Por Javier Huereta
A 47 años del triunfo de la Revolución Sandinista, la batalla mediática internacional intenta convertir la defensa de la soberanía en el "fin de la democracia".
De Sandino al Pueblo Presidente. A las puertas de cumplirse veinte años de la segunda etapa de la Revolución, Nicaragua reivindica un modelo de democracia basado en la soberanía nacional, la participación popular y la construcción colectiva del desarrollo.
Poder para el pueblo: democracia, soberanía y la batalla por el relato
Hasta hace apenas unos días, este iba a ser un artículo conmemorativo. Mi intención era recorrer los 47 años transcurridos desde aquella madrugada del 19 de julio de 1979 en la que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) entró victorioso en Managua y puso fin a más de cuatro décadas de dictadura somocista. Quería escribir una crónica sobre la evolución de la Revolución Popular Sandinista (RPS), sobre sus dos grandes etapas de gobierno, sobre los 17 años de resistencia durante el periodo neoliberal y sobre las profundas transformaciones que Nicaragua ha experimentado desde el regreso del sandinismo al poder en 2007.
Sin embargo, los acontecimientos ocurridos tras la celebración del 47.º aniversario obligan a cambiar el punto de partida.
En cuestión de horas, un fragmento de apenas unos segundos del discurso pronunciado por el Comandante Daniel Ortega dio la vuelta al mundo. La frase «Se acabaron las elecciones» fue reproducida por grandes agencias internacionales, cadenas de televisión, periódicos y miles de cuentas en redes sociales como si constituyera la prueba definitiva de que Nicaragua acababa de anunciar el final de la democracia. El resto del discurso —más de una hora de intervención dedicada a la soberanía nacional, la historia de las intervenciones estadounidenses, el nuevo escenario multipolar, la defensa de Cuba y Venezuela, el papel del pueblo organizado y el rechazo a la injerencia extranjera— desapareció prácticamente del relato mediático.
No se trató únicamente de un problema de edición periodística. Lo ocurrido constituye un ejemplo casi perfecto de la forma en que hoy se libran muchas de las disputas políticas internacionales. Ya no basta con ejercer presión económica, diplomática o militar sobre un país. En la era de la comunicación instantánea, también se disputa el control del significado de las palabras. Un vídeo de diez segundos puede recorrer el planeta antes de que millones de personas tengan oportunidad de escuchar o ver el acto celebración completo. Un titular puede fijar una interpretación que difícilmente será corregida después, incluso cuando aparezcan las transcripciones íntegras o los propios protagonistas expliquen el contexto de sus declaraciones.
La velocidad ha terminado convirtiéndose en una herramienta política. Los algoritmos premian el impacto inmediato, no la complejidad. La frase aislada desplaza al argumento. La emoción sustituye al contexto. La imagen acaba imponiéndose a la historia.
Por eso, antes de responder a la pregunta de si Nicaragua sigue siendo o no una democracia, conviene formular otra, mucho más profunda y probablemente más incómoda.
¿Qué entendemos realmente por democracia?
Porque quizá el verdadero debate abierto tras el 19 de julio no sea si en Nicaragua habrá elecciones. La cuestión de fondo es otra: ¿puede reducirse la democracia al acto de depositar una papeleta en una urna cada cierto número de años, o también debe medirse por la capacidad efectiva de un pueblo para decidir soberanamente su propio destino y garantizar derechos fundamentales a la mayoría de su población?
Esa pregunta ha acompañado la historia contemporánea de Nicaragua desde mucho antes del triunfo revolucionario de 1979.
Cuando Augusto César Sandino organizó el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional para enfrentarse a la ocupación militar estadounidense entre 1927 y 1933, no estaba luchando únicamente contra una presencia extranjera. Estaba defendiendo una idea de país. Para Sandino, la independencia política carecía de sentido si las grandes decisiones nacionales seguían tomándose fuera de Nicaragua. Su lucha no fue solamente militar; fue también una defensa de la soberanía popular frente a cualquier forma de tutela externa. Aquel pensamiento, convertido con el tiempo en uno de los pilares ideológicos del FSLN, sigue presente casi un siglo después en buena parte del discurso político nicaragüense.
La historia posterior parece darle continuidad a esa misma tensión. Tras el asesinato de Sandino en 1934 se consolidó la dictadura de la familia Somoza, sostenida durante décadas por el respaldo político, económico y militar de EEUU. Durante más de 40 años, Nicaragua conoció elecciones, constituciones y parlamentos, pero el poder real permanecía concentrado en una de las dictaduras más longevas del continente. Aquella experiencia dejó una huella profunda en la memoria colectiva del país: podía haber urnas sin democracia, del mismo modo que podían existir instituciones formales incapaces de representar realmente la voluntad popular.
Esa memoria explica por qué el sandinismo ha insistido históricamente en una idea que para muchos observadores occidentales resulta poco habitual: la democracia no termina cuando se cierran las urnas; comienza precisamente al día siguiente.
Desde esa perspectiva nace uno de los conceptos políticos más repetidos por el Gobierno nicaragüense durante los últimos años: el Pueblo Presidente. No se trata únicamente de un lema propagandístico. Es la formulación de una determinada manera de entender el ejercicio del poder: una democracia donde la participación no se limita al voto periódico, sino que pretende extenderse a los barrios, las comunidades, las cooperativas, los gabinetes locales, las organizaciones de mujeres, de jóvenes, de productores y a los distintos espacios de organización popular que intervienen en la vida cotidiana del país.
Naturalmente, esa concepción puede ser compartida o discutida. Pero resulta imposible comprender el sentido del debate abierto tras el 19 de julio sin partir de esa diferencia fundamental. Como ha señalado el periodista y analista nicaragüense William Grigsby en sus reflexiones posteriores al acto conmemorativo, la controversia no enfrenta únicamente posiciones políticas distintas; enfrenta dos definiciones diferentes de democracia. Una identifica la democracia casi exclusivamente con el procedimiento electoral. La otra sostiene que las elecciones constituyen sólo una parte de un proceso mucho más amplio que incluye la soberanía nacional, la justicia social, el acceso efectivo a derechos y la participación organizada del pueblo en la construcción del Estado.
Y es precisamente esa segunda idea la que recorre, de principio a fin, los cuarenta y siete años de historia de la Revolución Popular Sandinista.
De Sandino al Pueblo Presidente: una historia de soberanía y democracia
La RPS no nació únicamente para sustituir un gobierno por otro. Nació con la pretensión de transformar la estructura misma del Estado nicaragüense y de devolver al pueblo un protagonismo político, económico y social que durante décadas había permanecido secuestrado por una dictadura familiar sostenida desde el exterior.
El triunfo del 19 de julio de 1979 encontró un país devastado por la guerra insurreccional, con elevados índices de analfabetismo, una enorme concentración de la tierra, un sistema sanitario incapaz de atender a la mayoría de la población y profundas desigualdades entre el campo y la ciudad. La prioridad del nuevo Gobierno fue construir un Estado donde los derechos dejaran de ser privilegios.
Apenas un año después, más de 95.000 jóvenes voluntarios participaron en la histórica Cruzada Nacional de Alfabetización, desplazándose a las zonas más remotas del país para enseñar a leer y escribir. En apenas cinco meses, el analfabetismo se redujo de alrededor del 50 % a poco más del 12 %, un esfuerzo reconocido por la UNESCO como una de las campañas educativas más importantes del siglo XX. Aquella movilización no sólo enseñó a leer a centenares de miles de personas; simbolizó una forma de entender la democracia donde la participación popular se convertía en protagonista de las transformaciones nacionales.
Junto a la alfabetización llegaron la reforma agraria, la ampliación de la sanidad pública, las campañas masivas de vacunación y las primeras elecciones celebradas en 1984, en las que el Frente Sandinista obtuvo una amplia victoria con la participación de observadores internacionales. Sin embargo, el nuevo proyecto apenas tuvo margen para desarrollarse en condiciones de normalidad.
La administración de Ronald Reagan decidió convertir a Nicaragua en uno de los principales escenarios de la Guerra Fría en América Latina. La financiación, entrenamiento y armamento de la llamada Contra, el minado de puertos, el embargo económico y las operaciones encubiertas provocaron un conflicto que dejó decenas de miles de muertos, enormes pérdidas materiales y obligó al país a destinar buena parte de sus escasos recursos a la defensa nacional en lugar de al desarrollo.
En 1986, la Corte Internacional de Justicia de La Haya condenó a EEUU por el uso ilegal de la fuerza contra Nicaragua y por violar el derecho internacional. Washington rechazó la sentencia y nunca cumplió la indemnización impuesta por el tribunal, estimada posteriormente por Nicaragua en alrededor de 17.000 millones de dólares por los daños humanos, económicos y materiales sufridos. Aquella resolución continúa siendo uno de los precedentes jurídicos más importantes del derecho internacional contemporáneo y sigue ocupando un lugar central en la memoria política del país.
El desgaste provocado por la guerra, el bloqueo económico y el cansancio acumulado durante una década de conflicto desembocaron en las elecciones de 1990. Contra la mayoría de los pronósticos, el Frente Sandinista fue derrotado en las urnas por la coalición encabezada por Violeta Barrios de Chamorro.
Aquella noche, Daniel Ortega pronunció una frase que terminaría definiendo los siguientes diecisiete años: «Gobernaremos desde abajo.»
Comenzaba una larga etapa de gobiernos neoliberales que, entre 1990 y 2007, impulsaron amplios procesos de privatización, redujeron el papel del Estado en sectores estratégicos y aplicaron políticas económicas promovidas por los organismos financieros internacionales. Nicaragua vendió empresas públicas, desapareció el histórico ferrocarril nacional, numerosos servicios pasaron a manos privadas y amplios sectores de la población volvieron a experimentar un deterioro de sus condiciones de vida.
La tragedia provocada por el huracán Mitch en 1998, una de las mayores catástrofes naturales sufridas por Centroamérica en el último siglo, agravó todavía más aquella situación. Miles de familias perdieron sus hogares, las infraestructuras quedaron gravemente dañadas y el país tuvo que afrontar una compleja reconstrucción en medio de una enorme fragilidad económica y social.
Cuando el Frente Sandinista regresó al Gobierno en enero de 2007 encontró un país muy distinto al que había dejado 17 años antes. La pobreza seguía afectando a una parte muy importante de la población; apenas el 54 % de los hogares disponía de suministro eléctrico, buena parte de las carreteras permanecían sin pavimentar, las infraestructuras sanitarias resultaban insuficientes y miles de comunidades rurales continuaban prácticamente aisladas durante buena parte del año.
Fue entonces cuando comenzó a tomar forma el concepto político que marcaría la segunda etapa de la Revolución Sandinista: el Pueblo Presidente.
No se presentaba únicamente como un cambio de Gobierno, sino como un modelo que pretendía combinar estabilidad macroeconómica, inversión pública, ampliación de derechos sociales y participación organizada de las comunidades en el desarrollo del país. La democracia dejaba de medirse exclusivamente por el calendario electoral para intentar expresarse también en indicadores mucho más tangibles: cuántas familias tenían acceso a la electricidad, cuántos niños podían estudiar gratuitamente, cuántas mujeres accedían a responsabilidades públicas, cuántos kilómetros de carretera conectaban por primera vez regiones históricamente olvidadas o cuántos pequeños productores conseguían aumentar sus cosechas gracias al crédito, la asistencia técnica y la inversión estatal.
Como recuerda el investigador británico Stephen Sefton, la Revolución Sandinista difícilmente puede entenderse como un episodio cerrado en 1979. Se trata de un proceso histórico de larga duración que ha atravesado victorias, derrotas, guerras, reconstrucciones y profundas transformaciones sociales, manteniendo siempre como eje una misma aspiración: que las grandes decisiones sobre el futuro de Nicaragua sean tomadas por los propios nicaragüenses y no desde centros de poder externos.
Y es precisamente en los resultados concretos de ese segundo periodo, iniciado en 2007, donde el sandinismo sitúa hoy su principal argumento para sostener que la democracia también puede medirse por aquello que un pueblo es capaz de construir colectivamente.
La democracia también se construye
Existe una diferencia fundamental entre la concepción liberal de la democracia dominante en buena parte de Occidente y la idea de democracia que defiende la RPS. Mientras la primera suele identificar la democracia casi exclusivamente con la celebración periódica de elecciones, el sandinismo sostiene que el sufragio constituye sólo el punto de partida de un proceso mucho más amplio. Para la Revolución, una democracia auténtica debe ser capaz de transformar las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población. El voto otorga legitimidad; el desarrollo social le da contenido.
Por eso, cuando el Gobierno nicaragüense habla del Pueblo Presidente, no se refiere únicamente a un concepto político. Habla de una ciudadanía organizada que participa en la construcción cotidiana del país. Una democracia donde la soberanía no termina cuando se cierran las urnas, sino que continúa expresándose en escuelas, hospitales, cooperativas, carreteras, sistemas de agua potable, redes eléctricas, universidades y programas sociales.
No como metáfora, sino como realidad. Una carretera significa que un productor puede sacar su cosecha al mercado sin perderla durante la estación lluviosa; que una ambulancia llega donde antes no podía hacerlo; que un estudiante tarda una hora en llegar a clase en lugar de cuatro; que una comunidad aislada deja de estar aislada. El cemento también construye ciudadanía cuando une territorios históricamente olvidados.
Dos décadas después del FSLN llegar al gobierno, el paisaje nacional ha cambiado de forma visible.
La cobertura eléctrica supera el 99 % de los hogares, situando a Nicaragua entre los países con mayor acceso universal a la energía en América Latina. Pero el cambio no ha sido únicamente cuantitativo. También ha sido estratégico. Si en 2006 el país dependía casi por completo del petróleo importado para generar electricidad, hoy cerca del 80 % de la energía producida procede de fuentes renovables —geotérmica, hidroeléctrica, eólica, solar y biomasa—, reduciendo la dependencia exterior y fortaleciendo la soberanía energética.
La transformación también puede medirse sobre el terreno. Desde 2007 se han construido o rehabilitado más de cinco mil kilómetros de carreteras pavimentadas, además de decenas de puentes estratégicos como el Puente Wawa, que integró definitivamente la Costa Caribe Norte con el resto del país. Son infraestructuras que rara vez aparecen en la prensa internacional, pero que modifican profundamente la vida cotidiana de cientos de miles de personas.
Durante estos años Nicaragua ha construido y modernizado hospitales en prácticamente todo el territorio nacional, ampliando la atención especializada y acercando los servicios sanitarios a regiones que históricamente carecían de ellos. Nicaragua ha construido 43 hospitales nuevos en los últimos 20 años. La red pública nacional de salud pasó de tener 33 hospitales en el año 2006 a un total de 79 hospitales funcionando en 2026, consolidándose como la red hospitalaria pública más grande de Centroamérica. La salud pasa a ser un derecho y no como un negocio.
A ello se suma una extensa red de Casas Maternas, reconocida por organismos internacionales por su contribución a la reducción de la mortalidad materna e infantil. Mientras numerosos países continúan registrando enormes desigualdades entre el ámbito urbano y el rural, miles de mujeres nicaragüenses pueden acceder gratuitamente a controles prenatales, alojamiento y atención especializada antes del parto.
La educación constituye otro de los pilares del modelo. La gratuidad restablecida desde 2007, la construcción y rehabilitación de centros escolares, la expansión de universidades públicas y centros tecnológicos y los programas de formación profesional han permitido ampliar notablemente el acceso al conocimiento. No es casualidad. La Revolución nunca ha entendido la alfabetización iniciada en 1980 como una campaña puntual, sino como el primer paso de una política permanente destinada a democratizar el saber.
La transformación económica tampoco puede comprenderse únicamente observando la evolución del Producto Interno Bruto. Entre 2007 y 2025 las exportaciones prácticamente se triplicaron, alcanzando cifras récord gracias al crecimiento de la producción agropecuaria, la agroindustria, las zonas francas y la diversificación de mercados. Paralelamente, el Banco Central fortaleció las reservas internacionales y el país mantuvo durante largos periodos una estabilidad macroeconómica reconocida incluso por organismos como el Fondo Monetario Internacional, poco sospechosos de simpatizar con proyectos políticos de inspiración socialista.
Especial relevancia adquiere el modelo de producción campesina y cooperativa. Actualmente, alrededor del 90 % de los alimentos que consumen los nicaragüenses procede de pequeños y medianos productores nacionales. Programas como el Bono Productivo Alimentario, Usura Cero o los créditos dirigidos a cooperativas rurales han buscado fortalecer precisamente esa economía familiar que garantiza la soberanía alimentaria del país y evita una dependencia excesiva de las importaciones.
Existe, además, un aspecto que desmonta buena parte de los estereotipos construidos sobre Nicaragua y que, paradójicamente, recibe muy poca atención en los grandes medios internacionales.
Mientras numerosos editoriales presentan al país como una supuesta "dictadura patriarcal", el Foro Económico Mundial sitúa desde hace años a Nicaragua entre los primeros países del planeta en participación política de las mujeres y en igualdad de género. Ministras, diputadas, alcaldesas, magistradas, jefas policiales, rectoras universitarias y dirigentes comunitarias forman parte de una realidad política difícilmente compatible con la imagen simplificada que con frecuencia proyecta la prensa occidental.
No es una casualidad. Las mujeres no llegaron a la Revolución después de la victoria. Ayudaron a hacerla posible. Combatieron contra la dictadura, organizaron barrios, alfabetizaron comunidades enteras y hoy continúan ocupando espacios fundamentales en la dirección política, económica y social del país. La igualdad no aparece como una concesión, sino como una consecuencia natural de aquel proceso histórico.
A todo ello se suma otro indicador que también ayuda a comprender la transformación del país. En una de las regiones más afectadas por la violencia del narcotráfico y el crimen organizado, Nicaragua mantiene desde hace años una de las tasas de homicidios más bajas de Centroamérica y figura habitualmente entre los países con mayores niveles de seguridad ciudadana y percepción de seguridad de la región. Para millones de nicaragüenses, esa realidad no constituye un dato estadístico aislado, sino una condición que influye directamente en su vida cotidiana, en la movilidad, en la actividad económica y en el ejercicio efectivo de otros derechos.
Nada de esto significa que Nicaragua haya resuelto todos sus problemas. Persisten importantes desafíos económicos, el impacto de las sanciones internacionales, las dificultades derivadas del contexto global y las limitaciones propias de un país con recursos modestos. Pero ignorar las transformaciones objetivas de las dos últimas décadas impediría comprender por qué una parte muy importante de la sociedad nicaragüense continúa identificando esos avances con una determinada manera de entender la democracia.
Porque, al final, la pregunta vuelve a ser la misma.
¿Puede llamarse democracia a un sistema que permite votar pero no garantiza derechos básicos? ¿O también debemos considerar democracia la capacidad de un pueblo para construir colectivamente las condiciones materiales de una vida más digna?
Ahí reside, probablemente, el verdadero núcleo del debate que Nicaragua ha vuelto a colocar sobre la mesa. Y es desde esa perspectiva desde donde deben interpretarse también las palabras pronunciadas durante el acto del 19 de julio de 2026.
Acto celebración del 45 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista y la batalla por el relato.
Hay aniversarios que evocan el pasado y otros que terminan explicando el presente. La conmemoración del 47.º aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, celebrada el 19 de julio de 2026 en la Plaza de la Fe de Managua (ver video acto completo), pertenece a esta segunda categoría. Lo que comenzó como una jornada de memoria, celebración y reafirmación política acabó convirtiéndose, apenas unas horas después, en el centro de una intensa batalla mediática internacional. No porque en Managua ocurriera algo extraordinario respecto a la trayectoria política del sandinismo, sino porque una parte del discurso presidencial fue extraída de su contexto y convertida en el eje de una narrativa completamente distinta.
Desde primeras horas de la mañana, decenas de miles de personas comenzaron a ocupar la Plaza de la Fe. Combatientes históricos de la insurrección, madres de héroes y mártires, brigadistas de alfabetización, trabajadores, campesinos, estudiantes, representantes de movimientos sociales y delegaciones internacionales compartían un mismo espacio con miles de jóvenes nacidos mucho después de 1979. Aquella imagen condensaba, por sí sola, uno de los mensajes más importantes de la jornada: la Revolución Popular Sandinista no se presentaba como un recuerdo del pasado, sino como un proceso político que enlaza generaciones y que continúa proyectándose hacia el futuro.
La apertura del acto estuvo a cargo de la Copresidenta Rosario Murillo, quien situó desde el primer momento el tono de la conmemoración. Su intervención estuvo atravesada por una constante apelación a la paz, la unidad, la esperanza y la confianza en la capacidad del pueblo nicaragüense para seguir construyendo su propio destino. Más que detenerse en los logros materiales de estos años, Rosario insistió en una idea política que reaparecería durante toda la jornada: la Revolución sólo puede entenderse desde el protagonismo del pueblo organizado. Esa idea quedó sintetizada al cierre del acto cuando afirmó: «Todos los actos, todas las glorias y todas las victorias son del Pueblo», una frase que resume la concepción del Pueblo Presidente desarrollada durante las dos últimas décadas.
Sobre ese marco tomó la palabra el Copresidente Daniel Ortega. Su intervención recorrió la historia de las agresiones sufridas por Nicaragua desde la ocupación estadounidense y la resistencia encabezada por Augusto C. Sandino, pasando por la guerra impuesta durante la década de 1980, hasta las actuales formas de presión política, económica y comunicacional ejercidas sobre los países que defienden proyectos soberanos. También situó la realidad nicaragüense en un contexto internacional más amplio, marcado por el ascenso de un mundo multipolar y por las disputas geopolíticas que atraviesan América Latina y otras regiones del planeta.
El dirigente sandinista subrayó que los que desean caos se mantienen conspirando para crear inestabilidad, por tanto ratificó el compromiso de defender la paz y el bienestar de Nicaragua y aquellos que pretendan arrebatar esa tranquilidad serán procesados con la contundencia de las leyes.
“No crean que por no hay guerra estamos en paz. Ellos viven conspirando ahí, conspirando, organizando, buscando como organizar partidos para que en una elección, que ellos se suponen, entonces esos partidos ganen las elecciones». agregó.
«Aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas volverán a llegar al gobierno, jamás, jamás, jamás”, dijo el líder sandinista.
Las citas resultan fundamentales porque muestra con precisión el sentido de sus palabras. Daniel Ortega no afirmó que Nicaragua dejará de celebrar elecciones ni anunció el fin del sufragio.
Lo que sostuvo fue que los proyectos políticos subordinados a intereses extranjeros —aquellos que, en su interpretación, representan la continuidad histórica de la injerencia estadounidense y del somocismo— no volverían a gobernar el país. Sin embargo, numerosos medios internacionales y miles de publicaciones en redes sociales redujeron una intervención de más de una hora a titulares que hablaban del supuesto anuncio de que «se acabaron las elecciones», una formulación que no corresponde literalmente al discurso pronunciado en la Plaza de la Fe y que alteró sustancialmente el significado político de aquella intervención.
Tras el discurso presidencial tomó la palabra la compañera Darling Hernández, en representación de la juventud nicaragüense. Su intervención aportó un elemento especialmente significativo: la continuidad generacional de la Revolución. Darling no habló desde la nostalgia de quienes vivieron 1979, sino desde la experiencia de una generación formada durante la segunda etapa del proceso revolucionario. Reivindicó a la juventud como protagonista de la construcción nacional, defendiendo una Nicaragua de paz, conocimiento, innovación, solidaridad y compromiso social. Su discurso transmitía una idea clara: la Revolución sólo puede proyectarse hacia el futuro si las nuevas generaciones la hacen también suya.
La jornada concluyó con una nueva intervención de Rosario Murillo, que retomó el hilo conductor del acto para insistir en que las conquistas alcanzadas durante estos cuarenta y siete años pertenecen al pueblo nicaragüense y a nadie más. No era una apelación al culto a los dirigentes, sino una reivindicación del sujeto colectivo como protagonista de la historia nacional.
Sin embargo, mientras en Managua concluía la celebración, comenzaba otra batalla muy distinta.
En cuestión de minutos, un fragmento de apenas unos segundos sustituyó al discurso completo. La velocidad de los algoritmos fue muy superior a la velocidad del contexto. Antes de que millones de personas pudieran acceder a la intervención íntegra, una interpretación ya se había impuesto en buena parte del espacio mediático internacional. El debate dejó de centrarse en el contenido global del acto para girar exclusivamente alrededor de una frase convertida en eslogan.
Tardo pocas horas Marcos Rubio en ponerse a publicar en redes sociales: "La Administración Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura de Murillo-Ortega profundiza la represión en el país y fabrica inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de EE.UU."
Precisamente sobre esa operación de descontextualización llamaron la atención diversos analistas en los días posteriores.
Tras el twuit de Marcos Rubio el periodista y analista estadounidense Ben Norton denunció, dando respuesta al twuit, que eso era “propaganda difundida por el gobierno de EE.UU. (que apoya dictaduras reales en todo el mundo) y ha sido ampliamente regurgitada por los medios corporativos. … El contexto completo muestra claramente que Ortega estaba discutiendo la historia de la injerencia de EE.UU. en Nicaragua, y cómo el gobierno de EE.UU. financia partidos políticos de derecha para intentar derrocar al Frente Sandinista. (Esto no debería sorprender a nadie que conozca la historia básica de Nicaragua y la guerra terrorista de la Contra de la CIA en la década de 1980.) En 2018, el gobierno de EE.UU. patrocinó un intento de golpe de Estado muy violento en Nicaragua, que fue extremadamente traumático para la población. Ortega estaba diciendo que "no habrá más elecciones" para estos partidos políticos de derecha que conspiran golpes y que son financiados por el gobierno de EE.UU. Nicaragua está defendiendo su soberanía e impidiendo que el imperio de EE.UU. instale otro régimen títere como la dictadura corrupta de Somoza, que Washington sostuvo durante décadas sobre los cadáveres de innumerables nicaragüenses. El imperio de EE.UU. ha invadido Nicaragua múltiples veces, ocupado militarmente el país, librado una guerra terrorista, impuesto sanciones, financiado a la oposición e interferido sin parar en sus elecciones. El gobierno sandinista está diciendo que esa historia de injerencia extranjera ha terminado. No más.”
También el corresponsal de Sputnik, Víctor Ternovsky, destacó el contraste existente entre esa narrativa mediática y la realidad cotidiana que pudo observar durante su estancia en Nicaragua, marcada —según explicó— por un clima de estabilidad, seguridad y un amplio respaldo popular al proceso revolucionario.
Las respuestas institucionales no tardaron en llegar. En los días posteriores, la Copresidenta Rosario Murillo aclaró públicamente que «elecciones sí, libres, dignas y soberanas», insistiendo en que el debate no giraba sobre el derecho del pueblo a elegir a sus representantes, sino sobre el rechazo a cualquier forma de tutela extranjera sobre los procesos políticos nacionales. En la misma dirección se pronunció el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, al anunciar el inicio de los trabajos para un nuevo marco jurídico electoral orientado —según explicó— a fortalecer el principio del Pueblo Presidente, preservar la estabilidad institucional y garantizar que ningún poder extranjero vuelva a condicionar la voluntad soberana del pueblo nicaragüense.
Quizá, después de todo, la verdadera controversia abierta tras el 19 de julio nunca fue si Nicaragua celebrará o no elecciones. Esa fue únicamente la superficie del debate. La cuestión de fondo era mucho más profunda: ¿qué entendemos por democracia y quién tiene hoy la autoridad para definirla?
Resulta significativo que buena parte de los grandes medios occidentales sometan permanentemente a examen la democracia nicaragüense mientras rara vez aplican el mismo nivel de escrutinio a las democracias liberales occidentales. Apenas se cuestiona la creciente concentración de los medios de comunicación en manos de grandes grupos empresariales, la influencia del poder financiero sobre las campañas electorales, el peso de los grandes grupos de presión o la capacidad de las plataformas digitales para moldear la opinión pública mediante algoritmos que privilegian la velocidad sobre el contexto.
Desde la perspectiva del sandinismo, la democracia no se reduce al acto periódico de depositar una papeleta en una urna. También implica que un pueblo pueda decidir soberanamente sobre sus recursos estratégicos, su modelo de desarrollo, sus políticas sociales y sus relaciones internacionales sin aceptar tutelas externas. Esa concepción puede compartirse, discutirse o rechazarse. Lo que difícilmente puede hacerse es comprenderla a partir de un vídeo de diez segundos o de un titular construido al margen de la totalidad del discurso.
Porque, al final, la pregunta que deja abierta la Plaza de la Fe no interpela únicamente a Nicaragua. También nos interpela a nosotros. Nos obliga a preguntarnos por qué determinadas democracias son permanentemente cuestionadas mientras otras apenas son sometidas al mismo examen; por qué unos procesos electorales son considerados incuestionables y otros necesitan legitimarse constantemente ante los grandes centros de poder político, económico y mediático; y, sobre todo, quién decide hoy qué significa realmente la palabra democracia.
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