La 81.ª Asamblea General de la ONU: entre Imperialismo, Crisis del Multilateralismo y lucha por imponer el relato

Por Javier Huerta

La 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas ha terminado dejando una impresión difícil de resumir en una sola palabra. Durante varios días, representantes de 194 delegaciones, entre ellos 113 jefes de Estado y de Gobierno, ocuparon la tribuna de la organización para hablar de guerras, soberanía, desarrollo, Palestina, Ucrania, Irán, deuda, cambio climático, inteligencia artificial y reforma de las instituciones internacionales. Al cerrar el debate, el presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, resumió algunas de las principales preocupaciones expresadas por los Estados: la protección de la población civil, el acceso humanitario, la rendición de cuentas, las soluciones políticas basadas en el derecho internacional y la necesidad de que el Consejo de Seguridad cumpla las responsabilidades que le asigna la Carta. El lema de esta sesión —«Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations That Delivers for All»— condensaba precisamente el desafío: recuperar la confianza en una organización cuya autoridad se encuentra sometida a una presión creciente.

Pero detrás de la sucesión de discursos aparece una cuestión más profunda. La Asamblea no ha sido únicamente otro escenario para enumerar los problemas del planeta, sino un espacio donde se ha hecho visible la disputa por las reglas que deben organizar las relaciones internacionales en un mundo que ya no se corresponde con el reparto de poder de 1945. António Guterres advirtió de la profundización de las fracturas internacionales y situó entre los grandes desafíos de nuestro tiempo la guerra y la paz, la desigualdad, el cambio climático y la inteligencia artificial. Lo que está en juego, por tanto, no es solamente si Naciones Unidas funciona mejor o peor, sino quién tiene capacidad para definir qué significan la seguridad, la soberanía, el desarrollo, la legalidad internacional y la cooperación en el siglo XXI.

En «La ONU entre expectativas y realidad», Fabrizio Casari examina la distancia entre los objetivos fundacionales de la organización y los límites que impone la realidad internacional. Y en el articulo, «Las anécdotas de la 81.ª Asamblea General de la ONU en crisis: una semana que retrató el mundo que está cambiando», donde repaso algunos de los episodios más significativos de la semana de alto nivel. Este artículo continúa esa reflexión desde una perspectiva política y económica: más allá de las escenas y los discursos, interesa examinar las relaciones de poder y las contradicciones institucionales que ayudan a explicar la crisis del multilateralismo y las fuerzas que pugnan por definir el orden internacional que está tomando forma.

Una organización nacida en 1945 ante un mundo transformado

La arquitectura institucional creada después de la Segunda Guerra Mundial continúa siendo el marco jurídico fundamental del sistema internacional, pero el mundo que la sostiene ha cambiado profundamente. Las potencias que entonces concentraban gran parte de la capacidad económica, militar y política conservan una influencia extraordinaria, aunque junto a ellas han aparecido nuevos centros de poder económico, tecnológico y demográfico. China ocupa una posición central en la economía mundial; India ha incrementado su peso económico y político; Rusia mantiene una considerable capacidad militar y energética; y numerosos países latinoamericanos, africanos y asiáticos reclaman un mayor margen de decisión. Agrupaciones como BRICS expresan, pese a la heterogeneidad y los intereses diferentes de sus miembros, la búsqueda de mecanismos de cooperación que no dependan exclusivamente de instituciones dominadas históricamente por las potencias occidentales.

La cuestión no consiste simplemente en sustituir un centro de poder por otro, sino en determinar si la transformación de la distribución internacional del poder puede traducirse en instituciones más representativas y en mayores márgenes de decisión para los países que históricamente han tenido menos capacidad para establecer las reglas.

En este debate vuelve a adquirir actualidad la figura de Miguel d’Escoto Brockmann. Durante su presidencia de la Asamblea General, en 2008-2009, el diplomático y sacerdote nicaragüense defendió una democratización profunda de la ONU y cuestionó que el Consejo de Seguridad concentrará una capacidad política desproporcionada respecto de la Asamblea General, donde están representados todos los Estados miembros. Sus propuestas no resolvieron aquella contradicción, pero permiten recordar que la discusión sobre la reforma de la ONU no nació con la crisis actual: lleva décadas vinculada al problema de quién decide en nombre de la comunidad internacional. Para profundizar en este legado, puede consultarse el artículo «Miguel d’Escoto y la reinvención de la ONU: una propuesta sandinista para democratizar el mundo».

La necesidad de reformar la organización no puede separarse de la desigualdad de poder que caracteriza su funcionamiento. La existencia de un Consejo de Seguridad con cinco miembros permanentes dotados de derecho de veto condiciona la respuesta internacional ante numerosas crisis. Mientras tanto, regiones enteras continúan reclamando una representación acorde con su peso demográfico y político. África, cuya exclusión de los puestos permanentes sigue siendo uno de los principales asuntos pendientes, recuerda que la reforma institucional no es una discusión meramente administrativa: también es una disputa por corregir las jerarquías heredadas de un orden mundial anterior.

Soberanía, doble rasero y poder de las grandes potencias

La disputa se hizo particularmente visible en el discurso de Estados Unidos. La Administración Trump presentó ante la Asamblea una concepción de las relaciones internacionales basada en la soberanía nacional, la primacía de los intereses estadounidenses y el rechazo de una mayor transferencia de competencias hacia estructuras internacionales. La propia Casa Blanca resumió la intervención de Donald Trump como una defensa de la fortaleza estadounidense, de sus intereses y de su soberanía. Esa posición puede consultarse en la declaración oficial de la Casa Blanca del 22 de septiembre de 2026.

Sin embargo, la defensa de la soberanía debe contrastarse con las actuaciones concretas de Washington y con el trato que dispensa a otros países cuando sus decisiones no coinciden con los intereses estadounidenses. Uno de los episodios más significativos fue la denegación o revocación de visados a representantes palestinos, incluido el presidente Mahmud Abás, que impidió su participación presencial en la sede de Naciones Unidas durante la semana de alto nivel. El 17 de septiembre, la Asamblea General aprobó una resolución para permitir que Palestina participara mediante una intervención pregrabada: obtuvo 152 votos a favor, tres en contra —Estados Unidos, Israel y Paraguay— y cuatro abstenciones —Colombia, Honduras, Panamá y Perú—. La resolución lamentó expresamente la decisión estadounidense. Los detalles figuran en la información oficial de Naciones Unidas sobre la votación.

El episodio muestra una contradicción difícil de ignorar: mientras Washington reivindica su soberanía nacional y cuestiona las limitaciones que puedan imponerle las instituciones multilaterales, su política de visados restringió la participación palestina en el principal foro universal de la organización. La votación no demuestra que todos los países que apoyaron la resolución compartan una misma posición sobre el conjunto del conflicto palestino-israelí, pero sí refleja un amplio respaldo a que Palestina pudiera intervenir en el debate general.

El problema es más amplio que este episodio. Las grandes potencias tienden a interpretar los principios internacionales en función de sus alianzas e intereses, presentando sus propias actuaciones como defensa de la seguridad o del orden mientras cuestionan las de sus adversarios. Señalar este doble rasero no exige afirmar que todas las situaciones sean idénticas ni que las responsabilidades de los Estados sean intercambiables; exige aplicar criterios coherentes a las actuaciones de todos ellos. Si la soberanía y el derecho internacional deben servir para limitar los abusos de poder, no pueden convertirse en argumentos que se invocan para proteger los intereses propios y se relativizan cuando amparan a pueblos o gobiernos enfrentados a una gran potencia.

La cuestión adquiere mayor relevancia al comparar el discurso estadounidense con las posiciones de Nicaragua, Cuba o Irán, países que también invocan la soberanía, aunque desde contextos y proyectos políticos diferentes. Sus declaraciones deben atribuirse a sus respectivos gobiernos y someterse a examen crítico, pero no por ello cabe ignorar la cuestión material que plantean: ¿qué margen real de autodeterminación conserva un país cuando las sanciones, la presión financiera, las restricciones comerciales o la amenaza militar condicionan sus decisiones? El problema no es quién utiliza con mayor frecuencia el lenguaje de la soberanía, sino quién dispone de capacidad para imponer sus decisiones y quién puede exigir que las reglas se apliquen también a las grandes potencias.

La guerra entre Estados Unidos e Irán convirtió esa disputa en una cuestión especialmente concreta. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó ante la Asamblea que su país no capitularía ante la presión militar estadounidense, pero sostuvo que Irán seguía abierto a la diplomacia. Rechazó negociar bajo amenaza, defendió el carácter pacífico que Teherán atribuye a su programa nuclear y denunció las acciones militares estadounidenses. La delegación estadounidense abandonó la sala al comienzo del discurso iraní, según informó Reuters el 23 de septiembre. Estas afirmaciones recogen la posición del Gobierno iraní y no deben confundirse con una verificación independiente de todas sus acusaciones.

El episodio pone de manifiesto una de las contradicciones centrales de la política internacional: la diplomacia continúa presentándose como instrumento para resolver las crisis, pero su eficacia queda gravemente limitada cuando la negociación se desarrolla bajo presión militar, económica o financiera. El control de las rutas energéticas, las sanciones, el petróleo y el estrecho de Ormuz no son cuestiones separadas de la geopolítica; forman parte de una misma disputa por la capacidad de los Estados para decidir sobre sus recursos y sus relaciones exteriores.

Algo semejante ocurre con Palestina y Ucrania, aunque sus contextos históricos y políticos sean diferentes. La Asamblea volvió a escuchar llamamientos a proteger a la población civil y respetar el derecho internacional, mientras las posiciones de los Estados mostraron profundas diferencias sobre la aplicación práctica de esos principios. La credibilidad del sistema multilateral depende de que las normas no queden subordinadas permanentemente a las alianzas y a las relaciones de fuerza. No basta con proclamar la vigencia del derecho internacional: también hay que examinar qué ocurre cuando su aplicación entra en conflicto con los intereses de una potencia.

El Sur Global y la búsqueda de un orden multipolar

Desde esta perspectiva deben leerse las intervenciones de varios países del Sur Global. Nicaragua defendió, durante la reunión dedicada al 40.º aniversario de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, la eliminación de medidas que obstaculizan el desarrollo y vulneran la soberanía, la igualdad soberana, la no injerencia y la autodeterminación. Su representación reclamó una reforma de la arquitectura económica y financiera internacional para avanzar hacia un orden más justo, democrático, inclusivo y multipolar. La intervención puede consultarse en la transcripción de Naciones Unidas de la reunión del 23 de septiembre de 2026.

En el debate general, el Gobierno nicaragüense destacó asimismo la importancia creciente de BRICS, vinculó esa agrupación con el derecho al desarrollo, expresó solidaridad con Cuba, respaldó el principio de una sola China (no reconoce a Taiwán como un Estado independiente de China) y manifestó su apoyo a la posición rusa en favor de la paz. Estas declaraciones permiten identificar las prioridades diplomáticas de Managua, aunque no convierten a BRICS en una organización homogénea ni demuestran que todos sus miembros compartan una misma concepción del orden mundial. La agrupación reúne países con intereses económicos, estrategias internacionales y sistemas políticos diferentes, unidos en parte por la búsqueda de mayor capacidad de negociación dentro de las instituciones mundiales.

Cuba planteó una problemática relacionada al situar el bloqueo y las presiones económicas estadounidenses en el centro de su reivindicación de soberanía y desarrollo. Para el Gobierno cubano, las restricciones económicas y financieras limitan las posibilidades de desarrollo del país y forman parte de una política de coerción. El debate debe atender tanto a las consecuencias económicas y sociales de esas medidas como a los argumentos que ofrece Washington para justificarlas. En cualquier caso, el uso de instrumentos económicos para condicionar las decisiones políticas de otros Estados constituye una cuestión central para comprender los límites materiales de la soberanía.

Venezuela, por su parte, vinculó soberanía, recursos naturales, energía, industria, comercio, tecnología e inteligencia artificial dentro de una misma concepción de autonomía nacional. Su representación presentó las sanciones y las presiones externas como obstáculos para el desarrollo y para el control nacional de los recursos. Estas posiciones deben distinguirse de los hechos comprobables y de las interpretaciones sobre la política venezolana, pero permiten identificar un argumento compartido por varios gobiernos del Sur: la soberanía pierde contenido material cuando las decisiones económicas fundamentales quedan condicionadas por restricciones financieras, dificultades de acceso a mercados, tecnología o energía.

Rusia defendió una interpretación del futuro internacional basada en la construcción de un mundo multipolar y en la oposición a estructuras que considera dominadas por una minoría de potencias. Esa posición debe analizarse teniendo en cuenta también las actuaciones del propio Estado ruso y las controversias que suscita su política exterior. La utilización del lenguaje de la multipolaridad no exime a ningún gobierno de la obligación de respetar el derecho internacional.

China, por su parte, defendió la centralidad de Naciones Unidas y de la Carta de la organización, reclamó respeto a la soberanía y a la seguridad de los países y abogó por resolver las controversias mediante el diálogo y las consultas. También defendió el principio de que sean los palestinos quienes gobiernen Palestina. Estas posiciones forman parte de la política exterior del Gobierno chino y conviven con sus propios intereses estratégicos y económicos, que deben evaluarse, como los de cualquier gran potencia, a partir de sus declaraciones y de sus actuaciones.

La diversidad de posiciones se aprecia también en países que no pueden reducirse simplemente a uno u otro bloque. India advirtió sobre los efectos globales de los conflictos y reclamó proteger a la población civil y mantener los flujos de energía y comercio, al tiempo que describió las dificultades que afrontan los países del Sur en materia de alimentos, combustibles, fertilizantes y financiación. Brasil ha defendido el multilateralismo, la soberanía latinoamericana y la reforma de las instituciones internacionales. Numerosos Estados africanos continúan reclamando una representación permanente del continente en el Consejo de Seguridad. Para muchos de estos países, reformar el sistema significa corregir estructuras heredadas de una época colonial y ampliar la capacidad de decisión de Estados cuya representación institucional no corresponde a su peso demográfico y político.

Ahora bien, sería insuficiente describir esta transformación como una simple sustitución de la hegemonía estadounidense por una futura hegemonía china, rusa o de cualquier otra potencia. La multipolaridad describe una distribución más diversificada del poder, pero no garantiza por sí misma un orden internacional más justo. Puede abrir espacios de autonomía para determinados Estados y, al mismo tiempo, mantener profundas desigualdades económicas y sociales. La existencia de más polos no elimina automáticamente las relaciones de explotación, dependencia o concentración de riqueza. La transformación del equilibrio entre Estados y la transformación de las relaciones sociales no son procesos idénticos.

La economía política del nuevo orden mundial

La geopolítica no puede separarse de la economía política internacional. La disputa por el poder mundial también pasa por quién controla el crédito, las monedas de reserva, los sistemas de pago, las cadenas de suministro, los recursos minerales, la energía, los semiconductores, las infraestructuras digitales y las tecnologías estratégicas. Las sanciones pueden restringir el acceso a mercados, financiación y tecnología; la deuda reduce el margen de maniobra de numerosos países; y la competencia por minerales críticos y fuentes energéticas está adquiriendo una importancia creciente. Al mismo tiempo, las grandes empresas tecnológicas acumulan capacidades que hace apenas unas décadas estaban reservadas casi exclusivamente a los Estados.

Por eso, la capacidad jurídica de un país para declararse soberano puede no coincidir con su capacidad material para ejercer esa soberanía. Cuando los países endeudados encuentran dificultades para financiar políticas de desarrollo, cuando el acceso a tecnología depende de un reducido número de proveedores y cuando las cadenas de producción están concentradas en determinados territorios, la autonomía nacional se ve condicionada por relaciones económicas que desbordan las fronteras. La discusión sobre una nueva arquitectura financiera internacional, planteada por Nicaragua y otros países del Sur, afecta así al reparto mundial de recursos y de capacidad de decisión, no solo al funcionamiento administrativo de las instituciones.

La inteligencia artificial constituye uno de los ejemplos más claros de esta transformación. En su discurso de clausura del debate general, el presidente de la Asamblea General señaló que cuatro años antes solo cinco delegaciones habían abordado esta cuestión, mientras que en 2026 lo hicieron 128, más que las que hablaron sobre derechos humanos y cambio climático. El dato muestra la velocidad con la que la IA ha pasado de ocupar un lugar secundario a convertirse en una preocupación central de la agenda internacional. Puede consultarse en el discurso de clausura de Khalilur Rahman, del 28 de septiembre.

Pero la amplitud del debate no significa que todos los países tengan la misma capacidad para intervenir en las decisiones. Según el informe de Naciones Unidas Governing AI for Humanity, publicado en 2024, 118 países no eran parte de ninguna de las siete iniciativas internacionales de gobernanza de la inteligencia artificial examinadas en el documento. La cifra no significa que esos Estados estuvieran ausentes de todos los debates sobre IA, sino que no participaban en ninguno de esos siete mecanismos concretos. La desigualdad afecta, por tanto, tanto al acceso a las herramientas tecnológicas como a la capacidad para influir en las reglas que determinarán su desarrollo y utilización.

La concentración de los sistemas más avanzados en un número reducido de países y empresas plantea un problema que rebasa la innovación técnica. Quien controla los centros de datos, los semiconductores, la capacidad de computación, las plataformas y los grandes conjuntos de datos dispone de una ventaja económica y estratégica que puede condicionar a otros Estados. La presidencia de la Asamblea advirtió precisamente del riesgo de que un pequeño número de países y empresas controle los datos, la capacidad de computación y las reglas que afectarán al conjunto de la humanidad.

La IA se convierte así en una cuestión de soberanía tecnológica, pero también de clase: sus beneficios, los empleos que transforme, los riesgos que genere y el poder que concentre dependerán de quién posea las infraestructuras y de quién pueda decidir sobre su uso. No basta con preguntar qué países liderarán la innovación; hay que preguntarse quién se apropiará de sus beneficios, qué sectores soportarán sus costes y qué capacidad tendrán los pueblos para intervenir en decisiones que afectarán a sus condiciones de vida.

La misma lógica atraviesa la cuestión energética y los recursos naturales. Las guerras contemporáneas no pueden analizarse exclusivamente a partir de declaraciones diplomáticas o movimientos militares cuando el petróleo, el gas, los minerales estratégicos, las rutas marítimas y las infraestructuras forman parte de las condiciones materiales que permiten ejercer poder. El caso de Irán y el estrecho de Ormuz lo ha vuelto particularmente evidente, pero la competencia por recursos estratégicos se extiende desde América Latina hasta África y Asia. El derecho de los pueblos a disponer de sus recursos aparece así unido a la discusión sobre desarrollo y soberanía que Nicaragua y otros países del Sur llevaron a la Asamblea.

Desarrollo, desigualdad y crisis climática

La distancia entre los compromisos internacionales y sus resultados también puede medirse en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El informe de Naciones Unidas de 2026 indica que, de las 139 metas para las que había datos de tendencia disponibles, solo el 36 % estaba en vías de cumplirse o mostraba avances moderados; el 49 % progresaba demasiado lentamente y el 15 % había retrocedido respecto de los niveles de 2015. El informe señala entre los obstáculos los conflictos, la desigualdad, la crisis climática, el endeudamiento y la insuficiencia de financiación.

Estas cifras impiden reducir la crisis del multilateralismo a un desacuerdo diplomático entre gobiernos: también reflejan la dificultad de convertir las declaraciones sobre desarrollo sostenible en mejoras suficientes para las mayorías sociales. Cuando los países destinan recursos al servicio de la deuda, afrontan costes crecientes de financiación y carecen de acceso adecuado a tecnología e inversión, su capacidad para desarrollar políticas propias queda condicionada. La reforma de la arquitectura económica y financiera internacional tiene consecuencias directas sobre la educación, la sanidad, el empleo, la alimentación y las posibilidades de desarrollo de millones de personas.

La cuestión climática introduce otra contradicción. Muchos países que han contribuido relativamente menos a las emisiones históricas se encuentran entre los más expuestos a sus consecuencias, mientras las grandes transformaciones energéticas requieren inversiones, tecnología y financiación distribuidas de manera desigual. La discusión medioambiental resulta inseparable de la cuestión económica: quién paga la transición, quién controla las nuevas tecnologías, quién posee los recursos necesarios para llevarla a cabo y qué países terminan asumiendo sus costes sociales y económicos.

La crisis climática, el endeudamiento y la desigualdad no son problemas independientes que puedan resolverse mediante declaraciones separadas. Condicionan la capacidad de los Estados para responder a las necesidades de sus poblaciones y muestran hasta qué punto las reglas económicas internacionales pueden facilitar o limitar el desarrollo. Sin cambios en esas condiciones materiales, los compromisos multilaterales corren el riesgo de quedarse en objetivos declarados sin recursos suficientes para hacerlos realidad.

La batalla por el relato y la legitimidad internacional

La sucesión de crisis vuelve a poner sobre la mesa la cuestión de la información. Palestina, Ucrania, Irán, Venezuela, Cuba y otros conflictos muestran que la batalla internacional no se libra únicamente mediante la diplomacia, las sanciones o la fuerza militar. También existe una disputa por la interpretación de los acontecimientos, por las categorías con las que se describen las guerras, por la legitimidad de determinados gobiernos y por la definición de quién aparece como defensor del derecho internacional y quién como violador de sus principios.

Imponer un relato no es un elemento decorativo de la geopolítica: influir sobre la percepción internacional condiciona la legitimidad política de las medidas económicas, militares y diplomáticas que posteriormente pueden adoptarse. Pero el análisis crítico debe examinar quién produce y difunde cada relato, qué pruebas lo sostienen y qué intereses pueden beneficiarse de él. La versión de un Gobierno no se convierte en verdadera por el mero hecho de contradecir la de otro, ni la crítica a una potencia obliga a aceptar sin examen las posiciones de sus adversarios.

En este contexto, Naciones Unidas continúa siendo una institución limitada, atravesada por las mismas relaciones de poder que pretende gestionar, pero al mismo tiempo difícilmente sustituible. La presidencia de la Asamblea General señaló al cierre del debate que los Estados habían defendido el multilateralismo en función de su capacidad para transformar las realidades concretas. Esa observación resulta fundamental: la organización no recuperará legitimidad simplemente multiplicando declaraciones y reuniones si las decisiones adoptadas no consiguen modificar las condiciones que producen las guerras, el hambre, la desigualdad, el endeudamiento o la destrucción ambiental.

Por eso la reforma de Naciones Unidas vuelve inevitablemente al problema que Miguel d’Escoto planteó hace casi dos décadas: quién decide. La composición del Consejo de Seguridad, el derecho de veto, la autoridad de la Asamblea General y la selección del próximo secretario general no son cuestiones meramente administrativas. El propio presidente de la Asamblea recordó que, según la Carta, el Consejo de Seguridad recomienda al secretario general y la Asamblea General realiza el nombramiento, y reclamó un proceso transparente, inclusivo y basado en los méritos. La elección de quien ocupará la Secretaría General constituye otra expresión de la disputa por la legitimidad y la autonomía de la organización.

La 81.ª Asamblea General deja, por tanto, un panorama en el que conviven concepciones diferentes del futuro internacional. Washington reivindica una soberanía nacional vinculada a la defensa de sus intereses; Moscú presenta la multipolaridad como vía hacia una distribución diferente del poder; Nicaragua reclama soberanía, autodeterminación y una reforma económica y financiera internacional; Cuba insiste en las consecuencias de las medidas coercitivas y en su derecho al desarrollo; China defiende la centralidad de la Carta de Naciones Unidas y la solución de las controversias mediante el diálogo; mientras India, Brasil y numerosos Estados africanos reclaman mayor representación, autonomía estratégica y capacidad de decisión. Son posiciones distintas, con intereses y proyectos propios, y precisamente por ello la Asamblea permite observar la transformación del sistema mundial.

El problema histórico consiste ahora en saber qué emergerá de esa transformación. Una mayor pluralidad de centros de poder puede abrir espacios para países que durante décadas tuvieron un margen limitado de decisión, pero también puede intensificar la competencia entre grandes potencias si no se acompaña de instituciones capaces de establecer reglas comunes. La alternativa no se reduce a elegir entre una hegemonía y otra. En última instancia, la disputa internacional continúa teniendo una dimensión material: quién controla los recursos, el crédito, la tecnología, la energía, las cadenas de producción, la información y la fuerza militar; quién determina las reglas que regulan esos recursos; y qué capacidad conservan los pueblos y los Estados para decidir sobre su propio desarrollo.

La ONU nació en 1945 con la promesa de impedir que las grandes potencias volvieran a arrastrar al mundo a una catástrofe semejante a la que acababa de terminar. Ocho décadas después, aquella promesa sigue siendo necesaria, pero las relaciones de poder sobre las que se construyó la organización ya no son las mismas. La 81.ª Asamblea ha mostrado esa tensión: un sistema internacional que necesita cooperación para afrontar problemas que ningún Estado puede resolver por sí solo y, simultáneamente, unas relaciones de poder que dificultan establecer reglas aceptadas y aplicadas de manera uniforme.

La pregunta que queda abierta no es solamente si Naciones Unidas será capaz de reformarse, sino quién tendrá capacidad para definir esa reforma, qué intereses terminarán orientándola y para quién se organizará el nuevo orden internacional que está tomando forma.

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El internacionalismo del Che: luchar más allá de las propias fronteras

Por Javier Huerta 

Cada 8 de octubre, la memoria de Ernesto Che Guevara regresa a una fecha que marcó profundamente la historia de las luchas revolucionarias del siglo XX. Aquel día de 1967, en la quebrada del Yuro, en Bolivia, el ejército boliviano capturó al guerrillero argentino-cubano, que sería ejecutado al día siguiente por orden de las autoridades militares. Su muerte, cuando tenía 39 años, no puso fin a la influencia de sus ideas ni a los debates sobre la estrategia revolucionaria que había defendido. Al contrario, convirtió su trayectoria en un terreno permanente de disputa política, histórica y cultural. Cincuenta y nueve años después, recordar al Che exige ir más allá de la evocación de su muerte y examinar el principio que dio sentido a buena parte de su actuación: la convicción de que la emancipación de los pueblos no podía quedar encerrada dentro de las fronteras nacionales.

El internacionalismo de Guevara se desarrolló en una época atravesada por las luchas de liberación nacional, la descomposición de los imperios coloniales europeos, la Revolución cubana y la confrontación entre grandes bloques de poder. En Asia y África, numerosos pueblos conquistaban su independencia formal después de décadas de dominación colonial; en América Latina, las estructuras económicas heredadas del colonialismo seguían condicionando el desarrollo de las sociedades. La concentración de la tierra, la explotación del trabajo y la dependencia de los capitales extranjeros limitaban las posibilidades de transformación social. La independencia política no garantizaba por sí misma la soberanía económica: la bandera de un Estado podía ondear sobre un territorio cuyas principales riquezas, inversiones y decisiones estratégicas continuaban sometidas a intereses externos. En ese contexto, el Che entendió el internacionalismo como una respuesta a un sistema de dominación que conectaba las relaciones de clase dentro de cada país con las desigualdades existentes entre las naciones.

De América Latina a la Revolución cubana

Ernesto Guevara nació en Rosario, Argentina, el 14 de junio de 1928. Su formación como médico y los viajes que realizó por América Latina durante su juventud contribuyeron a ampliar su comprensión de las condiciones materiales en las que vivían amplios sectores de la población del continente. El contacto con comunidades indígenas, trabajadores, campesinos y personas sometidas a la pobreza y la precariedad le permitió observar realidades que no podían explicarse únicamente a partir de las circunstancias individuales. La miseria que encontró en distintos países estaba relacionada con estructuras agrarias profundamente desiguales, economías orientadas a satisfacer intereses externos y Estados que, con frecuencia, protegían los privilegios de las clases propietarias. Sus experiencias posteriores, particularmente su estancia en Guatemala durante el derrocamiento del Gobierno de Jacobo Árbenz en 1954, reforzaron su convicción de que las reformas sociales podían enfrentarse a una resistencia organizada cuando amenazaban intereses económicos y políticos poderosos.

La caída de Árbenz, cuyo proyecto reformista había afectado a los intereses de la United Fruit Company y despertado la oposición de sectores de la oligarquía guatemalteca y del Gobierno estadounidense, constituyó un momento decisivo en la evolución política de Guevara. La intervención estadounidense en Guatemala, articulada mediante una operación encubierta de la CIA y el apoyo a fuerzas opositoras, mostró hasta qué punto la soberanía formal de un país podía verse limitada por la capacidad de una potencia extranjera para intervenir en su vida política. Para el joven médico argentino, aquella experiencia contribuyó a consolidar la idea de que la transformación de las estructuras económicas y sociales no podía separarse de la lucha por la independencia política efectiva.

En México conoció a Fidel Castro y a otros exiliados cubanos que preparaban una expedición para derrocar la dictadura de Fulgencio Batista. En 1956 se incorporó al grupo del Granma y participó en la lucha guerrillera que culminó con el triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959. La experiencia cubana fue decisiva para su trayectoria, pero también para el desarrollo de su pensamiento internacionalista. La revolución había derrotado a una dictadura sostenida por amplios intereses económicos y políticos, pero debía afrontar una transformación mucho más compleja: modificar las relaciones de propiedad, redistribuir la riqueza, ampliar los derechos sociales y construir una economía capaz de sostener un proyecto soberano en un entorno internacional adverso.

La reforma agraria, las nacionalizaciones y las medidas dirigidas a ampliar el acceso a la educación y la sanidad alteraron las relaciones entre el nuevo poder revolucionario y los sectores que habían controlado buena parte de la economía cubana. La confrontación con Estados Unidos se intensificó a medida que avanzaba aquel proceso, hasta incluir sanciones económicas, la ruptura de relaciones diplomáticas y la invasión de Playa Girón en abril de 1961, derrotada por las fuerzas cubanas. La revolución dejó de ser únicamente una transformación del poder político dentro de una isla caribeña y pasó a convertirse en un conflicto de alcance internacional, en el que se enfrentaban proyectos sociales y económicos incompatibles.

Para Guevara, la experiencia cubana demostraba que una revolución podía abrir posibilidades históricas para las mayorías populares, pero también que su supervivencia dependía de condiciones que excedían las fronteras nacionales. La presión económica, el aislamiento diplomático y la amenaza militar constituían mecanismos capaces de limitar las decisiones de un país que pretendía reorganizar su economía en beneficio de sectores históricamente subordinados. La solidaridad internacional adquiría así una dimensión material: defender una revolución implicaba contribuir a que pudiera sostener sus conquistas sociales, desarrollar sus capacidades productivas y mantener su autonomía frente a las potencias que intentaban condicionar su rumbo.

El internacionalismo como práctica política

El compromiso internacionalista del Che no se redujo a la defensa de Cuba. Durante los primeros años de la revolución desempeñó importantes responsabilidades en el nuevo Estado, entre ellas la presidencia del Banco Nacional y la dirección del Ministerio de Industrias, al tiempo que participó en misiones diplomáticas que lo llevaron a establecer contactos con dirigentes de África, Asia, Europa y América Latina. Aquellas funciones le permitieron observar directamente las dificultades de los países que intentaban salir de la dependencia colonial y construir modelos de desarrollo propios. También alimentaron su reflexión sobre las relaciones económicas internacionales y sobre las limitaciones que encontraba un país socialista cuando debía comerciar con un mercado mundial organizado, en gran medida, según los intereses de las economías capitalistas más poderosas.

Uno de los documentos más significativos de esta etapa fue su intervención ante el Segundo Seminario Económico de Solidaridad Afroasiática, celebrado en Argel el 24 de febrero de 1965. Guevara vinculó allí la lucha contra el colonialismo y el neocolonialismo con la necesidad de superar la pobreza y el atraso económico, y sostuvo que la independencia política resultaba insuficiente si no iba acompañada de una transformación de las relaciones económicas que mantenían a determinados países en una posición subordinada. Su crítica alcanzaba también a las relaciones comerciales entre países socialistas y naciones empobrecidas, pues consideraba que la solidaridad debía reflejarse en intercambios que no reprodujeran los mecanismos de explotación propios del mercado capitalista.

Esta posición iba más allá de una declaración de principios. Guevara cuestionaba que las relaciones entre Estados se rigieran exclusivamente por la rentabilidad comercial cuando estaban en juego las posibilidades de supervivencia de pueblos sometidos a agresiones o que intentaban conquistar su independencia. A su juicio, la ayuda económica, la transferencia tecnológica y la cooperación debían contribuir a superar las desigualdades estructurales, en lugar de consolidar nuevas formas de subordinación. Su planteamiento no estaba exento de dificultades prácticas, especialmente para economías con recursos limitados, pero expresaba una preocupación central: una solidaridad que reprodujera las mismas relaciones de dependencia que pretendía combatir terminaría debilitando sus propios objetivos emancipadores.

La formulación más contundente de su compromiso con una lucha que trascendiera las fronteras nacionales quedó recogida en su Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental, difundido en 1967. Allí escribió: «No hay fronteras en esta lucha a muerte». La frase resumía una idea que atravesaba su pensamiento: la victoria de un pueblo frente a las estructuras de dominación podía debilitar un sistema internacional de explotación, mientras que la derrota de una revolución podía repercutir sobre las posibilidades de emancipación de otros pueblos. Desde esta perspectiva, el internacionalismo proletario no era una declaración de simpatía entre movimientos afines, sino una obligación política derivada de la relación que Guevara establecía entre la explotación de clase, la dependencia económica y la dominación imperialista.

El internacionalismo guevarista se situaba, por tanto, en el cruce entre la lucha de clases y la cuestión nacional. La dominación extranjera no podía comprenderse al margen de las alianzas entre capitales internacionales y sectores propietarios locales que obtenían beneficios de la subordinación económica de sus países. Al mismo tiempo, la liberación nacional no garantizaba automáticamente la desaparición de la explotación dentro de las nuevas fronteras. De ahí que Guevara relacionara la soberanía política con la transformación de las estructuras económicas y con la participación de las mayorías trabajadoras en la construcción de una sociedad diferente.

África y el Congo: los límites de la solidaridad revolucionaria

En 1965, el Che llevó sus convicciones internacionalistas a una nueva experiencia cuando se incorporó a la lucha revolucionaria en el Congo, en África central. La región atravesaba una etapa de enorme inestabilidad desde la independencia de Bélgica en 1960. El asesinato de Patrice Lumumba en enero de 1961, la intervención de actores extranjeros y las disputas entre fuerzas políticas y militares habían convertido el país en uno de los escenarios más visibles de la confrontación internacional en torno a los procesos de descolonización. Para Guevara, el Congo representaba una lucha cuya importancia desbordaba el ámbito nacional, pues el desenlace de los conflictos africanos afectaba al equilibrio de fuerzas entre las potencias y los movimientos que aspiraban a romper con la dominación colonial.

La participación cubana pretendía contribuir a la preparación militar de las fuerzas congoleñas que combatían al Gobierno central. Sin embargo, la experiencia se desarrolló en condiciones muy distintas de las que habían permitido el triunfo de la guerrilla cubana. Las fuerzas insurgentes estaban divididas, carecían de una coordinación suficiente y afrontaban dificultades de organización, disciplina y apoyo político. Las diferencias entre los combatientes cubanos y sus aliados locales, junto con la complejidad del escenario congoleño, limitaron la capacidad de la expedición para alcanzar sus objetivos. Guevara abandonó el país a finales de 1965 y posteriormente elaboró una valoración crítica de aquella experiencia, que reconocía como un fracaso.

El episodio permite comprender tanto la coherencia como los límites de su internacionalismo. Guevara estaba dispuesto a asumir riesgos personales en una lucha que consideraba vinculada a la emancipación de otros pueblos, pero su compromiso no podía resolver por sí solo las debilidades políticas y organizativas de un movimiento revolucionario. La solidaridad internacional podía aportar experiencia, formación y recursos, aunque no sustituía la necesidad de construir una fuerza arraigada en las condiciones sociales del país, capaz de comprender sus conflictos internos y de obtener el respaldo de las mayorías populares. La experiencia congoleña planteó así un problema que reaparecería en Bolivia: la distancia entre la voluntad de contribuir a una revolución y la posibilidad real de crear las condiciones políticas para que esa revolución pudiera desarrollarse.

Bolivia: la última experiencia y el fracaso de una estrategia

Tras su paso por África, Guevara decidió impulsar una nueva experiencia guerrillera en Bolivia, país que consideraba situado en una posición estratégica para extender la lucha revolucionaria por Sudamérica. La elección respondía a su convicción de que la revolución debía adquirir una dimensión continental y de que las fronteras nacionales no podían convertirse en límites infranqueables para la lucha contra la dependencia. Sin embargo, el proyecto boliviano se encontró con dificultades que terminaron por aislar a la guerrilla y debilitar sus posibilidades de supervivencia.

La campaña, iniciada en 1966, no logró construir una relación sólida con el campesinado ni establecer una coordinación suficiente con las fuerzas de la izquierda boliviana y el movimiento obrero. La guerrilla operaba en un territorio difícil, con recursos limitados y crecientes problemas de abastecimiento, mientras las fuerzas gubernamentales intensificaban la persecución con apoyo estadounidense. El aislamiento político y militar, la falta de nuevos combatientes y las dificultades para obtener información y respaldo entre las comunidades rurales redujeron progresivamente el margen de maniobra del grupo. La investigación histórica sobre aquella campaña ha destacado, entre otros factores, los errores de cálculo estratégico, la desconexión con sectores de la izquierda local y la incapacidad de reproducir en Bolivia las condiciones que habían contribuido al triunfo de la Revolución cubana [1].

La derrota boliviana obliga a examinar críticamente una de las ideas asociadas a la estrategia guerrillera del Che: la posibilidad de que un foco insurgente contribuyera a crear las condiciones revolucionarias mediante su propia actuación. La experiencia demostró que la voluntad y la disciplina de un grupo de combatientes no bastaban para generar una movilización popular capaz de sostener una guerra prolongada. Las condiciones históricas, la estructura de clases, la relación con las organizaciones políticas existentes y las expectativas de la población debían formar parte del análisis desde el comienzo. Sin una base social suficiente, la acción armada podía quedar aislada de los sectores a los que aspiraba a representar.

El 8 de octubre de 1967, Guevara fue capturado por el ejército boliviano en la quebrada del Yuro. Se encontraba herido, pero los documentos desclasificados del propio Gobierno estadounidense señalan que estaba vivo y en condiciones de ser interrogado cuando fue trasladado a la escuela de La Higuera. Al día siguiente, a las 11:50 de la mañana, el Segundo Batallón de Rangers recibió la orden directa del cuartel general del Ejército boliviano, en La Paz, de ejecutarlo. Guevara fue asesinado a las 13:15, y su muerte se presentó inicialmente mediante versiones oficiales que pretendían hacer creer que había fallecido como consecuencia de las heridas sufridas durante el combate [2].

Para comprender la responsabilidad que rodeó aquel asesinato, es necesario situarlo en el marco de la operación contrainsurgente que permitió localizar, perseguir y capturar a la guerrilla. Estados Unidos había contribuido al entrenamiento y equipamiento del batallón boliviano que participó en la operación, mediante instructores militares estadounidenses y asistencia técnica y de inteligencia. La CIA también tenía personal sobre el terreno, incluidos asesores vinculados a las fuerzas bolivianas, y recibió informes de lo ocurrido en La Higuera. Entre los agentes presentes durante las últimas horas del Che se encontraba Félix Rodríguez, cuya actuación forma parte de las investigaciones sobre la participación estadounidense en aquel episodio [3].

Los documentos oficiales estadounidenses atribuyen la orden formal de ejecución al alto mando militar boliviano. Algunas reconstrucciones documentales, sin embargo, señalan que Félix Rodríguez intervino en la transmisión de esa decisión a los militares presentes. Más allá de las diferencias sobre el papel concreto de cada agente en los instantes finales, existe una realidad documentada que no puede omitirse: el ejército que capturó al Che había sido entrenado y apoyado por Estados Unidos, y la CIA seguía de cerca la operación. La responsabilidad estadounidense no puede reducirse a una mera presencia diplomática ni separarse del dispositivo militar y de inteligencia desplegado contra la guerrilla. El asesinato fue ejecutado por militares bolivianos, pero se produjo dentro de una operación contrainsurgente respaldada por Washington, cuyo objetivo era derrotar una experiencia revolucionaria que podía extenderse por América Latina.

La derrota boliviana no obliga a reducir toda la trayectoria de Guevara a ese desenlace. Sí exige distinguir entre el compromiso internacionalista, como principio de solidaridad entre pueblos, y una estrategia concreta de lucha, cuyos resultados dependían de condiciones políticas y sociales que no podían darse por supuestas. La experiencia de Bolivia dejó una enseñanza fundamental para cualquier proyecto emancipador: la transformación revolucionaria requiere arraigo social, organización colectiva y comprensión de las fuerzas que intervienen en cada realidad nacional. La voluntad de sacrificio de los dirigentes, por intensa que sea, no puede sustituir la participación consciente de los sectores populares ni resolver por sí sola las dificultades de una coyuntura histórica.

La vigencia de una idea: solidaridad y emancipación en el presente

La muerte del Che convirtió su figura en un símbolo internacional de rebeldía, pero la expansión de su imagen también abrió una paradoja que sigue vigente. Su rostro, reproducido en carteles, camisetas y productos comerciales, pasó a circular por los mismos mercados que su pensamiento cuestionaba. Esa apropiación comercial contribuyó a difundir su figura, aunque con frecuencia separó el símbolo de los debates económicos y políticos que habían dado sentido a su trayectoria. El internacionalismo que defendió resulta difícil de comprender si se reduce a una imagen de rebeldía individual, desligada de las relaciones de clase, de los conflictos por la soberanía y de las experiencias colectivas que marcaron su vida.

Recuperar esa dimensión exige situar sus ideas en el presente sin trasladarlas mecánicamente desde los años sesenta. El mundo ha cambiado, las relaciones entre Estados se han transformado y los movimientos populares actuales afrontan condiciones distintas de las que conoció Guevara. Sin embargo, sus reflexiones sobre la dependencia económica, las desigualdades internacionales y la necesidad de establecer relaciones de cooperación que no reproduzcan la subordinación siguen ofreciendo elementos para analizar los conflictos contemporáneos. La soberanía de un país no depende únicamente de su reconocimiento diplomático, sino también de su capacidad para decidir sobre sus recursos, organizar su economía y desarrollar políticas públicas sin que las presiones externas determinen por completo sus opciones.

En América Latina, las experiencias de Cuba, Nicaragua y Venezuela, con sus diferencias históricas, institucionales y políticas, forman parte de debates actuales sobre autodeterminación, modelos de desarrollo, integración regional y relaciones con las grandes potencias. Las sanciones, las presiones diplomáticas y las disputas por el control de recursos estratégicos plantean preguntas sobre los límites de la soberanía en una economía mundial profundamente desigual. Analizar estos procesos exige atender a los hechos concretos, a sus resultados y a las condiciones específicas de cada país, pero también permite recuperar una de las preocupaciones centrales del Che: la posibilidad de que las decisiones económicas y políticas de una nación queden subordinadas a intereses externos que no responden a las necesidades de sus mayorías sociales.

El internacionalismo contemporáneo tampoco puede limitarse a la defensa abstracta de los gobiernos que se enfrentan a una potencia dominante. Su contenido emancipador depende de que la solidaridad contribuya a mejorar las condiciones de vida de los pueblos, fortalezca la cooperación entre sus organizaciones sociales y respete su capacidad para decidir su propio camino. La lucha contra las relaciones de dependencia pierde profundidad si se desentiende de las desigualdades de clase dentro de cada país; del mismo modo, las reivindicaciones sociales difícilmente podrán desarrollarse plenamente si ignoran las presiones económicas y geopolíticas que condicionan las decisiones nacionales. La relación entre soberanía y justicia social constituye, por ello, uno de los terrenos en los que el legado internacionalista del Che puede seguir siendo discutido y estudiado.

La solidaridad entre los pueblos adquiere un significado concreto cuando se traduce en cooperación educativa, sanitaria, científica y cultural; cuando contribuye a defender los derechos de las poblaciones afectadas por la guerra, la pobreza o la explotación; y cuando establece vínculos duraderos entre organizaciones populares que comparten objetivos, sin convertir sus diferencias en motivo de subordinación. También requiere analizar críticamente las experiencias históricas, aprender de sus errores y reconocer que ninguna revolución puede exportarse como una fórmula universal, al margen de la realidad social y política en la que pretende desarrollarse. El compromiso internacionalista que el Che defendió conserva su fuerza como pregunta política precisamente porque obliga a examinar la relación entre las aspiraciones de emancipación y los medios concretos necesarios para alcanzarlas.

A cincuenta y nueve años de su captura y en vísperas del aniversario de su asesinato, la trayectoria de Ernesto Che Guevara continúa suscitando debates sobre la revolución, la lucha de clases y las responsabilidades que implica la solidaridad internacional. Su experiencia en Cuba mostró que una transformación social podía alterar las relaciones de poder y abrir nuevas posibilidades para las mayorías populares; el Congo y Bolivia evidenciaron, a su vez, los límites de una estrategia que no consiguió construir las bases políticas y sociales necesarias para sostener sus objetivos. Ambas dimensiones forman parte de su legado y permiten comprenderlo sin convertirlo en una figura intocable ni reducirlo a sus derrotas.

El internacionalismo del Che sigue planteando una pregunta que trasciende su biografía: qué responsabilidad tienen los pueblos ante la explotación y la dominación que padecen otros pueblos, y qué formas de cooperación pueden contribuir a transformar las condiciones que las reproducen. Su respuesta estuvo marcada por las circunstancias de su época, por su compromiso revolucionario y por decisiones que deben analizarse críticamente. Recuperar su legado significa mantener abierto ese debate, relacionar la solidaridad con las condiciones materiales de la emancipación y comprender que la lucha por una sociedad más justa no puede desarrollarse al margen de las relaciones internacionales que condicionan la vida de las clases trabajadoras.

Porque luchar más allá de las propias fronteras significa comprender que la emancipación de un pueblo no puede construirse ignorando la suerte de los demás, y que la solidaridad solo adquiere toda su dimensión política cuando contribuye a ampliar la capacidad de los pueblos para decidir su futuro.

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Referencias

[1] Pablo Adriano Rodríguez-Merino, «Fuera de foco: un análisis estratégico de la campaña guerrillera del Che Guevara en Bolivia (1966-67)», Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, vol. 3, n.º 2, 2018.

[2] U.S. Department of State, Office of the Historian, Foreign Relations of the United States, 1964–1968, vol. XXXI, documento 171, «Memorandum From Director of Central Intelligence Helms: Capture and Execution of Ernesto “Che” Guevara», 11 de octubre de 1967. https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v31/d171

[3] U.S. Department of State, Office of the Historian, Foreign Relations of the United States, 1964–1968, vol. XXXI, documento 170, nota editorial sobre la asistencia estadounidense a la operación contrainsurgente boliviana y la ejecución de Guevara. https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v31/d170

Documento complementario: U.S. Department of State, Office of the Historian, documento 172, memorando de la CIA sobre las circunstancias de la ejecución, 13 de octubre de 1967. https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v31/d172

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Las anécdotas de la 81.ª Asamblea General de la ONU en crisis: una semana que retrató el mundo que está cambiando

Por Javier Huerta

Hay Asambleas Generales de Naciones Unidas que quedan asociadas a una resolución, a un acuerdo diplomático o a un discurso que termina marcando una época. La 81.ª Asamblea General, celebrada en Nueva York durante la semana de alto nivel de septiembre de 2026, probablemente será recordada de otra manera. Más que por un gran acuerdo capaz de resumir lo ocurrido, dejó una sucesión de escenas que, observadas conjuntamente, permiten comprender el momento de profunda transformación que atraviesa el sistema internacional: decenas de delegados abandonando la sala cuando Benjamin Netanyahu tomó la palabra; Mahmoud Abbas obligado a intervenir mediante una declaración pregrabada después de que Estados Unidos negara los visados a la delegación palestina; Donald Trump amenazando con destruir Irán mientras continuaban los contactos diplomáticos y el estrecho de Ormuz aparecía en las negociaciones; Delcy Rodríguez reuniéndose con Trump después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y cruzando posteriormente el hemiciclo para conversar con Pedro Sánchez; Lula da Silva reclamando que Brasil no sea tratado como el “patio trasero” de ninguna potencia; África volviendo a exigir una representación permanente en el Consejo de Seguridad; y la inteligencia artificial ocupando un espacio cada vez mayor en los discursos de los gobiernos.

Tomadas individualmente, cada una de estas escenas podría parecer una anécdota más dentro de una semana cargada de discursos, reuniones y declaraciones. Observadas en conjunto, permiten reconstruir una imagen bastante más profunda: las instituciones creadas después de la Segunda Guerra Mundial continúan existiendo, pero las relaciones de poder que durante décadas determinaron su funcionamiento están sometidas a una presión creciente. La ONU sigue siendo el principal espacio multilateral del planeta, pero dentro de sus paredes se enfrentan concepciones muy diferentes sobre la soberanía, el derecho internacional, la guerra, los recursos estratégicos, la tecnología y el futuro del orden mundial.

Durante el debate general intervinieron 194 delegaciones, entre ellas 113 jefes de Estado y de Gobierno. La Presidencia de la Asamblea situó precisamente como tema de la sesión la necesidad de “restaurar la confianza” y gestionar una transformación mundial que afecta simultáneamente a la geopolítica, la economía, la tecnología y las instituciones internacionales. El secretario general António Guterres describió el momento como una reconfiguración del poder mundial en la que las instituciones continúan ancladas en una época diferente.

La contradicción entre el lenguaje diplomático y la realidad internacional estuvo presente durante toda la semana. Mientras prácticamente todos los gobiernos hablaban de paz, las escenas que ocuparon los titulares estuvieron protagonizadas por guerras, amenazas militares, petróleo, rutas estratégicas, sanciones económicas, disputas por la soberanía y una creciente lucha por el control de las nuevas tecnologías. La Asamblea General terminó funcionando así como una especie de espejo en el que aparecieron reflejadas las tensiones de un mundo que todavía conserva las instituciones del viejo orden, pero en el que cada vez más países cuestionan la distribución del poder que esas instituciones heredaron.

Los escaños vacíos cuando Netanyahu comenzó a hablar

Benjamin Netanyahu subió a la tribuna el 24 de septiembre para defender la actuación de Israel y responder a las crecientes críticas internacionales por la guerra de Gaza. Antes incluso de que comenzara su intervención, decenas de delegados abandonaron la sala. Netanyahu respondió calificándolos de “cobardes morales” y pidió que quienes compartieran esa posición abandonaran también el hemiciclo. Reuters confirmó el abandono masivo, mientras imágenes de la sesión mostraron numerosos asientos vacíos.

La escena tuvo una enorme fuerza política porque no eran manifestantes situados en las calles de Nueva York, sino representantes de Estados miembros de Naciones Unidas que decidían no permanecer en la sala durante el discurso del primer ministro israelí. Un recuento publicado posteriormente situó en 76 los países cuyos representantes no estuvieron presentes durante la intervención, aunque conviene señalar que esa cifra incluye tanto delegaciones que abandonaron la sala como países cuyos representantes ya no estaban en ella; por eso, para describir estrictamente el acto de protesta, la formulación más segura es hablar de “decenas de delegaciones”.

Entre los países europeos que sí participaron en el boicot estuvieron España y Eslovenia. Otros países europeos permanecieron en sus asientos, al igual que Estados Unidos y varias de las principales potencias occidentales. La distribución de quienes abandonaron la sala y quienes decidieron permanecer en ella mostró así una división política que tampoco puede reducirse a una simple fractura entre Israel y sus adversarios: numerosos países de África, Asia, Oriente Medio y América Latina expresaron su rechazo a la política israelí, mientras buena parte de Europa mantuvo a sus representantes dentro del hemiciclo.

No sería correcto presentar a todas las delegaciones que se marcharon como integrantes de un mismo bloque político. Sus gobiernos tienen intereses diferentes y mantienen posiciones distintas ante el conflicto. Pero sí resulta significativo que la protesta alcanzara una dimensión internacional tan amplia y que, entre los países que participaron, aparecieran Estados con relaciones diplomáticas muy diversas con Israel. La imagen de la sala vaciándose se convirtió, por sí misma, en una representación gráfica del creciente aislamiento internacional de la política del Gobierno de Netanyahu.

La cuestión palestina ofreció, además, otra de las escenas más reveladoras de la Asamblea. Mahmoud Abbas no pudo viajar a Nueva York después de que Estados Unidos negara o revocara los visados necesarios a representantes palestinos. La Asamblea General aprobó el 17 de septiembre una resolución por 152 votos a favor, tres en contra —Estados Unidos, Israel y Paraguay— y cuatro abstenciones, que permitió al presidente palestino intervenir mediante una declaración pregrabada. La propia resolución recordó las obligaciones establecidas en el acuerdo de 1947 entre Naciones Unidas y Estados Unidos sobre la sede de la organización, que establece que no deben imponerse impedimentos al tránsito de representantes hacia y desde Naciones Unidas.

Cuando llegó el momento de la intervención, Abbas habló efectivamente desde una grabación. El representante palestino introdujo el vídeo y el presidente de la Asamblea concedió posteriormente la palabra al mandatario palestino. Abbas señaló que, por segundo año consecutivo, la delegación palestina había sido privada de los visados necesarios para participar físicamente en la Asamblea.

La imagen resultaba difícil de ignorar: mientras el primer ministro israelí ocupaba físicamente la tribuna de Naciones Unidas, el presidente palestino intervenía desde una pantalla porque el país anfitrión había impedido que su delegación estuviera presente. No hace falta compartir todas las posiciones políticas de Abbas para comprender la contradicción. Naciones Unidas proclama la igualdad soberana de los Estados y la universalidad del derecho internacional, pero su sede se encuentra en territorio estadounidense y Washington conserva una capacidad decisiva sobre el acceso a su propio territorio.

La cuestión palestina volvió a colocar así delante de las cámaras uno de los problemas estructurales del sistema multilateral: la distancia que puede existir entre la igualdad jurídica proclamada por las instituciones internacionales y las relaciones de poder que determinan en la práctica quién dispone de mayor capacidad de presión.

Trump, Irán y el estrecho de Ormuz

Si los escaños vacíos mostraron el aislamiento político de Netanyahu, el episodio iraní permitió contemplar otra dimensión del poder internacional: aquella en la que las amenazas militares, los intereses económicos y la negociación diplomática se desarrollan simultáneamente.

Donald Trump utilizó su intervención ante Naciones Unidas para lanzar una de las amenazas más contundentes de toda la Asamblea contra Irán. Pero mientras desde la tribuna estadounidense se endurecía el discurso, los canales diplomáticos seguían abiertos. La delegación iraní permaneció en Nueva York para participar en conversaciones indirectas mediadas por Qatar, en las que aparecían cuestiones relacionadas con el conflicto, el programa nuclear y el estrecho de Ormuz. La posterior decisión estadounidense de ordenar la salida anticipada de la delegación iraní mostró hasta qué punto aquellas negociaciones estuvieron rodeadas de tensiones y desconfianza.

Ormuz introdujo además una dimensión económica que resulta imposible separar de la política militar. Durante la Asamblea, Irán planteó que el estrecho podía ser reabierto en un plazo de siete días si se cumplían determinadas condiciones establecidas en el entendimiento alcanzado entre ambas partes. La propuesta fue transmitida mediante mediadores qataríes y estuvo vinculada a las conversaciones sobre la situación regional. Posteriormente, Irán insistió en que la reapertura dependía del cumplimiento de esas condiciones y no constituía una concesión unilateral.

La importancia de Ormuz explica por qué esta cuestión trascendió rápidamente el ámbito estrictamente militar. Por ese estrecho circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado mundial, de manera que una interrupción prolongada del tráfico marítimo tiene consecuencias sobre los precios energéticos, las cadenas de suministro y la economía internacional.

La situación permitió comprobar hasta qué punto la geopolítica y la economía están unidas. Mientras los dirigentes hablan de seguridad nacional, soberanía y amenazas militares, detrás de esas palabras aparecen rutas comerciales, energía y materias primas cuya importancia afecta directamente al funcionamiento de la economía capitalista mundial. Ormuz no es solamente un estrecho marítimo situado entre Irán y Omán; es uno de los principales corredores energéticos del planeta y, por tanto, un espacio en el que confluyen intereses económicos, militares y estratégicos de las grandes potencias.

El episodio iraní mostró así una de las características más contradictorias del actual sistema internacional: incluso cuando dos Estados se amenazan públicamente con una escalada militar, los intereses económicos y estratégicos pueden obligarlos a mantener abiertos los canales de negociación. La paz, en estas circunstancias, no aparece únicamente como un principio diplomático, sino también como una necesidad material para preservar las rutas comerciales de las que depende buena parte de la economía mundial.

Trump y Delcy Rodríguez: cuando los enemigos vuelven a sentarse

Otra de las imágenes más sorprendentes de la semana fue protagonizada por Donald Trump y Delcy Rodríguez.

La presidenta encargada de Venezuela llegó a Nueva York después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero. Su participación en la Asamblea formó parte de la nueva etapa diplomática que Caracas y Washington estaban intentando construir y estuvo acompañada de conversaciones sobre elecciones, deuda, energía y recuperación económica. Rodríguez afirmó ante la Asamblea que Venezuela celebraría elecciones como parte de un proceso hacia una “democracia plena”, aunque no fijó una fecha concreta.

El contexto hacía que el encuentro con Trump resultara extraordinario. Washington y Caracas habían mantenido durante años una relación marcada por sanciones, enfrentamientos políticos y acusaciones cruzadas. Ahora, después de una transformación radical del escenario venezolano, representantes de ambos gobiernos volvían a sentarse frente a frente para negociar. El propio Trump y Rodríguez mantuvieron un breve encuentro al margen de la Asamblea, mientras funcionarios estadounidenses señalaban que se habían discutido cuestiones políticas y la reestructuración de la deuda venezolana.

La fotografía no puede separarse de los intereses materiales que rodean a Venezuela. Petróleo, deuda, recuperación económica, inversión y recursos naturales forman parte de cualquier negociación sobre el futuro del país. La diplomacia internacional tiene precisamente esa característica: los adversarios que durante años se presentan como irreconciliables pueden terminar negociando cuando las circunstancias políticas y económicas cambian.

La semana venezolana produjo otra escena significativa cuando Delcy Rodríguez se acercó a Pedro Sánchez dentro del propio hemiciclo. Rodríguez se levantó de su asiento, recorrió parte de la sala y se dirigió hacia el lugar donde se encontraba la delegación española. Sánchez estaba pendiente de su teléfono; ambos se saludaron y mantuvieron una breve conversación. Según fuentes de La Moncloa, Rodríguez le pidió poder seguir hablando sobre la situación de Venezuela y Sánchez respondió que España estaba comprometida con el futuro de la región. No se trató de una reunión formal, pero sí de un gesto que permitió visualizar la voluntad de mantener abierto un canal político.

Precisamente por su carácter informal, aquella escena resulta interesante. Las relaciones diplomáticas no siempre se construyen exclusivamente alrededor de mesas oficiales, con declaraciones previamente redactadas y cámaras esperando el apretón de manos. También pueden comenzar con un encuentro improvisado dentro de los propios asientos de una Asamblea en la que, mientras los gobiernos mantienen públicamente posiciones enfrentadas, sus representantes buscan espacios para hablar.

Lula y la disputa por la soberanía latinoamericana

La cuestión venezolana conectó con uno de los discursos latinoamericanos más significativos de la Asamblea: el de Luiz Inácio Lula da Silva.

El presidente brasileño afirmó que “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie” y denunció la injerencia extranjera en los procesos políticos latinoamericanos. Lula habló de las “tentaciones hegemónicas”, criticó la división del mundo en zonas de influencia y calificó de anacrónicas las incursiones neocoloniales en busca de recursos estratégicos. También defendió que el pueblo venezolano debe decidir su propio destino sin injerencias externas.

Pero el discurso de Lula contenía también una crítica directa a Nicaragua. Después de defender la autodeterminación de los pueblos, afirmó que “Nicaragua no resolverá sus problemas impidiendo que la oposición se presente a las elecciones”. La declaración forma parte de la posición expresada por el presidente brasileño ante la Asamblea y no debemos ocultarla si queremos realizar una lectura rigurosa de aquella intervención.

Precisamente porque ambas afirmaciones aparecen juntas, el discurso de Lula permite abordar una cuestión compleja desde una perspectiva de izquierdas. Una posición internacionalista no tiene por qué convertir a ningún Gobierno en intocable ni asumir que toda crítica procedente del exterior constituye automáticamente una conspiración. Los gobiernos pueden ser sometidos a crítica política y los pueblos tienen derecho a debatir y transformar sus propios sistemas políticos.

La cuestión diferente es quién tiene derecho a intervenir en esos procesos desde fuera. Defender la soberanía nacional no significa afirmar que todos los gobiernos actúan correctamente; significa rechazar que una potencia extranjera pueda decidir qué fuerzas políticas deben recibir apoyo, qué gobiernos deben ser reconocidos o qué modelo político debe imponerse a otro pueblo. Una cosa es el derecho de una sociedad a cuestionar a sus propias autoridades y otra muy diferente es convertir los procesos políticos de otros países en escenarios de presión geopolítica.

Esta distinción resulta especialmente importante en América Latina, una región marcada históricamente por golpes de Estado, operaciones encubiertas, intervenciones militares, sanciones económicas y presiones políticas de las grandes potencias. La defensa de la soberanía no puede quedar reservada a los gobiernos que nos gustan; si se convierte en un principio selectivo, deja de ser un principio.

La intervención de Lula tuvo precisamente el interés de colocar ambas cuestiones en la misma mesa: el rechazo a la injerencia extranjera y la crítica a las restricciones internas que afectan a la participación política. Para una izquierda internacionalista, ambas preocupaciones pueden coexistir sin necesidad de convertirlas en argumentos contradictorios.

África reclama dejar de ser espectadora

La reivindicación latinoamericana encontró un eco inmediato en África.

El presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, reclamó una reforma urgente del Consejo de Seguridad y utilizó una frase que resumió buena parte de la reivindicación africana: “Africa needs to be at the table, not on the menu”, África necesita estar en la mesa y no en el menú. La Presidencia de la Asamblea volvió a citar esta expresión al hacer balance de la semana de alto nivel.

La frase tiene una carga política evidente porque resume una reclamación histórica. África continúa sin disponer de un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, pese a su peso demográfico, económico y político y a su papel central en numerosas cuestiones tratadas por Naciones Unidas.

La reivindicación africana no consiste únicamente en ocupar una silla adicional. Tiene que ver con quién decide sobre las guerras, las sanciones, las intervenciones y las operaciones internacionales que afectan directamente al continente. La estructura actual del Consejo continúa reflejando en buena medida el equilibrio de poder establecido al final de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido conservan el derecho de veto, mientras África reclama una representación permanente.

La República Democrática del Congo volvió a plantear durante la Asamblea la posición africana de obtener dos puestos permanentes con derecho de veto mientras este mecanismo exista, además de dos puestos no permanentes adicionales. La reivindicación está vinculada al Consenso de Ezulwini y a la Declaración de Sirte, que constituyen la posición común africana sobre la reforma del Consejo.

La pregunta que plantea esta situación afecta al conjunto del sistema multilateral. ¿Cómo puede pedirse a los países del Sur Global que confíen plenamente en unas instituciones cuya estructura de decisión continúa reflejando un equilibrio de poder nacido en 1945? La reivindicación africana no es, por tanto, una cuestión secundaria de protocolo diplomático. Forma parte de la disputa por la democratización de las relaciones internacionales.

La silla vacía de Sudán

Sudán ofreció otra de esas escenas que permiten comprender las contradicciones del sistema.

El general Abdel Fattah al-Burhan, jefe del Ejército sudanés, no pudo viajar a Nueva York después de que Estados Unidos retuviera su visado. Según fuentes citadas por Reuters, la decisión estaba relacionada con la negativa de las autoridades sudanesas a aceptar una propuesta estadounidense de alto el fuego de 90 días.

El Gobierno sudanés denunció que impedir la participación de su dirigente violaba las obligaciones internacionales del país anfitrión, mientras Estados Unidos cuestionaba la legitimidad constitucional de los actores enfrentados en la guerra sudanesa.

No es necesario defender políticamente a Burhan para comprender la paradoja. Naciones Unidas aspira a ser un espacio universal en el que los Estados puedan presentar sus posiciones y negociar, pero la Asamblea General se celebra físicamente en territorio de una potencia que dispone de capacidad para controlar el acceso a su propio territorio.

La cuestión vuelve a remitir a la misma tensión que apareció en el caso palestino: la igualdad jurídica entre Estados convive con una realidad internacional profundamente desigual en términos económicos, militares y políticos.

La inteligencia artificial entra en la lucha por el poder

Cuando parecía que la Asamblea había concentrado toda su atención en guerras y conflictos diplomáticos, apareció una cuestión que hace pocos años habría parecido alejada de una cumbre internacional: la inteligencia artificial.

Según el balance oficial de la Presidencia de la Asamblea, más del 60 % de los oradores mencionaron la inteligencia artificial durante el debate general. La cifra resulta significativa porque muestra hasta qué punto una tecnología que hace apenas unos años ocupaba un lugar marginal en las discusiones diplomáticas se ha convertido en una cuestión central de la política internacional.

El debate no se limitó a las posibilidades de la nueva tecnología. Los países en desarrollo plantearon quién diseña estas herramientas, quién controla los datos, quién obtiene sus beneficios y quién soportará los riesgos derivados de su utilización.

La cuestión es fundamentalmente política y económica. La inteligencia artificial necesita enormes cantidades de energía, centros de procesamiento, semiconductores, datos, infraestructura y capital. Una parte considerable de esos recursos está concentrada en un número reducido de países y grandes empresas tecnológicas.

Por ello, varios países del Sur Global reclamaron una participación mucho mayor en la elaboración de las normas que gobernarán la inteligencia artificial. La República Democrática del Congo defendió que los países en desarrollo puedan participar en la definición de sus reglas y reclamó mecanismos de creación de capacidades para impedir que la brecha digital termine convirtiéndose también en una brecha de inteligencia.

La disputa por el poder mundial ya no se desarrolla únicamente alrededor de territorios, petróleo o minerales. También se desarrolla alrededor de los datos, los chips, la infraestructura digital y los sistemas de inteligencia artificial. Durante siglos, controlar territorios y materias primas permitió acumular riqueza y poder; en el siglo XXI, controlar las infraestructuras tecnológicas que condicionarán buena parte de la economía puede producir una concentración de poder de dimensiones comparables. La discusión sobre la inteligencia artificial es, por tanto, también una discusión sobre soberanía tecnológica y sobre quién tendrá capacidad para decidir cómo se utilizarán unas tecnologías que afectarán a sociedades enteras.

Una ONU que necesita recuperar la confianza

Todas estas escenas ocurrieron dentro de una institución que atraviesa su propia crisis.

El lema de esta Asamblea era “Restoring trust, managing transformation: A United Nations that delivers for all”, restaurar la confianza y gestionar la transformación para construir unas Naciones Unidas que cumplan para todos. El propio presidente de la Asamblea había señalado al inaugurar el nuevo periodo de sesiones que la organización necesitaba recuperar la confianza pública en un momento marcado por guerras, crisis humanitarias, cambio climático y transformaciones tecnológicas.

António Guterres, por su parte, presentó el momento como una reconfiguración del poder mundial y reclamó un multilateralismo capaz de someter el poder a las reglas y al derecho internacional. En su intervención situó entre los grandes desafíos del presente la guerra, la desigualdad, la crisis climática y la inteligencia artificial.

La ONU continúa siendo indispensable precisamente porque el mundo se ha vuelto más conflictivo. Sin embargo, su capacidad para resolver esos conflictos depende de Estados que poseen capacidades muy diferentes y, en última instancia, de un Consejo de Seguridad en el que cinco potencias conservan el derecho de veto.

Ahí aparece una de las grandes contradicciones del sistema. Cuanto más necesita el planeta una institución multilateral capaz de contener los conflictos, más evidente resulta que esa institución no dispone de herramientas suficientes para actuar con independencia de las grandes potencias. La reforma del Consejo de Seguridad, la representación africana, la cuestión palestina y la capacidad de hacer cumplir el derecho internacional no son asuntos separados: forman parte de una misma discusión sobre la legitimidad y la democratización del orden mundial.

Un mundo que ya no acepta con la misma facilidad las viejas reglas

La sucesión de acontecimientos ocurridos durante esta 81.ª Asamblea General permite observar un sistema internacional en el que el viejo orden todavía conserva una enorme capacidad de poder, pero encuentra cada vez más dificultades para presentar sus reglas como universales e incuestionables.

Estados Unidos continúa disponiendo de una capacidad económica, militar y financiera extraordinaria. Sus alianzas siguen siendo poderosas y su influencia sobre las instituciones internacionales continúa siendo considerable. Pero al mismo tiempo, América Latina reclama mayor autonomía, África exige una representación acorde con su peso político, los países del Sur Global reclaman participar en la definición de las reglas tecnológicas y diferentes Estados cuestionan abiertamente que las grandes potencias puedan intervenir unilateralmente en los asuntos de otros países.

Esto no significa que el mundo que está emergiendo vaya a ser automáticamente más justo. La aparición de nuevos centros de poder no elimina las desigualdades económicas ni impide que las grandes potencias continúen defendiendo sus propios intereses. Un orden verdaderamente multipolar no debería limitarse a sustituir una hegemonía por otra, sino avanzar hacia unas relaciones internacionales en las que la soberanía y el derecho internacional tengan un carácter universal y no dependan de la posición económica o militar de cada Estado.

Desde una perspectiva de izquierdas, ese debería ser uno de los debates centrales. La alternativa al imperialismo no puede consistir simplemente en cambiar el nombre de la potencia dominante, del mismo modo que la multipolaridad no garantiza por sí misma una sociedad internacional más igualitaria. La cuestión fundamental es si los pueblos tendrán mayor capacidad para decidir sobre sus recursos, sus instituciones y sus modelos políticos, y si los Estados podrán relacionarse entre sí sin que las diferencias de poder económico y militar se conviertan en un derecho permanente a intervenir en los asuntos de los demás.

Esta discusión adquiere especial importancia cuando se observa la relación entre política y economía que apareció durante toda la Asamblea. En Palestina, la guerra y la posición de las grandes potencias condicionan la capacidad de Naciones Unidas para hacer cumplir sus propias resoluciones; en Irán, una ruta por la que circula una parte esencial de la energía mundial se convierte en una pieza de la negociación militar; en Venezuela, petróleo, deuda, elecciones y relaciones internacionales aparecen inseparablemente unidos; en África, la ausencia de representación permanente en el Consejo de Seguridad mantiene una estructura de poder heredada de otra época; y en la inteligencia artificial, los datos, la energía, los semiconductores y el capital empiezan a determinar quién tendrá capacidad para establecer las reglas del futuro.

Las escenas de esta Asamblea permiten, por tanto, leer la transformación del mundo desde varios ángulos. Las delegaciones que abandonaron la sala durante el discurso de Netanyahu expresaron el creciente rechazo internacional a la política israelí en Gaza; la intervención de Abbas desde una pantalla volvió a poner sobre la mesa la contradicción entre la universalidad de Naciones Unidas y las restricciones impuestas por el país anfitrión; las amenazas contra Irán y las negociaciones paralelas sobre Ormuz demostraron que la confrontación militar y la diplomacia pueden avanzar simultáneamente; el encuentro entre Trump y Delcy Rodríguez recordó que incluso adversarios profundamente enfrentados pueden terminar negociando cuando cambian las relaciones de fuerza; el breve acercamiento de Delcy a Sánchez mostró que los canales diplomáticos pueden reconstruirse incluso después de años de tensión; Lula combinó la defensa de la soberanía latinoamericana con una crítica concreta a Nicaragua; África volvió a exigir que no se decida sobre su futuro sin su participación; y la inteligencia artificial confirmó que la próxima disputa por el poder mundial tendrá también un componente tecnológico decisivo.

Lo importante de estas escenas no reside únicamente en su valor anecdótico. Su verdadera relevancia aparece cuando se observan las relaciones que las unen. En todas ellas vuelve a aparecer la misma pregunta sobre quién tiene capacidad para imponer condiciones y quién dispone de margen suficiente para rechazarlas. Esa es, en buena medida, la disputa que está atravesando actualmente el sistema internacional.

La ONU continúa siendo necesaria porque no existe ninguna otra institución capaz de reunir en un mismo espacio a prácticamente todos los Estados del planeta. Pero para recuperar credibilidad necesita afrontar precisamente las contradicciones que la Asamblea ha vuelto a poner delante de las cámaras: una estructura de poder que todavía conserva rasgos de 1945, un Consejo de Seguridad en el que cinco Estados mantienen el veto, una relación conflictiva entre soberanía nacional e intervención externa y una creciente desigualdad en el acceso a los recursos económicos y tecnológicos que determinarán el futuro.

La transformación del equilibrio mundial tampoco garantiza que las relaciones internacionales vayan a ser más justas. China, Rusia, India, Brasil, los países africanos y otras potencias emergentes pueden contribuir a limitar la hegemonía estadounidense, pero todos ellos tienen también intereses propios y ninguno está exento de contradicciones. Por eso, desde una perspectiva antimperialista, el objetivo no debería ser reemplazar una hegemonía por otra, sino avanzar hacia un sistema en el que ningún Estado pueda convertir su superioridad militar, económica o tecnológica en un privilegio para decidir por los demás.

Las pequeñas escenas de la 81.ª Asamblea General permiten entender precisamente esa transición. El viejo orden internacional continúa teniendo una enorme capacidad de resistencia, pero ya no consigue imponer con la misma facilidad la idea de que sus jerarquías son naturales e inmutables. Cada vez más países reclaman soberanía, representación, autonomía económica y capacidad para participar en las decisiones que afectan a su futuro.

La pregunta que deja esta Asamblea no es, por tanto, quién ganó aquella semana en Nueva York. Lo verdaderamente decisivo será determinar si la transformación del equilibrio mundial puede abrir paso a unas relaciones internacionales más democráticas o si simplemente producirá una nueva distribución de las mismas estructuras de dominación. La respuesta dependerá de la capacidad de los pueblos y de los Estados del Sur Global para defender su soberanía, construir relaciones de cooperación y exigir que el multilateralismo deje de ser únicamente un lenguaje diplomático y se convierta en una práctica efectiva de igualdad entre naciones.

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