Por Javier Huerta
La 81.陋 Asamblea General de las Naciones Unidas ha terminado dejando una impresi贸n dif铆cil de resumir en una sola palabra. Durante varios d铆as, representantes de 194 delegaciones, entre ellos 113 jefes de Estado y de Gobierno, ocuparon la tribuna de la organizaci贸n para hablar de guerras, soberan铆a, desarrollo, Palestina, Ucrania, Ir谩n, deuda, cambio clim谩tico, inteligencia artificial y reforma de las instituciones internacionales. Al cerrar el debate, el presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, resumi贸 algunas de las principales preocupaciones expresadas por los Estados: la protecci贸n de la poblaci贸n civil, el acceso humanitario, la rendici贸n de cuentas, las soluciones pol铆ticas basadas en el derecho internacional y la necesidad de que el Consejo de Seguridad cumpla las responsabilidades que le asigna la Carta. El lema de esta sesi贸n —«Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations That Delivers for All»— condensaba precisamente el desaf铆o: recuperar la confianza en una organizaci贸n cuya autoridad se encuentra sometida a una presi贸n creciente.
Pero detr谩s de la sucesi贸n de discursos aparece una cuesti贸n m谩s profunda. La Asamblea no ha sido 煤nicamente otro escenario para enumerar los problemas del planeta, sino un espacio donde se ha hecho visible la disputa por las reglas que deben organizar las relaciones internacionales en un mundo que ya no se corresponde con el reparto de poder de 1945. Ant贸nio Guterres advirti贸 de la profundizaci贸n de las fracturas internacionales y situ贸 entre los grandes desaf铆os de nuestro tiempo la guerra y la paz, la desigualdad, el cambio clim谩tico y la inteligencia artificial. Lo que est谩 en juego, por tanto, no es solamente si Naciones Unidas funciona mejor o peor, sino qui茅n tiene capacidad para definir qu茅 significan la seguridad, la soberan铆a, el desarrollo, la legalidad internacional y la cooperaci贸n en el siglo XXI.
En «La ONU entre expectativas y realidad», Fabrizio Casari examina la distancia entre los objetivos fundacionales de la organizaci贸n y los l铆mites que impone la realidad internacional. Y en el articulo, «Las an茅cdotas de la 81.陋 Asamblea General de la ONU en crisis: una semana que retrat贸 el mundo que est谩 cambiando», donde repaso algunos de los episodios m谩s significativos de la semana de alto nivel. Este art铆culo contin煤a esa reflexi贸n desde una perspectiva pol铆tica y econ贸mica: m谩s all谩 de las escenas y los discursos, interesa examinar las relaciones de poder y las contradicciones institucionales que ayudan a explicar la crisis del multilateralismo y las fuerzas que pugnan por definir el orden internacional que est谩 tomando forma.
Una organizaci贸n nacida en 1945 ante un mundo transformado
La arquitectura institucional creada despu茅s de la Segunda Guerra Mundial contin煤a siendo el marco jur铆dico fundamental del sistema internacional, pero el mundo que la sostiene ha cambiado profundamente. Las potencias que entonces concentraban gran parte de la capacidad econ贸mica, militar y pol铆tica conservan una influencia extraordinaria, aunque junto a ellas han aparecido nuevos centros de poder econ贸mico, tecnol贸gico y demogr谩fico. China ocupa una posici贸n central en la econom铆a mundial; India ha incrementado su peso econ贸mico y pol铆tico; Rusia mantiene una considerable capacidad militar y energ茅tica; y numerosos pa铆ses latinoamericanos, africanos y asi谩ticos reclaman un mayor margen de decisi贸n. Agrupaciones como BRICS expresan, pese a la heterogeneidad y los intereses diferentes de sus miembros, la b煤squeda de mecanismos de cooperaci贸n que no dependan exclusivamente de instituciones dominadas hist贸ricamente por las potencias occidentales.
La cuesti贸n no consiste simplemente en sustituir un centro de poder por otro, sino en determinar si la transformaci贸n de la distribuci贸n internacional del poder puede traducirse en instituciones m谩s representativas y en mayores m谩rgenes de decisi贸n para los pa铆ses que hist贸ricamente han tenido menos capacidad para establecer las reglas.
En este debate vuelve a adquirir actualidad la figura de Miguel d’Escoto Brockmann. Durante su presidencia de la Asamblea General, en 2008-2009, el diplom谩tico y sacerdote nicarag眉ense defendi贸 una democratizaci贸n profunda de la ONU y cuestion贸 que el Consejo de Seguridad concentrar谩 una capacidad pol铆tica desproporcionada respecto de la Asamblea General, donde est谩n representados todos los Estados miembros. Sus propuestas no resolvieron aquella contradicci贸n, pero permiten recordar que la discusi贸n sobre la reforma de la ONU no naci贸 con la crisis actual: lleva d茅cadas vinculada al problema de qui茅n decide en nombre de la comunidad internacional. Para profundizar en este legado, puede consultarse el art铆culo «Miguel d’Escoto y la reinvenci贸n de la ONU: una propuesta sandinista para democratizar el mundo».
La necesidad de reformar la organizaci贸n no puede separarse de la desigualdad de poder que caracteriza su funcionamiento. La existencia de un Consejo de Seguridad con cinco miembros permanentes dotados de derecho de veto condiciona la respuesta internacional ante numerosas crisis. Mientras tanto, regiones enteras contin煤an reclamando una representaci贸n acorde con su peso demogr谩fico y pol铆tico. 脕frica, cuya exclusi贸n de los puestos permanentes sigue siendo uno de los principales asuntos pendientes, recuerda que la reforma institucional no es una discusi贸n meramente administrativa: tambi茅n es una disputa por corregir las jerarqu铆as heredadas de un orden mundial anterior.
Soberan铆a, doble rasero y poder de las grandes potencias
La disputa se hizo particularmente visible en el discurso de Estados Unidos. La Administraci贸n Trump present贸 ante la Asamblea una concepci贸n de las relaciones internacionales basada en la soberan铆a nacional, la primac铆a de los intereses estadounidenses y el rechazo de una mayor transferencia de competencias hacia estructuras internacionales. La propia Casa Blanca resumi贸 la intervenci贸n de Donald Trump como una defensa de la fortaleza estadounidense, de sus intereses y de su soberan铆a. Esa posici贸n puede consultarse en la declaraci贸n oficial de la Casa Blanca del 22 de septiembre de 2026.
Sin embargo, la defensa de la soberan铆a debe contrastarse con las actuaciones concretas de Washington y con el trato que dispensa a otros pa铆ses cuando sus decisiones no coinciden con los intereses estadounidenses. Uno de los episodios m谩s significativos fue la denegaci贸n o revocaci贸n de visados a representantes palestinos, incluido el presidente Mahmud Ab谩s, que impidi贸 su participaci贸n presencial en la sede de Naciones Unidas durante la semana de alto nivel. El 17 de septiembre, la Asamblea General aprob贸 una resoluci贸n para permitir que Palestina participara mediante una intervenci贸n pregrabada: obtuvo 152 votos a favor, tres en contra —Estados Unidos, Israel y Paraguay— y cuatro abstenciones —Colombia, Honduras, Panam谩 y Per煤—. La resoluci贸n lament贸 expresamente la decisi贸n estadounidense. Los detalles figuran en la informaci贸n oficial de Naciones Unidas sobre la votaci贸n.
El episodio muestra una contradicci贸n dif铆cil de ignorar: mientras Washington reivindica su soberan铆a nacional y cuestiona las limitaciones que puedan imponerle las instituciones multilaterales, su pol铆tica de visados restringi贸 la participaci贸n palestina en el principal foro universal de la organizaci贸n. La votaci贸n no demuestra que todos los pa铆ses que apoyaron la resoluci贸n compartan una misma posici贸n sobre el conjunto del conflicto palestino-israel铆, pero s铆 refleja un amplio respaldo a que Palestina pudiera intervenir en el debate general.
El problema es m谩s amplio que este episodio. Las grandes potencias tienden a interpretar los principios internacionales en funci贸n de sus alianzas e intereses, presentando sus propias actuaciones como defensa de la seguridad o del orden mientras cuestionan las de sus adversarios. Se帽alar este doble rasero no exige afirmar que todas las situaciones sean id茅nticas ni que las responsabilidades de los Estados sean intercambiables; exige aplicar criterios coherentes a las actuaciones de todos ellos. Si la soberan铆a y el derecho internacional deben servir para limitar los abusos de poder, no pueden convertirse en argumentos que se invocan para proteger los intereses propios y se relativizan cuando amparan a pueblos o gobiernos enfrentados a una gran potencia.
La cuesti贸n adquiere mayor relevancia al comparar el discurso estadounidense con las posiciones de Nicaragua, Cuba o Ir谩n, pa铆ses que tambi茅n invocan la soberan铆a, aunque desde contextos y proyectos pol铆ticos diferentes. Sus declaraciones deben atribuirse a sus respectivos gobiernos y someterse a examen cr铆tico, pero no por ello cabe ignorar la cuesti贸n material que plantean: ¿qu茅 margen real de autodeterminaci贸n conserva un pa铆s cuando las sanciones, la presi贸n financiera, las restricciones comerciales o la amenaza militar condicionan sus decisiones? El problema no es qui茅n utiliza con mayor frecuencia el lenguaje de la soberan铆a, sino qui茅n dispone de capacidad para imponer sus decisiones y qui茅n puede exigir que las reglas se apliquen tambi茅n a las grandes potencias.
La guerra entre Estados Unidos e Ir谩n convirti贸 esa disputa en una cuesti贸n especialmente concreta. El presidente iran铆, Masoud Pezeshkian, afirm贸 ante la Asamblea que su pa铆s no capitular铆a ante la presi贸n militar estadounidense, pero sostuvo que Ir谩n segu铆a abierto a la diplomacia. Rechaz贸 negociar bajo amenaza, defendi贸 el car谩cter pac铆fico que Teher谩n atribuye a su programa nuclear y denunci贸 las acciones militares estadounidenses. La delegaci贸n estadounidense abandon贸 la sala al comienzo del discurso iran铆, seg煤n inform贸 Reuters el 23 de septiembre. Estas afirmaciones recogen la posici贸n del Gobierno iran铆 y no deben confundirse con una verificaci贸n independiente de todas sus acusaciones.
El episodio pone de manifiesto una de las contradicciones centrales de la pol铆tica internacional: la diplomacia contin煤a present谩ndose como instrumento para resolver las crisis, pero su eficacia queda gravemente limitada cuando la negociaci贸n se desarrolla bajo presi贸n militar, econ贸mica o financiera. El control de las rutas energ茅ticas, las sanciones, el petr贸leo y el estrecho de Ormuz no son cuestiones separadas de la geopol铆tica; forman parte de una misma disputa por la capacidad de los Estados para decidir sobre sus recursos y sus relaciones exteriores.
Algo semejante ocurre con Palestina y Ucrania, aunque sus contextos hist贸ricos y pol铆ticos sean diferentes. La Asamblea volvi贸 a escuchar llamamientos a proteger a la poblaci贸n civil y respetar el derecho internacional, mientras las posiciones de los Estados mostraron profundas diferencias sobre la aplicaci贸n pr谩ctica de esos principios. La credibilidad del sistema multilateral depende de que las normas no queden subordinadas permanentemente a las alianzas y a las relaciones de fuerza. No basta con proclamar la vigencia del derecho internacional: tambi茅n hay que examinar qu茅 ocurre cuando su aplicaci贸n entra en conflicto con los intereses de una potencia.
El Sur Global y la b煤squeda de un orden multipolar
Desde esta perspectiva deben leerse las intervenciones de varios pa铆ses del Sur Global. Nicaragua defendi贸, durante la reuni贸n dedicada al 40.潞 aniversario de la Declaraci贸n sobre el Derecho al Desarrollo, la eliminaci贸n de medidas que obstaculizan el desarrollo y vulneran la soberan铆a, la igualdad soberana, la no injerencia y la autodeterminaci贸n. Su representaci贸n reclam贸 una reforma de la arquitectura econ贸mica y financiera internacional para avanzar hacia un orden m谩s justo, democr谩tico, inclusivo y multipolar. La intervenci贸n puede consultarse en la transcripci贸n de Naciones Unidas de la reuni贸n del 23 de septiembre de 2026.
En el debate general, el Gobierno nicarag眉ense destac贸 asimismo la importancia creciente de BRICS, vincul贸 esa agrupaci贸n con el derecho al desarrollo, expres贸 solidaridad con Cuba, respald贸 el principio de una sola China (no reconoce a Taiw谩n como un Estado independiente de China) y manifest贸 su apoyo a la posici贸n rusa en favor de la paz. Estas declaraciones permiten identificar las prioridades diplom谩ticas de Managua, aunque no convierten a BRICS en una organizaci贸n homog茅nea ni demuestran que todos sus miembros compartan una misma concepci贸n del orden mundial. La agrupaci贸n re煤ne pa铆ses con intereses econ贸micos, estrategias internacionales y sistemas pol铆ticos diferentes, unidos en parte por la b煤squeda de mayor capacidad de negociaci贸n dentro de las instituciones mundiales.
Cuba plante贸 una problem谩tica relacionada al situar el bloqueo y las presiones econ贸micas estadounidenses en el centro de su reivindicaci贸n de soberan铆a y desarrollo. Para el Gobierno cubano, las restricciones econ贸micas y financieras limitan las posibilidades de desarrollo del pa铆s y forman parte de una pol铆tica de coerci贸n. El debate debe atender tanto a las consecuencias econ贸micas y sociales de esas medidas como a los argumentos que ofrece Washington para justificarlas. En cualquier caso, el uso de instrumentos econ贸micos para condicionar las decisiones pol铆ticas de otros Estados constituye una cuesti贸n central para comprender los l铆mites materiales de la soberan铆a.
Venezuela, por su parte, vincul贸 soberan铆a, recursos naturales, energ铆a, industria, comercio, tecnolog铆a e inteligencia artificial dentro de una misma concepci贸n de autonom铆a nacional. Su representaci贸n present贸 las sanciones y las presiones externas como obst谩culos para el desarrollo y para el control nacional de los recursos. Estas posiciones deben distinguirse de los hechos comprobables y de las interpretaciones sobre la pol铆tica venezolana, pero permiten identificar un argumento compartido por varios gobiernos del Sur: la soberan铆a pierde contenido material cuando las decisiones econ贸micas fundamentales quedan condicionadas por restricciones financieras, dificultades de acceso a mercados, tecnolog铆a o energ铆a.
Rusia defendi贸 una interpretaci贸n del futuro internacional basada en la construcci贸n de un mundo multipolar y en la oposici贸n a estructuras que considera dominadas por una minor铆a de potencias. Esa posici贸n debe analizarse teniendo en cuenta tambi茅n las actuaciones del propio Estado ruso y las controversias que suscita su pol铆tica exterior. La utilizaci贸n del lenguaje de la multipolaridad no exime a ning煤n gobierno de la obligaci贸n de respetar el derecho internacional.
China, por su parte, defendi贸 la centralidad de Naciones Unidas y de la Carta de la organizaci贸n, reclam贸 respeto a la soberan铆a y a la seguridad de los pa铆ses y abog贸 por resolver las controversias mediante el di谩logo y las consultas. Tambi茅n defendi贸 el principio de que sean los palestinos quienes gobiernen Palestina. Estas posiciones forman parte de la pol铆tica exterior del Gobierno chino y conviven con sus propios intereses estrat茅gicos y econ贸micos, que deben evaluarse, como los de cualquier gran potencia, a partir de sus declaraciones y de sus actuaciones.
La diversidad de posiciones se aprecia tambi茅n en pa铆ses que no pueden reducirse simplemente a uno u otro bloque. India advirti贸 sobre los efectos globales de los conflictos y reclam贸 proteger a la poblaci贸n civil y mantener los flujos de energ铆a y comercio, al tiempo que describi贸 las dificultades que afrontan los pa铆ses del Sur en materia de alimentos, combustibles, fertilizantes y financiaci贸n. Brasil ha defendido el multilateralismo, la soberan铆a latinoamericana y la reforma de las instituciones internacionales. Numerosos Estados africanos contin煤an reclamando una representaci贸n permanente del continente en el Consejo de Seguridad. Para muchos de estos pa铆ses, reformar el sistema significa corregir estructuras heredadas de una 茅poca colonial y ampliar la capacidad de decisi贸n de Estados cuya representaci贸n institucional no corresponde a su peso demogr谩fico y pol铆tico.
Ahora bien, ser铆a insuficiente describir esta transformaci贸n como una simple sustituci贸n de la hegemon铆a estadounidense por una futura hegemon铆a china, rusa o de cualquier otra potencia. La multipolaridad describe una distribuci贸n m谩s diversificada del poder, pero no garantiza por s铆 misma un orden internacional m谩s justo. Puede abrir espacios de autonom铆a para determinados Estados y, al mismo tiempo, mantener profundas desigualdades econ贸micas y sociales. La existencia de m谩s polos no elimina autom谩ticamente las relaciones de explotaci贸n, dependencia o concentraci贸n de riqueza. La transformaci贸n del equilibrio entre Estados y la transformaci贸n de las relaciones sociales no son procesos id茅nticos.
La econom铆a pol铆tica del nuevo orden mundial
La geopol铆tica no puede separarse de la econom铆a pol铆tica internacional. La disputa por el poder mundial tambi茅n pasa por qui茅n controla el cr茅dito, las monedas de reserva, los sistemas de pago, las cadenas de suministro, los recursos minerales, la energ铆a, los semiconductores, las infraestructuras digitales y las tecnolog铆as estrat茅gicas. Las sanciones pueden restringir el acceso a mercados, financiaci贸n y tecnolog铆a; la deuda reduce el margen de maniobra de numerosos pa铆ses; y la competencia por minerales cr铆ticos y fuentes energ茅ticas est谩 adquiriendo una importancia creciente. Al mismo tiempo, las grandes empresas tecnol贸gicas acumulan capacidades que hace apenas unas d茅cadas estaban reservadas casi exclusivamente a los Estados.
Por eso, la capacidad jur铆dica de un pa铆s para declararse soberano puede no coincidir con su capacidad material para ejercer esa soberan铆a. Cuando los pa铆ses endeudados encuentran dificultades para financiar pol铆ticas de desarrollo, cuando el acceso a tecnolog铆a depende de un reducido n煤mero de proveedores y cuando las cadenas de producci贸n est谩n concentradas en determinados territorios, la autonom铆a nacional se ve condicionada por relaciones econ贸micas que desbordan las fronteras. La discusi贸n sobre una nueva arquitectura financiera internacional, planteada por Nicaragua y otros pa铆ses del Sur, afecta as铆 al reparto mundial de recursos y de capacidad de decisi贸n, no solo al funcionamiento administrativo de las instituciones.
La inteligencia artificial constituye uno de los ejemplos m谩s claros de esta transformaci贸n. En su discurso de clausura del debate general, el presidente de la Asamblea General se帽al贸 que cuatro a帽os antes solo cinco delegaciones hab铆an abordado esta cuesti贸n, mientras que en 2026 lo hicieron 128, m谩s que las que hablaron sobre derechos humanos y cambio clim谩tico. El dato muestra la velocidad con la que la IA ha pasado de ocupar un lugar secundario a convertirse en una preocupaci贸n central de la agenda internacional. Puede consultarse en el discurso de clausura de Khalilur Rahman, del 28 de septiembre.
Pero la amplitud del debate no significa que todos los pa铆ses tengan la misma capacidad para intervenir en las decisiones. Seg煤n el informe de Naciones Unidas Governing AI for Humanity, publicado en 2024, 118 pa铆ses no eran parte de ninguna de las siete iniciativas internacionales de gobernanza de la inteligencia artificial examinadas en el documento. La cifra no significa que esos Estados estuvieran ausentes de todos los debates sobre IA, sino que no participaban en ninguno de esos siete mecanismos concretos. La desigualdad afecta, por tanto, tanto al acceso a las herramientas tecnol贸gicas como a la capacidad para influir en las reglas que determinar谩n su desarrollo y utilizaci贸n.
La concentraci贸n de los sistemas m谩s avanzados en un n煤mero reducido de pa铆ses y empresas plantea un problema que rebasa la innovaci贸n t茅cnica. Quien controla los centros de datos, los semiconductores, la capacidad de computaci贸n, las plataformas y los grandes conjuntos de datos dispone de una ventaja econ贸mica y estrat茅gica que puede condicionar a otros Estados. La presidencia de la Asamblea advirti贸 precisamente del riesgo de que un peque帽o n煤mero de pa铆ses y empresas controle los datos, la capacidad de computaci贸n y las reglas que afectar谩n al conjunto de la humanidad.
La IA se convierte as铆 en una cuesti贸n de soberan铆a tecnol贸gica, pero tambi茅n de clase: sus beneficios, los empleos que transforme, los riesgos que genere y el poder que concentre depender谩n de qui茅n posea las infraestructuras y de qui茅n pueda decidir sobre su uso. No basta con preguntar qu茅 pa铆ses liderar谩n la innovaci贸n; hay que preguntarse qui茅n se apropiar谩 de sus beneficios, qu茅 sectores soportar谩n sus costes y qu茅 capacidad tendr谩n los pueblos para intervenir en decisiones que afectar谩n a sus condiciones de vida.
La misma l贸gica atraviesa la cuesti贸n energ茅tica y los recursos naturales. Las guerras contempor谩neas no pueden analizarse exclusivamente a partir de declaraciones diplom谩ticas o movimientos militares cuando el petr贸leo, el gas, los minerales estrat茅gicos, las rutas mar铆timas y las infraestructuras forman parte de las condiciones materiales que permiten ejercer poder. El caso de Ir谩n y el estrecho de Ormuz lo ha vuelto particularmente evidente, pero la competencia por recursos estrat茅gicos se extiende desde Am茅rica Latina hasta 脕frica y Asia. El derecho de los pueblos a disponer de sus recursos aparece as铆 unido a la discusi贸n sobre desarrollo y soberan铆a que Nicaragua y otros pa铆ses del Sur llevaron a la Asamblea.
Desarrollo, desigualdad y crisis clim谩tica
La distancia entre los compromisos internacionales y sus resultados tambi茅n puede medirse en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El informe de Naciones Unidas de 2026 indica que, de las 139 metas para las que hab铆a datos de tendencia disponibles, solo el 36 % estaba en v铆as de cumplirse o mostraba avances moderados; el 49 % progresaba demasiado lentamente y el 15 % hab铆a retrocedido respecto de los niveles de 2015. El informe se帽ala entre los obst谩culos los conflictos, la desigualdad, la crisis clim谩tica, el endeudamiento y la insuficiencia de financiaci贸n.
Estas cifras impiden reducir la crisis del multilateralismo a un desacuerdo diplom谩tico entre gobiernos: tambi茅n reflejan la dificultad de convertir las declaraciones sobre desarrollo sostenible en mejoras suficientes para las mayor铆as sociales. Cuando los pa铆ses destinan recursos al servicio de la deuda, afrontan costes crecientes de financiaci贸n y carecen de acceso adecuado a tecnolog铆a e inversi贸n, su capacidad para desarrollar pol铆ticas propias queda condicionada. La reforma de la arquitectura econ贸mica y financiera internacional tiene consecuencias directas sobre la educaci贸n, la sanidad, el empleo, la alimentaci贸n y las posibilidades de desarrollo de millones de personas.
La cuesti贸n clim谩tica introduce otra contradicci贸n. Muchos pa铆ses que han contribuido relativamente menos a las emisiones hist贸ricas se encuentran entre los m谩s expuestos a sus consecuencias, mientras las grandes transformaciones energ茅ticas requieren inversiones, tecnolog铆a y financiaci贸n distribuidas de manera desigual. La discusi贸n medioambiental resulta inseparable de la cuesti贸n econ贸mica: qui茅n paga la transici贸n, qui茅n controla las nuevas tecnolog铆as, qui茅n posee los recursos necesarios para llevarla a cabo y qu茅 pa铆ses terminan asumiendo sus costes sociales y econ贸micos.
La crisis clim谩tica, el endeudamiento y la desigualdad no son problemas independientes que puedan resolverse mediante declaraciones separadas. Condicionan la capacidad de los Estados para responder a las necesidades de sus poblaciones y muestran hasta qu茅 punto las reglas econ贸micas internacionales pueden facilitar o limitar el desarrollo. Sin cambios en esas condiciones materiales, los compromisos multilaterales corren el riesgo de quedarse en objetivos declarados sin recursos suficientes para hacerlos realidad.
La batalla por el relato y la legitimidad internacional
La sucesi贸n de crisis vuelve a poner sobre la mesa la cuesti贸n de la informaci贸n. Palestina, Ucrania, Ir谩n, Venezuela, Cuba y otros conflictos muestran que la batalla internacional no se libra 煤nicamente mediante la diplomacia, las sanciones o la fuerza militar. Tambi茅n existe una disputa por la interpretaci贸n de los acontecimientos, por las categor铆as con las que se describen las guerras, por la legitimidad de determinados gobiernos y por la definici贸n de qui茅n aparece como defensor del derecho internacional y qui茅n como violador de sus principios.
Imponer un relato no es un elemento decorativo de la geopol铆tica: influir sobre la percepci贸n internacional condiciona la legitimidad pol铆tica de las medidas econ贸micas, militares y diplom谩ticas que posteriormente pueden adoptarse. Pero el an谩lisis cr铆tico debe examinar qui茅n produce y difunde cada relato, qu茅 pruebas lo sostienen y qu茅 intereses pueden beneficiarse de 茅l. La versi贸n de un Gobierno no se convierte en verdadera por el mero hecho de contradecir la de otro, ni la cr铆tica a una potencia obliga a aceptar sin examen las posiciones de sus adversarios.
En este contexto, Naciones Unidas contin煤a siendo una instituci贸n limitada, atravesada por las mismas relaciones de poder que pretende gestionar, pero al mismo tiempo dif铆cilmente sustituible. La presidencia de la Asamblea General se帽al贸 al cierre del debate que los Estados hab铆an defendido el multilateralismo en funci贸n de su capacidad para transformar las realidades concretas. Esa observaci贸n resulta fundamental: la organizaci贸n no recuperar谩 legitimidad simplemente multiplicando declaraciones y reuniones si las decisiones adoptadas no consiguen modificar las condiciones que producen las guerras, el hambre, la desigualdad, el endeudamiento o la destrucci贸n ambiental.
Por eso la reforma de Naciones Unidas vuelve inevitablemente al problema que Miguel d’Escoto plante贸 hace casi dos d茅cadas: qui茅n decide. La composici贸n del Consejo de Seguridad, el derecho de veto, la autoridad de la Asamblea General y la selecci贸n del pr贸ximo secretario general no son cuestiones meramente administrativas. El propio presidente de la Asamblea record贸 que, seg煤n la Carta, el Consejo de Seguridad recomienda al secretario general y la Asamblea General realiza el nombramiento, y reclam贸 un proceso transparente, inclusivo y basado en los m茅ritos. La elecci贸n de quien ocupar谩 la Secretar铆a General constituye otra expresi贸n de la disputa por la legitimidad y la autonom铆a de la organizaci贸n.
La 81.陋 Asamblea General deja, por tanto, un panorama en el que conviven concepciones diferentes del futuro internacional. Washington reivindica una soberan铆a nacional vinculada a la defensa de sus intereses; Mosc煤 presenta la multipolaridad como v铆a hacia una distribuci贸n diferente del poder; Nicaragua reclama soberan铆a, autodeterminaci贸n y una reforma econ贸mica y financiera internacional; Cuba insiste en las consecuencias de las medidas coercitivas y en su derecho al desarrollo; China defiende la centralidad de la Carta de Naciones Unidas y la soluci贸n de las controversias mediante el di谩logo; mientras India, Brasil y numerosos Estados africanos reclaman mayor representaci贸n, autonom铆a estrat茅gica y capacidad de decisi贸n. Son posiciones distintas, con intereses y proyectos propios, y precisamente por ello la Asamblea permite observar la transformaci贸n del sistema mundial.
El problema hist贸rico consiste ahora en saber qu茅 emerger谩 de esa transformaci贸n. Una mayor pluralidad de centros de poder puede abrir espacios para pa铆ses que durante d茅cadas tuvieron un margen limitado de decisi贸n, pero tambi茅n puede intensificar la competencia entre grandes potencias si no se acompa帽a de instituciones capaces de establecer reglas comunes. La alternativa no se reduce a elegir entre una hegemon铆a y otra. En 煤ltima instancia, la disputa internacional contin煤a teniendo una dimensi贸n material: qui茅n controla los recursos, el cr茅dito, la tecnolog铆a, la energ铆a, las cadenas de producci贸n, la informaci贸n y la fuerza militar; qui茅n determina las reglas que regulan esos recursos; y qu茅 capacidad conservan los pueblos y los Estados para decidir sobre su propio desarrollo.
La ONU naci贸 en 1945 con la promesa de impedir que las grandes potencias volvieran a arrastrar al mundo a una cat谩strofe semejante a la que acababa de terminar. Ocho d茅cadas despu茅s, aquella promesa sigue siendo necesaria, pero las relaciones de poder sobre las que se construy贸 la organizaci贸n ya no son las mismas. La 81.陋 Asamblea ha mostrado esa tensi贸n: un sistema internacional que necesita cooperaci贸n para afrontar problemas que ning煤n Estado puede resolver por s铆 solo y, simult谩neamente, unas relaciones de poder que dificultan establecer reglas aceptadas y aplicadas de manera uniforme.
La pregunta que queda abierta no es solamente si Naciones Unidas ser谩 capaz de reformarse, sino qui茅n tendr谩 capacidad para definir esa reforma, qu茅 intereses terminar谩n orient谩ndola y para qui茅n se organizar谩 el nuevo orden internacional que est谩 tomando forma.
