Buitres acechan terremoto venezolano. Escombros y guerra contrarrevolucionaria

Por Javier Huerta

Mientras Venezuela cuenta a sus muertos, entierra a sus vecinos y saca con las manos a los suyos de debajo del hormigón, una maquinaria de guerra mediática y política trabaja sin descanso para convertir el dolor en munición. No es casualidad. Es el mismo guión de siempre: donde hay un desastre, aparece el buitre.

El 24 de junio, dos terremotos gemelos —de magnitud 7,2 y 7,5— sacudieron la costa central de Venezuela en cuestión de segundos. La falla que recorre La Guaira se abrió como un tajo bajo edificios, autopistas y playas repletas de gente en día feriado. El balance oficial, que sigue actualizándose día a día, ya habla de miles de muertos y decenas de miles de heridos y damnificados que han perdido su vivienda: la tragedia sísmica más letal que vive el país en más de medio siglo, solo comparable al terremoto de Caracas de 1967 (alrededor de 245 víctimas) o al histórico sismo de 1812, aquel que sorprendió a la naciente república en plena guerra de independencia. Venezuela no es ajena a la sismicidad —el doblete de Zulia y Lara en 2025, el terremoto de Cariaco de 1997, el propio de Caracas de 1967—, pero lo del 24 de junio no tiene precedente reciente en magnitud ni en vidas arrancadas. Mientras el pueblo venezolano continúa enterrando a sus muertos y organizando la reconstrucción en condiciones extremas, se ha abierto otro frente que no aparece en los partes de emergencia: la batalla por el relato. Porque junto a los escombros también ha comenzado otra reconstrucción, la de la narrativa política sobre Venezuela.

 

Otro terremoto, esta vez digital

Desde las primeras horas tras el sismo, las redes sociales y parte del ecosistema mediático internacional se llenaron de imágenes falsas: vídeos reciclados de otras catástrofes —de los terremotos de Turquía, Siria o distintos puntos de Asia—, contenidos generados con inteligencia artificial y supuestas informaciones que no se correspondían con lo que ocurría realmente en el país. No son casos aislados: la desinformación ha funcionado como un segundo terremoto, este digital, que ha contribuido a confundir, distorsionar y amplificar una visión interesada de la tragedia. Como ha señalado la periodista Carmen Parejo en un análisis publicado en RT en Español, las mentiras también matan: no porque derriben edificios, sino porque destruyen la posibilidad de comprender lo que pasa en tiempo real, porque convierten el dolor en espectáculo, porque preparan el terreno para justificar decisiones que poco tienen que ver con la realidad sobre el terreno. Hoy la mentira no necesita imprenta ni portada: se propaga sola, impulsada por algoritmos diseñados para premiar el impacto emocional, la indignación y el choque, no la verificación ni el contexto. Y en ese terreno la verdad siempre llega tarde.

Lo ocurrido tampoco puede separarse del modelo de comunicación global dominante.donde un reducido grupo de agencias internacionales —Reuters, AP, AFP, EFE— marca cada día la agenda informativa mundial; miles de medios se nutren de las mismas fuentes y entonces el relato se repite, se copie y se multiplique hasta convertirse en sentido común. ¿Es esto una campaña coordinada contra el gobierno venezolano con intenciones explícitas? No podemos afirmarlo con certeza. Lo que sí es constatable es que en esas grandes mesas de debate apenas hay representación de voceros del Estado venezolano capaces de desmontar en el momento la mentira o la calumnia: como mucho, cinco minutos de entrevista a un cónsul frente a horas de programación construida sobre el mismo marco repetido. Y ese sentido común mediático, en el caso venezolano, lleva años construido sobre la misma base: la idea de un país en colapso permanente, incapaz de sostenerse a sí mismo. Cada crisis, cada dificultad y ahora cada catástrofe natural se reinterpreta dentro de ese marco heredado.

 

La otra realidad: un pueblo que no esperó a nadie

Mientras se multiplicaban los titulares sobre un supuesto colapso institucional total, miles de personas se organizaban en barrios, comunas y comunidades. Bomberos, personal sanitario, Protección Civil, milicianos, organizaciones populares y vecinos actuaron desde el primer minuto sin esperar directrices externas ni cobertura mediática. En la Comuna El Panal de Caracas, por ejemplo, los propios comuneros evaluaron el estado de los edificios de su barrio y abrieron refugios para los desplazados. Esa imagen —la de un pueblo organizado en medio del desastre— apenas ha tenido espacio en la narrativa internacional dominante, que ha preferido centrarse en la sospecha institucional antes que en la épica colectiva de motorizados, comuneros, médicos y rescatistas trabajando codo a codo. Esa respuesta no puede entenderse sin el proceso de organización popular desarrollado durante años en Venezuela —con todas sus contradicciones, tensiones y debates internos, que tampoco conviene idealizar—, y buena parte de las edificaciones construidas por la Gran Misión Vivienda Venezuela, el plan de vivienda que desde 2011 ha entregado más de cinco millones de viviendas, resistieron el sismo; donde hubo daño grave, en general se trató de inclinaciones y no de colapsos totales. El bulo concreto que circuló sobre esto tiene nombre y titular: el diario español ABC publicó "Las viviendas sociales de Hugo Chávez se desploman como castillos de arena" a propósito del derrumbe de un único complejo en La Guaira, ilustrado con una fotografía en la que, de fondo, se aprecia otro edificio de ese mismo programa en pie y en buen estado; no existe ningún estudio que muestre una correlación entre ese programa de vivienda y la tasa de derrumbes, y entre los edificios colapsados hay construcción pública y privada ( hoteles, empresas, viviendas), de este siglo y del anterior. A eso se suma la respuesta internacional de países con lazos de hermandad con Venezuela: Cuba desplegó desde el primer momento contingentes de rescate y personal médico del Contingente Henry Reeve —presente en el país desde 2003, mucho antes del terremoto, como recuerda el meme que circuló estos días de un médico cubano respondiendo "ya estábamos aquí" a quien le agradecía la rapidez de su llegada—, México envió a los históricos Topos —herederos de su propio terremoto de 1985—, Brasil instaló un hospital de campaña en La Guaira, y China aportó ayuda material e imágenes satelitales para las operaciones de rescate. La movilización interna tiene también cifras concretas que rara vez aparecen en la cobertura internacional: más de 4.000 funcionarios trabajando ya en las primeras 24 horas, más de 14.000 efectivos militares y más de 100 vehículos desplegados solo en La Guaira, y 25 campamentos habilitados para los damnificados —13 en La Guaira, ocho en Caracas, dos en Miranda, uno en Carabobo y uno en Yaracuy—, a los que se sumaron otros tres hospitales de campaña de la ONU. Más de 2.600 rescatistas extranjeros se unieron a esas labores, procedentes de al menos 24 países, incluidos algunos con los que Venezuela no mantiene relaciones diplomáticas, como Perú.

Frente a las críticas por la lentitud de la respuesta, la propia Delcy Rodríguez ha respondido con dureza, calificando de "miserables" las acusaciones y acusando a "laboratorios mediáticos" de sembrar el caos. Sobre la reconstrucción, el Gobierno ha anunciado ya un plan concreto: un fondo llamado "Venezuela Renace", con un desembolso inicial de 200 millones de dólares provenientes de reservas venezolanas bloqueadas en el Fondo Monetario Internacional, una cuenta específica en la CAF para canalizar donaciones internacionales, subsidios de hasta el 80% en la cartera hipotecaria pública y privada para reconstruir vivienda, una asignación mensual durante seis meses para las familias más afectadas, y la activación de diez sectores económicos para sostener el empleo durante la recuperación.

Tampoco puede ignorarse el contexto de asedio económico, sanciones y bloqueo financiero que ha limitado durante años la capacidad del país para acceder a recursos básicos, repuestos de maquinaria de rescate, equipos médicos o financiación internacional. Este factor, señalado por numerosos análisis críticos —entre ellos el del economista Mark Weisbrot para el CEPR de Washington, que junto a Jeffrey Sachs estimó más de 40.000 muertes evitables asociadas a las sanciones solo entre 2017 y 2018, antes de que la tierra temblará—, suele desaparecer de buena parte de la cobertura mediática internacional, como si no formara parte de la ecuación. Conviene decirlo con la misma honestidad con que lo dijo el propio Sachs: la cifra es una estimación básica, no una medición precisa, y estudios posteriores han cuestionado si es posible separar el efecto de las sanciones de otras tendencias económicas previas; pero ni sus críticos han logrado explicar por qué, siendo o no exacto el número, un país sometido a semejante asfixia financiera iba a estar mejor preparado para una catástrofe de esta escala. La propia relatora especial de la ONU sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, concluyó tras su visita oficial a Venezuela en 2021 que las sanciones sectoriales sobre el petróleo, el oro y otros sectores estratégicos, el congelamiento de activos y el "exceso de cumplimiento" de bancos y empresas por miedo a sanciones secundarias han tenido un "efecto devastador" sobre la población; según le fue reportado durante esa visita, los ingresos del Estado venezolano cayeron un 99%, dejando al país con apenas el 1% de los recursos previos al endurecimiento de las sanciones. Las fallas que el terremoto reveló no son solo geológicas: son también las fracturas que deja una década de asfixia económica deliberada. No es la primera vez que un desastre natural se convierte en campo de batalla narrativo y económico: ya ocurrió en Haití en 2010, cuando la "ayuda humanitaria" estadounidense llegó en forma de portaaviones y unos 20.000 soldados, con pérdida documentada de soberanía y una epidemia de cólera importada por las propias tropas de ocupación. Frente a ese patrón, medios como Cubainformación han empezado a advertir bajo el título de "los buitres del terremoto" sobre el riesgo de que la ayuda de emergencia se convierta en la puerta de entrada para intereses económicos ajenos al pueblo venezolano, y de que la reconstrucción termine siendo negocio antes que derecho.

La asimetría es más flagrante de lo que parece a primera vista. El viceministro de Política Antibloqueo, William Castillo, informó en mayo de 2026 que Venezuela ha sido objeto de 1.088 medidas coercitivas unilaterales en los últimos once años —desde diciembre de 2014—, de las cuales 1.040 permanecen activas; es la misma cifra que recoge Iñaki Etaio en su citado artículo de Cubainformación, y que ya documentaba a cierre de 2025 el Observatorio Venezolano Antibloqueo, órgano del propio Estado. El propio Gobierno ha estimado además, en distintas comparecencias oficiales, pérdidas acumuladas desde 2015 de entre 100.000 y más de 230.000 millones de dólares. A esa cifra hay que sumar el oro que Venezuela no puede tocar: 31 toneladas depositadas en el Banco de Inglaterra desde 2018, hoy valoradas en más de 4.000 millones de dólares, y otras 127 toneladas retenidas en Suiza desde 2013, valoradas en más de 5.000 millones adicionales; en conjunto, más de 9.000 millones de dólares en reservas venezolanas bloqueadas en cámaras de seguridad europeas mientras el país cuenta a sus muertos. Frente a esa cifra, la ayuda comprometida por la Unión Europea tras el terremoto asciende a apenas 5 millones de euros —mil veces menos que el oro que retiene en sus propias bóvedas—, en un momento en que el propio bloque europeo ha anunciado planes para disparar su gasto militar en los próximos años. Para que la comparación tenga la escala real: ese mismo bloque aprobó, apenas unos meses antes, un préstamo de 90.000 millones de euros para financiar a Ucrania entre 2026 y 2027, de los cuales 60.000 millones se destinan directamente a la compra de armamento. Quien tiene la llave de la caja fuerte no necesita mentir para hacer daño: le basta con no abrirla.

 

La disputa y la presión por una transición

Lo ocurrido en Venezuela no es solo una tragedia natural: es también un nuevo episodio de disputa política sobre el futuro del país, y aquí conviene ser precisos con los hechos, porque el terremoto llegó en el peor —o el más oportuno, según quién lo mire— de los momentos políticos. El 3 de enero de 2026, fuerzas especiales de EE.UU secuestraron en Caracas a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los trasladaron a territorio estadounidense. Aquella operación tuvo también su propio costo en vidas, que el tiempo no ha logrado esclarecer del todo: el Gobierno venezolano habló de 100 muertos, Cuba confirmó oficialmente 32 de sus propios efectivos de seguridad caídos, investigaciones periodísticas independientes identificaron por nombre a 55 fallecidos, y Washington reconoció "más de setenta" víctimas venezolanas; ninguna cifra coincide con otra, pero todas confirman que la captura de Maduro no fue la operación quirúrgica y sin sangre que se vendió en su momento. Desde entonces gobierna como presidenta encargada Delcy Rodríguez, designada por el Tribunal Supremo de Justicia, cuyo gobierno ha pactado con Washington la reapertura de la embajada, la flexibilización de sanciones y la apertura del país a la inversión petrolera occidental. El propio mandato interino de Rodríguez, fijado constitucionalmente en 180 días, venció el pasado viernes 3 de julio —en plena emergencia sísmica— sin que ni el Gobierno ni la Asamblea Nacional hayan aclarado qué ocurre a partir de ahora. Ese vacío institucional, más que el cálculo de una u otra facción, es el verdadero centro de la tormenta política que se ha desatado sobre los escombros.

Sobre ese terreno inestable, la derecha regional ha entrado con fuerza. El 1 de julio, treinta y tres expresidentes y exjefes de Gobierno iberoamericanos, agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), firmaron un manifiesto exigiendo el regreso de María Corina Machado y calificando al gobierno de Rodríguez de "dictadura cleptócrata". Entre los firmantes figuran Mauricio Macri, Felipe Calderón, Vicente Fox, Álvaro Uribe, Iván Duque, Mariano Rajoy, José María Aznar, Guillermo Lasso, Luis Alberto Lacalle Pou, Mario Abdo Benítez y Jeanine Áñez, entre otros: el mapa de la derecha continental que durante años impulsó sanciones y embargos contra Caracas, ahora reunida bajo el envoltorio de la solidaridad humanitaria para presionar un desenlace político concreto. Dentro del país, voceros de la Plataforma Unitaria —Juan Pablo Guanipa, de Primero Justicia, y Henry Ramos Allup, de Acción Democrática— reclamaron el mismo derecho de entrada para Machado. Y en un giro revelador, hasta Henrique Capriles Radonski, que durante años ha chocado abiertamente con las tesis de la propia Machado, salió a respaldar públicamente su regreso. Juan Guaidó anunció que también volvería "a ayudar", aunque sin dejar de sugerir que lo "inteligente" sería que Machado se sometiera a nuevas primarias: un gesto que muestra que la convergencia opositora tiene más de necesidad táctica compartida que de unidad sin fisuras.

Ni siquiera Washington habla con una sola voz. El Wall Street Journal y Axios revelaron que fue la propia Administración Trump la que frenó en el aire el vuelo privado de Machado hacia Curazao, y que funcionarios de esa misma Administración calificaron su insistencia en volver de "oportunismo político grotesco"; una aerolínea panameña, además, se negó a transportarla por temor a represalias comerciales de Caracas. Desde Panamá, Machado ha denunciado por su parte que el gobierno venezolano cerró el espacio aéreo comercial para impedir su entrada —una acusación que ningún medio, ni siquiera los más cercanos a ella, ha podido confirmar de forma independiente—. Ambas cosas, la fricción dentro de Washington y la acusación contra Caracas, siguen hoy en el terreno de lo disputado, no de lo zanjado; lo que sí es un hecho verificable es que ni Washington ni el gobierno de Rodríguez han fijado todavía una fecha de elecciones, y que ese aplazamiento indefinido —más que cualquier maniobra puntual— es lo que alimenta la indignación creciente dentro del propio país.

El despliegue estadounidense en Venezuela, además, no es solo logístico: es también un despliegue de inteligencia, y esto no lo denuncia solo la prensa alternativa, lo reconoce el propio Pentágono. El general Francis Donovan, comandante del Comando Sur de EE.UU, confirmó a Reuters que el operativo incluye al menos cinco drones MQ-9 Reaper sobre territorio venezolano y una célula de fusión de información en Miami que están "reforzando el panorama de inteligencia para las autoridades venezolanas"; con sus propias palabras, Washington está usando "los mismos recursos" que emplearía para "rastrear amenazas hemisféricas" para ahora vigilar carreteras y suministros. No es una novedad: el propio secuestro de Maduro el 3 de enero se ejecutó con inteligencia de la CIA sobre el terreno, según ha documentado la prensa estadounidense. Y no es solo la izquierda antiimperialista quien lo ve con preocupación: cuarenta organizaciones no gubernamentales enviaron una carta pública denunciando la militarización de la respuesta humanitaria en La Guaira, donde el buque anfibio USS Fort Lauderdale y más de 900 efectivos e infantes de marina estadounidenses operan a pocos minutos de Caracas. La emergencia no se puede convertir en excusa para naturalizar una presencia militar permanente.

 

La Izquierda, El internacionalismo y la Solidaridad Internacional

Frente a este cuadro, buena parte de la izquierda internacional ha respondido con silencios incómodos o reacciones tibias. Y eso también merece decirse, porque el internacionalismo no puede ser selectivo: o es coherente —con la solidaridad ante la tragedia, con la denuncia del bloqueo económico, con la exigencia de elecciones libres allí donde haga falta— o deja de ser internacionalismo y se convierte en fidelidad de bando. Frente a los designios del imperialismo, buena parte del campo popular venezolano y sus aliados internacionales viene repitiendo tres demandas concretas, tan simples como incómodas para Washington: el levantamiento total de las sanciones, la devolución de todos los activos venezolanos congelados en el exterior, y el regreso de Nicolás Maduro y Cilia Flores a Venezuela. Lo que está ocurriendo en Venezuela no es solo una catástrofe natural: es también una disputa por el sentido de lo que ocurre. Y en esa disputa, los buitres del desastre siempre aparecen.

Venezuelanoestasola.com

Ahora es importante realizar solidaridad en algo concreto, existe una vía oficial: venezuelanoestasola.com, el portal habilitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela para canalizar donaciones internacionales destinadas a las zonas afectadas, cuyos fondos se dirigen al Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela, administrado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Frente a los buitres del desastre, la respuesta más eficaz sigue siendo la más antigua de todas: la solidaridad organizada, de pueblo a pueblo.

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La ternura entre los pueblos – hermanamientos en Nicaragua

Por Stephen Sefton

Entre las primeras iniciativas de ciudades hermanadas más conocidas fue el hermanamiento de la ciudad inglesa de Coventry con la ciudad de Stalingrad en Rusia en 1942. Este gesto solidario fue impulsado por la devastación que ambas ciudades sufrieron como resultado de los despiadados bombardeos de la aviación de la Alemania Nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Desde aquel entonces las relaciones entre ciudades hermanas se han extendido alrededor de todo el mundo motivado por la solidaridad y también por el intercambio cultural y comercial de beneficio mutuo.

En Nicaragua, los lazos de muchas ciudades con sus ciudades hermanas en otros países han sido muy lindas expresiones prácticas del dicho del Comandante Tomás Borge, “la solidaridad es la ternura entre los pueblos”. Muchos de los hermanamientos de las ciudades nicaragüenses iniciaron durante la primera fase de la Revolución Popular Sandinista para apoyar al pueblo nicaragüense en las condiciones de guerra impuestas por el gobierno norteamericano del Presidente Reagan. Aunque con el paso de los años algunos de los hermanamientos se han desactivado, otros quedan activos y fortalecen de manera valiosa los programas del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano de nuestro Buen Gobierno.  

Los hermanamientos en Nicaragua han enfocado en proyectos prácticos que promueven, en diversas formas, la educación, la salud, aportes a proyectos de infraestructura y el impulso a la economía local entre pequeños productores y micro-empresas. Más allá de los resultados concretos de esta solidaridad, el valor fundamental de los hermanamientos ha sido el aporte espiritual y moral entre los pueblos y su significado político que enriquece y fortalece la visión de ambas partes. Se puede acercar a una apreciación de esta realidad mirando las experiencias de algunos hermanamientos en Nicaragua con contrapartes en diferentes países que se comprometieron en medio de la guerra terrorista norteamericana contra la Nicaragua revolucionaria de los años 1980s.   

Cuatro hermanamientos de 40 años

Las ciudades hermanas Palacagüina y Arbúcies en Catalunya, se juntaron en 1985 solo seis años después del fin formal de la dictadura del General Franco en España, de manera que el hermanamiento tenía en aquel entonces un sentido político muy especial para Arbúcies. En el caso de las ciudades hermanas Puerto Morazán y Bristol en Inglaterra y de San Juan de Limay con Baltimore en EE.UU, los hermanamientos  eran, para Baltimore, un categórico rechazo de la guerra de agresión desatada por su gobierno y, para Bristol, el rechazo de la complicidad incondicional en la guerra de parte del gobierno británico de Primera Ministra Margaret Thatcher. En el caso del hermanamiento con Santo Tomás de la ciudad de Mol, en Bélgica, también hubo un fuerte compromiso político antiimperialista de parte de las y los compañeros belgas de desafío a la descarada agresión del imperialismo yanqui.

En el curso del desarrollo de las relaciones entre las ciudades, el rechazo de la agresión militar y el acompañante bloqueo económico asumía dimensiones más completas y comprensivas con respecto a todo el injusto sistema neocolonial instalado después de la Segunda Guerra Mundial para remplazar el colonialismo tradicional. En febrero de 1965, el Comandante Che Guevara explicó en un evento en Argelia, a solo tres años del fin de la guerra de independencia en ese país, “Mientras el imperialismo exista, por definición, ejercerá su dominación sobre otros países; esa dominación se llama hoy neocolonialismo.” Todavía hoy, 60 años después de estas palabras del Comandante Che, nuestros países siguen luchando para establecer nuevas relaciones internacionales basado en el respeto entre iguales para afianzar un mundo multipolar de países comprometidos con la cooperación y la Paz.

Entonces, para las y los compañeros de las ciudades hermanadas con Nicaragua desde los años 1980s, su compromiso más amplio ha tenido el objetivo de cambiar las injustas relaciones neocoloniales y sustituirlas con relaciones solidarias entre, precisamente, hermanas y hermanos. De parte de la ciudad hermana de Arbúcies, se explica como “...podemos constatar que la Ayuda Oficial al Desarrollo no es otra cosa que una expresión más del neocolonialismo del Norte… Es necesario, pues, un cambio radical en la estrategia de la cooperación, vehiculándola de manera efectiva a través de políticas de cambio estructural… El ámbito municipal es uno de los más idóneos para la aplicación de la cooperación descentralizada. Y la praxis de los hermanamientos uno de sus resultados más eficientes.”

La cooperación solidaria y genuina

La perspectiva de un radical cambio popular logrado por la cooperación solidaria directa cabe naturalmente en la visión revolucionaria Sandinista para democratizar las relaciones socioeconómicas y reconocer a las personas como protagonistas del desarrollo humano de sus familias, su comunidad y su nación. El compañero Herman van de Velde, originario de la ciudad de Mol, hermanada con Santo Tomás, considera “muy importantes los hermanamientos entre ciudades / pueblos, siempre y cuando se basan en una Cooperación Genuina, es decir que apunten a un objetivo en común, un objetivo compartido, también con responsabilidades compartidas. Esto también quiere decir que debe haber una actitud de escuchar a la otra parte con una intención de comprender su historia, cultura y contexto actual.” Como afirma desde Arbúcies, “Los Hermanamientos son una de las pocas vías en que la solidaridad circula en el doble sentido y a través de la cual puede haber enriquecimiento por ambas partes.”

Este fuerte compromiso con la democratización de las relaciones de cooperación caracteriza todos estos hermanamientos. La misión del grupo de solidaridad con San Juan de Limay en Baltimore consta que “...actuamos en una red mundial de comunidades conectadas que trabaja hacia la Paz y la Justicia Global. Facilitamos intercambio de corazón a corazón por medio de estadías en casa que permiten aprender de las vidas y culturas de cada una y para fomentar amistades duraderas. Aprendimos a trabajar juntas hacia alternativas a la globalización corporativa como son el desarrollo sostenible y el comercio justo. Se mantiene la igualdad entre las juntas coordinadoras de Limay y Baltimore.”

Desde Puerto Morazán, hermanada con Bristol, Inglaterra, la compañera profesora Roxana Flores comenta, “Los hermanamientos solidarios representan mucho más que una relación de cooperación; constituyen puentes de esperanza, compromiso y desarrollo sostenible entre comunidades unidas por valores de solidaridad y responsabilidad compartida. En este sentido, BLINC (Enlace Bristol -Nicaragua) ha sido, durante más de cuatro décadas, un aliado fundamental para el desarrollo comunitario de Puerto Morazán... su aporte ha trascendido el ámbito económico, impulsando iniciativas que han beneficiado especialmente a mujeres emprendedoras y organizaciones locales.”

La compañera Yuri Alfaro, de Santo Tomás, observa que “El Hermanamiento con Mol y Santo Tomás  es un ejemplo vivo  que la verdadera solidaridad trasciende fronteras y el tiempo, con el único propósito de brindar ayuda comunitaria de pueblo a pueblo. Más allá del desarrollo material, el verdadero valor de este lazo está en la sincera amistad, hermandad, y la confianza que han unido a nuestras comunidades y ha trascendido por mas de 40  años... la importancia de este lazo radica en haber sembrado una semilla de humanidad, confianza y valores que hoy sostienen el tejido social de nuestra comunidad. no existen distancias geográficas ni ideológicas capaces de apagar la luz que encendió nuestra Revolución.”

La compañera Gloria Marina Varela Morales de la Cooperativa de Mujeres “Lucrecia Lindo” en Puerto Morazán asevera que “ Los verdaderos hermanamientos no solo unen territorios; unen corazones, construyen confianza y siembran oportunidades que perduran a través del tiempo. Por ello, valoramos profundamente estos más de cuarenta años de amistad y cooperación, que han dejado una huella imborrable en la historia de Puerto Morazán y, especialmente, en la vida de las mujeres de nuestra cooperativa.” Y su colega Gioconda Pérez Arostegui está convencida que “cuando los pueblos caminan juntos con un propósito común, la solidaridad deja de ser una idea para convertirse en una fuerza capaz de transformar comunidades, inspirar esperanza y construir un futuro con mayores oportunidades para todas y todos.”

Aportes concretas y transmisión de valores

Durante los 17 años de malgobierno neoliberal hasta enero 2007 y el regreso al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, estos proyectos entre las ciudades hermanas ayudaban a asegurar los derechos fundamentales de decenas de miles de familias nicaragüenses. Es imposible enumerar todos los proyectos que se han realizado durante más de cuarenta años como resultado de estos hermanamientos. Se puede destacar el apoyo constante a comedores infantiles, apoyo a adultos mayores y personas de capacidades diferentes, proyectos agroecológicos, cooperativas de mujeres, becas para estudiantes, programas de crédito para productores y micro-empresas, atención médica, educación preescolar, construcción de aulas de clase y edificios comunales, proyectos de electrificación  y suministro de agua, equipamiento de todo tipo.

Ahora, después de 20 años de restitución de derechos, las iniciativas de los hermanamientos mantienen su alta relevancia por motivo de su completa consonancia con los proyectos municipales promovidos por nuestro Buen Gobierno. A la misma vez fortalecen de manera concreta y directa la política de relaciones internacionales de nuestra Copresidencia basado en el respeto entre iguales y la cooperación solidaria de beneficio mutuo. El compañero Norlan Vanegas resume las relaciones de San Juan de Limay con Baltimore diciendo, “A lo largo de estas cuatro décadas, la distancia geográfica entre los Estados Unidos y Nicaragua se ha disuelto gracias a un compromiso mutuo basado en el respeto, el humanismo y el deseo compartido de mejorar las condiciones de vidas de las familias en el municipio de San Juan de Limay... este hermanamiento representa mucho más que una transferencia de recursos, es un lazo familiar y un testimonio de que la solidaridad internacional puede generar cambios estructurales y sostenibles.”

Aura Azucena Corrales de Palacagüina explica la necesidad de “fomentar los lazos que nos unen mediante la sensibilidad ante las necesidades de ambas partes . Es único y especial compartir culturas,  costumbres y el tacto de poder influir para mejorar las condiciones sociales de pueblos hermanos. El Hermanamiento entre Palacaguina y Arbucies es un ejemplo de unidad y solidaridad para alcanzar un pueblo y una sociedad con mejores condiciones de vida por supuesto todo de la mano con nuestro Gobierno y autoridades Municipales que fortalecen cada proyecto. Los Hermanamientos son la ternura de los pueblos, recordando siempre que solo la unidad nos hará fuertes y respetados... necesitamos hablar y compartir de los encuentros ente pueblos hermanos para poder heredar a nuestra juventud lo hermoso y valioso el poder conocer como y de qué manera surgen estos lazos de amistad hermanada para construir una,sociedad equitativa y justa, sin distingos de raza, ideología o religión.”

En ese sentido el vital intercambio de doble vía asegura que en las ciudades hermanadas con Nicaragua se impulsan cambios muy positivos para el desarrollo político, moral y espiritual de las personas contrapartes. El compañero Steve Roser, de Bristol, ha comentado que, desde el inicio del hermanamiento con Puerto Morazán, “Nuestro trabajo durante los siguientes 40 años ha sido de gran beneficio para la gente de Bristol en términos de sus iniciativas educativas, culturales y sociales.” Y su colega Alix Hughes añade, “Todos los involucrados en el hermanamiento hemos ganado enormemente, tanto profesional como personalmente, al acompañar a nuestros amistades nicaragüenses en su viaje. Hemos aprendido mucho y somos mejores personas por formar parte de este hermanamiento.”

La solidaridad política con la Revolución Popular Sandinista es parte integral de desarrollo de estos hermanamientos de dónde representantes vienen de visita a Nicaragua para acompañar las elecciones nacionales y para acompañar el aniversario del 19 de julio año tras año. Los hermanamientos que se han sostenido durante tantos años son un elemento esencial para contrarrestar la interminable ofensiva de guerra psicológica contra la Nicaragua revolucionaria, su gobierno Sandinista y sus Copresidentes Comandante Daniel y Compañera Rosario. Son miles de personas solidarias en otros países a lo largo de los últimos cuarenta años que han conocido de cerca los logros y avances de la Revolución Sandinista en Nicaragua gracias al trabajo de las ciudades hermanas.

Nuestra Copresidenta Compañera Rosario enfatiza “Ni Pudieron, Ni Podrán, porque somos, como hij@s de Dios, más Grandes, mucho más Fuertes que el Odio. Aquí no se impone el Odio. Aquí se impone la Convicción Cristiana de Hermandad, de Valores de Familia, de Comunidad, y de búsqueda cotidiana del Entendimiento, de la Comprensión, de la Unión.”

Nuestro Copresidente Comandante Daniel en sus intervenciones siempre ha reconocido la hermandad entre los más altos valores humanos. Por ejemplo, recordando al Padre Gaspar Garcia Laviana, el Comandante afirmó “Conocimos, tuvimos el privilegio de conocer a Gaspar y de ver en él el ánimo, que quiere decir Espíritu, la Alegría que da la Fé, la Convicción, la Fuerza que da la Esperanza, la Certeza de un Porvenir distinto que da el uno sentirse cumpliendo una Misión, un Deber de la Fé Cristiana, que és Solidaridad y sobre todo Hermandad.”

Fuente:

https://www.tortillaconsal.com/bitacora/node/9688

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Nicaragua contra Estados Unidos: cuarenta años de una sentencia histórica que sigue esperando justicia

Por Javier Huerta

Este artículo se publica con motivo del cuarenta aniversario de la sentencia que la Corte Internacional de Justicia que dictó contra Estados Unidos, el 27 de junio de 1986. Coincide, además, con el impulso de la campaña internacional «¡Nicaragua se Respeta!», promovida para reforzar la exigencia del cumplimiento efectivo de aquel fallo, reclamar el pago de la indemnización reconocida por la Corte y dar mayor proyección internacional a una reivindicación que el Estado nicaragüense nunca ha abandonado y que ha defendido de forma constante, especialmente desde el regreso del FSLN al Gobierno, en el 2007.

El pequeño país que llevó a juicio a la mayor potencia del planeta

Hay acontecimientos que pertenecen a la historia de un país y otros que terminan formando parte de la memoria universal de los pueblos. El 27 de junio de 1986 pertenece a esta segunda categoría. Ese día, la Corte Internacional de Justicia de La Haya dictó una sentencia que marcaría un antes y un después en la historia contemporánea del Derecho Internacional: un pequeño país centroamericano había logrado llevar ante la justicia internacional a la mayor potencia militar, económica y política del mundo.

Nicaragua no llegó hasta La Haya porque dispusiera de grandes recursos, influencia diplomática o capacidad militar para enfrentarse a Estados Unidos. Llegó porque defendía un principio que consideraba esencial: el derecho de un pueblo a decidir libremente su destino sin sufrir la intervención de una potencia extranjera.

Cuarenta años después, aquel proceso continúa siendo uno de los casos más estudiados en universidades, facultades de Derecho y centros de investigación de todo el mundo. La razón de su importancia va mucho más allá de la propia historia de Nicaragua. El caso representa una de las grandes discusiones del sistema internacional moderno: si el Derecho puede realmente imponerse a la fuerza cuando quien incumple las normas es una gran potencia mundial.

La sentencia Nicaragua contra Estados Unidos sigue siendo una referencia fundamental para estudiar principios como la soberanía de los Estados, la prohibición del uso de la fuerza y el principio de no intervención. Pero también sigue planteando una pregunta que continúa abierta: ¿Qué ocurre cuando un tribunal internacional reconoce la responsabilidad de un Estado y ese Estado decide no cumplir las consecuencias de la sentencia?

La historia de aquel proceso judicial no puede entenderse únicamente desde los documentos de la Corte. Detrás de la batalla jurídica existió una historia mucho más amplia: la de un pueblo que intentaba construir un proyecto social después de décadas de dictadura y desigualdad; la de una guerra que causó miles de víctimas; y la de miles de personas procedentes de distintos países que llegaron a Nicaragua movidas por la solidaridad internacional.

Porque Nicaragua durante los años ochenta no fue solamente un escenario de la Guerra Fría. Fue también un lugar donde varias generaciones vieron la revolución era posible, y que la solidaridad entre pueblos podía convertirse en una forma concreta de compromiso.

Una revolución que despertó la solidaridad de los pueblos

Para comprender la importancia histórica del caso Nicaragua contra Estados Unidos es necesario regresar al año 1979, cuando el triunfo de la Revolución Popular Sandinista puso fin a la dictadura de Anastasio Somoza, un régimen que durante décadas había mantenido una estrecha alianza con Washington.

La victoria sandinista abrió una nueva etapa política en Nicaragua. Un país empobrecido, marcado por profundas desigualdades sociales y con enormes carencias estructurales, inició un proceso destinado a transformar las condiciones de vida de la mayoría de la población.

Entre las primeras grandes iniciativas se encontraba la Cruzada Nacional de Alfabetización de 1980, una campaña que movilizó a miles de jóvenes y trabajadores para recorrer las comunidades rurales del país con el objetivo de enseñar a leer y escribir a quienes habían quedado excluidos durante generaciones del acceso a la educación.

Aquella campaña se convirtió en uno de los símbolos más importantes de la nueva Nicaragua. No era únicamente una acción educativa; representaba la idea de que la transformación social comenzaba por otorgar herramientas de conocimiento y participación a quienes históricamente habían sido marginados.

La Revolución Sandinista impulsó también programas sanitarios, proyectos de reforma agraria, cooperativas campesinas, construcción de escuelas y planes de desarrollo destinados a las zonas rurales más abandonadas.

Como había ocurrido anteriormente con la Revolución Cubana, Nicaragua despertó una enorme atención internacional, se convirtió en un referente para numerosos movimientos de solidaridad en todo el mundo. Personas de diferentes países entendieron que lo que ocurría en aquel pequeño país centroamericano, ese nuevo proceso revolucionario, formaba parte de una cuestión más amplia: la defensa del derecho de los pueblos a elegir su propio camino sin presiones ni imposiciones externas.

Desde Europa llegaron médicos, maestros, técnicos y cooperantes. Desde América Latina llegaron profesionales vinculados a proyectos sanitarios, educativos y comunitarios. Incluso desde Estados Unidos llegaron personas que rechazaban la política de su propio Gobierno y decidieron colaborar con la población nicaragüense.

Miles de personas participaron en tareas de alfabetización, atención sanitaria, construcción de infraestructuras, electrificación rural y apoyo a comunidades campesinas.

Nicaragua se convirtió en un punto de encuentro del internacionalismo. Para muchos de quienes llegaron al país, la solidaridad no era simplemente una declaración política, sino una práctica cotidiana: atender a unas familias en una comunidad aislada, instalar una bomba de agua donde nunca había existido, llevar electricidad a una zona rural o enseñar a leer a personas adultas que nunca había tenido acceso a una escuela.

Precisamente por ello, cuando la guerra comenzó a intensificarse, muchos de esos proyectos civiles quedaron situados en el centro del conflicto.

La guerra de la Contra y el precio humano de la intervención

La llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca en 1981 transformó profundamente la relación entre Washington y Managua. En el contexto de la fase final de la Guerra Fría, la Administración estadounidense consideró que la Revolución Sandinista constituía una amenaza estratégica para sus intereses en América Central y adoptó una política orientada a debilitar y, en última instancia, derrocar al Gobierno sandinista mediante el apoyo a las fuerzas contrarrevolucionarias.

La implicación de EE.UU en la creación, organización y sostenimiento de la Contra, se demostró más tarde y está ampliamente documentada a través de archivos oficiales desclasificados, investigaciones del Congreso estadounidense y resoluciones judiciales internacionales. En noviembre de 1981, el presidente Reagan firmó la Directiva de Decisión de Seguridad Nacional 17 (NSDD-17), que autorizó formalmente a la CIA a destinar 19,5 millones de dólares al reclutamiento, entrenamiento, equipamiento y financiación de una fuerza paramilitar clandestina destinada a operar en Nicaragua. La CIA desempeñó un papel central en la organización de la insurgencia, unificando diversas facciones de exguardias somocistas y grupos disidentes establecidos principalmente en las fronteras de Nicaragua con Honduras y Costa Rica para conformar la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), la principal organización de la Contra. Además de proporcionar armamento, apoyo logístico y asesoramiento militar, la agencia elaboró y distribuyó directamente los manuales de operaciones psicológicas y de combate empleados por estas fuerzas.

La guerra que se desarrolló durante los años ochenta tuvo consecuencias devastadoras para Nicaragua. No se trató únicamente de enfrentamientos entre fuerzas militares. La violencia alcanzó comunidades rurales, infraestructuras civiles y proyectos sociales que intentaban mejorar las condiciones de vida de la población.

Escuelas, centros sanitarios, cooperativas agrícolas, instalaciones eléctricas y otras infraestructuras fueron dañadas durante un conflicto que obligó a un país con enormes dificultades económicas a dedicar una parte importante de sus recursos a la defensa.

La dimensión humana de aquella guerra quedó reflejada en las historias de quienes perdieron la vida mientras realizaban tareas civiles y de cooperación.

Uno de los primeros ejemplos fue Georgino Andrade, considerado el primer brigadista alfabetizador asesinado durante la Cruzada Nacional de Alfabetización. Su muerte mostró desde el inicio que incluso una campaña educativa destinada a combatir el analfabetismo podía convertirse en objetivo dentro de una estrategia de violencia contra el proceso revolucionario.

La tragedia también alcanzó a los internacionalistas que habían llegado desde otros países para colaborar con Nicaragua.

El vasco Ambrosio Mogorrón trabajaba en tareas sanitarias destinadas a comunidades rurales. Su labor estaba vinculada a una de las necesidades más importantes del país: acercar la atención médica a poblaciones que durante décadas habían vivido prácticamente abandonadas por el Estado.

El estadounidense Ben Linder, ingeniero especializado en proyectos de electrificación rural, trabajaba junto a comunidades campesinas para mejorar sus condiciones de vida. Su asesinato tuvo una enorme repercusión internacional porque mostraba una realidad especialmente significativa: incluso ciudadanos estadounidenses que acudían a Nicaragua con una finalidad humanitaria podían convertirse en víctimas de una guerra impulsada desde sectores de su propio país.

Junto a ellos quedaron grabados en la memoria los nombres de otros internacionalistas como Yvan Leyvraz,(Suiza): Constructor que colaboraba con el Comité Regional del FSLN edificando viviendas para campesinos desplazados por el conflicto), Joël Fieux, originario de Francia, Berndt Koberstein, (Alemania): Cooperante encargado de la instalación de una imprenta comunitaria y proyectos de agua potable, Joël Fieux (Francia): Técnico especialista en micromecánica que apoyaba proyectos de imprentas de movimientos sociales, Maurice Demierre (Suiza) y Albrecht “Toño” Pflaum (Alemania), así como numerosos cooperantes latinoamericanos, entre ellos cubanos, argentinos y chilenos, que participaron en diferentes tareas de apoyo sanitario, educativo y técnico. Algunos de ellos fueron emboscados, torturados y asesinados por la Contra en Nicaragua durante los años 80.

Tanto Ambrosio Mogorrón, como Yvan Leyraz, Joël Fieux, Berndt Koberstein, Maurice Demierre, cumplen este año 40 años de su paso a la inmortalidad. 

Sus historias representan una dimensión de la guerra que muchas veces queda olvidada: la de personas que no llegaron a Nicaragua para combatir, sino para acompañar a una población que intentaba mejorar sus condiciones de vida.

Su compromiso convirtió a Nicaragua en un símbolo de solidaridad internacional, pero también los convirtió en víctimas de una guerra cuyo alcance trascendía las fronteras del país.

Nicaragua ante la justicia internacional: la batalla jurídica contra una superpotencia

Mientras Nicaragua sufría las consecuencias de una guerra que agotaba sus recursos y golpeaba a su población, el Gobierno sandinista decidió abrir un nuevo frente de lucha: el de la justicia internacional.

En abril de 1984, Nicaragua presentó una demanda contra USA ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, acusando a Washington de intervenir directamente en los asuntos internos del país mediante la financiación, entrenamiento, organización y abastecimiento de las fuerzas contrarrevolucionarias.

La denuncia nicaragüense señalaba que EE.UU había participado en actividades militares y paramilitares destinadas a desestabilizar el país, incluyendo ataques contra objetivos nicaragüenses, operaciones encubiertas, violaciones del espacio aéreo y el minado de puertos durante los primeros meses de 1984.

Para Managua, aquella demanda no era únicamente una reclamación frente a una agresión concreta. Era también una defensa de un principio esencial: que ningún Estado, por poderoso que fuera, podía imponer su voluntad sobre otro pueblo mediante la fuerza.

La decisión tenía una enorme trascendencia histórica. Por primera vez en la época contemporánea, un país pequeño llevaba ante el principal tribunal internacional a una superpotencia mundial. Nicaragua no contaba con la influencia política ni con los recursos económicos de Estados Unidos, pero decidió recurrir al instrumento que el propio sistema internacional había creado para resolver conflictos entre Estados: el Derecho.

El rol oficial y técnico de representar al Estado recayó sobre el jurista y diplomático Carlos Argüello Gómez, quien fungió como el Agente y principal asesor legal de Nicaragua en La Haya a lo largo de todo el histórico litigio. Mientras que el Ministro de Relaciones Exteriores (Canciller) Miguel D'Escoto, que el artífice político e intelectual que concibió y promovió la audaz estrategia diplomática de demandar , actuó como el principal portavoz político del gobierno nicaragüense a nivel internacional ante los medios de comunicación y las Naciones Unidas. Se encargaba de denunciar públicamente la agresión ilegal de la administración Reagan y defender la validez de la demanda en el plano de la opinión pública mundial.

La Administración estadounidense intentó cuestionar la competencia de la Corte y decidió no participar plenamente en el proceso. Washington sostenía que La Haya no tenía autoridad para juzgar determinadas cuestiones planteadas por Nicaragua, pero la Corte continuó analizando las pruebas presentadas.

El 27 de junio de 1986 llegó una sentencia que quedaría grabada en la historia del Derecho Internacional. La CIJ concluyó que Estados Unidos había violado obligaciones fundamentales al intervenir en Nicaragua, apoyar a la Contra y vulnerar principios esenciales como la soberanía de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. Finalmente, el tribunal estableció que la intervención estadounidense constituía una violación del Derecho Internacional y reconoció el derecho de Nicaragua a recibir una reparación por los daños sufridos.

Aquella resolución no era una declaración política ni una opinión simbólica. Era una sentencia emitida por el principal órgano judicial de Naciones Unidas. Por primera vez, una gran potencia mundial era condenada formalmente por sus acciones contra un país pequeño.

La sentencia se convirtió rápidamente en un caso de referencia para el estudio del Derecho Internacional contemporáneo porque planteaba una cuestión fundamental: si las normas internacionales podían aplicarse realmente cuando el acusado era uno de los Estados más poderosos del planeta.

La respuesta jurídica de la Corte fue clara: el poder no eliminaba la responsabilidad.

Eugene Hasenfus y la evidencia de una guerra negada

Mientras la batalla jurídica avanzaba en La Haya, nuevos acontecimientos terminarían revelando ante la opinión pública internacional una dimensión del conflicto que Nicaragua había denunciado desde hacía años.

Durante mucho tiempo, la Administración Reagan había negado que existiera una participación directa y estructurada en la financiación y abastecimiento militar de la Contra. Washington presentaba a estas fuerzas como una oposición interna al Gobierno sandinista y rechazaba las acusaciones de Managua sobre una intervención organizada desde Estados Unidos.

Sin embargo, el 5 de octubre de 1986, pocos meses después de la sentencia de la Corte, un avión de carga estadounidense fue derribado en territorio nicaragüense mientras realizaba una misión destinada a abastecer a las fuerzas contrarrevolucionarias.

Uno de los tripulantes, Eugene Hasenfus, antiguo marine estadounidense, sobrevivió al derribo y fue capturado por las autoridades nicaragüenses.

La imagen de Hasenfus detenido dio la vuelta al mundo y tuvo un enorme impacto político. Pero más allá de la fotografía, el caso reveló una serie de documentos, conexiones y testimonios que reforzaban las acusaciones realizadas por Nicaragua: existía una red organizada de apoyo logístico y militar estadounidense hacia la Contra.

El caso Hasenfus se convirtió en un punto de inflexión porque hizo visible una realidad que hasta entonces había sido negada públicamente por Washington.

Poco después, el escándalo Irán-Contra profundizó todavía más la crisis política en Estados Unidos. Las investigaciones revelaron que miembros de la Administración Reagan habían participado en una operación clandestina mediante la venta de armas a Irán y el desvío de parte de esos recursos para financiar a la Contra nicaragüense, pese a las restricciones aprobadas por el Congreso estadounidense.

Aquella revelación confirmó que la guerra contra Nicaragua no podía entenderse únicamente como un conflicto interno. Existía una estructura internacional de apoyo que había permitido mantener durante años una guerra destinada a desgastar al Gobierno sandinista y dificultar sus proyectos sociales.

Una sentencia reconocida por la historia, pero incumplida por el poder

La importancia del caso Nicaragua contra Estados Unidos no terminó con la resolución de 1986. De hecho, con el paso del tiempo se convirtió en una de las sentencias más estudiadas de la Corte Internacional de Justicia.

Juristas y especialistas de todo el mundo continúan analizándola porque estableció criterios fundamentales sobre la responsabilidad internacional de los Estados, la soberanía nacional y los límites de la intervención extranjera.

En las facultades de Derecho se estudia como un ejemplo esencial de cómo funciona la responsabilidad jurídica de los Estados cuando utilizan la fuerza o apoyan acciones armadas contra otro país. Y se analiza como uno de los casos más significativos de la tensión entre el Derecho y la geopolítica durante la Guerra Fría.

Y en los estudios históricos representa una referencia imprescindible para comprender la realidad centroamericana de los años ochenta.

Sin embargo, el caso también dejó al descubierto una de las grandes contradicciones del sistema internacional.

La Corte reconoció que Nicaragua tenía derecho a ser indemnizada por los daños causados. Estados Unidos tenía la obligación jurídica de reparar las consecuencias de sus acciones. Pero esa reparación nunca llegó.

Nicaragua presentó ante el tribunal documentación sobre los enormes daños provocados por la guerra: destrucción de infraestructuras, pérdidas económicas, daños en instalaciones productivas, afectación de programas sociales y costes derivados de un conflicto que obligó al país a dedicar una parte considerable de sus recursos a la defensa.

Con el paso de los años, las autoridades nicaragüenses cifraron esos perjuicios en alrededor de 17.000 millones de dólares. Más allá de la cantidad concreta, la cuestión central permanece: la Corte reconoció el derecho de Nicaragua a recibir una compensación. Pero Estados Unidos rechazó cumplir la sentencia.

Cuando Managua recurrió al Consejo de Seguridad de la ONU para buscar mecanismos de cumplimiento, Washington utilizó su derecho de veto, impidiendo cualquier acción contra sus propios intereses. Posteriormente, Nicaragua acudió a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde recibió apoyo de numerosos países que defendían la necesidad de respetar la resolución de la Corte.

Sin embargo, la Asamblea General de la ONU carecía de mecanismos ejecutivos para obligar a Estados Unidos a realizar la reparación. La sentencia quedó entonces atrapada en una contradicción profunda: el Derecho Internacional había reconocido la responsabilidad, pero la estructura de poder mundial impedía hacer efectiva la justicia.

El cierre de un proceso, pero no de una reivindicación histórica

Tras la derrota electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1990, asumió la presidencia Violeta Barrios de Chamorro, candidata de la Unión Nacional Opositora (UNO), una amplia coalición respaldada política y financieramente por Estados Unidos. Chamorro procedía de una familia perteneciente a la élite terrateniente y ganadera nicaragüense. Su origen social la situaba dentro de los sectores tradicionales de poder económico del país y, tras su matrimonio con Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, pasó a formar parte de una de las familias más influyentes de la oligarquía conservadora, estrechamente vinculada a los intereses históricos de las clases dominantes nicaragüenses. Su llegada al Gobierno en 1990 representó también el regreso al poder de los sectores políticos y económicos que defendían la reintegración de Nicaragua en la esfera de influencia de Estados Unidos y la aplicación de políticas económicas de orientación neoliberal.

Su llegada al Gobierno marcó un profundo cambio en la orientación política del Estado. La nueva administración apostó por la normalización de las relaciones con Washington y por la reintegración de Nicaragua en los organismos financieros internacionales, en un contexto de enorme agotamiento económico tras una década de guerra. En ese marco, el Gobierno decidió retirar la reclamación relativa a la indemnización reconocida por la CIJ. Diversos estudios sobre aquel periodo coinciden en señalar que la normalización de las relaciones con EE.UU estuvo estrechamente vinculada al restablecimiento de la ayuda económica estadounidense, a la reapertura de líneas de crédito internacional y al respaldo financiero de instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Por tanto, se ve claramente que EE.UU obligo a Nicaragua a la retirada de la reclamación a cambio de poder recibir prestamos. Aunque la retirada de la demanda supuso el cierre político del litigio, la sentencia de La Haya nunca fue anulada ni perdió su validez jurídica.

Desde entonces, la responsabilidad internacional de Estados Unidos por la guerra de agresión contra Nicaragua continúa formando parte de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. El derecho a la reparación reconocido en la sentencia permanece intacto y sigue constituyendo uno de los precedentes más importantes del Derecho Internacional contemporáneo.

Fue en ese contexto cuando el Gobierno de Chamorro decidió retirar la reclamación relativa a la indemnización que la Corte Internacional de Justicia había reconocido a favor de Nicaragua. La medida puso fin al proceso político de exigencia de reparación frente a EE.UU, pero en ningún caso alteró el contenido de la sentencia ni modificó los hechos jurídicamente establecidos por el tribunal de La Haya. La condena permaneció intacta. La responsabilidad internacional de Estados Unidos siguió formando parte de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y el derecho de Nicaragua a ser reparada nunca fue revocado.

El regreso del FSLN al Gobierno en 2007 volvió a situar esta cuestión en el centro del discurso político e institucional del país. Desde entonces, las autoridades nicaragüenses han reiterado de manera constante que la sentencia de 1986 mantiene plena vigencia jurídica y que la obligación de reparar los daños ocasionados por la guerra de agresión nunca ha desaparecido. Más que reabrir un procedimiento judicial, Nicaragua ha mantenido viva una reivindicación histórica basada en un principio elemental del Derecho Internacional: las sentencias del principal órgano judicial de las Naciones Unidas no pierden su validez porque una de las partes decida incumplirlas.

Esta reivindicación ha ido acompañada de una recuperación consciente de la memoria histórica de la lucha por la soberanía nacional. En esa línea, la Asamblea Nacional aprobó la Ley n.º 1249, por la que se declaró el 4 de mayo como Día de la Dignidad Nacional y Día de las Banderas Nacionales, en homenaje a la decisión del General Augusto C. Sandino de rechazar el Pacto del Espino Negro en 1927 y continuar la lucha contra la ocupación militar estadounidense. La conmemoración no constituye únicamente un ejercicio de memoria histórica; representa la afirmación de una continuidad política e histórica que enlaza la resistencia antiintervencionista encabezada por Sandino, el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, la histórica victoria jurídica obtenida por Nicaragua en La Haya y la defensa actual de la soberanía nacional frente a cualquier forma de injerencia externa.

Desde esta perspectiva, la sentencia de 1986 deja de ser un episodio aislado para convertirse en un eslabón de una historia mucho más amplia: la de un pueblo que, durante casi un siglo, ha defendido de manera constante su derecho a decidir libremente su propio destino. Es precisamente sobre esa continuidad histórica donde se asienta hoy la campaña internacional «¡Nicaragua se Respeta!», concebida para reforzar la reivindicación permanente del cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, exigir el pago de la indemnización nunca satisfecha y reclamar que el Derecho Internacional sea aplicado con el mismo rigor a todos los Estados, con independencia de su poder político, económico o militar.

Cuarenta años después del fallo de La Haya, el caso Nicaragua contra Estados Unidos continúa siendo una referencia imprescindible para juristas, historiadores y especialistas en relaciones internacionales. No solo porque redefinió principios esenciales como la soberanía, la no intervención y la prohibición del uso de la fuerza, sino porque sigue planteando una de las grandes preguntas del orden internacional contemporáneo: ¿puede hablarse de justicia plena cuando una sentencia firme reconoce el derecho de un pueblo a ser reparado, pero la reparación nunca llega a hacerse efectiva?

Campaña "Nicaragua se Respeta": recuperar la memoria de una sentencia histórica

Cuarenta años después del fallo de La Haya, diferentes organizaciones de solidaridad internacional continúan reivindicando la importancia histórica de aquella sentencia y la necesidad de mantener viva su memoria.

En ese marco surge la campaña “Nicaragua se Respeta”, una iniciativa del Comité Europeo de Solidaridad con la Revolución Popular Sandinista, orientada a recordar el significado político y jurídico del caso, defender el principio de soberanía de los pueblos y reivindicar que el Derecho Internacional debe aplicarse con los mismos criterios para todos los Estados, independientemente de su tamaño o poder.

la campaña internacional «¡Nicaragua se Respeta!», no plantea una reclamación nueva, sino que busca fortalecer y proyectar internacionalmente una reivindicación que Nicaragua ha mantenido viva durante décadas: el respeto a su soberanía, el cumplimiento efectivo de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia y el reconocimiento de un derecho a la reparación que nunca dejó de existir.

La campaña forma parte de un esfuerzo por recuperar una memoria que durante décadas ha quedado relegada en muchos espacios de debate internacional: la de un país pequeño que utilizó las herramientas jurídicas existentes para denunciar la intervención de una gran potencia.

En el siguiente enlace puedes informarte del "Nicaragua se Respeta" y de otras actividades que hagamos relacionadas con la Campaña: https://www.ces-rps.com/nicaragua-se-respeta/

“40 Years of a Historic Ruling / 40 años de una sentencia histórica”

Con motivo del cuarenta aniversario de la sentencia, el Comité Europeo de Solidaridad con la Revolución Popular Sandinista (CES-RPS) y la Nicaragua Solidarity Coalition organizaron un encuentro internacional online:

El webinar reunió análisis histórico, jurídico y político para reflexionar sobre el significado actual de aquel fallo y sobre la vigencia de los principios que estuvieron en juego: soberanía nacional, autodeterminación de los pueblos y límites de la intervención extranjera.

La actividad contó con la participación de Augusto Zamora, jurista, escritor, profesor universitario y especialista en Derecho Internacional y relaciones internacionales. Zamora, antiguo embajador de Nicaragua en España y autor de numerosos trabajos sobre geopolítica, conflictos internacionales y relaciones de poder, aportó una visión histórica sobre la importancia del caso y su trascendencia más allá del contexto centroamericano.

El webinar puede volverse a visualizarse a través del canal de YouTube del CES-RPS, donde permanece disponible como material de memoria y análisis histórico.

Aquí se puede visionar la ponencia. https://www.youtube.com/watch?v=Ul2TON9JoxM&t=24s

Durante el encuentro también fue presentada la campaña “Nicaragua se Respeta”, cuyo objetivo es difundir el significado de una sentencia que continúa siendo estudiada en universidades de todo el mundo y que representa uno de los ejemplos más importantes sobre la relación entre Derecho Internacional y poder político.

Asimismo, el CES-RPS publicó un artículo especial con motivo de este aniversario bajo el título “Nicaragua contra Estados Unidos: 40 años de una sentencia histórica que sigue esperando justicia”, recordando la importancia de aquel proceso y la vigencia de una cuestión que continúa abierta: la necesidad de que las normas internacionales sean respetadas por todos los Estados.

La memoria de Nicaragua y la solidaridad que cruzó fronteras

Cuando se observa la historia de Nicaragua durante los años ochenta, resulta imposible reducirla únicamente a un enfrentamiento entre gobiernos o a una pieza más dentro del tablero de la Guerra Fría.

Aquellos años estuvieron marcados por una profunda dimensión humana.

Miles de nicaragüenses participaron en un proceso que buscaba transformar las condiciones sociales heredadas de décadas de desigualdad. Miles de personas de otros países acompañaron ese esfuerzo desde la solidaridad, convencidas de que la defensa de la soberanía de un pueblo también era una forma de defender la dignidad de todos los pueblos.

Nicaragua se convirtió durante los años ochenta en uno de los mayores símbolos del internacionalismo revolucionario desde la experiencia cubana. Miles de personas comprendieron que la defensa de la Revolución Popular Sandinista no era únicamente una cuestión nicaragüense, sino una causa compartida por todos aquellos pueblos que aspiraban a construir sociedades más justas, libres de dominación colonial, dependencia económica e injerencias imperialistas. El internacionalismo dejó entonces de ser una consigna para convertirse en una práctica cotidiana: médicos que atendían comunidades rurales donde nunca había existido asistencia sanitaria, ingenieros que llevaban electricidad y agua potable a las zonas más empobrecidas, alfabetizadores que enseñaban a leer y escribir a campesinos históricamente excluidos del sistema educativo, agrónomos que impulsaban proyectos cooperativos o técnicos que contribuían al desarrollo de infraestructuras básicas. Aquellos hombres y mujeres llegaron desde Europa, América Latina, Norteamérica y otros lugares del mundo movidos por una convicción profundamente ética y revolucionaria: que la lucha por la soberanía, la justicia social y la dignidad de un pueblo no conoce fronteras. Muchos de ellos entregaron incluso su propia vida en ese compromiso, convirtiéndose para siempre en parte inseparable de la memoria histórica del pueblo nicaragüense.

El brigadismo internacional fue un fenómeno histórico de enorme importancia en Nicaragua, igual que antes lo había sido en la República española o, en otro contexto, en Cuba.

Aquel movimiento de brigadas internacionalistas constituyó una de las mayores expresiones de solidaridad organizada del siglo XX en América Latina. Decenas de miles de personas procedentes de numerosos países participaron en brigadas de trabajo voluntario, alfabetización, salud, ingeniería, agricultura o reconstrucción, demostrando que el internacionalismo podía traducirse en una práctica concreta de cooperación entre pueblos y no únicamente en una declaración política.

Entre esos brigadistas, los nombres de Georgino Andrade Rivera, Ambrosio Mogorrón, Ben Linder, Yvan Leyvraz, Berndt Koberstein, Joël Fieux, Maurice Demierre, Toño Pflaum y tantos otros internacionalistas forman parte inseparable de esa memoria.

Sus vidas recuerdan que detrás de las grandes disputas geopolíticas siempre existen historias personales, sueños y compromisos humanos.

También recuerdan que la solidaridad internacional no fue un elemento secundario de aquel periodo histórico. Fue uno de los rasgos que definieron la experiencia nicaragüense y que hicieron que lo ocurrido en aquel pequeño país centroamericano tuviera repercusión mucho más allá de sus fronteras.

Nicaragua no estuvo sola; el mundo se organizó para defender una revolución que muchos sentían también como propia. Y eso ocurrió en los 80's y sigue ocurriendo ahora con muchos de los internacionalistas que seguimos creyendo en la Nicaragua Sandinista.

Cuarenta años después, una pregunta sigue abierta

La sentencia Nicaragua contra Estados Unidos permanece como uno de los grandes hitos del Derecho Internacional contemporáneo porque demostró que incluso los Estados más poderosos podían ser sometidos al juicio de una institución internacional.

Pero también permanece como una advertencia sobre las limitaciones del sistema mundial cuando la justicia debe enfrentarse al poder.

Cuarenta años después, la sentencia sigue vigente. El reconocimiento jurídico de la responsabilidad estadounidense continúa formando parte de la jurisprudencia internacional. La cuestión de la reparación pendiente sigue siendo una referencia sobre la dificultad de garantizar que todas las decisiones internacionales tengan una aplicación efectiva.

La historia de Nicaragua demuestra que la justicia internacional puede abrir caminos para los pueblos que buscan defender sus derechos, pero también que esos caminos necesitan mecanismos reales para que las decisiones puedan cumplirse.

Por eso la memoria de aquella sentencia continúa siendo importante. Porque no habla solamente de Nicaragua. Habla del derecho de todos los pueblos a defender su soberanía.

Habla de la necesidad de que las normas internacionales no dependan del poder de quienes deben cumplirlas.

Cuarenta años después, la sentencia de La Haya sigue esperando justicia plena.

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