Por Javier Huerta
Mientras buena parte de los grandes medios internacionales continúan proyectando una imagen de Nicaragua marcada casi exclusivamente por la confrontación política y reproducen, en gran medida, el relato de los sectores opositores al Gobierno Sandinista, otras noticias de enorme relevancia social apenas encuentran espacio en la agenda informativa internacional. El foco permanece instalado en la crítica permanente al proceso político nicaragüense, mientras decisiones que afectan de forma directa a la vida de millones de personas pasan prácticamente desapercibidas.
Una de ellas acaba de producirse con la aprobación de la Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de Energía Eléctrica, mediante la cual el Estado recupera el control de las distribuidoras Disnorte y Dissur. Lejos de tratarse de una simple operación administrativa o empresarial, esta medida representa un nuevo paso en la estrategia del Gobierno Sandinista para recuperar el control de sectores estratégicos y consolidar un modelo de desarrollo basado en el fortalecimiento de los servicios públicos y la ampliación de derechos sociales.
No se trata simplemente de una nacionalización más. Tampoco es una decisión improvisada. Es el desenlace de un proceso que comenzó hace más de una década y que responde a una pregunta fundamental: ¿debe un servicio tan esencial como la electricidad depender de la lógica del beneficio privado o del interés general?
Para comprender esta decisión hay que regresar a los años noventa. Como ocurrió en buena parte de América Latina, Nicaragua abrazó las políticas neoliberales impulsadas por los organismos financieros internacionales. Bajo la promesa de que el mercado gestionaría mejor los servicios públicos, se privatizaron sectores estratégicos con el argumento de atraer inversiones, mejorar la eficiencia y reducir el gasto del Estado.
La realidad terminó siendo bastante distinta.
La distribución eléctrica pasó a manos privadas, pero las inversiones necesarias nunca llegaron en la magnitud esperada. Durante años el país sufrió una infraestructura insuficiente, pérdidas elevadas en la red y frecuentes interrupciones del suministro. A ello se sumó una fuerte dependencia del petróleo para producir electricidad, lo que convirtió a Nicaragua en un país extremadamente vulnerable a las fluctuaciones del precio internacional del crudo.
La crisis energética de mediados de la década de los 2000 dejó imágenes difíciles de olvidar. Apagones diarios de varias horas paralizaban la actividad económica, afectaban a hospitales, comercios, escuelas y hogares. Para miles de familias, disponer de electricidad durante todo el día era un lujo más que un derecho.
Cuando el Frente Sandinista regresó al Gobierno en 2007 se encontró un país con enormes carencias estructurales. Más allá del debate político que siempre acompaña a Nicaragua, existe un hecho difícilmente discutible: el Ejecutivo convirtió las infraestructuras públicas en una de las prioridades de su proyecto de desarrollo.
En estos años el Estado ha impulsado la construcción y modernización de carreteras, puentes, hospitales, centros de salud, escuelas, sistemas de abastecimiento de agua potable, redes de saneamiento y programas de vivienda. Paralelamente se ha llevado a cabo una de las mayores transformaciones del sistema eléctrico de la historia del país.
La electrificación ha sido probablemente uno de los ejemplos más visibles de esa estrategia. Miles de comunidades rurales que durante décadas permanecieron olvidadas comenzaron a conectarse a la red eléctrica. Para muchas familias aquello no significó únicamente tener luz en casa. Significó conservar alimentos en un refrigerador, que los niños pudieran estudiar por la noche, disponer de agua bombeada eléctricamente, mejorar la atención sanitaria o facilitar la instalación de pequeños negocios capaces de generar ingresos.
Detrás de un cable eléctrico no solo hay energía. Hay oportunidades de desarrollo.
Junto a la ampliación de la red, el Gobierno también impulsó una profunda transformación de la matriz energética. Nicaragua, tradicionalmente dependiente del petróleo, comenzó a apostar por la energía eólica, la geotérmica, la hidroeléctrica y la biomasa, reduciendo progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles y fortaleciendo su seguridad energética.
Todo este proceso explica por qué la nacionalización de las distribuidoras eléctricas no puede entenderse como un hecho aislado. Es la pieza que faltaba para completar un modelo en el que el Estado pretende coordinar generación, transmisión y distribución bajo una misma planificación pública.
Quienes defienden el modelo privatizador suelen presentar cualquier nacionalización como un ataque a la economía de mercado. Sin embargo, pocas veces se plantea la cuestión de fondo: ¿qué ocurre cuando un servicio imprescindible para la vida cotidiana queda subordinado exclusivamente a la rentabilidad económica?
Una empresa privada tiene la obligación de responder ante sus accionistas. Un Estado, al menos en teoría, debe responder ante su ciudadanía.
La diferencia no es menor. Llevar electricidad a una comunidad rural aislada puede no ser un gran negocio para una empresa privada. Para un Gobierno que concibe la electricidad como un derecho y como una herramienta de desarrollo, esa misma inversión puede resultar estratégica aunque no genere grandes beneficios económicos.
Ese parece ser precisamente el razonamiento que hay detrás de la decisión adoptada por Nicaragua. El objetivo declarado no es aumentar los beneficios empresariales, sino garantizar el suministro, planificar mejor las inversiones y asegurar que la expansión del servicio responda a las necesidades del país.
Naturalmente, ninguna nacionalización constituye por sí sola una garantía de éxito. La gestión pública también debe ser eficiente, transparente y capaz de mantener un elevado nivel de inversión. Pero tampoco puede ignorarse que el modelo anterior dejó importantes déficits y que buena parte de las mejoras experimentadas durante los últimos años se han producido precisamente con una mayor implicación del Estado en la planificación del sistema eléctrico.
La recuperación de las distribuidoras también encaja dentro de una visión más amplia del desarrollo impulsada por el sandinismo. Frente a una concepción donde el Estado se limita a regular y el mercado decide dónde invertir, el Gobierno defiende un modelo en el que las infraestructuras públicas actúan como motor del crecimiento económico y de la reducción de la pobreza.
La ampliación de la red eléctrica se ha complementado con programas de acceso al agua potable, mejora de carreteras, construcción de hospitales, fortalecimiento de la atención sanitaria, alfabetización, apoyo a pequeños productores, créditos para mujeres emprendedoras, viviendas sociales y otras políticas orientadas a reducir las desigualdades históricas del país.
Puede discutirse la gestión política del Gobierno sandinista en muchos ámbitos, pero resulta difícil negar que la apuesta por la inversión pública en infraestructuras ha transformado buena parte del territorio nicaragüense. En un país que hace apenas dos décadas sufría apagones constantes y donde amplias zonas rurales permanecían desconectadas de los servicios básicos, la electrificación ha pasado a convertirse en uno de los pilares del desarrollo nacional.
Por eso esta nacionalización va mucho más allá del cambio de propietario de dos empresas. Representa una determinada manera de entender el papel del Estado y de los servicios públicos. Mientras unos consideran que la electricidad es una mercancía que debe gestionarse bajo criterios de mercado, otros sostienen que constituye un derecho imprescindible para garantizar unas condiciones de vida dignas y crear oportunidades de desarrollo.
La decisión tomada por Nicaragua refleja con claridad esa segunda visión. Una visión que entiende que la energía no puede ser únicamente un negocio, sino una herramienta para construir un país más cohesionado, reducir las desigualdades entre el campo y la ciudad y garantizar que el progreso llegue también a quienes durante demasiado tiempo quedaron al margen del desarrollo.
Porque cuando un niño puede estudiar gracias a la luz eléctrica, cuando una familia conserva sus alimentos, cuando un centro de salud puede atender a sus pacientes o cuando un pequeño agricultor pone en marcha un negocio gracias a que la electricidad ha llegado por fin a su comunidad, la energía deja de ser un simple suministro. Se convierte en una condición indispensable para ejercer otros muchos derechos.
Y es precisamente ahí donde reside el verdadero significado político y social de esta nacionalización.
https://twitter.com/DifusionRebelde
