Hay Asambleas Generales de Naciones Unidas que quedan asociadas a una resolución, a un acuerdo diplomático o a un discurso que termina marcando una época. La 81.ª Asamblea General, celebrada en Nueva York durante la semana de alto nivel de septiembre de 2026, probablemente será recordada de otra manera. Más que por un gran acuerdo capaz de resumir lo ocurrido, dejó una sucesión de escenas que, observadas conjuntamente, permiten comprender el momento de profunda transformación que atraviesa el sistema internacional: decenas de delegados abandonando la sala cuando Benjamin Netanyahu tomó la palabra; Mahmoud Abbas obligado a intervenir mediante una declaración pregrabada después de que Estados Unidos negara los visados a la delegación palestina; Donald Trump amenazando con destruir Irán mientras continuaban los contactos diplomáticos y el estrecho de Ormuz aparecía en las negociaciones; Delcy Rodríguez reuniéndose con Trump después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y cruzando posteriormente el hemiciclo para conversar con Pedro Sánchez; Lula da Silva reclamando que Brasil no sea tratado como el “patio trasero” de ninguna potencia; África volviendo a exigir una representación permanente en el Consejo de Seguridad; y la inteligencia artificial ocupando un espacio cada vez mayor en los discursos de los gobiernos.
Tomadas individualmente, cada una de estas escenas podría parecer una anécdota más dentro de una semana cargada de discursos, reuniones y declaraciones. Observadas en conjunto, permiten reconstruir una imagen bastante más profunda: las instituciones creadas después de la Segunda Guerra Mundial continúan existiendo, pero las relaciones de poder que durante décadas determinaron su funcionamiento están sometidas a una presión creciente. La ONU sigue siendo el principal espacio multilateral del planeta, pero dentro de sus paredes se enfrentan concepciones muy diferentes sobre la soberanía, el derecho internacional, la guerra, los recursos estratégicos, la tecnología y el futuro del orden mundial.
Durante el debate general intervinieron 194 delegaciones, entre ellas 113 jefes de Estado y de Gobierno. La Presidencia de la Asamblea situó precisamente como tema de la sesión la necesidad de “restaurar la confianza” y gestionar una transformación mundial que afecta simultáneamente a la geopolítica, la economía, la tecnología y las instituciones internacionales. El secretario general António Guterres describió el momento como una reconfiguración del poder mundial en la que las instituciones continúan ancladas en una época diferente.
La contradicción entre el lenguaje diplomático y la realidad internacional estuvo presente durante toda la semana. Mientras prácticamente todos los gobiernos hablaban de paz, las escenas que ocuparon los titulares estuvieron protagonizadas por guerras, amenazas militares, petróleo, rutas estratégicas, sanciones económicas, disputas por la soberanía y una creciente lucha por el control de las nuevas tecnologías. La Asamblea General terminó funcionando así como una especie de espejo en el que aparecieron reflejadas las tensiones de un mundo que todavía conserva las instituciones del viejo orden, pero en el que cada vez más países cuestionan la distribución del poder que esas instituciones heredaron.
Los escaños vacíos cuando Netanyahu comenzó a hablar
Benjamin Netanyahu subió a la tribuna el 24 de septiembre para defender la actuación de Israel y responder a las crecientes críticas internacionales por la guerra de Gaza. Antes incluso de que comenzara su intervención, decenas de delegados abandonaron la sala. Netanyahu respondió calificándolos de “cobardes morales” y pidió que quienes compartieran esa posición abandonaran también el hemiciclo. Reuters confirmó el abandono masivo, mientras imágenes de la sesión mostraron numerosos asientos vacíos.
La escena tuvo una enorme fuerza política porque no eran manifestantes situados en las calles de Nueva York, sino representantes de Estados miembros de Naciones Unidas que decidían no permanecer en la sala durante el discurso del primer ministro israelí. Un recuento publicado posteriormente situó en 76 los países cuyos representantes no estuvieron presentes durante la intervención, aunque conviene señalar que esa cifra incluye tanto delegaciones que abandonaron la sala como países cuyos representantes ya no estaban en ella; por eso, para describir estrictamente el acto de protesta, la formulación más segura es hablar de “decenas de delegaciones”.
Entre los países europeos que sí participaron en el boicot estuvieron España y Eslovenia. Otros países europeos permanecieron en sus asientos, al igual que Estados Unidos y varias de las principales potencias occidentales. La distribución de quienes abandonaron la sala y quienes decidieron permanecer en ella mostró así una división política que tampoco puede reducirse a una simple fractura entre Israel y sus adversarios: numerosos países de África, Asia, Oriente Medio y América Latina expresaron su rechazo a la política israelí, mientras buena parte de Europa mantuvo a sus representantes dentro del hemiciclo.
No sería correcto presentar a todas las delegaciones que se marcharon como integrantes de un mismo bloque político. Sus gobiernos tienen intereses diferentes y mantienen posiciones distintas ante el conflicto. Pero sí resulta significativo que la protesta alcanzara una dimensión internacional tan amplia y que, entre los países que participaron, aparecieran Estados con relaciones diplomáticas muy diversas con Israel. La imagen de la sala vaciándose se convirtió, por sí misma, en una representación gráfica del creciente aislamiento internacional de la política del Gobierno de Netanyahu.
La cuestión palestina ofreció, además, otra de las escenas más reveladoras de la Asamblea. Mahmoud Abbas no pudo viajar a Nueva York después de que Estados Unidos negara o revocara los visados necesarios a representantes palestinos. La Asamblea General aprobó el 17 de septiembre una resolución por 152 votos a favor, tres en contra —Estados Unidos, Israel y Paraguay— y cuatro abstenciones, que permitió al presidente palestino intervenir mediante una declaración pregrabada. La propia resolución recordó las obligaciones establecidas en el acuerdo de 1947 entre Naciones Unidas y Estados Unidos sobre la sede de la organización, que establece que no deben imponerse impedimentos al tránsito de representantes hacia y desde Naciones Unidas.
Cuando llegó el momento de la intervención, Abbas habló efectivamente desde una grabación. El representante palestino introdujo el vídeo y el presidente de la Asamblea concedió posteriormente la palabra al mandatario palestino. Abbas señaló que, por segundo año consecutivo, la delegación palestina había sido privada de los visados necesarios para participar físicamente en la Asamblea.
La imagen resultaba difícil de ignorar: mientras el primer ministro israelí ocupaba físicamente la tribuna de Naciones Unidas, el presidente palestino intervenía desde una pantalla porque el país anfitrión había impedido que su delegación estuviera presente. No hace falta compartir todas las posiciones políticas de Abbas para comprender la contradicción. Naciones Unidas proclama la igualdad soberana de los Estados y la universalidad del derecho internacional, pero su sede se encuentra en territorio estadounidense y Washington conserva una capacidad decisiva sobre el acceso a su propio territorio.
La cuestión palestina volvió a colocar así delante de las cámaras uno de los problemas estructurales del sistema multilateral: la distancia que puede existir entre la igualdad jurídica proclamada por las instituciones internacionales y las relaciones de poder que determinan en la práctica quién dispone de mayor capacidad de presión.
Trump, Irán y el estrecho de Ormuz
Si los escaños vacíos mostraron el aislamiento político de Netanyahu, el episodio iraní permitió contemplar otra dimensión del poder internacional: aquella en la que las amenazas militares, los intereses económicos y la negociación diplomática se desarrollan simultáneamente.
Donald Trump utilizó su intervención ante Naciones Unidas para lanzar una de las amenazas más contundentes de toda la Asamblea contra Irán. Pero mientras desde la tribuna estadounidense se endurecía el discurso, los canales diplomáticos seguían abiertos. La delegación iraní permaneció en Nueva York para participar en conversaciones indirectas mediadas por Qatar, en las que aparecían cuestiones relacionadas con el conflicto, el programa nuclear y el estrecho de Ormuz. La posterior decisión estadounidense de ordenar la salida anticipada de la delegación iraní mostró hasta qué punto aquellas negociaciones estuvieron rodeadas de tensiones y desconfianza.
Ormuz introdujo además una dimensión económica que resulta imposible separar de la política militar. Durante la Asamblea, Irán planteó que el estrecho podía ser reabierto en un plazo de siete días si se cumplían determinadas condiciones establecidas en el entendimiento alcanzado entre ambas partes. La propuesta fue transmitida mediante mediadores qataríes y estuvo vinculada a las conversaciones sobre la situación regional. Posteriormente, Irán insistió en que la reapertura dependía del cumplimiento de esas condiciones y no constituía una concesión unilateral.
La importancia de Ormuz explica por qué esta cuestión trascendió rápidamente el ámbito estrictamente militar. Por ese estrecho circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado mundial, de manera que una interrupción prolongada del tráfico marítimo tiene consecuencias sobre los precios energéticos, las cadenas de suministro y la economía internacional.
La situación permitió comprobar hasta qué punto la geopolítica y la economía están unidas. Mientras los dirigentes hablan de seguridad nacional, soberanía y amenazas militares, detrás de esas palabras aparecen rutas comerciales, energía y materias primas cuya importancia afecta directamente al funcionamiento de la economía capitalista mundial. Ormuz no es solamente un estrecho marítimo situado entre Irán y Omán; es uno de los principales corredores energéticos del planeta y, por tanto, un espacio en el que confluyen intereses económicos, militares y estratégicos de las grandes potencias.
El episodio iraní mostró así una de las características más contradictorias del actual sistema internacional: incluso cuando dos Estados se amenazan públicamente con una escalada militar, los intereses económicos y estratégicos pueden obligarlos a mantener abiertos los canales de negociación. La paz, en estas circunstancias, no aparece únicamente como un principio diplomático, sino también como una necesidad material para preservar las rutas comerciales de las que depende buena parte de la economía mundial.
Trump y Delcy Rodríguez: cuando los enemigos vuelven a sentarse
Otra de las imágenes más sorprendentes de la semana fue protagonizada por Donald Trump y Delcy Rodríguez.
La presidenta encargada de Venezuela llegó a Nueva York después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero. Su participación en la Asamblea formó parte de la nueva etapa diplomática que Caracas y Washington estaban intentando construir y estuvo acompañada de conversaciones sobre elecciones, deuda, energía y recuperación económica. Rodríguez afirmó ante la Asamblea que Venezuela celebraría elecciones como parte de un proceso hacia una “democracia plena”, aunque no fijó una fecha concreta.
El contexto hacía que el encuentro con Trump resultara extraordinario. Washington y Caracas habían mantenido durante años una relación marcada por sanciones, enfrentamientos políticos y acusaciones cruzadas. Ahora, después de una transformación radical del escenario venezolano, representantes de ambos gobiernos volvían a sentarse frente a frente para negociar. El propio Trump y Rodríguez mantuvieron un breve encuentro al margen de la Asamblea, mientras funcionarios estadounidenses señalaban que se habían discutido cuestiones políticas y la reestructuración de la deuda venezolana.
La fotografía no puede separarse de los intereses materiales que rodean a Venezuela. Petróleo, deuda, recuperación económica, inversión y recursos naturales forman parte de cualquier negociación sobre el futuro del país. La diplomacia internacional tiene precisamente esa característica: los adversarios que durante años se presentan como irreconciliables pueden terminar negociando cuando las circunstancias políticas y económicas cambian.
La semana venezolana produjo otra escena significativa cuando Delcy Rodríguez se acercó a Pedro Sánchez dentro del propio hemiciclo. Rodríguez se levantó de su asiento, recorrió parte de la sala y se dirigió hacia el lugar donde se encontraba la delegación española. Sánchez estaba pendiente de su teléfono; ambos se saludaron y mantuvieron una breve conversación. Según fuentes de La Moncloa, Rodríguez le pidió poder seguir hablando sobre la situación de Venezuela y Sánchez respondió que España estaba comprometida con el futuro de la región. No se trató de una reunión formal, pero sí de un gesto que permitió visualizar la voluntad de mantener abierto un canal político.
Precisamente por su carácter informal, aquella escena resulta interesante. Las relaciones diplomáticas no siempre se construyen exclusivamente alrededor de mesas oficiales, con declaraciones previamente redactadas y cámaras esperando el apretón de manos. También pueden comenzar con un encuentro improvisado dentro de los propios asientos de una Asamblea en la que, mientras los gobiernos mantienen públicamente posiciones enfrentadas, sus representantes buscan espacios para hablar.
Lula y la disputa por la soberanía latinoamericana
La cuestión venezolana conectó con uno de los discursos latinoamericanos más significativos de la Asamblea: el de Luiz Inácio Lula da Silva.
El presidente brasileño afirmó que “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie” y denunció la injerencia extranjera en los procesos políticos latinoamericanos. Lula habló de las “tentaciones hegemónicas”, criticó la división del mundo en zonas de influencia y calificó de anacrónicas las incursiones neocoloniales en busca de recursos estratégicos. También defendió que el pueblo venezolano debe decidir su propio destino sin injerencias externas.
Pero el discurso de Lula contenía también una crítica directa a Nicaragua. Después de defender la autodeterminación de los pueblos, afirmó que “Nicaragua no resolverá sus problemas impidiendo que la oposición se presente a las elecciones”. La declaración forma parte de la posición expresada por el presidente brasileño ante la Asamblea y no debemos ocultarla si queremos realizar una lectura rigurosa de aquella intervención.
Precisamente porque ambas afirmaciones aparecen juntas, el discurso de Lula permite abordar una cuestión compleja desde una perspectiva de izquierdas. Una posición internacionalista no tiene por qué convertir a ningún Gobierno en intocable ni asumir que toda crítica procedente del exterior constituye automáticamente una conspiración. Los gobiernos pueden ser sometidos a crítica política y los pueblos tienen derecho a debatir y transformar sus propios sistemas políticos.
La cuestión diferente es quién tiene derecho a intervenir en esos procesos desde fuera. Defender la soberanía nacional no significa afirmar que todos los gobiernos actúan correctamente; significa rechazar que una potencia extranjera pueda decidir qué fuerzas políticas deben recibir apoyo, qué gobiernos deben ser reconocidos o qué modelo político debe imponerse a otro pueblo. Una cosa es el derecho de una sociedad a cuestionar a sus propias autoridades y otra muy diferente es convertir los procesos políticos de otros países en escenarios de presión geopolítica.
Esta distinción resulta especialmente importante en América Latina, una región marcada históricamente por golpes de Estado, operaciones encubiertas, intervenciones militares, sanciones económicas y presiones políticas de las grandes potencias. La defensa de la soberanía no puede quedar reservada a los gobiernos que nos gustan; si se convierte en un principio selectivo, deja de ser un principio.
La intervención de Lula tuvo precisamente el interés de colocar ambas cuestiones en la misma mesa: el rechazo a la injerencia extranjera y la crítica a las restricciones internas que afectan a la participación política. Para una izquierda internacionalista, ambas preocupaciones pueden coexistir sin necesidad de convertirlas en argumentos contradictorios.
África reclama dejar de ser espectadora
La reivindicación latinoamericana encontró un eco inmediato en África.
El presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, reclamó una reforma urgente del Consejo de Seguridad y utilizó una frase que resumió buena parte de la reivindicación africana: “Africa needs to be at the table, not on the menu”, África necesita estar en la mesa y no en el menú. La Presidencia de la Asamblea volvió a citar esta expresión al hacer balance de la semana de alto nivel.
La frase tiene una carga política evidente porque resume una reclamación histórica. África continúa sin disponer de un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, pese a su peso demográfico, económico y político y a su papel central en numerosas cuestiones tratadas por Naciones Unidas.
La reivindicación africana no consiste únicamente en ocupar una silla adicional. Tiene que ver con quién decide sobre las guerras, las sanciones, las intervenciones y las operaciones internacionales que afectan directamente al continente. La estructura actual del Consejo continúa reflejando en buena medida el equilibrio de poder establecido al final de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido conservan el derecho de veto, mientras África reclama una representación permanente.
La República Democrática del Congo volvió a plantear durante la Asamblea la posición africana de obtener dos puestos permanentes con derecho de veto mientras este mecanismo exista, además de dos puestos no permanentes adicionales. La reivindicación está vinculada al Consenso de Ezulwini y a la Declaración de Sirte, que constituyen la posición común africana sobre la reforma del Consejo.
La pregunta que plantea esta situación afecta al conjunto del sistema multilateral. ¿Cómo puede pedirse a los países del Sur Global que confíen plenamente en unas instituciones cuya estructura de decisión continúa reflejando un equilibrio de poder nacido en 1945? La reivindicación africana no es, por tanto, una cuestión secundaria de protocolo diplomático. Forma parte de la disputa por la democratización de las relaciones internacionales.
La silla vacía de Sudán
Sudán ofreció otra de esas escenas que permiten comprender las contradicciones del sistema.
El general Abdel Fattah al-Burhan, jefe del Ejército sudanés, no pudo viajar a Nueva York después de que Estados Unidos retuviera su visado. Según fuentes citadas por Reuters, la decisión estaba relacionada con la negativa de las autoridades sudanesas a aceptar una propuesta estadounidense de alto el fuego de 90 días.
El Gobierno sudanés denunció que impedir la participación de su dirigente violaba las obligaciones internacionales del país anfitrión, mientras Estados Unidos cuestionaba la legitimidad constitucional de los actores enfrentados en la guerra sudanesa.
No es necesario defender políticamente a Burhan para comprender la paradoja. Naciones Unidas aspira a ser un espacio universal en el que los Estados puedan presentar sus posiciones y negociar, pero la Asamblea General se celebra físicamente en territorio de una potencia que dispone de capacidad para controlar el acceso a su propio territorio.
La cuestión vuelve a remitir a la misma tensión que apareció en el caso palestino: la igualdad jurídica entre Estados convive con una realidad internacional profundamente desigual en términos económicos, militares y políticos.
La inteligencia artificial entra en la lucha por el poder
Cuando parecía que la Asamblea había concentrado toda su atención en guerras y conflictos diplomáticos, apareció una cuestión que hace pocos años habría parecido alejada de una cumbre internacional: la inteligencia artificial.
Según el balance oficial de la Presidencia de la Asamblea, más del 60 % de los oradores mencionaron la inteligencia artificial durante el debate general. La cifra resulta significativa porque muestra hasta qué punto una tecnología que hace apenas unos años ocupaba un lugar marginal en las discusiones diplomáticas se ha convertido en una cuestión central de la política internacional.
El debate no se limitó a las posibilidades de la nueva tecnología. Los países en desarrollo plantearon quién diseña estas herramientas, quién controla los datos, quién obtiene sus beneficios y quién soportará los riesgos derivados de su utilización.
La cuestión es fundamentalmente política y económica. La inteligencia artificial necesita enormes cantidades de energía, centros de procesamiento, semiconductores, datos, infraestructura y capital. Una parte considerable de esos recursos está concentrada en un número reducido de países y grandes empresas tecnológicas.
Por ello, varios países del Sur Global reclamaron una participación mucho mayor en la elaboración de las normas que gobernarán la inteligencia artificial. La República Democrática del Congo defendió que los países en desarrollo puedan participar en la definición de sus reglas y reclamó mecanismos de creación de capacidades para impedir que la brecha digital termine convirtiéndose también en una brecha de inteligencia.
La disputa por el poder mundial ya no se desarrolla únicamente alrededor de territorios, petróleo o minerales. También se desarrolla alrededor de los datos, los chips, la infraestructura digital y los sistemas de inteligencia artificial. Durante siglos, controlar territorios y materias primas permitió acumular riqueza y poder; en el siglo XXI, controlar las infraestructuras tecnológicas que condicionarán buena parte de la economía puede producir una concentración de poder de dimensiones comparables. La discusión sobre la inteligencia artificial es, por tanto, también una discusión sobre soberanía tecnológica y sobre quién tendrá capacidad para decidir cómo se utilizarán unas tecnologías que afectarán a sociedades enteras.
Una ONU que necesita recuperar la confianza
Todas estas escenas ocurrieron dentro de una institución que atraviesa su propia crisis.
El lema de esta Asamblea era “Restoring trust, managing transformation: A United Nations that delivers for all”, restaurar la confianza y gestionar la transformación para construir unas Naciones Unidas que cumplan para todos. El propio presidente de la Asamblea había señalado al inaugurar el nuevo periodo de sesiones que la organización necesitaba recuperar la confianza pública en un momento marcado por guerras, crisis humanitarias, cambio climático y transformaciones tecnológicas.
António Guterres, por su parte, presentó el momento como una reconfiguración del poder mundial y reclamó un multilateralismo capaz de someter el poder a las reglas y al derecho internacional. En su intervención situó entre los grandes desafíos del presente la guerra, la desigualdad, la crisis climática y la inteligencia artificial.
La ONU continúa siendo indispensable precisamente porque el mundo se ha vuelto más conflictivo. Sin embargo, su capacidad para resolver esos conflictos depende de Estados que poseen capacidades muy diferentes y, en última instancia, de un Consejo de Seguridad en el que cinco potencias conservan el derecho de veto.
Ahí aparece una de las grandes contradicciones del sistema. Cuanto más necesita el planeta una institución multilateral capaz de contener los conflictos, más evidente resulta que esa institución no dispone de herramientas suficientes para actuar con independencia de las grandes potencias. La reforma del Consejo de Seguridad, la representación africana, la cuestión palestina y la capacidad de hacer cumplir el derecho internacional no son asuntos separados: forman parte de una misma discusión sobre la legitimidad y la democratización del orden mundial.
Un mundo que ya no acepta con la misma facilidad las viejas reglas
La sucesión de acontecimientos ocurridos durante esta 81.ª Asamblea General permite observar un sistema internacional en el que el viejo orden todavía conserva una enorme capacidad de poder, pero encuentra cada vez más dificultades para presentar sus reglas como universales e incuestionables.
Estados Unidos continúa disponiendo de una capacidad económica, militar y financiera extraordinaria. Sus alianzas siguen siendo poderosas y su influencia sobre las instituciones internacionales continúa siendo considerable. Pero al mismo tiempo, América Latina reclama mayor autonomía, África exige una representación acorde con su peso político, los países del Sur Global reclaman participar en la definición de las reglas tecnológicas y diferentes Estados cuestionan abiertamente que las grandes potencias puedan intervenir unilateralmente en los asuntos de otros países.
Esto no significa que el mundo que está emergiendo vaya a ser automáticamente más justo. La aparición de nuevos centros de poder no elimina las desigualdades económicas ni impide que las grandes potencias continúen defendiendo sus propios intereses. Un orden verdaderamente multipolar no debería limitarse a sustituir una hegemonía por otra, sino avanzar hacia unas relaciones internacionales en las que la soberanía y el derecho internacional tengan un carácter universal y no dependan de la posición económica o militar de cada Estado.
Desde una perspectiva de izquierdas, ese debería ser uno de los debates centrales. La alternativa al imperialismo no puede consistir simplemente en cambiar el nombre de la potencia dominante, del mismo modo que la multipolaridad no garantiza por sí misma una sociedad internacional más igualitaria. La cuestión fundamental es si los pueblos tendrán mayor capacidad para decidir sobre sus recursos, sus instituciones y sus modelos políticos, y si los Estados podrán relacionarse entre sí sin que las diferencias de poder económico y militar se conviertan en un derecho permanente a intervenir en los asuntos de los demás.
Esta discusión adquiere especial importancia cuando se observa la relación entre política y economía que apareció durante toda la Asamblea. En Palestina, la guerra y la posición de las grandes potencias condicionan la capacidad de Naciones Unidas para hacer cumplir sus propias resoluciones; en Irán, una ruta por la que circula una parte esencial de la energía mundial se convierte en una pieza de la negociación militar; en Venezuela, petróleo, deuda, elecciones y relaciones internacionales aparecen inseparablemente unidos; en África, la ausencia de representación permanente en el Consejo de Seguridad mantiene una estructura de poder heredada de otra época; y en la inteligencia artificial, los datos, la energía, los semiconductores y el capital empiezan a determinar quién tendrá capacidad para establecer las reglas del futuro.
Las escenas de esta Asamblea permiten, por tanto, leer la transformación del mundo desde varios ángulos. Las delegaciones que abandonaron la sala durante el discurso de Netanyahu expresaron el creciente rechazo internacional a la política israelí en Gaza; la intervención de Abbas desde una pantalla volvió a poner sobre la mesa la contradicción entre la universalidad de Naciones Unidas y las restricciones impuestas por el país anfitrión; las amenazas contra Irán y las negociaciones paralelas sobre Ormuz demostraron que la confrontación militar y la diplomacia pueden avanzar simultáneamente; el encuentro entre Trump y Delcy Rodríguez recordó que incluso adversarios profundamente enfrentados pueden terminar negociando cuando cambian las relaciones de fuerza; el breve acercamiento de Delcy a Sánchez mostró que los canales diplomáticos pueden reconstruirse incluso después de años de tensión; Lula combinó la defensa de la soberanía latinoamericana con una crítica concreta a Nicaragua; África volvió a exigir que no se decida sobre su futuro sin su participación; y la inteligencia artificial confirmó que la próxima disputa por el poder mundial tendrá también un componente tecnológico decisivo.
Lo importante de estas escenas no reside únicamente en su valor anecdótico. Su verdadera relevancia aparece cuando se observan las relaciones que las unen. En todas ellas vuelve a aparecer la misma pregunta sobre quién tiene capacidad para imponer condiciones y quién dispone de margen suficiente para rechazarlas. Esa es, en buena medida, la disputa que está atravesando actualmente el sistema internacional.
La ONU continúa siendo necesaria porque no existe ninguna otra institución capaz de reunir en un mismo espacio a prácticamente todos los Estados del planeta. Pero para recuperar credibilidad necesita afrontar precisamente las contradicciones que la Asamblea ha vuelto a poner delante de las cámaras: una estructura de poder que todavía conserva rasgos de 1945, un Consejo de Seguridad en el que cinco Estados mantienen el veto, una relación conflictiva entre soberanía nacional e intervención externa y una creciente desigualdad en el acceso a los recursos económicos y tecnológicos que determinarán el futuro.
La transformación del equilibrio mundial tampoco garantiza que las relaciones internacionales vayan a ser más justas. China, Rusia, India, Brasil, los países africanos y otras potencias emergentes pueden contribuir a limitar la hegemonía estadounidense, pero todos ellos tienen también intereses propios y ninguno está exento de contradicciones. Por eso, desde una perspectiva antimperialista, el objetivo no debería ser reemplazar una hegemonía por otra, sino avanzar hacia un sistema en el que ningún Estado pueda convertir su superioridad militar, económica o tecnológica en un privilegio para decidir por los demás.
Las pequeñas escenas de la 81.ª Asamblea General permiten entender precisamente esa transición. El viejo orden internacional continúa teniendo una enorme capacidad de resistencia, pero ya no consigue imponer con la misma facilidad la idea de que sus jerarquías son naturales e inmutables. Cada vez más países reclaman soberanía, representación, autonomía económica y capacidad para participar en las decisiones que afectan a su futuro.
La pregunta que deja esta Asamblea no es, por tanto, quién ganó aquella semana en Nueva York. Lo verdaderamente decisivo será determinar si la transformación del equilibrio mundial puede abrir paso a unas relaciones internacionales más democráticas o si simplemente producirá una nueva distribución de las mismas estructuras de dominación. La respuesta dependerá de la capacidad de los pueblos y de los Estados del Sur Global para defender su soberanía, construir relaciones de cooperación y exigir que el multilateralismo deje de ser únicamente un lenguaje diplomático y se convierta en una práctica efectiva de igualdad entre naciones.
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