DR NESTOR GARCIA ITURBE – Seguramente que cuando usted escucha hablar del OBAMACARE, el nuevo sistema de asistencia médica diseñado por la administración OBAMA, considera que el mismo puede resolver los problemas que afronta la población estadounidense en cuanto al pago de los cuidados médicos.
Pudiera decirse que muchos estadounidenses consideran lo mismo que usted, aunque las últimas encuestas han revelado que más del 60 por ciento de ellos no comprenden bien la ley, no se han preocupado por estudiarla, dicen que la misma tiene demasiadas regulaciones, o sencillamente consideran que fue una ley para beneficiar a las empresas aseguradoras, pero que al ciudadano corriente y en especial a los de más bajos ingresos no los beneficia en lo absoluto.
Un importante diario estadounidense, el New York Times publicó un artículo el día 2 de octubre de este año titulado “Millions of Poor Are Left Uncovered by Health Law” (Millones de pobres han quedado sin cobertura por la Ley de Salud), escrito por los periodistas Sabrina Tavernise y Robert Gebeloff, sobre el cual quisiera destacar y comentar algunos aspectos.
Lo primero que plantea dicho artículo es que dos tercios de los ciudadanos negros que están calificados como pobres, las madres solteras y los trabajadores de bajos ingresos, que no cuentan con seguro médico, precisamente las personas que se supone la ley trata de beneficiar, han quedado excluidos de la cobertura de la misma.
De acuerdo con lo planteado por los periodistas, pudiéramos decir que aproximadamente 45 millones de personas no disfrutarán de los “beneficios” de la ley. Pongo entre paréntesis la palabra “beneficios” porque sobre eso expondré más adelante, pero la realidad es que esa cantidad de personas representan aproximadamente la quinta parte de la población estadounidense.
Uno de los problemas que existe en la ley es la diferencia entre quienes califican y no califican para los subsidios que ofrece el estado en relación con el pago del seguro, donde los que disfrutan de ingresos un poco más altos califican, mientras que los de ingresos más bajos no califican, una verdadera contradicción que sufren aquellos que viven en la pobreza. “How can somebody in poverty not be eligible for subsidies?” (¿Cómo es que alguien que vive en la pobreza no es elegible para los subsidios?) Se preguntaba una de las personas entrevistadas para el artículo.
Esta mujer, de 55 años de edad, planteaba que estaba deseosa de que la ley comenzara a estar vigente para recibir los “beneficios” de la misma. La misma está desempleada, perdió su casa, tuvo que mudarse con el hermano en Virginia, pero ha conocido que en Maryland, donde vivía anteriormente la ley se aplica de forma más beneficiosa para los pobres, pero allí no tiene donde vivir y tendría que vivir en el automóvil, lo cual está considerando como una posibilidad.
El carácter Federal de Estados Unidos como nación establece que los estados pueden tomar ciertas determinaciones en relación con asuntos que aunque se establezcan como ley, toca a ellos determinar la forma de aplicación de las mismas en el estado. Esto ha sucedido con el OBAMACARE que se refiere a la atención médica de los ciudadanos.
De acuerdo con el artículo antes mencionado, existen 26 estados que no han aceptado lo que establece la nueva ley, la mayoría de estos han planteado que el estado no cuenta con el dinero necesario para el desembolso que implica la misma. En estos estados vive aproximadamente la mitad de la población del país, que incluye el 68 por ciento de los pobres, ciudadanos negros sin seguro y madres solteras. Además de eso cerca del 60 por ciento de los trabajadores sin seguro, debido a que son de los más bajos ingresos, también residen en dichos estados. Un verdadero dilema financiero para dichos estados.
Este problema se manifiesta también dentro de los ciudadanos estadounidenses de la raza blanca, muchos de ellos también desempleados, sub empleados o retirados, que han sufrido la pérdida de sus casas, que quizás aún cuentan con algún dinero en el banco, pero que tienen que comprar comida, pagar el alquiler y otros gastos, lo que no les deja dinero suficiente para el pago mensual de una póliza de seguro.
La ley establece que todo ciudadano estadounidense debe estar cubierto por un seguro médico. Las personas de ingresos medios o más bajos pueden solicitar un subsidio para pagar el seguro, siempre y cuando califiquen para esto. Si no califica, no hay subsidio, de ahí que una buena parte de los más pobres pudieran quedar sin seguro médico. La ley establece un término de tiempo en el cual aquellos que no cuenten con seguro médico pueden ser multados. De acuerdo con los cálculos del propio diario New York Times esta cifra pudiera llegar a los 14 millones de ciudadanos.
Según se plantea, los inmigrantes ilegales y aquellos residentes que nacieron en otros países no son elegibles para recibir los beneficios de la “expansión” del Medicaid. Esto abre otra posibilidad a los cubanos residentes en Estados Unidos de mostrar sus iniciativas y habilidades para burlar las leyes de dicho país, lo cual sabemos hacen con frecuencia.
La modalidad que han adoptado algunos empleadores es de contratar a los trabajadores como temporales, por menos de 25 horas semanales, con lo cual no tienen que incluirlos en el seguro médico que debe ser sufragado por los empleadores. Esta modalidad también sea puesto de moda en Miami, según artículo que publicamos recientemente en EL HERALDO.
Una fórmula que el gobierno está excluyendo es lo que se ha denominado como “single-payer”, que el gobierno estadounidense pague los cuidados médicos con el dinero que obtiene de los impuestos.
¿Por qué se ha excluido esta fórmula? No es precisamente porque el dinero de los impuestos no sea suficiente para pagar los cuidados médicos, es debido a la política guerrerista y de injerencia que lleva a cabo el gobierno de Estados Unidos bajo la administración del Premio Nobel de la Paz.
Los miles de millones de dólares que se dedican a la guerra y se asignan al Pentágono, los otros miles de millones que se asignan a la Comunidad de Inteligencia, con los que se beneficia la CIA y la NSA los utiliza para espiar al propio ciudadano estadounidense, los que se asignan al Departamento de Seguridad de la Patria para mantener el régimen policiaco existente en Estados Unidos, más los que desperdicia la burocracia gubernamental son más que suficientes para pagar el cuidado médico de los ciudadanos. Es sencillamente un problema de qué priorizar.
El OBAMACARE al igual que otros asuntos en Estados Unidos se ha convertido en un resorte político de lo cual tratan de aprovecharse las dos facciones en pugna del único partido existente en dicha nación, no importa que el pueblo sufra, no importa que los empleados gubernamentales no cobren o que sea necesario cerrar escuelas, lo importante es mantener la PLUTOCRACIA, a la que tratan de disfrazar llamándola Democracia.
Pudiera decirse que muchos estadounidenses consideran lo mismo que usted, aunque las últimas encuestas han revelado que más del 60 por ciento de ellos no comprenden bien la ley, no se han preocupado por estudiarla, dicen que la misma tiene demasiadas regulaciones, o sencillamente consideran que fue una ley para beneficiar a las empresas aseguradoras, pero que al ciudadano corriente y en especial a los de más bajos ingresos no los beneficia en lo absoluto.
Un importante diario estadounidense, el New York Times publicó un artículo el día 2 de octubre de este año titulado “Millions of Poor Are Left Uncovered by Health Law” (Millones de pobres han quedado sin cobertura por la Ley de Salud), escrito por los periodistas Sabrina Tavernise y Robert Gebeloff, sobre el cual quisiera destacar y comentar algunos aspectos.
Lo primero que plantea dicho artículo es que dos tercios de los ciudadanos negros que están calificados como pobres, las madres solteras y los trabajadores de bajos ingresos, que no cuentan con seguro médico, precisamente las personas que se supone la ley trata de beneficiar, han quedado excluidos de la cobertura de la misma.
De acuerdo con lo planteado por los periodistas, pudiéramos decir que aproximadamente 45 millones de personas no disfrutarán de los “beneficios” de la ley. Pongo entre paréntesis la palabra “beneficios” porque sobre eso expondré más adelante, pero la realidad es que esa cantidad de personas representan aproximadamente la quinta parte de la población estadounidense.
Uno de los problemas que existe en la ley es la diferencia entre quienes califican y no califican para los subsidios que ofrece el estado en relación con el pago del seguro, donde los que disfrutan de ingresos un poco más altos califican, mientras que los de ingresos más bajos no califican, una verdadera contradicción que sufren aquellos que viven en la pobreza. “How can somebody in poverty not be eligible for subsidies?” (¿Cómo es que alguien que vive en la pobreza no es elegible para los subsidios?) Se preguntaba una de las personas entrevistadas para el artículo.
Esta mujer, de 55 años de edad, planteaba que estaba deseosa de que la ley comenzara a estar vigente para recibir los “beneficios” de la misma. La misma está desempleada, perdió su casa, tuvo que mudarse con el hermano en Virginia, pero ha conocido que en Maryland, donde vivía anteriormente la ley se aplica de forma más beneficiosa para los pobres, pero allí no tiene donde vivir y tendría que vivir en el automóvil, lo cual está considerando como una posibilidad.
El carácter Federal de Estados Unidos como nación establece que los estados pueden tomar ciertas determinaciones en relación con asuntos que aunque se establezcan como ley, toca a ellos determinar la forma de aplicación de las mismas en el estado. Esto ha sucedido con el OBAMACARE que se refiere a la atención médica de los ciudadanos.
De acuerdo con el artículo antes mencionado, existen 26 estados que no han aceptado lo que establece la nueva ley, la mayoría de estos han planteado que el estado no cuenta con el dinero necesario para el desembolso que implica la misma. En estos estados vive aproximadamente la mitad de la población del país, que incluye el 68 por ciento de los pobres, ciudadanos negros sin seguro y madres solteras. Además de eso cerca del 60 por ciento de los trabajadores sin seguro, debido a que son de los más bajos ingresos, también residen en dichos estados. Un verdadero dilema financiero para dichos estados.
Este problema se manifiesta también dentro de los ciudadanos estadounidenses de la raza blanca, muchos de ellos también desempleados, sub empleados o retirados, que han sufrido la pérdida de sus casas, que quizás aún cuentan con algún dinero en el banco, pero que tienen que comprar comida, pagar el alquiler y otros gastos, lo que no les deja dinero suficiente para el pago mensual de una póliza de seguro.
La ley establece que todo ciudadano estadounidense debe estar cubierto por un seguro médico. Las personas de ingresos medios o más bajos pueden solicitar un subsidio para pagar el seguro, siempre y cuando califiquen para esto. Si no califica, no hay subsidio, de ahí que una buena parte de los más pobres pudieran quedar sin seguro médico. La ley establece un término de tiempo en el cual aquellos que no cuenten con seguro médico pueden ser multados. De acuerdo con los cálculos del propio diario New York Times esta cifra pudiera llegar a los 14 millones de ciudadanos.
Según se plantea, los inmigrantes ilegales y aquellos residentes que nacieron en otros países no son elegibles para recibir los beneficios de la “expansión” del Medicaid. Esto abre otra posibilidad a los cubanos residentes en Estados Unidos de mostrar sus iniciativas y habilidades para burlar las leyes de dicho país, lo cual sabemos hacen con frecuencia.
La modalidad que han adoptado algunos empleadores es de contratar a los trabajadores como temporales, por menos de 25 horas semanales, con lo cual no tienen que incluirlos en el seguro médico que debe ser sufragado por los empleadores. Esta modalidad también sea puesto de moda en Miami, según artículo que publicamos recientemente en EL HERALDO.
Una fórmula que el gobierno está excluyendo es lo que se ha denominado como “single-payer”, que el gobierno estadounidense pague los cuidados médicos con el dinero que obtiene de los impuestos.
¿Por qué se ha excluido esta fórmula? No es precisamente porque el dinero de los impuestos no sea suficiente para pagar los cuidados médicos, es debido a la política guerrerista y de injerencia que lleva a cabo el gobierno de Estados Unidos bajo la administración del Premio Nobel de la Paz.
Los miles de millones de dólares que se dedican a la guerra y se asignan al Pentágono, los otros miles de millones que se asignan a la Comunidad de Inteligencia, con los que se beneficia la CIA y la NSA los utiliza para espiar al propio ciudadano estadounidense, los que se asignan al Departamento de Seguridad de la Patria para mantener el régimen policiaco existente en Estados Unidos, más los que desperdicia la burocracia gubernamental son más que suficientes para pagar el cuidado médico de los ciudadanos. Es sencillamente un problema de qué priorizar.
El OBAMACARE al igual que otros asuntos en Estados Unidos se ha convertido en un resorte político de lo cual tratan de aprovecharse las dos facciones en pugna del único partido existente en dicha nación, no importa que el pueblo sufra, no importa que los empleados gubernamentales no cobren o que sea necesario cerrar escuelas, lo importante es mantener la PLUTOCRACIA, a la que tratan de disfrazar llamándola Democracia.
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