Por Javier Huerta
Mientras buena parte de los grandes medios internacionales contin煤an proyectando una imagen de Nicaragua marcada casi exclusivamente por la confrontaci贸n pol铆tica y reproducen, en gran medida, el relato de los sectores opositores al Gobierno Sandinista, otras noticias de enorme relevancia social apenas encuentran espacio en la agenda informativa internacional. El foco permanece instalado en la cr铆tica permanente al proceso pol铆tico nicarag眉ense, mientras decisiones que afectan de forma directa a la vida de millones de personas pasan pr谩cticamente desapercibidas.
Una de ellas acaba de producirse con la aprobaci贸n de la Ley de Aseguramiento Soberano y Garant铆a del Suministro de Energ铆a El茅ctrica, mediante la cual el Estado recupera el control de las distribuidoras Disnorte y Dissur. Lejos de tratarse de una simple operaci贸n administrativa o empresarial, esta medida representa un nuevo paso en la estrategia del Gobierno Sandinista para recuperar el control de sectores estrat茅gicos y consolidar un modelo de desarrollo basado en el fortalecimiento de los servicios p煤blicos y la ampliaci贸n de derechos sociales.
No se trata simplemente de una nacionalizaci贸n m谩s. Tampoco es una decisi贸n improvisada. Es el desenlace de un proceso que comenz贸 hace m谩s de una d茅cada y que responde a una pregunta fundamental: ¿debe un servicio tan esencial como la electricidad depender de la l贸gica del beneficio privado o del inter茅s general?
Para comprender esta decisi贸n hay que regresar a los a帽os noventa. Como ocurri贸 en buena parte de Am茅rica Latina, Nicaragua abraz贸 las pol铆ticas neoliberales impulsadas por los organismos financieros internacionales. Bajo la promesa de que el mercado gestionar铆a mejor los servicios p煤blicos, se privatizaron sectores estrat茅gicos con el argumento de atraer inversiones, mejorar la eficiencia y reducir el gasto del Estado.
La realidad termin贸 siendo bastante distinta.
La distribuci贸n el茅ctrica pas贸 a manos privadas, pero las inversiones necesarias nunca llegaron en la magnitud esperada. Durante a帽os el pa铆s sufri贸 una infraestructura insuficiente, p茅rdidas elevadas en la red y frecuentes interrupciones del suministro. A ello se sum贸 una fuerte dependencia del petr贸leo para producir electricidad, lo que convirti贸 a Nicaragua en un pa铆s extremadamente vulnerable a las fluctuaciones del precio internacional del crudo.
La crisis energ茅tica de mediados de la d茅cada de los 2000 dej贸 im谩genes dif铆ciles de olvidar. Apagones diarios de varias horas paralizaban la actividad econ贸mica, afectaban a hospitales, comercios, escuelas y hogares. Para miles de familias, disponer de electricidad durante todo el d铆a era un lujo m谩s que un derecho.
Cuando el Frente Sandinista regres贸 al Gobierno en 2007 se encontr贸 un pa铆s con enormes carencias estructurales. M谩s all谩 del debate pol铆tico que siempre acompa帽a a Nicaragua, existe un hecho dif铆cilmente discutible: el Ejecutivo convirti贸 las infraestructuras p煤blicas en una de las prioridades de su proyecto de desarrollo.
En estos a帽os el Estado ha impulsado la construcci贸n y modernizaci贸n de carreteras, puentes, hospitales, centros de salud, escuelas, sistemas de abastecimiento de agua potable, redes de saneamiento y programas de vivienda. Paralelamente se ha llevado a cabo una de las mayores transformaciones del sistema el茅ctrico de la historia del pa铆s.
La electrificaci贸n ha sido probablemente uno de los ejemplos m谩s visibles de esa estrategia. Miles de comunidades rurales que durante d茅cadas permanecieron olvidadas comenzaron a conectarse a la red el茅ctrica. Para muchas familias aquello no signific贸 煤nicamente tener luz en casa. Signific贸 conservar alimentos en un refrigerador, que los ni帽os pudieran estudiar por la noche, disponer de agua bombeada el茅ctricamente, mejorar la atenci贸n sanitaria o facilitar la instalaci贸n de peque帽os negocios capaces de generar ingresos.
Detr谩s de un cable el茅ctrico no solo hay energ铆a. Hay oportunidades de desarrollo.
Junto a la ampliaci贸n de la red, el Gobierno tambi茅n impuls贸 una profunda transformaci贸n de la matriz energ茅tica. Nicaragua, tradicionalmente dependiente del petr贸leo, comenz贸 a apostar por la energ铆a e贸lica, la geot茅rmica, la hidroel茅ctrica y la biomasa, reduciendo progresivamente la dependencia de los combustibles f贸siles y fortaleciendo su seguridad energ茅tica.
Todo este proceso explica por qu茅 la nacionalizaci贸n de las distribuidoras el茅ctricas no puede entenderse como un hecho aislado. Es la pieza que faltaba para completar un modelo en el que el Estado pretende coordinar generaci贸n, transmisi贸n y distribuci贸n bajo una misma planificaci贸n p煤blica.
Quienes defienden el modelo privatizador suelen presentar cualquier nacionalizaci贸n como un ataque a la econom铆a de mercado. Sin embargo, pocas veces se plantea la cuesti贸n de fondo: ¿qu茅 ocurre cuando un servicio imprescindible para la vida cotidiana queda subordinado exclusivamente a la rentabilidad econ贸mica?
Una empresa privada tiene la obligaci贸n de responder ante sus accionistas. Un Estado, al menos en teor铆a, debe responder ante su ciudadan铆a.
La diferencia no es menor. Llevar electricidad a una comunidad rural aislada puede no ser un gran negocio para una empresa privada. Para un Gobierno que concibe la electricidad como un derecho y como una herramienta de desarrollo, esa misma inversi贸n puede resultar estrat茅gica aunque no genere grandes beneficios econ贸micos.
Ese parece ser precisamente el razonamiento que hay detr谩s de la decisi贸n adoptada por Nicaragua. El objetivo declarado no es aumentar los beneficios empresariales, sino garantizar el suministro, planificar mejor las inversiones y asegurar que la expansi贸n del servicio responda a las necesidades del pa铆s.
Naturalmente, ninguna nacionalizaci贸n constituye por s铆 sola una garant铆a de 茅xito. La gesti贸n p煤blica tambi茅n debe ser eficiente, transparente y capaz de mantener un elevado nivel de inversi贸n. Pero tampoco puede ignorarse que el modelo anterior dej贸 importantes d茅ficits y que buena parte de las mejoras experimentadas durante los 煤ltimos a帽os se han producido precisamente con una mayor implicaci贸n del Estado en la planificaci贸n del sistema el茅ctrico.
La recuperaci贸n de las distribuidoras tambi茅n encaja dentro de una visi贸n m谩s amplia del desarrollo impulsada por el sandinismo. Frente a una concepci贸n donde el Estado se limita a regular y el mercado decide d贸nde invertir, el Gobierno defiende un modelo en el que las infraestructuras p煤blicas act煤an como motor del crecimiento econ贸mico y de la reducci贸n de la pobreza.
La ampliaci贸n de la red el茅ctrica se ha complementado con programas de acceso al agua potable, mejora de carreteras, construcci贸n de hospitales, fortalecimiento de la atenci贸n sanitaria, alfabetizaci贸n, apoyo a peque帽os productores, cr茅ditos para mujeres emprendedoras, viviendas sociales y otras pol铆ticas orientadas a reducir las desigualdades hist贸ricas del pa铆s.
Puede discutirse la gesti贸n pol铆tica del Gobierno sandinista en muchos 谩mbitos, pero resulta dif铆cil negar que la apuesta por la inversi贸n p煤blica en infraestructuras ha transformado buena parte del territorio nicarag眉ense. En un pa铆s que hace apenas dos d茅cadas sufr铆a apagones constantes y donde amplias zonas rurales permanec铆an desconectadas de los servicios b谩sicos, la electrificaci贸n ha pasado a convertirse en uno de los pilares del desarrollo nacional.
Por eso esta nacionalizaci贸n va mucho m谩s all谩 del cambio de propietario de dos empresas. Representa una determinada manera de entender el papel del Estado y de los servicios p煤blicos. Mientras unos consideran que la electricidad es una mercanc铆a que debe gestionarse bajo criterios de mercado, otros sostienen que constituye un derecho imprescindible para garantizar unas condiciones de vida dignas y crear oportunidades de desarrollo.
La decisi贸n tomada por Nicaragua refleja con claridad esa segunda visi贸n. Una visi贸n que entiende que la energ铆a no puede ser 煤nicamente un negocio, sino una herramienta para construir un pa铆s m谩s cohesionado, reducir las desigualdades entre el campo y la ciudad y garantizar que el progreso llegue tambi茅n a quienes durante demasiado tiempo quedaron al margen del desarrollo.
Porque cuando un ni帽o puede estudiar gracias a la luz el茅ctrica, cuando una familia conserva sus alimentos, cuando un centro de salud puede atender a sus pacientes o cuando un peque帽o agricultor pone en marcha un negocio gracias a que la electricidad ha llegado por fin a su comunidad, la energ铆a deja de ser un simple suministro. Se convierte en una condici贸n indispensable para ejercer otros muchos derechos.
Y es precisamente ah铆 donde reside el verdadero significado pol铆tico y social de esta nacionalizaci贸n.
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