vida muy diferentes a las de las ciudades. Sabían también que la Revolución recién triunfada comenzaba a ser amenazada y que el camino podía ser peligroso. Y, sin embargo, caminaron. Lo hicieron porque creían que la victoria del 19 de julio debía convertirse en algo concreto: escuelas, salud, derechos, oportunidades y dignidad para quienes durante generaciones habían sido excluidos.

Muchos pensaban que iban a enseñar a leer a un pueblo. Regresaron comprendiendo que también habían aprendido a mirar de otra manera a su propio país. Descubrieron que detrás de cada cifra había una persona, una familia y una historia; que detrás del analfabetismo había pobreza y abandono, pero también un enorme deseo de aprender. Descubrieron, en definitiva, que compartir el conocimiento podía convertirse en una forma de solidaridad y de transformación.

Esa fue quizá la verdadera grandeza de la Cruzada: no solamente enseñó a leer palabras, sino que ayudó a un pueblo a comenzar a leer su propia realidad y a sentirse capaz de escribir su propio destino.

La historia tampoco terminó cuando se cerró oficialmente la campaña el 23 de agosto de 1980. Continuó en la educación de adultos, en las comunidades de la Costa Caribe, en la experiencia de la AEPCFA, en el método cubano “Yo, sí puedo”, en las campañas posteriores y en las generaciones que han llegado después a las escuelas, a la formación técnica y a las universidades. El reconocimiento internacional a aquella epopeya, incluida su incorporación a la Memoria del Mundo de la UNESCO, demuestra que aquella experiencia trascendió las fronteras de Nicaragua y se convirtió en una referencia de la educación popular.

La propia UNESCO ha querido preservar aquella memoria: el Archivo de la Cruzada Nacional de Alfabetización fue inscrito en el Registro Regional de Memoria del Mundo en 2006 y en el Registro Internacional en 2007. Allí se conservan cartas, testimonios, diarios de campo, fotografías, mapas, casetes, cartillas y materiales elaborados en español, inglés criollo, miskito y sumo. La historia de aquella pequeña lámpara quedó así convertida también en patrimonio documental de la humanidad.

Hoy Nicaragua es diferente a aquella Nicaragua de 1980. Persisten desafíos, desigualdades y necesidades, especialmente en las comunidades más alejadas y en la Costa Caribe, pero también existen generaciones que han podido acceder a oportunidades educativas que sus padres y abuelos nunca tuvieron. La gratuidad de la educación pública, la expansión de la formación técnica y universitaria y los programas dirigidos a jóvenes y adultos forman parte de esa transformación que comenzó, de alguna manera, aquella noche de 1980.

Por eso, quizá el mejor homenaje a quienes emprendieron aquel camino no sea solamente recordar sus nombres ni repetir sus cifras. Es mantener viva la razón por la que caminaron.

Porque una revolución no se mide únicamente por aquello que derriba, sino también por aquello que consigue construir.

Y aquella pequeña lámpara que una noche iluminó una mesa campesina sigue siendo una poderosa imagen de lo que puede hacer un pueblo cuando decide que el conocimiento no debe ser privilegio de unos pocos.

La Cruzada terminó hace 46 años. La luz, no.

Pasó de unas manos a otras, de una generación a la siguiente. Y mientras haya alguien dispuesto a enseñar, alguien dispuesto a aprender y un pueblo decidido a defender la educación como un derecho, aquella hermosa batalla seguirá teniendo sentido.

Porque aquella lámpara no se encendió solamente para iluminar una noche. Se encendió para abrir un camino.

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lunes, 10 de agosto de 2026

Sáhara Occidental: ¿hacia dónde va un conflicto que lleva medio siglo esperando una solución?

Por Javier Huerta

Cinco años después, la diplomacia internacional vuelve a mover sus piezas mientras el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui continúa pendiente


Han pasado casi cinco años desde que publique un artículo sobre el Sáhara Occidental, «Sáhara Occidental: la descolonización que España dejó pendiente», el 14 de noviembre de 2021. Apenas cuatro meses después, el 20 de marzo de 2022, publique otro análisis, «Sáhara Occidental: treinta años de una promesa incumplida por Naciones Unidas», cuando la ruptura del alto el fuego de 2020 había devuelto la guerra al territorio y España acababa de modificar profundamente su posición respecto al conflicto. Hoy volvemos sobre la cuestión porque el escenario internacional ha cambiado de manera importante. Naciones Unidas continúa buscando una salida, Marruecos ha ganado apoyos para su propuesta de autonomía, Estados Unidos desempeña un papel cada vez más activo en las negociaciones y la Unión Europea ha tenido que afrontar importantes límites jurídicos en sus relaciones con Marruecos. Pero, mientras tanto, la pregunta fundamental continúa siendo la misma: ¿qué lugar ocupa el derecho del pueblo saharaui a decidir libremente su futuro?

La novedad más importante de los últimos años se produjo en octubre de 2025, cuando el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2797 y prorrogó el mandato de la MINURSO hasta el 31 de octubre de 2026. La resolución introdujo un cambio significativo en el lenguaje del proceso al pedir que las negociaciones tomasen como base la propuesta marroquí de autonomía, aunque mantuvo como objetivo una solución política definitiva que proporcione la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. Fue aprobada por 11 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones; Argelia no participó en la votación.

El cambio merece atención. La MINURSO fue creada en 1991 con el objetivo de organizar un referéndum de autodeterminación. Treinta y cinco años después, el referéndum nunca se ha celebrado y la misión continúa existiendo. El nombre de la operación internacional se ha convertido así en el símbolo de una contradicción: una misión creada para preparar una consulta popular que lleva décadas sin poder realizarse. La resolución 2797 no elimina formalmente la autodeterminación, pero desplaza el centro de gravedad de las negociaciones hacia una propuesta concreta: la autonomía dentro de la soberanía marroquí.

Desde Rabat, este cambio es presentado como un reconocimiento de que la autonomía constituye la solución más realista. Desde el Frente Polisario y Argelia, por el contrario, se ha advertido que convertir la propuesta marroquí en el punto de partida principal puede terminar reduciendo las posibilidades de una verdadera autodeterminación. La propia resolución, sin embargo, mantiene abierta la posibilidad de que las partes presenten otras propuestas y señala que el resultado debe ser mutuamente aceptable y compatible con la Carta de Naciones Unidas. Esa diferencia es importante: la autonomía marroquí ha ganado peso diplomático, pero jurídicamente el conflicto no ha quedado cerrado.

Washington entra con fuerza en el proceso

La nueva etapa tiene además un protagonista que ha adquirido una importancia creciente: Estados Unidos. En febrero de 2026, Staffan de Mistura, enviado personal del secretario general de Naciones Unidas, copresidió en Washington nuevas negociaciones junto al representante estadounidense Michael Waltz, con apoyo del asesor presidencial Massad Boulos. Naciones Unidas informó de que las conversaciones estaban tomando como base la propuesta marroquí de autonomía conforme a la resolución 2797, aunque subrayó que todavía quedaba un trabajo importante, especialmente sobre la cuestión fundamental de la autodeterminación del pueblo saharaui.

Aquí aparece una de las grandes incógnitas de 2026. ¿Estamos ante una nueva oportunidad para alcanzar una solución política después de décadas de bloqueo o ante una transformación progresiva del proceso internacional que puede terminar haciendo de la autonomía marroquí la única salida realmente disponible?

La diferencia no es solamente diplomática. Si la negociación comienza tomando como referencia una propuesta que mantiene la soberanía marroquí como condición, el margen de discusión sobre el estatuto final del territorio cambia considerablemente respecto al referéndum planteado en 1991. El problema vuelve a ser el que señalábamos en nuestro segundo artículo: una cosa es negociar una solución y otra que el pueblo que debe ejercer la autodeterminación pueda decidir directamente cuál quiere que sea esa solución.

Europa se encuentra con los límites del derecho internacional

Mientras la diplomacia avanzaba en esta dirección, los tribunales europeos introdujeron un elemento que no puede ignorarse.

En octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos de 2019 relativos a productos agrícolas y pesca aplicados al Sáhara Occidental habían sido celebrados sin el consentimiento del pueblo del territorio y vulnerando los principios de autodeterminación y de efecto relativo de los tratados. El Tribunal consideró además que el Frente Polisario tiene legitimidad para impugnar determinadas decisiones europeas relacionadas con el territorio.

La importancia de esta sentencia va más allá de un conflicto comercial. El Tribunal recordó que el Sáhara Occidental no puede ser tratado jurídicamente como si fuera simplemente una parte más de Marruecos. El pueblo del territorio es titular del derecho a la autodeterminación y su consentimiento tiene consecuencias jurídicas cuando se aplican acuerdos internacionales sobre el territorio.

La contradicción resulta evidente. Mientras una parte de la diplomacia internacional se aproxima a la propuesta marroquí, la justicia europea ha recordado que existen límites jurídicos derivados precisamente del carácter particular del Sáhara Occidental.

Y esto vuelve a situar en el centro una cuestión que parece olvidarse con demasiada facilidad: el Sáhara no es solamente un problema diplomático; continúa siendo una cuestión de descolonización.

España mantiene el giro de 2022

En este nuevo escenario, España también ha consolidado el giro iniciado en marzo de 2022.

La XIII Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos, celebrada en Madrid en diciembre de 2025, confirmó que el Gobierno español mantiene la posición adoptada en 2022. La declaración conjunta señala expresamente que España acoge favorablemente la resolución 2797 y las negociaciones que toman como base la propuesta marroquí de autonomía. También destaca que una autonomía genuina bajo soberanía marroquí podría constituir una solución viable.

El cambio resulta especialmente significativo por la responsabilidad histórica española. España fue la potencia colonial del territorio hasta 1975 y abandonó el Sáhara sin culminar su proceso de descolonización. Desde entonces, los sucesivos gobiernos españoles han tenido que equilibrar esa responsabilidad histórica con los intereses estratégicos, económicos, migratorios y de seguridad existentes en su relación con Marruecos.

En 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió acercarse claramente a la posición marroquí. Cuatro años después, aquella decisión ya no parece una modificación coyuntural, sino una orientación consolidada de la política exterior española.

Desde una perspectiva crítica, resulta inevitable preguntarse qué significa este cambio para la responsabilidad histórica de España. Si el territorio continúa pendiente de descolonización para Naciones Unidas, ¿puede España considerar cerrada su responsabilidad simplemente porque haya cambiado su posición diplomática?

La guerra tampoco ha desaparecido

La diplomacia avanza, pero las armas continúan recordando que el conflicto no está resuelto.

El 5 de mayo de 2026, el Frente Polisario lanzó un ataque con cohetes cerca de Smara. Naciones Unidas expresó su preocupación por los disparos en zonas civiles y Staffan de Mistura reclamó evitar una nueva escalada y regresar al alto el fuego.

Un mes después, en junio, un ataque marroquí con drones causó la muerte de Lahbib Mohamed Abdelaziz, dirigente militar del Frente Polisario considerado una figura importante dentro de su estructura, junto a otros combatientes saharauis. El ataque coincidió con la visita de De Mistura a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf.

Estos acontecimientos demuestran que la ruptura del alto el fuego de 2020 no fue simplemente un episodio pasajero. El conflicto militar continúa, aunque con características diferentes a las de la guerra de las décadas de 1970 y 1980. El uso de drones, los ataques a distancia y la superioridad tecnológica marroquí han modificado profundamente el equilibrio militar.

Y aquí vuelve a aparecer una enseñanza que ya señalábamos en 2022: un conflicto congelado no es un conflicto resuelto.

¿Qué está cambiando realmente?

Si observamos el conjunto de acontecimientos, existe una tendencia clara. Marruecos ha conseguido ampliar considerablemente el respaldo internacional a su propuesta de autonomía. Estados Unidos ha asumido un papel central en la actual dinámica diplomática y el Consejo de Seguridad ha situado la propuesta marroquí como base de las negociaciones. España mantiene el giro de 2022 y dentro de Europa también se ha producido una evolución favorable a considerar la autonomía como una vía posible.

Pero sería igualmente incorrecto afirmar que el derecho internacional ha dejado de reconocer la autodeterminación saharaui.

La propia resolución 2797 continúa hablando de una solución que proporcione la autodeterminación. Naciones Unidas mantiene la MINURSO. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reafirmado que el pueblo del Sáhara Occidental es titular de ese derecho.

Nos encontramos, por tanto, ante una contradicción que puede definir los próximos años: la diplomacia está avanzando hacia una solución basada en la autonomía, mientras el principio jurídico de autodeterminación continúa formalmente vigente.

La cuestión decisiva será saber si ambos conceptos pueden compatibilizarse y, sobre todo, quién tendrá la capacidad de decidir si esa fórmula satisface realmente las aspiraciones del pueblo saharaui.

Medio siglo después, la pregunta continúa siendo la misma

En 2021 hablábamos de una descolonización que España había dejado pendiente. En 2022 analizábamos el fracaso de Naciones Unidas para convertir en realidad el referéndum prometido. En 2026 podemos afirmar que el escenario ha cambiado profundamente, pero que el problema fundamental permanece.

La propuesta marroquí ha ganado peso. Las negociaciones han adquirido un nuevo impulso. Estados Unidos participa activamente. España mantiene su nueva posición. La Unión Europea se mueve en un escenario más complejo y sus propios tribunales han establecido límites jurídicos. Naciones Unidas intenta encontrar una salida y la MINURSO continúa desplegada hasta octubre de 2026.

Pero el pueblo saharaui continúa sin haber podido decidir libremente el estatuto definitivo de su territorio.

Esa debería seguir siendo la cuestión central.

Desde una perspectiva de izquierda e internacionalista, defender la autodeterminación del Sáhara Occidental no significa negar la necesidad de negociar ni desconocer la complejidad política del Magreb. Significa recordar que los intereses de los Estados, las alianzas militares, los recursos económicos y las estrategias de las grandes potencias no pueden sustituir indefinidamente la voluntad del pueblo directamente afectado.

La historia del Sáhara Occidental demuestra que aplazar una solución no hace desaparecer un conflicto. Lo transmite de una generación a otra. Lo convierte en exilio, en separación familiar, en muro, en campamentos de refugiados y, cuando la diplomacia fracasa, nuevamente en guerra.

Quizá la gran pregunta de 2026 no sea solamente qué solución está ganando terreno en las cancillerías, sino otra mucho más sencilla: ¿está avanzando también el derecho del pueblo saharaui a decidir su propio futuro?

Porque si la respuesta continúa siendo negativa, podremos cambiar las fórmulas diplomáticas, las resoluciones y los protagonistas de las negociaciones, pero seguiremos ante el mismo problema que hace medio siglo: una descolonización pendiente.



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jueves, 23 de julio de 2026

Nicaragua, a 47 años del triunfo de la Revolución Sandinista. "¡Poder para el Pueblo!"

Por Javier Huereta

A 47 años del triunfo de la Revolución Sandinista, la batalla mediática internacional intenta convertir la defensa de la soberanía en el "fin de la democracia".
De Sandino al Pueblo Presidente. A las puertas de cumplirse veinte años de la segunda etapa de la Revolución, Nicaragua reivindica un modelo de democracia basado en la soberanía nacional, la participación popular y la construcción colectiva del desarrollo.


Poder para el pueblo: democracia, soberanía y la batalla por el relato

Hasta hace apenas unos días, este iba a ser un artículo conmemorativo. Mi intención era recorrer los 47 años transcurridos desde aquella madrugada del 19 de julio de 1979 en la que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) entró victorioso en Managua y puso fin a más de cuatro décadas de dictadura somocista. Quería escribir una crónica sobre la evolución de la Revolución Popular Sandinista (RPS), sobre sus dos grandes etapas de gobierno, sobre los 17 años de resistencia durante el periodo neoliberal y sobre las profundas transformaciones que Nicaragua ha experimentado desde el regreso del sandinismo al poder en 2007.

Sin embargo, los acontecimientos ocurridos tras la celebración del 47.º aniversario obligan a cambiar el punto de partida.

En cuestión de horas, un fragmento de apenas unos segundos del discurso pronunciado por el Comandante Daniel Ortega dio la vuelta al mundo. La frase «Se acabaron las elecciones» fue reproducida por grandes agencias internacionales, cadenas de televisión, periódicos y miles de cuentas en redes sociales como si constituyera la prueba definitiva de que Nicaragua acababa de anunciar el final de la democracia. El resto del discurso —más de una hora de intervención dedicada a la soberanía nacional, la historia de las intervenciones estadounidenses, el nuevo escenario multipolar, la defensa de Cuba y Venezuela, el papel del pueblo organizado y el rechazo a la injerencia extranjera— desapareció prácticamente del relato mediático.

No se trató únicamente de un problema de edición periodística. Lo ocurrido constituye un ejemplo casi perfecto de la forma en que hoy se libran muchas de las disputas políticas internacionales. Ya no basta con ejercer presión económica, diplomática o militar sobre un país. En la era de la comunicación instantánea, también se disputa el control del significado de las palabras. Un vídeo de diez segundos puede recorrer el planeta antes de que millones de personas tengan oportunidad de escuchar o ver el acto celebración completo. Un titular puede fijar una interpretación que difícilmente será corregida después, incluso cuando aparezcan las transcripciones íntegras o los propios protagonistas expliquen el contexto de sus declaraciones.

La velocidad se ha convertido en una herramienta política. En el ecosistema digital, los algoritmos premian el impacto inmediato por encima del contexto; una frase aislada desplaza al argumento, la emoción sustituye al análisis y una imagen termina imponiéndose a la historia.

Por eso, antes de responder a la pregunta de si Nicaragua sigue siendo o no una democracia, conviene formular otra, mucho más profunda y probablemente más incómoda.

¿Qué entendemos realmente por democracia?

Porque el verdadero debate abierto tras el 19 de julio quizá no sea si Nicaragua celebrará elecciones. La cuestión de fondo es otra: ¿puede reducirse la democracia al acto de depositar una papeleta en una urna cada cierto número de años, o también debe medirse por la capacidad efectiva de un pueblo para decidir soberanamente su propio destino y garantizar derechos fundamentales a la mayoría de su población?

Esa pregunta ha acompañado la historia contemporánea de Nicaragua desde mucho antes del triunfo revolucionario de 1979.

Cuando Sandino organizó el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional para enfrentarse a la ocupación militar estadounidense entre 1927 y 1933, no estaba luchando únicamente contra una presencia extranjera. Estaba defendiendo una idea de país. Para el general, la independencia política carecía de sentido si las grandes decisiones nacionales seguían tomándose fuera de Nicaragua. Su lucha no fue solamente militar; fue también una defensa de la soberanía popular frente a cualquier forma de tutela externa. Aquel pensamiento, convertido con el tiempo en uno de los pilares ideológicos del FSLN, sigue presente casi un siglo después en buena parte del discurso político nicaragüense.

La historia posterior parece darle continuidad a esa misma tensión. Tras el asesinato de Sandino en 1934 se consolidó la dictadura de la familia Somoza, sostenida durante décadas por el respaldo político, económico y militar de EEUU. Durante más de 40 años, Nicaragua conoció elecciones, constituciones y parlamentos, pero el poder real permanecía concentrado en una de las dictaduras más longevas del continente. Aquella experiencia dejó una huella profunda en la memoria colectiva del país: podía haber urnas sin democracia, del mismo modo que podían existir instituciones formales incapaces de representar realmente la voluntad popular.

Esa memoria explica por qué el sandinismo ha insistido históricamente en una idea que para muchos observadores occidentales resulta poco habitual: la democracia no termina cuando se cierran las urnas; comienza precisamente al día siguiente.

Desde esa perspectiva nace uno de los conceptos políticos más repetidos por el Gobierno nicaragüense durante los últimos años: el Pueblo Presidente. No se trata únicamente de un lema propagandístico, sino de la formulación de una determinada manera de entender el ejercicio del poder y la democracia. Según esta concepción, la participación ciudadana no se limita al voto periódico ni la soberanía popular concluye cuando se cierran las urnas. Al contrario, ambas se proyectan de forma permanente a través de los barrios, las comunidades, las cooperativas, los gabinetes locales, las organizaciones de mujeres, de jóvenes y de productores, así como en los distintos espacios de organización popular que intervienen en la vida cotidiana del país. Se trata, en definitiva, de una ciudadanía organizada que participa activamente en la construcción cotidiana de la nación, expresando esa soberanía en la planificación y desarrollo de escuelas, hospitales, cooperativas, carreteras, sistemas de agua potable, redes eléctricas, universidades y programas sociales.

Puede compartirse o discutirse, pero difícilmente comprenderse sin tener presente esa diferencia de concepción democrática. Como ha señalado el periodista y analista nicaragüense William Grisby, en sus reflexiones posteriores al acto conmemorativo, la controversia no enfrenta únicamente posiciones políticas distintas; enfrenta dos definiciones diferentes de democracia. Desde esa perspectiva, el sufragio constituye el punto de partida, no el punto final, del ejercicio democrático.

De Sandino al Pueblo Presidente: una historia de soberanía y democracia

La RPS no nació únicamente para sustituir un gobierno por otro. Nació con la pretensión de transformar la estructura misma del Estado nicaragüense y de devolver al pueblo un protagonismo político, económico y social que durante décadas había permanecido secuestrado por una dictadura familiar sostenida desde el exterior.

El triunfo del 19 de julio de 1979 encontró un país devastado por la guerra insurreccional, con elevados índices de analfabetismo, una enorme concentración de la tierra, un sistema sanitario incapaz de atender a la mayoría de la población y profundas desigualdades entre el campo y la ciudad. La prioridad del nuevo Gobierno fue construir un Estado donde los derechos dejarían de ser privilegios.

Apenas un año después, más de 95.000 jóvenes voluntarios participaron en la histórica Cruzada Nacional de Alfabetización, desplazándose a las zonas más remotas del país para enseñar a leer y escribir. En apenas cinco meses, el analfabetismo se redujo de alrededor del 50 % a poco más del 12 %, un esfuerzo reconocido por la UNESCO como una de las campañas educativas más importantes del siglo XX. Aquella movilización no sólo enseñó a leer a centenares de miles de personas; simbolizó una forma de entender la democracia donde la participación popular se convertía en protagonista de las transformaciones nacionales.

Junto a la alfabetización llegaron la reforma agraria, la ampliación de la sanidad pública, las campañas masivas de vacunación y las primeras elecciones celebradas en 1984, en las que el Frente Sandinista obtuvo una amplia victoria con la participación de observadores internacionales. Sin embargo, el nuevo proyecto apenas tuvo margen para desarrollarse en condiciones de normalidad.

La administración de Ronald Reagan decidió convertir a Nicaragua en uno de los principales escenarios de la Guerra Fría en América Latina. La financiación, entrenamiento y armamento de la llamada Contra, el minado de puertos, el embargo económico y las operaciones encubiertas provocaron un conflicto que dejó decenas de miles de muertos, enormes pérdidas materiales y obligó al país a destinar buena parte de sus escasos recursos a la defensa nacional en lugar de al desarrollo.

En 1986, la Corte Internacional de Justicia de La Haya condenó a EEUU por el uso ilegal de la fuerza contra Nicaragua y por violar el derecho internacional. Washington rechazó la sentencia y nunca cumplió la indemnización impuesta por el tribunal, estimada posteriormente por Nicaragua en alrededor de 17.000 millones de dólares por los daños humanos, económicos y materiales sufridos. Aquella resolución continúa siendo uno de los precedentes jurídicos más importantes del derecho internacional contemporáneo y sigue ocupando un lugar central en la memoria política del país.

El desgaste provocado por la guerra, el bloqueo económico y el cansancio acumulado durante una década de conflicto desembocaron en las elecciones de 1990. Aquella campaña electoral se desarrolló en condiciones profundamente desiguales. Diversos estudios estiman que  EEUU destinó alrededor de 200 millones de dólares para respaldar política, económica y mediáticamente a la coalición Opositora (UNO), mientras el Frente Sandinista desarrolló su campaña con unos recursos muy inferiores, estimados en torno a cinco millones de dólares. La propia administración estadounidense presentó aquellos comicios como una elección entre la continuidad de la guerra y el levantamiento del bloqueo económico o un cambio de gobierno. La UNO, encabezada por Violeta Barrios de Chamorro, aglutinó a una heterogénea alianza de partidos, pero principalmente representó la convergencia de los intereses de los grandes grupos empresariales, de buena parte de las tradicionales élites económicas y terratenientes, de los sectores conservadores y de las fuerzas políticas alineadas con la estrategia de Washington para poner fin al proyecto revolucionario iniciado en 1979. Contra la mayoría de los pronósticos, el Frente Sandinista fue derrotado en las urnas.

Aquella noche, Daniel Ortega pronunció una frase que terminaría definiendo los siguientes diecisiete años: «Gobernaremos desde abajo.»

Aquel episodio continúa siendo citado por numerosos analistas, entre ellos Fabrizio Casari, como una de las pruebas de que el sandinismo aceptó el resultado de las urnas incluso cuando conservaba la fuerza militar suficiente para impugnarlo, priorizando la continuidad institucional sobre cualquier otra consideración política.

Aquellas elecciones dieron inicio a una etapa de 17 años de gobiernos neoliberales que, entre 1990 y 2007, impulsaron amplios procesos de privatización, redujeron el papel del Estado en sectores estratégicos y aplicaron políticas económicas promovidas por el llamado Consenso de Washington y por los organismos financieros internacionales. Durante este período, Nicaragua vendió empresas públicas, desapareció el histórico ferrocarril nacional, numerosos servicios pasaron a manos privadas y amplios sectores de la población volvieron a experimentar un deterioro de sus condiciones de vida..

La tragedia provocada por el huracán Mitch en 1998, una de las mayores catástrofes naturales sufridas por Centroamérica en el último siglo, agravó todavía más aquella situación. Miles de familias perdieron sus hogares, las infraestructuras quedaron gravemente dañadas y el país tuvo que afrontar una compleja reconstrucción en medio de una enorme fragilidad económica y social.

Cuando el Frente Sandinista regresó al Gobierno en enero de 2007 encontró un país muy distinto. La pobreza seguía afectando a una parte muy importante de la población; apenas el 54 % de los hogares disponía de suministro eléctrico, buena parte de las carreteras permanecían sin pavimentar, las infraestructuras sanitarias resultaban insuficientes y miles de comunidades rurales continuaban prácticamente aisladas durante buena parte del año.

Fue entonces cuando comenzó a tomar forma el concepto político que marcaría la segunda etapa de la Revolución Sandinista: el Pueblo Presidente.

No se presentaba únicamente como un cambio de Gobierno, sino como un modelo que pretendía combinar estabilidad macroeconómica, inversión pública, ampliación de derechos sociales y participación organizada de las comunidades en el desarrollo del país. La democracia dejaba de medirse exclusivamente por el calendario electoral para intentar expresarse también en indicadores mucho más tangibles: cuántas familias tenían acceso a la electricidad, cuántos niños podían estudiar gratuitamente, cuántas mujeres accedían a responsabilidades públicas, cuántos kilómetros de carretera conectaban por primera vez regiones históricamente olvidadas o cuántos pequeños productores conseguían aumentar sus cosechas gracias al crédito, la asistencia técnica y la inversión estatal.

Como recuerda el investigador británico Stephen Sefton, la Revolución Sandinista difícilmente puede entenderse como un episodio cerrado en 1979. Se trata de un proceso histórico de larga duración que ha atravesado victorias, derrotas, guerras, reconstrucciones y profundas transformaciones sociales, manteniendo siempre como eje una misma aspiración: el derecho del pueblo nicaragüense a la autodeterminación. Desde Sandino hasta la sentencia de La Haya de 1986, desde la resistencia frente a la guerra de la Contra hasta el rechazo actual a las sanciones y a cualquier forma de injerencia exterior, la defensa de la autodeterminación aparece como el hilo conductor que articula las distintas etapas del proceso revolucionario. Más allá de los cambios económicos, sociales o institucionales, el sandinismo continúa situando la soberanía nacional como la condición imprescindible para que cualquier democracia pueda desarrollarse de forma efectiva.

Y es precisamente en los resultados concretos de ese segundo período, iniciado en 2007, donde el sandinismo sitúa hoy su principal argumento para sostener que la democracia también puede medirse por aquello que un pueblo es capaz de construir colectivamente.

La democracia también se construye

Existe una diferencia fundamental entre la concepción liberal de la democracia dominante en buena parte de Occidente y la idea de democracia que defiende la RPS. Mientras la primera suele identificar la democracia casi exclusivamente con la celebración periódica de elecciones, el sandinismo sostiene que el sufragio constituye sólo el punto de partida de un proceso mucho más amplio. Para la Revolución, una democracia auténtica debe ser capaz de transformar las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población. El voto otorga legitimidad; el desarrollo social le da contenido.

No como metáfora, sino como realidad. Una carretera significa que un productor puede sacar su cosecha al mercado sin perderla durante la estación lluviosa; que una ambulancia llega donde antes no podía hacerlo; que un estudiante tarda una hora en llegar a clase en lugar de cuatro; que una comunidad aislada deja de estar aislada. El cemento también construye ciudadanía cuando une territorios históricamente olvidados.

Dos décadas después del FSLN llegar al gobierno, el paisaje nacional ha cambiado de forma visible.

La cobertura eléctrica supera el 99 % de los hogares, situando a Nicaragua entre los países con mayor acceso universal a la energía en América Latina. Pero el cambio no ha sido únicamente cuantitativo. También ha sido estratégico. Si en 2006 el país dependía casi por completo del petróleo importado para generar electricidad, hoy cerca del 80 % de la energía producida procede de fuentes renovables —geotérmica, hidroeléctrica, eólica, solar y biomasa—, reduciendo la dependencia exterior y fortaleciendo la soberanía energética.

La transformación también puede medirse sobre el terreno. Desde 2007 se han construido o rehabilitado más de 5.000 kilómetros de carreteras pavimentadas, de modo que la red vial nacional supera ya los 6.000 kilómetros asfaltados, cuando en 2006 apenas rondaba los 2.300 kilómetros. A ello se suman decenas de puentes estratégicos —entre ellos el Puente Wawa— que han integrado definitivamente amplias zonas de la Costa Caribe y del interior del país al resto del territorio nacional. Son infraestructuras que rara vez aparecen en la prensa internacional, pero que modifican profundamente la vida cotidiana de cientos de miles de personas.

Durante estos años Nicaragua ha construido y modernizado hospitales en prácticamente todo el país, ampliando la atención especializada y acercando los servicios sanitarios a regiones que históricamente carecían de ellos. Nicaragua ha construido 43 hospitales nuevos en los últimos 20 años. La red pública nacional de salud pasó de tener 33 hospitales en el año 2006 a un total de 79 hospitales funcionando en 2026, consolidándose como la red hospitalaria pública más grande de Centroamérica. La salud pasa a entenderse como un derecho y no como un negocio.

A ello se suma una extensa red de Casas Maternas, reconocida por organismos internacionales por su contribución a la reducción de la mortalidad materna e infantil. Mientras numerosos países continúan registrando enormes desigualdades entre el ámbito urbano y el rural, miles de mujeres nicaragüenses pueden acceder gratuitamente a controles prenatales, alojamiento y atención especializada antes del parto.

Esa transformación también puede observarse en otros indicadores sociales. Entre 2005 y el periodo previo a la pandemia, Nicaragua redujo de forma sostenida tanto la pobreza general como la pobreza extrema. Según datos de organismos internacionales y de las instituciones nacionales, la pobreza general pasó de situarse en torno al 48 % a aproximadamente el 24-25 %, mientras que la pobreza extrema descendió desde cerca del 17 % hasta alrededor del 6-7 %, uno de los mayores avances registrados en la historia reciente del país. Paralelamente, el acceso al agua potable y al saneamiento continuó ampliándose mediante importantes inversiones públicas. La cobertura de agua potable supera hoy el 90 % de la población, mientras que los servicios de saneamiento han experimentado una expansión constante tanto en las ciudades como en las zonas rurales.

La educación constituye otro de los pilares del modelo. La gratuidad restablecida desde 2007, la construcción y rehabilitación de centros escolares, la expansión de universidades públicas y centros tecnológicos y los programas de formación profesional han permitido ampliar notablemente el acceso al conocimiento. No es casualidad. La Revolución nunca ha entendido la alfabetización iniciada en 1980 como una campaña puntual, sino como el primer paso de una política permanente destinada a democratizar el saber.

La transformación económica tampoco puede comprenderse únicamente observando la evolución del PIB. Entre 2007 y 2025 las exportaciones prácticamente se triplicaron, mientras que el Banco Central fortaleció las reservas internacionales. Durante buena parte del periodo 2007-2018, Nicaragua mantuvo además una estabilidad macroeconómica reconocida incluso por organismos como el Fondo Monetario Internacional, antes de las crisis derivadas de 2018 y de la pandemia.

Paralelamente, Nicaragua ha intensificado la diversificación de sus relaciones internacionales. El fortalecimiento de los vínculos económicos, tecnológicos y de cooperación con países como China, Rusia e Irán, junto con el creciente interés por los espacios de cooperación impulsados por los BRICS y el nuevo mundo multipolar, responde también a una estrategia de soberanía económica. Desde la perspectiva del Gobierno sandinista, ampliar sus alianzas internacionales significa reducir dependencias históricas y disponer de un mayor margen de decisión sobre su propio modelo de desarrollo.

Especial relevancia adquiere el modelo de producción campesina y cooperativa. Actualmente, alrededor del 90 % de los alimentos que consumen los nicaragüenses procede de pequeños y medianos productores nacionales. Programas como el Bono Productivo Alimentario, Usura Cero o los créditos dirigidos a cooperativas rurales han buscado fortalecer precisamente esa economía familiar que garantiza la soberanía alimentaria del país y evita una dependencia excesiva de las importaciones.

Existe, además, un aspecto que desmonta buena parte de los estereotipos construidos sobre Nicaragua y que, paradójicamente, recibe muy poca atención en los grandes medios internacionales.

Mientras numerosos editoriales presentan al país como una supuesta "dictadura patriarcal", el Foro Económico Mundial sitúa desde hace años a Nicaragua entre los primeros países del planeta en participación política de las mujeres y en igualdad de género. Ministras, diputadas, alcaldesas, magistradas, jefas policiales, rectoras universitarias y dirigentes comunitarias forman parte de una realidad política difícilmente compatible con la imagen simplificada que con frecuencia proyecta la prensa occidental.

No es una casualidad. Las mujeres no llegaron a la Revolución después de la victoria. Ayudaron a hacerla posible. Combatieron contra la dictadura, organizaron barrios, alfabetizaron comunidades enteras y hoy continúan ocupando espacios fundamentales en la dirección política, económica y social del país. La igualdad no aparece como una concesión, sino como una consecuencia natural de aquel proceso histórico.

A todo ello se suma otro indicador que también ayuda a comprender la transformación del país. En una de las regiones más afectadas por la violencia del narcotráfico y el crimen organizado, Nicaragua mantiene desde hace años una de las tasas de homicidios más bajas de Centroamérica y figura habitualmente entre los países con mayores niveles de seguridad ciudadana y percepción de seguridad de la región. Para millones de nicaragüenses, esa realidad no constituye un dato estadístico aislado, sino una condición que influye directamente en su vida cotidiana, en la movilidad, en la actividad económica y en el ejercicio efectivo de otros derechos.

Nada de esto significa que Nicaragua haya resuelto todos sus problemas. Persisten desafíos económicos y sociales, así como las consecuencias de las sanciones y del contexto internacional. Pero ignorar las transformaciones de las últimas dos décadas impediría comprender por qué una parte importante de la sociedad nicaragüense continúa identificando esos avances con el proyecto político iniciado en 2007.

La última encuesta de M&R Consultores, situó la aprobación del Gobierno en el 88,5 % y mostró niveles igualmente elevados de respaldo a la estabilidad, la seguridad ciudadana y el rumbo general del país. Estos datos forman parte de la realidad política nicaragüense y ayudan a explicar por qué el sandinismo continúa conservando una amplia base social.

Más allá del balance que cada lector pueda hacer, existe un hecho difícilmente discutible: la Nicaragua de 2026 es muy distinta de la que el sandinismo encontró en 2007. Esa transformación constituye hoy uno de los principales argumentos con los que el Gobierno defiende su concepción del Pueblo Presidente y de la democracia. Precisamente en ese contexto deben interpretarse las palabras pronunciadas durante el acto del 19 de julio, que pocas horas después desencadenarían una intensa batalla internacional por el relato.

Acto celebración del 47 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Cuando un aniversario se convirtió en una batalla por el relato.

Hay aniversarios que evocan el pasado y otros que terminan explicando el presente. Esta conmemoración del triunfo de la RPS, celebrada el 19 de julio de 2026 (ver video acto completo), pertenece a esta segunda categoría. Lo que comenzó como una jornada de memoria, celebración y reafirmación política acabó convirtiéndose, apenas unas horas después, en el centro de una intensa batalla mediática internacional. No porque en Managua ocurriera algo extraordinario respecto a la trayectoria política del sandinismo, sino porque apenas unos segundos del discurso presidencial fueron extraídos de su contexto y convertidos en el eje de una narrativa completamente distinta.

Desde primeras horas de la mañana, decenas de miles de personas comenzaron a ocupar la Plaza de la Fe. Combatientes históricos de la insurrección, madres de héroes y mártires, brigadistas de alfabetización, trabajadores, campesinos, estudiantes, representantes de movimientos sociales y delegaciones internacionales compartían un mismo espacio con miles de jóvenes nacidos mucho después de 1979. Aquella imagen condensaba uno de los mensajes más importantes de la jornada: la RPS no se presentaba como un recuerdo del pasado, sino como un proceso histórico que enlaza generaciones y continúa proyectándose hacia el futuro.

La apertura del acto estuvo a cargo de la Copresidenta Rosario Murillo, quien situó desde el primer momento el tono de la conmemoración. Su intervención estuvo marcada por una constante apelación a la paz, la unidad, la esperanza y la confianza en la capacidad del pueblo nicaragüense para seguir construyendo su propio destino. Más que detenerse en los logros materiales alcanzados durante estos años, insistió en una idea que recorrería toda la jornada: la Revolución sólo puede entenderse desde el protagonismo del pueblo organizado. Esa idea quedó sintetizada al cierre del acto cuando afirmó: «Todos los actos, todas las glorias y todas las victorias son del Pueblo», una frase que resume la concepción del Pueblo Presidente desarrollada durante las dos últimas décadas.

Sobre ese marco tomó la palabra el Copresidente Daniel Ortega. Su intervención recorrió la historia de las agresiones sufridas por Nicaragua, desde la ocupación estadounidense y la resistencia encabezada por Augusto C. Sandino hasta la guerra impuesta durante la década de 1980, el intento de golpe de Estado de 2018 y las actuales formas de presión política, económica y comunicacional ejercidas sobre los países que defienden proyectos soberanos. También situó la realidad nicaragüense en un escenario internacional marcado por el ascenso de un mundo multipolar y por las disputas geopolíticas que atraviesan América Latina.

En ese contexto, Ortega advirtió que los que desean caos se mantienen conspirando para crear inestabilidad, por tanto, ratificó el compromiso de defender la paz y el bienestar de Nicaragua y aquellos que pretendan arrebatar esa tranquilidad serán procesados con la contundencia de las leyes. Y afirmó que no se permitiría repetir episodios de violencia como los vividos en 2018.

“No crean que por no hay guerra estamos en paz. Ellos viven conspirando ahí, conspirando, organizando, buscando como organizar partidos para que en una elección, que ellos se suponen, entonces esos partidos ganen las elecciones». agregó.

«Aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas volverán a llegar al gobierno, jamás, jamás, jamás”, dijo el líder sandinista.

Las citas resultan fundamentales porque muestran con precisión el sentido de sus palabras. Daniel Ortega no anunció el fin del sufragio.

Tras el discurso presidencial tomó la palabra la joven Darling Hernández, en representación de la juventud nicaragüense. Su intervención aportó un elemento especialmente significativo: la continuidad generacional de la Revolución. No habló desde la nostalgia de quienes vivieron 1979, sino desde la experiencia de una generación formada durante la segunda etapa del proceso revolucionario. Reivindicó a la juventud como protagonista de la construcción nacional y defendió una Nicaragua de paz, conocimiento, innovación, solidaridad y compromiso social. Su mensaje transmitía una idea clara: la Revolución sólo puede proyectarse hacia el futuro si las nuevas generaciones la hacen también suya.

En cuestión de unas horas, un fragmento de apenas unos segundos sustituyó al conjunto de un discurso de más de una hora. Y se iniciaba una nociva campaña mediática.

Los primeros grandes medios en difundir la interpretación de que Daniel Ortega había anunciado el fin de las elecciones fueron The New York Times, CNN en Español y el diario español El País. Sus titulares fueron rápidamente reproducidos por agencias internacionales, cadenas de televisión y plataformas digitales, fijando desde las primeras horas un marco interpretativo que condicionó buena parte del debate posterior.

La controversia no se limitó a la interpretación política del discurso. En un un análisis publicado días después por la investigadora y cooperante estadounidense Becca Renk Foster, recogía las observaciones de la traductora e intérprete Jill Clark-Gollub, especialista certificada en interpretación judicial en Estados Unidos, quien advertía que el significado atribuido internacionalmente a las palabras de Ortega sólo aparecía cuando la frase era interrumpida artificialmente antes de que el orador concluyera su razonamiento. Según Clark-Gollub, una traducción profesional debe respetar el contexto completo de la intervención y no aislar fragmentos que alteren sustancialmente el sentido del mensaje. La batalla por el relato señalaba implícitamente aquella reflexión, comenzó también en el propio proceso de traducción e interpretación del discurso.

La reacción política en EEUU fue casi inmediata, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un tweet afirmó que "La Administración Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura de Murillo-Ortega profundiza la represión en el país y fabrica inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de EE.UU.", dando por válida la interpretación difundida por los grandes medios.

Diversos analistas cuestionaron rápidamente esa lectura. El periodista estadounidense Ben Norton,  denunció, dando respuesta al twuit de Rubio. Ben sostuvo que la versión difundida por Washington constituía una operación propagandística que omitía deliberadamente el contexto histórico del discurso. Recordó la financiación estadounidense de la Contra durante los años ochenta, el respaldo al intento de golpe de Estado de 2018 y la prolongada injerencia de Washington en la política nicaragüense, concluyendo que Ortega no estaba anunciando el fin de las elecciones, sino el rechazo a que partidos promovidos o financiados desde el exterior volvieran a gobernar el país.

En la misma línea, el periodista William Grigsby, en sus reflexiones, insistió en que el núcleo de la intervención presidencial no era la eliminación del sufragio, sino la reafirmación de que Nicaragua no volvería a aceptar que proyectos políticos subordinados a intereses extranjeros condicionaran el destino nacional. El investigador británico Stephen Sefton interpretó el acto como una nueva expresión de la continuidad histórica del proyecto iniciado por Sandino y consolidado en 1979, mientras que el corresponsal de Sputnik Víctor Ternovsky destacó el contraste entre la narrativa difundida internacionalmente y la realidad que pudo observar durante su estancia en Nicaragua, caracterizada —según explicó— por un clima de estabilidad, seguridad y un amplio respaldo popular al proceso revolucionario. En esa misma dirección, el analista italiano Fabrizio Casari sostuvo que el debate sobre el futuro marco jurídico electoral no puede comprenderse al margen de la larga historia de intervenciones estadounidenses en Nicaragua y del esfuerzo del Estado por preservar su soberanía política.

Las respuestas institucionales tampoco tardaron en llegar. En los días posteriores, la Copresidenta Rosario Murillo aclaró públicamente que habría «elecciones sí, libres, dignas y soberanas», insistiendo en que el debate nunca había girado en torno al derecho del pueblo a elegir a sus representantes, sino al rechazo de cualquier forma de tutela extranjera sobre los procesos políticos nacionales.

En la misma dirección se pronunció el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, al confirmar que el Parlamento trabajaba ya en el desarrollo de un nuevo marco jurídico electoral destinado a adaptar la legislación al modelo del Pueblo Presidente, reforzar la estabilidad institucional y garantizar que ningún poder extranjero pudiera volver a condicionar la voluntad soberana del pueblo nicaragüense. Lejos de tratarse de una reacción improvisada, aquellas declaraciones enlazaban con el proceso de adecuación institucional abierto tras la reforma constitucional, mostrando que el discurso pronunciado el 19 de julio formaba parte de un proceso político y legislativo más amplio.

Paradójicamente, la reacción internacional terminó reproduciendo el mismo fenómeno que el propio discurso presidencial denunciaba. Mientras Daniel Ortega advertía contra cualquier intento de condicionar desde el exterior la vida política nicaragüense, las primeras interpretaciones difundidas internacionalmente dieron lugar a una intensa presión diplomática y mediática destinada precisamente a cuestionar el futuro del sistema político del país antes incluso de conocerse el alcance de las reformas anunciadas.

Más allá de la polémica generada volvió a aparecer una pregunta que acompaña a Nicaragua desde hace casi un siglo: ¿quién decide el futuro del país? Para el sandinismo, esa respuesta sólo puede corresponder al propio pueblo nicaragüense. De ahí que el debate abierto tras el 19 de julio trascendiera la discusión sobre unas declaraciones concretas para situarse en un terreno mucho más profundo: el de la soberanía, el derecho de los pueblos a decidir su propio destino y la permanente disputa por el control del relato con el que esa realidad se presenta al mundo.

Nicaragua no está sola: el internacionalismo sigue defendiendo la Revolución Sandinista

Si algo demuestra la historia contemporánea de Nicaragua es que cada ofensiva política, económica o mediática contra la Revolución Sandinista ha encontrado también una respuesta solidaria más allá de sus fronteras. Así ocurrió durante los años ochenta, cuando miles de internacionalistas viajaron al país para participar en la Cruzada Nacional de Alfabetización, colaborar en brigadas agrícolas, construir escuelas, centros de salud o acompañar a un pueblo que resistía la guerra impuesta por la administración de Ronald Reagan.

Aquella solidaridad no desapareció con el final de la Guerra Fría. Evolucionó. Los desafíos cambiaron y también cambiaron las formas de acompañar al pueblo nicaragüense. Si entonces el internacionalismo se expresaba levantando escuelas o cosechando café junto a las cooperativas campesinas, hoy una parte esencial de esa tarea se desarrolla en otro escenario: el de la comunicación.

La controversia generada tras el acto del 19 de julio volvió a poner de manifiesto hasta qué punto la información se ha convertido en un nuevo campo de disputa política. En cuestión de horas, una intervención de más de una hora quedó reducida a un titular repetido por agencias internacionales, grandes cadenas de televisión y periódicos de referencia. Antes de que millones de personas pudieran escuchar el discurso íntegro, una interpretación ya había recorrido el mundo. En ese contexto, informar con rigor, traducir correctamente los discursos, contextualizar los acontecimientos, desmontar campañas de desinformación y ofrecer análisis alternativos constituye hoy una forma de solidaridad tan necesaria como lo fue, hace cuatro décadas, participar en una brigada de trabajo voluntario.

Ese nuevo internacionalismo continúa vivo a través de decenas de organizaciones repartidas principalmente por América Latina, Estados Unidos y Europa. Plataformas como la Nicaragua Solidarity Coalition, en Estados Unidos, o el Comité Europeo de Solidaridad con la Revolución Popular Sandinista (CES-RPS), que coordina a numerosos comités de solidaridad europeos, desarrollan campañas de información, organizan brigadas, encuentros internacionales, conferencias y espacios de análisis destinados a dar a conocer la realidad de la Nicaragua actual y la transformación que vive el proceso revolucionario. Al mismo tiempo, trabajan para combatir la tergiversación de la información difundida por los grandes medios de comunicación y denunciar las amenazas, sanciones y otras formas de injerencia impulsadas por Estados Unidos y secundadas, en numerosas ocasiones, por distintos gobiernos e instituciones europeas.

Junto a estas plataformas, partidos políticos, sindicatos, colectivos y redes solidarias de países como Argentina, Chile, México, Italia, Alemania, Francia o el Estado español mantienen viva una tradición internacionalista que, lejos de desaparecer, ha sabido adaptarse a las nuevas formas de confrontación política y mediática. La solidaridad con Nicaragua continúa expresándose así tanto en el acompañamiento político y material como en la defensa del derecho del pueblo nicaragüense a explicar su propia realidad y decidir soberanamente su propio futuro.

Porque la defensa de la soberanía de Nicaragua ya no se libra únicamente frente a bloqueos económicos, sanciones o amenazas militares. También se disputa en el terreno donde hoy se construye la opinión pública internacional: el de la información. Allí donde determinados centros de poder intentan imponer un relato único sobre Nicaragua, continúa existiendo una red internacional de periodistas, investigadores, traductores, organizaciones solidarias y ciudadanos comprometidos que trabaja para ofrecer otra mirada y defender el derecho del pueblo nicaragüense a explicar su propia realidad con su propia voz.

A lo largo de casi medio siglo, los métodos de presión han cambiado. También lo han hecho las formas de la solidaridad. Pero permanece intacto el principio que las inspira: ningún pueblo debería ver condicionado su futuro por la voluntad de una potencia extranjera. Mientras existan intentos de intervenir en el destino de Nicaragua, seguirán existiendo también voces dispuestas a denunciar esas injerencias y a defender el derecho de los nicaragüenses a decidir libremente su propio camino.



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