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lunes, 10 de agosto de 2026

Sáhara Occidental: ¿hacia dónde va un conflicto que lleva medio siglo esperando una solución?

Por Javier Huerta

Cinco años después, la diplomacia internacional vuelve a mover sus piezas mientras el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui continúa pendiente


Han pasado casi cinco años desde que publique un artículo sobre el Sáhara Occidental, «Sáhara Occidental: la descolonización que España dejó pendiente», el 14 de noviembre de 2021. Apenas cuatro meses después, el 20 de marzo de 2022, publique otro análisis, «Sáhara Occidental: treinta años de una promesa incumplida por Naciones Unidas», cuando la ruptura del alto el fuego de 2020 había devuelto la guerra al territorio y España acababa de modificar profundamente su posición respecto al conflicto. Hoy volvemos sobre la cuestión porque el escenario internacional ha cambiado de manera importante. Naciones Unidas continúa buscando una salida, Marruecos ha ganado apoyos para su propuesta de autonomía, Estados Unidos desempeña un papel cada vez más activo en las negociaciones y la Unión Europea ha tenido que afrontar importantes límites jurídicos en sus relaciones con Marruecos. Pero, mientras tanto, la pregunta fundamental continúa siendo la misma: ¿qué lugar ocupa el derecho del pueblo saharaui a decidir libremente su futuro?

La novedad más importante de los últimos años se produjo en octubre de 2025, cuando el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2797 y prorrogó el mandato de la MINURSO hasta el 31 de octubre de 2026. La resolución introdujo un cambio significativo en el lenguaje del proceso al pedir que las negociaciones tomasen como base la propuesta marroquí de autonomía, aunque mantuvo como objetivo una solución política definitiva que proporcione la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. Fue aprobada por 11 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones; Argelia no participó en la votación.

El cambio merece atención. La MINURSO fue creada en 1991 con el objetivo de organizar un referéndum de autodeterminación. Treinta y cinco años después, el referéndum nunca se ha celebrado y la misión continúa existiendo. El nombre de la operación internacional se ha convertido así en el símbolo de una contradicción: una misión creada para preparar una consulta popular que lleva décadas sin poder realizarse. La resolución 2797 no elimina formalmente la autodeterminación, pero desplaza el centro de gravedad de las negociaciones hacia una propuesta concreta: la autonomía dentro de la soberanía marroquí.

Desde Rabat, este cambio es presentado como un reconocimiento de que la autonomía constituye la solución más realista. Desde el Frente Polisario y Argelia, por el contrario, se ha advertido que convertir la propuesta marroquí en el punto de partida principal puede terminar reduciendo las posibilidades de una verdadera autodeterminación. La propia resolución, sin embargo, mantiene abierta la posibilidad de que las partes presenten otras propuestas y señala que el resultado debe ser mutuamente aceptable y compatible con la Carta de Naciones Unidas. Esa diferencia es importante: la autonomía marroquí ha ganado peso diplomático, pero jurídicamente el conflicto no ha quedado cerrado.

Washington entra con fuerza en el proceso

La nueva etapa tiene además un protagonista que ha adquirido una importancia creciente: Estados Unidos. En febrero de 2026, Staffan de Mistura, enviado personal del secretario general de Naciones Unidas, copresidió en Washington nuevas negociaciones junto al representante estadounidense Michael Waltz, con apoyo del asesor presidencial Massad Boulos. Naciones Unidas informó de que las conversaciones estaban tomando como base la propuesta marroquí de autonomía conforme a la resolución 2797, aunque subrayó que todavía quedaba un trabajo importante, especialmente sobre la cuestión fundamental de la autodeterminación del pueblo saharaui.

Aquí aparece una de las grandes incógnitas de 2026. ¿Estamos ante una nueva oportunidad para alcanzar una solución política después de décadas de bloqueo o ante una transformación progresiva del proceso internacional que puede terminar haciendo de la autonomía marroquí la única salida realmente disponible?

La diferencia no es solamente diplomática. Si la negociación comienza tomando como referencia una propuesta que mantiene la soberanía marroquí como condición, el margen de discusión sobre el estatuto final del territorio cambia considerablemente respecto al referéndum planteado en 1991. El problema vuelve a ser el que señalábamos en nuestro segundo artículo: una cosa es negociar una solución y otra que el pueblo que debe ejercer la autodeterminación pueda decidir directamente cuál quiere que sea esa solución.

Europa se encuentra con los límites del derecho internacional

Mientras la diplomacia avanzaba en esta dirección, los tribunales europeos introdujeron un elemento que no puede ignorarse.

En octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos de 2019 relativos a productos agrícolas y pesca aplicados al Sáhara Occidental habían sido celebrados sin el consentimiento del pueblo del territorio y vulnerando los principios de autodeterminación y de efecto relativo de los tratados. El Tribunal consideró además que el Frente Polisario tiene legitimidad para impugnar determinadas decisiones europeas relacionadas con el territorio.

La importancia de esta sentencia va más allá de un conflicto comercial. El Tribunal recordó que el Sáhara Occidental no puede ser tratado jurídicamente como si fuera simplemente una parte más de Marruecos. El pueblo del territorio es titular del derecho a la autodeterminación y su consentimiento tiene consecuencias jurídicas cuando se aplican acuerdos internacionales sobre el territorio.

La contradicción resulta evidente. Mientras una parte de la diplomacia internacional se aproxima a la propuesta marroquí, la justicia europea ha recordado que existen límites jurídicos derivados precisamente del carácter particular del Sáhara Occidental.

Y esto vuelve a situar en el centro una cuestión que parece olvidarse con demasiada facilidad: el Sáhara no es solamente un problema diplomático; continúa siendo una cuestión de descolonización.

España mantiene el giro de 2022

En este nuevo escenario, España también ha consolidado el giro iniciado en marzo de 2022.

La XIII Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos, celebrada en Madrid en diciembre de 2025, confirmó que el Gobierno español mantiene la posición adoptada en 2022. La declaración conjunta señala expresamente que España acoge favorablemente la resolución 2797 y las negociaciones que toman como base la propuesta marroquí de autonomía. También destaca que una autonomía genuina bajo soberanía marroquí podría constituir una solución viable.

El cambio resulta especialmente significativo por la responsabilidad histórica española. España fue la potencia colonial del territorio hasta 1975 y abandonó el Sáhara sin culminar su proceso de descolonización. Desde entonces, los sucesivos gobiernos españoles han tenido que equilibrar esa responsabilidad histórica con los intereses estratégicos, económicos, migratorios y de seguridad existentes en su relación con Marruecos.

En 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió acercarse claramente a la posición marroquí. Cuatro años después, aquella decisión ya no parece una modificación coyuntural, sino una orientación consolidada de la política exterior española.

Desde una perspectiva crítica, resulta inevitable preguntarse qué significa este cambio para la responsabilidad histórica de España. Si el territorio continúa pendiente de descolonización para Naciones Unidas, ¿puede España considerar cerrada su responsabilidad simplemente porque haya cambiado su posición diplomática?

La guerra tampoco ha desaparecido

La diplomacia avanza, pero las armas continúan recordando que el conflicto no está resuelto.

El 5 de mayo de 2026, el Frente Polisario lanzó un ataque con cohetes cerca de Smara. Naciones Unidas expresó su preocupación por los disparos en zonas civiles y Staffan de Mistura reclamó evitar una nueva escalada y regresar al alto el fuego.

Un mes después, en junio, un ataque marroquí con drones causó la muerte de Lahbib Mohamed Abdelaziz, dirigente militar del Frente Polisario considerado una figura importante dentro de su estructura, junto a otros combatientes saharauis. El ataque coincidió con la visita de De Mistura a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf.

Estos acontecimientos demuestran que la ruptura del alto el fuego de 2020 no fue simplemente un episodio pasajero. El conflicto militar continúa, aunque con características diferentes a las de la guerra de las décadas de 1970 y 1980. El uso de drones, los ataques a distancia y la superioridad tecnológica marroquí han modificado profundamente el equilibrio militar.

Y aquí vuelve a aparecer una enseñanza que ya señalábamos en 2022: un conflicto congelado no es un conflicto resuelto.

¿Qué está cambiando realmente?

Si observamos el conjunto de acontecimientos, existe una tendencia clara. Marruecos ha conseguido ampliar considerablemente el respaldo internacional a su propuesta de autonomía. Estados Unidos ha asumido un papel central en la actual dinámica diplomática y el Consejo de Seguridad ha situado la propuesta marroquí como base de las negociaciones. España mantiene el giro de 2022 y dentro de Europa también se ha producido una evolución favorable a considerar la autonomía como una vía posible.

Pero sería igualmente incorrecto afirmar que el derecho internacional ha dejado de reconocer la autodeterminación saharaui.

La propia resolución 2797 continúa hablando de una solución que proporcione la autodeterminación. Naciones Unidas mantiene la MINURSO. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reafirmado que el pueblo del Sáhara Occidental es titular de ese derecho.

Nos encontramos, por tanto, ante una contradicción que puede definir los próximos años: la diplomacia está avanzando hacia una solución basada en la autonomía, mientras el principio jurídico de autodeterminación continúa formalmente vigente.

La cuestión decisiva será saber si ambos conceptos pueden compatibilizarse y, sobre todo, quién tendrá la capacidad de decidir si esa fórmula satisface realmente las aspiraciones del pueblo saharaui.

Medio siglo después, la pregunta continúa siendo la misma

En 2021 hablábamos de una descolonización que España había dejado pendiente. En 2022 analizábamos el fracaso de Naciones Unidas para convertir en realidad el referéndum prometido. En 2026 podemos afirmar que el escenario ha cambiado profundamente, pero que el problema fundamental permanece.

La propuesta marroquí ha ganado peso. Las negociaciones han adquirido un nuevo impulso. Estados Unidos participa activamente. España mantiene su nueva posición. La Unión Europea se mueve en un escenario más complejo y sus propios tribunales han establecido límites jurídicos. Naciones Unidas intenta encontrar una salida y la MINURSO continúa desplegada hasta octubre de 2026.

Pero el pueblo saharaui continúa sin haber podido decidir libremente el estatuto definitivo de su territorio.

Esa debería seguir siendo la cuestión central.

Desde una perspectiva de izquierda e internacionalista, defender la autodeterminación del Sáhara Occidental no significa negar la necesidad de negociar ni desconocer la complejidad política del Magreb. Significa recordar que los intereses de los Estados, las alianzas militares, los recursos económicos y las estrategias de las grandes potencias no pueden sustituir indefinidamente la voluntad del pueblo directamente afectado.

La historia del Sáhara Occidental demuestra que aplazar una solución no hace desaparecer un conflicto. Lo transmite de una generación a otra. Lo convierte en exilio, en separación familiar, en muro, en campamentos de refugiados y, cuando la diplomacia fracasa, nuevamente en guerra.

Quizá la gran pregunta de 2026 no sea solamente qué solución está ganando terreno en las cancillerías, sino otra mucho más sencilla: ¿está avanzando también el derecho del pueblo saharaui a decidir su propio futuro?

Porque si la respuesta continúa siendo negativa, podremos cambiar las fórmulas diplomáticas, las resoluciones y los protagonistas de las negociaciones, pero seguiremos ante el mismo problema que hace medio siglo: una descolonización pendiente.



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miércoles, 5 de agosto de 2026

Nicaragua alzará de nuevo su voz en favor de Palestina ante la CIJ.


 Por Becca Renk Foster

En el contexto de los renovados ataques de Israel contra Palestina, la Corte Internacional de Justicia celebrará  audiencias públicas en septiembre sobre el proceso judicial iniciado por Nicaragua contra Alemania por complicidad en el genocidio de Gaza mediante el suministro de armas a Israel. Durante sus alegatos, Nicaragua sin duda hará uso de su experiencia al haber llevado a la nación más poderosa del mundo ante la Corte Internacional de Justicia… y haber ganado. 

Nicaragua condena los ataques

“Nicaragua expresa su inquebrantable solidaridad con el heroico pueblo palestino, que sigue enfrentando el sufrimiento, la ocupación, la destrucción y el desplazamiento perpetrados por el gobierno sionista de Israel y sus fuerzas de ocupación”, reza un  comunicado del gobierno de Nicaragua publicado el 29 de julio. 

La declaración condenó los renovados ataques de Israel, calificándolos de “escalada inaceptable de violencia contra el pueblo palestino”, y repudió “las continuas y crecientes violaciones del derecho internacional y humanitario, así como los intentos de Israel de criminalizar a la población palestina que solo busca proteger a sus familias, hogares y medios de subsistencia”.

Esta declaración constituye la más reciente muestra de solidaridad de Nicaragua con Palestina, en el marco de su larga historia de amistad con el pueblo palestino: Nicaragua fue el primer país centroamericano en establecer relaciones diplomáticas con Palestina. En 1980, apenas un año después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el líder palestino Yasser Arafat realizó una visita histórica a Nicaragua que marcó el inicio de las relaciones diplomáticas entre el Estado de Palestina y la República de Nicaragua.

Nicaragua lidera la solidaridad Sur-Sur

Desde entonces, ambos países han mantenido una amistad que se ha fortalecido desde que comenzó el genocidio israelí en Gaza. En el ámbito internacional, Nicaragua ha estado a la vanguardia de la movilización Sur-Sur en apoyo a Palestina:  reafirmando su solidaridad con Palestina el 7 de octubre de 2023; enviando a su  ministro de Relaciones Exteriores a Ramala para reunirse con las autoridades palestinas en diciembre de 2023; firmando en febrero de 2024 como el  primero de 18 países en intervenir en nombre de Sudáfrica en su caso contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ); y el 1 de marzo de 2024, presentando  cargos contra Alemania ante la CIJ por ayudar e instigar el genocidio al proporcionar apoyo político, financiero y militar a Israel y al retirar la financiación al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (ONURP). 

La presión ejercida por Nicaragua sobre Alemania en la Corte Internacional de Justicia ya ha dado resultados positivos para Palestina: en abril de 2024, Alemania  revirtió su política de suspender la financiación de la UNRWA a Gaza y declaró que había  reanudado la ayuda . En marzo pasado, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán anunció que  retiraba su apoyo a Israel en el caso de Sudáfrica para centrarse en su defensa en el proceso judicial iniciado por Nicaragua.

Nicaragua contra Estados Unidos

Nicaragua, un país del tamaño del estado de Nueva York con una población de poco menos de siete millones de personas, es uno de los países del mundo con mayor experiencia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). De hecho, en 1986, la Corte Internacional falló a favor de Nicaragua en un caso histórico contra Estados Unidos por la Guerra de los Contras.

Inmediatamente después del derrocamiento del dictador Anastasio Somoza, respaldado por Estados Unidos, por jóvenes revolucionarios sandinistas en 1979, Estados Unidos creó, financió y dirigió una fuerza contrarrevolucionaria conocida como los contras. Mientras la Revolución Sandinista de Nicaragua enseñaba a leer y escribir a su población analfabeta y brindaba atención médica y educación gratuitas, simultáneamente combatía a la guerrilla de los contras, armada por Estados Unidos. Los contras atacaron objetivos civiles que representaban los logros de la Revolución —trabajadores de la salud, maestros, escuelas y cooperativas agrícolas—, asesinando a 50.000 personas en un país que entonces contaba con tan solo tres millones de habitantes.

“La situación se agravó tanto que en 1983 se produjo un ataque en nuestro principal puerto, Corinto, donde explotaron más de 1,6 millones de galones de gas”, recordó el embajador Carlos Argüello, agente de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, durante una videoconferencia desde los Países Bajos el 4 de mayo de 2024. “Este acto fue perpetrado por la CIA bajo la dirección de Estados Unidos”. 

Unos meses más tarde, Estados Unidos colocó artefactos explosivos submarinos en puertos nicaragüenses sin notificar a otros países; un ciudadano británico resultó muerto.

“Fue asombroso”, recordó Argüello. “Públicamente en el Congreso discutían cuánto dinero darles a los contras, y no se mencionaba el derecho internacional… Por eso acudimos a la Corte Internacional de Justicia, porque no se trataba simplemente de que la nación más poderosa hiciera lo que quisiera, [necesitábamos] recordarle al mundo que el derecho internacional existe”.

En 1986, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictó sentencia en el caso Nicaragua contra Estados Unidos, condenando a este último por violar los principios fundamentales del derecho internacional general y consuetudinario. De esta manera, Estados Unidos se convirtió en el único país del mundo condenado por la CIJ por violaciones masivas de los derechos humanos. La Corte ordenó a Estados Unidos el pago de reparaciones, lo cual nunca ha hecho. Hasta el día de hoy, Estados Unidos mantiene una deuda pendiente con el pueblo nicaragüense, estimada en 12 mil millones de dólares en 1988 y que actualmente asciende a al menos 36.5 mil millones de dólares.

El caso de Nicaragua: un punto de inflexión

Con motivo del  40 aniversario del fallo de la CIJ en el caso Nicaragua, Augusto Zamora Rodríguez, ex embajador de Nicaragua en España y profesor de derecho internacional que trabajó en el caso Nicaragua contra Estados Unidos, explicó que dicho caso marcó un punto de inflexión en el derecho internacional. 

“[Esto] dejó a Estados Unidos sin argumentos legales. Y los dejó completamente desprovistos de ellos para siempre, porque lo que se dijo sobre Nicaragua en 1986 se aplica hoy a Irán; se aplica hoy a países bajo ataque, como tantos en África y algunos en América Latina. Y también sirve para recordar a los gobiernos que aplauden este tipo de políticas que son absolutamente ilegales, no porque alguien lo diga voluntariamente o por convicción, sino porque así lo dictaminó el principal órgano judicial de las Naciones Unidas.”

Zamora prosiguió destacando que otros países que sufren ataques injustos pueden aprovechar el precedente sentado en el caso de Nicaragua.  

“En ese sentido, nuestro país, la Revolución y el gobierno sandinista prestaron un enorme servicio no solo al país, sino también a la comunidad internacional y a los pobres del mundo. Les dejamos un fallo en el que pueden confiar, y estoy seguro de que, en el caso del genocidio en Gaza —la barbarie que Israel ha perpetrado contra el pueblo palestino durante 80 años—, cuando la Corte se pronuncie sobre el caso del genocidio, citará el fallo de Nicaragua en más de una ocasión.”

En opinión de Zamora, el caso de Nicaragua es más pertinente que nunca. «…El fallo sobre Nicaragua no solo no ha perdido relevancia», afirmó, «sino que sigue cobrando importancia y ha establecido un marco jurídico esencial para la defensa de los derechos de los pueblos y las naciones débiles, que son, de hecho, quienes realmente necesitan invocar este derecho… El mundo ya es diferente, pero creo que ese mundo encontrará en el fallo de esta Corte un marco sólido y competente para construir el nuevo orden multipolar que la sociedad internacional necesita». 

Otro caso histórico

De igual modo, el caso que Nicaragua ha presentado contra Alemania ante la CIJ también se describe ahora como un " caso histórico ". Nicaragua no pudo presentar cargos contra Estados Unidos por ayudar al genocidio de Gaza porque Estados Unidos se retiró de la jurisdicción obligatoria de la CIJ. Sin embargo, presentar cargos contra Alemania es significativo no solo porque Alemania  sigue siendo el segundo mayor proveedor de armas de Israel después de Estados Unidos, sino también porque la extrema derecha alemana busca actualmente estrechar aún más sus lazos con Israel: recientemente, la cámara alta alemana  aprobó un proyecto de ley que penaliza la negación del "derecho a existir" de Israel, con penas de hasta cinco años de prisión.

Aunque cualquier procedimiento judicial en la Corte Internacional de Justicia avanza muy lentamente, ahora hay novedades en el caso Nicaragua contra Alemania: el 1 de agosto, la Corte Internacional de Justicia anunció que celebrará audiencias públicas del 7 al 10 de septiembre sobre las objeciones preliminares planteadas por Alemania, que cuestionan la jurisdicción y la admisibilidad en el caso presentado por Nicaragua. 

A pesar de ser una nación pequeña del sur global, Nicaragua sin duda recurrirá a su larga experiencia con la CIJ y a su constante adhesión al derecho internacional para defender al pueblo palestino ante la Corte Internacional de Justicia.

«El pueblo de Nicaragua seguirá alzando la voz en favor de la causa palestina y clamando por justicia y paz, por la libertad y la dignidad del pueblo palestino», reza el reciente comunicado de Managua. «La solución de dos Estados es una exigencia internacional y la única vía hacia una paz justa y duradera».

Becca Renk Foster es originaria de Idaho, Estados Unidos. Durante 25 años, ha vivido y trabajado en el desarrollo comunitario sostenible en Nicaragua. Coordina el trabajo de  Casa Benjamín Linder en Managua y forma parte de la  Coalición de Solidaridad con Nicaragua 



viernes, 31 de julio de 2026

Nicaragua. Intervencionismo estadounidense: de la invasión militar directa a la guerra algorítmica


Por Germán Van de Velde

Transformación histórica del intervencionismo estadounidense

Desde finales del siglo XX, el intervencionismo estadounidense ha experimentado una profunda transformación que exige analizar la incorporación progresiva de instrumentos comunicacionales, cognitivos y algorítmicos a las formas tradicionales de intervención militar y política. En etapas anteriores, las intervenciones militares directas se articulaban con la manipulación comunicacional y la guerra psicológica.

Con el avance de las tecnologías digitales, estas modalidades incorporaron progresivamente nuevas dimensiones de intervención, entre ellas la guerra cognitiva y, más recientemente, la guerra algorítmica. La propaganda clásica del siglo XX buscaba manipular; la guerra psicológica buscaba desmoralizar; la guerra cognitiva, en cambio, pretende alterar la forma misma en que las personas perciben la realidad; la guerra algorítmica incorpora inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis masivo de datos para automatizar operaciones militares, vigilar poblaciones y orientar campañas de influencia.

El Comandante Carlos Fonseca (1980), en su libro “Un nicaragüense en Moscú”, relató la manipulación mediática de la siguiente manera:

“Recordé las dudas que en Nicaragua me habían surgido, cuando escuchaba que la propaganda (estadounidense) pintaba terrible a Moscú […] La propaganda dice que Moscú es la ciudad de la muerte. También ha de ser falso, pensé. Si mienten sobre cosas que los latinoamericanos tenemos frente a nuestros ojos, mucho más han de mentir sobre cosas que, como Moscú, están a millones de metros de nuestra vista.”

En el siglo XXI, las operaciones militares son precedidas, acompañadas y legitimadas por campañas mediáticas, operaciones algorítmicas, sanciones económicas, narrativas humanitarias y dispositivos digitales de intervención emocional. Ahora, la desestabilización también depende de la capacidad de moldear emociones, influir en las percepciones colectivas y alterar la interpretación social de la realidad de los pueblos (NATO Innovation Hub, 2021).

En el presente trabajo se entiende por intervencionismo estadounidense el conjunto articulado de mecanismos militares, políticos, económicos, diplomáticos, comunicacionales, tecnológicos, cognitivos y algorítmicos mediante los cuales el gobierno de Estados Unidos, de forma directa o en coordinación con aliados, organismos internacionales, fundaciones, agencias de cooperación y otros actores, inciden directamente en los procesos políticos, económicos, sociales y comunicacionales de otros Estados con el propósito de favorecer objetivos de su política exterior y de su estrategia geopolítica. Desde esta perspectiva, el intervencionismo contemporáneo constituye una arquitectura integrada de poder en la que la coerción militar, las sanciones económicas, la comunicación estratégica, las operaciones psicológicas y de otra índole, la guerra cognitiva y la inteligencia artificial operan de manera complementaria.

La arquitectura integrada del intervencionismo estadounidense

El intervencionismo estadounidense del siglo XXI debe entenderse como una arquitectura multidimensional de poder, donde convergen instrumentos militares, políticos, económicos, comunicacionales, tecnológicos, cognitivos y algorítmicos. La interacción de estos mecanismos permite desarrollar estrategias de influencia cada vez más sofisticadas, capaces de operar simultáneamente sobre el territorio, la economía, la información y la percepción social.

La transformación del intervencionismo estadounidense ha sido un proceso de incorporación progresiva de nuevos instrumentos de influencia política. A medida que las transformaciones tecnológicas modificaron las formas de ejercer el poder, la intervención dejó de depender exclusivamente de la coerción militar para incorporar mecanismos comunicacionales, psicológicos, cognitivos y algorítmicos que hoy actúan de manera integrada. La Tabla 1 resume esta transformación histórica y constituye el marco analítico del presente ensayo.

Tabla 1. Transformación histórica de las modalidades del intervencionismo estadounidense.

Período histórico

Modalidad predominante

Instrumentos principales

Objetivo estratégico

1945–1990 (Guerra Fría)

Invasión militar directa

Fuerza militar, invasiones, operaciones encubiertas, golpes de Estado

Sustituir gobiernos considerados adversarios

1950–2000

Propaganda y guerra psicológica

Radio, prensa, televisión, operaciones psicológicas, campañas de desinformación

Influir sobre la opinión pública, desmoralizar y legitimar intervenciones

2000–2020

Revoluciones de colores y golpes blandos

ONG, financiamiento externo, redes sociales, movilización civil, comunicación estratégica

Favorecer cambios de gobierno mediante presión política y social

2020–actualidad

Guerra cognitiva

Redes sociales, big data, inteligencia artificial, algoritmos, plataformas digitales

Modificar percepciones, emociones y procesos de toma de decisiones

2023*–actualidad

Guerra algorítmica

IA generativa, aprendizaje automático, algoritmos predictivos, automatización, análisis masivo de datos

Anticipar comportamientos, personalizar la influencia y controlar ecosistemas informativos

Nota.
Los períodos representan momentos aproximados de consolidación de cada modalidad. Las distintas formas de intervención se superponen, coexisten y pueden operar simultáneamente. Fuente: elaboración propia con base en Sharp (1993), Robinson (1996), Morozov (2011), Zuboff (2019) y NATO Innovation Hub (2021).

* Período de consolidación de la IA generativa como herramienta de influencia y automatización.

Durante la Guerra Fría, la invasión militar directa constituyó uno de los principales instrumentos de la política exterior del gobierno de los Estados Unidos para preservar o ampliar sus áreas de influencia geopolítica. Esta estrategia combinó invasiones militares, operaciones encubiertas, apoyo a golpes de Estado, financiamiento de grupos armados y acciones de inteligencia dirigidas a impedir el establecimiento o consolidación de gobiernos considerados contrarios a sus intereses estratégicos (Blum, 2003; Robinson, 1996).

William Blum (2003) documenta que, desde la culminación de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos participó de forma directa o indirecta en decenas de intervenciones alrededor del mundo, incluyendo cambios de gobierno, operaciones clandestinas y campañas militares en países de América Latina, Asia, África y Oriente Medio. Estas acciones respondieron principalmente a la lógica geopolítica de la confrontación Este-Oeste y a la política de contención del comunismo durante la Guerra Fría.

En América Latina, diversas intervenciones evidenciaron este patrón de actuación. Entre los casos más representativos se encuentran el derrocamiento del gobierno de Jacobo Árbenz en Guatemala (1954), el apoyo al golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile (1973), la invasión a Granada (1983), la invasión a Panamá (1989) y el respaldo a fuerzas contrarrevolucionarias durante los conflictos centroamericanos, incluyendo en Nicaragua (la guerra de la contra)1, de las décadas de 1970 y 1980 (Blum, 2003). Estas acciones reflejan el empleo predominante del poder militar y de operaciones encubiertas como mecanismos para influir en la configuración política de Estados considerados estratégicos. Desde una perspectiva histórica, esta modalidad representa la primera etapa del modelo contemporáneo de intervención, caracterizada por el uso predominante de la fuerza militar y la coerción directa.

Durante la década de 1980, las operaciones militares desarrolladas en Centroamérica se complementaron con estrategias sistemáticas de guerra psicológica orientadas a influir en la percepción de la población, debilitar la legitimidad de los gobiernos soberanos y afectar la moral tanto de las fuerzas militares como de la población civil. La intervención dejó de limitarse al empleo exclusivo de la fuerza para incorporar la desinformación, la manipulación de las emociones y de la opinión pública como parte del escenario estratégico del conflicto (Linebarger, 2004; Blum, 2003).

Uno de los casos más representativos de esta transformación fue el manual Psychological Operations in Guerrilla Warfare, elaborado para el entrenamiento de fuerzas contrarrevolucionarias que operaban contra el Gobierno de Nicaragua. Su contenido generó una amplia controversia internacional durante la administración Reagan. En una entrevista publicada en 1984 y posteriormente incorporada a un documento desclasificado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el exanalista David MacMichael afirmó que dicho manual constituía una expresión de las operaciones psicológicas desarrolladas en el contexto centroamericano y sostuvo que su contenido quebrantaba las restricciones impuestas a determinadas actividades de la propia agencia. (CIA, 2010)

El documento desclasificado reproduce fragmentos del manual donde la guerra de guerrillas es definida como una forma de guerra esencialmente política, cuyo objetivo principal consiste en actuar sobre "las mentes de la población". Asimismo, se describen procedimientos destinados a influir sobre la percepción pública, crear determinados estados emocionales, seleccionar objetivos con impacto político y aprovechar acontecimientos específicos para fortalecer determinadas narrativas dentro del conflicto (CIA, 2010). Estas directrices reflejan una concepción de la confrontación en la que el control del espacio psicológico comenzó a adquirir una importancia comparable al control del territorio.

En diversos escenarios, la intervención militar estadounidense no se desarrolló mediante el despliegue directo de tropas, sino a través de actores armados locales o regionales que recibían distintos niveles de financiamiento, entrenamiento, asesoría militar, suministro de armamento y apoyo logístico. Esta modalidad, conocida como guerra por intermediarios (proxy war), constituye una forma de intervención indirecta mediante la cual una potencia proyecta su influencia estratégica a través de terceros, reduciendo los costos políticos, económicos y militares asociados a una confrontación directa (Mumford, 2013; Groh, 2019). Durante la Guerra Fría, el respaldo estadounidense a las fuerzas contrarrevolucionarias en Nicaragua, a los muyahidines en Afganistán y a diversos grupos armados en otros escenarios internacionales representó expresiones de esta modalidad de confrontación, en la que conflictos locales pasaron a integrarse a la competencia geopolítica entre las grandes potencias (Blum, 2003).

Desde una perspectiva histórica, estos antecedentes permiten observar que la transformación del intervencionismo estadounidense no respondió únicamente a la incorporación de nuevas tecnologías, sino también a un cambio gradual en el propio objeto de la intervención. Si durante la Guerra Fría predominó el empleo de operaciones militares, acciones encubiertas y cambios de régimen (Blum, 2003; Robinson, 1996), la guerra psicológica desplazó progresivamente el centro de gravedad hacia la disputa por la percepción colectiva.

Posteriormente, las llamadas “revoluciones de colores” constituyeron uno de los primeros grandes laboratorios de guerra psicológica. Algunos ejemplos en Europa del Este son la revolución Bulldozer (Yugoslavia, 2000), revolución de las rosas (Georgia, 2003), revolución naranja (Ucrania, 2004), revolución de los tulipanes (Kirguistán, 2005), revolución de terciopelo (Armenia, 2018). Algunos ejemplos en América Latina aparecen como los intentos de golpe blando en Cuba (2020 – 2024), Nicaragua (2018), Venezuela (2014 y 2017), Bolivia (2019) y Brasil (2015 – 2016). Todas ellas introdujeron una nueva lógica de cambio o intento de cambio político basada en movilizaciones civiles manipuladas y mediatizadas, coordinación internacional, utilización estratégica de símbolos visuales y construcción de narrativas simplificadas sobre democracia, libertad y derechos humanos (Sharp, 1993).

La expansión de internet y de las redes sociales transformó profundamente las formas de organización y movilización política durante las primeras décadas del siglo XXI. Como señala Castells (2012), las redes digitales facilitaron la articulación de acciones colectivas mediante estructuras de comunicación descentralizadas, ampliando significativamente la capacidad de convocatoria y coordinación social. En este nuevo entorno comunicacional, las plataformas digitales comenzaron a desempeñar un papel cada vez más relevante en la construcción de narrativas, la circulación de información y la organización de procesos de movilización, convirtiéndose posteriormente en uno de los principales escenarios donde se desarrollan las operaciones contemporáneas de influencia política.

Detrás de estos procesos comenzaron a aparecer estructuras de financiamiento y asistencia política vinculadas a organismos como la National Endowment for Democracy (NED), USAID, Freedom House, International Republican Institute (IRI) y Open Society Foundations. Aunque oficialmente estas instituciones promueven “democracia”, diversos investigadores señalaron que operan como instrumentos de influencia geopolítica y de reorganización política favorable a intereses occidentales (Robinson, 1996; Engdahl, 2009). Allen Weinstein, fundador de la NED, reconoció que “mucho de lo que hacemos hoy lo hacía la CIA de manera encubierta hace 25 años” (citado en Ignatius, 1991).

De igual manera, las embajadas estadounidenses desempeñan un rol central en la articulación de operaciones diplomáticas, económicas, de comunicación y políticas dirigidas a influir en procesos políticos internos de la región.

Bajo el discurso de la “cooperación democrática”, múltiples investigaciones y denuncias documentaron la participación de agencias estadounidenses en financiamiento de orga-nizaciones políticas, capacitación de cuadros opositores, operaciones mediáticas y promoción de agendas alineadas con intereses geopolíticos de Washington. Por ejemplo, el análisis “Las embajadas y la injerencia de EE. UU. en América Latina” (2020) expone que las sedes diplomáticas estadounidenses han funcionado históricamente como centros de presión política e ideológica en la región. El texto recuerda que, detrás del discurso diplomático tradicional, las embajadas operan frecuentemente como plataformas de inteligencia política y reorganización de actores internos favorables a la agenda estadounidense.

La guerra cognitiva representa un escalón más profundo y sofisticado en la transformación de las formas contemporáneas de intervención. Además de desinformar, busca intervenir directamente en los procesos mentales y emocionales de las sociedades. Su objetivo consiste en modificar comportamientos, fragmentar identidades colectivas, producir agotamiento psicológico y sustituir referencias culturales e históricas por imaginarios funcionales a intereses geopolíticos externos. En este modelo, las redes sociales, el big data, la inteligencia artificial y los algoritmos funcionan como herramientas de ingeniería social capaces de influir simultáneamente en millones de personas (NATO Innovation Hub, 2021).

A diferencia de la propaganda clásica del siglo XX, cuyo propósito consistía en persuadir mediante mensajes explícitos, la guerra cognitiva pretende modificar los mecanismos a través de los cuales las personas construyen su propia percepción de la realidad. Ya no busca únicamente cambiar opiniones políticas, sino intervenir sobre los procesos cognitivos que permiten interpretar los acontecimientos, debilitando el pensamiento crítico, fragmentando la memoria colectiva y favoreciendo respuestas emocionales por encima del análisis racional. El propósito estratégico consiste en que las personas crean que actúan de manera autónoma cuando, en realidad, sus decisiones han sido condicionadas por ecosistemas informativos cuidadosamente diseñados (NATO Innovation Hub, 2021).

En este nuevo escenario, la atención humana se convierte en un recurso estratégico. Los algoritmos priorizan contenidos que generan miedo, indignación, sorpresa o confrontación, porque estas emociones incrementan la interacción de los usuarios y prolongan el tiempo de permanencia en las plataformas digitales. La información deja entonces de organizarse alrededor de su veracidad y comienza a estructurarse en función de su capacidad para producir impacto emocional. La desinformación ya no depende exclusivamente de noticias falsas; también se construye mediante la saturación informativa, la fragmentación del contexto, la repetición sistemática de determinadas narrativas y la sobreexposición de contenidos que dificultan distinguir entre hechos, opiniones y manipulaciones.

Como sostiene Zuboff (2019), el denominado capitalismo de vigilancia transforma la experiencia humana en una fuente permanente de extracción de datos. Cada búsqueda, cada interacción y cada comportamiento digital genera datos que posteriormente son procesados para anticipar y modificar conductas individuales y colectivas. De esta manera, los datos dejan de constituir únicamente un recurso económico y pasan a convertirse en un instrumento de poder político capaz de orientar decisiones sociales mediante sistemas automatizados de predicción y recomendación.

La expansión global de internet y de las redes sociales aceleró radicalmente este proceso. Plataformas como Facebook, Twitter/X, Instagram, TikTok, YouTube y Discord modificaron la estructura misma de la comunicación humana. Los datos dejaron de circular verticalmente desde los medios tradicionales hacia la ciudadanía y comenzaron a fluir de forma descentralizada, instantánea y emocionalmente intensificada. Al mismo tiempo, debe considerarse que una parte importante de la población convierte acríticamente los datos en información veraz, sin analizarlos, interpretarlos ni significarlos debidamente. Inicialmente, estas plataformas fueron presentadas como herramientas democratizadoras, capaces de ampliar la libertad de expresión y facilitar la participación ciudadana. Sin embargo, investigaciones posteriores comenzaron a advertir que también podían convertirse en mecanismos de vigilancia, manipulación y control conductual, capaces de concentrar enormes cuotas de poder sobre la circulación global de la información (Morozov, 2011).

La propia Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) formalizó esta transformación mediante el documento Cognitive Warfare, elaborado por el NATO Innovation Hub (2021), donde se sostiene explícitamente que la mente humana constituye un nuevo dominio operacional del conflicto estratégico. El documento afirma que «el cerebro será el campo de batalla del siglo XXI», reconociendo que la competencia entre Estados ya no se desarrolla únicamente sobre el territorio físico, sino también sobre los procesos mediante los cuales las sociedades perciben, interpretan y toman decisiones.

En esta misma dirección, Byung-Chul Han (2022) advierte que las sociedades contemporáneas enfrentan una nueva forma de dominación sustentada en la sobreabundancia de datos, muchas veces no sustentados y hasta totalmente falsos. En lugar de fortalecer el debate democrático, la acumulación incesante de datos fragmenta el conocimiento, debilita la reflexión crítica y favorece respuestas inmediatas basadas en impulsos emocionales. La denominada infocracia sustituye progresivamente la deliberación racional por flujos continuos de datos que dificultan distinguir entre realidad, interpretación y manipulación, creando un entorno especialmente favorable para las operaciones de influencia propias de la guerra cognitiva.

Como consecuencia, la población civil deja de ser únicamente receptora de datos (muchas veces no veraces) para convertirse simultáneamente en objetivo, vehículo y multiplicador de las operaciones de influencia. Cada usuario participa, muchas veces de manera inconsciente, en la difusión de narrativas, emociones y percepciones capaces de amplificar procesos de polarización, erosionar la confianza institucional y debilitar la cohesión social. La guerra cognitiva transforma así a la propia sociedad en uno de los principales escenarios de confrontación estratégica del siglo XXI.

Por último, entendemos por guerra algorítmica como la modalidad de intervención estratégica que emplea inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis masivo de datos tanto en operaciones militares como en campañas de influencia, vigilancia, segmentación de públicos y modificación de entornos informativos. A diferencia de la guerra cognitiva, cuyo propósito central es influir sobre las percepciones y emociones de las sociedades, la guerra algorítmica incorpora sistemas de inteligencia artificial, aprendizaje automático (machine learning), análisis masivo de datos (big data) y algoritmos predictivos capaces de automatizar la identificación de objetivos, segmentar poblaciones y personalizar mensajes con una precisión sin precedentes. Su objetivo principal es anticipar comportamientos, orientar decisiones colectivas y modificar dinámicamente el entorno informativo en función de la respuesta de millones de usuarios.

Las grandes plataformas digitales se han convertido en el principal escenario de esta nueva modalidad de confrontación. Los algoritmos que administran redes sociales, motores de búsqueda y sistemas de recomendación priorizan determinados contenidos de acuerdo con variables como el tiempo de permanencia, la interacción emocional y el potencial de viralización. Este funcionamiento permite amplificar narrativas específicas, invisibilizar otras, crear cámaras de eco y reforzar procesos de polarización política. En este contexto, la inteligencia artificial participa activamente en la producción y distribución de contenidos, mediante sistemas automatizados capaces de generar textos, imágenes, videos y campañas comunicacionales dirigidas a públicos específicos.

Diversos ejércitos y centros de investigación estratégica reconocen que la inteligencia artificial constituye un componente esencial de las futuras operaciones militares (NATO Innovation Hub, 2021). Los algoritmos ya intervienen en sistemas de reconocimiento de objetivos, vigilancia mediante satélites y drones, análisis de inteligencia, operaciones de ciberdefensa y campañas de influencia digital. La guerra deja así de desarrollarse exclusivamente en los espacios físico y cognitivo para extenderse al ámbito algorítmico, donde la velocidad del procesamiento de datos, la automatización de decisiones y la capacidad de modelar ecosistemas informativos pasan a ser factores decisivos del poder estratégico.

Soberanía digital y desafíos para América Latina

La transformación del intervencionismo estadounidense evidencia que los conflictos contemporáneos ya no pueden comprenderse únicamente desde la perspectiva militar tradicional. La historia reciente muestra una transición progresiva desde las invasiones militares directas hacia modalidades cada vez más sofisticadas de influencia política, comunicacional, cognitiva y algorítmica. La propaganda, la guerra psicológica, las revoluciones de colores, la guerra cognitiva y, más recientemente, la guerra algorítmica constituyen etapas sucesivas de una misma arquitectura de intervención cuyo objetivo estratégico consiste en influir sobre las decisiones soberanas de los Estados mediante el control de los datos, de los procesos mediante los cuales estos son interpretados, de las emociones y de la percepción colectiva.

En este nuevo escenario, la soberanía nacional ya no puede reducirse únicamente al control del territorio, de las fronteras, de los recursos naturales o de las instituciones políticas. La defensa nacional incorpora la soberanía digital como un nuevo componente estratégico. Así como durante el siglo XX la independencia exigía proteger el espacio físico de la nación, durante el siglo XXI resulta indispensable proteger también el espacio informacional, comunicacional y tecnológico donde hoy se forman las opiniones, se construyen las identidades colectivas y se disputa la legitimidad política.

La inteligencia artificial, los algoritmos de recomendación, el análisis masivo de datos y las plataformas digitales constituyen herramientas tecnológicas de enorme utilidad para el desarrollo científico y económico. Sin embargo, también pueden transformarse en instrumentos de influencia geopolítica cuando son utilizados para manipular narrativas, amplificar conflictos sociales, segmentar poblaciones, orientar tendencias políticas o intervenir en procesos internos de otros Estados. La neutralidad tecnológica deja de ser una premisa suficiente cuando los sistemas que organizan la circulación global de datos responden a intereses corporativos o estratégicos ajenos a la soberanía de los pueblos.

Para Nicaragua, esta realidad plantea desafíos que trascienden el ámbito estrictamente tecnológico. La defensa de la soberanía digital requiere una política de Estado que articule educación, comunicación, investigación científica, ciberseguridad y desarrollo tecnológico orientado a fortalecer la capacidad nacional para comprender el funcionamiento de los algoritmos, desarrollar capacidades propias en inteligencia artificial, promover plataformas tecnológicas soberanas y formar ciudadanos con pensamiento crítico capaces de identificar operaciones de manipulación informativa.

En ese contexto, la comunicación pública adquiere una dimensión estratégica equivalente a la defensa del territorio nacional. Informar con rigor, fortalecer la memoria histórica, preservar la identidad cultural y garantizar la circulación de datos verificables constituyen componentes esenciales de la seguridad nacional. La alfabetización digital deja de ser únicamente una competencia educativa para convertirse en un instrumento de defensa de la soberanía frente a escenarios donde los datos pueden emplearse como arma de confrontación política.

Del mismo modo, la investigación científica nacional deberá asumir un papel cada vez más relevante. Las universidades, los centros de investigación y las instituciones públicas están llamados a desarrollar estudios permanentes sobre inteligencia artificial, análisis, interpretación y significación de los datos, seguridad informática, comunicación digital y guerra cognitiva, con el propósito de anticipar riesgos y fortalecer las capacidades nacionales de respuesta. La soberanía tecnológica no depende exclusivamente de la adquisición de infraestructura, sino de la formación de recursos humanos capaces de comprender, desarrollar y gobernar las tecnologías que definirán las relaciones internacionales durante las próximas décadas.

Asimismo, una cooperación genuina regional adquiere una importancia creciente. Ningún país latinoamericano posee, de manera aislada, la capacidad suficiente para enfrentar los desafíos derivados del poder concentrado de las grandes corporaciones tecnológicas o de las nuevas modalidades de intervención digital. La articulación de mecanismos de cooperación genuina científica, tecnológica y comunicacional entre los países de América Latina y el Caribe puede contribuir al desarrollo de capacidades compartidas en materia de ciberseguridad, inteligencia artificial, protección de datos, infraestructura digital y producción de contenidos propios, fortaleciendo una visión común de soberanía en el entorno digital.

La experiencia histórica demuestra que cada transformación tecnológica modifica también las formas del poder. La imprenta transformó la política moderna; la radio y la televisión redefinieron la propaganda del siglo XX; internet reorganizó la comunicación global; y la inteligencia artificial inaugura ahora una nueva etapa donde los algoritmos participan activamente en la construcción de la realidad social. Comprender esta transformación constituye una condición indispensable para preservar la independencia política y la autodeterminación de los pueblos.

Como advirtió tempranamente el Comandante Carlos Fonseca al reflexionar sobre la propaganda internacional, la manipulación de la información puede construir realidades completamente distintas de los hechos objetivos. Aquella reflexión adquiere hoy una dimensión mucho más profunda: la inteligencia artificial, el análisis masivo de datos y los algoritmos permiten que esa manipulación deje de ser uniforme para convertirse en personalizada, dinámica y adaptativa. El desafío está en preservar la capacidad colectiva para pensar de manera autónoma.

En consecuencia, la soberanía del siglo XXI deberá entenderse como la capacidad de un pueblo para decidir libremente sobre su territorio, sus recursos, sus instituciones y también sobre su información, sus datos, sus tecnologías y su conciencia colectiva. La convergencia entre coerción militar, presión económica, comunicación estratégica, guerra cognitiva e inteligencia artificial configura lo que este trabajo identifica como la nueva arquitectura del intervencionismo estadounidense del siglo XXI.

En este escenario, la defensa de la soberanía comienza en la capacidad de una nación para gobernar su información, desarrollar su propia tecnología y preservar la autonomía de su pensamiento colectivo.

Nota
1. International Court of Justice. Judgement of 27 June 1986 https://www.icj-cij.org/node/103143


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* Germán Van de Velde es Docente Investigador de la Casa de la Soberanía Miguel d´Escoto Brokmann


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