La ONU entre expectativas y realidad

Por Fabrizio Casari

Por unos días, el mundo vuelve a reunirse bajo el mismo techo. El 22 de septiembre comienza el debate de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrollará hasta el 29 de septiembre. El tema de esta sesión es tan ambicioso como retórico: «Restoring trust, managing transformation: a United Nations that delivers for all»: reconstruir la confianza, gestionar la transformación, hacer de la ONU una organización capaz de actuar para todos.

Será la última sesión dirigida por António Guterres, cuyo mandato termina el 31 de diciembre de 2026. El proceso para elegir al próximo secretario general está en curso y el nombramiento final requiere la recomendación del Consejo de Seguridad y, por tanto, de hecho, el acuerdo de las cinco potencias con derecho de veto.

Ucrania, Oriente Medio, Sudán y otras crisis estarán inevitablemente entre los principales temas de las intervenciones de los líderes y de las reuniones bilaterales. Cabe esperar sobre todo declaraciones políticas, más que decisiones capaces de abrir vías decisivas para resolver las crisis internacionales.

Guerras, crisis energética y climática: la 81.ª Asamblea General pondrá en escena todas las contradicciones de un orden internacional que ya no consigue gestionar sus propias crisis y que elige las guerras militares y comerciales, financieras y diplomáticas contra el Sur Global y el Este para mantenerse al frente del planeta.

La ONU llega a esta Asamblea con una paradoja evidente: sería más necesaria que nunca, pero parece más débil que nunca. Occidente, con la guerra en Ucrania por un lado y el genocidio de los palestinos y la expansión colonial sionista por otro, demuestra su doble rasero respecto al Derecho Internacional: con los enemigos se aplica y con los amigos se interpreta.

El elefante en la habitación sigue siendo la cuestión de las cuestiones: ¿cómo hacer eficaces a las Naciones Unidas en la prevención de las crisis, en su gestión y en los procesos diplomáticos necesarios para reducir los conflictos?

El Consejo de Seguridad sigue condicionado por el derecho de veto de sus cinco miembros permanentes. Una parte creciente del mundo reclama que las instituciones internacionales reflejen finalmente los equilibrios del siglo XXI y no los de 1945. India, África, América Latina, el mundo árabe y muchas otras realidades desean una reforma de la representación internacional, y esta no puede considerarse una simple disputa diplomática.

Como proponía la Reforma concebida por el padre Miguel D’Escoto Brockmann, nicaragüense y sandinista, durante el período en el que fue presidente de la Asamblea General (2008), solo una inversión de los roles entre la Asamblea y el Consejo podría proporcionar criterios de democracia y funcionalidad al futuro de la ONU. Es una cuestión democrática y, al mismo tiempo, de realismo político.

Por eso, el tema de la Reforma de las Naciones Unidas, y en particular el de la relación entre la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, debe ser incluido en la agenda lo antes posible. Si no por una cuestión de justicia y de lectura objetiva de las transformaciones planetarias producidas después de Yalta, al menos por la evidencia palpable del estancamiento en el que se encuentra la organización y que la hace, ante la prueba de los conflictos, completamente ineficaz.

La 81.ª sesión de los trabajos presenta también una evidencia simbólica de su ineficacia: la prohibición de participación en los trabajos impuesta por Estados Unidos a Mahmoud Abbas, presidente palestino. El episodio es mucho más que un incidente diplomático. Por tanto, según Estados Unidos, se puede hablar de Palestina, pero solo en ausencia de los palestinos.

La Asamblea General reaccionó autorizando a Abbas y a otros representantes palestinos de alto nivel a participar a distancia. La decisión fue aprobada con 152 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones.

Por tanto, por un lado, la ONU afirma que los representantes del Estado de Palestina deben poder participar en sus trabajos. Por otro, la sede de la Organización se encuentra en el territorio de un Estado que puede impedirles llegar hasta ella. Pero si el acceso a la sede de la organización universal depende de la voluntad del país que la alberga, ¿qué autonomía le queda a la ONU?

Estados Unidos es el país anfitrión de la ONU, pero no es el «propietario» de la ONU ni tiene el poder de decidir quién puede participar en sus trabajos. Asumió, mediante el Acuerdo de Sede de 1947 (Headquarters Agreement), obligaciones internacionales específicas precisamente para evitar que la jurisdicción territorial impidiera a la ONU funcionar. El artículo XI se refiere al acceso al distrito de las Naciones Unidas: la obligación asumida por Estados Unidos es no imponer impedimentos al tránsito hacia o desde la sede a las personas invitadas por la ONU para actividades oficiales.

Precisamente mientras el imperio unipolar de orientación anglosajona se encamina hacia la fase definitiva de su crisis política, ética, económica y militar, el papel de las Naciones Unidas debería reconsiderarse como una urgencia histórica.

Ochenta años después del final de la Segunda Guerra Mundial, ante una tercera que corre el riesgo de pasar de escenarios regionales a escenarios globales, la pregunta decisiva que la ONU debería plantearse es: ¿qué arquitectura política puede hacer posible una paz basada en los derechos, la seguridad y la autodeterminación?

Ucrania

Con respecto a Ucrania, la ONU se encuentra ante la contradicción entre ambiciones occidentales y realidad. La guerra solo puede terminar mediante una combinación de alto el fuego, negociación, garantías de seguridad y acuerdos políticos, y la búsqueda de una paz posible no puede dejar de contemplar algunas condiciones básicas.

Occidente, que preparó, financió y llevó adelante esta guerra por medio de los ucranianos, debe comprender que la expansión hacia el Este de la OTAN ha terminado; que no puede pensar en declarar a Rusia como enemigo al que infligir una derrota estratégica y después intentar rodearla sin que Moscú reaccione; y que el tema de una arquitectura de seguridad euroasiática debe abordarse también y, sobre todo, teniendo en cuenta la seguridad que Rusia reclama.

Irán

Aún más delicada será la cuestión iraní. La derrota militar de la coalición entre Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí está determinando un escenario inédito y, al mismo tiempo, una gravísima crisis energética debido a la guerra, que mantiene cerrados los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb.

No existe ninguna posibilidad de acuerdo sin la salida de Estados Unidos de la zona que se extiende desde el mar Rojo hasta el golfo Pérsico. Deben promoverse y apoyarse, en cambio, el acercamiento entre Riad y Teherán iniciado con la mediación china que permitió la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países, hoy los dos dentro del área de los BRICS.

El diálogo entre Irán, Arabia Saudí, Omán y los Emiratos Árabes Unidos es necesario para devolver el golfo Pérsico a la soberanía de los países que lo habitan.

No solo guerras

El programa oficial de la Asamblea contiene cuestiones que están lejos de ser secundarias: el derecho al desarrollo, la crisis climática y la transición posible, el aumento del nivel del mar, la prevención de las pandemias, la lucha contra el racismo y el desarme nuclear, la atención a la IA, seguridad alimentaria, sanitaria, energética, climática y laboral.

Pero ¿qué significa hablar de transición ecológica y de desarrollo si los países con economías emergentes son boicoteados por una red de sanciones y amenazas militares del Norte y aquellos de ellos más endeudados que se ven obligados a destinar enormes recursos al servicio de la deuda en lugar de destinarlos a la sanidad y la educación? ¿Qué significa prepararse para la próxima pandemia si el acceso a los medicamentos y a las tecnologías sigue siendo profundamente desigual?

Uno de los elementos más importantes de la actual crisis de la ONU es la creciente distancia entre la arquitectura institucional del mundo y la realidad del propio mundo. ¿Quién decide sobre las guerras? ¿Quién decide sobre las sanciones? ¿Quién decide sobre el uso de la fuerza? ¿Quién puede bloquear una decisión respaldada por la mayoría? Si la ONU debe sobrevivir, tarde o temprano tendrá que afrontar estas preguntas.

No es un tema que pueda posponerse indefinidamente. La tentación podría ser mirar a la ONU únicamente a través de sus contradicciones: las guerras que no consigue detener, los vetos del Consejo de Seguridad, las declaraciones que a menudo no producen consecuencias. Pero sería un error concluir que, porque la ONU es imperfecta, es inútil. Es exactamente lo contrario. Cuanto más multipolar se vuelve el mundo, más necesita instituciones comunes.

Necesita reformas profundas: una mayor representatividad del Consejo de Seguridad, el fortalecimiento de la Asamblea General, el respeto efectivo del derecho internacional, una financiación adecuada y una participación más fuerte de los países del Sur Global.

Nacida en un mundo de unos 4.000 millones de personas, hoy, cuando nos acercamos a los 8.000 millones, debe ser actualizada y revalorizada, ya que es, por definición, el organismo que representa a toda la comunidad internacional.

Pero debe ser devuelta a una democratización efectiva que, teniendo en cuenta el peso demográfico, económico y territorial de sus miembros en los procesos de toma de decisiones, represente la expresión política del Sur Global y de todo ese mundo que emerge a pesar de que las botas imperiales intenten aplastar sus legítimas aspiraciones. Esta es la verdadera partida que se juega en Nueva York.

Siguenos en twitter:
https://twitter.com/DifusionRebelde
@DifusionRebelde 

Colombia: la larga guerra por la tierra, la riqueza y el poder

Por Javier Huerta

Una historia de violencia, exclusión y excepcionalidad para comprender la Colombia de hoy

Del asesinato de Gaitán al regreso de la mano dura: tierra, oligarquía, capitalismo, militarización y dependencia de Estados Unidos

Colombia vuelve a encontrarse ante una de esas encrucijadas históricas en las que la palabra democracia corre el riesgo de quedarse demasiado pequeña para explicar la realidad. El país mantiene elecciones, Congreso, partidos, tribunales y una Constitución que reconoce derechos fundamentales, pero detrás de esa arquitectura institucional permanece una historia marcada por la concentración de la tierra, la desigualdad económica, la violencia política, el desplazamiento campesino, el paramilitarismo, el narcotráfico, la intervención estadounidense y la persecución de quienes han intentado construir una alternativa política y social al poder tradicional. La llegada a la Presidencia de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto de 2026 abre ahora una nueva etapa caracterizada por el fortalecimiento de las políticas de seguridad, la suspensión de buena parte de las negociaciones con organizaciones armadas y un acercamiento especialmente estrecho a Estados Unidos. El propio Gobierno presenta este giro como una recuperación de la autoridad del Estado y de la seguridad nacional; desde otros sectores se advierte del riesgo de regresar a una lógica en la que el conflicto social y territorial se aborda fundamentalmente desde la militarización. La cuestión de fondo, sin embargo, es mucho más profunda: ¿qué democracia puede consolidarse cuando las estructuras económicas y territoriales que alimentaron durante décadas la violencia continúan sin resolverse?

Para entender la Colombia de 2026 hay que regresar necesariamente al 9 de abril de 1948, cuando el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán desencadenó el Bogotazo y abrió una de las etapas más traumáticas de la historia contemporánea del país. Gaitán había construido un discurso de movilización popular que cuestionaba los privilegios de las élites tradicionales y hablaba directamente a unas mayorías campesinas y trabajadoras excluidas del poder. Su asesinato no creó por sí solo la violencia colombiana, pero se convirtió en el símbolo de la ruptura de una posibilidad política y en el comienzo de una etapa de enfrentamientos que acabaría con decenas de miles de muertos. La llamada La Violencia mostró hasta qué punto la disputa política estaba entrelazada con la propiedad de la tierra y el control territorial. El posterior Frente Nacional, establecido entre liberales y conservadores entre 1958 y 1974, consiguió cerrar parcialmente la confrontación entre las dos grandes fuerzas tradicionales, pero lo hizo mediante un sistema de alternancia pactada que dejó fuera a buena parte de las fuerzas políticas y sociales que no encajaban en aquel acuerdo. En ese terreno de exclusión nacieron y crecieron las guerrillas de las décadas siguientes, entre ellas las FARC y el ELN, mientras el Estado desarrollaba una doctrina de seguridad profundamente influida por la lógica de la Guerra Fría.

Pero reducir la historia colombiana a un enfrentamiento entre guerrillas y Estado sería ocultar una parte fundamental del problema. La cuestión agraria ha sido uno de los grandes motores estructurales del conflicto. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha documentado cómo la disputa por la tierra, el desplazamiento forzado, el despojo, la actuación de actores armados y las economías ilegales se encuentran profundamente relacionados con la configuración territorial del país. Y los datos del último gran censo agropecuario analizado por Oxfam permiten observar la dimensión de esa desigualdad: el 1 % de las explotaciones agrícolas concentra el 81 % de la tierra, mientras el 99 % restante se reparte apenas el 19 %. Las explotaciones de menos de diez hectáreas representan el 81 % del total, pero ocupan solamente el 5 % de la superficie. No se trata, por tanto, de una desigualdad abstracta. Se trata de quién posee el suelo, quién controla los territorios, quién decide qué se produce, quién puede acceder al crédito, quién tiene capacidad para invertir y quién puede permanecer en el campo. En una sociedad donde millones de campesinos han sufrido desplazamientos y donde la propiedad rural continúa extraordinariamente concentrada, la tierra sigue siendo una cuestión económica, política y de poder de clase.

Es en este escenario donde debe analizarse el fenómeno paramilitar. Las estructuras paramilitares no fueron simplemente otro actor armado más dentro de una guerra interminable. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha documentado su capacidad para convertirse en reguladores de la vida social y económica de numerosos territorios y ha señalado la necesidad de investigar sus vínculos con sectores estatales, políticos y económicos legales, así como el papel del narcotráfico y el despojo de tierras. En diferentes regiones, la violencia sirvió para expulsar comunidades, destruir organizaciones campesinas, sindicales e indígenas, imponer controles territoriales y modificar las relaciones de propiedad. La historia colombiana demuestra así que la violencia no siempre fue una anomalía al margen de la economía: en determinados territorios se convirtió también en un mecanismo para reorganizar el poder económico y social.

La tragedia de la Unión Patriótica constituye otro capítulo imprescindible. Surgida en el contexto de los intentos de negociación entre el Estado y las FARC durante los años ochenta, la UP trató de convertir la participación política en una alternativa a la confrontación armada. El resultado fue uno de los episodios más graves de persecución política de la historia reciente colombiana: miles de militantes, dirigentes, candidatos y simpatizantes fueron asesinados, desaparecidos o expulsados de sus territorios. La experiencia dejó una herida que todavía condiciona la relación de amplios sectores de la izquierda colombiana con las instituciones. Porque para entender el concepto de “democracia en estado de sitio” no basta con preguntarse si existen elecciones. Hay que preguntarse también qué ocurre cuando una parte de la sociedad intenta organizarse políticamente para disputar el poder económico y territorial establecido.

Durante las décadas siguientes, el narcotráfico, la expansión paramilitar y la insurgencia contribuyeron a profundizar una guerra que dejó millones de víctimas. Y en ese escenario apareció con enorme fuerza otro protagonista: Estados Unidos. Plan Colombia, presentado como una estrategia contra el narcotráfico y posteriormente vinculado también a la lucha contrainsurgente y al fortalecimiento institucional, convirtió a Colombia en uno de los principales receptores de asistencia estadounidense en América Latina. Según el Congressional Research Service, entre los años fiscales 2000 y 2016 la financiación estadounidense vinculada a Plan Colombia y sus estrategias posteriores superó los 10.000 millones de dólares a través de programas del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa. Para Washington, Colombia se convirtió en un socio estratégico en materia de seguridad regional. Para numerosos sectores críticos, aquella relación consolidó una concepción militarizada de los problemas sociales y políticos colombianos. En cualquier caso, los datos permiten afirmar que la relación militar y estratégica entre ambos Estados no es una circunstancia coyuntural de 2026: tiene más de dos décadas de continuidad.

La Constitución de 1991 abrió una nueva etapa y reconoció derechos, mecanismos de participación y una concepción más amplia del Estado social de derecho. Sin embargo, la nueva arquitectura constitucional convivió con la persistencia de la violencia, la desigualdad territorial y la expansión de las economías ilegales. El Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado y las FARC volvió a colocar la cuestión agraria en el centro del debate mediante la Reforma Rural Integral y abrió una oportunidad histórica para atacar algunas de las causas estructurales del conflicto. Pero la implementación fue lenta, desigual y objeto de fuertes disputas políticas. Mientras tanto, numerosos firmantes de la paz y dirigentes sociales continuaron siendo asesinados.

La llegada de Gustavo Petro a la Presidencia en 2022, primer presidente procedente de la izquierda en la historia contemporánea del país, modificó el escenario político. Su proyecto de “paz total”, las reformas sociales y la apuesta por avanzar en la distribución y formalización de tierras representaron una ruptura respecto a décadas de predominio de los sectores tradicionales. Esa ruptura, sin embargo, no significó la desaparición de las estructuras económicas que habían condicionado históricamente al Estado colombiano. El Gobierno Petro tuvo que desenvolverse dentro de un aparato estatal complejo, enfrentó oposición política, conflictos institucionales y problemas de gestión y tampoco logró resolver las múltiples violencias territoriales. No hubo una transformación revolucionaria de las relaciones de propiedad, sino un intento de reforma desde las instituciones existentes. Precisamente por eso resulta importante no confundir la experiencia del primer Gobierno de izquierda con la desaparición del poder económico de las élites tradicionales.

Uno de los terrenos donde esa disputa puede observarse con mayor claridad es precisamente la tierra. En los últimos días del Gobierno Petro, la Agencia Nacional de Tierras informó de la entrega o formalización de más de 61.000 hectáreas en 25 departamentos, destinadas a campesinos, comunidades indígenas, afrodescendientes y organizaciones pesqueras. Más allá de la valoración política que pueda hacerse de aquella política, el dato demuestra que la cuestión agraria seguía siendo una de las grandes batallas pendientes cuando terminó el mandato. El nuevo Gobierno recibe, por tanto, un país donde la propiedad de la tierra continúa extraordinariamente concentrada y donde cualquier reforma territorial afecta directamente a intereses económicos consolidados.

Sobre ese escenario llegó al poder Abelardo de la Espriella, con un discurso centrado en seguridad, autoridad, lucha contra el narcotráfico, control territorial y fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. Durante sus primeras semanas de Gobierno, la seguridad pasó a ocupar un lugar central en la comunicación oficial, mientras se fueron abandonando las mesas de negociación abiertas durante la etapa anterior. El cambio no es solamente discursivo. El 19 de septiembre, El País describía la nueva etapa como un abandono de la política de “paz total” en favor de una estrategia de mayor confrontación militar, respaldada por el nuevo marco de seguridad impulsado junto a Estados Unidos. Según esa información, se han cerrado mesas con grupos como disidencias de las FARC, Clan del Golfo y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, mientras el Gobierno plantea una ley de “acogimiento” basada en el sometimiento a la justicia y no en una negociación política.

La violencia contra quienes ejercen liderazgo social tampoco desapareció con el cambio presidencial. El registro de INDEPAZ contabilizaba, con corte al 11 de septiembre de 2026, 108 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos asesinados durante el año, 89 masacres y 11 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados. Desde enero de 2016 hasta esa misma fecha, el acumulado registrado por el organismo ascendía a 1.998 líderes y defensores asesinados, 783 masacres y 524 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados. Estos números no permiten atribuir automáticamente al Gobierno iniciado en agosto todos los asesinatos ocurridos durante 2026, pero sí muestran la dimensión de una violencia estructural que el nuevo Ejecutivo ha heredado y que ahora pretende abordar prioritariamente desde una política de seguridad más dura.

El giro adquiere todavía mayor dimensión cuando se observa la relación con Washington. El 8 de septiembre de 2026, después de reunirse con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, De la Espriella declaró que Colombia quería consolidarse nuevamente como “principal socio de seguridad hemisférica” de Estados Unidos. En ese encuentro propuso desarrollar el denominado “Plan Patriota Siglo XXI”, que incluye la modernización de aviones, radares, drones, helicópteros, sistemas antidrones, defensa aérea, movilidad, inteligencia, ciberdefensa y fuerzas especiales. El 13 de septiembre, la propia Presidencia presentó los acuerdos alcanzados con Estados Unidos bajo la denominación de “Acuerdos de Barranquilla”, articulados alrededor de tres objetivos: “reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio”. La Presidencia ha definido esta nueva relación como una asociación estratégica y ha reivindicado explícitamente la alianza histórica entre ambos países.

Desde una lectura antiimperialista, la importancia de estos acontecimientos no reside únicamente en quién ocupa actualmente la Casa de Nariño. Lo fundamental es observar la continuidad histórica: Plan Colombia ayer, nuevas estructuras de cooperación militar hoy; dependencia estratégica de Washington ayer, “principal socio de seguridad” hoy. Cambian los nombres, las tecnologías y los escenarios geopolíticos, pero permanece la centralidad de Colombia dentro de la arquitectura de seguridad estadounidense en América Latina. El debate, por tanto, no debería limitarse a determinar si un determinado avión, radar o sistema de inteligencia es eficaz contra una organización armada. También debe preguntarse qué modelo de Estado y de relaciones internacionales se está construyendo, qué recursos públicos se destinan a la seguridad frente a las necesidades sociales y hasta qué punto las prioridades estratégicas de Washington terminan condicionando las políticas nacionales.

Existe además un elemento que puede parecer secundario, pero que tiene una enorme importancia democrática: el control de la información y de los aparatos de inteligencia del Estado. El antiguo Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, arrastra una historia de interceptaciones ilegales, persecución y abusos que todavía forma parte de la memoria política colombiana. La cuestión de sus archivos vuelve ahora a cobrar actualidad precisamente cuando el nuevo Gobierno controla esos fondos documentales. Su apertura, conservación y tratamiento son fundamentales para conocer episodios todavía no esclarecidos y para garantizar que la memoria de las víctimas no quede subordinada a los intereses políticos de cada Gobierno. La democracia no consiste únicamente en celebrar elecciones; también significa permitir que una sociedad pueda conocer qué hicieron sus instituciones cuando actuaron clandestinamente contra ciudadanos, organizaciones sociales, periodistas o adversarios políticos.

Incluso las primeras decisiones institucionales del nuevo Ejecutivo muestran que la disputa por el control del Estado no se limita al terreno militar. La destitución del director del DANE, Ricardo Valencia, apenas tres semanas después de su nombramiento, abrió un debate sobre la autonomía técnica del organismo estadístico. El Gobierno argumentó que Valencia incumplió directrices presidenciales sobre comunicación pública, mientras que antiguos responsables del DANE cuestionaron las posibles consecuencias para la independencia y credibilidad de la institución. En un país donde las cifras de empleo, pobreza, desigualdad y crecimiento tienen una importancia decisiva para evaluar las políticas públicas, la autonomía de los organismos que producen información oficial constituye también una cuestión democrática.

Todo esto permite comprender mejor qué puede significar hablar de “democracia en estado de sitio” en Colombia. No significa afirmar que el país haya dejado de ser formalmente una democracia ni que exista una dictadura clásica. Significa señalar una contradicción histórica: instituciones democráticas que conviven con enormes desigualdades materiales; elecciones que se celebran mientras dirigentes sociales son asesinados; derechos constitucionales que coexisten con comunidades desplazadas; una economía moderna que convive con una concentración extraordinaria de la propiedad rural; y un Estado que proclama soberanía mientras mantiene una alianza militar y estratégica extraordinariamente estrecha con la principal potencia mundial.

La cuestión de fondo vuelve así al lugar donde comenzó buena parte de esta historia: la tierra y el poder. Mientras el 1 % de las explotaciones controle el 81 % de la tierra agrícola, mientras existan comunidades campesinas e indígenas disputando el control de sus territorios, mientras las economías ilegales compitan con el Estado por corredores estratégicos y mientras los grandes intereses económicos tengan una capacidad de influencia muy superior a la de millones de trabajadores y campesinos, la violencia colombiana no podrá explicarse únicamente como un problema policial o militar. El propio Centro Nacional de Memoria Histórica ha señalado la relación histórica entre tierra, conflicto, actores armados, narcotráfico, desplazamiento y despojo.

Por eso, la nueva etapa abierta con De la Espriella plantea una pregunta que va mucho más allá de las cifras diarias de capturas, incautaciones o operaciones militares. ¿Puede resolverse una crisis histórica de desigualdad y exclusión mediante una política basada fundamentalmente en la fuerza? La respuesta dependerá de qué otras políticas acompañen a esa estrategia: reforma rural, empleo digno, educación pública, sanidad, vivienda, presencia civil del Estado, protección efectiva de las comunidades y garantías para la participación política. Si la seguridad se convierte únicamente en militarización, el riesgo es volver a reproducir una vieja dinámica en la que las causas sociales del conflicto quedan ocultas detrás de la respuesta armada.

Colombia ha demostrado durante décadas que la violencia puede modificar gobiernos, territorios y relaciones de poder, pero también que la violencia por sí sola nunca ha resuelto las contradicciones que la alimentan. La historia de Gaitán, de La Violencia, del Frente Nacional, de las guerrillas, del paramilitarismo, de la Unión Patriótica, de Plan Colombia y del Acuerdo de Paz forma parte de una misma secuencia histórica en la que la disputa por la tierra, la riqueza y el poder político ha sido una constante. El nuevo Gobierno puede cambiar las prioridades del Estado, reforzar la alianza con Washington y apostar por una estrategia de mayor confrontación, pero ninguna de esas decisiones elimina las estructuras que dieron origen a buena parte del conflicto.

Y ahí se encuentra probablemente la verdadera batalla democrática de Colombia: no solamente quién gobierna desde Bogotá, sino quién tiene capacidad real para decidir sobre la tierra, la riqueza, los territorios y el futuro del país. Una democracia que pueda ser ejercida plenamente por campesinos, trabajadores, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, estudiantes, organizaciones populares y movimientos sociales exige algo más que depositar una papeleta cada cuatro años. Exige que organizarse no sea una sentencia de muerte, que reclamar tierra no convierta a nadie en objetivo, que defender el territorio no sea considerado una amenaza y que la soberanía nacional no quede subordinada a las necesidades estratégicas de ninguna potencia.

La historia colombiana demuestra que cada vez que una parte de la sociedad ha intentado transformar esas relaciones de poder, la respuesta de los sectores dominantes ha sido intensa. También demuestra que las sociedades cambian cuando las mayorías dejan de aceptar que la desigualdad, la violencia y la exclusión sean consideradas parte inevitable del paisaje. La Colombia de 2026 vuelve a encontrarse ante esa contradicción: una democracia formalmente viva, pero atravesada por desigualdades y violencias que cuestionan su contenido real. Lo que está en juego no es solamente la política de seguridad de un nuevo presidente, sino el tipo de sociedad que Colombia quiere construir después de décadas de guerra, concentración de la riqueza, intervención extranjera y resistencia popular.

En ese sentido, la pregunta fundamental continúa siendo la misma que atraviesa toda la historia contemporánea colombiana: ¿democracia para quién, seguridad para quién y propiedad de quién?

Siguenos en twitter:
https://twitter.com/DifusionRebelde
@DifusionRebelde 

Los Vargas Llosa, el fujimorismo y el nuevo Perú de Trump: cuando el neoliberalismo se encuentra con la ultraderecha

Por Javier Huerta

Hay apellidos que forman parte de la historia política de un país hasta el punto de convertirse en auténticos símbolos de una determinada época. En el Perú contemporáneo, Vargas Llosa y Fujimori representan dos de esos apellidos. Durante décadas estuvieron enfrentados y llegaron a encarnar proyectos políticos que parecían irreconciliables dentro del campo de la derecha peruana. En 1990, Mario Vargas Llosa concurrió a las elecciones presidenciales al frente del Frente Democrático, defendiendo un programa de profundas reformas económicas basado en la liberalización, la apertura de la economía y una reducción sustancial de la intervención del Estado. Frente a él apareció Alberto Fujimori, un candidato hasta entonces prácticamente desconocido para buena parte de las élites políticas y económicas del país, que acabaría imponiéndose en las urnas. Lo que vino después marcaría profundamente la historia peruana: el autogolpe de 1992, la concentración del poder, la corrupción y las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante su régimen. Vargas Llosa se convirtió entonces en uno de los principales adversarios intelectuales del fujimorismo. Sin embargo, tres décadas después, aquella antigua frontera política se ha desdibujado hasta prácticamente desaparecer. El hijo del hombre que se enfrentó electoralmente a Alberto Fujimori se prepara ahora para representar en Washington al Gobierno de su hija, Keiko Fujimori, precisamente cuando Lima estrecha sus relaciones políticas y de seguridad con la Administración de Donald Trump.

La evolución política de Mario Vargas Llosa ayuda a comprender cómo se ha producido este desplazamiento. El escritor no comenzó su trayectoria en la derecha. Durante su juventud mantuvo posiciones de izquierda y llegó a simpatizar con la Revolución cubana, pero su posterior ruptura con el castrismo y su evolución intelectual le llevaron hacia el liberalismo político y económico. A partir de los años ochenta se convirtió en uno de los principales defensores latinoamericanos de las políticas de mercado, la propiedad privada, la reducción del papel económico del Estado y la apertura de las economías nacionales. Su candidatura presidencial de 1990 fue la expresión política de esa transformación. A partir de entonces, Vargas Llosa pasó a ser una de las figuras intelectuales más influyentes del liberalismo latinoamericano, participando activamente en los debates políticos de la región y respaldando durante años proyectos que defendían la aplicación de políticas económicas neoliberales. Pero aquella evolución continuaría. Con el paso del tiempo, su oposición a la izquierda fue adquiriendo una importancia cada vez mayor y sus alianzas políticas comenzaron a aproximarle a sectores conservadores que ya no representaban únicamente el viejo liberalismo económico. Su apoyo a Jair Bolsonaro en Brasil, a José Antonio Kast en Chile y a otras candidaturas de la derecha radical latinoamericana mostró hasta qué punto había cambiado el espacio político en el que se movía. Lo significativo no es solamente la trayectoria individual del escritor, sino un fenómeno mucho más amplio: una parte del antiguo liberalismo latinoamericano ha terminado encontrando espacios de coincidencia con las nuevas derechas radicales, incorporando a su defensa del mercado posiciones mucho más duras en materia de seguridad, inmigración, identidad, orden público y confrontación con la izquierda.

El cambio resulta especialmente revelador cuando se observa la relación con el fujimorismo. Durante años Vargas Llosa sostuvo una oposición frontal a Alberto Fujimori y posteriormente a su hija Keiko. Sin embargo, en 2021, ante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, el escritor pidió votar por la candidata de Fuerza Popular. El argumento utilizado entonces fue que, frente a Castillo, había que optar por Fujimori como alternativa para impedir el avance de la izquierda. Aquella decisión cerró una de las grandes contradicciones de su trayectoria política: quien había construido buena parte de su identidad pública enfrentándose al fujimorismo terminó respaldando electoralmente a su principal heredera política. Después de su muerte, esa aproximación no desapareció con él. Álvaro Vargas Llosa asumió públicamente el respaldo a Keiko Fujimori durante las elecciones de 2026, llegando a sostener que su padre probablemente también habría apoyado su candidatura. El movimiento adquirió una dimensión institucional cuando Keiko Fujimori anunció que Álvaro Vargas Llosa sería propuesto como embajador del Perú en Estados Unidos. Si el proceso diplomático culmina formalmente, será precisamente el hijo de aquel candidato presidencial que en 1990 se enfrentó a Alberto Fujimori quien representará en Washington al Gobierno de la hija de su antiguo adversario.

La fotografía política adquiere todavía mayor significado por el momento en que se produce. El anuncio del futuro embajador coincide con una ofensiva diplomática del Gobierno peruano para estrechar sus relaciones con Estados Unidos y con la visita a Lima del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Durante esa visita, Keiko Fujimori confirmó la incorporación del Perú al denominado Escudo de las Américas, iniciativa promovida por Washington para reforzar la cooperación entre distintos gobiernos del continente en materia de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales transnacionales. La medida ha sido presentada por el Gobierno peruano como una respuesta necesaria ante el crecimiento del crimen organizado y como una forma de mejorar la cooperación internacional, pero se produce dentro de un contexto geopolítico mucho más amplio. La Administración Trump está tratando de recuperar espacio político y estratégico en América Latina, al mismo tiempo que observa con creciente preocupación la expansión de la presencia económica de China en la región. Perú ocupa una posición especialmente importante en esta disputa debido a sus relaciones comerciales con China y a la importancia estratégica adquirida por el puerto de Chancay. De esta manera, la nueva relación con Washington no puede contemplarse únicamente desde la perspectiva de la lucha contra el narcotráfico o la delincuencia: forma parte también de una pugna por la influencia económica, política y estratégica en el Pacífico latinoamericano.

El Gobierno de Keiko Fujimori está construyendo buena parte de su discurso alrededor de la seguridad y de la necesidad de recuperar la autoridad del Estado frente al crimen organizado. En un país que arrastra una profunda crisis institucional y una percepción creciente de inseguridad, ese discurso encuentra un terreno especialmente favorable. El problema aparece cuando la respuesta a la criminalidad comienza a traducirse en una ampliación permanente de las facultades de las fuerzas de seguridad, una reducción de los controles sobre su actuación o una utilización cada vez más amplia de instrumentos excepcionales. En julio de 2026, por ejemplo, fue promulgada una reforma que amplía la competencia de la justicia militar y policial sobre determinados delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía, incluso en circunstancias que afectan a civiles. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han expresado preocupación por las consecuencias que este tipo de reformas pueden tener para la investigación y persecución de posibles violaciones de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha advertido sobre actuaciones que pueden afectar a la independencia judicial. Estas advertencias adquieren un significado especial en Perú porque la historia reciente del país está marcada precisamente por los abusos cometidos bajo gobiernos que utilizaron la lucha contra el terrorismo y la defensa del orden público como justificación para ampliar el poder de los aparatos estatales de seguridad.

No se trata de negar la existencia del crimen organizado ni la necesidad de combatirlo. Perú se enfrenta a problemas reales de violencia, narcotráfico, extorsión y penetración de organizaciones criminales, y cualquier gobierno tiene la obligación de proteger a la población. La cuestión política es otra: qué instrumentos utiliza el Estado para hacerlo y cuáles son los límites que está dispuesto a respetar. La experiencia histórica demuestra que la seguridad puede convertirse en una herramienta política extraordinariamente poderosa cuando se presenta como una cuestión absoluta frente a la cual cualquier garantía democrática aparece como un obstáculo. Ese fue uno de los mecanismos utilizados durante el fujimorismo de los años noventa, aunque el contexto actual sea diferente y no pueda establecerse una equivalencia automática entre ambos periodos. Precisamente por ello resulta necesario observar con atención la evolución de las instituciones, el papel concedido a las Fuerzas Armadas y a la Policía, las reformas judiciales y la utilización política del discurso de la mano dura.

El paralelismo con la experiencia fujimorista tampoco puede reducirse a la cuestión de la seguridad. Existe una dimensión económica que resulta fundamental para comprender la continuidad de determinadas políticas. El régimen de Alberto Fujimori consolidó en los años noventa un modelo económico basado en la apertura de los mercados, las privatizaciones, la reducción de la intervención estatal y la atracción de capital extranjero. Aquel proceso transformó profundamente la economía peruana y dejó una estructura neoliberal que, con diferentes gobiernos y matices, ha sobrevivido durante décadas. Las fuerzas políticas que se han sucedido en el poder han discutido sobre numerosas cuestiones, pero el modelo económico fundamental ha demostrado una extraordinaria capacidad de permanencia. El debate actual se desarrolla, por tanto, sobre una estructura que continúa concediendo un enorme peso a la inversión privada y al mercado, mientras amplios sectores sociales siguen reclamando respuestas frente a la desigualdad, la precariedad y la debilidad de los servicios públicos. El neoliberalismo no desapareció con Fujimori; se convirtió en parte estructural del sistema político y económico peruano.

Lo que está cambiando ahora es la forma de proteger y reforzar ese modelo en un contexto político mucho más polarizado. Las derechas latinoamericanas de las últimas décadas han aprendido que ya no basta con defender las privatizaciones, la liberalización económica o la reducción del Estado. Las nuevas derechas incorporan un discurso mucho más agresivo contra la izquierda, los movimientos sociales y las políticas redistributivas, al tiempo que convierten la seguridad, la autoridad y la defensa del orden en elementos centrales de su identidad. Es una combinación que puede observarse, con características diferentes, en varios países de la región y que mantiene una relación cada vez más estrecha con determinadas corrientes de la derecha estadounidense. En este nuevo escenario, Trump no representa simplemente una referencia electoral para los conservadores latinoamericanos, sino un modelo político que combina nacionalismo, proteccionismo selectivo, confrontación con la izquierda, endurecimiento de las políticas migratorias, fortalecimiento del aparato de seguridad y una política exterior destinada a recuperar la primacía estadounidense en el hemisferio.

La Administración Trump está intentando reconstruir precisamente esa influencia. La seguridad constituye uno de los instrumentos principales, pero detrás de ella existe una agenda geopolítica más amplia. Washington quiere fortalecer sus alianzas con gobiernos considerados próximos, aumentar la cooperación militar y policial, contener la influencia de China y recuperar capacidad de intervención política en una región donde durante las últimas décadas otros actores han ganado espacio. La nueva política estadounidense hacia América Latina está encontrando interlocutores especialmente receptivos entre los gobiernos de derecha que comparten la preocupación por la expansión de China y que consideran la cooperación con Estados Unidos una herramienta para combatir el crimen organizado. La incorporación de Perú al Escudo de las Américas encaja en esa estrategia y sitúa a Lima dentro de una red de cooperación regional impulsada directamente desde Washington.

La cuestión de China resulta especialmente relevante para entender el interés estadounidense por Perú. Durante los últimos años, China se ha convertido en uno de los principales socios comerciales del país y su presencia en infraestructuras estratégicas ha crecido considerablemente. El puerto de Chancay, construido con participación de la empresa china COSCO Shipping Ports, es el ejemplo más visible. Para Perú, la relación económica con China tiene una importancia indiscutible; para Washington, la expansión de la presencia china en el Pacífico sudamericano constituye un desafío estratégico. El Gobierno de Keiko Fujimori no ha roto sus relaciones económicas con Pekín, pero su decisión de profundizar el vínculo político y de seguridad con Estados Unidos introduce una nueva dimensión en el equilibrio internacional peruano. La disputa entre Washington y Pekín se proyecta así sobre un país que se encuentra en una posición económica y geográfica especialmente sensible.

En este escenario es donde el nombramiento de Álvaro Vargas Llosa adquiere un significado que va mucho más allá de su condición de embajador. Su trayectoria familiar representa una parte de la evolución de las élites intelectuales de la derecha latinoamericana: del liberalismo clásico al neoliberalismo y, posteriormente, a una aproximación cada vez mayor a las nuevas derechas conservadoras. Su llegada a Washington como representante de un Gobierno fujimorista que está estrechando sus vínculos con Trump convierte esa evolución en una imagen política difícil de ignorar. El apellido Vargas Llosa, que durante décadas fue asociado a la oposición al fujimorismo, aparece ahora integrado en el proyecto internacional del nuevo fujimorismo. La contradicción histórica no es menor, porque revela hasta qué punto las antiguas divisiones dentro de la derecha peruana han quedado subordinadas a una nueva confrontación política en la que el principal enemigo común es la izquierda y en la que la alianza con Washington vuelve a ocupar un lugar central.

Esta transformación también obliga a revisar una idea que durante mucho tiempo se presentó como incuestionable: que liberalismo económico y autoritarismo político pertenecen necesariamente a campos diferentes. La historia latinoamericana demuestra que pueden coexistir y que, en determinados momentos, las élites económicas pueden considerar útil un Estado fuerte para garantizar la estabilidad del modelo económico. Eso no significa que todo liberal sea autoritario ni que cualquier gobierno que defienda políticas de mercado termine necesariamente recurriendo a prácticas autoritarias. Significa que la defensa del mercado y la defensa de las libertades políticas no son automáticamente la misma cosa, y que la experiencia peruana de los años noventa constituye uno de los ejemplos más claros de cómo ambas dimensiones pueden separarse.

El Perú actual se encuentra ante una situación diferente, pero algunas de aquellas tensiones vuelven a aparecer bajo nuevas formas. El Gobierno de Keiko Fujimori combina la defensa de un modelo económico consolidado durante décadas con un discurso de autoridad y seguridad cada vez más marcado, mientras refuerza su relación estratégica con Estados Unidos. En paralelo, distintos organismos internacionales han expresado preocupación por determinadas reformas relacionadas con la justicia, las fuerzas de seguridad y la independencia institucional. No sería correcto afirmar que todas estas medidas convierten automáticamente al Perú en una dictadura ni que el país reproduce exactamente el régimen de Alberto Fujimori. Pero tampoco resulta razonable ignorar las señales que generan preocupación cuando el fortalecimiento del poder ejecutivo, la ampliación de las competencias de las fuerzas de seguridad y el debilitamiento de determinados controles institucionales aparecen simultáneamente.

La historia de los Vargas Llosa permite observar esta transformación desde una perspectiva particularmente reveladora. Mario Vargas Llosa pasó de la izquierda de su juventud al liberalismo y terminó apoyando a candidatos situados en la derecha radical. Después de su muerte, su hijo Álvaro se ha convertido en uno de los apoyos públicos de Keiko Fujimori y está llamado a ocupar un puesto clave en Washington. Mientras tanto, la presidenta peruana profundiza la relación con una Administración estadounidense que está tratando de reorganizar las alianzas políticas y de seguridad del continente. Lo que hace treinta años parecía una contradicción —Vargas Llosa y Fujimori enfrentados— hoy aparece como una convergencia política dentro de una derecha peruana que ha cambiado profundamente.

No estamos simplemente ante la historia de una familia ni ante una reconciliación entre dos viejos adversarios. Lo que se está produciendo es una transformación de las derechas latinoamericanas en la que el viejo programa neoliberal permanece, pero se combina cada vez más con discursos de orden, seguridad, nacionalismo y confrontación frontal con la izquierda. El fujimorismo peruano se inserta en esa corriente mientras busca estrechar sus relaciones con Washington y participar en la arquitectura de seguridad que la Administración Trump está impulsando en América Latina. Y los Vargas Llosa, que durante décadas representaron una de las expresiones intelectuales más conocidas del liberalismo latinoamericano, han terminado ocupando un espacio dentro de esa misma convergencia.

Perú vuelve así a convertirse en un laboratorio político de enorme importancia para América Latina. El país deberá afrontar simultáneamente la inseguridad, la desigualdad, la crisis de representación, la debilidad de sus instituciones y la presión de una disputa geopolítica cada vez más intensa entre Estados Unidos y China. La respuesta que está ofreciendo el Gobierno de Keiko Fujimori pasa por reforzar la seguridad, consolidar el modelo económico heredado del ciclo neoliberal y estrechar la alianza con Washington. El problema que queda abierto es si ese camino permitirá resolver las profundas fracturas sociales del país o si terminará profundizando un modelo en el que la autoridad del Estado se fortalece mientras las causas sociales de la desigualdad y la exclusión permanecen intactas.

La fotografía de este nuevo Perú resulta, en ese sentido, tremendamente significativa. Keiko Fujimori ocupa la Presidencia; Marco Rubio llega a Lima para reforzar la cooperación con Washington; Trump intenta recuperar el control estratégico de América Latina; China mantiene una posición económica fundamental en el país; y Álvaro Vargas Llosa se prepara para representar al Gobierno peruano ante Estados Unidos. Los protagonistas han cambiado respecto a 1990, pero los grandes conflictos continúan atravesando la política peruana: neoliberalismo frente a demandas sociales, seguridad frente a derechos, soberanía frente a dependencia y un país situado en medio de una disputa geopolítica que vuelve a convertir a América Latina en un escenario prioritario para Washington.

Y quizá sea precisamente ahí donde se encuentre la mayor paradoja de esta historia. El apellido Vargas Llosa nació políticamente enfrentado al fujimorismo y termina formando parte de su nueva arquitectura de poder internacional. Aquella derecha que en otros tiempos aparecía dividida entre liberalismo y fujimorismo parece haber encontrado hoy un enemigo común y una nueva referencia internacional. La Administración Trump ofrece el marco geopolítico; el neoliberalismo proporciona buena parte de la estructura económica; el fujimorismo aporta su tradición política y su discurso de autoridad; y los Vargas Llosa aportan una legitimidad intelectual construida durante décadas en defensa del liberalismo latinoamericano.

El Perú de 2026 está escribiendo, por tanto, un nuevo capítulo de una vieja historia. Una historia en la que las derechas cambian de nombre, renuevan sus discursos y modifican sus alianzas, pero continúan disputando el control del Estado y del modelo económico. Esta vez, con Washington mirando hacia Lima y con un Vargas Llosa dispuesto a ocupar el lugar de embajador que simboliza, quizá mejor que cualquier discurso, la extraordinaria transformación de la derecha peruana durante las últimas décadas.

Siguenos en twitter:
https://twitter.com/DifusionRebelde
@DifusionRebelde 

Exportar armas hacia Israel ¿como si nada pasara en Gaza? Audiencias públicas en La Haya en el marco de la demanda Nicaragua c. Alemania por complicidad

Por Nicolas Boeglin (Costa Rica)

El 7 de septiembre del 2026 iniciaron en La Haya, las audiencias relativas a la demanda interpuesta en marzo del 2024 por Nicaragua en contra de Alemania por complicidad por genocidio en Gaza.

El texto de la demanda inicial de Nicaragua contra Alemania interpuesta formalmente en el mes de marzo del 2024, está disponible en este enlace oficial en su versión en inglés y en francés.

Al ser Alemania el segundo suplidor en armas a Israel (después de Estados Unidos) y al haber (a diferencia de Estados Unidos) asumido una serie de obligaciones internacionales derivadas de tratados multilaterales a los que es Estado Parte, esta demanda plantea una serie de desafíos para Alemania. Desde esta perspectiva, era previsible que Alemania interpusiera varias excepciones preliminares, en aras de intentar esquivar el examen sobre el fondo por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ): una estrategia legal que no es exenta de riesgos, tal y como lo veremos más adelante. Ante una situación apremiante, posponer el examen sobre el fondo de un asunto resulta casi siempre sancionado por la justicia internacional.

Las audiencias orales que iniciaron el 7 de septiembre se concentraron únicamente en las numerosas excepciones preliminares presentadas por Alemania, tendientes a obtener que la misma CIJ se declare incompetente: se escucharon los alegatos que Alemania y Nicaragua presentaron oralmente al respecto, antes de que la CIJ entre a deliberar.

Con respecto a las audiencias orales, no está de más recordar que su conclusión oficial es la que inicia el denominado «délibéré» de la CIJ: al respecto, tuvimos recientemente la ocasión de analizar las audiencias orales entre Guyana y Venezuela realizadas en mayo del 2026, habiendo Guyana presentado su demanda contra Venezuela en el mes de marzo del 2018 (Nota 1).

El examen sobre el fondo de la demanda se reanudará entre Nicaragua y Alemania, dependiendo de esta decisión preliminar de la CIJ sobre su competencia.

Foto de civiles después de un bombardeo en Gaza, octubre del 2023, extraída de este artículo de prensa publicado en Israel (Magazine +972) titulado «´Lavender»: the AI machine directing Israel bombing spree in Gaza» (edición del 3 de abril del 2024)

Cabe señalar que este 16 de septiembre, se anunció desde Estados Unidos una aprobación para enviar a Israel una importante cantidad de bombas de gran potencia, cuyo uso reiterado por parte de Israel desde octubre del 2023 es en gran parte responsable de la devastación total observada en ciertas partes de Gaza (así como en el Líbano): véase nota de The Guardian.

Una extrema urgencia que Alemania busca frenar

Ante la extrema urgencia de la situación en Gaza, ante la inoperancia reiterada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para sancionar a Israel observada desde el mismo mes de octubre del 2023 (debido a vetos reiterados de Estados Unidos) y ante la negativa de Israel de cumplir con una primera ordenanza de la CIJ del 26 de enero del 2024 (dictaminada en el marco de la demanda contenciosa interpuesta por Sudáfrica contra Israel – véase texto de esta ordenanza, y en particular el párrafo operativo 86), Nicaragua optó por acompañar su demanda contra Alemania del mes marzo del 2024 con una solicitud de medidas provisionales de carácter urgente, tendiente a que Alemania suspendiera sus exportaciones de armas hacia Israel.

Es de notar que desde el mes de marzo del 2024, una pregunta hecha por el Senado en Francia esperó una respuesta que … nunca llegó por parte de las autoridades galas sobre exportaciones de material militar hacia Israel (véase pregunta formulada y la mención «La question est caduque» al final del enlace).

El 5 de abril, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas votó una resolución (véase texto) pidiendo un embargo sobre armas a destinación de Israel (véase nota oficial de Naciones Unidas y nota del medio digital Delfino.cr haciendo ver que Costa Rica se abstuvo sin dar ningún tipo de explicaciones): la votación registro 28 votos a favor, 13 abstenciones, y 6 votos en contra: Alemania, Argentina, Bulgaria, Estados Unidos, Malawi, y Paraguay.

La solicitud urgente de Nicaragua dio lugar a una ordenanza de la CIJ del 30 de abril del 2024 (véase texto), cuyos alcances tuvimos la ocasión de analizar en su momento, y en particular la expresión «at present ../ .. a l´heure actuelle» del párrafo 20 que distinguidos colegas alemanes omitieron convenientemente, al momento de comentarla (Nota 2).  En esta primera etapa, Alemania  asumió una serie de compromisos ante la CIJ con respecto a la conducta de sus autoridades, de manera a convencer a los jueces del carácter innecesario de ordenar medidas provisionales en su contra. En su declaración individual (véase texto completo), el juez oriundo de Sudáfrica no dudo en señalar que:

» The takeaway from all of this is that Germany, being aware of its obligations under international law, will exercise due diligence consistent with that obligation, as well as under its domestic legislative framework, to ensure that no transfer of military equipment contributes to breaches of either the Geneva Conventions or the Genocide Convention .. /..

Ce qu’il faut retenir de tout cela, c’est que l’Allemagne, consciente des obligations qui sont les siennes en droit international, fera preuve de la diligence requise conformément à l’obligation correspondante et à son cadre législatif interne, de sorte qu’aucun transfert de matériel militaire ne contribue à des violations des conventions de Genève ou de la convention sur le génocide».

Traducción:

» La conclusión de todo esto es que Alemania, consciente de sus obligaciones en virtud del derecho internacional, actuará con la debida diligencia, de acuerdo con esas obligaciones y con su marco legislativo nacional, para garantizar que ninguna transferencia de equipo militar contribuya a violaciones de los Convenios de Ginebra ni de la Convención sobre el Genocidio… /…

Las conclusiones del jurista sudafricano  merecen ser leídas, al considerar que esta ordenanza y la expresión «at present / a l´heure actuelle» usada por la CIJ mandan un mensaje que rebasa de muy lejos el reducido marco de la demanda de Nicaragua contra Alemania (Nota 3).

No obstante los diversos compromisos adquiridos por Alemania ante la CIJ en  abril del 2024, sus estrategas legales optaron por cuestionar, meses después, la competencia de la CIJ, presentando varias excepciones preliminares.

El 23 de febrero del 2026, Nicaragua envió un extenso documento a la CIJ refutando todos y cada uno de los argumentos esgrimidos sobre la supuesta incompetencia de la CIJ avanzados por Alemania: véase documento en inglés y en francés, cuya lectura integral se recomienda.

Volante de una conferencia de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 de Naciones Unidas, Francesca Albanese, realizada el 7 de mayo del 2024, sobre su informe titulado «Anatomía de un genocidio» (disponible en este enlace).

Las audiencias de La Haya en breve

Durante el primer día de audiencias en este mes de septiembre del 2026, Alemania sostuvo ante los integrantes de la CIJ que no existe jurídicamente ninguna disputa entre Nicaragua y Alemania que amerite un examen sobre el fondo, reiterando que la CIJ no tiene ninguna competencia en este asunto (véase verbatim). El segundo día de audiencias, Nicaragua refutó unos tras uno los argumentos de Alemania sobre la pretendida incompetencia de la CIJ (véase verbatim así como el video oficial de la CIJ de las audiencias del día 8 de septiembre).

El tercer día de audiencias (9 de septiembre), en la segunda ronda de alegatos, Alemania presentó sus argumentos finales (véase verbatim) con sus conclusiones y petitoria (leerlas a páginas 34-37) solicitando a la CIJ desestimar el caso por carecer de competencia. El cuarto día fue Nicaragua la que presentó sus argumentos finales (véase verbatim) con una petitoria final muy concreta y precisa (página 37).

La lectura pormenorizada de los cuatro  verbatim puede resultar un tanto laboriosa: no obstante la densidad de algunos alegatos, y el esmero de unos y otros, deja entrever que ambos contrincantes intentaron hacer ver a los jueces de la CIJ la supuesta mala fe de la parte contraria. El equipo de Nicaragua se abocó a rechazar uno tras otro todos los argumentos planteados por Alemania y no dejar ninguna duda con respecto a la competencia de la CIJ.

Es de notar que mientras Nicaragua, conforme a la tradición observada en el arte del litigio La Haya, logró establecer un equilibrio lingüístico (inglés y francés) durante la presentación de sus alegatos, Alemania optó por una presentación en un solo idioma (inglés). Las primeras hojas de los verbatim señalan que Nicaragua se presentó a la barra con un sólido equipo de asesores internacionales que cuentan con una vasta experiencia en el arte del litigio internacional en La Haya, al tiempo que Alemania se presentó con un equipo compuesto casi exclusivamente por funcionarios y asesores alemanes, y con asesores internacionales con menor experiencia en La Haya. Nótese que el agente de Nicaragua, Carlos José Argüello Gómez, y el asesor galo Alain Pellet de Nicaragua, iniciaron ambos sus comparecencias ante la CIJ en 1984, con ocasión de la batalla legal contra Estados Unidos: esta contienda culminó con una histórica sentencia de la CIJ condenando a Estados Unidos del 27 de junio de 1986 (véase texto), la cual fue precedida de una sentencia de la CIJ declarándose perfectamente competente de noviembre de 1984 (véase texto). Luego de ridiculizar ante el mundo a Estados Unidos en 1986, fue este mismo equipo que litigó exitosamente contra Honduras (sentencia de la CIJ  de diciembre 2007) y Colombia (noviembre del 2012) con respecto a las zonas marítimas de Nicaragua en el Mar Caribe, y que logró que Costa Rica fuese impedida por la CIJ de navegar con su policías en el Río San Juan, sea en actividades de vigilancia o de simple abastecimiento de puestos fronterizos desde el río (julio del 2009): un derecho que poseía jurídicamente Costa Rica desde 1858 (tratado Cañas-Jerez). Sobre la experiencia, la trayectoria y el innegable talento oratorio del equipo de asesores internacionales de Nicaragua (muchas veces subestimados por algunos círculos políticos y diplomáticos), remitimos a nuestros estimables lectores a unas reflexiones del 2022 escritas con ocasión de la renuncia pública hecha por uno de sus integrantes, el jurista norteamericano Paul Reichler (Nota 4).

Según este reportage de Der Spiegel (véase enlace) publicado hace una semana, las exportaciones de armas de Alemania hacia Israel siguieron aumentando desde el 2024, lo cual plantea algunas interrogantes muy válidas que Nicaragua no desaprovechará en sus comparecencias futuras ante los jueces de la CIJ. En este reportaje de AlJazeera, la máxima representante de la delegación alemana en La Haya optó por no contestar algunas preguntas externadas por la periodista.

Es de notar que el panorama jurídico para Alemania se ve significativamente dificultado por el hecho que tanto en el mes de julio del 2024 (Nota 5) como en el mes de octubre del 2025 (Nota 6), la CIJ emitió dos opiniones consultivas relacionadas a la situación en el territorio ocupado de Palestina, a las obligaciones que tiene Israel como Estado miembro de Naciones Unidas, pero también a las obligaciones «erga omnes» que impone el derecho internacional a los Estados terceros con respecto a las reiteradas ilegalidades cometidas por Israel en el territorio palestino.  En esta entrevista publicada en Alemania, el profesor William Schabas, integrante del equipo de Nicaragua en La Haya, hace ver el doble rasero de algunos en materia de prevención del genocidio, indicar que:

«Providing arms an political diplomatic support are quintessential examples of aid and assistance. The core of the requirement is that the accomplice State must have knowledge of what the perpetrator State is doing. No State can claim that it is unaware of the serious risk that genocide is being perpetrated in Gaza. Furthermore, the assistance must be significant, not trivial. In their intervention in the genocide case filed by Myanmar at the ICJ, several Western states including Germany stressed the importance of the reports of UN commissions of inquiry in the determination of genocidal intent. They said that such reports have ‘particular probative value’ and ‘special importance’. Well, in September 2025 the UN commission of inquiry produced a detailed, comprehensive and damning report that concluded Israel was perpetrating genocide».

Traducción:

«Proporcionar armas y apoyo político-diplomático son ejemplos típicos de ayuda y asistencia. Lo fundamental es que el Estado cómplice debe saber lo que está haciendo el Estado perpetrador. Ningún Estado puede decir que no sabe del grave riesgo de que se esté cometiendo un genocidio en Gaza. Además, la asistencia debe ser significativa, no insignificante. En su intervención en el caso de genocidio presentado por Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia, varios países occidentales, incluida Alemania, destacaron la importancia de los informes de las comisiones de investigación de la ONU para determinar la intención genocida. Dijeron que esos informes tienen un ‘valor probatorio particular’ y una ‘importancia especial’. Pues bien, en septiembre de 2025, la comisión de investigación de la ONU presentó un informe detallado, completo y contundente que concluyó que Israel estaba cometiendo genocidio”.

A modo de ejemplo de las obligaciones jurídicas que pesan sobre un Estado tercero con relación a las exacciones de Israel en Gaza, entre muchos otros, podemos referir a esta petición en línea en el Reino Unido (véase enlace) que mantiene una fuerte presión sobre los decisores políticos con respecto a la ayuda y al comercio con Israel proporcionados desde el Reino Unido. Dicho sea de paso (al escribir estas líneas desde Costa Rica), resulta de interés destacar que Reino Unido suspendió en mayo del 2025 todas las negociaciones con Israel en materia comercial (Nota 7). De igual manera este llamado hecho desde la sociedad civil en Australia luego de dictaminarse la opinión consultiva de la CIJ en julio del 2024.  Esta muy reciente publicación del Parlamento de Luxemburgo hace ver la gran cantidad de obligaciones jurídicas que estas decisiones de la CIJ le imponen a todos los Estados miembros de Naciones Unidas, Luxemburgo incluido (véase conclusiones y recomendaciones a páginas 89-91). En Bélgica, una reciente decisión de un tribunal nacional (véase texto integral) que debería de inspirar a colectivos de juristas en otras latitudes, condenó al Estado belga por no prevenir el genocidio en curso en Gaza. En uno de los pocos artículos al respecto, publicado en EJIL-Talk (Nota 8), se lee que:

«By finding that the Belgian State had failed, at the relevant time, to take all measures reasonably within its power to prevent the alleged violations, the Court demonstrates how obligations of prevention – long discussed in international caselaw and doctrine – can be concretely interpreted and judicially enforced at the domestic level«.

Traducción:

«Al determinar que el Estado belga no había tomado, en el momento pertinente, todas las medidas que razonablemente estaban a su alcance para prevenir las supuestas violaciones, la Corte demuestra cómo las obligaciones de prevención —que desde hace tiempo se debaten en la jurisprudencia y la doctrina internacionales— pueden interpretarse de manera concreta y hacerse valer judicialmente a nivel nacional«.

En septiembre del 2025, la inacción del Consejo Europeo y de la Comisión Europea fueron objetos de una demanda presentada en Francia por el colectivo de juristas JURDI (véase comunicado oficial).

Costa Rica: un cuestionable entusiasmo por el libre comercio con Israel

A diferencia del repudio generalizado contra Israel que se ha escuchado en Europa, y en Canadá, así como en otras latitudes (véase reciente entrevista al jefe de la diplomacia de Noruega), en Costa Rica el mutismo de su aparato diplomático es total cuando se trata de condenar a Israel. El pasado 24 de agosto, la cancillería de Costa Rica celebró el «Premio Jerusalém» otorgado al actual titular de la cartera de relaciones internacionales (véase comunicado oficial y algunas reacciones en redes sociales).

Más allá de las celebraciones por un premio que ningún canciller en el ejercicio de sus funciones ha recibido antes (de tener acceso algún /a  lector/a a la lista de los «Premios Jerusalén» otorgados con anterioridad, se le agradecería remitírnosla por si alguno de estos premios sí fue otorgado a un canciller en ejercicio) (Nota 9), hay que destacar el siguiente hecho: con ocasión de la discusión sobre un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel, los funcionarios de PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior) demostraron ante una comisión de la Asamblea Legislativa no conocer de las discusiones que tanto en Naciones Unidas como en el seno de la Unión Europea (UE) se tiene desde muchos años sobre el comercio con Israel. Resulta de interés leer al respecto esta nota del medio Delfino.cr del 3 de septiembre del 2026 con un título que resume bien lo observado. Al parecer, la intensificación de la política del «fait accompli» de Israel en Cisjordania denunciada (véase por ejemplo este artículo publicado en Bélgica recientemente) no es del conocimiento de PROCOMER. ¿Como así? Como se lee.

En esta otra nota del mismo medio digital con fecha del 10 de septiembre del 2026 (véase enlace), se indica que no llegaron a la comparecencia prevista el 10 de septiembre ante dicha comisión ni el jerarca de la diplomacia costarricense, como tampoco la jerarca de la cartera de comercio exterior costarricense, en razón de compromisos repentinos. Al parecer ambos jerarcas tampoco encontraron manera de delegar su intervención a un funcionario subalterno, como si ganar tiempo posponiendo al mes de octubre su comparecencia fuera la estrategia acordada (por razones que sería de cierto interés conocer).

Sobre el TLC entre Costa Rica e Israel, remitimos adicionalmente a una nota nuestra publicada en el Semanario Universidad (edición del 9 de septiembre del 2026) con respecto a tres criterios que fueron remitidos a la Asamblea Legislativa sobre la inconveniencia para Costa Rica de aprobar este TLC, así como a una emisión del programa universitario radial «Consulta Legal» del 10 de septiembre dedicada a este TLC con Israel (véase video), y a esta emisión del programa universitario «Interferencia» del día siguiente en Radio UCR.

Nótese que, en una sentencia de la Sala Constitucional de julio del 2025 (véase texto completo del voto 23967-2025), la cual se destaca por su extrema brevedad, el juez constitucional señaló que: «Ahora bien, con vista en lo expuesto anteriormente, la Sala estima que el reclamo del accionante resulta improcedente, pues el determinar con quién el Estado de Costa Rica debe suscribir o no convenios, o si la vigencia de estos debe suspenderse o no, no constituye un tema de constitucionalidad que pueda ser conocido en esta jurisdicción«. Una sentencia mucho más extensa de la Sala da una idea del tipo de respuestas recibidas por parte del recurrente sobre las acciones tomadas por la diplomacia costarricense con respecto a Gaza y a Israel (véase texto del voto 42187-2025 del 19 de diciembre del 2025).

Armar a Israel ¿sin percatarse del drama indecible que vive Gaza desde hace casi tres años? Datos recientes en proveniencia de Israel y de Gaza.

El apoyar a Israel militarmente puede generar consecuencias muy graves para un Estado, tratándose de las acusaciones de las que es objeto su insensato accionar militar en Gaza, tanto ante la CIJ como ante la Corte Penal Internacional (CPI): se trata de acusaciones ampliamente respaldadas y actualizadas por diversos informes de órganos de Naciones Unidas.

Es así como, desde septiembre del 2024, se pudo escuchar por parte del jefe de la diplomacia del Reino Unido, otro Estado exportador de armas hacia Israel, que (véase declaración oficial):

«It is with regret that I inform the House today, the assessment I have received leaves me unable to conclude anything other than that for certain UK arms exports to Israel there does exist a clear risk that they might be used to commit or facilitate a serious violation of international humanitarian law«.

Traducción:

«Lamento tener que informar hoy a la Cámara que, según la evaluación que he recibido, no puedo llegar a otra conclusión que no sea que, en el caso de ciertas exportaciones de armas del Reino Unido a Israel, existe un riesgo claro de que puedan usarse para cometer o facilitar una violación grave del derecho internacional humanitario«.

El último informe situacional (al 2 de septiembre del 2026) realizado por Naciones Unidas sobre lo que ocurre en Gaza está disponible en este enlace y desde ya se sugiere su lectura, completándola con este informe más general sobre lo que ocurre en todo el territorio palestino además de Gaza (al 4 de septiembre del 2026), y que inicia señalando que:

«Children continue to be killed by airstrikes and other attacks affecting populated areas in the Gaza Strip.

Most of Gaza’s 2.1 million are approaching the rainy season in overcrowded displacement sites, at risk of flooding and disease, while efforts to help them prepare are constrained by funding shortfalls and access restrictions«.

Traducción:

«Los niños siguen muriendo por los ataques aéreos y otros ataques que afectan a zonas pobladas en la Franja de Gaza.

La mayoría de los 2.1 millones de habitantes de Gaza se acercan a la temporada de lluvias en campamentos de desplazados superpoblados, expuestos al riesgo de inundaciones y enfermedades, mientras que los esfuerzos para ayudarlos a prepararse se ven limitados por la falta de fondos y las restricciones de acceso«.

Asfixiar a 2,1 millones de habitantes al no permitir entrar en Gaza ayuda humanitaria urgente que requieren estas personas, siendo sometidas desde la tarde/noche del mismo 7 de octubre del 2023, a bombardeos indiscriminados y desproporcionales, con una red hospitalaria prácticamente destruida, y con muchas de ellas viviendo a la intemperie en un desolador campo de ruinas, con poca agua y alimentación, constituye una faceta dramática del insensato accionar de Israel en Gaza, que Nicaragua espera poder explicar a la CIJ y relacionar a la generosa ayuda militar recibida por parte de Alemania.

El pasado 10 de septiembre, valientes comunicadores israelíes dieron a conocer un documental en la Bienal de cine de Venecia, titulado «Naza«, sobre la maquinaria destructiva militar israelí en Gaza dirigida desde programas informáticos que combinan rastreo y ubicación de llamadas, reconocimiento facial e inteligencia artificial (véase nota del medio israelí Magazine+972, así como este reportaje de Al Jazeera, esta nota de CNN y esta otra de France24). La conferencia de prensa completa de los directores de este documental en Venecia está disponible en este enlace y es sumamente recomendada escucharla. Este 14 de septiembre, Democracy Now dedicó un espacio al alcance y a los directores de este documental (véase enlace): este documental, como previsible, ha provocado las reacciones iracundas y los habituales exabruptos de las máximas autoridades israelíes (tanto en la esfera gubernamental como militar) que ya no impresionan mayormente a nadie (salvo algunas salas de redacción en Estados Unidos y algunos círculos que gravitan usualmente alrededor de las embajadas de Israel, con sus relevos en la prensa nacional): véase sobre estas reacciones furibundas israelíes esta nota de RadioFrance del 15 de septiembre.

Otra reacción iracunda contra la prensa israelí de investigación que revela algunos de los secretos mejores guardados del Primer Ministro israelí se puede leer en esta nota de la BBC (también del 10 de septiembre), en la que se precisa que:

«Según informó Haaretz, durante esa llamada, el jeque Bin Zayed advirtió explícitamente a Netanyahu que Sinwar le dijo a un exfuncionario palestino que Hamás estaba preparando una operación importante que describió como un «terremoto».Bin Zayed expresó su preocupación de que el suceso en cuestión no solo provocara un derramamiento de sangre, sino que también desestabilizara toda la región».

Este 15 de septiembre del 2026, en un comunicado oficial del Alto Comisionado para  los Derechos Humanos de Naciones Unidas en persona, pasado totalmente desapercibido en la prensa internacional (véase texto completo), se puede leer que:

«I worry the remains recovered so far may only be the tip of the iceberg. Much of Gaza has been flattened by Israeli bombing or demolition and clearing by heavy machinery and explosives. Today, many areas in Gaza where the Israeli military is deployed continue to be levelled by bulldozers with no respect for the dead under the rubble«.

Traducción:

«Me preocupa que los restos recuperados hasta ahora sean solo la punta del iceberg. Gran parte de Gaza ha quedado arrasada por los bombardeos israelíes o por la demolición y el desmonte con maquinaria pesada y explosivos. Hoy en día, muchas zonas de Gaza donde está desplegado el ejército israelí siguen siendo arrasadas por las excavadoras sin ningún respeto por los muertos que yacen bajo los escombros«.

A modo de conclusión

Finalizadas las audiencias en La Haya en esta segunda semana de septiembre del 2026, la CIJ inició su «délibéré» para  decidir (en un plazo que puede variar entre 3 meses y 9 meses) si son o no de recibo los argumentos presentados por Alemania.

Con relación a la estrategia jurídica de Alemania, no está de más recordar que no es exenta de riesgos: en efecto, cual sea el caso contencioso entre dos Estados, el invocar por parte del Estado demandado excepciones preliminares sobre la supuesta incompetencia de la CIJ puede ser interpretado por algunos de los integrantes de la CIJ como una renuencia de un Estado (que no quiere que la justicia internacional examine el fondo del asunto).

Desde este punto de visto, se puede considerar desde ya cuestionable la estrategia de Alemania: dado el dramático contexto que se vive Gaza, Alemania hubiera perfectamente podido evitar recurrir a este incidente procesal y aceptar la competencia de la CIJ sin mayor dilación. Al recurrir a este incidente procesal, se podría también  interpretar que Alemania, por alguna razón muy propia (y que sería se sumo interés conocer), está buscando ganar tiempo.

Dentro de unos meses, será la CIJ la que indicará en qué medida Nicaragua puede continuar con este procedimiento contencioso interpuesto contra Alemania con respecto al fondo de su demanda.

-El autor, Nicolas Boeglin, es Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Contacto : nboeglin@gmail.com.

Notas:

Nota 1:  Véase BOEGLIN N., «Audiencias orales de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el marco de la controversia Guyana vs. Venezuela: algunas  reflexiones«, 11 de mayo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre la ordenanza de la CIJ del 30 de abril relativa a la solicitud de medidas provisionales de Nicaragua contra Alemania«, 30 de abril del 2024. Texto integral disponible en este enlace. Véase también un análisis de dos colegas alemanes, STENDEL R., WENTKER A., “Taking the Road Less Travelled: The ICJ’s Pragmatic Approach to Provisional Measures in Nicaragua v Germany”, EJIL-Talk, edición del 3 de marzo del 2024. Texto integral disponible en este enlace, incluyendo dos comentarios nuestros a los autores de este análisis. De igual manera desde Alemania, véase también (más completo que el anterior análisis), TALMON S., «Why the provisional measures order in Nicaragua v. Germany severely limits Germany´s ability to transfer arms to Israel«, Verfassungsblog, edición del 2 de mayo del 2024. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 3: Leemos que para el integrante nativo de Sudáfrica en el seno de la CIJ, esta ordenanza de la CIJ envía una señal muy clara a otros Estados que suplen de armas y municiones a Israel. En el último párrafo de su declaración individual, señala que:

«13. While the Court has not issued any provisional measures at this stage, the current Order makes plain that it expects Germany, and other States supplying weapons to Israel, to exercise due diligence and ensure that weapons transferred to Israel are not used in the commission of acts of genocide or breaches of international humanitarian law. For me this is not a hollow statement but a statement with real legal significance. In particular, in the consideration of the responsibility of Germany, or any other State, for breaches of either the Genocide Convention or international humanitarian law, including responsibility for not taking appropriate measures in the face of a risk of such breaches, the effect of this Order would be to remove any plausible deniability of knowledge of the risk. ../ ..   

13. Si elle n’a pas indiqué de mesures conservatoires à ce stade, la Cour fait néanmoins clairement savoir, dans l’ordonnance rendue ce jour, qu’elle attend de l’Allemagne, ainsi que des autres États qui fournissent des armes à Israël, qu’ils fassent preuve de la diligence requise et veillent à ce que les armes transférées à Israël ne soient pas utilisées pour commettre des actes de génocide ni pour enfreindre le droit international humanitaire. À mes yeux, c’est non pas une formule creuse, mais une déclaration ayant une véritable portée juridique. En particulier, si la Cour devait examiner la responsabilité de l’Allemagne, ou de tout autre État, à raison de manquements à la convention sur le génocide ou au droit international humanitaire, y compris la responsabilité qu’engagerait le fait de ne pas avoir pris de mesures adéquates alors que de tels manquements risquent d’être commis, l’ordonnance rendue ce jour aurait pour effet de priver les intéressés de toute possibilité de nier, de manière plausible, avoir eu connaissance de ce risque».

Traducción:

«13. Aunque la Corte no ha dictado ninguna medida provisional en esta etapa, la orden actual deja claro que espera que Alemania, y otros Estados que suministran armas a Israel, actúen con la debida diligencia y se aseguren de que las armas transferidas a Israel no se usen para cometer actos de genocidio o violaciones del derecho internacional humanitario. Para mí, esto no es una declaración vacía, sino una declaración con verdadero significado legal. En particular, al analizar la responsabilidad de Alemania, o de cualquier otro Estado, por violaciones de la Convención sobre el Genocidio o del derecho internacional humanitario —incluida la responsabilidad por no tomar las medidas adecuadas ante el riesgo de tales violaciones—, el efecto de esta orden sería eliminar cualquier negación plausible de haber tenido conocimiento del riesgo. ../ ..

Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Nicaragua, a propósito de la renuncia de uno de los principales artífices de logros obtenidos ante la justicia internacional, LaRevista.cr, edición del 9 de abril del 2022. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 5: Véase BOEGLIN N., «Ocupación prolongada y colonización ilegal israelí del territorio palestino: apuntes con relación a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)», 19 de julio del 2024. Texto integral disponible en este enlace. Véase también un análisis de dos colegas galos, MAIA C., POISSONNIER G., “Avis de la CIJ de 2024 relatif à l’occupation du territoire palestinien: une analyse au prisme du droit international des droits humains”, La Revue des Droits de l’Homme, Actualités Droits-Libertés.Texto integral disponible en este enlace.

Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre el alcance de la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 22 de octubre del 2025. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 7: Véase esta nota de The Guardian del 20 de mayo del 2025 titulada «UK suspends trade talks with Israel and attacks ‘repellent’ extremism«. Cabe precisar que en su intervención, el jefe de la diplomacia británica externó ante el Parlamento británico  (véase texto completo) que:

«As the Prime Minister and fellow leaders said yesterday, we cannot stand by in the face of this new deterioration. It is incompatible with the principles that underpin our bilateral relationship. Rejected by Members across this House and frankly it’s an affront to the values of the British people«.

Traducción:

«Como dijeron ayer el primer ministro y los demás líderes, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante este nuevo deterioro. Es incompatible con los principios que sustentan nuestra relación bilateral. Ha sido rechazado por los diputados de toda esta Cámara y, francamente, es una afrenta a los valores del pueblo británico«.

Nota 8: Véase MINGET C., «Domestic Courts and the States’ Obligation to Prevent Genocide and Serious Violations of IHL: The Brussels Court of Appeal’s Interlocutory Judgment of 16 March 2026«, EJIL–Talk, edición del 26 de mayo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 9: En el caso de Uruguay, el denominado «Premio Jerusalém» fue otorgado en el 2026 a un periodista (véase emisión de la televisión uruguaya). En el caso de Colombia, en el 2025, este mismo premio también fue otorgado a un periodista y columnista (véase enlace). En el caso de Costa Rica, en el 2023, este premio fue otorgado a una ex jueza costarricense de la Corte Penal Internacional (CPI) que fungió luego como jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el período 2016-2021: véase nota de La Nación de agosto del 2023. Siempre con respecto a Costa Rica, este premio fue otorgado a un ex diplomático en el 2022 (véase nota de prensa). No se tiene conocimiento de un premio de este tipo otorgado a un canciller meses después de debutar sus funciones, como es el caso del actual canciller de Costa Rica, que inició sus funciones en mayo del 2026. En el 2025, el  actual Presidente de Argentina recibió otro premio en Israel, conocido, según se lee como el «Premio Nobel del mundo judío» (véase nota oficial de prensa).

Siguenos en twitter:
https://twitter.com/DifusionRebelde
@DifusionRebelde