La 81.ª Asamblea General de la ONU: entre Imperialismo, Crisis del Multilateralismo y lucha por imponer el relato

Por Javier Huerta

La 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas ha terminado dejando una impresión difícil de resumir en una sola palabra. Durante varios días, representantes de 194 delegaciones, entre ellos 113 jefes de Estado y de Gobierno, ocuparon la tribuna de la organización para hablar de guerras, soberanía, desarrollo, Palestina, Ucrania, Irán, deuda, cambio climático, inteligencia artificial y reforma de las instituciones internacionales. Al cerrar el debate, el presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, resumió algunas de las principales preocupaciones expresadas por los Estados: la protección de la población civil, el acceso humanitario, la rendición de cuentas, las soluciones políticas basadas en el derecho internacional y la necesidad de que el Consejo de Seguridad cumpla las responsabilidades que le asigna la Carta. El lema de esta sesión —«Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations That Delivers for All»— condensaba precisamente el desafío: recuperar la confianza en una organización cuya autoridad se encuentra sometida a una presión creciente.

Pero detrás de la sucesión de discursos aparece una cuestión más profunda. La Asamblea no ha sido únicamente otro escenario para enumerar los problemas del planeta, sino un espacio donde se ha hecho visible la disputa por las reglas que deben organizar las relaciones internacionales en un mundo que ya no se corresponde con el reparto de poder de 1945. António Guterres advirtió de la profundización de las fracturas internacionales y situó entre los grandes desafíos de nuestro tiempo la guerra y la paz, la desigualdad, el cambio climático y la inteligencia artificial. Lo que está en juego, por tanto, no es solamente si Naciones Unidas funciona mejor o peor, sino quién tiene capacidad para definir qué significan la seguridad, la soberanía, el desarrollo, la legalidad internacional y la cooperación en el siglo XXI.

En «La ONU entre expectativas y realidad», Fabrizio Casari examina la distancia entre los objetivos fundacionales de la organización y los límites que impone la realidad internacional. Y en el articulo, «Las anécdotas de la 81.ª Asamblea General de la ONU en crisis: una semana que retrató el mundo que está cambiando», donde repaso algunos de los episodios más significativos de la semana de alto nivel. Este artículo continúa esa reflexión desde una perspectiva política y económica: más allá de las escenas y los discursos, interesa examinar las relaciones de poder y las contradicciones institucionales que ayudan a explicar la crisis del multilateralismo y las fuerzas que pugnan por definir el orden internacional que está tomando forma.

Una organización nacida en 1945 ante un mundo transformado

La arquitectura institucional creada después de la Segunda Guerra Mundial continúa siendo el marco jurídico fundamental del sistema internacional, pero el mundo que la sostiene ha cambiado profundamente. Las potencias que entonces concentraban gran parte de la capacidad económica, militar y política conservan una influencia extraordinaria, aunque junto a ellas han aparecido nuevos centros de poder económico, tecnológico y demográfico. China ocupa una posición central en la economía mundial; India ha incrementado su peso económico y político; Rusia mantiene una considerable capacidad militar y energética; y numerosos países latinoamericanos, africanos y asiáticos reclaman un mayor margen de decisión. Agrupaciones como BRICS expresan, pese a la heterogeneidad y los intereses diferentes de sus miembros, la búsqueda de mecanismos de cooperación que no dependan exclusivamente de instituciones dominadas históricamente por las potencias occidentales.

La cuestión no consiste simplemente en sustituir un centro de poder por otro, sino en determinar si la transformación de la distribución internacional del poder puede traducirse en instituciones más representativas y en mayores márgenes de decisión para los países que históricamente han tenido menos capacidad para establecer las reglas.

En este debate vuelve a adquirir actualidad la figura de Miguel d’Escoto Brockmann. Durante su presidencia de la Asamblea General, en 2008-2009, el diplomático y sacerdote nicaragüense defendió una democratización profunda de la ONU y cuestionó que el Consejo de Seguridad concentrará una capacidad política desproporcionada respecto de la Asamblea General, donde están representados todos los Estados miembros. Sus propuestas no resolvieron aquella contradicción, pero permiten recordar que la discusión sobre la reforma de la ONU no nació con la crisis actual: lleva décadas vinculada al problema de quién decide en nombre de la comunidad internacional. Para profundizar en este legado, puede consultarse el artículo «Miguel d’Escoto y la reinvención de la ONU: una propuesta sandinista para democratizar el mundo».

La necesidad de reformar la organización no puede separarse de la desigualdad de poder que caracteriza su funcionamiento. La existencia de un Consejo de Seguridad con cinco miembros permanentes dotados de derecho de veto condiciona la respuesta internacional ante numerosas crisis. Mientras tanto, regiones enteras continúan reclamando una representación acorde con su peso demográfico y político. África, cuya exclusión de los puestos permanentes sigue siendo uno de los principales asuntos pendientes, recuerda que la reforma institucional no es una discusión meramente administrativa: también es una disputa por corregir las jerarquías heredadas de un orden mundial anterior.

Soberanía, doble rasero y poder de las grandes potencias

La disputa se hizo particularmente visible en el discurso de Estados Unidos. La Administración Trump presentó ante la Asamblea una concepción de las relaciones internacionales basada en la soberanía nacional, la primacía de los intereses estadounidenses y el rechazo de una mayor transferencia de competencias hacia estructuras internacionales. La propia Casa Blanca resumió la intervención de Donald Trump como una defensa de la fortaleza estadounidense, de sus intereses y de su soberanía. Esa posición puede consultarse en la declaración oficial de la Casa Blanca del 22 de septiembre de 2026.

Sin embargo, la defensa de la soberanía debe contrastarse con las actuaciones concretas de Washington y con el trato que dispensa a otros países cuando sus decisiones no coinciden con los intereses estadounidenses. Uno de los episodios más significativos fue la denegación o revocación de visados a representantes palestinos, incluido el presidente Mahmud Abás, que impidió su participación presencial en la sede de Naciones Unidas durante la semana de alto nivel. El 17 de septiembre, la Asamblea General aprobó una resolución para permitir que Palestina participara mediante una intervención pregrabada: obtuvo 152 votos a favor, tres en contra —Estados Unidos, Israel y Paraguay— y cuatro abstenciones —Colombia, Honduras, Panamá y Perú—. La resolución lamentó expresamente la decisión estadounidense. Los detalles figuran en la información oficial de Naciones Unidas sobre la votación.

El episodio muestra una contradicción difícil de ignorar: mientras Washington reivindica su soberanía nacional y cuestiona las limitaciones que puedan imponerle las instituciones multilaterales, su política de visados restringió la participación palestina en el principal foro universal de la organización. La votación no demuestra que todos los países que apoyaron la resolución compartan una misma posición sobre el conjunto del conflicto palestino-israelí, pero sí refleja un amplio respaldo a que Palestina pudiera intervenir en el debate general.

El problema es más amplio que este episodio. Las grandes potencias tienden a interpretar los principios internacionales en función de sus alianzas e intereses, presentando sus propias actuaciones como defensa de la seguridad o del orden mientras cuestionan las de sus adversarios. Señalar este doble rasero no exige afirmar que todas las situaciones sean idénticas ni que las responsabilidades de los Estados sean intercambiables; exige aplicar criterios coherentes a las actuaciones de todos ellos. Si la soberanía y el derecho internacional deben servir para limitar los abusos de poder, no pueden convertirse en argumentos que se invocan para proteger los intereses propios y se relativizan cuando amparan a pueblos o gobiernos enfrentados a una gran potencia.

La cuestión adquiere mayor relevancia al comparar el discurso estadounidense con las posiciones de Nicaragua, Cuba o Irán, países que también invocan la soberanía, aunque desde contextos y proyectos políticos diferentes. Sus declaraciones deben atribuirse a sus respectivos gobiernos y someterse a examen crítico, pero no por ello cabe ignorar la cuestión material que plantean: ¿qué margen real de autodeterminación conserva un país cuando las sanciones, la presión financiera, las restricciones comerciales o la amenaza militar condicionan sus decisiones? El problema no es quién utiliza con mayor frecuencia el lenguaje de la soberanía, sino quién dispone de capacidad para imponer sus decisiones y quién puede exigir que las reglas se apliquen también a las grandes potencias.

La guerra entre Estados Unidos e Irán convirtió esa disputa en una cuestión especialmente concreta. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó ante la Asamblea que su país no capitularía ante la presión militar estadounidense, pero sostuvo que Irán seguía abierto a la diplomacia. Rechazó negociar bajo amenaza, defendió el carácter pacífico que Teherán atribuye a su programa nuclear y denunció las acciones militares estadounidenses. La delegación estadounidense abandonó la sala al comienzo del discurso iraní, según informó Reuters el 23 de septiembre. Estas afirmaciones recogen la posición del Gobierno iraní y no deben confundirse con una verificación independiente de todas sus acusaciones.

El episodio pone de manifiesto una de las contradicciones centrales de la política internacional: la diplomacia continúa presentándose como instrumento para resolver las crisis, pero su eficacia queda gravemente limitada cuando la negociación se desarrolla bajo presión militar, económica o financiera. El control de las rutas energéticas, las sanciones, el petróleo y el estrecho de Ormuz no son cuestiones separadas de la geopolítica; forman parte de una misma disputa por la capacidad de los Estados para decidir sobre sus recursos y sus relaciones exteriores.

Algo semejante ocurre con Palestina y Ucrania, aunque sus contextos históricos y políticos sean diferentes. La Asamblea volvió a escuchar llamamientos a proteger a la población civil y respetar el derecho internacional, mientras las posiciones de los Estados mostraron profundas diferencias sobre la aplicación práctica de esos principios. La credibilidad del sistema multilateral depende de que las normas no queden subordinadas permanentemente a las alianzas y a las relaciones de fuerza. No basta con proclamar la vigencia del derecho internacional: también hay que examinar qué ocurre cuando su aplicación entra en conflicto con los intereses de una potencia.

El Sur Global y la búsqueda de un orden multipolar

Desde esta perspectiva deben leerse las intervenciones de varios países del Sur Global. Nicaragua defendió, durante la reunión dedicada al 40.º aniversario de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, la eliminación de medidas que obstaculizan el desarrollo y vulneran la soberanía, la igualdad soberana, la no injerencia y la autodeterminación. Su representación reclamó una reforma de la arquitectura económica y financiera internacional para avanzar hacia un orden más justo, democrático, inclusivo y multipolar. La intervención puede consultarse en la transcripción de Naciones Unidas de la reunión del 23 de septiembre de 2026.

En el debate general, el Gobierno nicaragüense destacó asimismo la importancia creciente de BRICS, vinculó esa agrupación con el derecho al desarrollo, expresó solidaridad con Cuba, respaldó el principio de una sola China (no reconoce a Taiwán como un Estado independiente de China) y manifestó su apoyo a la posición rusa en favor de la paz. Estas declaraciones permiten identificar las prioridades diplomáticas de Managua, aunque no convierten a BRICS en una organización homogénea ni demuestran que todos sus miembros compartan una misma concepción del orden mundial. La agrupación reúne países con intereses económicos, estrategias internacionales y sistemas políticos diferentes, unidos en parte por la búsqueda de mayor capacidad de negociación dentro de las instituciones mundiales.

Cuba planteó una problemática relacionada al situar el bloqueo y las presiones económicas estadounidenses en el centro de su reivindicación de soberanía y desarrollo. Para el Gobierno cubano, las restricciones económicas y financieras limitan las posibilidades de desarrollo del país y forman parte de una política de coerción. El debate debe atender tanto a las consecuencias económicas y sociales de esas medidas como a los argumentos que ofrece Washington para justificarlas. En cualquier caso, el uso de instrumentos económicos para condicionar las decisiones políticas de otros Estados constituye una cuestión central para comprender los límites materiales de la soberanía.

Venezuela, por su parte, vinculó soberanía, recursos naturales, energía, industria, comercio, tecnología e inteligencia artificial dentro de una misma concepción de autonomía nacional. Su representación presentó las sanciones y las presiones externas como obstáculos para el desarrollo y para el control nacional de los recursos. Estas posiciones deben distinguirse de los hechos comprobables y de las interpretaciones sobre la política venezolana, pero permiten identificar un argumento compartido por varios gobiernos del Sur: la soberanía pierde contenido material cuando las decisiones económicas fundamentales quedan condicionadas por restricciones financieras, dificultades de acceso a mercados, tecnología o energía.

Rusia defendió una interpretación del futuro internacional basada en la construcción de un mundo multipolar y en la oposición a estructuras que considera dominadas por una minoría de potencias. Esa posición debe analizarse teniendo en cuenta también las actuaciones del propio Estado ruso y las controversias que suscita su política exterior. La utilización del lenguaje de la multipolaridad no exime a ningún gobierno de la obligación de respetar el derecho internacional.

China, por su parte, defendió la centralidad de Naciones Unidas y de la Carta de la organización, reclamó respeto a la soberanía y a la seguridad de los países y abogó por resolver las controversias mediante el diálogo y las consultas. También defendió el principio de que sean los palestinos quienes gobiernen Palestina. Estas posiciones forman parte de la política exterior del Gobierno chino y conviven con sus propios intereses estratégicos y económicos, que deben evaluarse, como los de cualquier gran potencia, a partir de sus declaraciones y de sus actuaciones.

La diversidad de posiciones se aprecia también en países que no pueden reducirse simplemente a uno u otro bloque. India advirtió sobre los efectos globales de los conflictos y reclamó proteger a la población civil y mantener los flujos de energía y comercio, al tiempo que describió las dificultades que afrontan los países del Sur en materia de alimentos, combustibles, fertilizantes y financiación. Brasil ha defendido el multilateralismo, la soberanía latinoamericana y la reforma de las instituciones internacionales. Numerosos Estados africanos continúan reclamando una representación permanente del continente en el Consejo de Seguridad. Para muchos de estos países, reformar el sistema significa corregir estructuras heredadas de una época colonial y ampliar la capacidad de decisión de Estados cuya representación institucional no corresponde a su peso demográfico y político.

Ahora bien, sería insuficiente describir esta transformación como una simple sustitución de la hegemonía estadounidense por una futura hegemonía china, rusa o de cualquier otra potencia. La multipolaridad describe una distribución más diversificada del poder, pero no garantiza por sí misma un orden internacional más justo. Puede abrir espacios de autonomía para determinados Estados y, al mismo tiempo, mantener profundas desigualdades económicas y sociales. La existencia de más polos no elimina automáticamente las relaciones de explotación, dependencia o concentración de riqueza. La transformación del equilibrio entre Estados y la transformación de las relaciones sociales no son procesos idénticos.

La economía política del nuevo orden mundial

La geopolítica no puede separarse de la economía política internacional. La disputa por el poder mundial también pasa por quién controla el crédito, las monedas de reserva, los sistemas de pago, las cadenas de suministro, los recursos minerales, la energía, los semiconductores, las infraestructuras digitales y las tecnologías estratégicas. Las sanciones pueden restringir el acceso a mercados, financiación y tecnología; la deuda reduce el margen de maniobra de numerosos países; y la competencia por minerales críticos y fuentes energéticas está adquiriendo una importancia creciente. Al mismo tiempo, las grandes empresas tecnológicas acumulan capacidades que hace apenas unas décadas estaban reservadas casi exclusivamente a los Estados.

Por eso, la capacidad jurídica de un país para declararse soberano puede no coincidir con su capacidad material para ejercer esa soberanía. Cuando los países endeudados encuentran dificultades para financiar políticas de desarrollo, cuando el acceso a tecnología depende de un reducido número de proveedores y cuando las cadenas de producción están concentradas en determinados territorios, la autonomía nacional se ve condicionada por relaciones económicas que desbordan las fronteras. La discusión sobre una nueva arquitectura financiera internacional, planteada por Nicaragua y otros países del Sur, afecta así al reparto mundial de recursos y de capacidad de decisión, no solo al funcionamiento administrativo de las instituciones.

La inteligencia artificial constituye uno de los ejemplos más claros de esta transformación. En su discurso de clausura del debate general, el presidente de la Asamblea General señaló que cuatro años antes solo cinco delegaciones habían abordado esta cuestión, mientras que en 2026 lo hicieron 128, más que las que hablaron sobre derechos humanos y cambio climático. El dato muestra la velocidad con la que la IA ha pasado de ocupar un lugar secundario a convertirse en una preocupación central de la agenda internacional. Puede consultarse en el discurso de clausura de Khalilur Rahman, del 28 de septiembre.

Pero la amplitud del debate no significa que todos los países tengan la misma capacidad para intervenir en las decisiones. Según el informe de Naciones Unidas Governing AI for Humanity, publicado en 2024, 118 países no eran parte de ninguna de las siete iniciativas internacionales de gobernanza de la inteligencia artificial examinadas en el documento. La cifra no significa que esos Estados estuvieran ausentes de todos los debates sobre IA, sino que no participaban en ninguno de esos siete mecanismos concretos. La desigualdad afecta, por tanto, tanto al acceso a las herramientas tecnológicas como a la capacidad para influir en las reglas que determinarán su desarrollo y utilización.

La concentración de los sistemas más avanzados en un número reducido de países y empresas plantea un problema que rebasa la innovación técnica. Quien controla los centros de datos, los semiconductores, la capacidad de computación, las plataformas y los grandes conjuntos de datos dispone de una ventaja económica y estratégica que puede condicionar a otros Estados. La presidencia de la Asamblea advirtió precisamente del riesgo de que un pequeño número de países y empresas controle los datos, la capacidad de computación y las reglas que afectarán al conjunto de la humanidad.

La IA se convierte así en una cuestión de soberanía tecnológica, pero también de clase: sus beneficios, los empleos que transforme, los riesgos que genere y el poder que concentre dependerán de quién posea las infraestructuras y de quién pueda decidir sobre su uso. No basta con preguntar qué países liderarán la innovación; hay que preguntarse quién se apropiará de sus beneficios, qué sectores soportarán sus costes y qué capacidad tendrán los pueblos para intervenir en decisiones que afectarán a sus condiciones de vida.

La misma lógica atraviesa la cuestión energética y los recursos naturales. Las guerras contemporáneas no pueden analizarse exclusivamente a partir de declaraciones diplomáticas o movimientos militares cuando el petróleo, el gas, los minerales estratégicos, las rutas marítimas y las infraestructuras forman parte de las condiciones materiales que permiten ejercer poder. El caso de Irán y el estrecho de Ormuz lo ha vuelto particularmente evidente, pero la competencia por recursos estratégicos se extiende desde América Latina hasta África y Asia. El derecho de los pueblos a disponer de sus recursos aparece así unido a la discusión sobre desarrollo y soberanía que Nicaragua y otros países del Sur llevaron a la Asamblea.

Desarrollo, desigualdad y crisis climática

La distancia entre los compromisos internacionales y sus resultados también puede medirse en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El informe de Naciones Unidas de 2026 indica que, de las 139 metas para las que había datos de tendencia disponibles, solo el 36 % estaba en vías de cumplirse o mostraba avances moderados; el 49 % progresaba demasiado lentamente y el 15 % había retrocedido respecto de los niveles de 2015. El informe señala entre los obstáculos los conflictos, la desigualdad, la crisis climática, el endeudamiento y la insuficiencia de financiación.

Estas cifras impiden reducir la crisis del multilateralismo a un desacuerdo diplomático entre gobiernos: también reflejan la dificultad de convertir las declaraciones sobre desarrollo sostenible en mejoras suficientes para las mayorías sociales. Cuando los países destinan recursos al servicio de la deuda, afrontan costes crecientes de financiación y carecen de acceso adecuado a tecnología e inversión, su capacidad para desarrollar políticas propias queda condicionada. La reforma de la arquitectura económica y financiera internacional tiene consecuencias directas sobre la educación, la sanidad, el empleo, la alimentación y las posibilidades de desarrollo de millones de personas.

La cuestión climática introduce otra contradicción. Muchos países que han contribuido relativamente menos a las emisiones históricas se encuentran entre los más expuestos a sus consecuencias, mientras las grandes transformaciones energéticas requieren inversiones, tecnología y financiación distribuidas de manera desigual. La discusión medioambiental resulta inseparable de la cuestión económica: quién paga la transición, quién controla las nuevas tecnologías, quién posee los recursos necesarios para llevarla a cabo y qué países terminan asumiendo sus costes sociales y económicos.

La crisis climática, el endeudamiento y la desigualdad no son problemas independientes que puedan resolverse mediante declaraciones separadas. Condicionan la capacidad de los Estados para responder a las necesidades de sus poblaciones y muestran hasta qué punto las reglas económicas internacionales pueden facilitar o limitar el desarrollo. Sin cambios en esas condiciones materiales, los compromisos multilaterales corren el riesgo de quedarse en objetivos declarados sin recursos suficientes para hacerlos realidad.

La batalla por el relato y la legitimidad internacional

La sucesión de crisis vuelve a poner sobre la mesa la cuestión de la información. Palestina, Ucrania, Irán, Venezuela, Cuba y otros conflictos muestran que la batalla internacional no se libra únicamente mediante la diplomacia, las sanciones o la fuerza militar. También existe una disputa por la interpretación de los acontecimientos, por las categorías con las que se describen las guerras, por la legitimidad de determinados gobiernos y por la definición de quién aparece como defensor del derecho internacional y quién como violador de sus principios.

Imponer un relato no es un elemento decorativo de la geopolítica: influir sobre la percepción internacional condiciona la legitimidad política de las medidas económicas, militares y diplomáticas que posteriormente pueden adoptarse. Pero el análisis crítico debe examinar quién produce y difunde cada relato, qué pruebas lo sostienen y qué intereses pueden beneficiarse de él. La versión de un Gobierno no se convierte en verdadera por el mero hecho de contradecir la de otro, ni la crítica a una potencia obliga a aceptar sin examen las posiciones de sus adversarios.

En este contexto, Naciones Unidas continúa siendo una institución limitada, atravesada por las mismas relaciones de poder que pretende gestionar, pero al mismo tiempo difícilmente sustituible. La presidencia de la Asamblea General señaló al cierre del debate que los Estados habían defendido el multilateralismo en función de su capacidad para transformar las realidades concretas. Esa observación resulta fundamental: la organización no recuperará legitimidad simplemente multiplicando declaraciones y reuniones si las decisiones adoptadas no consiguen modificar las condiciones que producen las guerras, el hambre, la desigualdad, el endeudamiento o la destrucción ambiental.

Por eso la reforma de Naciones Unidas vuelve inevitablemente al problema que Miguel d’Escoto planteó hace casi dos décadas: quién decide. La composición del Consejo de Seguridad, el derecho de veto, la autoridad de la Asamblea General y la selección del próximo secretario general no son cuestiones meramente administrativas. El propio presidente de la Asamblea recordó que, según la Carta, el Consejo de Seguridad recomienda al secretario general y la Asamblea General realiza el nombramiento, y reclamó un proceso transparente, inclusivo y basado en los méritos. La elección de quien ocupará la Secretaría General constituye otra expresión de la disputa por la legitimidad y la autonomía de la organización.

La 81.ª Asamblea General deja, por tanto, un panorama en el que conviven concepciones diferentes del futuro internacional. Washington reivindica una soberanía nacional vinculada a la defensa de sus intereses; Moscú presenta la multipolaridad como vía hacia una distribución diferente del poder; Nicaragua reclama soberanía, autodeterminación y una reforma económica y financiera internacional; Cuba insiste en las consecuencias de las medidas coercitivas y en su derecho al desarrollo; China defiende la centralidad de la Carta de Naciones Unidas y la solución de las controversias mediante el diálogo; mientras India, Brasil y numerosos Estados africanos reclaman mayor representación, autonomía estratégica y capacidad de decisión. Son posiciones distintas, con intereses y proyectos propios, y precisamente por ello la Asamblea permite observar la transformación del sistema mundial.

El problema histórico consiste ahora en saber qué emergerá de esa transformación. Una mayor pluralidad de centros de poder puede abrir espacios para países que durante décadas tuvieron un margen limitado de decisión, pero también puede intensificar la competencia entre grandes potencias si no se acompaña de instituciones capaces de establecer reglas comunes. La alternativa no se reduce a elegir entre una hegemonía y otra. En última instancia, la disputa internacional continúa teniendo una dimensión material: quién controla los recursos, el crédito, la tecnología, la energía, las cadenas de producción, la información y la fuerza militar; quién determina las reglas que regulan esos recursos; y qué capacidad conservan los pueblos y los Estados para decidir sobre su propio desarrollo.

La ONU nació en 1945 con la promesa de impedir que las grandes potencias volvieran a arrastrar al mundo a una catástrofe semejante a la que acababa de terminar. Ocho décadas después, aquella promesa sigue siendo necesaria, pero las relaciones de poder sobre las que se construyó la organización ya no son las mismas. La 81.ª Asamblea ha mostrado esa tensión: un sistema internacional que necesita cooperación para afrontar problemas que ningún Estado puede resolver por sí solo y, simultáneamente, unas relaciones de poder que dificultan establecer reglas aceptadas y aplicadas de manera uniforme.

La pregunta que queda abierta no es solamente si Naciones Unidas será capaz de reformarse, sino quién tendrá capacidad para definir esa reforma, qué intereses terminarán orientándola y para quién se organizará el nuevo orden internacional que está tomando forma.

Siguenos en twitter:
https://twitter.com/DifusionRebelde
@DifusionRebelde 

Nicaragua contra Alemania en La Haya en defensa del pueblo Palestino: el proceso continúa...

Por Javier Huerta

Mientras sobre Gaza continúan cayendo bombas, mientras cuerpos quedan sepultados entre las ruinas, familias palestinas siguen desplazándose entre edificios destruidos y refugios precarios, y niños quedan huérfanos sin comprender por qué su mundo se ha convertido en un paisaje de muerte y destrucción, a miles de kilómetros de distancia se desarrolla otra batalla, de naturaleza muy diferente, pero profundamente relacionada con esa realidad. En el Palacio de la Paz de La Haya, Nicaragua y Alemania han llevado ante la Corte Internacional de Justicia una disputa que coloca en el centro una cuestión de enorme trascendencia: qué responsabilidad puede tener un Estado cuando proporciona apoyo y material militar a otro Estado en medio de graves denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario.

Entre el 7 y el 10 de septiembre de 2026, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) escuchó durante cuatro jornadas los argumentos de Nicaragua y Alemania. Pero los jueces no estaban juzgando todavía el fondo de las acusaciones. Lo que estaba en juego era una cuestión previa: determinar si las objeciones presentadas por Berlín deben impedir que el procedimiento continúe o si, por el contrario, Nicaragua podrá llevar sus reclamaciones a una fase posterior en la que la Corte pueda examinarlas en profundidad. Las audiencias terminaron el 10 de septiembre, pero el procedimiento continúa. Ahora corresponde a la Corte deliberar y decidir sobre las objeciones preliminares de Alemania. La fecha en que se dará a conocer públicamente esa decisión todavía no ha sido anunciada.

Para entender por qué Nicaragua ha llegado nuevamente hasta La Haya hay que retroceder hasta marzo de 2024, cuando presentó formalmente una demanda contra Alemania bajo el nombre oficial de “Presuntas violaciones de ciertas obligaciones internacionales con respecto al Territorio Palestino Ocupado”. Nicaragua sostiene que Alemania ha incumplido obligaciones derivadas de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y del derecho internacional humanitario, entre ellas las relacionadas con la prevención del genocidio y el respeto de los Convenios de Ginebra. En su demanda, Managua cuestiona el apoyo político, financiero y militar alemán a Israel, incluidas las exportaciones de material militar, y también la suspensión de financiación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, UNRWA. Alemania rechaza las acusaciones y ha planteado objeciones tanto sobre la jurisdicción de la Corte como sobre la admisibilidad de determinadas reclamaciones. El litigio se encuentra ahora precisamente en esa fase preliminar.

La relación entre Nicaragua y Palestina, sin embargo, viene de mucho antes de la actual guerra de Gaza. Tiene raíces que atraviesan buena parte del siglo XX y que están vinculadas a las luchas anticoloniales y de liberación nacional que marcaron aquella época. El artículo “Nicaragua y la causa palestina”, escrito por Stephen Sefton, recupera parte de esa memoria histórica. Allí aparecen episodios como la figura de Ghadeer Abu Sneineh, palestino nacido en Colombia que, según las fuentes recogidas por Sefton y otros autores, se incorporó a las fuerzas de Sandino y Tras el asesinato del general en 1934, tuvo que huir de Centroamérica y viajó a Palestina, donde se incorporó activamente a la Gran Revuelta Árabe de 1936 para combatir el Mandato Británico y la colonización de su tierra de origen.. El investigador y escritor Martín Alejandro Martinelli también ha recuperado gran parte de esta dimensión histórica de los vínculos entre las luchas nicaragüense y palestina.

Aquellos vínculos se profundizaron durante las décadas posteriores. El Frente Sandinista de Liberación Nacional estableció relaciones con organizaciones palestinas y, en los años setenta, la solidaridad adquirió incluso una dimensión internacionalista directa. Militantes sandinistas recibieron entrenamiento junto a fuerzas palestinas y algunos participaron en acciones vinculadas a la lucha palestina. Entre ellos estuvieron Patricio Argüello Ryan y Juan José Quezada. Argüello murió el 6 de septiembre de 1970 durante una operación vinculada a la lucha palestina. Son episodios que hoy pueden parecer lejanos, pero ayudan a comprender por qué Palestina no aparece en la política exterior nicaragüense como una cuestión coyuntural surgida después de octubre de 2023.

La llegada del FSLN al poder en 1979 convirtió aquella relación militante en una relación política, diplomática y de cooperación. Yasser Arafat visitó Managua en julio de 1980, y Nicaragua estableció relaciones con Palestina ese mismo año. Durante las décadas siguientes se desarrollaron intercambios en distintos campos y Managua mantuvo su respaldo al derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a disponer de un Estado. En 2010 Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Israel después del ataque contra la flotilla internacional que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza. En 2013, el entonces ministro de Relaciones Exteriores palestino, Riad Malki, visitó Nicaragua para profundizar los vínculos entre ambos pueblos, mientras que en 2018 se acordó una cooperación entre la Agencia de Cooperación Internacional de Palestina y el Ministerio de Salud nicaragüense para fortalecer la formación profesional en técnicas quirúrgicas. Esta relación de solidaridad tuvo también una nueva expresión con la visita de Leila Khaled a Nicaragua en 2024, durante los actos conmemorativos del 45.º aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Nicaragua desde los actos de celebración busco defender y proyectar, a nivel inernacional la causa y la voz del pueblo palestino, y a su vez, con la presencia de Palestina en Nicaragua, reconocian el buen trabajo desarrollado por la Nicaragua sandinista y su apuesta por construir mejores condiciones de vida, soberanía y futuro para su propio pueblo.

La historia también tiene otra cara. Durante la dictadura somocista, Israel mantuvo relaciones militares con el régimen de Anastasio Somoza, suministrándole armamento. Esa experiencia forma parte de la memoria política desde la que Managua interpreta hoy la situación palestina. Para Nicaragua, las luchas contra la intervención extranjera, el colonialismo y la dominación militar no son episodios separados, sino experiencias históricas conectadas. Esa perspectiva ayuda a entender la intensidad con la que el Gobierno nicaragüense ha reaccionado ante la destrucción de Gaza y explica también por qué ha decidido trasladar parte de esa confrontación al terreno jurídico internacional.

Nicaragua ya conocía ese camino. En 1984 llevó a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia por sus actividades militares y paramilitares contra Nicaragua. En su sentencia de 27 de junio de 1986, la CIJ concluyó que Estados Unidos había violado obligaciones derivadas del derecho internacional consuetudinario, entre ellas las relativas a la prohibición del uso de la fuerza, la no intervención, la soberanía y otras obligaciones internacionales. Aquella sentencia se convirtió en uno de los episodios más importantes de la historia jurídica internacional de Nicaragua y constituye un antecedente que ayuda a comprender por qué Managua vuelve ahora a utilizar la Corte como escenario para plantear una controversia frente a un Estado poderoso.

La diferencia fundamental es que ahora Nicaragua no demanda a Israel, sino a Alemania. Esa distinción resulta esencial. La demanda presentada el 1 de marzo de 2024 no pretende que la CIJ juzgue directamente las actuaciones de Israel, sino que examine las obligaciones internacionales que Nicaragua atribuye a Alemania por sus propias actuaciones. Alemania sostiene, entre otros argumentos, que determinadas cuestiones planteadas por Nicaragua no pueden ser resueltas sin abordar jurídicamente la conducta de Israel y que eso afecta a la jurisdicción y a la admisibilidad del caso. En el centro de esta discusión aparece también el denominado principio de Oro Monetario, una cuestión jurídica relacionada con los límites que tiene la Corte cuando la resolución de una controversia podría afectar a los derechos o responsabilidades de un tercer Estado que no es parte del procedimiento.

Y aquí aparecen las armas. Porque detrás de las discusiones sobre jurisdicción y admisibilidad existe una cuestión material que resulta imposible ignorar: qué exporta Alemania a Israel, cuándo lo hace y qué obligaciones tiene un Estado cuando autoriza la transferencia de material militar hacia una zona de guerra en la que existen graves denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario.

Cuando Nicaragua presentó su demanda, incorporó al expediente datos sobre las autorizaciones alemanas. La propia CIJ recogió en su Orden de 30 de abril de 2024 que Alemania había autorizado en 2023 exportaciones de “material militar y armas de guerra” por más de 326 millones de euros, más de diez veces la cifra correspondiente a 2022. Nicaragua señaló además que casi 300 millones de euros correspondían a licencias de material militar concedidas desde el comienzo de la operación militar israelí en Gaza y que a comienzos de 2024 se habían concedido nuevas licencias por más de 9 millones de euros. Alemania, por su parte, sostuvo ante la Corte que la inmensa mayoría de las licencias concedidas desde el 7 de octubre de 2023 correspondían a la categoría de “otro material militar” y no a “armas de guerra”, y defendió que las autorizaciones se examinaban caso por caso.

La cuestión no quedó congelada en las cifras de 2024. Los datos oficiales del Bundestag muestran que Alemania continuó autorizando exportaciones de material militar a Israel durante 2025 y 2026. Entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 se concedieron autorizaciones por unos 167,4 millones de euros, mientras que entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026 el Gobierno alemán autorizó exportaciones por unos 735,76 millones de euros. Esta última cifra requiere una lectura cuidadosa: el propio Gobierno alemán señaló que alrededor del 67% correspondía a un gran proyecto del sector naval y otro 21% a la cooperación entre empresas alemanas e israelíes relacionada con las necesidades de las Fuerzas Armadas alemanas; el resto correspondía a otros bienes militares y, según la respuesta oficial, no incluía armas de guerra. Se trata además de cifras provisionales y parte de la información está limitada por razones de seguridad.

Estos datos, por sí solos, no demuestran que Alemania haya violado el derecho internacional. Esa es precisamente una de las cuestiones que Nicaragua pretende que la Corte pueda examinar. Pero sí permiten entender por qué las transferencias de material militar ocupan un lugar central en el litigio. La discusión no gira únicamente alrededor de declaraciones políticas, sino de decisiones concretas de autorización y transferencia y de las obligaciones que el derecho internacional impone a los Estados cuando existe un riesgo de que ese material pueda ser utilizado para cometer graves violaciones.

La CIJ ya abordó una parte de esta cuestión en abril de 2024, cuando Nicaragua solicitó medidas provisionales para que Alemania suspendiera determinadas formas de asistencia militar a Israel, impidiera que el material ya entregado pudiera utilizarse para cometer graves violaciones del derecho internacional y retomara la financiación de UNRWA. La Corte decidió, por 15 votos contra uno, que las circunstancias existentes entonces no requerían la adopción de las medidas provisionales solicitadas. Pero hay una precisión fundamental: aquella decisión no resolvió el fondo del caso. La propia Corte dejó claro que la decisión no prejuzgaba su jurisdicción sobre el fondo, la admisibilidad de la demanda ni las cuestiones sustantivas planteadas por Nicaragua. Al mismo tiempo, recordó a todos los Estados las obligaciones internacionales relacionadas con la transferencia de armas a las partes de un conflicto armado para evitar el riesgo de que esas armas fueran utilizadas en violación de los Convenios de Ginebra.

Dos años después, aquella advertencia sigue teniendo relevancia. Porque mientras los jueces discuten sobre jurisdicción, admisibilidad y responsabilidad internacional, en Gaza la realidad no se ha detenido. El informe de OCHA del 11 de septiembre de 2026 señalaba que los ataques aéreos israelíes y otros ataques continuaban golpeando zonas pobladas, provocando víctimas, daños materiales y nuevos desplazamientos. Según el Ministerio de Salud de Gaza, citado por OCHA, 35 palestinos fueron reportados muertos y 104 heridos entre el 2 y el 9 de septiembre. El mismo informe situaba en 1.358 los fallecidos y 4.541 los heridos desde el anuncio del alto el fuego del 10 de octubre de 2025, además de otros 160 fallecimientos incorporados posteriormente al registro tras la identificación de las víctimas.

Pero las cifras no cuentan por sí solas la dimensión humana de lo que está ocurriendo. OCHA señalaba también que los hogares encabezados por mujeres se han duplicado desde octubre de 2023 y alcanzan aproximadamente 86.000 familias, casi una de cada cuatro familias de Gaza. El acceso al agua continúa siendo extremadamente precario: el organismo de Naciones Unidas señalaba que el 91% de los hogares evaluados sufrían una inseguridad hídrica moderada o alta. En esas condiciones, hospitales, centros de salud, plantas de agua y otros servicios esenciales siguen dependiendo de recursos que llegan de forma insuficiente y sometidos a enormes restricciones.

Es en esta realidad donde la controversia jurídica adquiere toda su dimensión. Nicaragua sostiene que Alemania tiene obligaciones internacionales propias y que la Corte puede examinarlas sin convertir a Israel en parte del procedimiento. Alemania sostiene, entre otras cosas, que determinados aspectos de las reclamaciones de Nicaragua no pueden ser examinados de la manera planteada y que Israel constituye un elemento indispensable para resolver cuestiones fundamentales del litigio. La discusión sobre el principio de Oro Monetario se sitúa precisamente en ese terreno. No es un simple tecnicismo: afecta a los límites de la jurisdicción de la Corte y a la posibilidad de que un Estado sea juzgado por sus propias obligaciones cuando la controversia está relacionada con la conducta de un tercero que no participa en el proceso.

Las audiencias de septiembre fueron, por tanto, una etapa decisiva, pero no una sentencia. Alemania defendió sus objeciones durante la primera ronda del 7 de septiembre y volvió a intervenir el día 9. Nicaragua respondió el 8 y presentó sus argumentos finales el 10 de septiembre. Al concluir las audiencias, la propia CIJ confirmó que el procedimiento había entrado en la fase de deliberación. Todavía no existe una sentencia sobre el fondo y la Corte tampoco ha declarado que Alemania haya cometido las violaciones que Nicaragua le atribuye.

Sobre estas audiencias resulta especialmente interesante el análisis publicado el 17 de septiembre por el jurista costarricense Nicolás Boeglin, titulado “Exportar armas hacia Israel ¿como si nada pasara en Gaza? Audiencias públicas en La Haya en el marco de la demanda Nicaragua c. Alemania por complicidad”. Su texto permite seguir con detalle los argumentos jurídicos planteados durante las jornadas de La Haya y situar el litigio dentro del debate internacional sobre las transferencias de armas a Israel.

También resulta útil recuperar, antes de las audiencias, el artículo de Becca Renk Foster, “Nicaragua alzará de nuevo su voz en favor de Palestina ante la CIJ”, publicado en agosto de 2026. Aquel texto explicaba el contexto de las nuevas audiencias y recordaba precisamente la experiencia de Nicaragua ante la Corte en el caso contra Estados Unidos. Y el trabajo de Stephen Sefton, “Nicaragua y la causa palestina”, publicado en septiembre, permite completar la dimensión histórica que rodea al actual litigio: desde los primeros vínculos entre revolucionarios nicaragüenses y palestinos hasta las relaciones diplomáticas, la cooperación y la posición mantenida por Managua durante las últimas décadas.

¿Y qué ocurre ahora? La respuesta es más sencilla que todo lo que se ha discutido en la sala, aunque sus consecuencias pueden ser importantes. La Corte debe deliberar y decidir sobre las objeciones preliminares de Alemania. La fecha de lectura pública de esa decisión todavía no ha sido anunciada. Si la Corte acepta objeciones que impidan continuar con determinadas reclamaciones, el procedimiento podría quedar limitado o terminar en esta fase. Si las rechaza total o parcialmente, el caso podrá avanzar hacia una etapa posterior en la que las partes deberán discutir el fondo de las acusaciones. Por ahora, ninguna de esas posibilidades debe presentarse como un resultado anticipado.

Por eso las audiencias de septiembre no deberían convertirse en una supuesta victoria definitiva de Nicaragua ni en una derrota definitiva de Alemania. Lo que ha terminado es una etapa del procedimiento; no el litigio. Lo que sí ha quedado sobre la mesa es una cuestión que trasciende a ambos gobiernos: hasta dónde llegan las obligaciones de un Estado que suministra o autoriza material militar cuando ese material puede terminar siendo utilizado en un conflicto en el que existen graves denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario.

Y aquí aparecen las dos grandes preguntas que deberían quedar abiertas mucho más allá de los abogados y los jueces de La Haya.

La primera es la responsabilidad de los Estados que suministran armas cuando existe un riesgo grave de que esas armas sean utilizadas para cometer violaciones del derecho internacional. ¿Dónde comienza y dónde termina la responsabilidad de quien fabrica, autoriza, exporta, financia o facilita material militar? ¿Puede un Estado limitarse a afirmar que cada licencia ha seguido sus procedimientos nacionales o el derecho internacional exige una evaluación más profunda cuando las circunstancias sobre el terreno muestran un riesgo grave para la población civil? La propia CIJ recordó en 2024 que los Estados tienen obligaciones respecto de la transferencia de armas a las partes de un conflicto armado. Si el procedimiento llega al fondo, una de las cuestiones será precisamente determinar el alcance jurídico de esas obligaciones.

La segunda pregunta es todavía más amplia: qué hacen los gobiernos del mundo cuando la destrucción y la muerte de la población palestina continúan y millones de personas reclaman en distintos países que se detenga la violencia y se proteja a la población civil. No se trata solamente de lo que ocurra dentro de una sala de la CIJ. Se trata de saber qué significado tienen las declaraciones de defensa del derecho internacional cuando, al mismo tiempo, continúan las operaciones militares, los desplazamientos, la destrucción de viviendas e infraestructuras y la muerte de civiles. Se trata de saber qué mecanismos políticos, diplomáticos, económicos y jurídicos están dispuestos a utilizar los gobiernos ante una situación que Nicaragua y otros actores califican de genocidio y ante unas denuncias de graves violaciones que continúan siendo documentadas por organismos internacionales.

Porque mientras los gobiernos intercambian notas diplomáticas y los abogados preparan alegatos, el pueblo palestino sigue sufriendo y siguen muriendo personas. Esa realidad no puede quedar convertida en el telón de fondo de un procedimiento judicial. Es el motivo por el que la discusión sobre las armas, las responsabilidades y el derecho internacional tiene consecuencias concretas sobre vidas humanas.

Nicaragua ha decidido llevar esa discusión hasta La Haya. Lo hizo en marzo de 2024, después de décadas de vínculos con Palestina y después de haber utilizado anteriormente la misma Corte para enfrentarse jurídicamente a Estados Unidos. En 2026 ha vuelto a situar ante los jueces una cuestión incómoda para cualquier sistema internacional que pretenda hacer valer unas mismas reglas para todos: si el derecho internacional establece obligaciones para los Estados, esas obligaciones deben ser examinadas también cuando afectan a aliados estratégicos y a transferencias de material militar.

La respuesta todavía no está escrita. Primero tendrá que decidirla la Corte en relación con las objeciones preliminares de Alemania. Después, si el procedimiento continúa, llegará el momento de discutir el fondo. Y solamente entonces podrá conocerse qué establecerá jurídicamente la CIJ sobre las responsabilidades concretas denunciadas por Nicaragua.

Mientras tanto, Palestina sigue siendo una realidad viva, no un expediente. Y Nicaragua sigue sosteniendo ante la comunidad internacional que la solidaridad con el pueblo palestino no puede quedarse únicamente en declaraciones. La pregunta que queda sobre la mesa ya no es solamente qué ocurrirá con Nicaragua contra Alemania. La pregunta es qué significa realmente el derecho internacional cuando quienes están en juego son las vidas de miles de personas y cuando el mundo lleva años reclamando que esa muerte termine.

Nicaragua contra Alemania en La Haya en defensa del pueblo Palestino: el proceso continúa…

Siguenos en twitter:
https://twitter.com/DifusionRebelde
@DifusionRebelde 

Exportar armas hacia Israel ¿como si nada pasara en Gaza? Audiencias públicas en La Haya en el marco de la demanda Nicaragua c. Alemania por complicidad

Por Nicolas Boeglin (Costa Rica)

El 7 de septiembre del 2026 iniciaron en La Haya, las audiencias relativas a la demanda interpuesta en marzo del 2024 por Nicaragua en contra de Alemania por complicidad por genocidio en Gaza.

El texto de la demanda inicial de Nicaragua contra Alemania interpuesta formalmente en el mes de marzo del 2024, está disponible en este enlace oficial en su versión en inglés y en francés.

Al ser Alemania el segundo suplidor en armas a Israel (después de Estados Unidos) y al haber (a diferencia de Estados Unidos) asumido una serie de obligaciones internacionales derivadas de tratados multilaterales a los que es Estado Parte, esta demanda plantea una serie de desafíos para Alemania. Desde esta perspectiva, era previsible que Alemania interpusiera varias excepciones preliminares, en aras de intentar esquivar el examen sobre el fondo por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ): una estrategia legal que no es exenta de riesgos, tal y como lo veremos más adelante. Ante una situación apremiante, posponer el examen sobre el fondo de un asunto resulta casi siempre sancionado por la justicia internacional.

Las audiencias orales que iniciaron el 7 de septiembre se concentraron únicamente en las numerosas excepciones preliminares presentadas por Alemania, tendientes a obtener que la misma CIJ se declare incompetente: se escucharon los alegatos que Alemania y Nicaragua presentaron oralmente al respecto, antes de que la CIJ entre a deliberar.

Con respecto a las audiencias orales, no está de más recordar que su conclusión oficial es la que inicia el denominado «délibéré» de la CIJ: al respecto, tuvimos recientemente la ocasión de analizar las audiencias orales entre Guyana y Venezuela realizadas en mayo del 2026, habiendo Guyana presentado su demanda contra Venezuela en el mes de marzo del 2018 (Nota 1).

El examen sobre el fondo de la demanda se reanudará entre Nicaragua y Alemania, dependiendo de esta decisión preliminar de la CIJ sobre su competencia.

Foto de civiles después de un bombardeo en Gaza, octubre del 2023, extraída de este artículo de prensa publicado en Israel (Magazine +972) titulado «´Lavender»: the AI machine directing Israel bombing spree in Gaza» (edición del 3 de abril del 2024)

Cabe señalar que este 16 de septiembre, se anunció desde Estados Unidos una aprobación para enviar a Israel una importante cantidad de bombas de gran potencia, cuyo uso reiterado por parte de Israel desde octubre del 2023 es en gran parte responsable de la devastación total observada en ciertas partes de Gaza (así como en el Líbano): véase nota de The Guardian.

Una extrema urgencia que Alemania busca frenar

Ante la extrema urgencia de la situación en Gaza, ante la inoperancia reiterada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para sancionar a Israel observada desde el mismo mes de octubre del 2023 (debido a vetos reiterados de Estados Unidos) y ante la negativa de Israel de cumplir con una primera ordenanza de la CIJ del 26 de enero del 2024 (dictaminada en el marco de la demanda contenciosa interpuesta por Sudáfrica contra Israel – véase texto de esta ordenanza, y en particular el párrafo operativo 86), Nicaragua optó por acompañar su demanda contra Alemania del mes marzo del 2024 con una solicitud de medidas provisionales de carácter urgente, tendiente a que Alemania suspendiera sus exportaciones de armas hacia Israel.

Es de notar que desde el mes de marzo del 2024, una pregunta hecha por el Senado en Francia esperó una respuesta que … nunca llegó por parte de las autoridades galas sobre exportaciones de material militar hacia Israel (véase pregunta formulada y la mención «La question est caduque» al final del enlace).

El 5 de abril, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas votó una resolución (véase texto) pidiendo un embargo sobre armas a destinación de Israel (véase nota oficial de Naciones Unidas y nota del medio digital Delfino.cr haciendo ver que Costa Rica se abstuvo sin dar ningún tipo de explicaciones): la votación registro 28 votos a favor, 13 abstenciones, y 6 votos en contra: Alemania, Argentina, Bulgaria, Estados Unidos, Malawi, y Paraguay.

La solicitud urgente de Nicaragua dio lugar a una ordenanza de la CIJ del 30 de abril del 2024 (véase texto), cuyos alcances tuvimos la ocasión de analizar en su momento, y en particular la expresión «at present ../ .. a l´heure actuelle» del párrafo 20 que distinguidos colegas alemanes omitieron convenientemente, al momento de comentarla (Nota 2).  En esta primera etapa, Alemania  asumió una serie de compromisos ante la CIJ con respecto a la conducta de sus autoridades, de manera a convencer a los jueces del carácter innecesario de ordenar medidas provisionales en su contra. En su declaración individual (véase texto completo), el juez oriundo de Sudáfrica no dudo en señalar que:

» The takeaway from all of this is that Germany, being aware of its obligations under international law, will exercise due diligence consistent with that obligation, as well as under its domestic legislative framework, to ensure that no transfer of military equipment contributes to breaches of either the Geneva Conventions or the Genocide Convention .. /..

Ce qu’il faut retenir de tout cela, c’est que l’Allemagne, consciente des obligations qui sont les siennes en droit international, fera preuve de la diligence requise conformément à l’obligation correspondante et à son cadre législatif interne, de sorte qu’aucun transfert de matériel militaire ne contribue à des violations des conventions de Genève ou de la convention sur le génocide».

Traducción:

» La conclusión de todo esto es que Alemania, consciente de sus obligaciones en virtud del derecho internacional, actuará con la debida diligencia, de acuerdo con esas obligaciones y con su marco legislativo nacional, para garantizar que ninguna transferencia de equipo militar contribuya a violaciones de los Convenios de Ginebra ni de la Convención sobre el Genocidio… /…

Las conclusiones del jurista sudafricano  merecen ser leídas, al considerar que esta ordenanza y la expresión «at present / a l´heure actuelle» usada por la CIJ mandan un mensaje que rebasa de muy lejos el reducido marco de la demanda de Nicaragua contra Alemania (Nota 3).

No obstante los diversos compromisos adquiridos por Alemania ante la CIJ en  abril del 2024, sus estrategas legales optaron por cuestionar, meses después, la competencia de la CIJ, presentando varias excepciones preliminares.

El 23 de febrero del 2026, Nicaragua envió un extenso documento a la CIJ refutando todos y cada uno de los argumentos esgrimidos sobre la supuesta incompetencia de la CIJ avanzados por Alemania: véase documento en inglés y en francés, cuya lectura integral se recomienda.

Volante de una conferencia de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 de Naciones Unidas, Francesca Albanese, realizada el 7 de mayo del 2024, sobre su informe titulado «Anatomía de un genocidio» (disponible en este enlace).

Las audiencias de La Haya en breve

Durante el primer día de audiencias en este mes de septiembre del 2026, Alemania sostuvo ante los integrantes de la CIJ que no existe jurídicamente ninguna disputa entre Nicaragua y Alemania que amerite un examen sobre el fondo, reiterando que la CIJ no tiene ninguna competencia en este asunto (véase verbatim). El segundo día de audiencias, Nicaragua refutó unos tras uno los argumentos de Alemania sobre la pretendida incompetencia de la CIJ (véase verbatim así como el video oficial de la CIJ de las audiencias del día 8 de septiembre).

El tercer día de audiencias (9 de septiembre), en la segunda ronda de alegatos, Alemania presentó sus argumentos finales (véase verbatim) con sus conclusiones y petitoria (leerlas a páginas 34-37) solicitando a la CIJ desestimar el caso por carecer de competencia. El cuarto día fue Nicaragua la que presentó sus argumentos finales (véase verbatim) con una petitoria final muy concreta y precisa (página 37).

La lectura pormenorizada de los cuatro  verbatim puede resultar un tanto laboriosa: no obstante la densidad de algunos alegatos, y el esmero de unos y otros, deja entrever que ambos contrincantes intentaron hacer ver a los jueces de la CIJ la supuesta mala fe de la parte contraria. El equipo de Nicaragua se abocó a rechazar uno tras otro todos los argumentos planteados por Alemania y no dejar ninguna duda con respecto a la competencia de la CIJ.

Es de notar que mientras Nicaragua, conforme a la tradición observada en el arte del litigio La Haya, logró establecer un equilibrio lingüístico (inglés y francés) durante la presentación de sus alegatos, Alemania optó por una presentación en un solo idioma (inglés). Las primeras hojas de los verbatim señalan que Nicaragua se presentó a la barra con un sólido equipo de asesores internacionales que cuentan con una vasta experiencia en el arte del litigio internacional en La Haya, al tiempo que Alemania se presentó con un equipo compuesto casi exclusivamente por funcionarios y asesores alemanes, y con asesores internacionales con menor experiencia en La Haya. Nótese que el agente de Nicaragua, Carlos José Argüello Gómez, y el asesor galo Alain Pellet de Nicaragua, iniciaron ambos sus comparecencias ante la CIJ en 1984, con ocasión de la batalla legal contra Estados Unidos: esta contienda culminó con una histórica sentencia de la CIJ condenando a Estados Unidos del 27 de junio de 1986 (véase texto), la cual fue precedida de una sentencia de la CIJ declarándose perfectamente competente de noviembre de 1984 (véase texto). Luego de ridiculizar ante el mundo a Estados Unidos en 1986, fue este mismo equipo que litigó exitosamente contra Honduras (sentencia de la CIJ  de diciembre 2007) y Colombia (noviembre del 2012) con respecto a las zonas marítimas de Nicaragua en el Mar Caribe, y que logró que Costa Rica fuese impedida por la CIJ de navegar con su policías en el Río San Juan, sea en actividades de vigilancia o de simple abastecimiento de puestos fronterizos desde el río (julio del 2009): un derecho que poseía jurídicamente Costa Rica desde 1858 (tratado Cañas-Jerez). Sobre la experiencia, la trayectoria y el innegable talento oratorio del equipo de asesores internacionales de Nicaragua (muchas veces subestimados por algunos círculos políticos y diplomáticos), remitimos a nuestros estimables lectores a unas reflexiones del 2022 escritas con ocasión de la renuncia pública hecha por uno de sus integrantes, el jurista norteamericano Paul Reichler (Nota 4).

Según este reportage de Der Spiegel (véase enlace) publicado hace una semana, las exportaciones de armas de Alemania hacia Israel siguieron aumentando desde el 2024, lo cual plantea algunas interrogantes muy válidas que Nicaragua no desaprovechará en sus comparecencias futuras ante los jueces de la CIJ. En este reportaje de AlJazeera, la máxima representante de la delegación alemana en La Haya optó por no contestar algunas preguntas externadas por la periodista.

Es de notar que el panorama jurídico para Alemania se ve significativamente dificultado por el hecho que tanto en el mes de julio del 2024 (Nota 5) como en el mes de octubre del 2025 (Nota 6), la CIJ emitió dos opiniones consultivas relacionadas a la situación en el territorio ocupado de Palestina, a las obligaciones que tiene Israel como Estado miembro de Naciones Unidas, pero también a las obligaciones «erga omnes» que impone el derecho internacional a los Estados terceros con respecto a las reiteradas ilegalidades cometidas por Israel en el territorio palestino.  En esta entrevista publicada en Alemania, el profesor William Schabas, integrante del equipo de Nicaragua en La Haya, hace ver el doble rasero de algunos en materia de prevención del genocidio, indicar que:

«Providing arms an political diplomatic support are quintessential examples of aid and assistance. The core of the requirement is that the accomplice State must have knowledge of what the perpetrator State is doing. No State can claim that it is unaware of the serious risk that genocide is being perpetrated in Gaza. Furthermore, the assistance must be significant, not trivial. In their intervention in the genocide case filed by Myanmar at the ICJ, several Western states including Germany stressed the importance of the reports of UN commissions of inquiry in the determination of genocidal intent. They said that such reports have ‘particular probative value’ and ‘special importance’. Well, in September 2025 the UN commission of inquiry produced a detailed, comprehensive and damning report that concluded Israel was perpetrating genocide».

Traducción:

«Proporcionar armas y apoyo político-diplomático son ejemplos típicos de ayuda y asistencia. Lo fundamental es que el Estado cómplice debe saber lo que está haciendo el Estado perpetrador. Ningún Estado puede decir que no sabe del grave riesgo de que se esté cometiendo un genocidio en Gaza. Además, la asistencia debe ser significativa, no insignificante. En su intervención en el caso de genocidio presentado por Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia, varios países occidentales, incluida Alemania, destacaron la importancia de los informes de las comisiones de investigación de la ONU para determinar la intención genocida. Dijeron que esos informes tienen un ‘valor probatorio particular’ y una ‘importancia especial’. Pues bien, en septiembre de 2025, la comisión de investigación de la ONU presentó un informe detallado, completo y contundente que concluyó que Israel estaba cometiendo genocidio”.

A modo de ejemplo de las obligaciones jurídicas que pesan sobre un Estado tercero con relación a las exacciones de Israel en Gaza, entre muchos otros, podemos referir a esta petición en línea en el Reino Unido (véase enlace) que mantiene una fuerte presión sobre los decisores políticos con respecto a la ayuda y al comercio con Israel proporcionados desde el Reino Unido. Dicho sea de paso (al escribir estas líneas desde Costa Rica), resulta de interés destacar que Reino Unido suspendió en mayo del 2025 todas las negociaciones con Israel en materia comercial (Nota 7). De igual manera este llamado hecho desde la sociedad civil en Australia luego de dictaminarse la opinión consultiva de la CIJ en julio del 2024.  Esta muy reciente publicación del Parlamento de Luxemburgo hace ver la gran cantidad de obligaciones jurídicas que estas decisiones de la CIJ le imponen a todos los Estados miembros de Naciones Unidas, Luxemburgo incluido (véase conclusiones y recomendaciones a páginas 89-91). En Bélgica, una reciente decisión de un tribunal nacional (véase texto integral) que debería de inspirar a colectivos de juristas en otras latitudes, condenó al Estado belga por no prevenir el genocidio en curso en Gaza. En uno de los pocos artículos al respecto, publicado en EJIL-Talk (Nota 8), se lee que:

«By finding that the Belgian State had failed, at the relevant time, to take all measures reasonably within its power to prevent the alleged violations, the Court demonstrates how obligations of prevention – long discussed in international caselaw and doctrine – can be concretely interpreted and judicially enforced at the domestic level«.

Traducción:

«Al determinar que el Estado belga no había tomado, en el momento pertinente, todas las medidas que razonablemente estaban a su alcance para prevenir las supuestas violaciones, la Corte demuestra cómo las obligaciones de prevención —que desde hace tiempo se debaten en la jurisprudencia y la doctrina internacionales— pueden interpretarse de manera concreta y hacerse valer judicialmente a nivel nacional«.

En septiembre del 2025, la inacción del Consejo Europeo y de la Comisión Europea fueron objetos de una demanda presentada en Francia por el colectivo de juristas JURDI (véase comunicado oficial).

Costa Rica: un cuestionable entusiasmo por el libre comercio con Israel

A diferencia del repudio generalizado contra Israel que se ha escuchado en Europa, y en Canadá, así como en otras latitudes (véase reciente entrevista al jefe de la diplomacia de Noruega), en Costa Rica el mutismo de su aparato diplomático es total cuando se trata de condenar a Israel. El pasado 24 de agosto, la cancillería de Costa Rica celebró el «Premio Jerusalém» otorgado al actual titular de la cartera de relaciones internacionales (véase comunicado oficial y algunas reacciones en redes sociales).

Más allá de las celebraciones por un premio que ningún canciller en el ejercicio de sus funciones ha recibido antes (de tener acceso algún /a  lector/a a la lista de los «Premios Jerusalén» otorgados con anterioridad, se le agradecería remitírnosla por si alguno de estos premios sí fue otorgado a un canciller en ejercicio) (Nota 9), hay que destacar el siguiente hecho: con ocasión de la discusión sobre un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel, los funcionarios de PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior) demostraron ante una comisión de la Asamblea Legislativa no conocer de las discusiones que tanto en Naciones Unidas como en el seno de la Unión Europea (UE) se tiene desde muchos años sobre el comercio con Israel. Resulta de interés leer al respecto esta nota del medio Delfino.cr del 3 de septiembre del 2026 con un título que resume bien lo observado. Al parecer, la intensificación de la política del «fait accompli» de Israel en Cisjordania denunciada (véase por ejemplo este artículo publicado en Bélgica recientemente) no es del conocimiento de PROCOMER. ¿Como así? Como se lee.

En esta otra nota del mismo medio digital con fecha del 10 de septiembre del 2026 (véase enlace), se indica que no llegaron a la comparecencia prevista el 10 de septiembre ante dicha comisión ni el jerarca de la diplomacia costarricense, como tampoco la jerarca de la cartera de comercio exterior costarricense, en razón de compromisos repentinos. Al parecer ambos jerarcas tampoco encontraron manera de delegar su intervención a un funcionario subalterno, como si ganar tiempo posponiendo al mes de octubre su comparecencia fuera la estrategia acordada (por razones que sería de cierto interés conocer).

Sobre el TLC entre Costa Rica e Israel, remitimos adicionalmente a una nota nuestra publicada en el Semanario Universidad (edición del 9 de septiembre del 2026) con respecto a tres criterios que fueron remitidos a la Asamblea Legislativa sobre la inconveniencia para Costa Rica de aprobar este TLC, así como a una emisión del programa universitario radial «Consulta Legal» del 10 de septiembre dedicada a este TLC con Israel (véase video), y a esta emisión del programa universitario «Interferencia» del día siguiente en Radio UCR.

Nótese que, en una sentencia de la Sala Constitucional de julio del 2025 (véase texto completo del voto 23967-2025), la cual se destaca por su extrema brevedad, el juez constitucional señaló que: «Ahora bien, con vista en lo expuesto anteriormente, la Sala estima que el reclamo del accionante resulta improcedente, pues el determinar con quién el Estado de Costa Rica debe suscribir o no convenios, o si la vigencia de estos debe suspenderse o no, no constituye un tema de constitucionalidad que pueda ser conocido en esta jurisdicción«. Una sentencia mucho más extensa de la Sala da una idea del tipo de respuestas recibidas por parte del recurrente sobre las acciones tomadas por la diplomacia costarricense con respecto a Gaza y a Israel (véase texto del voto 42187-2025 del 19 de diciembre del 2025).

Armar a Israel ¿sin percatarse del drama indecible que vive Gaza desde hace casi tres años? Datos recientes en proveniencia de Israel y de Gaza.

El apoyar a Israel militarmente puede generar consecuencias muy graves para un Estado, tratándose de las acusaciones de las que es objeto su insensato accionar militar en Gaza, tanto ante la CIJ como ante la Corte Penal Internacional (CPI): se trata de acusaciones ampliamente respaldadas y actualizadas por diversos informes de órganos de Naciones Unidas.

Es así como, desde septiembre del 2024, se pudo escuchar por parte del jefe de la diplomacia del Reino Unido, otro Estado exportador de armas hacia Israel, que (véase declaración oficial):

«It is with regret that I inform the House today, the assessment I have received leaves me unable to conclude anything other than that for certain UK arms exports to Israel there does exist a clear risk that they might be used to commit or facilitate a serious violation of international humanitarian law«.

Traducción:

«Lamento tener que informar hoy a la Cámara que, según la evaluación que he recibido, no puedo llegar a otra conclusión que no sea que, en el caso de ciertas exportaciones de armas del Reino Unido a Israel, existe un riesgo claro de que puedan usarse para cometer o facilitar una violación grave del derecho internacional humanitario«.

El último informe situacional (al 2 de septiembre del 2026) realizado por Naciones Unidas sobre lo que ocurre en Gaza está disponible en este enlace y desde ya se sugiere su lectura, completándola con este informe más general sobre lo que ocurre en todo el territorio palestino además de Gaza (al 4 de septiembre del 2026), y que inicia señalando que:

«Children continue to be killed by airstrikes and other attacks affecting populated areas in the Gaza Strip.

Most of Gaza’s 2.1 million are approaching the rainy season in overcrowded displacement sites, at risk of flooding and disease, while efforts to help them prepare are constrained by funding shortfalls and access restrictions«.

Traducción:

«Los niños siguen muriendo por los ataques aéreos y otros ataques que afectan a zonas pobladas en la Franja de Gaza.

La mayoría de los 2.1 millones de habitantes de Gaza se acercan a la temporada de lluvias en campamentos de desplazados superpoblados, expuestos al riesgo de inundaciones y enfermedades, mientras que los esfuerzos para ayudarlos a prepararse se ven limitados por la falta de fondos y las restricciones de acceso«.

Asfixiar a 2,1 millones de habitantes al no permitir entrar en Gaza ayuda humanitaria urgente que requieren estas personas, siendo sometidas desde la tarde/noche del mismo 7 de octubre del 2023, a bombardeos indiscriminados y desproporcionales, con una red hospitalaria prácticamente destruida, y con muchas de ellas viviendo a la intemperie en un desolador campo de ruinas, con poca agua y alimentación, constituye una faceta dramática del insensato accionar de Israel en Gaza, que Nicaragua espera poder explicar a la CIJ y relacionar a la generosa ayuda militar recibida por parte de Alemania.

El pasado 10 de septiembre, valientes comunicadores israelíes dieron a conocer un documental en la Bienal de cine de Venecia, titulado «Naza«, sobre la maquinaria destructiva militar israelí en Gaza dirigida desde programas informáticos que combinan rastreo y ubicación de llamadas, reconocimiento facial e inteligencia artificial (véase nota del medio israelí Magazine+972, así como este reportaje de Al Jazeera, esta nota de CNN y esta otra de France24). La conferencia de prensa completa de los directores de este documental en Venecia está disponible en este enlace y es sumamente recomendada escucharla. Este 14 de septiembre, Democracy Now dedicó un espacio al alcance y a los directores de este documental (véase enlace): este documental, como previsible, ha provocado las reacciones iracundas y los habituales exabruptos de las máximas autoridades israelíes (tanto en la esfera gubernamental como militar) que ya no impresionan mayormente a nadie (salvo algunas salas de redacción en Estados Unidos y algunos círculos que gravitan usualmente alrededor de las embajadas de Israel, con sus relevos en la prensa nacional): véase sobre estas reacciones furibundas israelíes esta nota de RadioFrance del 15 de septiembre.

Otra reacción iracunda contra la prensa israelí de investigación que revela algunos de los secretos mejores guardados del Primer Ministro israelí se puede leer en esta nota de la BBC (también del 10 de septiembre), en la que se precisa que:

«Según informó Haaretz, durante esa llamada, el jeque Bin Zayed advirtió explícitamente a Netanyahu que Sinwar le dijo a un exfuncionario palestino que Hamás estaba preparando una operación importante que describió como un «terremoto».Bin Zayed expresó su preocupación de que el suceso en cuestión no solo provocara un derramamiento de sangre, sino que también desestabilizara toda la región».

Este 15 de septiembre del 2026, en un comunicado oficial del Alto Comisionado para  los Derechos Humanos de Naciones Unidas en persona, pasado totalmente desapercibido en la prensa internacional (véase texto completo), se puede leer que:

«I worry the remains recovered so far may only be the tip of the iceberg. Much of Gaza has been flattened by Israeli bombing or demolition and clearing by heavy machinery and explosives. Today, many areas in Gaza where the Israeli military is deployed continue to be levelled by bulldozers with no respect for the dead under the rubble«.

Traducción:

«Me preocupa que los restos recuperados hasta ahora sean solo la punta del iceberg. Gran parte de Gaza ha quedado arrasada por los bombardeos israelíes o por la demolición y el desmonte con maquinaria pesada y explosivos. Hoy en día, muchas zonas de Gaza donde está desplegado el ejército israelí siguen siendo arrasadas por las excavadoras sin ningún respeto por los muertos que yacen bajo los escombros«.

A modo de conclusión

Finalizadas las audiencias en La Haya en esta segunda semana de septiembre del 2026, la CIJ inició su «délibéré» para  decidir (en un plazo que puede variar entre 3 meses y 9 meses) si son o no de recibo los argumentos presentados por Alemania.

Con relación a la estrategia jurídica de Alemania, no está de más recordar que no es exenta de riesgos: en efecto, cual sea el caso contencioso entre dos Estados, el invocar por parte del Estado demandado excepciones preliminares sobre la supuesta incompetencia de la CIJ puede ser interpretado por algunos de los integrantes de la CIJ como una renuencia de un Estado (que no quiere que la justicia internacional examine el fondo del asunto).

Desde este punto de visto, se puede considerar desde ya cuestionable la estrategia de Alemania: dado el dramático contexto que se vive Gaza, Alemania hubiera perfectamente podido evitar recurrir a este incidente procesal y aceptar la competencia de la CIJ sin mayor dilación. Al recurrir a este incidente procesal, se podría también  interpretar que Alemania, por alguna razón muy propia (y que sería se sumo interés conocer), está buscando ganar tiempo.

Dentro de unos meses, será la CIJ la que indicará en qué medida Nicaragua puede continuar con este procedimiento contencioso interpuesto contra Alemania con respecto al fondo de su demanda.

-El autor, Nicolas Boeglin, es Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Contacto : nboeglin@gmail.com.

Notas:

Nota 1:  Véase BOEGLIN N., «Audiencias orales de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el marco de la controversia Guyana vs. Venezuela: algunas  reflexiones«, 11 de mayo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre la ordenanza de la CIJ del 30 de abril relativa a la solicitud de medidas provisionales de Nicaragua contra Alemania«, 30 de abril del 2024. Texto integral disponible en este enlace. Véase también un análisis de dos colegas alemanes, STENDEL R., WENTKER A., “Taking the Road Less Travelled: The ICJ’s Pragmatic Approach to Provisional Measures in Nicaragua v Germany”, EJIL-Talk, edición del 3 de marzo del 2024. Texto integral disponible en este enlace, incluyendo dos comentarios nuestros a los autores de este análisis. De igual manera desde Alemania, véase también (más completo que el anterior análisis), TALMON S., «Why the provisional measures order in Nicaragua v. Germany severely limits Germany´s ability to transfer arms to Israel«, Verfassungsblog, edición del 2 de mayo del 2024. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 3: Leemos que para el integrante nativo de Sudáfrica en el seno de la CIJ, esta ordenanza de la CIJ envía una señal muy clara a otros Estados que suplen de armas y municiones a Israel. En el último párrafo de su declaración individual, señala que:

«13. While the Court has not issued any provisional measures at this stage, the current Order makes plain that it expects Germany, and other States supplying weapons to Israel, to exercise due diligence and ensure that weapons transferred to Israel are not used in the commission of acts of genocide or breaches of international humanitarian law. For me this is not a hollow statement but a statement with real legal significance. In particular, in the consideration of the responsibility of Germany, or any other State, for breaches of either the Genocide Convention or international humanitarian law, including responsibility for not taking appropriate measures in the face of a risk of such breaches, the effect of this Order would be to remove any plausible deniability of knowledge of the risk. ../ ..   

13. Si elle n’a pas indiqué de mesures conservatoires à ce stade, la Cour fait néanmoins clairement savoir, dans l’ordonnance rendue ce jour, qu’elle attend de l’Allemagne, ainsi que des autres États qui fournissent des armes à Israël, qu’ils fassent preuve de la diligence requise et veillent à ce que les armes transférées à Israël ne soient pas utilisées pour commettre des actes de génocide ni pour enfreindre le droit international humanitaire. À mes yeux, c’est non pas une formule creuse, mais une déclaration ayant une véritable portée juridique. En particulier, si la Cour devait examiner la responsabilité de l’Allemagne, ou de tout autre État, à raison de manquements à la convention sur le génocide ou au droit international humanitaire, y compris la responsabilité qu’engagerait le fait de ne pas avoir pris de mesures adéquates alors que de tels manquements risquent d’être commis, l’ordonnance rendue ce jour aurait pour effet de priver les intéressés de toute possibilité de nier, de manière plausible, avoir eu connaissance de ce risque».

Traducción:

«13. Aunque la Corte no ha dictado ninguna medida provisional en esta etapa, la orden actual deja claro que espera que Alemania, y otros Estados que suministran armas a Israel, actúen con la debida diligencia y se aseguren de que las armas transferidas a Israel no se usen para cometer actos de genocidio o violaciones del derecho internacional humanitario. Para mí, esto no es una declaración vacía, sino una declaración con verdadero significado legal. En particular, al analizar la responsabilidad de Alemania, o de cualquier otro Estado, por violaciones de la Convención sobre el Genocidio o del derecho internacional humanitario —incluida la responsabilidad por no tomar las medidas adecuadas ante el riesgo de tales violaciones—, el efecto de esta orden sería eliminar cualquier negación plausible de haber tenido conocimiento del riesgo. ../ ..

Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Nicaragua, a propósito de la renuncia de uno de los principales artífices de logros obtenidos ante la justicia internacional, LaRevista.cr, edición del 9 de abril del 2022. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 5: Véase BOEGLIN N., «Ocupación prolongada y colonización ilegal israelí del territorio palestino: apuntes con relación a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)», 19 de julio del 2024. Texto integral disponible en este enlace. Véase también un análisis de dos colegas galos, MAIA C., POISSONNIER G., “Avis de la CIJ de 2024 relatif à l’occupation du territoire palestinien: une analyse au prisme du droit international des droits humains”, La Revue des Droits de l’Homme, Actualités Droits-Libertés.Texto integral disponible en este enlace.

Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre el alcance de la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 22 de octubre del 2025. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 7: Véase esta nota de The Guardian del 20 de mayo del 2025 titulada «UK suspends trade talks with Israel and attacks ‘repellent’ extremism«. Cabe precisar que en su intervención, el jefe de la diplomacia británica externó ante el Parlamento británico  (véase texto completo) que:

«As the Prime Minister and fellow leaders said yesterday, we cannot stand by in the face of this new deterioration. It is incompatible with the principles that underpin our bilateral relationship. Rejected by Members across this House and frankly it’s an affront to the values of the British people«.

Traducción:

«Como dijeron ayer el primer ministro y los demás líderes, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante este nuevo deterioro. Es incompatible con los principios que sustentan nuestra relación bilateral. Ha sido rechazado por los diputados de toda esta Cámara y, francamente, es una afrenta a los valores del pueblo británico«.

Nota 8: Véase MINGET C., «Domestic Courts and the States’ Obligation to Prevent Genocide and Serious Violations of IHL: The Brussels Court of Appeal’s Interlocutory Judgment of 16 March 2026«, EJIL–Talk, edición del 26 de mayo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 9: En el caso de Uruguay, el denominado «Premio Jerusalém» fue otorgado en el 2026 a un periodista (véase emisión de la televisión uruguaya). En el caso de Colombia, en el 2025, este mismo premio también fue otorgado a un periodista y columnista (véase enlace). En el caso de Costa Rica, en el 2023, este premio fue otorgado a una ex jueza costarricense de la Corte Penal Internacional (CPI) que fungió luego como jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el período 2016-2021: véase nota de La Nación de agosto del 2023. Siempre con respecto a Costa Rica, este premio fue otorgado a un ex diplomático en el 2022 (véase nota de prensa). No se tiene conocimiento de un premio de este tipo otorgado a un canciller meses después de debutar sus funciones, como es el caso del actual canciller de Costa Rica, que inició sus funciones en mayo del 2026. En el 2025, el  actual Presidente de Argentina recibió otro premio en Israel, conocido, según se lee como el «Premio Nobel del mundo judío» (véase nota oficial de prensa).

Siguenos en twitter:
https://twitter.com/DifusionRebelde
@DifusionRebelde