Honduras: El conflicto en el Bajo Aguán es el resultado de la falta de políticas públicas de desarrollo rural. Giorgio Trucchi

Foto G. Trucchi - Rel-UITA

Entrevista con Gilberto Ríos de FIAN Honduras

Por Giorgio Trucchi - Rel-UITA 

El pasado 11 y 12 de julio, la Misión Internacional que investigó la situación de los derechos humanos en el Bajo Aguán presentó su Informe Final ante diferentes instancias del Parlamento Europeo y la sociedad hondureña. Para analizar los alcances del trabajo desarrollado por la Misión, Sirel conversó con Gilberto Ríos, director ejecutivo de FIAN Honduras. 

-¿Qué importancia tuvieron la presencia de la Misión Internacional en el Bajo Aguán y la presentación de este Informe?

-La presencia de organizaciones de derechos humanos siempre es importante. Si bien no se ha podido detener la violencia, seguimos sosteniendo, y las organizaciones campesinas lo reconocen, que de no haber estado ahí, los muertos y otros tipos de violaciones a los derechos humanos en el Bajo Aguán hubieran sido mayores.

Además, la presentación del informe final oficializa la cantidad de violaciones y limita las especulaciones y los rumores. Todos estos datos son el resultado de un profundo trabajo de campo realizado por organizaciones serias y de reconocido prestigio internacional, que han investigado, confirmado y ratificado posteriormente estos resultados.

Después de haber dado a conocer públicamente el contenido del informe a nivel nacional e internacional, vamos a ir al terreno a entregar copias a los que son los verdaderos protagonistas, es decir las organizaciones campesinas.

-Es importante que las bases campesinas se enteren de los resultados logrados con este trabajo de investigación…

-Es muy importante y vamos a aprovechar la ocasión para anunciar que muy pronto se instalará un observatorio en el Bajo Aguán. Vamos a contar con un campamento para personas ligadas a organizaciones internacionales, que se dedican a la observación y acompañamiento para prevenir las violaciones de los derechos humanos.

-El informe hace mucho énfasis en el tema de la impunidad y la misma Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara expresó su fuerte preocupación. ¿De qué manera la publicación del informe puede ayudar a que se comiencen a investigar los delitos en el Bajo Aguán?

-Puede ser un elemento importante para que organismos supranacionales aumenten su presión sobre el Estado hondureño, exigiendo el cese de la impunidad y el cumplimiento de los convenios y declaraciones internacionales ratificadas por Honduras.

Aquí no se trata -como dijo una parlamentaria europea- de falta de recursos económicos de las instancias gubernamentales encargadas de investigar las violaciones e impartir justicia, sino de la falta de voluntad de cumplir con estas obligaciones.

Durante la investigación de la Misión Internacional nos hemos reunido con diferentes instancias de la Fiscalía y averiguamos la falta de investigación e información sobre las violaciones que se dan en el Bajo Aguán. Informes incompletos  y casos de asesinatos por los que siquiera se abrió un expediente. 

Nosotros no somos jueces y no estamos juzgando ni atacando a las personas, sino a las deficiencias institucionales que se han intensificado después del golpe de Estado. Es evidente que no hay interés a investigar, documentar y perseguir a los culpables.

-¿Qué hacer para que se cambie de rumbo?

-La problemática del Bajo Aguán es mucho más profunda y compleja de lo que se cree. Va a existir violencia hasta que no se resuelva la problemática agraria. En el Bajo Aguán tenemos contabilizados por lo menos 11 conflictos agrarios y no vamos a poder resolver la problemática abordando caso por caso, sino a través de la implementación de una política pública de desarrollo rural, que deberá contar con los componentes de reforma agraria y apoyo público a los más débiles, que son los campesinos.

Cualquier política de desarrollo rural debe incluir a estos elementos, y ésto marca la diferencia entre las organizaciones de derechos humanos y los que impulsan el modelo neoliberal.

Por años nos han vendido la idea de que el desarrollo depende de la inversión de grandes empresarios, la concentración de la propiedad de la tierra y de los recursos naturales en pocas manos y la supuesta creación masiva de puestos de trabajo. En este país y en el mundo entero se ha comprobado que es una mentira.