Mientras que están siendo vertidas miles de toneladas de agua altamente radioactiva que tendrá un impacto ecosistémico incalculable e imprevisible sobre nuestro océano común, cada vez se alzan más voces de preocupación y de indignación en la comunidad científica y ciudadana sobre la real magnitud del desastre y sobre la generalizada irresponsabilidad institucionalizada hacia la peligrosa energía nuclear.
Enviado por: DAVID HAMMERSTEIN, 06/04/2011
Otra experta nuclear, Jacqueline Cabasso del Western Legal Foundation, refuta tajantemente las palabras tranquilizadoras de las autoridades japonesas sobre la supuesta inocuidad de la exposición a niveles bajos de radiación nuclear, y afirma que "no existe una dosis segura de radioactividad porque estas son acumulativas en el cuerpo. Son totalmente falsas todas estas afirmaciones de las autoridades sobre lo que una persona puede asimilar anualmente sin problemas de salud. Los supuestos umbrales y los niveles máximos son engendros de la industria atómica." Cita estudios concluyentes de la Academia de las Ciencias, la Agencia de Medio Ambiente y del Departamento de Energía de EE.UU para afirmar que incluso unas dosis bajas de radiación ionizante entraña peligros para la salud. La conclusión de la Academia de las Ciencias apunta a que la "evidencia científica actual es consistente con la hipótesis de que existe una relación lineal, sin umbral de dosis, entre la exposición a la radiación ionizante y el desarrollo de cáncer en seres humanos."
Pero las autoridades siguen muy indiferentes y desprecian De hecho, la comparación con Chernobyl ya se puede hacer: El Instituto Central de Meteorología y Geodinámica de Viena afirmó el 24 de marzo que "la planta nuclear de Fukushima ha estado emitiendo yodo y cesio radioactivos a niveles que se acercan a los de Chernobyl en 1986. Científicos austriacos han utilizado una red mundial de detectores de radiación (diseñada para controlar a las pruebas de armamento nuclear) para mostrar que el yodo 131 liberado de Fukushima Daichi llega a niveles diarios a 73% de aquellos del desastre atómico del 1986. La cantidad diaria de cesio 137 liberada es alrededor de un 60% de la cantidad liberada de Chernobyl. El mismo grupo de científicos afirman que "Fukushima tiene alrededor de 1760 toneladas de combustible nuclear fresco y usado mientras que Chernobyl solo tenía 180 toneladas."
La "prueba del algodón" del test de estrés para las nucleares europeas
Para calmar las preocupaciones de la opinión pública ante los peligros de la energía nuclear ahora la Unión Europea anuncia la realización de "stress tests" para validar la seguridad de las plantas nucleares europeas. Así, con nuevos controles técnicos, se plantea recuperar la maltrecha imagen de la industria nuclear y convencer a la ciudadanía de que "esto no es Japón".
El problema con estos "controles de seguridad" proyectados para las centrales europeas es que estarán diseñados por los mismas agencias tecno-optimistas y pro-nucleares, por unos expertos poco o nada nada independientes. Los mismos que llevan décadas promocionando las nucleares, ocultando datos y encubriendo los fallos intrínsecos de esta tecnología. Tanto la Asociación Internacional de la energía atómica como Euratom son los mismos organismos que han permitido y han promocionado la expansión irresponsable de la centrales nucleares al ritmo de la exigencias de la industria y de espaldas a cualquier participación y transparencia democrática. Por ejemplo, Euratom está fuera de cualquier capacidad de control y decisión por parte del Parlamento Europeo. Ante el peligro de daños atómicos atroces en su magnitud es evidente que necesitamos expertos y datos independientes sin conflictos de intereses particulares o profesionales con las empresas y el gran negocio atómico.
¿Existen criterios para la gestión de los riesgos y peligros atómicos?
Una primera respuesta de sensatez ha de obligar a la aplicación del Principio de Precaución a las centrales que ya han llegado al final de su ciclo de vida. Se debe exigir el cierre inmediato de todas la centrales atómicas que ya han cumplido su trayectoria de "vida técnica", lo que significará el cerrar a las centrales construidas antes de 1980. Nada de alargamientos y nuevos plazos a la vida útil de maquinarias envejecidas y temibles. También se debería proceder a cerrar las plantas que solo tienen un sistema de refrigeración, las que se encuentran en una zona sísmica y en una zona susceptible de inundaciones o de grandes tormentas del mar. Además, se debería prohibir inmediatamente la utilización del fuel MOX con plutonio por su titánica fuerza de contaminación destructiva.
En cuanto a las "pruebas de estrés" en las plantas nucleares en funcionamiento, éstas no deben depender solo de un reduccionista y engañoso análisis probabilístico sobre el riesgo y la seguridad. También deben hacerse pruebas deterministas, como son la acumulación de acontecimientos raros aunque sean muy improbables, incluyendo los fallos humanos. Los "test de estrés" deben contemplar también las situaciones inusuales, como pueden ser la caída de un avión comercial encima de un reactor y la realización de un atentado terrorista o de un sabotaje.
La apuesta por una cauta gestión de la "seguridad nuclear" también debe implicar una reforma institucional, como es la de dar fin a la condición antidemocrática del organismo Euroatom, instaurando las exigencias procedimentales de co-decisión en el Parlamento Europeo y de transparencia marcada por el Tratado de Lisboa.
Dentro de este marco de nuevas exigencias para la gestión de los peligros atómicos también se debe revisar la escasa responsabilidad civil de una industria atómica que no asume los posibles costes y pérdidas económicas del funcionamiento de sus plantas nucleares, incluyendo todo el ciclo de vida de su producción y los residuos generados. Es económicamente muy anticompetitivo e injusto el que esta fuente de energía goce de un "seguro de vida" pagado por las arcas públicas de los Estados. Hay que acabar de una vez con esta doble vara de medir: las empresas crean los incalculables daños y peligros que se expanden ilimitadamente en el espacio y el tiempo, pero ante posibles catástrofes, somos nosotros, los ciudadanos-contribuyentes, los que las sufrimos y las reflotamos al asumir los costes económicos de su continuidad. La responsabilidad civil directa e indirecta de las plantas atómicas ante daños, accidentes, y ante el larguísimo ciclo de vida de los residuos radioactivos, ha de ser asumida íntegramente por las mismas empresas energéticas.
Las centrales nucleares que no puedan cumplir con estos mínimos requisitos sobre la gestión de los peligros que intrínsecamente conllevan, junto a otros imperativos de participación ciudadana e institucional, deberían verse obligadas a presentar un plan de cierre antes del 1 de enero del 2012.
DAVID HAMMERSTEIN
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