Nicaragua contra Alemania en La Haya en defensa del pueblo Palestino: el proceso continúa...

Por Javier Huerta

Mientras sobre Gaza continúan cayendo bombas, mientras cuerpos quedan sepultados entre las ruinas, familias palestinas siguen desplazándose entre edificios destruidos y refugios precarios, y niños quedan huérfanos sin comprender por qué su mundo se ha convertido en un paisaje de muerte y destrucción, a miles de kilómetros de distancia se desarrolla otra batalla, de naturaleza muy diferente, pero profundamente relacionada con esa realidad. En el Palacio de la Paz de La Haya, Nicaragua y Alemania han llevado ante la Corte Internacional de Justicia una disputa que coloca en el centro una cuestión de enorme trascendencia: qué responsabilidad puede tener un Estado cuando proporciona apoyo y material militar a otro Estado en medio de graves denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario.

Entre el 7 y el 10 de septiembre de 2026, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) escuchó durante cuatro jornadas los argumentos de Nicaragua y Alemania. Pero los jueces no estaban juzgando todavía el fondo de las acusaciones. Lo que estaba en juego era una cuestión previa: determinar si las objeciones presentadas por Berlín deben impedir que el procedimiento continúe o si, por el contrario, Nicaragua podrá llevar sus reclamaciones a una fase posterior en la que la Corte pueda examinarlas en profundidad. Las audiencias terminaron el 10 de septiembre, pero el procedimiento continúa. Ahora corresponde a la Corte deliberar y decidir sobre las objeciones preliminares de Alemania. La fecha en que se dará a conocer públicamente esa decisión todavía no ha sido anunciada.

Para entender por qué Nicaragua ha llegado nuevamente hasta La Haya hay que retroceder hasta marzo de 2024, cuando presentó formalmente una demanda contra Alemania bajo el nombre oficial de “Presuntas violaciones de ciertas obligaciones internacionales con respecto al Territorio Palestino Ocupado”. Nicaragua sostiene que Alemania ha incumplido obligaciones derivadas de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y del derecho internacional humanitario, entre ellas las relacionadas con la prevención del genocidio y el respeto de los Convenios de Ginebra. En su demanda, Managua cuestiona el apoyo político, financiero y militar alemán a Israel, incluidas las exportaciones de material militar, y también la suspensión de financiación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, UNRWA. Alemania rechaza las acusaciones y ha planteado objeciones tanto sobre la jurisdicción de la Corte como sobre la admisibilidad de determinadas reclamaciones. El litigio se encuentra ahora precisamente en esa fase preliminar.

La relación entre Nicaragua y Palestina, sin embargo, viene de mucho antes de la actual guerra de Gaza. Tiene raíces que atraviesan buena parte del siglo XX y que están vinculadas a las luchas anticoloniales y de liberación nacional que marcaron aquella época. El artículo “Nicaragua y la causa palestina”, escrito por Stephen Sefton, recupera parte de esa memoria histórica. Allí aparecen episodios como la figura de Ghadeer Abu Sneineh, palestino nacido en Colombia que, según las fuentes recogidas por Sefton y otros autores, se incorporó a las fuerzas de Sandino y Tras el asesinato del general en 1934, tuvo que huir de Centroamérica y viajó a Palestina, donde se incorporó activamente a la Gran Revuelta Árabe de 1936 para combatir el Mandato Británico y la colonización de su tierra de origen.. El investigador y escritor Martín Alejandro Martinelli también ha recuperado gran parte de esta dimensión histórica de los vínculos entre las luchas nicaragüense y palestina.

Aquellos vínculos se profundizaron durante las décadas posteriores. El Frente Sandinista de Liberación Nacional estableció relaciones con organizaciones palestinas y, en los años setenta, la solidaridad adquirió incluso una dimensión internacionalista directa. Militantes sandinistas recibieron entrenamiento junto a fuerzas palestinas y algunos participaron en acciones vinculadas a la lucha palestina. Entre ellos estuvieron Patricio Argüello Ryan y Juan José Quezada. Argüello murió el 6 de septiembre de 1970 durante una operación vinculada a la lucha palestina. Son episodios que hoy pueden parecer lejanos, pero ayudan a comprender por qué Palestina no aparece en la política exterior nicaragüense como una cuestión coyuntural surgida después de octubre de 2023.

La llegada del FSLN al poder en 1979 convirtió aquella relación militante en una relación política, diplomática y de cooperación. Yasser Arafat visitó Managua en julio de 1980, y Nicaragua estableció relaciones con Palestina ese mismo año. Durante las décadas siguientes se desarrollaron intercambios en distintos campos y Managua mantuvo su respaldo al derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a disponer de un Estado. En 2010 Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Israel después del ataque contra la flotilla internacional que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza. En 2013, el entonces ministro de Relaciones Exteriores palestino, Riad Malki, visitó Nicaragua para profundizar los vínculos entre ambos pueblos, mientras que en 2018 se acordó una cooperación entre la Agencia de Cooperación Internacional de Palestina y el Ministerio de Salud nicaragüense para fortalecer la formación profesional en técnicas quirúrgicas. Esta relación de solidaridad tuvo también una nueva expresión con la visita de Leila Khaled a Nicaragua en 2024, durante los actos conmemorativos del 45.º aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Nicaragua desde los actos de celebración busco defender y proyectar, a nivel inernacional la causa y la voz del pueblo palestino, y a su vez, con la presencia de Palestina en Nicaragua, reconocian el buen trabajo desarrollado por la Nicaragua sandinista y su apuesta por construir mejores condiciones de vida, soberanía y futuro para su propio pueblo.

La historia también tiene otra cara. Durante la dictadura somocista, Israel mantuvo relaciones militares con el régimen de Anastasio Somoza, suministrándole armamento. Esa experiencia forma parte de la memoria política desde la que Managua interpreta hoy la situación palestina. Para Nicaragua, las luchas contra la intervención extranjera, el colonialismo y la dominación militar no son episodios separados, sino experiencias históricas conectadas. Esa perspectiva ayuda a entender la intensidad con la que el Gobierno nicaragüense ha reaccionado ante la destrucción de Gaza y explica también por qué ha decidido trasladar parte de esa confrontación al terreno jurídico internacional.

Nicaragua ya conocía ese camino. En 1984 llevó a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia por sus actividades militares y paramilitares contra Nicaragua. En su sentencia de 27 de junio de 1986, la CIJ concluyó que Estados Unidos había violado obligaciones derivadas del derecho internacional consuetudinario, entre ellas las relativas a la prohibición del uso de la fuerza, la no intervención, la soberanía y otras obligaciones internacionales. Aquella sentencia se convirtió en uno de los episodios más importantes de la historia jurídica internacional de Nicaragua y constituye un antecedente que ayuda a comprender por qué Managua vuelve ahora a utilizar la Corte como escenario para plantear una controversia frente a un Estado poderoso.

La diferencia fundamental es que ahora Nicaragua no demanda a Israel, sino a Alemania. Esa distinción resulta esencial. La demanda presentada el 1 de marzo de 2024 no pretende que la CIJ juzgue directamente las actuaciones de Israel, sino que examine las obligaciones internacionales que Nicaragua atribuye a Alemania por sus propias actuaciones. Alemania sostiene, entre otros argumentos, que determinadas cuestiones planteadas por Nicaragua no pueden ser resueltas sin abordar jurídicamente la conducta de Israel y que eso afecta a la jurisdicción y a la admisibilidad del caso. En el centro de esta discusión aparece también el denominado principio de Oro Monetario, una cuestión jurídica relacionada con los límites que tiene la Corte cuando la resolución de una controversia podría afectar a los derechos o responsabilidades de un tercer Estado que no es parte del procedimiento.

Y aquí aparecen las armas. Porque detrás de las discusiones sobre jurisdicción y admisibilidad existe una cuestión material que resulta imposible ignorar: qué exporta Alemania a Israel, cuándo lo hace y qué obligaciones tiene un Estado cuando autoriza la transferencia de material militar hacia una zona de guerra en la que existen graves denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario.

Cuando Nicaragua presentó su demanda, incorporó al expediente datos sobre las autorizaciones alemanas. La propia CIJ recogió en su Orden de 30 de abril de 2024 que Alemania había autorizado en 2023 exportaciones de “material militar y armas de guerra” por más de 326 millones de euros, más de diez veces la cifra correspondiente a 2022. Nicaragua señaló además que casi 300 millones de euros correspondían a licencias de material militar concedidas desde el comienzo de la operación militar israelí en Gaza y que a comienzos de 2024 se habían concedido nuevas licencias por más de 9 millones de euros. Alemania, por su parte, sostuvo ante la Corte que la inmensa mayoría de las licencias concedidas desde el 7 de octubre de 2023 correspondían a la categoría de “otro material militar” y no a “armas de guerra”, y defendió que las autorizaciones se examinaban caso por caso.

La cuestión no quedó congelada en las cifras de 2024. Los datos oficiales del Bundestag muestran que Alemania continuó autorizando exportaciones de material militar a Israel durante 2025 y 2026. Entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 se concedieron autorizaciones por unos 167,4 millones de euros, mientras que entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026 el Gobierno alemán autorizó exportaciones por unos 735,76 millones de euros. Esta última cifra requiere una lectura cuidadosa: el propio Gobierno alemán señaló que alrededor del 67% correspondía a un gran proyecto del sector naval y otro 21% a la cooperación entre empresas alemanas e israelíes relacionada con las necesidades de las Fuerzas Armadas alemanas; el resto correspondía a otros bienes militares y, según la respuesta oficial, no incluía armas de guerra. Se trata además de cifras provisionales y parte de la información está limitada por razones de seguridad.

Estos datos, por sí solos, no demuestran que Alemania haya violado el derecho internacional. Esa es precisamente una de las cuestiones que Nicaragua pretende que la Corte pueda examinar. Pero sí permiten entender por qué las transferencias de material militar ocupan un lugar central en el litigio. La discusión no gira únicamente alrededor de declaraciones políticas, sino de decisiones concretas de autorización y transferencia y de las obligaciones que el derecho internacional impone a los Estados cuando existe un riesgo de que ese material pueda ser utilizado para cometer graves violaciones.

La CIJ ya abordó una parte de esta cuestión en abril de 2024, cuando Nicaragua solicitó medidas provisionales para que Alemania suspendiera determinadas formas de asistencia militar a Israel, impidiera que el material ya entregado pudiera utilizarse para cometer graves violaciones del derecho internacional y retomara la financiación de UNRWA. La Corte decidió, por 15 votos contra uno, que las circunstancias existentes entonces no requerían la adopción de las medidas provisionales solicitadas. Pero hay una precisión fundamental: aquella decisión no resolvió el fondo del caso. La propia Corte dejó claro que la decisión no prejuzgaba su jurisdicción sobre el fondo, la admisibilidad de la demanda ni las cuestiones sustantivas planteadas por Nicaragua. Al mismo tiempo, recordó a todos los Estados las obligaciones internacionales relacionadas con la transferencia de armas a las partes de un conflicto armado para evitar el riesgo de que esas armas fueran utilizadas en violación de los Convenios de Ginebra.

Dos años después, aquella advertencia sigue teniendo relevancia. Porque mientras los jueces discuten sobre jurisdicción, admisibilidad y responsabilidad internacional, en Gaza la realidad no se ha detenido. El informe de OCHA del 11 de septiembre de 2026 señalaba que los ataques aéreos israelíes y otros ataques continuaban golpeando zonas pobladas, provocando víctimas, daños materiales y nuevos desplazamientos. Según el Ministerio de Salud de Gaza, citado por OCHA, 35 palestinos fueron reportados muertos y 104 heridos entre el 2 y el 9 de septiembre. El mismo informe situaba en 1.358 los fallecidos y 4.541 los heridos desde el anuncio del alto el fuego del 10 de octubre de 2025, además de otros 160 fallecimientos incorporados posteriormente al registro tras la identificación de las víctimas.

Pero las cifras no cuentan por sí solas la dimensión humana de lo que está ocurriendo. OCHA señalaba también que los hogares encabezados por mujeres se han duplicado desde octubre de 2023 y alcanzan aproximadamente 86.000 familias, casi una de cada cuatro familias de Gaza. El acceso al agua continúa siendo extremadamente precario: el organismo de Naciones Unidas señalaba que el 91% de los hogares evaluados sufrían una inseguridad hídrica moderada o alta. En esas condiciones, hospitales, centros de salud, plantas de agua y otros servicios esenciales siguen dependiendo de recursos que llegan de forma insuficiente y sometidos a enormes restricciones.

Es en esta realidad donde la controversia jurídica adquiere toda su dimensión. Nicaragua sostiene que Alemania tiene obligaciones internacionales propias y que la Corte puede examinarlas sin convertir a Israel en parte del procedimiento. Alemania sostiene, entre otras cosas, que determinados aspectos de las reclamaciones de Nicaragua no pueden ser examinados de la manera planteada y que Israel constituye un elemento indispensable para resolver cuestiones fundamentales del litigio. La discusión sobre el principio de Oro Monetario se sitúa precisamente en ese terreno. No es un simple tecnicismo: afecta a los límites de la jurisdicción de la Corte y a la posibilidad de que un Estado sea juzgado por sus propias obligaciones cuando la controversia está relacionada con la conducta de un tercero que no participa en el proceso.

Las audiencias de septiembre fueron, por tanto, una etapa decisiva, pero no una sentencia. Alemania defendió sus objeciones durante la primera ronda del 7 de septiembre y volvió a intervenir el día 9. Nicaragua respondió el 8 y presentó sus argumentos finales el 10 de septiembre. Al concluir las audiencias, la propia CIJ confirmó que el procedimiento había entrado en la fase de deliberación. Todavía no existe una sentencia sobre el fondo y la Corte tampoco ha declarado que Alemania haya cometido las violaciones que Nicaragua le atribuye.

Sobre estas audiencias resulta especialmente interesante el análisis publicado el 17 de septiembre por el jurista costarricense Nicolás Boeglin, titulado “Exportar armas hacia Israel ¿como si nada pasara en Gaza? Audiencias públicas en La Haya en el marco de la demanda Nicaragua c. Alemania por complicidad”. Su texto permite seguir con detalle los argumentos jurídicos planteados durante las jornadas de La Haya y situar el litigio dentro del debate internacional sobre las transferencias de armas a Israel.

También resulta útil recuperar, antes de las audiencias, el artículo de Becca Renk Foster, “Nicaragua alzará de nuevo su voz en favor de Palestina ante la CIJ”, publicado en agosto de 2026. Aquel texto explicaba el contexto de las nuevas audiencias y recordaba precisamente la experiencia de Nicaragua ante la Corte en el caso contra Estados Unidos. Y el trabajo de Stephen Sefton, “Nicaragua y la causa palestina”, publicado en septiembre, permite completar la dimensión histórica que rodea al actual litigio: desde los primeros vínculos entre revolucionarios nicaragüenses y palestinos hasta las relaciones diplomáticas, la cooperación y la posición mantenida por Managua durante las últimas décadas.

¿Y qué ocurre ahora? La respuesta es más sencilla que todo lo que se ha discutido en la sala, aunque sus consecuencias pueden ser importantes. La Corte debe deliberar y decidir sobre las objeciones preliminares de Alemania. La fecha de lectura pública de esa decisión todavía no ha sido anunciada. Si la Corte acepta objeciones que impidan continuar con determinadas reclamaciones, el procedimiento podría quedar limitado o terminar en esta fase. Si las rechaza total o parcialmente, el caso podrá avanzar hacia una etapa posterior en la que las partes deberán discutir el fondo de las acusaciones. Por ahora, ninguna de esas posibilidades debe presentarse como un resultado anticipado.

Por eso las audiencias de septiembre no deberían convertirse en una supuesta victoria definitiva de Nicaragua ni en una derrota definitiva de Alemania. Lo que ha terminado es una etapa del procedimiento; no el litigio. Lo que sí ha quedado sobre la mesa es una cuestión que trasciende a ambos gobiernos: hasta dónde llegan las obligaciones de un Estado que suministra o autoriza material militar cuando ese material puede terminar siendo utilizado en un conflicto en el que existen graves denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario.

Y aquí aparecen las dos grandes preguntas que deberían quedar abiertas mucho más allá de los abogados y los jueces de La Haya.

La primera es la responsabilidad de los Estados que suministran armas cuando existe un riesgo grave de que esas armas sean utilizadas para cometer violaciones del derecho internacional. ¿Dónde comienza y dónde termina la responsabilidad de quien fabrica, autoriza, exporta, financia o facilita material militar? ¿Puede un Estado limitarse a afirmar que cada licencia ha seguido sus procedimientos nacionales o el derecho internacional exige una evaluación más profunda cuando las circunstancias sobre el terreno muestran un riesgo grave para la población civil? La propia CIJ recordó en 2024 que los Estados tienen obligaciones respecto de la transferencia de armas a las partes de un conflicto armado. Si el procedimiento llega al fondo, una de las cuestiones será precisamente determinar el alcance jurídico de esas obligaciones.

La segunda pregunta es todavía más amplia: qué hacen los gobiernos del mundo cuando la destrucción y la muerte de la población palestina continúan y millones de personas reclaman en distintos países que se detenga la violencia y se proteja a la población civil. No se trata solamente de lo que ocurra dentro de una sala de la CIJ. Se trata de saber qué significado tienen las declaraciones de defensa del derecho internacional cuando, al mismo tiempo, continúan las operaciones militares, los desplazamientos, la destrucción de viviendas e infraestructuras y la muerte de civiles. Se trata de saber qué mecanismos políticos, diplomáticos, económicos y jurídicos están dispuestos a utilizar los gobiernos ante una situación que Nicaragua y otros actores califican de genocidio y ante unas denuncias de graves violaciones que continúan siendo documentadas por organismos internacionales.

Porque mientras los gobiernos intercambian notas diplomáticas y los abogados preparan alegatos, el pueblo palestino sigue sufriendo y siguen muriendo personas. Esa realidad no puede quedar convertida en el telón de fondo de un procedimiento judicial. Es el motivo por el que la discusión sobre las armas, las responsabilidades y el derecho internacional tiene consecuencias concretas sobre vidas humanas.

Nicaragua ha decidido llevar esa discusión hasta La Haya. Lo hizo en marzo de 2024, después de décadas de vínculos con Palestina y después de haber utilizado anteriormente la misma Corte para enfrentarse jurídicamente a Estados Unidos. En 2026 ha vuelto a situar ante los jueces una cuestión incómoda para cualquier sistema internacional que pretenda hacer valer unas mismas reglas para todos: si el derecho internacional establece obligaciones para los Estados, esas obligaciones deben ser examinadas también cuando afectan a aliados estratégicos y a transferencias de material militar.

La respuesta todavía no está escrita. Primero tendrá que decidirla la Corte en relación con las objeciones preliminares de Alemania. Después, si el procedimiento continúa, llegará el momento de discutir el fondo. Y solamente entonces podrá conocerse qué establecerá jurídicamente la CIJ sobre las responsabilidades concretas denunciadas por Nicaragua.

Mientras tanto, Palestina sigue siendo una realidad viva, no un expediente. Y Nicaragua sigue sosteniendo ante la comunidad internacional que la solidaridad con el pueblo palestino no puede quedarse únicamente en declaraciones. La pregunta que queda sobre la mesa ya no es solamente qué ocurrirá con Nicaragua contra Alemania. La pregunta es qué significa realmente el derecho internacional cuando quienes están en juego son las vidas de miles de personas y cuando el mundo lleva años reclamando que esa muerte termine.

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La ONU entre expectativas y realidad

Por Fabrizio Casari

Por unos días, el mundo vuelve a reunirse bajo el mismo techo. El 22 de septiembre comienza el debate de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrollará hasta el 29 de septiembre. El tema de esta sesión es tan ambicioso como retórico: «Restoring trust, managing transformation: a United Nations that delivers for all»: reconstruir la confianza, gestionar la transformación, hacer de la ONU una organización capaz de actuar para todos.

Será la última sesión dirigida por António Guterres, cuyo mandato termina el 31 de diciembre de 2026. El proceso para elegir al próximo secretario general está en curso y el nombramiento final requiere la recomendación del Consejo de Seguridad y, por tanto, de hecho, el acuerdo de las cinco potencias con derecho de veto.

Ucrania, Oriente Medio, Sudán y otras crisis estarán inevitablemente entre los principales temas de las intervenciones de los líderes y de las reuniones bilaterales. Cabe esperar sobre todo declaraciones políticas, más que decisiones capaces de abrir vías decisivas para resolver las crisis internacionales.

Guerras, crisis energética y climática: la 81.ª Asamblea General pondrá en escena todas las contradicciones de un orden internacional que ya no consigue gestionar sus propias crisis y que elige las guerras militares y comerciales, financieras y diplomáticas contra el Sur Global y el Este para mantenerse al frente del planeta.

La ONU llega a esta Asamblea con una paradoja evidente: sería más necesaria que nunca, pero parece más débil que nunca. Occidente, con la guerra en Ucrania por un lado y el genocidio de los palestinos y la expansión colonial sionista por otro, demuestra su doble rasero respecto al Derecho Internacional: con los enemigos se aplica y con los amigos se interpreta.

El elefante en la habitación sigue siendo la cuestión de las cuestiones: ¿cómo hacer eficaces a las Naciones Unidas en la prevención de las crisis, en su gestión y en los procesos diplomáticos necesarios para reducir los conflictos?

El Consejo de Seguridad sigue condicionado por el derecho de veto de sus cinco miembros permanentes. Una parte creciente del mundo reclama que las instituciones internacionales reflejen finalmente los equilibrios del siglo XXI y no los de 1945. India, África, América Latina, el mundo árabe y muchas otras realidades desean una reforma de la representación internacional, y esta no puede considerarse una simple disputa diplomática.

Como proponía la Reforma concebida por el padre Miguel D’Escoto Brockmann, nicaragüense y sandinista, durante el período en el que fue presidente de la Asamblea General (2008), solo una inversión de los roles entre la Asamblea y el Consejo podría proporcionar criterios de democracia y funcionalidad al futuro de la ONU. Es una cuestión democrática y, al mismo tiempo, de realismo político.

Por eso, el tema de la Reforma de las Naciones Unidas, y en particular el de la relación entre la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, debe ser incluido en la agenda lo antes posible. Si no por una cuestión de justicia y de lectura objetiva de las transformaciones planetarias producidas después de Yalta, al menos por la evidencia palpable del estancamiento en el que se encuentra la organización y que la hace, ante la prueba de los conflictos, completamente ineficaz.

La 81.ª sesión de los trabajos presenta también una evidencia simbólica de su ineficacia: la prohibición de participación en los trabajos impuesta por Estados Unidos a Mahmoud Abbas, presidente palestino. El episodio es mucho más que un incidente diplomático. Por tanto, según Estados Unidos, se puede hablar de Palestina, pero solo en ausencia de los palestinos.

La Asamblea General reaccionó autorizando a Abbas y a otros representantes palestinos de alto nivel a participar a distancia. La decisión fue aprobada con 152 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones.

Por tanto, por un lado, la ONU afirma que los representantes del Estado de Palestina deben poder participar en sus trabajos. Por otro, la sede de la Organización se encuentra en el territorio de un Estado que puede impedirles llegar hasta ella. Pero si el acceso a la sede de la organización universal depende de la voluntad del país que la alberga, ¿qué autonomía le queda a la ONU?

Estados Unidos es el país anfitrión de la ONU, pero no es el «propietario» de la ONU ni tiene el poder de decidir quién puede participar en sus trabajos. Asumió, mediante el Acuerdo de Sede de 1947 (Headquarters Agreement), obligaciones internacionales específicas precisamente para evitar que la jurisdicción territorial impidiera a la ONU funcionar. El artículo XI se refiere al acceso al distrito de las Naciones Unidas: la obligación asumida por Estados Unidos es no imponer impedimentos al tránsito hacia o desde la sede a las personas invitadas por la ONU para actividades oficiales.

Precisamente mientras el imperio unipolar de orientación anglosajona se encamina hacia la fase definitiva de su crisis política, ética, económica y militar, el papel de las Naciones Unidas debería reconsiderarse como una urgencia histórica.

Ochenta años después del final de la Segunda Guerra Mundial, ante una tercera que corre el riesgo de pasar de escenarios regionales a escenarios globales, la pregunta decisiva que la ONU debería plantearse es: ¿qué arquitectura política puede hacer posible una paz basada en los derechos, la seguridad y la autodeterminación?

Ucrania

Con respecto a Ucrania, la ONU se encuentra ante la contradicción entre ambiciones occidentales y realidad. La guerra solo puede terminar mediante una combinación de alto el fuego, negociación, garantías de seguridad y acuerdos políticos, y la búsqueda de una paz posible no puede dejar de contemplar algunas condiciones básicas.

Occidente, que preparó, financió y llevó adelante esta guerra por medio de los ucranianos, debe comprender que la expansión hacia el Este de la OTAN ha terminado; que no puede pensar en declarar a Rusia como enemigo al que infligir una derrota estratégica y después intentar rodearla sin que Moscú reaccione; y que el tema de una arquitectura de seguridad euroasiática debe abordarse también y, sobre todo, teniendo en cuenta la seguridad que Rusia reclama.

Irán

Aún más delicada será la cuestión iraní. La derrota militar de la coalición entre Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí está determinando un escenario inédito y, al mismo tiempo, una gravísima crisis energética debido a la guerra, que mantiene cerrados los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb.

No existe ninguna posibilidad de acuerdo sin la salida de Estados Unidos de la zona que se extiende desde el mar Rojo hasta el golfo Pérsico. Deben promoverse y apoyarse, en cambio, el acercamiento entre Riad y Teherán iniciado con la mediación china que permitió la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países, hoy los dos dentro del área de los BRICS.

El diálogo entre Irán, Arabia Saudí, Omán y los Emiratos Árabes Unidos es necesario para devolver el golfo Pérsico a la soberanía de los países que lo habitan.

No solo guerras

El programa oficial de la Asamblea contiene cuestiones que están lejos de ser secundarias: el derecho al desarrollo, la crisis climática y la transición posible, el aumento del nivel del mar, la prevención de las pandemias, la lucha contra el racismo y el desarme nuclear, la atención a la IA, seguridad alimentaria, sanitaria, energética, climática y laboral.

Pero ¿qué significa hablar de transición ecológica y de desarrollo si los países con economías emergentes son boicoteados por una red de sanciones y amenazas militares del Norte y aquellos de ellos más endeudados que se ven obligados a destinar enormes recursos al servicio de la deuda en lugar de destinarlos a la sanidad y la educación? ¿Qué significa prepararse para la próxima pandemia si el acceso a los medicamentos y a las tecnologías sigue siendo profundamente desigual?

Uno de los elementos más importantes de la actual crisis de la ONU es la creciente distancia entre la arquitectura institucional del mundo y la realidad del propio mundo. ¿Quién decide sobre las guerras? ¿Quién decide sobre las sanciones? ¿Quién decide sobre el uso de la fuerza? ¿Quién puede bloquear una decisión respaldada por la mayoría? Si la ONU debe sobrevivir, tarde o temprano tendrá que afrontar estas preguntas.

No es un tema que pueda posponerse indefinidamente. La tentación podría ser mirar a la ONU únicamente a través de sus contradicciones: las guerras que no consigue detener, los vetos del Consejo de Seguridad, las declaraciones que a menudo no producen consecuencias. Pero sería un error concluir que, porque la ONU es imperfecta, es inútil. Es exactamente lo contrario. Cuanto más multipolar se vuelve el mundo, más necesita instituciones comunes.

Necesita reformas profundas: una mayor representatividad del Consejo de Seguridad, el fortalecimiento de la Asamblea General, el respeto efectivo del derecho internacional, una financiación adecuada y una participación más fuerte de los países del Sur Global.

Nacida en un mundo de unos 4.000 millones de personas, hoy, cuando nos acercamos a los 8.000 millones, debe ser actualizada y revalorizada, ya que es, por definición, el organismo que representa a toda la comunidad internacional.

Pero debe ser devuelta a una democratización efectiva que, teniendo en cuenta el peso demográfico, económico y territorial de sus miembros en los procesos de toma de decisiones, represente la expresión política del Sur Global y de todo ese mundo que emerge a pesar de que las botas imperiales intenten aplastar sus legítimas aspiraciones. Esta es la verdadera partida que se juega en Nueva York.

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Colombia: la larga guerra por la tierra, la riqueza y el poder

Por Javier Huerta

Una historia de violencia, exclusión y excepcionalidad para comprender la Colombia de hoy

Del asesinato de Gaitán al regreso de la mano dura: tierra, oligarquía, capitalismo, militarización y dependencia de Estados Unidos

Colombia vuelve a encontrarse ante una de esas encrucijadas históricas en las que la palabra democracia corre el riesgo de quedarse demasiado pequeña para explicar la realidad. El país mantiene elecciones, Congreso, partidos, tribunales y una Constitución que reconoce derechos fundamentales, pero detrás de esa arquitectura institucional permanece una historia marcada por la concentración de la tierra, la desigualdad económica, la violencia política, el desplazamiento campesino, el paramilitarismo, el narcotráfico, la intervención estadounidense y la persecución de quienes han intentado construir una alternativa política y social al poder tradicional. La llegada a la Presidencia de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto de 2026 abre ahora una nueva etapa caracterizada por el fortalecimiento de las políticas de seguridad, la suspensión de buena parte de las negociaciones con organizaciones armadas y un acercamiento especialmente estrecho a Estados Unidos. El propio Gobierno presenta este giro como una recuperación de la autoridad del Estado y de la seguridad nacional; desde otros sectores se advierte del riesgo de regresar a una lógica en la que el conflicto social y territorial se aborda fundamentalmente desde la militarización. La cuestión de fondo, sin embargo, es mucho más profunda: ¿qué democracia puede consolidarse cuando las estructuras económicas y territoriales que alimentaron durante décadas la violencia continúan sin resolverse?

Para entender la Colombia de 2026 hay que regresar necesariamente al 9 de abril de 1948, cuando el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán desencadenó el Bogotazo y abrió una de las etapas más traumáticas de la historia contemporánea del país. Gaitán había construido un discurso de movilización popular que cuestionaba los privilegios de las élites tradicionales y hablaba directamente a unas mayorías campesinas y trabajadoras excluidas del poder. Su asesinato no creó por sí solo la violencia colombiana, pero se convirtió en el símbolo de la ruptura de una posibilidad política y en el comienzo de una etapa de enfrentamientos que acabaría con decenas de miles de muertos. La llamada La Violencia mostró hasta qué punto la disputa política estaba entrelazada con la propiedad de la tierra y el control territorial. El posterior Frente Nacional, establecido entre liberales y conservadores entre 1958 y 1974, consiguió cerrar parcialmente la confrontación entre las dos grandes fuerzas tradicionales, pero lo hizo mediante un sistema de alternancia pactada que dejó fuera a buena parte de las fuerzas políticas y sociales que no encajaban en aquel acuerdo. En ese terreno de exclusión nacieron y crecieron las guerrillas de las décadas siguientes, entre ellas las FARC y el ELN, mientras el Estado desarrollaba una doctrina de seguridad profundamente influida por la lógica de la Guerra Fría.

Pero reducir la historia colombiana a un enfrentamiento entre guerrillas y Estado sería ocultar una parte fundamental del problema. La cuestión agraria ha sido uno de los grandes motores estructurales del conflicto. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha documentado cómo la disputa por la tierra, el desplazamiento forzado, el despojo, la actuación de actores armados y las economías ilegales se encuentran profundamente relacionados con la configuración territorial del país. Y los datos del último gran censo agropecuario analizado por Oxfam permiten observar la dimensión de esa desigualdad: el 1 % de las explotaciones agrícolas concentra el 81 % de la tierra, mientras el 99 % restante se reparte apenas el 19 %. Las explotaciones de menos de diez hectáreas representan el 81 % del total, pero ocupan solamente el 5 % de la superficie. No se trata, por tanto, de una desigualdad abstracta. Se trata de quién posee el suelo, quién controla los territorios, quién decide qué se produce, quién puede acceder al crédito, quién tiene capacidad para invertir y quién puede permanecer en el campo. En una sociedad donde millones de campesinos han sufrido desplazamientos y donde la propiedad rural continúa extraordinariamente concentrada, la tierra sigue siendo una cuestión económica, política y de poder de clase.

Es en este escenario donde debe analizarse el fenómeno paramilitar. Las estructuras paramilitares no fueron simplemente otro actor armado más dentro de una guerra interminable. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha documentado su capacidad para convertirse en reguladores de la vida social y económica de numerosos territorios y ha señalado la necesidad de investigar sus vínculos con sectores estatales, políticos y económicos legales, así como el papel del narcotráfico y el despojo de tierras. En diferentes regiones, la violencia sirvió para expulsar comunidades, destruir organizaciones campesinas, sindicales e indígenas, imponer controles territoriales y modificar las relaciones de propiedad. La historia colombiana demuestra así que la violencia no siempre fue una anomalía al margen de la economía: en determinados territorios se convirtió también en un mecanismo para reorganizar el poder económico y social.

La tragedia de la Unión Patriótica constituye otro capítulo imprescindible. Surgida en el contexto de los intentos de negociación entre el Estado y las FARC durante los años ochenta, la UP trató de convertir la participación política en una alternativa a la confrontación armada. El resultado fue uno de los episodios más graves de persecución política de la historia reciente colombiana: miles de militantes, dirigentes, candidatos y simpatizantes fueron asesinados, desaparecidos o expulsados de sus territorios. La experiencia dejó una herida que todavía condiciona la relación de amplios sectores de la izquierda colombiana con las instituciones. Porque para entender el concepto de “democracia en estado de sitio” no basta con preguntarse si existen elecciones. Hay que preguntarse también qué ocurre cuando una parte de la sociedad intenta organizarse políticamente para disputar el poder económico y territorial establecido.

Durante las décadas siguientes, el narcotráfico, la expansión paramilitar y la insurgencia contribuyeron a profundizar una guerra que dejó millones de víctimas. Y en ese escenario apareció con enorme fuerza otro protagonista: Estados Unidos. Plan Colombia, presentado como una estrategia contra el narcotráfico y posteriormente vinculado también a la lucha contrainsurgente y al fortalecimiento institucional, convirtió a Colombia en uno de los principales receptores de asistencia estadounidense en América Latina. Según el Congressional Research Service, entre los años fiscales 2000 y 2016 la financiación estadounidense vinculada a Plan Colombia y sus estrategias posteriores superó los 10.000 millones de dólares a través de programas del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa. Para Washington, Colombia se convirtió en un socio estratégico en materia de seguridad regional. Para numerosos sectores críticos, aquella relación consolidó una concepción militarizada de los problemas sociales y políticos colombianos. En cualquier caso, los datos permiten afirmar que la relación militar y estratégica entre ambos Estados no es una circunstancia coyuntural de 2026: tiene más de dos décadas de continuidad.

La Constitución de 1991 abrió una nueva etapa y reconoció derechos, mecanismos de participación y una concepción más amplia del Estado social de derecho. Sin embargo, la nueva arquitectura constitucional convivió con la persistencia de la violencia, la desigualdad territorial y la expansión de las economías ilegales. El Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado y las FARC volvió a colocar la cuestión agraria en el centro del debate mediante la Reforma Rural Integral y abrió una oportunidad histórica para atacar algunas de las causas estructurales del conflicto. Pero la implementación fue lenta, desigual y objeto de fuertes disputas políticas. Mientras tanto, numerosos firmantes de la paz y dirigentes sociales continuaron siendo asesinados.

La llegada de Gustavo Petro a la Presidencia en 2022, primer presidente procedente de la izquierda en la historia contemporánea del país, modificó el escenario político. Su proyecto de “paz total”, las reformas sociales y la apuesta por avanzar en la distribución y formalización de tierras representaron una ruptura respecto a décadas de predominio de los sectores tradicionales. Esa ruptura, sin embargo, no significó la desaparición de las estructuras económicas que habían condicionado históricamente al Estado colombiano. El Gobierno Petro tuvo que desenvolverse dentro de un aparato estatal complejo, enfrentó oposición política, conflictos institucionales y problemas de gestión y tampoco logró resolver las múltiples violencias territoriales. No hubo una transformación revolucionaria de las relaciones de propiedad, sino un intento de reforma desde las instituciones existentes. Precisamente por eso resulta importante no confundir la experiencia del primer Gobierno de izquierda con la desaparición del poder económico de las élites tradicionales.

Uno de los terrenos donde esa disputa puede observarse con mayor claridad es precisamente la tierra. En los últimos días del Gobierno Petro, la Agencia Nacional de Tierras informó de la entrega o formalización de más de 61.000 hectáreas en 25 departamentos, destinadas a campesinos, comunidades indígenas, afrodescendientes y organizaciones pesqueras. Más allá de la valoración política que pueda hacerse de aquella política, el dato demuestra que la cuestión agraria seguía siendo una de las grandes batallas pendientes cuando terminó el mandato. El nuevo Gobierno recibe, por tanto, un país donde la propiedad de la tierra continúa extraordinariamente concentrada y donde cualquier reforma territorial afecta directamente a intereses económicos consolidados.

Sobre ese escenario llegó al poder Abelardo de la Espriella, con un discurso centrado en seguridad, autoridad, lucha contra el narcotráfico, control territorial y fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. Durante sus primeras semanas de Gobierno, la seguridad pasó a ocupar un lugar central en la comunicación oficial, mientras se fueron abandonando las mesas de negociación abiertas durante la etapa anterior. El cambio no es solamente discursivo. El 19 de septiembre, El País describía la nueva etapa como un abandono de la política de “paz total” en favor de una estrategia de mayor confrontación militar, respaldada por el nuevo marco de seguridad impulsado junto a Estados Unidos. Según esa información, se han cerrado mesas con grupos como disidencias de las FARC, Clan del Golfo y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, mientras el Gobierno plantea una ley de “acogimiento” basada en el sometimiento a la justicia y no en una negociación política.

La violencia contra quienes ejercen liderazgo social tampoco desapareció con el cambio presidencial. El registro de INDEPAZ contabilizaba, con corte al 11 de septiembre de 2026, 108 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos asesinados durante el año, 89 masacres y 11 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados. Desde enero de 2016 hasta esa misma fecha, el acumulado registrado por el organismo ascendía a 1.998 líderes y defensores asesinados, 783 masacres y 524 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados. Estos números no permiten atribuir automáticamente al Gobierno iniciado en agosto todos los asesinatos ocurridos durante 2026, pero sí muestran la dimensión de una violencia estructural que el nuevo Ejecutivo ha heredado y que ahora pretende abordar prioritariamente desde una política de seguridad más dura.

El giro adquiere todavía mayor dimensión cuando se observa la relación con Washington. El 8 de septiembre de 2026, después de reunirse con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, De la Espriella declaró que Colombia quería consolidarse nuevamente como “principal socio de seguridad hemisférica” de Estados Unidos. En ese encuentro propuso desarrollar el denominado “Plan Patriota Siglo XXI”, que incluye la modernización de aviones, radares, drones, helicópteros, sistemas antidrones, defensa aérea, movilidad, inteligencia, ciberdefensa y fuerzas especiales. El 13 de septiembre, la propia Presidencia presentó los acuerdos alcanzados con Estados Unidos bajo la denominación de “Acuerdos de Barranquilla”, articulados alrededor de tres objetivos: “reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio”. La Presidencia ha definido esta nueva relación como una asociación estratégica y ha reivindicado explícitamente la alianza histórica entre ambos países.

Desde una lectura antiimperialista, la importancia de estos acontecimientos no reside únicamente en quién ocupa actualmente la Casa de Nariño. Lo fundamental es observar la continuidad histórica: Plan Colombia ayer, nuevas estructuras de cooperación militar hoy; dependencia estratégica de Washington ayer, “principal socio de seguridad” hoy. Cambian los nombres, las tecnologías y los escenarios geopolíticos, pero permanece la centralidad de Colombia dentro de la arquitectura de seguridad estadounidense en América Latina. El debate, por tanto, no debería limitarse a determinar si un determinado avión, radar o sistema de inteligencia es eficaz contra una organización armada. También debe preguntarse qué modelo de Estado y de relaciones internacionales se está construyendo, qué recursos públicos se destinan a la seguridad frente a las necesidades sociales y hasta qué punto las prioridades estratégicas de Washington terminan condicionando las políticas nacionales.

Existe además un elemento que puede parecer secundario, pero que tiene una enorme importancia democrática: el control de la información y de los aparatos de inteligencia del Estado. El antiguo Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, arrastra una historia de interceptaciones ilegales, persecución y abusos que todavía forma parte de la memoria política colombiana. La cuestión de sus archivos vuelve ahora a cobrar actualidad precisamente cuando el nuevo Gobierno controla esos fondos documentales. Su apertura, conservación y tratamiento son fundamentales para conocer episodios todavía no esclarecidos y para garantizar que la memoria de las víctimas no quede subordinada a los intereses políticos de cada Gobierno. La democracia no consiste únicamente en celebrar elecciones; también significa permitir que una sociedad pueda conocer qué hicieron sus instituciones cuando actuaron clandestinamente contra ciudadanos, organizaciones sociales, periodistas o adversarios políticos.

Incluso las primeras decisiones institucionales del nuevo Ejecutivo muestran que la disputa por el control del Estado no se limita al terreno militar. La destitución del director del DANE, Ricardo Valencia, apenas tres semanas después de su nombramiento, abrió un debate sobre la autonomía técnica del organismo estadístico. El Gobierno argumentó que Valencia incumplió directrices presidenciales sobre comunicación pública, mientras que antiguos responsables del DANE cuestionaron las posibles consecuencias para la independencia y credibilidad de la institución. En un país donde las cifras de empleo, pobreza, desigualdad y crecimiento tienen una importancia decisiva para evaluar las políticas públicas, la autonomía de los organismos que producen información oficial constituye también una cuestión democrática.

Todo esto permite comprender mejor qué puede significar hablar de “democracia en estado de sitio” en Colombia. No significa afirmar que el país haya dejado de ser formalmente una democracia ni que exista una dictadura clásica. Significa señalar una contradicción histórica: instituciones democráticas que conviven con enormes desigualdades materiales; elecciones que se celebran mientras dirigentes sociales son asesinados; derechos constitucionales que coexisten con comunidades desplazadas; una economía moderna que convive con una concentración extraordinaria de la propiedad rural; y un Estado que proclama soberanía mientras mantiene una alianza militar y estratégica extraordinariamente estrecha con la principal potencia mundial.

La cuestión de fondo vuelve así al lugar donde comenzó buena parte de esta historia: la tierra y el poder. Mientras el 1 % de las explotaciones controle el 81 % de la tierra agrícola, mientras existan comunidades campesinas e indígenas disputando el control de sus territorios, mientras las economías ilegales compitan con el Estado por corredores estratégicos y mientras los grandes intereses económicos tengan una capacidad de influencia muy superior a la de millones de trabajadores y campesinos, la violencia colombiana no podrá explicarse únicamente como un problema policial o militar. El propio Centro Nacional de Memoria Histórica ha señalado la relación histórica entre tierra, conflicto, actores armados, narcotráfico, desplazamiento y despojo.

Por eso, la nueva etapa abierta con De la Espriella plantea una pregunta que va mucho más allá de las cifras diarias de capturas, incautaciones o operaciones militares. ¿Puede resolverse una crisis histórica de desigualdad y exclusión mediante una política basada fundamentalmente en la fuerza? La respuesta dependerá de qué otras políticas acompañen a esa estrategia: reforma rural, empleo digno, educación pública, sanidad, vivienda, presencia civil del Estado, protección efectiva de las comunidades y garantías para la participación política. Si la seguridad se convierte únicamente en militarización, el riesgo es volver a reproducir una vieja dinámica en la que las causas sociales del conflicto quedan ocultas detrás de la respuesta armada.

Colombia ha demostrado durante décadas que la violencia puede modificar gobiernos, territorios y relaciones de poder, pero también que la violencia por sí sola nunca ha resuelto las contradicciones que la alimentan. La historia de Gaitán, de La Violencia, del Frente Nacional, de las guerrillas, del paramilitarismo, de la Unión Patriótica, de Plan Colombia y del Acuerdo de Paz forma parte de una misma secuencia histórica en la que la disputa por la tierra, la riqueza y el poder político ha sido una constante. El nuevo Gobierno puede cambiar las prioridades del Estado, reforzar la alianza con Washington y apostar por una estrategia de mayor confrontación, pero ninguna de esas decisiones elimina las estructuras que dieron origen a buena parte del conflicto.

Y ahí se encuentra probablemente la verdadera batalla democrática de Colombia: no solamente quién gobierna desde Bogotá, sino quién tiene capacidad real para decidir sobre la tierra, la riqueza, los territorios y el futuro del país. Una democracia que pueda ser ejercida plenamente por campesinos, trabajadores, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, estudiantes, organizaciones populares y movimientos sociales exige algo más que depositar una papeleta cada cuatro años. Exige que organizarse no sea una sentencia de muerte, que reclamar tierra no convierta a nadie en objetivo, que defender el territorio no sea considerado una amenaza y que la soberanía nacional no quede subordinada a las necesidades estratégicas de ninguna potencia.

La historia colombiana demuestra que cada vez que una parte de la sociedad ha intentado transformar esas relaciones de poder, la respuesta de los sectores dominantes ha sido intensa. También demuestra que las sociedades cambian cuando las mayorías dejan de aceptar que la desigualdad, la violencia y la exclusión sean consideradas parte inevitable del paisaje. La Colombia de 2026 vuelve a encontrarse ante esa contradicción: una democracia formalmente viva, pero atravesada por desigualdades y violencias que cuestionan su contenido real. Lo que está en juego no es solamente la política de seguridad de un nuevo presidente, sino el tipo de sociedad que Colombia quiere construir después de décadas de guerra, concentración de la riqueza, intervención extranjera y resistencia popular.

En ese sentido, la pregunta fundamental continúa siendo la misma que atraviesa toda la historia contemporánea colombiana: ¿democracia para quién, seguridad para quién y propiedad de quién?

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Los Vargas Llosa, el fujimorismo y el nuevo Perú de Trump: cuando el neoliberalismo se encuentra con la ultraderecha

Por Javier Huerta

Hay apellidos que forman parte de la historia política de un país hasta el punto de convertirse en auténticos símbolos de una determinada época. En el Perú contemporáneo, Vargas Llosa y Fujimori representan dos de esos apellidos. Durante décadas estuvieron enfrentados y llegaron a encarnar proyectos políticos que parecían irreconciliables dentro del campo de la derecha peruana. En 1990, Mario Vargas Llosa concurrió a las elecciones presidenciales al frente del Frente Democrático, defendiendo un programa de profundas reformas económicas basado en la liberalización, la apertura de la economía y una reducción sustancial de la intervención del Estado. Frente a él apareció Alberto Fujimori, un candidato hasta entonces prácticamente desconocido para buena parte de las élites políticas y económicas del país, que acabaría imponiéndose en las urnas. Lo que vino después marcaría profundamente la historia peruana: el autogolpe de 1992, la concentración del poder, la corrupción y las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante su régimen. Vargas Llosa se convirtió entonces en uno de los principales adversarios intelectuales del fujimorismo. Sin embargo, tres décadas después, aquella antigua frontera política se ha desdibujado hasta prácticamente desaparecer. El hijo del hombre que se enfrentó electoralmente a Alberto Fujimori se prepara ahora para representar en Washington al Gobierno de su hija, Keiko Fujimori, precisamente cuando Lima estrecha sus relaciones políticas y de seguridad con la Administración de Donald Trump.

La evolución política de Mario Vargas Llosa ayuda a comprender cómo se ha producido este desplazamiento. El escritor no comenzó su trayectoria en la derecha. Durante su juventud mantuvo posiciones de izquierda y llegó a simpatizar con la Revolución cubana, pero su posterior ruptura con el castrismo y su evolución intelectual le llevaron hacia el liberalismo político y económico. A partir de los años ochenta se convirtió en uno de los principales defensores latinoamericanos de las políticas de mercado, la propiedad privada, la reducción del papel económico del Estado y la apertura de las economías nacionales. Su candidatura presidencial de 1990 fue la expresión política de esa transformación. A partir de entonces, Vargas Llosa pasó a ser una de las figuras intelectuales más influyentes del liberalismo latinoamericano, participando activamente en los debates políticos de la región y respaldando durante años proyectos que defendían la aplicación de políticas económicas neoliberales. Pero aquella evolución continuaría. Con el paso del tiempo, su oposición a la izquierda fue adquiriendo una importancia cada vez mayor y sus alianzas políticas comenzaron a aproximarle a sectores conservadores que ya no representaban únicamente el viejo liberalismo económico. Su apoyo a Jair Bolsonaro en Brasil, a José Antonio Kast en Chile y a otras candidaturas de la derecha radical latinoamericana mostró hasta qué punto había cambiado el espacio político en el que se movía. Lo significativo no es solamente la trayectoria individual del escritor, sino un fenómeno mucho más amplio: una parte del antiguo liberalismo latinoamericano ha terminado encontrando espacios de coincidencia con las nuevas derechas radicales, incorporando a su defensa del mercado posiciones mucho más duras en materia de seguridad, inmigración, identidad, orden público y confrontación con la izquierda.

El cambio resulta especialmente revelador cuando se observa la relación con el fujimorismo. Durante años Vargas Llosa sostuvo una oposición frontal a Alberto Fujimori y posteriormente a su hija Keiko. Sin embargo, en 2021, ante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, el escritor pidió votar por la candidata de Fuerza Popular. El argumento utilizado entonces fue que, frente a Castillo, había que optar por Fujimori como alternativa para impedir el avance de la izquierda. Aquella decisión cerró una de las grandes contradicciones de su trayectoria política: quien había construido buena parte de su identidad pública enfrentándose al fujimorismo terminó respaldando electoralmente a su principal heredera política. Después de su muerte, esa aproximación no desapareció con él. Álvaro Vargas Llosa asumió públicamente el respaldo a Keiko Fujimori durante las elecciones de 2026, llegando a sostener que su padre probablemente también habría apoyado su candidatura. El movimiento adquirió una dimensión institucional cuando Keiko Fujimori anunció que Álvaro Vargas Llosa sería propuesto como embajador del Perú en Estados Unidos. Si el proceso diplomático culmina formalmente, será precisamente el hijo de aquel candidato presidencial que en 1990 se enfrentó a Alberto Fujimori quien representará en Washington al Gobierno de la hija de su antiguo adversario.

La fotografía política adquiere todavía mayor significado por el momento en que se produce. El anuncio del futuro embajador coincide con una ofensiva diplomática del Gobierno peruano para estrechar sus relaciones con Estados Unidos y con la visita a Lima del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Durante esa visita, Keiko Fujimori confirmó la incorporación del Perú al denominado Escudo de las Américas, iniciativa promovida por Washington para reforzar la cooperación entre distintos gobiernos del continente en materia de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales transnacionales. La medida ha sido presentada por el Gobierno peruano como una respuesta necesaria ante el crecimiento del crimen organizado y como una forma de mejorar la cooperación internacional, pero se produce dentro de un contexto geopolítico mucho más amplio. La Administración Trump está tratando de recuperar espacio político y estratégico en América Latina, al mismo tiempo que observa con creciente preocupación la expansión de la presencia económica de China en la región. Perú ocupa una posición especialmente importante en esta disputa debido a sus relaciones comerciales con China y a la importancia estratégica adquirida por el puerto de Chancay. De esta manera, la nueva relación con Washington no puede contemplarse únicamente desde la perspectiva de la lucha contra el narcotráfico o la delincuencia: forma parte también de una pugna por la influencia económica, política y estratégica en el Pacífico latinoamericano.

El Gobierno de Keiko Fujimori está construyendo buena parte de su discurso alrededor de la seguridad y de la necesidad de recuperar la autoridad del Estado frente al crimen organizado. En un país que arrastra una profunda crisis institucional y una percepción creciente de inseguridad, ese discurso encuentra un terreno especialmente favorable. El problema aparece cuando la respuesta a la criminalidad comienza a traducirse en una ampliación permanente de las facultades de las fuerzas de seguridad, una reducción de los controles sobre su actuación o una utilización cada vez más amplia de instrumentos excepcionales. En julio de 2026, por ejemplo, fue promulgada una reforma que amplía la competencia de la justicia militar y policial sobre determinados delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía, incluso en circunstancias que afectan a civiles. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han expresado preocupación por las consecuencias que este tipo de reformas pueden tener para la investigación y persecución de posibles violaciones de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha advertido sobre actuaciones que pueden afectar a la independencia judicial. Estas advertencias adquieren un significado especial en Perú porque la historia reciente del país está marcada precisamente por los abusos cometidos bajo gobiernos que utilizaron la lucha contra el terrorismo y la defensa del orden público como justificación para ampliar el poder de los aparatos estatales de seguridad.

No se trata de negar la existencia del crimen organizado ni la necesidad de combatirlo. Perú se enfrenta a problemas reales de violencia, narcotráfico, extorsión y penetración de organizaciones criminales, y cualquier gobierno tiene la obligación de proteger a la población. La cuestión política es otra: qué instrumentos utiliza el Estado para hacerlo y cuáles son los límites que está dispuesto a respetar. La experiencia histórica demuestra que la seguridad puede convertirse en una herramienta política extraordinariamente poderosa cuando se presenta como una cuestión absoluta frente a la cual cualquier garantía democrática aparece como un obstáculo. Ese fue uno de los mecanismos utilizados durante el fujimorismo de los años noventa, aunque el contexto actual sea diferente y no pueda establecerse una equivalencia automática entre ambos periodos. Precisamente por ello resulta necesario observar con atención la evolución de las instituciones, el papel concedido a las Fuerzas Armadas y a la Policía, las reformas judiciales y la utilización política del discurso de la mano dura.

El paralelismo con la experiencia fujimorista tampoco puede reducirse a la cuestión de la seguridad. Existe una dimensión económica que resulta fundamental para comprender la continuidad de determinadas políticas. El régimen de Alberto Fujimori consolidó en los años noventa un modelo económico basado en la apertura de los mercados, las privatizaciones, la reducción de la intervención estatal y la atracción de capital extranjero. Aquel proceso transformó profundamente la economía peruana y dejó una estructura neoliberal que, con diferentes gobiernos y matices, ha sobrevivido durante décadas. Las fuerzas políticas que se han sucedido en el poder han discutido sobre numerosas cuestiones, pero el modelo económico fundamental ha demostrado una extraordinaria capacidad de permanencia. El debate actual se desarrolla, por tanto, sobre una estructura que continúa concediendo un enorme peso a la inversión privada y al mercado, mientras amplios sectores sociales siguen reclamando respuestas frente a la desigualdad, la precariedad y la debilidad de los servicios públicos. El neoliberalismo no desapareció con Fujimori; se convirtió en parte estructural del sistema político y económico peruano.

Lo que está cambiando ahora es la forma de proteger y reforzar ese modelo en un contexto político mucho más polarizado. Las derechas latinoamericanas de las últimas décadas han aprendido que ya no basta con defender las privatizaciones, la liberalización económica o la reducción del Estado. Las nuevas derechas incorporan un discurso mucho más agresivo contra la izquierda, los movimientos sociales y las políticas redistributivas, al tiempo que convierten la seguridad, la autoridad y la defensa del orden en elementos centrales de su identidad. Es una combinación que puede observarse, con características diferentes, en varios países de la región y que mantiene una relación cada vez más estrecha con determinadas corrientes de la derecha estadounidense. En este nuevo escenario, Trump no representa simplemente una referencia electoral para los conservadores latinoamericanos, sino un modelo político que combina nacionalismo, proteccionismo selectivo, confrontación con la izquierda, endurecimiento de las políticas migratorias, fortalecimiento del aparato de seguridad y una política exterior destinada a recuperar la primacía estadounidense en el hemisferio.

La Administración Trump está intentando reconstruir precisamente esa influencia. La seguridad constituye uno de los instrumentos principales, pero detrás de ella existe una agenda geopolítica más amplia. Washington quiere fortalecer sus alianzas con gobiernos considerados próximos, aumentar la cooperación militar y policial, contener la influencia de China y recuperar capacidad de intervención política en una región donde durante las últimas décadas otros actores han ganado espacio. La nueva política estadounidense hacia América Latina está encontrando interlocutores especialmente receptivos entre los gobiernos de derecha que comparten la preocupación por la expansión de China y que consideran la cooperación con Estados Unidos una herramienta para combatir el crimen organizado. La incorporación de Perú al Escudo de las Américas encaja en esa estrategia y sitúa a Lima dentro de una red de cooperación regional impulsada directamente desde Washington.

La cuestión de China resulta especialmente relevante para entender el interés estadounidense por Perú. Durante los últimos años, China se ha convertido en uno de los principales socios comerciales del país y su presencia en infraestructuras estratégicas ha crecido considerablemente. El puerto de Chancay, construido con participación de la empresa china COSCO Shipping Ports, es el ejemplo más visible. Para Perú, la relación económica con China tiene una importancia indiscutible; para Washington, la expansión de la presencia china en el Pacífico sudamericano constituye un desafío estratégico. El Gobierno de Keiko Fujimori no ha roto sus relaciones económicas con Pekín, pero su decisión de profundizar el vínculo político y de seguridad con Estados Unidos introduce una nueva dimensión en el equilibrio internacional peruano. La disputa entre Washington y Pekín se proyecta así sobre un país que se encuentra en una posición económica y geográfica especialmente sensible.

En este escenario es donde el nombramiento de Álvaro Vargas Llosa adquiere un significado que va mucho más allá de su condición de embajador. Su trayectoria familiar representa una parte de la evolución de las élites intelectuales de la derecha latinoamericana: del liberalismo clásico al neoliberalismo y, posteriormente, a una aproximación cada vez mayor a las nuevas derechas conservadoras. Su llegada a Washington como representante de un Gobierno fujimorista que está estrechando sus vínculos con Trump convierte esa evolución en una imagen política difícil de ignorar. El apellido Vargas Llosa, que durante décadas fue asociado a la oposición al fujimorismo, aparece ahora integrado en el proyecto internacional del nuevo fujimorismo. La contradicción histórica no es menor, porque revela hasta qué punto las antiguas divisiones dentro de la derecha peruana han quedado subordinadas a una nueva confrontación política en la que el principal enemigo común es la izquierda y en la que la alianza con Washington vuelve a ocupar un lugar central.

Esta transformación también obliga a revisar una idea que durante mucho tiempo se presentó como incuestionable: que liberalismo económico y autoritarismo político pertenecen necesariamente a campos diferentes. La historia latinoamericana demuestra que pueden coexistir y que, en determinados momentos, las élites económicas pueden considerar útil un Estado fuerte para garantizar la estabilidad del modelo económico. Eso no significa que todo liberal sea autoritario ni que cualquier gobierno que defienda políticas de mercado termine necesariamente recurriendo a prácticas autoritarias. Significa que la defensa del mercado y la defensa de las libertades políticas no son automáticamente la misma cosa, y que la experiencia peruana de los años noventa constituye uno de los ejemplos más claros de cómo ambas dimensiones pueden separarse.

El Perú actual se encuentra ante una situación diferente, pero algunas de aquellas tensiones vuelven a aparecer bajo nuevas formas. El Gobierno de Keiko Fujimori combina la defensa de un modelo económico consolidado durante décadas con un discurso de autoridad y seguridad cada vez más marcado, mientras refuerza su relación estratégica con Estados Unidos. En paralelo, distintos organismos internacionales han expresado preocupación por determinadas reformas relacionadas con la justicia, las fuerzas de seguridad y la independencia institucional. No sería correcto afirmar que todas estas medidas convierten automáticamente al Perú en una dictadura ni que el país reproduce exactamente el régimen de Alberto Fujimori. Pero tampoco resulta razonable ignorar las señales que generan preocupación cuando el fortalecimiento del poder ejecutivo, la ampliación de las competencias de las fuerzas de seguridad y el debilitamiento de determinados controles institucionales aparecen simultáneamente.

La historia de los Vargas Llosa permite observar esta transformación desde una perspectiva particularmente reveladora. Mario Vargas Llosa pasó de la izquierda de su juventud al liberalismo y terminó apoyando a candidatos situados en la derecha radical. Después de su muerte, su hijo Álvaro se ha convertido en uno de los apoyos públicos de Keiko Fujimori y está llamado a ocupar un puesto clave en Washington. Mientras tanto, la presidenta peruana profundiza la relación con una Administración estadounidense que está tratando de reorganizar las alianzas políticas y de seguridad del continente. Lo que hace treinta años parecía una contradicción —Vargas Llosa y Fujimori enfrentados— hoy aparece como una convergencia política dentro de una derecha peruana que ha cambiado profundamente.

No estamos simplemente ante la historia de una familia ni ante una reconciliación entre dos viejos adversarios. Lo que se está produciendo es una transformación de las derechas latinoamericanas en la que el viejo programa neoliberal permanece, pero se combina cada vez más con discursos de orden, seguridad, nacionalismo y confrontación frontal con la izquierda. El fujimorismo peruano se inserta en esa corriente mientras busca estrechar sus relaciones con Washington y participar en la arquitectura de seguridad que la Administración Trump está impulsando en América Latina. Y los Vargas Llosa, que durante décadas representaron una de las expresiones intelectuales más conocidas del liberalismo latinoamericano, han terminado ocupando un espacio dentro de esa misma convergencia.

Perú vuelve así a convertirse en un laboratorio político de enorme importancia para América Latina. El país deberá afrontar simultáneamente la inseguridad, la desigualdad, la crisis de representación, la debilidad de sus instituciones y la presión de una disputa geopolítica cada vez más intensa entre Estados Unidos y China. La respuesta que está ofreciendo el Gobierno de Keiko Fujimori pasa por reforzar la seguridad, consolidar el modelo económico heredado del ciclo neoliberal y estrechar la alianza con Washington. El problema que queda abierto es si ese camino permitirá resolver las profundas fracturas sociales del país o si terminará profundizando un modelo en el que la autoridad del Estado se fortalece mientras las causas sociales de la desigualdad y la exclusión permanecen intactas.

La fotografía de este nuevo Perú resulta, en ese sentido, tremendamente significativa. Keiko Fujimori ocupa la Presidencia; Marco Rubio llega a Lima para reforzar la cooperación con Washington; Trump intenta recuperar el control estratégico de América Latina; China mantiene una posición económica fundamental en el país; y Álvaro Vargas Llosa se prepara para representar al Gobierno peruano ante Estados Unidos. Los protagonistas han cambiado respecto a 1990, pero los grandes conflictos continúan atravesando la política peruana: neoliberalismo frente a demandas sociales, seguridad frente a derechos, soberanía frente a dependencia y un país situado en medio de una disputa geopolítica que vuelve a convertir a América Latina en un escenario prioritario para Washington.

Y quizá sea precisamente ahí donde se encuentre la mayor paradoja de esta historia. El apellido Vargas Llosa nació políticamente enfrentado al fujimorismo y termina formando parte de su nueva arquitectura de poder internacional. Aquella derecha que en otros tiempos aparecía dividida entre liberalismo y fujimorismo parece haber encontrado hoy un enemigo común y una nueva referencia internacional. La Administración Trump ofrece el marco geopolítico; el neoliberalismo proporciona buena parte de la estructura económica; el fujimorismo aporta su tradición política y su discurso de autoridad; y los Vargas Llosa aportan una legitimidad intelectual construida durante décadas en defensa del liberalismo latinoamericano.

El Perú de 2026 está escribiendo, por tanto, un nuevo capítulo de una vieja historia. Una historia en la que las derechas cambian de nombre, renuevan sus discursos y modifican sus alianzas, pero continúan disputando el control del Estado y del modelo económico. Esta vez, con Washington mirando hacia Lima y con un Vargas Llosa dispuesto a ocupar el lugar de embajador que simboliza, quizá mejor que cualquier discurso, la extraordinaria transformación de la derecha peruana durante las últimas décadas.

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