Colombia: la larga guerra por la tierra, la riqueza y el poder

Por Javier Huerta

Una historia de violencia, exclusión y excepcionalidad para comprender la Colombia de hoy

Del asesinato de Gaitán al regreso de la mano dura: tierra, oligarquía, capitalismo, militarización y dependencia de Estados Unidos

Colombia vuelve a encontrarse ante una de esas encrucijadas históricas en las que la palabra democracia corre el riesgo de quedarse demasiado pequeña para explicar la realidad. El país mantiene elecciones, Congreso, partidos, tribunales y una Constitución que reconoce derechos fundamentales, pero detrás de esa arquitectura institucional permanece una historia marcada por la concentración de la tierra, la desigualdad económica, la violencia política, el desplazamiento campesino, el paramilitarismo, el narcotráfico, la intervención estadounidense y la persecución de quienes han intentado construir una alternativa política y social al poder tradicional. La llegada a la Presidencia de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto de 2026 abre ahora una nueva etapa caracterizada por el fortalecimiento de las políticas de seguridad, la suspensión de buena parte de las negociaciones con organizaciones armadas y un acercamiento especialmente estrecho a Estados Unidos. El propio Gobierno presenta este giro como una recuperación de la autoridad del Estado y de la seguridad nacional; desde otros sectores se advierte del riesgo de regresar a una lógica en la que el conflicto social y territorial se aborda fundamentalmente desde la militarización. La cuestión de fondo, sin embargo, es mucho más profunda: ¿qué democracia puede consolidarse cuando las estructuras económicas y territoriales que alimentaron durante décadas la violencia continúan sin resolverse?

Para entender la Colombia de 2026 hay que regresar necesariamente al 9 de abril de 1948, cuando el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán desencadenó el Bogotazo y abrió una de las etapas más traumáticas de la historia contemporánea del país. Gaitán había construido un discurso de movilización popular que cuestionaba los privilegios de las élites tradicionales y hablaba directamente a unas mayorías campesinas y trabajadoras excluidas del poder. Su asesinato no creó por sí solo la violencia colombiana, pero se convirtió en el símbolo de la ruptura de una posibilidad política y en el comienzo de una etapa de enfrentamientos que acabaría con decenas de miles de muertos. La llamada La Violencia mostró hasta qué punto la disputa política estaba entrelazada con la propiedad de la tierra y el control territorial. El posterior Frente Nacional, establecido entre liberales y conservadores entre 1958 y 1974, consiguió cerrar parcialmente la confrontación entre las dos grandes fuerzas tradicionales, pero lo hizo mediante un sistema de alternancia pactada que dejó fuera a buena parte de las fuerzas políticas y sociales que no encajaban en aquel acuerdo. En ese terreno de exclusión nacieron y crecieron las guerrillas de las décadas siguientes, entre ellas las FARC y el ELN, mientras el Estado desarrollaba una doctrina de seguridad profundamente influida por la lógica de la Guerra Fría.

Pero reducir la historia colombiana a un enfrentamiento entre guerrillas y Estado sería ocultar una parte fundamental del problema. La cuestión agraria ha sido uno de los grandes motores estructurales del conflicto. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha documentado cómo la disputa por la tierra, el desplazamiento forzado, el despojo, la actuación de actores armados y las economías ilegales se encuentran profundamente relacionados con la configuración territorial del país. Y los datos del último gran censo agropecuario analizado por Oxfam permiten observar la dimensión de esa desigualdad: el 1 % de las explotaciones agrícolas concentra el 81 % de la tierra, mientras el 99 % restante se reparte apenas el 19 %. Las explotaciones de menos de diez hectáreas representan el 81 % del total, pero ocupan solamente el 5 % de la superficie. No se trata, por tanto, de una desigualdad abstracta. Se trata de quién posee el suelo, quién controla los territorios, quién decide qué se produce, quién puede acceder al crédito, quién tiene capacidad para invertir y quién puede permanecer en el campo. En una sociedad donde millones de campesinos han sufrido desplazamientos y donde la propiedad rural continúa extraordinariamente concentrada, la tierra sigue siendo una cuestión económica, política y de poder de clase.

Es en este escenario donde debe analizarse el fenómeno paramilitar. Las estructuras paramilitares no fueron simplemente otro actor armado más dentro de una guerra interminable. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha documentado su capacidad para convertirse en reguladores de la vida social y económica de numerosos territorios y ha señalado la necesidad de investigar sus vínculos con sectores estatales, políticos y económicos legales, así como el papel del narcotráfico y el despojo de tierras. En diferentes regiones, la violencia sirvió para expulsar comunidades, destruir organizaciones campesinas, sindicales e indígenas, imponer controles territoriales y modificar las relaciones de propiedad. La historia colombiana demuestra así que la violencia no siempre fue una anomalía al margen de la economía: en determinados territorios se convirtió también en un mecanismo para reorganizar el poder económico y social.

La tragedia de la Unión Patriótica constituye otro capítulo imprescindible. Surgida en el contexto de los intentos de negociación entre el Estado y las FARC durante los años ochenta, la UP trató de convertir la participación política en una alternativa a la confrontación armada. El resultado fue uno de los episodios más graves de persecución política de la historia reciente colombiana: miles de militantes, dirigentes, candidatos y simpatizantes fueron asesinados, desaparecidos o expulsados de sus territorios. La experiencia dejó una herida que todavía condiciona la relación de amplios sectores de la izquierda colombiana con las instituciones. Porque para entender el concepto de “democracia en estado de sitio” no basta con preguntarse si existen elecciones. Hay que preguntarse también qué ocurre cuando una parte de la sociedad intenta organizarse políticamente para disputar el poder económico y territorial establecido.

Durante las décadas siguientes, el narcotráfico, la expansión paramilitar y la insurgencia contribuyeron a profundizar una guerra que dejó millones de víctimas. Y en ese escenario apareció con enorme fuerza otro protagonista: Estados Unidos. Plan Colombia, presentado como una estrategia contra el narcotráfico y posteriormente vinculado también a la lucha contrainsurgente y al fortalecimiento institucional, convirtió a Colombia en uno de los principales receptores de asistencia estadounidense en América Latina. Según el Congressional Research Service, entre los años fiscales 2000 y 2016 la financiación estadounidense vinculada a Plan Colombia y sus estrategias posteriores superó los 10.000 millones de dólares a través de programas del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa. Para Washington, Colombia se convirtió en un socio estratégico en materia de seguridad regional. Para numerosos sectores críticos, aquella relación consolidó una concepción militarizada de los problemas sociales y políticos colombianos. En cualquier caso, los datos permiten afirmar que la relación militar y estratégica entre ambos Estados no es una circunstancia coyuntural de 2026: tiene más de dos décadas de continuidad.

La Constitución de 1991 abrió una nueva etapa y reconoció derechos, mecanismos de participación y una concepción más amplia del Estado social de derecho. Sin embargo, la nueva arquitectura constitucional convivió con la persistencia de la violencia, la desigualdad territorial y la expansión de las economías ilegales. El Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado y las FARC volvió a colocar la cuestión agraria en el centro del debate mediante la Reforma Rural Integral y abrió una oportunidad histórica para atacar algunas de las causas estructurales del conflicto. Pero la implementación fue lenta, desigual y objeto de fuertes disputas políticas. Mientras tanto, numerosos firmantes de la paz y dirigentes sociales continuaron siendo asesinados.

La llegada de Gustavo Petro a la Presidencia en 2022, primer presidente procedente de la izquierda en la historia contemporánea del país, modificó el escenario político. Su proyecto de “paz total”, las reformas sociales y la apuesta por avanzar en la distribución y formalización de tierras representaron una ruptura respecto a décadas de predominio de los sectores tradicionales. Esa ruptura, sin embargo, no significó la desaparición de las estructuras económicas que habían condicionado históricamente al Estado colombiano. El Gobierno Petro tuvo que desenvolverse dentro de un aparato estatal complejo, enfrentó oposición política, conflictos institucionales y problemas de gestión y tampoco logró resolver las múltiples violencias territoriales. No hubo una transformación revolucionaria de las relaciones de propiedad, sino un intento de reforma desde las instituciones existentes. Precisamente por eso resulta importante no confundir la experiencia del primer Gobierno de izquierda con la desaparición del poder económico de las élites tradicionales.

Uno de los terrenos donde esa disputa puede observarse con mayor claridad es precisamente la tierra. En los últimos días del Gobierno Petro, la Agencia Nacional de Tierras informó de la entrega o formalización de más de 61.000 hectáreas en 25 departamentos, destinadas a campesinos, comunidades indígenas, afrodescendientes y organizaciones pesqueras. Más allá de la valoración política que pueda hacerse de aquella política, el dato demuestra que la cuestión agraria seguía siendo una de las grandes batallas pendientes cuando terminó el mandato. El nuevo Gobierno recibe, por tanto, un país donde la propiedad de la tierra continúa extraordinariamente concentrada y donde cualquier reforma territorial afecta directamente a intereses económicos consolidados.

Sobre ese escenario llegó al poder Abelardo de la Espriella, con un discurso centrado en seguridad, autoridad, lucha contra el narcotráfico, control territorial y fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. Durante sus primeras semanas de Gobierno, la seguridad pasó a ocupar un lugar central en la comunicación oficial, mientras se fueron abandonando las mesas de negociación abiertas durante la etapa anterior. El cambio no es solamente discursivo. El 19 de septiembre, El País describía la nueva etapa como un abandono de la política de “paz total” en favor de una estrategia de mayor confrontación militar, respaldada por el nuevo marco de seguridad impulsado junto a Estados Unidos. Según esa información, se han cerrado mesas con grupos como disidencias de las FARC, Clan del Golfo y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, mientras el Gobierno plantea una ley de “acogimiento” basada en el sometimiento a la justicia y no en una negociación política.

La violencia contra quienes ejercen liderazgo social tampoco desapareció con el cambio presidencial. El registro de INDEPAZ contabilizaba, con corte al 11 de septiembre de 2026, 108 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos asesinados durante el año, 89 masacres y 11 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados. Desde enero de 2016 hasta esa misma fecha, el acumulado registrado por el organismo ascendía a 1.998 líderes y defensores asesinados, 783 masacres y 524 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados. Estos números no permiten atribuir automáticamente al Gobierno iniciado en agosto todos los asesinatos ocurridos durante 2026, pero sí muestran la dimensión de una violencia estructural que el nuevo Ejecutivo ha heredado y que ahora pretende abordar prioritariamente desde una política de seguridad más dura.

El giro adquiere todavía mayor dimensión cuando se observa la relación con Washington. El 8 de septiembre de 2026, después de reunirse con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, De la Espriella declaró que Colombia quería consolidarse nuevamente como “principal socio de seguridad hemisférica” de Estados Unidos. En ese encuentro propuso desarrollar el denominado “Plan Patriota Siglo XXI”, que incluye la modernización de aviones, radares, drones, helicópteros, sistemas antidrones, defensa aérea, movilidad, inteligencia, ciberdefensa y fuerzas especiales. El 13 de septiembre, la propia Presidencia presentó los acuerdos alcanzados con Estados Unidos bajo la denominación de “Acuerdos de Barranquilla”, articulados alrededor de tres objetivos: “reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio”. La Presidencia ha definido esta nueva relación como una asociación estratégica y ha reivindicado explícitamente la alianza histórica entre ambos países.

Desde una lectura antiimperialista, la importancia de estos acontecimientos no reside únicamente en quién ocupa actualmente la Casa de Nariño. Lo fundamental es observar la continuidad histórica: Plan Colombia ayer, nuevas estructuras de cooperación militar hoy; dependencia estratégica de Washington ayer, “principal socio de seguridad” hoy. Cambian los nombres, las tecnologías y los escenarios geopolíticos, pero permanece la centralidad de Colombia dentro de la arquitectura de seguridad estadounidense en América Latina. El debate, por tanto, no debería limitarse a determinar si un determinado avión, radar o sistema de inteligencia es eficaz contra una organización armada. También debe preguntarse qué modelo de Estado y de relaciones internacionales se está construyendo, qué recursos públicos se destinan a la seguridad frente a las necesidades sociales y hasta qué punto las prioridades estratégicas de Washington terminan condicionando las políticas nacionales.

Existe además un elemento que puede parecer secundario, pero que tiene una enorme importancia democrática: el control de la información y de los aparatos de inteligencia del Estado. El antiguo Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, arrastra una historia de interceptaciones ilegales, persecución y abusos que todavía forma parte de la memoria política colombiana. La cuestión de sus archivos vuelve ahora a cobrar actualidad precisamente cuando el nuevo Gobierno controla esos fondos documentales. Su apertura, conservación y tratamiento son fundamentales para conocer episodios todavía no esclarecidos y para garantizar que la memoria de las víctimas no quede subordinada a los intereses políticos de cada Gobierno. La democracia no consiste únicamente en celebrar elecciones; también significa permitir que una sociedad pueda conocer qué hicieron sus instituciones cuando actuaron clandestinamente contra ciudadanos, organizaciones sociales, periodistas o adversarios políticos.

Incluso las primeras decisiones institucionales del nuevo Ejecutivo muestran que la disputa por el control del Estado no se limita al terreno militar. La destitución del director del DANE, Ricardo Valencia, apenas tres semanas después de su nombramiento, abrió un debate sobre la autonomía técnica del organismo estadístico. El Gobierno argumentó que Valencia incumplió directrices presidenciales sobre comunicación pública, mientras que antiguos responsables del DANE cuestionaron las posibles consecuencias para la independencia y credibilidad de la institución. En un país donde las cifras de empleo, pobreza, desigualdad y crecimiento tienen una importancia decisiva para evaluar las políticas públicas, la autonomía de los organismos que producen información oficial constituye también una cuestión democrática.

Todo esto permite comprender mejor qué puede significar hablar de “democracia en estado de sitio” en Colombia. No significa afirmar que el país haya dejado de ser formalmente una democracia ni que exista una dictadura clásica. Significa señalar una contradicción histórica: instituciones democráticas que conviven con enormes desigualdades materiales; elecciones que se celebran mientras dirigentes sociales son asesinados; derechos constitucionales que coexisten con comunidades desplazadas; una economía moderna que convive con una concentración extraordinaria de la propiedad rural; y un Estado que proclama soberanía mientras mantiene una alianza militar y estratégica extraordinariamente estrecha con la principal potencia mundial.

La cuestión de fondo vuelve así al lugar donde comenzó buena parte de esta historia: la tierra y el poder. Mientras el 1 % de las explotaciones controle el 81 % de la tierra agrícola, mientras existan comunidades campesinas e indígenas disputando el control de sus territorios, mientras las economías ilegales compitan con el Estado por corredores estratégicos y mientras los grandes intereses económicos tengan una capacidad de influencia muy superior a la de millones de trabajadores y campesinos, la violencia colombiana no podrá explicarse únicamente como un problema policial o militar. El propio Centro Nacional de Memoria Histórica ha señalado la relación histórica entre tierra, conflicto, actores armados, narcotráfico, desplazamiento y despojo.

Por eso, la nueva etapa abierta con De la Espriella plantea una pregunta que va mucho más allá de las cifras diarias de capturas, incautaciones o operaciones militares. ¿Puede resolverse una crisis histórica de desigualdad y exclusión mediante una política basada fundamentalmente en la fuerza? La respuesta dependerá de qué otras políticas acompañen a esa estrategia: reforma rural, empleo digno, educación pública, sanidad, vivienda, presencia civil del Estado, protección efectiva de las comunidades y garantías para la participación política. Si la seguridad se convierte únicamente en militarización, el riesgo es volver a reproducir una vieja dinámica en la que las causas sociales del conflicto quedan ocultas detrás de la respuesta armada.

Colombia ha demostrado durante décadas que la violencia puede modificar gobiernos, territorios y relaciones de poder, pero también que la violencia por sí sola nunca ha resuelto las contradicciones que la alimentan. La historia de Gaitán, de La Violencia, del Frente Nacional, de las guerrillas, del paramilitarismo, de la Unión Patriótica, de Plan Colombia y del Acuerdo de Paz forma parte de una misma secuencia histórica en la que la disputa por la tierra, la riqueza y el poder político ha sido una constante. El nuevo Gobierno puede cambiar las prioridades del Estado, reforzar la alianza con Washington y apostar por una estrategia de mayor confrontación, pero ninguna de esas decisiones elimina las estructuras que dieron origen a buena parte del conflicto.

Y ahí se encuentra probablemente la verdadera batalla democrática de Colombia: no solamente quién gobierna desde Bogotá, sino quién tiene capacidad real para decidir sobre la tierra, la riqueza, los territorios y el futuro del país. Una democracia que pueda ser ejercida plenamente por campesinos, trabajadores, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, estudiantes, organizaciones populares y movimientos sociales exige algo más que depositar una papeleta cada cuatro años. Exige que organizarse no sea una sentencia de muerte, que reclamar tierra no convierta a nadie en objetivo, que defender el territorio no sea considerado una amenaza y que la soberanía nacional no quede subordinada a las necesidades estratégicas de ninguna potencia.

La historia colombiana demuestra que cada vez que una parte de la sociedad ha intentado transformar esas relaciones de poder, la respuesta de los sectores dominantes ha sido intensa. También demuestra que las sociedades cambian cuando las mayorías dejan de aceptar que la desigualdad, la violencia y la exclusión sean consideradas parte inevitable del paisaje. La Colombia de 2026 vuelve a encontrarse ante esa contradicción: una democracia formalmente viva, pero atravesada por desigualdades y violencias que cuestionan su contenido real. Lo que está en juego no es solamente la política de seguridad de un nuevo presidente, sino el tipo de sociedad que Colombia quiere construir después de décadas de guerra, concentración de la riqueza, intervención extranjera y resistencia popular.

En ese sentido, la pregunta fundamental continúa siendo la misma que atraviesa toda la historia contemporánea colombiana: ¿democracia para quién, seguridad para quién y propiedad de quién?

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Los Vargas Llosa, el fujimorismo y el nuevo Perú de Trump: cuando el neoliberalismo se encuentra con la ultraderecha

Por Javier Huerta

Hay apellidos que forman parte de la historia política de un país hasta el punto de convertirse en auténticos símbolos de una determinada época. En el Perú contemporáneo, Vargas Llosa y Fujimori representan dos de esos apellidos. Durante décadas estuvieron enfrentados y llegaron a encarnar proyectos políticos que parecían irreconciliables dentro del campo de la derecha peruana. En 1990, Mario Vargas Llosa concurrió a las elecciones presidenciales al frente del Frente Democrático, defendiendo un programa de profundas reformas económicas basado en la liberalización, la apertura de la economía y una reducción sustancial de la intervención del Estado. Frente a él apareció Alberto Fujimori, un candidato hasta entonces prácticamente desconocido para buena parte de las élites políticas y económicas del país, que acabaría imponiéndose en las urnas. Lo que vino después marcaría profundamente la historia peruana: el autogolpe de 1992, la concentración del poder, la corrupción y las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante su régimen. Vargas Llosa se convirtió entonces en uno de los principales adversarios intelectuales del fujimorismo. Sin embargo, tres décadas después, aquella antigua frontera política se ha desdibujado hasta prácticamente desaparecer. El hijo del hombre que se enfrentó electoralmente a Alberto Fujimori se prepara ahora para representar en Washington al Gobierno de su hija, Keiko Fujimori, precisamente cuando Lima estrecha sus relaciones políticas y de seguridad con la Administración de Donald Trump.

La evolución política de Mario Vargas Llosa ayuda a comprender cómo se ha producido este desplazamiento. El escritor no comenzó su trayectoria en la derecha. Durante su juventud mantuvo posiciones de izquierda y llegó a simpatizar con la Revolución cubana, pero su posterior ruptura con el castrismo y su evolución intelectual le llevaron hacia el liberalismo político y económico. A partir de los años ochenta se convirtió en uno de los principales defensores latinoamericanos de las políticas de mercado, la propiedad privada, la reducción del papel económico del Estado y la apertura de las economías nacionales. Su candidatura presidencial de 1990 fue la expresión política de esa transformación. A partir de entonces, Vargas Llosa pasó a ser una de las figuras intelectuales más influyentes del liberalismo latinoamericano, participando activamente en los debates políticos de la región y respaldando durante años proyectos que defendían la aplicación de políticas económicas neoliberales. Pero aquella evolución continuaría. Con el paso del tiempo, su oposición a la izquierda fue adquiriendo una importancia cada vez mayor y sus alianzas políticas comenzaron a aproximarle a sectores conservadores que ya no representaban únicamente el viejo liberalismo económico. Su apoyo a Jair Bolsonaro en Brasil, a José Antonio Kast en Chile y a otras candidaturas de la derecha radical latinoamericana mostró hasta qué punto había cambiado el espacio político en el que se movía. Lo significativo no es solamente la trayectoria individual del escritor, sino un fenómeno mucho más amplio: una parte del antiguo liberalismo latinoamericano ha terminado encontrando espacios de coincidencia con las nuevas derechas radicales, incorporando a su defensa del mercado posiciones mucho más duras en materia de seguridad, inmigración, identidad, orden público y confrontación con la izquierda.

El cambio resulta especialmente revelador cuando se observa la relación con el fujimorismo. Durante años Vargas Llosa sostuvo una oposición frontal a Alberto Fujimori y posteriormente a su hija Keiko. Sin embargo, en 2021, ante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, el escritor pidió votar por la candidata de Fuerza Popular. El argumento utilizado entonces fue que, frente a Castillo, había que optar por Fujimori como alternativa para impedir el avance de la izquierda. Aquella decisión cerró una de las grandes contradicciones de su trayectoria política: quien había construido buena parte de su identidad pública enfrentándose al fujimorismo terminó respaldando electoralmente a su principal heredera política. Después de su muerte, esa aproximación no desapareció con él. Álvaro Vargas Llosa asumió públicamente el respaldo a Keiko Fujimori durante las elecciones de 2026, llegando a sostener que su padre probablemente también habría apoyado su candidatura. El movimiento adquirió una dimensión institucional cuando Keiko Fujimori anunció que Álvaro Vargas Llosa sería propuesto como embajador del Perú en Estados Unidos. Si el proceso diplomático culmina formalmente, será precisamente el hijo de aquel candidato presidencial que en 1990 se enfrentó a Alberto Fujimori quien representará en Washington al Gobierno de la hija de su antiguo adversario.

La fotografía política adquiere todavía mayor significado por el momento en que se produce. El anuncio del futuro embajador coincide con una ofensiva diplomática del Gobierno peruano para estrechar sus relaciones con Estados Unidos y con la visita a Lima del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Durante esa visita, Keiko Fujimori confirmó la incorporación del Perú al denominado Escudo de las Américas, iniciativa promovida por Washington para reforzar la cooperación entre distintos gobiernos del continente en materia de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales transnacionales. La medida ha sido presentada por el Gobierno peruano como una respuesta necesaria ante el crecimiento del crimen organizado y como una forma de mejorar la cooperación internacional, pero se produce dentro de un contexto geopolítico mucho más amplio. La Administración Trump está tratando de recuperar espacio político y estratégico en América Latina, al mismo tiempo que observa con creciente preocupación la expansión de la presencia económica de China en la región. Perú ocupa una posición especialmente importante en esta disputa debido a sus relaciones comerciales con China y a la importancia estratégica adquirida por el puerto de Chancay. De esta manera, la nueva relación con Washington no puede contemplarse únicamente desde la perspectiva de la lucha contra el narcotráfico o la delincuencia: forma parte también de una pugna por la influencia económica, política y estratégica en el Pacífico latinoamericano.

El Gobierno de Keiko Fujimori está construyendo buena parte de su discurso alrededor de la seguridad y de la necesidad de recuperar la autoridad del Estado frente al crimen organizado. En un país que arrastra una profunda crisis institucional y una percepción creciente de inseguridad, ese discurso encuentra un terreno especialmente favorable. El problema aparece cuando la respuesta a la criminalidad comienza a traducirse en una ampliación permanente de las facultades de las fuerzas de seguridad, una reducción de los controles sobre su actuación o una utilización cada vez más amplia de instrumentos excepcionales. En julio de 2026, por ejemplo, fue promulgada una reforma que amplía la competencia de la justicia militar y policial sobre determinados delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía, incluso en circunstancias que afectan a civiles. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han expresado preocupación por las consecuencias que este tipo de reformas pueden tener para la investigación y persecución de posibles violaciones de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha advertido sobre actuaciones que pueden afectar a la independencia judicial. Estas advertencias adquieren un significado especial en Perú porque la historia reciente del país está marcada precisamente por los abusos cometidos bajo gobiernos que utilizaron la lucha contra el terrorismo y la defensa del orden público como justificación para ampliar el poder de los aparatos estatales de seguridad.

No se trata de negar la existencia del crimen organizado ni la necesidad de combatirlo. Perú se enfrenta a problemas reales de violencia, narcotráfico, extorsión y penetración de organizaciones criminales, y cualquier gobierno tiene la obligación de proteger a la población. La cuestión política es otra: qué instrumentos utiliza el Estado para hacerlo y cuáles son los límites que está dispuesto a respetar. La experiencia histórica demuestra que la seguridad puede convertirse en una herramienta política extraordinariamente poderosa cuando se presenta como una cuestión absoluta frente a la cual cualquier garantía democrática aparece como un obstáculo. Ese fue uno de los mecanismos utilizados durante el fujimorismo de los años noventa, aunque el contexto actual sea diferente y no pueda establecerse una equivalencia automática entre ambos periodos. Precisamente por ello resulta necesario observar con atención la evolución de las instituciones, el papel concedido a las Fuerzas Armadas y a la Policía, las reformas judiciales y la utilización política del discurso de la mano dura.

El paralelismo con la experiencia fujimorista tampoco puede reducirse a la cuestión de la seguridad. Existe una dimensión económica que resulta fundamental para comprender la continuidad de determinadas políticas. El régimen de Alberto Fujimori consolidó en los años noventa un modelo económico basado en la apertura de los mercados, las privatizaciones, la reducción de la intervención estatal y la atracción de capital extranjero. Aquel proceso transformó profundamente la economía peruana y dejó una estructura neoliberal que, con diferentes gobiernos y matices, ha sobrevivido durante décadas. Las fuerzas políticas que se han sucedido en el poder han discutido sobre numerosas cuestiones, pero el modelo económico fundamental ha demostrado una extraordinaria capacidad de permanencia. El debate actual se desarrolla, por tanto, sobre una estructura que continúa concediendo un enorme peso a la inversión privada y al mercado, mientras amplios sectores sociales siguen reclamando respuestas frente a la desigualdad, la precariedad y la debilidad de los servicios públicos. El neoliberalismo no desapareció con Fujimori; se convirtió en parte estructural del sistema político y económico peruano.

Lo que está cambiando ahora es la forma de proteger y reforzar ese modelo en un contexto político mucho más polarizado. Las derechas latinoamericanas de las últimas décadas han aprendido que ya no basta con defender las privatizaciones, la liberalización económica o la reducción del Estado. Las nuevas derechas incorporan un discurso mucho más agresivo contra la izquierda, los movimientos sociales y las políticas redistributivas, al tiempo que convierten la seguridad, la autoridad y la defensa del orden en elementos centrales de su identidad. Es una combinación que puede observarse, con características diferentes, en varios países de la región y que mantiene una relación cada vez más estrecha con determinadas corrientes de la derecha estadounidense. En este nuevo escenario, Trump no representa simplemente una referencia electoral para los conservadores latinoamericanos, sino un modelo político que combina nacionalismo, proteccionismo selectivo, confrontación con la izquierda, endurecimiento de las políticas migratorias, fortalecimiento del aparato de seguridad y una política exterior destinada a recuperar la primacía estadounidense en el hemisferio.

La Administración Trump está intentando reconstruir precisamente esa influencia. La seguridad constituye uno de los instrumentos principales, pero detrás de ella existe una agenda geopolítica más amplia. Washington quiere fortalecer sus alianzas con gobiernos considerados próximos, aumentar la cooperación militar y policial, contener la influencia de China y recuperar capacidad de intervención política en una región donde durante las últimas décadas otros actores han ganado espacio. La nueva política estadounidense hacia América Latina está encontrando interlocutores especialmente receptivos entre los gobiernos de derecha que comparten la preocupación por la expansión de China y que consideran la cooperación con Estados Unidos una herramienta para combatir el crimen organizado. La incorporación de Perú al Escudo de las Américas encaja en esa estrategia y sitúa a Lima dentro de una red de cooperación regional impulsada directamente desde Washington.

La cuestión de China resulta especialmente relevante para entender el interés estadounidense por Perú. Durante los últimos años, China se ha convertido en uno de los principales socios comerciales del país y su presencia en infraestructuras estratégicas ha crecido considerablemente. El puerto de Chancay, construido con participación de la empresa china COSCO Shipping Ports, es el ejemplo más visible. Para Perú, la relación económica con China tiene una importancia indiscutible; para Washington, la expansión de la presencia china en el Pacífico sudamericano constituye un desafío estratégico. El Gobierno de Keiko Fujimori no ha roto sus relaciones económicas con Pekín, pero su decisión de profundizar el vínculo político y de seguridad con Estados Unidos introduce una nueva dimensión en el equilibrio internacional peruano. La disputa entre Washington y Pekín se proyecta así sobre un país que se encuentra en una posición económica y geográfica especialmente sensible.

En este escenario es donde el nombramiento de Álvaro Vargas Llosa adquiere un significado que va mucho más allá de su condición de embajador. Su trayectoria familiar representa una parte de la evolución de las élites intelectuales de la derecha latinoamericana: del liberalismo clásico al neoliberalismo y, posteriormente, a una aproximación cada vez mayor a las nuevas derechas conservadoras. Su llegada a Washington como representante de un Gobierno fujimorista que está estrechando sus vínculos con Trump convierte esa evolución en una imagen política difícil de ignorar. El apellido Vargas Llosa, que durante décadas fue asociado a la oposición al fujimorismo, aparece ahora integrado en el proyecto internacional del nuevo fujimorismo. La contradicción histórica no es menor, porque revela hasta qué punto las antiguas divisiones dentro de la derecha peruana han quedado subordinadas a una nueva confrontación política en la que el principal enemigo común es la izquierda y en la que la alianza con Washington vuelve a ocupar un lugar central.

Esta transformación también obliga a revisar una idea que durante mucho tiempo se presentó como incuestionable: que liberalismo económico y autoritarismo político pertenecen necesariamente a campos diferentes. La historia latinoamericana demuestra que pueden coexistir y que, en determinados momentos, las élites económicas pueden considerar útil un Estado fuerte para garantizar la estabilidad del modelo económico. Eso no significa que todo liberal sea autoritario ni que cualquier gobierno que defienda políticas de mercado termine necesariamente recurriendo a prácticas autoritarias. Significa que la defensa del mercado y la defensa de las libertades políticas no son automáticamente la misma cosa, y que la experiencia peruana de los años noventa constituye uno de los ejemplos más claros de cómo ambas dimensiones pueden separarse.

El Perú actual se encuentra ante una situación diferente, pero algunas de aquellas tensiones vuelven a aparecer bajo nuevas formas. El Gobierno de Keiko Fujimori combina la defensa de un modelo económico consolidado durante décadas con un discurso de autoridad y seguridad cada vez más marcado, mientras refuerza su relación estratégica con Estados Unidos. En paralelo, distintos organismos internacionales han expresado preocupación por determinadas reformas relacionadas con la justicia, las fuerzas de seguridad y la independencia institucional. No sería correcto afirmar que todas estas medidas convierten automáticamente al Perú en una dictadura ni que el país reproduce exactamente el régimen de Alberto Fujimori. Pero tampoco resulta razonable ignorar las señales que generan preocupación cuando el fortalecimiento del poder ejecutivo, la ampliación de las competencias de las fuerzas de seguridad y el debilitamiento de determinados controles institucionales aparecen simultáneamente.

La historia de los Vargas Llosa permite observar esta transformación desde una perspectiva particularmente reveladora. Mario Vargas Llosa pasó de la izquierda de su juventud al liberalismo y terminó apoyando a candidatos situados en la derecha radical. Después de su muerte, su hijo Álvaro se ha convertido en uno de los apoyos públicos de Keiko Fujimori y está llamado a ocupar un puesto clave en Washington. Mientras tanto, la presidenta peruana profundiza la relación con una Administración estadounidense que está tratando de reorganizar las alianzas políticas y de seguridad del continente. Lo que hace treinta años parecía una contradicción —Vargas Llosa y Fujimori enfrentados— hoy aparece como una convergencia política dentro de una derecha peruana que ha cambiado profundamente.

No estamos simplemente ante la historia de una familia ni ante una reconciliación entre dos viejos adversarios. Lo que se está produciendo es una transformación de las derechas latinoamericanas en la que el viejo programa neoliberal permanece, pero se combina cada vez más con discursos de orden, seguridad, nacionalismo y confrontación frontal con la izquierda. El fujimorismo peruano se inserta en esa corriente mientras busca estrechar sus relaciones con Washington y participar en la arquitectura de seguridad que la Administración Trump está impulsando en América Latina. Y los Vargas Llosa, que durante décadas representaron una de las expresiones intelectuales más conocidas del liberalismo latinoamericano, han terminado ocupando un espacio dentro de esa misma convergencia.

Perú vuelve así a convertirse en un laboratorio político de enorme importancia para América Latina. El país deberá afrontar simultáneamente la inseguridad, la desigualdad, la crisis de representación, la debilidad de sus instituciones y la presión de una disputa geopolítica cada vez más intensa entre Estados Unidos y China. La respuesta que está ofreciendo el Gobierno de Keiko Fujimori pasa por reforzar la seguridad, consolidar el modelo económico heredado del ciclo neoliberal y estrechar la alianza con Washington. El problema que queda abierto es si ese camino permitirá resolver las profundas fracturas sociales del país o si terminará profundizando un modelo en el que la autoridad del Estado se fortalece mientras las causas sociales de la desigualdad y la exclusión permanecen intactas.

La fotografía de este nuevo Perú resulta, en ese sentido, tremendamente significativa. Keiko Fujimori ocupa la Presidencia; Marco Rubio llega a Lima para reforzar la cooperación con Washington; Trump intenta recuperar el control estratégico de América Latina; China mantiene una posición económica fundamental en el país; y Álvaro Vargas Llosa se prepara para representar al Gobierno peruano ante Estados Unidos. Los protagonistas han cambiado respecto a 1990, pero los grandes conflictos continúan atravesando la política peruana: neoliberalismo frente a demandas sociales, seguridad frente a derechos, soberanía frente a dependencia y un país situado en medio de una disputa geopolítica que vuelve a convertir a América Latina en un escenario prioritario para Washington.

Y quizá sea precisamente ahí donde se encuentre la mayor paradoja de esta historia. El apellido Vargas Llosa nació políticamente enfrentado al fujimorismo y termina formando parte de su nueva arquitectura de poder internacional. Aquella derecha que en otros tiempos aparecía dividida entre liberalismo y fujimorismo parece haber encontrado hoy un enemigo común y una nueva referencia internacional. La Administración Trump ofrece el marco geopolítico; el neoliberalismo proporciona buena parte de la estructura económica; el fujimorismo aporta su tradición política y su discurso de autoridad; y los Vargas Llosa aportan una legitimidad intelectual construida durante décadas en defensa del liberalismo latinoamericano.

El Perú de 2026 está escribiendo, por tanto, un nuevo capítulo de una vieja historia. Una historia en la que las derechas cambian de nombre, renuevan sus discursos y modifican sus alianzas, pero continúan disputando el control del Estado y del modelo económico. Esta vez, con Washington mirando hacia Lima y con un Vargas Llosa dispuesto a ocupar el lugar de embajador que simboliza, quizá mejor que cualquier discurso, la extraordinaria transformación de la derecha peruana durante las últimas décadas.

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Nicaragua y la solidaridad norteamericana

Por Stephen Sefton

Las luchas revolucionarias alrededor del mundo siempre han inspirado admiración y apoyo entre los movimientos populares de los países capitalistas occidentales. La auténtica opinión progresista occidental defiende los ideales de la igualdad entre las personas, la hermandad entre las naciones, la no agresión y la autodeterminación de los pueblos. En cambio, desde la perspectiva de las antidemocráticas élites gobernantes occidentales, los procesos revolucionarios son una doble amenaza. En primer lugar desafían el poderoso dominio político y económico sobre el mundo mayoritario de la cúpula empresarial y financiera occidental. En segundo lugar, las revoluciones exitosas ofrecen modelos de una sociedad más justa que responde a las aspiraciones y necesidades de las mayorías y no a los mezquinos intereses de una pequeña, avara élite.

En el caso de los Estados Unidos norteamericanos, el Triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1979 dividió la opinión pública del país que estaba poniendo atención al desenlace de la insurrección en Nicaragua. Mientras los sectores más reaccionarios apoyaban la barbarie de la dictadura somocista, el consenso entre los sectores liberales y progresistas apoyaba su derrocamiento. La llegada al gobierno norteamericano en enero 1981 del fanático anti-Comunista Ronald Reagan señaló nuevas políticas reaccionarias cada vez más agresivas hacia los movimientos revolucionarios de América Latina. Para Centroamérica, el resultado era una intensificación de la intervención militar yanqui en la región, lo cual en Nicaragua tomó la forma de una cruel guerra terrorista contra el pueblo, acompañada por un sádico bloqueo económico.

En la vida pública norteamericana en ese período, el espacio político y mediático, aun en las limitadas formas posibles dentro de la plutocracia norteamericana, fue mucho mayor que ahora. Durante la década de los años 1980s, el movimiento norteamericano de la solidaridad con Nicaragua y su Revolución Popular Sandinista podía influir hasta cierto punto en los procesos políticos y en la formación de la opinión pública de una manera que desde hace más de treinta años ha llegado a ser progresivamente menos factible. Y era en ese tiempo de la guerra en Nicaragua que la solidaridad norteamericana floreció entre muchos de los sectores progresistas de la sociedad estadounidense. 

El compañero Brian Willson es el ejemplo paradigmático sin par del amor a Nicaragua y su Revolución desplegada por la solidaridad norteamericana. Este año en la Asamblea Nacional, Brian explicó cómo sus experiencias en Vietnam y Nicaragua le ayudó a perder el miedo de tener miedo y comentó, “No es heroico. Es seguir la empatía de tu corazón… para mí, el pueblo de Nicaragua es heroico, como lo es el pueblo de Vietnam. Me inspiró a unirme a ellos en la lucha contra el imperialismo occidental liderado por Estados Unidos”. El sentir de Brian es común a muchos activistas de la solidaridad norteamericana que conocían a Nicaragua durante la guerra terrorista impuesta por el presidente Reagan y han logrado transmitir ese amor a Nicaragua a nuevas generaciones de jóvenes de su país.  

El reconocido abogado y activista por la Paz, Dan Kovalik quien vino a Nicaragua a la edad de 19 años en 1987, dice,"Ser testigo del coraje y la perseverancia del pueblo nicaragüense frente a la implacable guerra de terror de Estados Unidos contra ellos me inspira incluso hasta el día de hoy”. El Dr. Arnold Matlin, incansable en su apoyo a Nicaragua durante 49 años, recuerda que, “Mi primer viaje a Nicaragua fue en enero de 1988, durante la guerra. Descubrí que Nicaragua es un país que lucha por mantener su independencia contra un ejército de mercenarios apoyados por Estados Unidos. Decidí en ese momento que Nicaragua era una nación a la que quería llamar mi segundo país”.

El compañero Jeffrey Higgins seguía desde muy joven el desarrollo de la lucha revolucionaria sandinista y la guerra terrorista contra el pueblo nicaragüense y comenta, “...el ejemplo sandinista se me había grabado y pensé que debía hacer más. En mi caso, el momento llegó en 1987 cuando me convertí en colaboradora internacionalista en El Salvador con el FMLN. Entonces, como el ejemplo dado por Cuba ha sido una inspiración para que muchos den un paso al frente y sean contados, fue y es la Revolución Sandinista la que me inspira a mí”. Para casi todos las y los activistas de la solidaridad norteamericana, el ejemplo de compromiso con el desarrollo humano de las familias nicaragüenses es inextricable del enfático ejemplo de la defensa de la soberana dignidad nacional de Nicaragua.

La compañera Bárbara Larcom cuenta de su visita a Nicaragua en 1989, cuando visitó a San Juan de Limay y quedó en la casa de una familia recién desplazada de su comarca por un ataque terrorista. “El estado de ánimo que sentí entonces de casi todas y todos fue de esperanza y determinación: que juntos estaban trabajando para crear un país donde las personas se cuidaran unas a otras y trabajaran para satisfacer las necesidades de todas y todos. El 19 de julio, en Managua, asistimos a la celebración del décimo aniversario del Triunfo… La energía y el entusiasmo eran contagiosos, y sucumbí al amor eterno por el país y su gente”. De la misma manera, la compañera Susan Lagos recuerda, “Cuando vine a Nicaragua en 1987 con Maestros por la Paz, me enamoré de los nicaragüenses y su espíritu Revolucionario, feroz en su defensa contra el imperio estadounidense, que ha tratado de controlar Nicaragua y sus recursos”.

La compañera Kathy Hoyt vivía en Matagalpa antes del Triunfo de 1979. Ella atendía como trabajadora social a muchas niñas y niños desnutridos. Ella recuerda que, en ese entonces, más de 60% de las y los niños en Nicaragua padecían de desnutrición. Kathy comenta, “después de que triunfó la Revolución en 1979, trabajé como trabajadora social y de salud... pesaba y medía a los niños cada mes y los veía recuperarse de la desnutrición. En esos primeros años de la revolución, la desnutrición infantil fue prácticamente eliminada”. La compañera Nan McCurdy quien vino a Nicaragua en 1985 y vivía en San Juan de Limay durante más de tres años, dice “Apoyo al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional porque es un ejemplo para el mundo de lo que significa ser una nación soberana, una nación antiimperialista. Ver este ejemplo es especialmente crucial para los países pequeños que aún están bajo la bota de los Estados Unidos”.

Durante los 17 años de desgobierno neoliberal desde 1990 hasta 2007, la solidaridad internacional con Nicaragua mantenía valiosos niveles de respaldo moral y de solidaridad práctica para combatir la constante guerra psicológica norteamericana y mantener vivas las relaciones de hermandad entre los pueblos. Muchas compañeras y compañeros norteamericanos lucharon con solidez moral, astucia política y prudencia sensata ante el constante divisionismo promovido por desleales ex-sandinistas que tenían mucha influencia maligna en la opinión extranjera. Los acontecimientos de 2018 demostraron la solidaridad genuina de cientos de valiosas activistas norteamericanos con auténticos principios revolucionarios y un verdadero amor para Nicaragua y la Revolución Sandinista. 

Como comentó el compañero Stansfield Smith, “Sabía lo suficiente como para saber que... Estados Unidos solo quiere  derrocar a los gobiernos de los países que están llevando a cabo programas progresistas, defienden su soberanía nacional y no están bajo el dominio del imperio estadounidense”. Las y los activistas de la solidaridad ven claramente la innegable realidad de la exitosa transformación de Nicaragua por la Revolución Popular Sandinista liderada por el Comandante Daniel y la Compañera Rosario. 

La compañera Jill Clark-Gollub nota que “Nicaragua es un ejemplo de dignidad y humanismo en un mundo que carece de valores humanos; es un oasis de paz y prosperidad en un mundo tumultuoso. Es un lugar en donde las mujeres, los jóvenes, los campesinos, los trabajadores y los y las afrodescendientes e indígenas conquistan más derechos cada día. Pero Nicaragua no mira solamente hacia adentro, sino que levanta su voz en el escenario mundial para defender lo correcto”. El destacado compañero escritor Roger Harris ha observado “Es hermoso ver a la Juventud Sandinista conectarse con una revolución considerablemente mayor que ellos al celebrar las canciones de la revolución. Es difícil no enamorarse de la tierra de lagos y volcanes. Para nosotros, los internacionalistas, Nicaragua es una inspiración y una visión de lo que puede ser una buena sociedad”.

La compañera Susan Lagos, quien vive en Ciudad Darío, asevera, “Bajo el gobierno del FSLN con Daniel Ortega y Rosario Murillo, he visto con mis propios ojos las ruinas del terremoto de Managua de 1972 transformadas en una hermosa ciudad moderna con parques, estadios y pistas modernas… Cualquiera en su sano juicio preferiría vivir aquí en paz en lugar de en los EE.UU., donde los servicios públicos están en ruinas, los costos de atención médica y educación son fuera de alcance y la gente vive con miedo bajo un gobierno constantemente en guerra”.

La escritora y activista por la paz Gloria Guillo comparte el criterio de Susan. Gloria comenta, “Si más gente estadounidense entendiera el éxito de Nicaragua, esperarían más de nuestro propio liderazgo en Washington. Creo que esta es la verdadera razón por la que Washington ve a Nicaragua como una amenaza y por la que impone en su contra medidas coercitivas económicas ilegales tan dañinas. Nuestros líderes tienen miedo de que nos demos cuenta de lo que ellas y ellos dejan de hacer por nosotros en nuestro país en comparación con  lo que el gobierno de Nicaragua hace por su pueblo”. De igual manera el compañero Michael Boudreau, quien vive en Carazo, declara, “Sería difícil encontrar otro gobierno que haya hecho tanto por su pueblo como el gobierno sandinista de Nicaragua. No se me ocurre nada más importante que promover, apoyar y defender la Revolución Sandinista y el actual gobierno sandinista, porque representa lo mejor de nosotras y nosotros y, además, una verdadera resistencia al imperialismo estadounidense”.

Muchos de las y los compañeros de la solidaridad norteamericana acompañaban las elecciones nacionales de 2021. El compañero Rick Sterling de la organización Veteranos por la Paz recuerda, “Fue impresionante observar los protocolos, procedimientos y dignidad de la gran cantidad de ciudadanos nicaragüenses que votaron con orgullo. Esto fue durante la crisis del COVID-19 y todos llevaban mascarilla, procediendo con calma en un proceso muy claro y transparente... En cada lugar de votación había representantes de los diferentes partidos. En resumen, observé una elección clara y limpia…  Nicaragua es bella, acogedora y, en comparación a otros países, muy segura”.

Bárbara Larcom comparte los sentimientos de admiración y cariño para Nicaragua y su revolución “He seguido inspirándome en la esperanza y determinación de los sandinistas, fomentando la participación de todos para construir un país en el que las personas puedan prosperar y desarrollarse como seres humanos. Nicaragua es increíble! Vivo en los Estados Unidos, donde anhelamos este mismo progreso: el florecimiento de la atención médica universal y la educación universal y la unidad entre las personas, acompañado de un plan decidido ahora en progreso para erradicar la pobreza. Es un hermoso ejemplo para todos nosotras y nosotros”.

La compañera Becca Renk vive en Ciudad Sandino donde ha promovido actividades de desarrollo comunitario durante más de 25 años. Dice “No puedo expresar con palabras el alivio, la esperanza y el orgullo que uno siente simplemente por vivir en una sociedad donde el gobierno tiene la voluntad política de atender a su población y combatir la pobreza. El solo hecho de estar aquí en Nicaragua es un gran cambio de paradigma para mí luego de crecer toda mi niñez en el imperio, e incluso un cuarto de siglo después, uno siente que hay mucho que aprender… es un honor ser aceptado aquí en este país y siempre atesoro la oportunidad de poder vivir aquí”.

La destacada escritora y activista incansable del Black Alliance for Peace, Margaret Kimberley, ha escrito que “...ver por mí mismo que podría existir un estado socialista en este hemisferio donde casi todas las naciones se doblegan ante nuestro país, EE.UU, ha sido un soplo de aire fresco. Visitar Nicaragua revitalizó mi determinación de luchar contra los dictados del capitalismo y el imperialismo. Lo que se nos dice que no puede existir, en realidad existe en Nicaragua”.

Veterano escritor y activista por la paz Fred Morris consta como se mudó a Nicaragua con su familia en 2007 y como “...nos hemos regocijado de cómo el gobierno sandinista ha dedicado un esfuerzo increíble a satisfacer las necesidades de la mayoría empobrecida. Desde el primer momento la educación es gratuita. ¡Han construido más de 40 hospitales!!... Aparte de nacionalizar la atención médica; construyeron más de 100 hospicios de maternidad. Las mujeres tienen más derechos en Nicaragua hoy que en todos los países excepto los escandinavos…En 2021 me convertí con orgullo en ciudadano de Nicaragua”.

Muchas de las personas norteamericanas que han decidido hacer sus vidas en Nicaragua han recibido el privilegio de la ciudadanía nicaragüense.  La compañera Nan McCurdy comenta, “Tengo el honor de ser ciudadana nicaragüense, gracias a nuestros Copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y ahora tengo una nieta de siete meses que es nicaragüense… Una de las razones más importantes por las que apoyó al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional es porque es un ejemplo para el mundo de lo que significa ser una nación soberana, una nación antiimperialista. Este ejemplo es especialmente crucial para los países pequeños que aún están bajo la bota de los Estados Unidos”.

La activista política Sarah Flounders también valora el gran ejemplo del gobierno Sandinista en  Nicaragua, “He estado muy consciente de los asombrosos logros de Nicaragua, aun bajo las continuas medidas coercitivas de los Estados Unidos, las cuales tienen la intención de frustrar el desarrollo y la modernización de Nicaragua… El desarrollo no es un proceso pasivo. Nicaragua tiene cientos de iniciativas a nivel de base… No importa a quién le pregunté,  todas y todos contaron el montón de  cambios y mejoras concretas…  Eso es orgullo nacional y orgullo colectivo. El gobierno sandinista / FSLN avanza con gran determinación. Una visita a Nicaragua da nueva energía a todos los que luchan y se organizan por el cambio para un mundo mejor”.

Nicaragua acoge de manera generosa y humilde todos los gestos de la solidaridad norteamericana, ejemplificado por la entrega heroica del hermano Brian Willson, celebrado hace poco en la Asamblea Nacional en un Acto que expresó la auténtica dignidad del alma nicaragüense. De la misma manera nuestro Copresidente Comandante Daniel comentó en 2021, “Hay muchos norteamericanos que son Amigos de los Pueblos, que nos escriben, que nos dan Solidaridad, y a esos Hermanos norteamericanos les decimos: Gracias, ustedes honran al Pueblo norteamericano…”.  Y nuestra Copresidenta Compañera Rosario resalta el aporte esencial de la solidaridad cuando saluda “a nuestr@s Compañer@s y Herman@s de la Hermosa, Intensa, Solidaridad, esa Gran Fraternidad que lucha y vence, que hemos, luchado y estamos venciendo, creando Junt@s un Mundo Nuevo, Mejor, de Alegría, Justicia, Trabajo, Amistad. Un Mundo de Paz, Paz, Paz...!”.

Fuente:

https://nuevaya.com.ni/opinion-ya/nicaragua-y-la-solidaridad-norteamericana/

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EEUU NO BUSCA LA PAZ CON IRÁN, SINO SU DESTRUCCIÓN

Por Augusto Zamora

El fin, por ahora, de los criminales ataques contra la República Islámica de Irán (RII), la tregua existente y el incierto proceso de negociación en marcha no debe interpretarse como el fin del conflicto que enfrenta a Irán con los países agresores, EEUU e Israel. Aunque se llegara a firmar un acuerdo de paz, los hechos demuestran sobradamente que los acuerdos, para EEUU, desde el siglo XIX carecen de obligatoriedad y, por tanto, pueden ser rotos o desconocidos en cualquier momento. Trump retiró a EEUU del tratado nuclear con Irán, firmado en 2015, echando por tierra en minutos años de negociaciones. EEUU también se retiró de todos los tratados sobre control de armamentos firmados con la URSS y prolongados con Rusia, como Estado sucesor, además de retirarse de decenas de organismos internacionales. Desde los propios orígenes de EEUU, los tratados internacionales son instrumentales, no obligatorios. Firmar acuerdo con EEUU no garantiza nunca nada. Quien crea lo contrario se pierde.

El conflicto que enfrenta a Israel con todos sus vecinos, pero, muy particularmente, con Irán, es existencial. El régimen sionista tiene como objetivo adquirir su “espacio vital” (el lebensraun nazi), que es ocupar toda Palestina y, para lograrlo, debe destruir a los palestinos como pueblo. El genocidio en Gaza no es hecho puntual, sino una etapa más para ampliar su ‘lebensraun’. Ese objetivo cuenta con el apoyo irrestricto de EEUU y de países europeos como Alemania y Francia. Busca, igualmente, destruir a los países vecinos y, con el apoyo de EEUU y la complicidad vergonzante de los países árabes, someter Oriente Medio y Próximo a los dictados del sionismo y de EEUU. Hagan memoria sobre el destino del llamado “eje de resistencia” al sionismo. Egipto, vendido a EEUU y Arabia Saudita por 1.500 millones de dólares anuales. Iraq, Libia y Siria destruidos por ataques armados y operaciones secretas, hasta el colapso de esos Estados. Del “eje de resistencia” sólo que Irán como Estado y los movimientos que apoya.

Desde su fundación, en 1948, el Estado sionista no ha cesado de ocupar territorio palestino y no cesará de hacerlo. La nueva invasión de Líbano y la pretensión de crear una ‘franja de seguridad’ vaciándola de libaneses busca -aunque no lo digan- crear condiciones para anexionarse dicha franja, como hicieron con los Altos del Golán. Detrás de todo eso está el delirio nazionista de establecer un -imposible- ’Gran Israel’ invadiendo el vecindario. Quien quiera creer lo contrario o se engaña o no entiende.

En el otro lado se encuentran el pueblo palestino, Irán y los movimientos afines. Todos ellos defienden la creación de un Estado palestino y el fin del régimen sionista. No hay forma, en las presentes -y futuras- circunstancias, de encontrar arreglo a esa contradicción, que se ha agudizado al extremo tras el genocidio y destrucción de Gaza.

Lo que se pueda firmar como ‘acuerdo de paz’ entre Irán y EEUU será más una tregua que un acuerdo real. Prueba de ello es que Trump ha ordenado la construcción de miles de misiles THAAD y Tomahawk, entre otros, para suplir los empleados en la agresión contra Irán. Además, está solicitando triplicar su cantidad, tanto para surtir de misiles suficientes al Estado sionista, como para llenar los arsenales de EEUU. En dos años, como máximo, según calculan expertos, EEUU dispondría de un arsenal enorme. En otras palabras, ganado tiempo, EEUU estaría en mejores condiciones para intentar destruir Irán, destruyendo lo que crean que deban destruir para alcanzar ese objetivo. Quien crea que EEUU busca un acuerdo real con Irán ignora lo que es EEUU y, peor aún, desconoce, voluntaria o idiotamente, el peso del lobby sionista/evangélico ahí.

El Ejército de EEUU ha solicitado 745,7 millones de dólares para adquirir 96 sistemas lanzacohetes múltiples Himars, multiplicando por doce la financiación inicial, según los documentos presupuestarios del Pentágono. Según esos documentos, para el año fiscal 2026, que finaliza el 30 de septiembre, había destinados únicamente 61,5 millones de dólares, para adquirir sólo seis unidades. Ahora, el Ejército quiere ampliar las reservas de Himars hasta las 617 unidades. Hay que retroceder a 2023 para encontrar una cantidad similar. Ese año se destinaron 672 millones de dólares a los Himars, incluidos 516 millones para reponer los sistemas transferidos al régimen ukronazi. El Pentágono también tiene solicitados 2.700 millones de dólares para lanzadores terrestres MRC, usados por los misiles Tomahawk y SM-6. En suma, EEUU prepara otra guerra, y no será para ocupar Groenlandia ni contra Rusia. Su destino más seguro es Irán.

Tres factores han sido determinantes para que EEUU haya buscado un alto al fuego. El primero fue el agotamiento de sus arsenales, ante la inesperada resistencia de Irán. El 23 de abril, según una última evaluación publicada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), el ejército de EEUU “agotó sus reservas de misiles críticos hasta niveles peligrosos durante la guerra de siete semanas contra Irán, lo que generó un riesgo a corto plazo que podría dejar al país vulnerable”. Si los agresores hubieran dispuesto de armamento suficiente, la guerra habría continuado.

El segundo factor es el económico. El cierre del estrecho de Ormuz y los ataques -merecidos- de Irán a la infraestructura energética de los países del golfo, estaban desencadenando una crisis energética que, en primer lugar, se iba a llevar por delante a los principales aliados de EEUU, es decir a la Europa atlantista, Japón y Corea del Sur. El rechazo atlantista a apoyar la agresión yanqui/sionista contra Irán tenía una profunda razón económica. Si la guerra hubiera continuado, la crisis energética habría podido desatar una crisis en una mayoría de economías del mundo, pero, en primer término, entre los aliados de EEUU. La prórroga del cese al fuego es respuesta a la agonía económica y al ahogo financiero de las petromonarquías. El 19 abril pasado, Emiratos Árabes Unidos inició conversaciones con EEUU para obtener respaldo financiero, según informara el diario Wall Street Journal. Y la crisis apenas comienza, pues desde el inicio de la agresión contra Irán la fuga de capitales y empresas ha sido cotidiana.

El tercer factor es la insospechada resistencia de Irán y su asombroso arsenal misilístico. Podría ocurrir que la capacidad militar demostrada de Irán sea el detonante de una tercera -y casi definitiva- agresión contra este país. Vamos a explicarnos. El Estado genocida sionista ha sufrido en vivo y directo el poder militar y tecnológico de Irán, cuyos misiles causaron daños terribles a entidad sionista. Sería ingenuo no pensar que el poder iraní no ha causado una preocupación existencial entre los sionistas. Tendrán ya considerado que, si Irán, con todo y las enormes sanciones que ha sufrido, ha podido desarrollar el poderoso armamento del que ha hecho gala, ¿qué no podría desarrollar con una economía reconstruida y con apoyo de Rusia, China y Corea del Norte? La paz beneficiaría grandemente a Irán, pero sería fatal para el ente sionista. Si destruir Irán ha sido objetivo de dicho ente, tras el fracaso de la agresión, pasará a ser objetivo esencial. No se detendrá hasta lograr que EEUU lance un tercer y aniquilador ataque contra Irán.

Si en Irán entienden la hondura del juego, el único medio de garantizar su sobrevivencia sería desarrollando como sea el arma nuclear. Porque, así como Irán ha demostrado su fuerza y resiliencia, esa fuerza y resiliencia habrá multiplicado el temor, en el ente sionista, a un Irán cada día más potente económica, militar y tecnológicamente. De esa guisa, una tercera agresión estaría cantada, y esta vez en manada, de forma similar a lo que le ocurrió al Iraq de Sadam Husein. EEUU y el ente sionista no irían solos. En esa tercera agresión, no lo duden, participarían la OTAN, las petromonarquías del golfo Pérsico y todos los títeres que EEUU pueda arrastrar, al estilo Afganistán.

Desde esa perspectiva adquiere tu verdadero sentido la exigencia de EEUU y el ente sionista, de pretender despojar a Irán de todas, absolutamente todas, sus reservas de uranio enriquecido. Sólo privando a Irán de dicho uranio se garantizaría que Irán quede imposibilitado de desarrollar un arma nuclear y -asegurada esta imposibilidad-, podrían EEUU y su cohorte planificar una tercera y definitiva guerra de agresión, para aniquilar de raíz a la república islámica y desmantelar Irán como país, dividiéndolo a su antojo. En Irán parece que lo están entendiendo. Así, el presidente Pezeshkian defendió que ningún actor externo tiene derecho a privar al país de sus derechos nucleares. El 26 de abril, se filtró la última propuesta de Irán a EEUU: reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra y posponer para una etapa posterior las negociaciones nucleares. Nos dejaría sorprendidos que EEUU pueda aceptar esa propuesta, pues la idea de EEUU (mejor dicho, del ente sionista) es lo opuesto: el uranio enriquecido a cambio de ¿paz? Recuerden Libia. Gadafi, para agradar a Occidente, se desarmó. ¿Qué pasó luego?...

El destino del uranio enriquecido es el nudo de la cuestión y la posición de EEUU sobre este tema será la señal de lo que piense a futuro. Si insiste a muerte en que Irán entregue su uranio, es porque está considerando un tercer y definitivo ataque. Si opta por una posición más sensata y aceptable para Irán, es que la posibilidad de este tercer ataque se aleja. Por demás, si algo demostró Irán en la guerra impuesta por el eje gringo/sionista es que dispone de tecnología suficiente para fabricar misiles capaces de ser dotados de ojivas nucleares. Dicho de otra forma, Irán ha demostrado que posee la tecnología necesaria para fabricar misiles de largo y medio alcance con capacidades múltiples. Disponiendo de uranio enriquecido suficiente, estaría en capacidad de fabricar en meses ojivas nucleares. En caso de necesitar una mano amiga, ahí está Corea del Norte, cuyos ingenieros enseñaron a los iraníes cómo se construyen fortalezas subterráneas.

Por último, señalamos que la agresión contra Irán puede entenderse como un ensayo de la casi inevitable guerra entre EEUU y China (y Rusia) por el control del Pacífico. Pero ese es otro tema, para otro día calendario.

Fuente:

EEUU no busca la paz con Irán, sino su destrucción – NICALEAKS

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