Soberanía alimentaria: innovar para los pueblos, no para el negocio de las grandes corporaciones

Por Javier Huerta

La innovación agrícola suele presentarse como una cuestión de tecnología, productividad y modernización. Sin embargo, cuando hablamos de alimentación, la pregunta decisiva no es únicamente qué técnicas podemos desarrollar para producir más, sino quién controla los recursos, quién decide qué se cultiva, cómo se distribuyen los alimentos y quién se beneficia de la riqueza generada. Una tecnología puede mejorar los rendimientos y, al mismo tiempo, aumentar la dependencia de los agricultores respecto a las empresas que venden semillas, fertilizantes, maquinaria o productos fitosanitarios. Por eso, innovar no equivale automáticamente a avanzar hacia la soberanía alimentaria.

El desafío consiste en poner los conocimientos científicos, las herramientas tecnológicas y la experiencia campesina al servicio de las necesidades de la población. Esto exige fortalecer la capacidad de las comunidades para producir sus propios alimentos, conservar las semillas, cuidar los suelos y el agua, diversificar los cultivos y participar en las decisiones sobre sus sistemas agroalimentarios. También requiere políticas públicas que respalden a los pequeños productores, faciliten el acceso a recursos y conocimientos y eviten que la alimentación quede subordinada a los intereses comerciales de un reducido grupo de empresas.

La información difundida por teleSUR sobre la innovación y el papel de las comunidades en la seguridad alimentaria ofrece un punto de partida para abordar una cuestión que va mucho más allá de las técnicas agrícolas. Leer la información original de teleSUR. La experiencia internacional demuestra que la participación comunitaria, la cooperación entre productores y el conocimiento adaptado a cada territorio pueden contribuir a construir sistemas alimentarios más resistentes. Pero también pone de manifiesto que esas iniciativas necesitan respaldo institucional, recursos y condiciones económicas que permitan sostenerlas en el tiempo.

El hambre en un mundo que produce alimentos

El hambre continúa siendo una de las expresiones más graves de la desigualdad mundial. Según la edición de 2026 del informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI), elaborado por organismos de Naciones Unidas, 645 millones de personas padecieron hambre en 2025, equivalentes al 7,8 % de la población mundial. Además, unos 2.100 millones de personas sufrieron inseguridad alimentaria moderada o grave, y alrededor de 2.700 millones no podían permitirse una dieta saludable. Aunque las cifras reflejan una mejora respecto a años anteriores, los avances siguen siendo insuficientes y desiguales. FAO, informe SOFI 2026.

Estos datos obligan a mirar más allá de la disponibilidad física de alimentos. La inseguridad alimentaria puede estar relacionada con la pobreza, los conflictos, las crisis económicas, el encarecimiento de los productos básicos, las alteraciones climáticas y la desigual distribución de la tierra y de los recursos productivos. Una sociedad puede disponer de alimentos en sus mercados y, sin embargo, mantener a una parte de su población sin capacidad económica para adquirirlos. También puede depender de importaciones y de cadenas de suministro vulnerables a las fluctuaciones internacionales de los precios.

Por tanto, aumentar la producción es importante, pero no basta. La lucha contra el hambre exige garantizar el acceso a los alimentos, fortalecer las economías campesinas y reducir las vulnerabilidades que convierten una crisis comercial, climática o energética en una emergencia alimentaria. Cuando la producción se orienta exclusivamente a maximizar la rentabilidad, los cultivos destinados a la exportación pueden desplazar producciones necesarias para el consumo local, mientras que los pequeños agricultores afrontan dificultades para competir con actores que concentran capital, tecnología y capacidad de negociación.

El problema no reside en la innovación en sí misma, sino en las relaciones económicas y políticas dentro de las cuales se desarrolla. La ciencia puede ayudar a mejorar variedades, reducir pérdidas, optimizar el uso del agua y recuperar suelos degradados. La cuestión es quién accede a esos avances, bajo qué condiciones y con qué efectos sobre la autonomía de los productores y las necesidades de la población.

La concentración del poder sobre los alimentos

El control de los sistemas agroalimentarios no se limita a la propiedad de las tierras. También se ejerce mediante las semillas comerciales, los fertilizantes, los agroquímicos, la maquinaria, el almacenamiento, el transporte, la transformación industrial y la distribución. Quien controla estos eslabones puede influir en los costes de producción, en las condiciones de acceso al mercado y, en última instancia, en los alimentos que llegan a la población.

Un dato permite dimensionar el problema. En un análisis publicado en agosto de 2024, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) señaló que las cuatro mayores empresas controlaban entre el 70 % y el 90 % del comercio mundial de cereales. En otros sectores estratégicos —como los agroquímicos, las semillas, los equipos agrícolas, los fertilizantes sintéticos y los productos farmacéuticos para animales—, las cuatro mayores compañías concentraban entre el 33 % y el 65 % de sus respectivos mercados. Son cifras referidas a mercados concretos, no una estimación de que cuatro empresas controlen la totalidad del sistema alimentario. Aun con esa precisión, muestran la capacidad de un número reducido de actores para condicionar cadenas de suministro esenciales. UNCTAD: mercados alimentarios más justos y competitivos.

Esta concentración tiene consecuencias que afectan especialmente a los agricultores con menos recursos. Cuando las semillas, los insumos y las tecnologías dependen de proveedores externos, los productores quedan expuestos a las variaciones de precios, a las dificultades de abastecimiento y a las condiciones comerciales fijadas por empresas con un poder de negociación muy superior. La innovación puede profundizar esa dependencia si se basa exclusivamente en paquetes tecnológicos costosos, variedades protegidas y suministros que las comunidades no pueden reproducir ni adaptar por sí mismas.

Frente a este modelo, defender la soberanía alimentaria implica ampliar las capacidades de decisión de los pueblos. No significa rechazar la investigación científica, el comercio o la tecnología, sino evitar que su utilización quede subordinada a la rentabilidad privada por encima de las necesidades sociales. La investigación pública, las semillas adaptadas a cada territorio, la formación técnica y el acceso de los pequeños productores a los recursos son componentes esenciales de una política alimentaria que sitúe el interés colectivo en primer plano.

A ello se suma una herencia histórica: la organización colonial de buena parte de la agricultura mundial orientó territorios enteros hacia la exportación de materias primas y productos agrícolas, en función de las necesidades de los mercados exteriores. Aunque las estructuras económicas han cambiado, persisten relaciones desiguales que limitan la capacidad de muchos países para decidir sus prioridades productivas. La dependencia de alimentos importados, insumos agrícolas o tecnología extranjera puede convertirse en una vulnerabilidad cuando las crisis internacionales alteran los precios y los suministros.

Por eso, fortalecer la producción local y regional, diversificar los cultivos y desarrollar capacidades científicas propias no es una consigna autárquica. Es una forma de reducir riesgos y ampliar la capacidad de decisión de las comunidades y los Estados. La cooperación internacional puede contribuir a ese objetivo siempre que transfiera conocimientos y fortalezca capacidades, en lugar de crear nuevas dependencias.

Cuba: el conocimiento campesino como innovación colectiva

La experiencia cubana del Movimiento Agroecológico de Campesino a Campesino, impulsado por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), ofrece un ejemplo de innovación basada en la participación de quienes trabajan directamente la tierra. Su aportación principal consiste en reconocer a las familias campesinas como productoras de conocimiento, capaces de experimentar en sus parcelas, evaluar resultados y compartir soluciones con otras personas productoras.

Un estudio publicado en la revista Agroecología sobre los veinte años de aplicación del movimiento en Cuba, difundido en 2018, señalaba que participaban más de 130.000 familias campesinas, con miles de facilitadores y promotores agroecológicos. Estas cifras corresponden al periodo estudiado y no deben confundirse con un recuento actualizado a 2026. El trabajo describe una metodología de intercambio y aprendizaje colectivo en la que las fincas funcionan como espacios de experimentación y demostración. El Movimiento Agroecológico de Campesino a Campesino en Cuba: realidades, realizaciones y retos.

La agroecología promovida por este movimiento combina la diversificación de cultivos, el aprovechamiento de recursos locales, el cuidado del suelo, la gestión del agua y la reducción de la dependencia de insumos externos. No se trata simplemente de recuperar técnicas tradicionales, sino de articular la experiencia práctica de los agricultores con la formación y los conocimientos científicos. La innovación deja así de concebirse como algo que llega exclusivamente desde laboratorios o empresas y se convierte en un proceso colectivo, adaptado a las condiciones de cada territorio.

La FAO ha documentado también cómo estas prácticas pueden contribuir a reducir los costes de producción y aumentar la resiliencia ante fenómenos climáticos como huracanes y sequías. FAO y La Vía Campesina: la agroecología en Cuba. Estos beneficios potenciales son especialmente importantes para un país que afronta restricciones económicas y dificultades de abastecimiento. Sin embargo, sería incorrecto presentar la agroecología como una solución completa a los problemas alimentarios cubanos: la isla continúa enfrentando dificultades de producción y suministro que requieren medidas económicas, productivas y logísticas más amplias.

El valor de esta experiencia reside, por tanto, en mostrar una vía para ampliar los conocimientos y la autonomía de los productores, mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles y fortalecer la capacidad de adaptación. Su enseñanza no es que exista una fórmula universal, sino que la investigación y la innovación adquieren mayor utilidad cuando las comunidades participan en su desarrollo y pueden apropiarse de sus resultados.

Nicaragua: proteger las semillas para proteger la capacidad de producir

En Nicaragua, los bancos comunitarios de semillas representan otra experiencia concreta de fortalecimiento de las capacidades locales. La semilla es el punto de partida de la producción agrícola: conservar variedades adaptadas al entorno, disponer de ellas en el momento de la siembra y poder reproducirlas son condiciones importantes para la continuidad de los cultivos. Cuando ese acceso depende exclusivamente de proveedores externos, los agricultores pueden quedar expuestos a problemas de precio, disponibilidad o adaptación de las variedades a sus necesidades.

La FAO documenta el trabajo desarrollado en el país por el programa Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO, en colaboración con el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA). Entre sus iniciativas figura el acompañamiento a tres bancos comunitarios de semillas en la elaboración de planes de negocio, con el propósito de contribuir a su consolidación y facilitar que la metodología pueda utilizarse en otras comunidades. La guía publicada en 2024 describe estos bancos como espacios de organización y participación donde los productores pueden producir semillas de las variedades que utilizan, mejorar su disponibilidad y promover su intercambio solidario. FAO: guía para la elaboración de planes de negocio en bancos comunitarios de semillas.

Su importancia no se limita a almacenar semillas. Estos espacios pueden facilitar la selección y conservación de variedades, la distribución entre productores, la recuperación de materiales adaptados a las condiciones locales y la cooperación entre familias agricultoras. También pueden ayudar a que las comunidades mantengan una reserva para afrontar dificultades de abastecimiento o pérdidas de cosechas. Su funcionamiento requiere organización, conocimientos técnicos, conservación adecuada y mecanismos de reposición que garanticen la continuidad del banco.

La experiencia nicaragüense permite comprender que la soberanía alimentaria también se construye con instrumentos cotidianos y concretos. Un banco comunitario no sustituye las políticas agrícolas nacionales ni resuelve por sí solo los problemas de financiación, riego, comercialización o acceso a la tierra. Pero puede fortalecer una pieza fundamental de la autonomía productiva: la capacidad de los agricultores para conservar, reproducir y compartir las semillas que necesitan.

Este enfoque adquiere especial relevancia en una economía mundial donde la concentración empresarial puede limitar las alternativas disponibles. Fortalecer las capacidades locales no significa aislar a los productores de la investigación ni del intercambio comercial, sino evitar que su actividad dependa de una única fuente de abastecimiento y ampliar las opciones que tienen para decidir sobre sus cultivos.

Venezuela: comunas, producción y organización territorial

En Venezuela, el debate sobre la soberanía alimentaria está vinculado a la organización popular y al papel de las comunas como espacios de participación y gestión colectiva del territorio. Su relevancia para la producción agrícola reside en la posibilidad de articular a las comunidades con instituciones públicas, compartir conocimientos y recursos, y organizar iniciativas productivas a partir de las necesidades locales. Pero conviene analizar las experiencias concretas, sin dar por supuesto que todas las comunas tienen las mismas capacidades ni que los resultados son idénticos en cada territorio.

Un estudio presentado en el V Congreso Latinoamericano de Agroecología de 2015 examinó la transición agroecológica en la comuna Alto Tuy, situada en el municipio Revenga, estado Aragua. La investigación identificó un marco legal favorable a la agricultura sustentable y destacó el papel de la formación agroecológica y de las relaciones entre comunidad e instituciones. Al mismo tiempo, señaló que el proceso de transición no estaba plenamente definido. Esa conclusión resulta importante: el estudio permite analizar tanto las posibilidades de la organización comunal como las dificultades que aparecen al convertir los principios políticos y jurídicos en transformaciones productivas sostenidas. Comuna y transición agroecológica: estudio de Alto Tuy.

También existen iniciativas dirigidas a recuperar y multiplicar semillas locales. En abril de 2026, la FAO informó de un acuerdo con el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) para fortalecer la producción de semillas en los estados Aragua, Carabobo y Portuguesa. El proyecto prevé trabajar con cultivos estratégicos como maíz, caraotas, frijol bayo y yuca, además de promover bancos locales de semillas, formación técnica y protocolos de calidad. Se trata de una iniciativa destinada a fortalecer las capacidades nacionales y locales, por lo que conviene hablar de sus objetivos y actuaciones previstas, no presentar todas sus metas como resultados ya alcanzados. FAO: acuerdo con el INIA para fortalecer la producción de semillas en Venezuela.

Otro ejemplo es el trabajo realizado en el estado Apure tras las inundaciones. En mayo de 2026, la FAO describió acciones para recuperar espacios productivos afectados, promover técnicas adaptadas a las condiciones climáticas, impulsar la producción de alimentos y conservar semillas para futuras siembras. Según la organización, las actividades alcanzaron a 97 comunidades de cinco municipios y beneficiaron a más de 3.700 hogares. Entre las prácticas promovidas figuraban los cultivos asociados, la producción de bioinsumos, la recuperación de conucos y el aprendizaje práctico en las propias comunidades. FAO: recuperación de la producción agrícola en Apure.

Estas experiencias permiten abordar la importancia de las comunas y de la organización territorial sin idealizarlas. La participación comunitaria puede ayudar a identificar necesidades, compartir recursos y sostener iniciativas productivas, pero necesita asistencia técnica, infraestructura, acceso al agua, financiación, semillas de calidad y canales de distribución. La voluntad colectiva, por sí sola, no elimina las limitaciones materiales.

La aportación venezolana al debate consiste en situar la organización popular y la participación institucional en el centro de la discusión sobre quién gestiona la producción y con qué objetivos. Cuando esa participación se combina con conocimientos agronómicos, planificación, recursos y evaluación de resultados, puede contribuir a construir sistemas alimentarios más vinculados a las necesidades del territorio.

Las mujeres y la juventud en la transformación agrícola

La transformación de los sistemas alimentarios también exige reconocer el papel de las mujeres rurales y de la juventud. Las mujeres participan en la producción agrícola, la selección y conservación de semillas, el procesamiento de alimentos, los mercados locales y el sostenimiento de las economías familiares. Sin embargo, su contribución no siempre se corresponde con el acceso que tienen a la tierra, al crédito, a la formación técnica o a los espacios de decisión.

Una política de soberanía alimentaria debe favorecer su participación efectiva en las cooperativas, las organizaciones campesinas, los programas de formación y las instituciones que definen las prioridades agrícolas. No basta con reconocer su trabajo: es necesario ampliar sus recursos y su capacidad de intervenir en las decisiones productivas. Lo mismo ocurre con la juventud rural, cuyo acceso a formación, tecnología, tierra y oportunidades económicas influye en la continuidad de las comunidades agrícolas.

La innovación puede desempeñar un papel relevante en este terreno. La formación técnica, los sistemas de información climática, las herramientas para gestionar el agua y los canales digitales de comercialización pueden facilitar el trabajo y abrir oportunidades. Pero su utilidad depende de que sean accesibles y respondan a las condiciones reales de los productores. Una tecnología costosa o que requiere una conectividad inexistente puede aumentar las desigualdades en lugar de reducirlas.

La cuestión central sigue siendo la misma: la tecnología debe ampliar las capacidades de las personas y de las comunidades, no convertirse en otra barrera que excluya a quienes tienen menos recursos.

Cooperación internacional: compartir capacidades, no crear dependencias

La cooperación internacional puede contribuir a que las experiencias agrícolas no queden aisladas en sus lugares de origen. El intercambio entre productores, universidades, centros de investigación, instituciones públicas y organizaciones campesinas permite compartir semillas, técnicas de conservación, métodos agroecológicos y soluciones frente a las sequías, las inundaciones o la degradación de los suelos.

La cooperación Sur-Sur tiene un potencial particular porque facilita el intercambio entre países que afrontan desafíos comparables, aunque sus condiciones no sean idénticas. Las experiencias de Cuba en formación agroecológica, de Nicaragua en bancos comunitarios de semillas y de Venezuela en organización territorial y recuperación productiva pueden ofrecer aprendizajes útiles para otras comunidades. Eso no significa trasladar modelos de manera automática: cada experiencia debe adaptarse a las condiciones ambientales, económicas, culturales e institucionales del lugar donde se aplique.

Desde una perspectiva internacionalista, cooperar significa reconocer que los conocimientos pueden circular y enriquecerse mediante la experiencia compartida. También supone cuestionar una relación desigual en la que algunos países aparecen exclusivamente como receptores de tecnología y otros como proveedores que determinan sus condiciones de uso. Una cooperación orientada a la soberanía alimentaria debe fortalecer las capacidades locales, apoyar la investigación pública y favorecer que las comunidades puedan mantener y reproducir las soluciones que reciben.

Los proyectos de semillas, la formación técnica, la investigación agroecológica y la recuperación de suelos pueden producir beneficios duraderos cuando existe continuidad institucional y participación de los productores. Para ello se necesitan financiación estable, seguimiento y evaluación, además de mecanismos que permitan compartir los resultados y corregir los problemas detectados.

El objetivo no es sustituir la dependencia de un proveedor por la dependencia de otro, sino ampliar las alternativas disponibles. La cooperación cobra su mayor valor cuando deja conocimientos, herramientas y capacidades que permanecen en manos de las comunidades y de las instituciones que trabajan con ellas.

Seguridad alimentaria y soberanía alimentaria: dos conceptos relacionados, pero distintos

Para comprender el alcance político de estas experiencias es necesario distinguir entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. La seguridad alimentaria se refiere a que todas las personas puedan acceder de manera suficiente, estable y adecuada a los alimentos que necesitan. La soberanía alimentaria incorpora otra dimensión: la capacidad de los pueblos para decidir sus políticas agrícolas y alimentarias, definir sus prioridades productivas y participar en la gestión de los recursos que sostienen su alimentación.

Ambos objetivos están relacionados, pero no son equivalentes. Un país puede disponer de alimentos mediante importaciones y garantizar temporalmente el abastecimiento sin haber desarrollado una producción propia capaz de responder a sus necesidades. Esa situación puede ofrecer resultados inmediatos, pero también dejar a la población expuesta a las variaciones de precios, a las interrupciones comerciales o a las decisiones de proveedores externos. La soberanía alimentaria busca reducir esas vulnerabilidades mediante el fortalecimiento de las capacidades productivas, sin excluir el comercio ni la cooperación internacional.

La dimensión política de este concepto quedó reflejada en América Latina en iniciativas de integración regional. En abril de 2008, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela suscribieron, en el marco del ALBA, un Acuerdo para la Implementación de Programas de Cooperación en Materia de Soberanía y Seguridad Alimentaria. El texto planteaba la cooperación técnica y científica, la integración agroproductiva y el fortalecimiento sostenible de la producción interna, junto con mecanismos de cooperación e inversión. Consultar el acuerdo del ALBA de 2008.

Aquel acuerdo constituye un antecedente político de la voluntad de abordar la alimentación desde la cooperación entre países y no únicamente desde la competencia comercial. Su existencia, por supuesto, no demuestra que todos sus objetivos se hayan cumplido. Su relevancia reside en haber formulado una orientación: combinar las capacidades de cada país, compartir conocimientos y recursos, y considerar el acceso a los alimentos una cuestión de interés público y de integración regional.

Hoy, ante las crisis climáticas, la concentración empresarial y las dificultades que afectan a numerosas economías, esa orientación sigue planteando preguntas fundamentales. ¿Cómo asegurar que los avances tecnológicos lleguen también a los pequeños productores? ¿Cómo reducir la dependencia de semillas e insumos externos sin renunciar a la investigación científica? ¿Cómo conseguir que la producción agrícola responda a las necesidades de la población y no exclusivamente a las oportunidades más rentables del mercado?

No existen respuestas idénticas para todos los países. Las condiciones del suelo, el clima, la disponibilidad de agua, la estructura de la propiedad agraria y las capacidades económicas varían de un territorio a otro. Precisamente por eso, las soluciones necesitan combinar investigación, conocimientos locales, políticas públicas y participación comunitaria, en lugar de imponer un único modelo productivo.

Innovar para garantizar derechos, no para ampliar dependencias

La soberanía alimentaria no se alcanza mediante una técnica aislada ni con una iniciativa puntual. Requiere políticas sostenidas de apoyo a la agricultura familiar y cooperativa, investigación pública, formación, conservación de semillas, acceso a la tierra y al agua, infraestructuras adecuadas y mecanismos de distribución que permitan a los productores vivir dignamente de su trabajo. También exige prestar atención a los efectos del cambio climático y a la necesidad de conservar la biodiversidad y los recursos naturales que sostienen la producción.

Las experiencias examinadas muestran diferentes dimensiones de ese esfuerzo. Cuba aporta una trayectoria de aprendizaje agroecológico entre campesinos; Nicaragua ofrece un ejemplo de organización para conservar y multiplicar semillas; Venezuela permite analizar las posibilidades y dificultades de la articulación entre comunas, instituciones y producción territorial. Ninguna de estas experiencias debe presentarse como una solución universal ni como una realidad libre de problemas. Su valor consiste en aportar conocimientos concretos sobre los que se puede aprender, debatir y trabajar.

De ellas se desprende una idea común: la innovación resulta más transformadora cuando las comunidades pueden participar en su desarrollo, comprenderla, adaptarla y mantenerla. Una semilla que puede reproducirse localmente, una técnica que reduce la dependencia de insumos costosos o una red campesina que comparte conocimientos pueden ampliar la capacidad de decisión de quienes producen los alimentos. El avance no se mide únicamente por el aumento de los rendimientos, sino también por la reducción de vulnerabilidades y la distribución de las capacidades productivas.

Desde una perspectiva anticapitalista e internacionalista, esto implica cuestionar que la alimentación se trate exclusivamente como una mercancía y que la capacidad de alimentarse dependa de la posición económica de cada persona. También significa reconocer que la cooperación entre pueblos puede contribuir a enfrentar problemas comunes, siempre que respete las condiciones locales y refuerce la autonomía de quienes participan en ella.

Innovar para los pueblos significa poner la ciencia, la tecnología y la cooperación al servicio de la vida. La lucha contra el hambre exige producir alimentos suficientes, pero también garantizar que las personas puedan acceder a ellos y que los pueblos tengan capacidad para decidir cómo organizar sus sistemas alimentarios. La soberanía alimentaria empieza a construirse cuando las comunidades dejan de ser simples consumidoras de soluciones diseñadas por otros y se convierten en protagonistas de su propio desarrollo.

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La 81.ª Asamblea General de la ONU: entre Imperialismo, Crisis del Multilateralismo y lucha por imponer el relato

Por Javier Huerta

La 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas ha terminado dejando una impresión difícil de resumir en una sola palabra. Durante varios días, representantes de 194 delegaciones, entre ellos 113 jefes de Estado y de Gobierno, ocuparon la tribuna de la organización para hablar de guerras, soberanía, desarrollo, Palestina, Ucrania, Irán, deuda, cambio climático, inteligencia artificial y reforma de las instituciones internacionales. Al cerrar el debate, el presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, resumió algunas de las principales preocupaciones expresadas por los Estados: la protección de la población civil, el acceso humanitario, la rendición de cuentas, las soluciones políticas basadas en el derecho internacional y la necesidad de que el Consejo de Seguridad cumpla las responsabilidades que le asigna la Carta. El lema de esta sesión —«Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations That Delivers for All»— condensaba precisamente el desafío: recuperar la confianza en una organización cuya autoridad se encuentra sometida a una presión creciente.

Pero detrás de la sucesión de discursos aparece una cuestión más profunda. La Asamblea no ha sido únicamente otro escenario para enumerar los problemas del planeta, sino un espacio donde se ha hecho visible la disputa por las reglas que deben organizar las relaciones internacionales en un mundo que ya no se corresponde con el reparto de poder de 1945. António Guterres advirtió de la profundización de las fracturas internacionales y situó entre los grandes desafíos de nuestro tiempo la guerra y la paz, la desigualdad, el cambio climático y la inteligencia artificial. Lo que está en juego, por tanto, no es solamente si Naciones Unidas funciona mejor o peor, sino quién tiene capacidad para definir qué significan la seguridad, la soberanía, el desarrollo, la legalidad internacional y la cooperación en el siglo XXI.

En «La ONU entre expectativas y realidad», Fabrizio Casari examina la distancia entre los objetivos fundacionales de la organización y los límites que impone la realidad internacional. Y en el articulo, «Las anécdotas de la 81.ª Asamblea General de la ONU en crisis: una semana que retrató el mundo que está cambiando», donde repaso algunos de los episodios más significativos de la semana de alto nivel. Este artículo continúa esa reflexión desde una perspectiva política y económica: más allá de las escenas y los discursos, interesa examinar las relaciones de poder y las contradicciones institucionales que ayudan a explicar la crisis del multilateralismo y las fuerzas que pugnan por definir el orden internacional que está tomando forma.

Una organización nacida en 1945 ante un mundo transformado

La arquitectura institucional creada después de la Segunda Guerra Mundial continúa siendo el marco jurídico fundamental del sistema internacional, pero el mundo que la sostiene ha cambiado profundamente. Las potencias que entonces concentraban gran parte de la capacidad económica, militar y política conservan una influencia extraordinaria, aunque junto a ellas han aparecido nuevos centros de poder económico, tecnológico y demográfico. China ocupa una posición central en la economía mundial; India ha incrementado su peso económico y político; Rusia mantiene una considerable capacidad militar y energética; y numerosos países latinoamericanos, africanos y asiáticos reclaman un mayor margen de decisión. Agrupaciones como BRICS expresan, pese a la heterogeneidad y los intereses diferentes de sus miembros, la búsqueda de mecanismos de cooperación que no dependan exclusivamente de instituciones dominadas históricamente por las potencias occidentales.

La cuestión no consiste simplemente en sustituir un centro de poder por otro, sino en determinar si la transformación de la distribución internacional del poder puede traducirse en instituciones más representativas y en mayores márgenes de decisión para los países que históricamente han tenido menos capacidad para establecer las reglas.

En este debate vuelve a adquirir actualidad la figura de Miguel d’Escoto Brockmann. Durante su presidencia de la Asamblea General, en 2008-2009, el diplomático y sacerdote nicaragüense defendió una democratización profunda de la ONU y cuestionó que el Consejo de Seguridad concentrará una capacidad política desproporcionada respecto de la Asamblea General, donde están representados todos los Estados miembros. Sus propuestas no resolvieron aquella contradicción, pero permiten recordar que la discusión sobre la reforma de la ONU no nació con la crisis actual: lleva décadas vinculada al problema de quién decide en nombre de la comunidad internacional. Para profundizar en este legado, puede consultarse el artículo «Miguel d’Escoto y la reinvención de la ONU: una propuesta sandinista para democratizar el mundo».

La necesidad de reformar la organización no puede separarse de la desigualdad de poder que caracteriza su funcionamiento. La existencia de un Consejo de Seguridad con cinco miembros permanentes dotados de derecho de veto condiciona la respuesta internacional ante numerosas crisis. Mientras tanto, regiones enteras continúan reclamando una representación acorde con su peso demográfico y político. África, cuya exclusión de los puestos permanentes sigue siendo uno de los principales asuntos pendientes, recuerda que la reforma institucional no es una discusión meramente administrativa: también es una disputa por corregir las jerarquías heredadas de un orden mundial anterior.

Soberanía, doble rasero y poder de las grandes potencias

La disputa se hizo particularmente visible en el discurso de Estados Unidos. La Administración Trump presentó ante la Asamblea una concepción de las relaciones internacionales basada en la soberanía nacional, la primacía de los intereses estadounidenses y el rechazo de una mayor transferencia de competencias hacia estructuras internacionales. La propia Casa Blanca resumió la intervención de Donald Trump como una defensa de la fortaleza estadounidense, de sus intereses y de su soberanía. Esa posición puede consultarse en la declaración oficial de la Casa Blanca del 22 de septiembre de 2026.

Sin embargo, la defensa de la soberanía debe contrastarse con las actuaciones concretas de Washington y con el trato que dispensa a otros países cuando sus decisiones no coinciden con los intereses estadounidenses. Uno de los episodios más significativos fue la denegación o revocación de visados a representantes palestinos, incluido el presidente Mahmud Abás, que impidió su participación presencial en la sede de Naciones Unidas durante la semana de alto nivel. El 17 de septiembre, la Asamblea General aprobó una resolución para permitir que Palestina participara mediante una intervención pregrabada: obtuvo 152 votos a favor, tres en contra —Estados Unidos, Israel y Paraguay— y cuatro abstenciones —Colombia, Honduras, Panamá y Perú—. La resolución lamentó expresamente la decisión estadounidense. Los detalles figuran en la información oficial de Naciones Unidas sobre la votación.

El episodio muestra una contradicción difícil de ignorar: mientras Washington reivindica su soberanía nacional y cuestiona las limitaciones que puedan imponerle las instituciones multilaterales, su política de visados restringió la participación palestina en el principal foro universal de la organización. La votación no demuestra que todos los países que apoyaron la resolución compartan una misma posición sobre el conjunto del conflicto palestino-israelí, pero sí refleja un amplio respaldo a que Palestina pudiera intervenir en el debate general.

El problema es más amplio que este episodio. Las grandes potencias tienden a interpretar los principios internacionales en función de sus alianzas e intereses, presentando sus propias actuaciones como defensa de la seguridad o del orden mientras cuestionan las de sus adversarios. Señalar este doble rasero no exige afirmar que todas las situaciones sean idénticas ni que las responsabilidades de los Estados sean intercambiables; exige aplicar criterios coherentes a las actuaciones de todos ellos. Si la soberanía y el derecho internacional deben servir para limitar los abusos de poder, no pueden convertirse en argumentos que se invocan para proteger los intereses propios y se relativizan cuando amparan a pueblos o gobiernos enfrentados a una gran potencia.

La cuestión adquiere mayor relevancia al comparar el discurso estadounidense con las posiciones de Nicaragua, Cuba o Irán, países que también invocan la soberanía, aunque desde contextos y proyectos políticos diferentes. Sus declaraciones deben atribuirse a sus respectivos gobiernos y someterse a examen crítico, pero no por ello cabe ignorar la cuestión material que plantean: ¿qué margen real de autodeterminación conserva un país cuando las sanciones, la presión financiera, las restricciones comerciales o la amenaza militar condicionan sus decisiones? El problema no es quién utiliza con mayor frecuencia el lenguaje de la soberanía, sino quién dispone de capacidad para imponer sus decisiones y quién puede exigir que las reglas se apliquen también a las grandes potencias.

La guerra entre Estados Unidos e Irán convirtió esa disputa en una cuestión especialmente concreta. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó ante la Asamblea que su país no capitularía ante la presión militar estadounidense, pero sostuvo que Irán seguía abierto a la diplomacia. Rechazó negociar bajo amenaza, defendió el carácter pacífico que Teherán atribuye a su programa nuclear y denunció las acciones militares estadounidenses. La delegación estadounidense abandonó la sala al comienzo del discurso iraní, según informó Reuters el 23 de septiembre. Estas afirmaciones recogen la posición del Gobierno iraní y no deben confundirse con una verificación independiente de todas sus acusaciones.

El episodio pone de manifiesto una de las contradicciones centrales de la política internacional: la diplomacia continúa presentándose como instrumento para resolver las crisis, pero su eficacia queda gravemente limitada cuando la negociación se desarrolla bajo presión militar, económica o financiera. El control de las rutas energéticas, las sanciones, el petróleo y el estrecho de Ormuz no son cuestiones separadas de la geopolítica; forman parte de una misma disputa por la capacidad de los Estados para decidir sobre sus recursos y sus relaciones exteriores.

Algo semejante ocurre con Palestina y Ucrania, aunque sus contextos históricos y políticos sean diferentes. La Asamblea volvió a escuchar llamamientos a proteger a la población civil y respetar el derecho internacional, mientras las posiciones de los Estados mostraron profundas diferencias sobre la aplicación práctica de esos principios. La credibilidad del sistema multilateral depende de que las normas no queden subordinadas permanentemente a las alianzas y a las relaciones de fuerza. No basta con proclamar la vigencia del derecho internacional: también hay que examinar qué ocurre cuando su aplicación entra en conflicto con los intereses de una potencia.

El Sur Global y la búsqueda de un orden multipolar

Desde esta perspectiva deben leerse las intervenciones de varios países del Sur Global. Nicaragua defendió, durante la reunión dedicada al 40.º aniversario de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, la eliminación de medidas que obstaculizan el desarrollo y vulneran la soberanía, la igualdad soberana, la no injerencia y la autodeterminación. Su representación reclamó una reforma de la arquitectura económica y financiera internacional para avanzar hacia un orden más justo, democrático, inclusivo y multipolar. La intervención puede consultarse en la transcripción de Naciones Unidas de la reunión del 23 de septiembre de 2026.

En el debate general, el Gobierno nicaragüense destacó asimismo la importancia creciente de BRICS, vinculó esa agrupación con el derecho al desarrollo, expresó solidaridad con Cuba, respaldó el principio de una sola China (no reconoce a Taiwán como un Estado independiente de China) y manifestó su apoyo a la posición rusa en favor de la paz. Estas declaraciones permiten identificar las prioridades diplomáticas de Managua, aunque no convierten a BRICS en una organización homogénea ni demuestran que todos sus miembros compartan una misma concepción del orden mundial. La agrupación reúne países con intereses económicos, estrategias internacionales y sistemas políticos diferentes, unidos en parte por la búsqueda de mayor capacidad de negociación dentro de las instituciones mundiales.

Cuba planteó una problemática relacionada al situar el bloqueo y las presiones económicas estadounidenses en el centro de su reivindicación de soberanía y desarrollo. Para el Gobierno cubano, las restricciones económicas y financieras limitan las posibilidades de desarrollo del país y forman parte de una política de coerción. El debate debe atender tanto a las consecuencias económicas y sociales de esas medidas como a los argumentos que ofrece Washington para justificarlas. En cualquier caso, el uso de instrumentos económicos para condicionar las decisiones políticas de otros Estados constituye una cuestión central para comprender los límites materiales de la soberanía.

Venezuela, por su parte, vinculó soberanía, recursos naturales, energía, industria, comercio, tecnología e inteligencia artificial dentro de una misma concepción de autonomía nacional. Su representación presentó las sanciones y las presiones externas como obstáculos para el desarrollo y para el control nacional de los recursos. Estas posiciones deben distinguirse de los hechos comprobables y de las interpretaciones sobre la política venezolana, pero permiten identificar un argumento compartido por varios gobiernos del Sur: la soberanía pierde contenido material cuando las decisiones económicas fundamentales quedan condicionadas por restricciones financieras, dificultades de acceso a mercados, tecnología o energía.

Rusia defendió una interpretación del futuro internacional basada en la construcción de un mundo multipolar y en la oposición a estructuras que considera dominadas por una minoría de potencias. Esa posición debe analizarse teniendo en cuenta también las actuaciones del propio Estado ruso y las controversias que suscita su política exterior. La utilización del lenguaje de la multipolaridad no exime a ningún gobierno de la obligación de respetar el derecho internacional.

China, por su parte, defendió la centralidad de Naciones Unidas y de la Carta de la organización, reclamó respeto a la soberanía y a la seguridad de los países y abogó por resolver las controversias mediante el diálogo y las consultas. También defendió el principio de que sean los palestinos quienes gobiernen Palestina. Estas posiciones forman parte de la política exterior del Gobierno chino y conviven con sus propios intereses estratégicos y económicos, que deben evaluarse, como los de cualquier gran potencia, a partir de sus declaraciones y de sus actuaciones.

La diversidad de posiciones se aprecia también en países que no pueden reducirse simplemente a uno u otro bloque. India advirtió sobre los efectos globales de los conflictos y reclamó proteger a la población civil y mantener los flujos de energía y comercio, al tiempo que describió las dificultades que afrontan los países del Sur en materia de alimentos, combustibles, fertilizantes y financiación. Brasil ha defendido el multilateralismo, la soberanía latinoamericana y la reforma de las instituciones internacionales. Numerosos Estados africanos continúan reclamando una representación permanente del continente en el Consejo de Seguridad. Para muchos de estos países, reformar el sistema significa corregir estructuras heredadas de una época colonial y ampliar la capacidad de decisión de Estados cuya representación institucional no corresponde a su peso demográfico y político.

Ahora bien, sería insuficiente describir esta transformación como una simple sustitución de la hegemonía estadounidense por una futura hegemonía china, rusa o de cualquier otra potencia. La multipolaridad describe una distribución más diversificada del poder, pero no garantiza por sí misma un orden internacional más justo. Puede abrir espacios de autonomía para determinados Estados y, al mismo tiempo, mantener profundas desigualdades económicas y sociales. La existencia de más polos no elimina automáticamente las relaciones de explotación, dependencia o concentración de riqueza. La transformación del equilibrio entre Estados y la transformación de las relaciones sociales no son procesos idénticos.

La economía política del nuevo orden mundial

La geopolítica no puede separarse de la economía política internacional. La disputa por el poder mundial también pasa por quién controla el crédito, las monedas de reserva, los sistemas de pago, las cadenas de suministro, los recursos minerales, la energía, los semiconductores, las infraestructuras digitales y las tecnologías estratégicas. Las sanciones pueden restringir el acceso a mercados, financiación y tecnología; la deuda reduce el margen de maniobra de numerosos países; y la competencia por minerales críticos y fuentes energéticas está adquiriendo una importancia creciente. Al mismo tiempo, las grandes empresas tecnológicas acumulan capacidades que hace apenas unas décadas estaban reservadas casi exclusivamente a los Estados.

Por eso, la capacidad jurídica de un país para declararse soberano puede no coincidir con su capacidad material para ejercer esa soberanía. Cuando los países endeudados encuentran dificultades para financiar políticas de desarrollo, cuando el acceso a tecnología depende de un reducido número de proveedores y cuando las cadenas de producción están concentradas en determinados territorios, la autonomía nacional se ve condicionada por relaciones económicas que desbordan las fronteras. La discusión sobre una nueva arquitectura financiera internacional, planteada por Nicaragua y otros países del Sur, afecta así al reparto mundial de recursos y de capacidad de decisión, no solo al funcionamiento administrativo de las instituciones.

La inteligencia artificial constituye uno de los ejemplos más claros de esta transformación. En su discurso de clausura del debate general, el presidente de la Asamblea General señaló que cuatro años antes solo cinco delegaciones habían abordado esta cuestión, mientras que en 2026 lo hicieron 128, más que las que hablaron sobre derechos humanos y cambio climático. El dato muestra la velocidad con la que la IA ha pasado de ocupar un lugar secundario a convertirse en una preocupación central de la agenda internacional. Puede consultarse en el discurso de clausura de Khalilur Rahman, del 28 de septiembre.

Pero la amplitud del debate no significa que todos los países tengan la misma capacidad para intervenir en las decisiones. Según el informe de Naciones Unidas Governing AI for Humanity, publicado en 2024, 118 países no eran parte de ninguna de las siete iniciativas internacionales de gobernanza de la inteligencia artificial examinadas en el documento. La cifra no significa que esos Estados estuvieran ausentes de todos los debates sobre IA, sino que no participaban en ninguno de esos siete mecanismos concretos. La desigualdad afecta, por tanto, tanto al acceso a las herramientas tecnológicas como a la capacidad para influir en las reglas que determinarán su desarrollo y utilización.

La concentración de los sistemas más avanzados en un número reducido de países y empresas plantea un problema que rebasa la innovación técnica. Quien controla los centros de datos, los semiconductores, la capacidad de computación, las plataformas y los grandes conjuntos de datos dispone de una ventaja económica y estratégica que puede condicionar a otros Estados. La presidencia de la Asamblea advirtió precisamente del riesgo de que un pequeño número de países y empresas controle los datos, la capacidad de computación y las reglas que afectarán al conjunto de la humanidad.

La IA se convierte así en una cuestión de soberanía tecnológica, pero también de clase: sus beneficios, los empleos que transforme, los riesgos que genere y el poder que concentre dependerán de quién posea las infraestructuras y de quién pueda decidir sobre su uso. No basta con preguntar qué países liderarán la innovación; hay que preguntarse quién se apropiará de sus beneficios, qué sectores soportarán sus costes y qué capacidad tendrán los pueblos para intervenir en decisiones que afectarán a sus condiciones de vida.

La misma lógica atraviesa la cuestión energética y los recursos naturales. Las guerras contemporáneas no pueden analizarse exclusivamente a partir de declaraciones diplomáticas o movimientos militares cuando el petróleo, el gas, los minerales estratégicos, las rutas marítimas y las infraestructuras forman parte de las condiciones materiales que permiten ejercer poder. El caso de Irán y el estrecho de Ormuz lo ha vuelto particularmente evidente, pero la competencia por recursos estratégicos se extiende desde América Latina hasta África y Asia. El derecho de los pueblos a disponer de sus recursos aparece así unido a la discusión sobre desarrollo y soberanía que Nicaragua y otros países del Sur llevaron a la Asamblea.

Desarrollo, desigualdad y crisis climática

La distancia entre los compromisos internacionales y sus resultados también puede medirse en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El informe de Naciones Unidas de 2026 indica que, de las 139 metas para las que había datos de tendencia disponibles, solo el 36 % estaba en vías de cumplirse o mostraba avances moderados; el 49 % progresaba demasiado lentamente y el 15 % había retrocedido respecto de los niveles de 2015. El informe señala entre los obstáculos los conflictos, la desigualdad, la crisis climática, el endeudamiento y la insuficiencia de financiación.

Estas cifras impiden reducir la crisis del multilateralismo a un desacuerdo diplomático entre gobiernos: también reflejan la dificultad de convertir las declaraciones sobre desarrollo sostenible en mejoras suficientes para las mayorías sociales. Cuando los países destinan recursos al servicio de la deuda, afrontan costes crecientes de financiación y carecen de acceso adecuado a tecnología e inversión, su capacidad para desarrollar políticas propias queda condicionada. La reforma de la arquitectura económica y financiera internacional tiene consecuencias directas sobre la educación, la sanidad, el empleo, la alimentación y las posibilidades de desarrollo de millones de personas.

La cuestión climática introduce otra contradicción. Muchos países que han contribuido relativamente menos a las emisiones históricas se encuentran entre los más expuestos a sus consecuencias, mientras las grandes transformaciones energéticas requieren inversiones, tecnología y financiación distribuidas de manera desigual. La discusión medioambiental resulta inseparable de la cuestión económica: quién paga la transición, quién controla las nuevas tecnologías, quién posee los recursos necesarios para llevarla a cabo y qué países terminan asumiendo sus costes sociales y económicos.

La crisis climática, el endeudamiento y la desigualdad no son problemas independientes que puedan resolverse mediante declaraciones separadas. Condicionan la capacidad de los Estados para responder a las necesidades de sus poblaciones y muestran hasta qué punto las reglas económicas internacionales pueden facilitar o limitar el desarrollo. Sin cambios en esas condiciones materiales, los compromisos multilaterales corren el riesgo de quedarse en objetivos declarados sin recursos suficientes para hacerlos realidad.

La batalla por el relato y la legitimidad internacional

La sucesión de crisis vuelve a poner sobre la mesa la cuestión de la información. Palestina, Ucrania, Irán, Venezuela, Cuba y otros conflictos muestran que la batalla internacional no se libra únicamente mediante la diplomacia, las sanciones o la fuerza militar. También existe una disputa por la interpretación de los acontecimientos, por las categorías con las que se describen las guerras, por la legitimidad de determinados gobiernos y por la definición de quién aparece como defensor del derecho internacional y quién como violador de sus principios.

Imponer un relato no es un elemento decorativo de la geopolítica: influir sobre la percepción internacional condiciona la legitimidad política de las medidas económicas, militares y diplomáticas que posteriormente pueden adoptarse. Pero el análisis crítico debe examinar quién produce y difunde cada relato, qué pruebas lo sostienen y qué intereses pueden beneficiarse de él. La versión de un Gobierno no se convierte en verdadera por el mero hecho de contradecir la de otro, ni la crítica a una potencia obliga a aceptar sin examen las posiciones de sus adversarios.

En este contexto, Naciones Unidas continúa siendo una institución limitada, atravesada por las mismas relaciones de poder que pretende gestionar, pero al mismo tiempo difícilmente sustituible. La presidencia de la Asamblea General señaló al cierre del debate que los Estados habían defendido el multilateralismo en función de su capacidad para transformar las realidades concretas. Esa observación resulta fundamental: la organización no recuperará legitimidad simplemente multiplicando declaraciones y reuniones si las decisiones adoptadas no consiguen modificar las condiciones que producen las guerras, el hambre, la desigualdad, el endeudamiento o la destrucción ambiental.

Por eso la reforma de Naciones Unidas vuelve inevitablemente al problema que Miguel d’Escoto planteó hace casi dos décadas: quién decide. La composición del Consejo de Seguridad, el derecho de veto, la autoridad de la Asamblea General y la selección del próximo secretario general no son cuestiones meramente administrativas. El propio presidente de la Asamblea recordó que, según la Carta, el Consejo de Seguridad recomienda al secretario general y la Asamblea General realiza el nombramiento, y reclamó un proceso transparente, inclusivo y basado en los méritos. La elección de quien ocupará la Secretaría General constituye otra expresión de la disputa por la legitimidad y la autonomía de la organización.

La 81.ª Asamblea General deja, por tanto, un panorama en el que conviven concepciones diferentes del futuro internacional. Washington reivindica una soberanía nacional vinculada a la defensa de sus intereses; Moscú presenta la multipolaridad como vía hacia una distribución diferente del poder; Nicaragua reclama soberanía, autodeterminación y una reforma económica y financiera internacional; Cuba insiste en las consecuencias de las medidas coercitivas y en su derecho al desarrollo; China defiende la centralidad de la Carta de Naciones Unidas y la solución de las controversias mediante el diálogo; mientras India, Brasil y numerosos Estados africanos reclaman mayor representación, autonomía estratégica y capacidad de decisión. Son posiciones distintas, con intereses y proyectos propios, y precisamente por ello la Asamblea permite observar la transformación del sistema mundial.

El problema histórico consiste ahora en saber qué emergerá de esa transformación. Una mayor pluralidad de centros de poder puede abrir espacios para países que durante décadas tuvieron un margen limitado de decisión, pero también puede intensificar la competencia entre grandes potencias si no se acompaña de instituciones capaces de establecer reglas comunes. La alternativa no se reduce a elegir entre una hegemonía y otra. En última instancia, la disputa internacional continúa teniendo una dimensión material: quién controla los recursos, el crédito, la tecnología, la energía, las cadenas de producción, la información y la fuerza militar; quién determina las reglas que regulan esos recursos; y qué capacidad conservan los pueblos y los Estados para decidir sobre su propio desarrollo.

La ONU nació en 1945 con la promesa de impedir que las grandes potencias volvieran a arrastrar al mundo a una catástrofe semejante a la que acababa de terminar. Ocho décadas después, aquella promesa sigue siendo necesaria, pero las relaciones de poder sobre las que se construyó la organización ya no son las mismas. La 81.ª Asamblea ha mostrado esa tensión: un sistema internacional que necesita cooperación para afrontar problemas que ningún Estado puede resolver por sí solo y, simultáneamente, unas relaciones de poder que dificultan establecer reglas aceptadas y aplicadas de manera uniforme.

La pregunta que queda abierta no es solamente si Naciones Unidas será capaz de reformarse, sino quién tendrá capacidad para definir esa reforma, qué intereses terminarán orientándola y para quién se organizará el nuevo orden internacional que está tomando forma.

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El internacionalismo del Che: luchar más allá de las propias fronteras

Por Javier Huerta 

Cada 8 de octubre, la memoria de Ernesto Che Guevara regresa a una fecha que marcó profundamente la historia de las luchas revolucionarias del siglo XX. Aquel día de 1967, en la quebrada del Yuro, en Bolivia, el ejército boliviano capturó al guerrillero argentino-cubano, que sería ejecutado al día siguiente por orden de las autoridades militares. Su muerte, cuando tenía 39 años, no puso fin a la influencia de sus ideas ni a los debates sobre la estrategia revolucionaria que había defendido. Al contrario, convirtió su trayectoria en un terreno permanente de disputa política, histórica y cultural. Cincuenta y nueve años después, recordar al Che exige ir más allá de la evocación de su muerte y examinar el principio que dio sentido a buena parte de su actuación: la convicción de que la emancipación de los pueblos no podía quedar encerrada dentro de las fronteras nacionales.

El internacionalismo de Guevara se desarrolló en una época atravesada por las luchas de liberación nacional, la descomposición de los imperios coloniales europeos, la Revolución cubana y la confrontación entre grandes bloques de poder. En Asia y África, numerosos pueblos conquistaban su independencia formal después de décadas de dominación colonial; en América Latina, las estructuras económicas heredadas del colonialismo seguían condicionando el desarrollo de las sociedades. La concentración de la tierra, la explotación del trabajo y la dependencia de los capitales extranjeros limitaban las posibilidades de transformación social. La independencia política no garantizaba por sí misma la soberanía económica: la bandera de un Estado podía ondear sobre un territorio cuyas principales riquezas, inversiones y decisiones estratégicas continuaban sometidas a intereses externos. En ese contexto, el Che entendió el internacionalismo como una respuesta a un sistema de dominación que conectaba las relaciones de clase dentro de cada país con las desigualdades existentes entre las naciones.

De América Latina a la Revolución cubana

Ernesto Guevara nació en Rosario, Argentina, el 14 de junio de 1928. Su formación como médico y los viajes que realizó por América Latina durante su juventud contribuyeron a ampliar su comprensión de las condiciones materiales en las que vivían amplios sectores de la población del continente. El contacto con comunidades indígenas, trabajadores, campesinos y personas sometidas a la pobreza y la precariedad le permitió observar realidades que no podían explicarse únicamente a partir de las circunstancias individuales. La miseria que encontró en distintos países estaba relacionada con estructuras agrarias profundamente desiguales, economías orientadas a satisfacer intereses externos y Estados que, con frecuencia, protegían los privilegios de las clases propietarias. Sus experiencias posteriores, particularmente su estancia en Guatemala durante el derrocamiento del Gobierno de Jacobo Árbenz en 1954, reforzaron su convicción de que las reformas sociales podían enfrentarse a una resistencia organizada cuando amenazaban intereses económicos y políticos poderosos.

La caída de Árbenz, cuyo proyecto reformista había afectado a los intereses de la United Fruit Company y despertado la oposición de sectores de la oligarquía guatemalteca y del Gobierno estadounidense, constituyó un momento decisivo en la evolución política de Guevara. La intervención estadounidense en Guatemala, articulada mediante una operación encubierta de la CIA y el apoyo a fuerzas opositoras, mostró hasta qué punto la soberanía formal de un país podía verse limitada por la capacidad de una potencia extranjera para intervenir en su vida política. Para el joven médico argentino, aquella experiencia contribuyó a consolidar la idea de que la transformación de las estructuras económicas y sociales no podía separarse de la lucha por la independencia política efectiva.

En México conoció a Fidel Castro y a otros exiliados cubanos que preparaban una expedición para derrocar la dictadura de Fulgencio Batista. En 1956 se incorporó al grupo del Granma y participó en la lucha guerrillera que culminó con el triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959. La experiencia cubana fue decisiva para su trayectoria, pero también para el desarrollo de su pensamiento internacionalista. La revolución había derrotado a una dictadura sostenida por amplios intereses económicos y políticos, pero debía afrontar una transformación mucho más compleja: modificar las relaciones de propiedad, redistribuir la riqueza, ampliar los derechos sociales y construir una economía capaz de sostener un proyecto soberano en un entorno internacional adverso.

La reforma agraria, las nacionalizaciones y las medidas dirigidas a ampliar el acceso a la educación y la sanidad alteraron las relaciones entre el nuevo poder revolucionario y los sectores que habían controlado buena parte de la economía cubana. La confrontación con Estados Unidos se intensificó a medida que avanzaba aquel proceso, hasta incluir sanciones económicas, la ruptura de relaciones diplomáticas y la invasión de Playa Girón en abril de 1961, derrotada por las fuerzas cubanas. La revolución dejó de ser únicamente una transformación del poder político dentro de una isla caribeña y pasó a convertirse en un conflicto de alcance internacional, en el que se enfrentaban proyectos sociales y económicos incompatibles.

Para Guevara, la experiencia cubana demostraba que una revolución podía abrir posibilidades históricas para las mayorías populares, pero también que su supervivencia dependía de condiciones que excedían las fronteras nacionales. La presión económica, el aislamiento diplomático y la amenaza militar constituían mecanismos capaces de limitar las decisiones de un país que pretendía reorganizar su economía en beneficio de sectores históricamente subordinados. La solidaridad internacional adquiría así una dimensión material: defender una revolución implicaba contribuir a que pudiera sostener sus conquistas sociales, desarrollar sus capacidades productivas y mantener su autonomía frente a las potencias que intentaban condicionar su rumbo.

El internacionalismo como práctica política

El compromiso internacionalista del Che no se redujo a la defensa de Cuba. Durante los primeros años de la revolución desempeñó importantes responsabilidades en el nuevo Estado, entre ellas la presidencia del Banco Nacional y la dirección del Ministerio de Industrias, al tiempo que participó en misiones diplomáticas que lo llevaron a establecer contactos con dirigentes de África, Asia, Europa y América Latina. Aquellas funciones le permitieron observar directamente las dificultades de los países que intentaban salir de la dependencia colonial y construir modelos de desarrollo propios. También alimentaron su reflexión sobre las relaciones económicas internacionales y sobre las limitaciones que encontraba un país socialista cuando debía comerciar con un mercado mundial organizado, en gran medida, según los intereses de las economías capitalistas más poderosas.

Uno de los documentos más significativos de esta etapa fue su intervención ante el Segundo Seminario Económico de Solidaridad Afroasiática, celebrado en Argel el 24 de febrero de 1965. Guevara vinculó allí la lucha contra el colonialismo y el neocolonialismo con la necesidad de superar la pobreza y el atraso económico, y sostuvo que la independencia política resultaba insuficiente si no iba acompañada de una transformación de las relaciones económicas que mantenían a determinados países en una posición subordinada. Su crítica alcanzaba también a las relaciones comerciales entre países socialistas y naciones empobrecidas, pues consideraba que la solidaridad debía reflejarse en intercambios que no reprodujeran los mecanismos de explotación propios del mercado capitalista.

Esta posición iba más allá de una declaración de principios. Guevara cuestionaba que las relaciones entre Estados se rigieran exclusivamente por la rentabilidad comercial cuando estaban en juego las posibilidades de supervivencia de pueblos sometidos a agresiones o que intentaban conquistar su independencia. A su juicio, la ayuda económica, la transferencia tecnológica y la cooperación debían contribuir a superar las desigualdades estructurales, en lugar de consolidar nuevas formas de subordinación. Su planteamiento no estaba exento de dificultades prácticas, especialmente para economías con recursos limitados, pero expresaba una preocupación central: una solidaridad que reprodujera las mismas relaciones de dependencia que pretendía combatir terminaría debilitando sus propios objetivos emancipadores.

La formulación más contundente de su compromiso con una lucha que trascendiera las fronteras nacionales quedó recogida en su Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental, difundido en 1967. Allí escribió: «No hay fronteras en esta lucha a muerte». La frase resumía una idea que atravesaba su pensamiento: la victoria de un pueblo frente a las estructuras de dominación podía debilitar un sistema internacional de explotación, mientras que la derrota de una revolución podía repercutir sobre las posibilidades de emancipación de otros pueblos. Desde esta perspectiva, el internacionalismo proletario no era una declaración de simpatía entre movimientos afines, sino una obligación política derivada de la relación que Guevara establecía entre la explotación de clase, la dependencia económica y la dominación imperialista.

El internacionalismo guevarista se situaba, por tanto, en el cruce entre la lucha de clases y la cuestión nacional. La dominación extranjera no podía comprenderse al margen de las alianzas entre capitales internacionales y sectores propietarios locales que obtenían beneficios de la subordinación económica de sus países. Al mismo tiempo, la liberación nacional no garantizaba automáticamente la desaparición de la explotación dentro de las nuevas fronteras. De ahí que Guevara relacionara la soberanía política con la transformación de las estructuras económicas y con la participación de las mayorías trabajadoras en la construcción de una sociedad diferente.

África y el Congo: los límites de la solidaridad revolucionaria

En 1965, el Che llevó sus convicciones internacionalistas a una nueva experiencia cuando se incorporó a la lucha revolucionaria en el Congo, en África central. La región atravesaba una etapa de enorme inestabilidad desde la independencia de Bélgica en 1960. El asesinato de Patrice Lumumba en enero de 1961, la intervención de actores extranjeros y las disputas entre fuerzas políticas y militares habían convertido el país en uno de los escenarios más visibles de la confrontación internacional en torno a los procesos de descolonización. Para Guevara, el Congo representaba una lucha cuya importancia desbordaba el ámbito nacional, pues el desenlace de los conflictos africanos afectaba al equilibrio de fuerzas entre las potencias y los movimientos que aspiraban a romper con la dominación colonial.

La participación cubana pretendía contribuir a la preparación militar de las fuerzas congoleñas que combatían al Gobierno central. Sin embargo, la experiencia se desarrolló en condiciones muy distintas de las que habían permitido el triunfo de la guerrilla cubana. Las fuerzas insurgentes estaban divididas, carecían de una coordinación suficiente y afrontaban dificultades de organización, disciplina y apoyo político. Las diferencias entre los combatientes cubanos y sus aliados locales, junto con la complejidad del escenario congoleño, limitaron la capacidad de la expedición para alcanzar sus objetivos. Guevara abandonó el país a finales de 1965 y posteriormente elaboró una valoración crítica de aquella experiencia, que reconocía como un fracaso.

El episodio permite comprender tanto la coherencia como los límites de su internacionalismo. Guevara estaba dispuesto a asumir riesgos personales en una lucha que consideraba vinculada a la emancipación de otros pueblos, pero su compromiso no podía resolver por sí solo las debilidades políticas y organizativas de un movimiento revolucionario. La solidaridad internacional podía aportar experiencia, formación y recursos, aunque no sustituía la necesidad de construir una fuerza arraigada en las condiciones sociales del país, capaz de comprender sus conflictos internos y de obtener el respaldo de las mayorías populares. La experiencia congoleña planteó así un problema que reaparecería en Bolivia: la distancia entre la voluntad de contribuir a una revolución y la posibilidad real de crear las condiciones políticas para que esa revolución pudiera desarrollarse.

Bolivia: la última experiencia y el fracaso de una estrategia

Tras su paso por África, Guevara decidió impulsar una nueva experiencia guerrillera en Bolivia, país que consideraba situado en una posición estratégica para extender la lucha revolucionaria por Sudamérica. La elección respondía a su convicción de que la revolución debía adquirir una dimensión continental y de que las fronteras nacionales no podían convertirse en límites infranqueables para la lucha contra la dependencia. Sin embargo, el proyecto boliviano se encontró con dificultades que terminaron por aislar a la guerrilla y debilitar sus posibilidades de supervivencia.

La campaña, iniciada en 1966, no logró construir una relación sólida con el campesinado ni establecer una coordinación suficiente con las fuerzas de la izquierda boliviana y el movimiento obrero. La guerrilla operaba en un territorio difícil, con recursos limitados y crecientes problemas de abastecimiento, mientras las fuerzas gubernamentales intensificaban la persecución con apoyo estadounidense. El aislamiento político y militar, la falta de nuevos combatientes y las dificultades para obtener información y respaldo entre las comunidades rurales redujeron progresivamente el margen de maniobra del grupo. La investigación histórica sobre aquella campaña ha destacado, entre otros factores, los errores de cálculo estratégico, la desconexión con sectores de la izquierda local y la incapacidad de reproducir en Bolivia las condiciones que habían contribuido al triunfo de la Revolución cubana [1].

La derrota boliviana obliga a examinar críticamente una de las ideas asociadas a la estrategia guerrillera del Che: la posibilidad de que un foco insurgente contribuyera a crear las condiciones revolucionarias mediante su propia actuación. La experiencia demostró que la voluntad y la disciplina de un grupo de combatientes no bastaban para generar una movilización popular capaz de sostener una guerra prolongada. Las condiciones históricas, la estructura de clases, la relación con las organizaciones políticas existentes y las expectativas de la población debían formar parte del análisis desde el comienzo. Sin una base social suficiente, la acción armada podía quedar aislada de los sectores a los que aspiraba a representar.

El 8 de octubre de 1967, Guevara fue capturado por el ejército boliviano en la quebrada del Yuro. Se encontraba herido, pero los documentos desclasificados del propio Gobierno estadounidense señalan que estaba vivo y en condiciones de ser interrogado cuando fue trasladado a la escuela de La Higuera. Al día siguiente, a las 11:50 de la mañana, el Segundo Batallón de Rangers recibió la orden directa del cuartel general del Ejército boliviano, en La Paz, de ejecutarlo. Guevara fue asesinado a las 13:15, y su muerte se presentó inicialmente mediante versiones oficiales que pretendían hacer creer que había fallecido como consecuencia de las heridas sufridas durante el combate [2].

Para comprender la responsabilidad que rodeó aquel asesinato, es necesario situarlo en el marco de la operación contrainsurgente que permitió localizar, perseguir y capturar a la guerrilla. Estados Unidos había contribuido al entrenamiento y equipamiento del batallón boliviano que participó en la operación, mediante instructores militares estadounidenses y asistencia técnica y de inteligencia. La CIA también tenía personal sobre el terreno, incluidos asesores vinculados a las fuerzas bolivianas, y recibió informes de lo ocurrido en La Higuera. Entre los agentes presentes durante las últimas horas del Che se encontraba Félix Rodríguez, cuya actuación forma parte de las investigaciones sobre la participación estadounidense en aquel episodio [3].

Los documentos oficiales estadounidenses atribuyen la orden formal de ejecución al alto mando militar boliviano. Algunas reconstrucciones documentales, sin embargo, señalan que Félix Rodríguez intervino en la transmisión de esa decisión a los militares presentes. Más allá de las diferencias sobre el papel concreto de cada agente en los instantes finales, existe una realidad documentada que no puede omitirse: el ejército que capturó al Che había sido entrenado y apoyado por Estados Unidos, y la CIA seguía de cerca la operación. La responsabilidad estadounidense no puede reducirse a una mera presencia diplomática ni separarse del dispositivo militar y de inteligencia desplegado contra la guerrilla. El asesinato fue ejecutado por militares bolivianos, pero se produjo dentro de una operación contrainsurgente respaldada por Washington, cuyo objetivo era derrotar una experiencia revolucionaria que podía extenderse por América Latina.

La derrota boliviana no obliga a reducir toda la trayectoria de Guevara a ese desenlace. Sí exige distinguir entre el compromiso internacionalista, como principio de solidaridad entre pueblos, y una estrategia concreta de lucha, cuyos resultados dependían de condiciones políticas y sociales que no podían darse por supuestas. La experiencia de Bolivia dejó una enseñanza fundamental para cualquier proyecto emancipador: la transformación revolucionaria requiere arraigo social, organización colectiva y comprensión de las fuerzas que intervienen en cada realidad nacional. La voluntad de sacrificio de los dirigentes, por intensa que sea, no puede sustituir la participación consciente de los sectores populares ni resolver por sí sola las dificultades de una coyuntura histórica.

La vigencia de una idea: solidaridad y emancipación en el presente

La muerte del Che convirtió su figura en un símbolo internacional de rebeldía, pero la expansión de su imagen también abrió una paradoja que sigue vigente. Su rostro, reproducido en carteles, camisetas y productos comerciales, pasó a circular por los mismos mercados que su pensamiento cuestionaba. Esa apropiación comercial contribuyó a difundir su figura, aunque con frecuencia separó el símbolo de los debates económicos y políticos que habían dado sentido a su trayectoria. El internacionalismo que defendió resulta difícil de comprender si se reduce a una imagen de rebeldía individual, desligada de las relaciones de clase, de los conflictos por la soberanía y de las experiencias colectivas que marcaron su vida.

Recuperar esa dimensión exige situar sus ideas en el presente sin trasladarlas mecánicamente desde los años sesenta. El mundo ha cambiado, las relaciones entre Estados se han transformado y los movimientos populares actuales afrontan condiciones distintas de las que conoció Guevara. Sin embargo, sus reflexiones sobre la dependencia económica, las desigualdades internacionales y la necesidad de establecer relaciones de cooperación que no reproduzcan la subordinación siguen ofreciendo elementos para analizar los conflictos contemporáneos. La soberanía de un país no depende únicamente de su reconocimiento diplomático, sino también de su capacidad para decidir sobre sus recursos, organizar su economía y desarrollar políticas públicas sin que las presiones externas determinen por completo sus opciones.

En América Latina, las experiencias de Cuba, Nicaragua y Venezuela, con sus diferencias históricas, institucionales y políticas, forman parte de debates actuales sobre autodeterminación, modelos de desarrollo, integración regional y relaciones con las grandes potencias. Las sanciones, las presiones diplomáticas y las disputas por el control de recursos estratégicos plantean preguntas sobre los límites de la soberanía en una economía mundial profundamente desigual. Analizar estos procesos exige atender a los hechos concretos, a sus resultados y a las condiciones específicas de cada país, pero también permite recuperar una de las preocupaciones centrales del Che: la posibilidad de que las decisiones económicas y políticas de una nación queden subordinadas a intereses externos que no responden a las necesidades de sus mayorías sociales.

El internacionalismo contemporáneo tampoco puede limitarse a la defensa abstracta de los gobiernos que se enfrentan a una potencia dominante. Su contenido emancipador depende de que la solidaridad contribuya a mejorar las condiciones de vida de los pueblos, fortalezca la cooperación entre sus organizaciones sociales y respete su capacidad para decidir su propio camino. La lucha contra las relaciones de dependencia pierde profundidad si se desentiende de las desigualdades de clase dentro de cada país; del mismo modo, las reivindicaciones sociales difícilmente podrán desarrollarse plenamente si ignoran las presiones económicas y geopolíticas que condicionan las decisiones nacionales. La relación entre soberanía y justicia social constituye, por ello, uno de los terrenos en los que el legado internacionalista del Che puede seguir siendo discutido y estudiado.

La solidaridad entre los pueblos adquiere un significado concreto cuando se traduce en cooperación educativa, sanitaria, científica y cultural; cuando contribuye a defender los derechos de las poblaciones afectadas por la guerra, la pobreza o la explotación; y cuando establece vínculos duraderos entre organizaciones populares que comparten objetivos, sin convertir sus diferencias en motivo de subordinación. También requiere analizar críticamente las experiencias históricas, aprender de sus errores y reconocer que ninguna revolución puede exportarse como una fórmula universal, al margen de la realidad social y política en la que pretende desarrollarse. El compromiso internacionalista que el Che defendió conserva su fuerza como pregunta política precisamente porque obliga a examinar la relación entre las aspiraciones de emancipación y los medios concretos necesarios para alcanzarlas.

A cincuenta y nueve años de su captura y en vísperas del aniversario de su asesinato, la trayectoria de Ernesto Che Guevara continúa suscitando debates sobre la revolución, la lucha de clases y las responsabilidades que implica la solidaridad internacional. Su experiencia en Cuba mostró que una transformación social podía alterar las relaciones de poder y abrir nuevas posibilidades para las mayorías populares; el Congo y Bolivia evidenciaron, a su vez, los límites de una estrategia que no consiguió construir las bases políticas y sociales necesarias para sostener sus objetivos. Ambas dimensiones forman parte de su legado y permiten comprenderlo sin convertirlo en una figura intocable ni reducirlo a sus derrotas.

El internacionalismo del Che sigue planteando una pregunta que trasciende su biografía: qué responsabilidad tienen los pueblos ante la explotación y la dominación que padecen otros pueblos, y qué formas de cooperación pueden contribuir a transformar las condiciones que las reproducen. Su respuesta estuvo marcada por las circunstancias de su época, por su compromiso revolucionario y por decisiones que deben analizarse críticamente. Recuperar su legado significa mantener abierto ese debate, relacionar la solidaridad con las condiciones materiales de la emancipación y comprender que la lucha por una sociedad más justa no puede desarrollarse al margen de las relaciones internacionales que condicionan la vida de las clases trabajadoras.

Porque luchar más allá de las propias fronteras significa comprender que la emancipación de un pueblo no puede construirse ignorando la suerte de los demás, y que la solidaridad solo adquiere toda su dimensión política cuando contribuye a ampliar la capacidad de los pueblos para decidir su futuro.

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Referencias

[1] Pablo Adriano Rodríguez-Merino, «Fuera de foco: un análisis estratégico de la campaña guerrillera del Che Guevara en Bolivia (1966-67)», Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, vol. 3, n.º 2, 2018.

[2] U.S. Department of State, Office of the Historian, Foreign Relations of the United States, 1964–1968, vol. XXXI, documento 171, «Memorandum From Director of Central Intelligence Helms: Capture and Execution of Ernesto “Che” Guevara», 11 de octubre de 1967. https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v31/d171

[3] U.S. Department of State, Office of the Historian, Foreign Relations of the United States, 1964–1968, vol. XXXI, documento 170, nota editorial sobre la asistencia estadounidense a la operación contrainsurgente boliviana y la ejecución de Guevara. https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v31/d170

Documento complementario: U.S. Department of State, Office of the Historian, documento 172, memorando de la CIA sobre las circunstancias de la ejecución, 13 de octubre de 1967. https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v31/d172

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