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lunes, 20 de abril de 2026

Nicaragua, Las raíces económicas y conceptuales del golpismo

Por Fabrizio Casari

Ocho años después del fallido golpe de la derecha, de la gran empresa, Nicaragua celebra uno de los períodos más rentables económicamente y más seguros política y socialmente de su historia. Apilada en sus videos grabados en estrechos cuartitos, la derecha inventa cada día emergencias e inminencias, pero lo cierto es que la derrota sufrida tiene apariencia de definitiva.

La explosión nihilista que llevó al país a un clima de miedo e incertidumbre fue sostenida por el asalto a todo aquello que simbolizaba al gobierno sandinista: la tortura y el asesinado a sus militantes, la destrucción de sus monumentos, pero sobre todo las infraestructuras y estructuras relacionadas con las distintas municipalidades, los cuarteles de policía, las ambulancias, los centros de salud. La memoria del país y las instituciones eran una espina en el ojo para los delincuentes disfrazados de disidentes.

Hubo tres aspectos en la estrategia golpista. El primero fue la manipulación de los hechos, moldeados según una narrativa prefabricada y falsa hasta en los detalles, difundida tanto por los medios del mainstream como por la red, literalmente invadida por fake news repetidas, elaboradas en centros clandestinos desde donde partían en ráfagas los trolls golpistas.

El segundo fue un uso desmedido de la violencia y la extrema brutalidad con la que fue ejercida. Los llamados “opositores pacíficos” resultaron ser una especie de Naranja Mecánica en versión tropical. Rostros deformados por el odio, violencia descontrolada contra cualquiera que encontraran en el camino, introdujeron en la historia de Nicaragua un elemento de terror en estado puro, desligado de necesidades militares, que incluso superó al exhibido por la Contra en los años 80.

A tanto furor siguió la exhibición de un Carnaval de Máscaras y Disfraces Militares que cayeron y se hizo evidente cuando el Comandante Daniel dio la orden a la policía y a los voluntarios sandinistas de limpiar el País y restablecer el orden constitucional. Ni siquiera 12 horas resistieron los llamados sublevados, y la furia guerrera empleada contra los indefensos se transformó rápidamente en furia de huirse.

El tercer aspecto se refiere a la imbecilidad política del terrorismo guiado por los resentidos, ex de toda virtud. Para preservar la paz el gobierno estuvo dispuesto a subdimensionar su fuerza en función de buscar un consenso más amplio con los distintos actores sociales y los cuerpos intermedios, y eso fue visto como signo de debilidad en vez de como muestra de visión política. No conocían realmente ni a Nicaragua ni a su Comandante.

El 2018 nos dice que el intento de golpe en Nicaragua fue otro primer ejemplo de aplicación puntual del manual de Gene Sharp concebido para los regime change (eufemísticamente llamados Primaveras o Parodias que venden como Revoluciones de color) y que Occidente ha promovido como alternativa a guerras abiertas contra países que considera no alineados a sus designios.

Pero Nicaragua es también la demostración concreta de cómo ese manual, como antes el de la CIA en los años 80, solo funciona si los gobiernos no gozan de consenso popular. Cuando el gobierno que se quiere derrocar demuestra solidez política, expresa un partido con capacidades militares y políticas, que vive dentro de su pueblo y forma un todo con la nación, entonces manuales y manipulaciones se vuelven instrumentos inútiles para sus fines. Papel mojado, por sanguinario que sea.

Podría preguntarse de dónde proviene el odio visceral que la derecha nicaragüense siente hacia el Sandinismo, y la respuesta solo puede ser una: odio de clase. Consideran una expropiación de sus bienes por herencia la decisión del gobierno revolucionario de invertir una buena parte de lo que recauda para dar lo necesario a quienes no tienen nada.

La oligarquía enloquece de rabia, porque eso no se parece en absoluto a una obra de beneficencia de club social; equilibrar socioeconómicamente una comunidad es una política precisa, una elección de fondo inscrita en el ADN del sandinismo, es esa mezcla de corazón, cerebro y alma que guía al FSLN hacia una sociedad de libres e iguales.

Pero la derecha no logra aceptar la idea de reducir la diferencia social, es decir que los recursos de un país se empleen para reducir las desigualdades. Su idea es que el Estado no debe regular el mercado, financiar bienestar social y obras públicas, sino limitarse exclusivamente a eliminar todo tipo de interés público que interfiera en los negocios privados de las clases acomodadas.

Pensar que el Estado deba hacerse cargo de los intereses generales es, para la derecha, un error ideológico antes que financiero. No considera que el dominio de una clase parasitaria sea un freno al mejoramiento general del país, que sea fuente de una convivencia distorsionada, de un desequilibrio generador de desviación social.

Su concepción de la riqueza se basa en una lectura de clase de los datos micro y macroeconómicos: importa relativamente cuánto pueda crecer el PIB de un país en cantidad; lo que cuenta son los márgenes de ganancia de los empresarios y de las clases altas, verdadero criterio para medir una buena economía.

El esquema prevé la transferencia neta de recursos públicos hacia los bolsillos privados. Ninguna cooperación soberana: solo la atracción de capitales extranjeros, incluso si tienen función especulativa, se considera termómetro de la salud financiera de un país. Por lo tanto, para favorecer su llegada, se necesita una soberanía limitada y una legislación laboral blanda, vaciada de derechos para los trabajadores, de modo que los fondos no encuentren obstáculos para aterrizar en el país.

Capitales que desciendan como buitres, recojan y huyan mediante operaciones especulativas sobre productos y moneda. Que ocupen el sector de los servicios a la ciudadanía y del comercio: salud, educación, transporte, sistema previsional y asistencial; que produzcan a bajo costo; que controlen la gran distribución, la energía y las telecomunicaciones; que lleguen finalmente a detentar una posición dominante. Que, por dimensión y peso, por poder de chantaje y liquidez, determinen una pesada hipoteca sobre el orden político e institucional del país.

Los dos modelos históricos de la derecha nicaragüense son la dictadura somocista y el liberalismo salvaje entre 1990 y finales de 2006. Al primero le resulta complicado inspirarse públicamente, tanto por el legado sombrío y criminal de su historia como por la insostenibilidad de un modelo que concentra la riqueza nacional en un solo sujeto.

La oligarquía nicaragüense se considera portadora de intereses de clase que no pueden reducirse a la obediencia al dictador de turno y piensa gozar de un consenso electoral que la autoriza a aspirar a la conducción política del país, además de a su expoliación.

Por eso los oligarcas privilegian el modelo que impulsaron durante los 16 años de liberalismo desenfrenado, que impuso recetas durísimas a un país con una economía ya subdesarrollada y duramente golpeado por diez años de guerra. Un país que debía ser apoyado en su reconstrucción fue mordido en la yugular para arrancarle las últimas riquezas que aún poseía y favorecer el enriquecimiento indecente de las familias de la élite.

Durante esos dieciséis años de liberalismo sin freno, Nicaragua retrocedió a un estado de ausencia total de derechos sociales y sindicales, con el trabajo reducido a una variante miserable y ligado a una relación de servidumbre entre empleadores y trabajadores. El mercado laboral se convirtió en la antesala de la pobreza extrema.

A la Nicaragua que desde 2006 había puesto las riendas en manos del interés nacional y de la representación de los sectores populares, la derecha respondió con el golpismo, expresión identitaria de la derecha en cualquier lugar del mundo.

El golpismo, de hecho, no reconoce el principio de delegación en la relación entre gobernantes y gobernados, sino que considera que corresponde al poder económico, a la expresión de los ricos y poderosos, el derecho a decidir quién, cómo, dónde y cuándo debe gobernar.

La derecha nicaragüense, obtusa y racista, incapaz y clasista como pocas en el mundo, vive su dimensión parasitaria con un impulso desestabilizador de naturaleza político-ideológica que encuentra una fusión con el radicalismo clasista, con un prejuicio racista y segregacionista que anima profundamente a toda la oligarquía latinoamericana. Y ya desde el inicio encuentra detestable que quienes gobiernen no sean los hijos del latifundio, blancos y de ascendencia española.

En 2018 la derecha eligió la vía del golpe, del nihilismo elevado a método de lucha política y la respuesta del Sandinismo se articuló en dos terrenos: el primero en el intento de diálogo y mediación en busca de una síntesis, con la paz como premisa y objetivo. El segundo, visto el fracaso de la primera, fue política y militar, contundente, sin apelación. Nuevamente la paz era premisa y objetivo.

El COSEP y toda la derecha perdieron una guerra, no solo una batalla y la derecha, replegada en un rincón y derrotada, no ha perdido solo la perspectiva y la nacionalidad: junto con su papel ha perdido hasta su propio sentido.

La derecha no aprende una lección fundamental de la política, válida en cualquier latitud y en cualquier fase histórica: venderse al extranjero, abrazar al enemigo para depredar el propio país jamás podrá ser un camino victorioso. Porque los amos, al final, más que a los enemigos desprecian a sus propios siervos.



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Nicaragua vive en paz, el golpismo está enterrado y olvidado

Por Stanley Vladimir

Nicaragua vive en paz, con un pueblo que es presidente y un Estado que se declara revolucionario, cristiano, socialista, solidario, un país que se mueve todos los días con normalidad, familias que hacen su vida, con una dinámica activa en el trabajo y en la producción. En este mes de abril vivimos un período de ocho años donde el golpismo fue derrotado y enterrado para siempre, dando paso a una etapa en la que la nación ha seguido avanzando y donde la tranquilidad forma parte de la vida cotidiana.

El 19 de abril quedó marcado como una fecha en la que Nicaragua conquistó la paz, una paz que había sido herida y secuestrada por el golpismo, por los propagandistas del imperio y por quienes promovieron el caos, una paz golpeada con violencia, con dolor y con luto en muchas familias, pero que fue rescatada por el pueblo, defendida con determinación por nuestro buen gobierno y mantenida en el tiempo hasta quedar establecida mediante la Ley N.º 1148 como Día Nacional de la Paz, lo que vino a reconocer una realidad que se consolidó con el tiempo y que hoy se refleja en la normalidad de los nicaragüenses.

A lo largo de estos ocho años, se ha mantenido un ritmo constante, las familias circulan desde temprano hacia sus centros de trabajo, los estudiantes asisten con regularidad a sus espacios educativos, los mercados cuentan con abastecimiento permanente, el transporte urbano colectivo circula en las carreteras construidas, los hospitales y centros de salud atienden de forma permanente, el campo continúa su producción y las empresas siguen generando empleo dentro de una dinámica que se mantiene estable.

Sí, ocho años después, abril encuentra a Nicaragua en una condición distinta, con un país que retomó su rumbo, con instituciones que garantizan el orden y con un entorno donde la gente realiza sus actividades sin miedo, mostrando cómo el paso del tiempo consolidó una etapa en la que la paz se mantiene como base de la vida nacional y permite el desarrollo de todas las áreas.

Aquí no nos cansamos de repetir lo bueno y los logros de nuestro buen gobierno, por ejemplo, sus emblemáticos programas sociales, la Merienda Escolar que se distribuye en los centros educativos, el Bono Presidencial acompaña a los estudiantes al finalizar su ciclo, el Bono Productivo Alimentario fortalece a las familias en el campo, Usura Cero y Adelante facilitan financiamiento a pequeños emprendimientos, Patio Saludable impulsa la producción en los hogares, Calles para el Pueblo mejora el acceso en los barrios, Bismarck Martínez y los programas de vivienda garantizan soluciones habitacionales, el Plan Techo responde a necesidades inmediatas, el Programa Todos con Voz atiende a personas con discapacidad, Amor para los Más Chiquitos acompaña a la primera infancia, Casas Maternas brindan atención a mujeres embarazadas, Clínicas Móviles acercan la salud a las comunidades, todos ellos forman parte de una política social que se mantiene activa en todo el país.

Nicaragua es como un carro sin espejo retrovisor, donde no vemos hacia el pasado, el terrorismo golpista quedó derrotado, aquí vamos hacia adelante, caminando, progresando, desarrollando el país con obras de progreso, con tranquilidad, con salud, con amor y con seguridad, pero además con la firme convicción de que ese golpe fallido no se volverá a repetir jamás.

Pero que quede claro, ni perdón ni olvido, porque la memoria permanece y sostiene lo que hoy vivimos, y tenemos la certeza de que nunca más permitiremos que la paz sea avasallada ni que se pretenda entregar al imperio yanqui.

Esta paz se sustenta en las palabras recientes de la Compañera Rosario, quien afirmó que: “nuestro triunfo, nuestra victoria, es la paz, es vivir en concordia, en armonía, trabajar juntos y avanzar en la ruta de paz y bien”, y también señaló que “las familias nicaragüenses merecemos vivir tranquilos, con seguridad, con espacios abiertos al trabajo y la paz”.

Destacando además que “abril quedó grabado como un mes de lucha por la paz, un mes para seguir venciendo, para seguir triunfando en unidad”, y que “vamos a estar caminando en toda nuestra sagrada geografía, reafirmando y resguardando la paz que tanto merecemos, con la paz no se juega, es un don supremo de Dios”, reiterando finalmente que “nuestro compromiso es jamás violentar la paz, es un compromiso de todos, por el bien de todos”


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domingo, 19 de abril de 2026

Abril, memoria y soberanía: la construcción de la paz en Nicaragua

Por Javier Huerta


Abril en Nicaragua es el mes donde se cruzan las heridas y las victorias, donde el pueblo vuelve a mirarse a sí mismo y a decir, con claridad y sin titubeos, que la paz no se negocia, no se mendiga y no se impone desde fuera: se defiende, se construye y se sostiene desde la conciencia colectiva. Por eso, la declaración del 19 de abril como Día Nacional de la Paz no es un gesto simbólico vacío, sino una afirmación profundamente política y profundamente popular: el reconocimiento de que Nicaragua decidió, en medio de la adversidad, apostar por la vida, por la estabilidad y por el derecho irrenunciable a vivir en tranquilidad.

Hablar de la paz en Nicaragua implica entenderla como una conquista histórica. No es la paz de los silencios impuestos ni la paz de las élites acomodadas, sino la paz de los pueblos que han resistido invasiones, intervenciones, guerras y agresiones sistemáticas. Es la paz que nace de la dignidad y que se sostiene en la soberanía. Es la paz que tiene nombre de pueblo y rostro de comunidad. En ese sentido, abril deja de ser únicamente el recuerdo de los intentos de ruptura y se convierte en la reafirmación de una victoria política y moral frente a quienes apostaron por el caos, la violencia y la desestabilización en 2018.

Aquellos acontecimientos no pueden analizarse al margen de los intereses que históricamente han intentado someter a Nicaragua. Desde la perspectiva sandinista, lo ocurrido fue un intento de golpe suave, una operación que buscaba fracturar la institucionalidad, paralizar la economía y sembrar el miedo como herramienta de dominación. Sin embargo, lo que encontraron fue un pueblo con memoria, un Estado con capacidad de respuesta y una cultura política profundamente arraigada en la defensa de la soberanía. Hoy, cuando se afirma que el golpismo está derrotado, no se trata de una consigna vacía, sino de una lectura histórica: el proyecto de desestabilización fracasó porque subestimó la conciencia del pueblo nicaragüense.

La paz que hoy vive Nicaragua, por tanto, no es ingenua. Es una paz consciente, vigilante, que entiende que la estabilidad es un bien que debe protegerse todos los días. En ese proceso, el Gobierno Sandinista ha asumido un papel central, no como un actor distante, sino como una expresión organizada de esa voluntad popular. La paz se ha convertido en eje transversal de las políticas públicas, en fundamento del modelo de desarrollo y en condición indispensable para el progreso económico y social.

Porque no hay desarrollo posible sin paz. No hay crecimiento económico sostenido en medio del caos. No hay bienestar social si la incertidumbre domina la vida cotidiana. La recuperación económica que Nicaragua ha experimentado tras los daños provocados en 2018 no puede entenderse sin la consolidación de la estabilidad. Los indicadores de crecimiento, la reactivación productiva y la confianza en el país están directamente vinculados a la capacidad de garantizar orden, seguridad y gobernabilidad. En este sentido, la paz deja de ser un concepto abstracto y se convierte en un factor concreto de desarrollo.

Pero la visión sandinista va más allá de lo económico. La paz se concibe como un derecho colectivo, inseparable de la justicia social. No basta con la ausencia de conflicto; es necesario construir condiciones de vida dignas para todos. De ahí el énfasis en un modelo de desarrollo integral y sostenible, donde la salud, la educación, la vivienda y el trabajo no son privilegios, sino derechos garantizados. El sistema de salud gratuito, por ejemplo, no es solo una política social: es una expresión concreta de esa paz que se traduce en bienestar, en atención digna, en la certeza de que la vida está protegida.

De igual manera, la seguridad ciudadana en Nicaragua ha sido reconocida como una de las más sólidas de la región. Este dato no es menor. En un contexto latinoamericano marcado por altos niveles de violencia, el hecho de que los nicaragüenses puedan vivir con tranquilidad en sus comunidades es una evidencia palpable de que la paz no es un discurso, sino una realidad cotidiana. Estudios que miden la percepción ciudadana ubican al país entre aquellos donde las personas reportan mayores niveles de paz personal, lo que refuerza la idea de que la estabilidad institucional se refleja directamente en la vida diaria.

Esta construcción de paz también tiene un rostro profundamente humano y transformador en la participación de las mujeres. El modelo sandinista ha colocado la equidad de género como un pilar fundamental, no solo por razones de justicia, sino porque entiende que no puede haber paz verdadera en una sociedad marcada por la desigualdad. La presencia activa de las mujeres en la vida política, económica y social del país es parte de ese proceso de transformación que busca construir una Nicaragua más justa, más inclusiva y más cohesionada.

En este mismo horizonte se inscribe la defensa de la soberanía como condición indispensable para la paz. No hay paz sin autodeterminación. No hay estabilidad si el país está expuesto a presiones externas o a dinámicas que buscan debilitar su integridad territorial. La reciente legislación sobre territorios fronterizos responde a esta lógica: proteger el territorio es proteger la paz. No se trata de medidas aisladas, sino de una estrategia coherente que entiende que la seguridad nacional es un componente esencial del bienestar colectivo.

Desde esta perspectiva, la paz no se reduce al ámbito interno. Nicaragua ha proyectado en el escenario internacional una posición firme en defensa de la soberanía de los pueblos, del derecho internacional y de la no injerencia. En un mundo atravesado por conflictos, intervenciones y desigualdades, la voz de Nicaragua se levanta para reivindicar la necesidad de un orden global más justo. Esta postura no es retórica; es coherente con su propia historia y con su experiencia de resistencia. La lucha por la paz, entonces, trasciende las fronteras y se convierte en un compromiso con la humanidad.

Abril, como mes de la paz, sintetiza todas estas dimensiones. Es memoria, pero también es proyecto. Es recordatorio de lo que se enfrentó, pero sobre todo afirmación de lo que se ha construido. La institucionalización del 19 de abril como Día Nacional de la Paz es, en esencia, un acto de soberanía simbólica: el pueblo nicaragüense decide cómo narrar su historia, decide qué valores colocar en el centro de su identidad y decide, sobre todo, cuál es el camino a seguir.

En esa decisión hay una claridad profunda: la paz es el pilar fundamental del desarrollo. Sin paz no hay trabajo digno, no hay inversión, no hay futuro. Con paz, en cambio, se abren posibilidades, se fortalecen las comunidades y se construye un horizonte de esperanza. La unidad nacional, tantas veces invocada, encuentra en la paz su punto de encuentro. No como uniformidad, sino como coincidencia en lo esencial: la defensa de la vida, de la estabilidad y de la dignidad.

Desde una visión sandinista, la paz no es neutral. Tiene contenido político, tiene dirección histórica y tiene un sujeto claro: el pueblo. Es una paz que se construye con participación, con organización y con conciencia. Es una paz que no olvida, pero que tampoco se queda atrapada en el pasado. Es una paz que mira hacia adelante, que se proyecta como proyecto de nación.

Hoy, cuando Nicaragua reafirma su compromiso con la paz en este abril cargado de significado, lo hace desde la certeza de haber resistido y de estar avanzando. La estabilidad alcanzada, el crecimiento económico sostenido, los niveles de seguridad ciudadana, la ampliación de derechos sociales y la defensa firme de la soberanía son presentados como evidencias de un modelo que, más allá de las críticas, ha logrado consolidar un escenario de tranquilidad y desarrollo.

En un mundo donde la paz suele ser frágil y efímera, Nicaragua se presenta como un país que ha decidido convertirla en política de Estado y en cultura de vida. Esa es la apuesta, ese es el desafío y esa es la convicción que atraviesa este tiempo histórico. Abril no es solo un mes: es la reafirmación de que la paz, conquistada con esfuerzo y defendida con firmeza, es el camino sobre el cual se construye el presente y se proyecta el futuro de la nación.

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Nicaragua: la paz como derecho colectivo, soberanía y base del desarrollo integral

La construcción de una cultura de paz en Nicaragua constituye uno de los pilares fundamentales del modelo de desarrollo impulsado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. En ese camino, la declaración del 19 de abril como “Día Nacional de la Paz” representa un reconocimiento histórico a la voluntad soberana del pueblo nicaragüense de vivir en tranquilidad, seguridad y bienestar, consolidando la paz como un derecho colectivo y un valor ancestral de la nación.

Esta fecha simboliza no solo la memoria de las luchas del pueblo por preservar la estabilidad, sino también la reafirmación de una visión de país donde la paz es entendida como condición indispensable para el progreso, el trabajo digno y la unidad nacional. Bajo esta perspectiva, la paz se convierte en un patrimonio cultural y político que sostiene el presente, que garantiza estabilidad y abre camino al desarrollo humano, de cara hacia un futuro lleno de bienestar para las familias de Nicaragua.

El modelo nicaragüense de desarrollo integral y sostenible articula crecimiento económico, estabilidad macroeconómica y justicia social, colocando a la persona, la familia y la comunidad en el centro de las políticas públicas. Dentro de este enfoque, la equidad de género es un eje transversal, promoviendo la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos (economía, educación, la salud, el liderazgo comunitario y la toma de decisiones), como parte de un proceso de desarrollo inclusivo y transformador.  Estudio, titulado "La sociedad latinoamericana del siglo XXI", realizado por expertos japoneses y publicada en marzo del 2026, destacó a Nicaragua  como el primer país a nivel mundial en cuanto a la participación política de la mujer.

Los costos del intento de desestabilización de 2018: daños materiales, pérdidas económicas y afectación al bienestar nacional

Los eventos desencadenados en abril de 2018 no fueron un fenómeno espontáneo, sino el resultado de una estrategia de presión orientada a forzar la dimisión del gobierno del Presidente Daniel Ortega, reelecto legítimamente en 2016 con el 72.4% de los votos. Esta operación fue articulada mediante financiamiento externo hacia actores locales y ONGs. Informes anuales de la National Endowment for Democracy (NED) y la USAID del año 2018 confirman la asignación de millones de dólares a organizaciones en Nicaragua bajo el rótulo de ‘promoción de la democracia‘. En términos concretos, la USAID destinó aproximadamente $24 millones de dólares ese año, mientras que la NED asignó entre $4.1 y $4.2 millones a grupos civiles y de oposición en el periodo previo al estallido. Estos flujos financieros son analizados por el académico William I. Robinson en sus estudios sobre la ‘promoción de la poliarquía’, donde describe cómo se utilizan recursos transnacionales para instalar sistemas políticos afines a intereses externos, desplazando modelos soberanos.

Investigaciones de medios como The Grayzone y el centro Misión Verdad (basado en las teorías de Gene Sharp) caracterizan estos eventos como una 'Revolución de Color' o 'golpe blando'. Estas acciones de terrorismo urbano no solo fracturaron la convivencia social, sino que ejecutaron un daño sistemático al patrimonio público (se reportaron afectaciones a alcaldías, edificios municipales, universidades, centros tecnológicos, delegaciones institucionales, estaciones policiales, parques, calles, semáforos, adoquinados, paradas de buses, monumentos, árboles ornamentales y mobiliario urbano) y a la infraestructura estratégica (empresas públicas y entes estatales estratégicos, afectando sistemas de distribución, redes logísticas, instalaciones administrativas y servicios esenciales). Se documentaron graves violaciones a los derechos de la ciudadanía por parte de sectores opositores, quienes recurrieron a prácticas de violencia extrema, tortura y tratos degradantes contra la población civil y las fuerzas del orden. Bajo esta lógica de terrorismo urbano, los 'tranques'(bloqueos de carreteras donde la circulación se restringía severamente), lejos de ser manifestaciones pacíficas, funcionaron como mecanismos de coerción donde se restringió la libre circulación, impidiendo incluso el paso de emergencias médicas y estableciendo cobros ilegales de peaje. Y se utilizaron recintos religiosos como centros operativos y de evasión de la justicia.

Esta interrupción deliberada del crecimiento económico generó un profundo impacto humanitario, manifestado en la desarticulación del tejido familiar y un clima de polarización social. Obras como el libro 'Nicaragua: ¿Revolución o Reforma?' documentan cómo se buscó paralizar funciones vitales del Estado para debilitar su respuesta social. Básicamente fue un intento premeditado de desmantelar el modelo de desarrollo humano y estabilidad institucional que se había consolidado en beneficio de las mayorías. Sin embargo, esta estrategia fue neutralizada por la cohesión del tejido social y la firmeza de la población organizada. Sectores productivos estratégicos, incluyendo a empresarios comprometidos con el bienestar nacional y al sector campesino, mantuvieron la producción ininterrumpida. Gracias a este esfuerzo, Nicaragua garantizó su soberanía alimentaria y el abastecimiento básico, defendiendo los logros sociales frente al intento de injerencia extranjera.

En consecuencia, es posible afirmar que este escenario de desestabilización se gestó de forma sistemática desde el retorno del Gobierno Sandinista al poder en 2007. A través de una red articulada mediante financiamiento externo, agencias de cooperación internacional y ONGs, canalizaron recursos destinados a fortalecer las capacidades operativas de sectores opositores. Bajo la apariencia de programas para la 'promoción de la democracia', se ejecutó un proceso de formación y adiestramiento de cuadros —incluyendo estudiantes y representantes de la sociedad civil— con el objetivo de encabezar actos de desestabilización en el momento oportuno. Estos hechos constituyen una estrategia clara de injerencia externa y guerra no convencional, diseñada para sabotear la gestión del FSLN y una ofensiva dirigida contra los símbolos de desarrollo, los espacios de convivencia y los proyectos comunitarios construidos con el esfuerzo del pueblo nicaragüense.

Impacto económico y macroeconómico

Antes de abril del 2018, Nicaragua mantenía un desempeño sólido, con un crecimiento de 4.9 % en 2017 y proyecciones cercanas al 4.7 % para 2018, según evaluaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central de Nicaragua (BCN).

Sin embargo, tras los acontecimientos del 2018,  la magnitud del daño fue contundente. El PIB se contrajo 3.8 % en 2018 y volvió a caer 5.7 % en 2019. acumulando casi 10 puntos porcentuales de retroceso del PIB en apenas dos años.

El FMI identificó factores clave como bloqueos de carreteras, interrupciones logísticas, reducción del consumo y de la inversión. Y se registraron caída significativa en la recaudación fiscal, restricciones en financiamiento externo y presión sobre reservas y ajustes en los gasto públicos.

Los Sectores más afectados fueron: Turismo con un colapso de visitantes, cancelaciones masivas y pérdidas de cientos de millones de dólares en divisas. Comercio con interrupción del abastecimiento interno y exportaciones. Construcción con la paralización de proyectos e inversión. Y empleo con la pérdida de miles de puestos de trabajo formales e informales.

El impacto estimado de los daños y pérdidas ocasionadas está en más de 1,500 millones de dólares. Esto refleja no solo la destrucción material, sino el costo humano de empleos perdidos, negocios cerrados y oportunidades truncadas para miles de familias nicaragüenses.

La violencia intentó destruir el modelo de prosperidad, interrumpiendo el crecimiento, sembrando incertidumbre y afectando profundamente la vida cotidiana del pueblo.

La recuperación: Paz, bienestar social, calidad de vida, estabilidad y crecimiento sostenido

A pesar de dichos actos, el gobierno de Nicaragua ha logrado consolidar un clima de paz y estabilidad que ha permitido superar los severos daños económicos provocados por el intento de golpe del 2018. La recuperación posterior confirma el valor estratégico de la paz como base del desarrollo. Una vez restablecida la estabilidad institucional y la libre circulación, Nicaragua inició un proceso de reconstrucción económica y social.

Frente a la adversidad, el pueblo nicaragüense, junto a su Gobierno, optó por la paz, el trabajo y la reconstrucción nacional, demostrando una resiliencia reconocida incluso por organismos internacionales.

El Banco Central de Nicaragua reportó un crecimiento de 3.6 % en 2024 y una proyección de 3.0 % a 4.0 % en 2025.

El FMI ha señalado que el país ha logrado estabilidad macroeconómica, superávits fiscales y externos, fortalecimiento de reservas y capacidad de recuperación frente a múltiples choques.

Este proceso ha permitido la reconstrucción de infraestructura pública, reactivación de proyectos municipales, fortalecimiento del empleo, recuperación del crédito y la inversión. Es decir, actualmente Nicaragua no solamente ha demostrado una alta resiliencia, sino también mayores avances en todos los sectores y aspectos de la vida cotidiana.

La Paz permitió reconstruir lo destruido y crecer con más fuerza, consolidando una economía más estable y con mayor enfoque social.

Hoy, Nicaragua avanza con la convicción de que la estabilidad no es negociable y que la soberanía y la paz son condiciones indispensables para proteger los logros alcanzados. Tanto el Banco Central de Nicaragua como el Fondo Monetario Internacional han destacado que el país ha mantenido crecimiento, estabilidad macroeconómica, control inflacionario y fortaleza fiscal, incluso frente a múltiples choques externos desde 2018.

Este desempeño confirma que la estabilidad social y la paz son factores esenciales para atraer inversión, fortalecer la producción, dinamizar el empleo y mejorar la calidad de vida de las familias nicaragüenses. La experiencia reciente demuestra que cuando la soberanía y la institucionalidad prevalecen, el país avanza con mayor firmeza hacia el bienestar colectivo.

Estudios e indicadores de percepción ciudadana y bienestar social, tanto a nivel nacional como en análisis comparativos regionales, realizados entre los años 2022 al 2025, han situado a Nicaragua como una nación donde amplios sectores de la población reportan altos niveles de paz personal y seguridad en su vida cotidiana (73.6 % de la población se siente nuevamente segura después del trance de los años 2018-19), especialmente en comparación con otros países de América Latina (Honduras y Guatemala presentan mayores niveles de victimización).

 Encuestas sistemáticas como el Sistema de Monitoreo de Opinión Pública (SISMO), elaborado por M&R Consultores, reflejan que entre el 94 % y el 98 % de la población afirma vivir en paz o percibir un ambiente de tranquilidad, mientras que más del 75 % valora positivamente la seguridad ciudadana y una amplia mayoría considera que esta se ha mantenido o mejorado en los últimos años. Asimismo, estudios regionales comparativos ubican a Nicaragua con niveles de percepción de estabilidad y seguridad superiores a varios países vecinos, lo que se complementa con indicadores indirectos como una menor intención de emigrar (Solo 12.9 % consideraría emigrar), asociada a contextos de mayor bienestar y estabilidad social. En ello destacan dos fortalezas ampliamente reconocidas: el Sistema de salud pública gratuito, universal y comunitario, y la seguridad ciudadana, que favorece la convivencia, la confianza social y la actividad económica. Estos elementos fortalecen la cohesión social y el bienestar colectivo, consolidando la paz como una realidad vivida en el entorno cotidiano de las familias nicaragüenses.

La salud gratuita, universal y cercana a la población constituye uno de los logros más sensibles del modelo social nicaragüense, garantizando atención médica sin exclusión y fortaleciendo la prevención, la atención primaria y la cobertura territorial. Paralelamente, la seguridad ciudadana ha permitido preservar un entorno favorable para la convivencia, el emprendimiento, la movilidad y la actividad económica, consolidando a Nicaragua como uno de los países más seguros de Centroamérica. Esto se refleja en diversos indicadores regionales que destacan una de las tasas de homicidios más bajas de la zona (4,5 por cada 100,000 habitantes en 2026), la efectividad de la estrategia 'Muro de Contención' contra el crimen organizado y el hecho de que el 95,5% de las denuncias corresponden a faltas menores, garantizando así la estabilidad necesaria para el desarrollo nacional.

En este contexto, la paz y la soberanía emergen como elementos inseparables del progreso nacional. No hay desarrollo sostenible sin estabilidad, ni estabilidad duradera sin autodeterminación. Por ello, la defensa de la paz también implica la defensa del derecho del pueblo nicaragüense a decidir su propio destino, proteger su institucionalidad y avanzar unido en función del bien común.

La experiencia de 2018 dejó una enseñanza irreversible: cuando se rompe la paz, pierde la nación; cuando se defiende la paz, avanza el pueblo.

Paz, soberanía y compromiso internacional

A nivel internacional, el Gobierno de Nicaragua ha mantenido una posición activa en defensa de la justicia, la autodeterminación y la soberanía de los pueblos, promoviendo una visión basada en el respeto mutuo, la no injerencia y la solución pacífica de los conflictos. Desde esta perspectiva, su acción diplomática se orienta a respaldar a los pueblos que luchan por su independencia, dignidad y derecho a vivir en paz, sosteniendo que la paz mundial solo es posible a partir de relaciones internacionales más justas y equilibradas.

En coherencia con esta visión, Nicaragua proyecta hacia el exterior la convicción de que la paz no es únicamente la ausencia de conflicto, sino una construcción permanente sustentada en la justicia social, el trabajo, la soberanía, la igualdad y la unidad nacional, principios sobre los cuales continúa edificando su presente y su futuro.

En el ámbito multilateral, el país ha defendido estos principios en espacios como la ONU, abogando por el derecho de cada nación a decidir su propio destino sin presiones externas. Asimismo, Nicaragua ha sostenido posiciones firmes en defensa de la autodeterminación en causas internacionales como la cuestión palestina, y ha rechazado medidas coercitivas unilaterales —como las sanciones económicas impuestas por distintos países y bloques— contra naciones en desarrollo como Venezuela, Cuba o Irán, al considerar que vulneran el derecho internacional, afectan a las poblaciones y contradicen los principios de soberanía y no injerencia.

Desde esta perspectiva, Nicaragua impulsa un orden internacional más justo, donde la paz mundial se construya sobre la base de la soberanía, la dignidad y la justicia de los pueblos. En foros regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC), ha respaldado iniciativas orientadas a fortalecer la integración, el diálogo político y la resolución pacífica de controversias, reafirmando que la estabilidad global depende del respeto mutuo entre las naciones.


La declaración del 19 de abril como Día Nacional de la Paz no es solo un acto simbólico, sino una afirmación histórica: la paz es el cimiento sobre el cual Nicaragua construye su presente y su futuro.
















Enlace a la web del CES-RPS

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sábado, 18 de abril de 2026

Nicaragua participó en la “Primera Reunión Virtual del Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe

Por Javier Huerta


El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del MARENA, participó en la Primera Reunión Virtual de Oficiales de Alto Nivel del Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, celebrada el 15 de abril de 2026, bajo la coordinación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la presidencia del Foro ejercida por Panamá.

Durante esta primera sesión del año, se abordaron temas clave para la Agenda Ambiental Regional, entre ellos la definición de prioridades estratégicas, la presentación de la hoja de ruta 2026–2027 y el análisis del estado del financiamiento para bosques. Este último aspecto resulta especialmente relevante, dado que el financiamiento forestal es un elemento crítico para fortalecer la resiliencia climática en la región.

Este encuentro forma parte de un mecanismo regional clave, creado en 1982, que reúne a los países de América Latina y el Caribe para definir prioridades ambientales y fortalecer la cooperación multilateral frente a los desafíos ecológicos.

La representación de Nicaragua estuvo a cargo de la Compañera Vanessa Molina, Responsable de la División de Proyectos del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), y el Compañero Jonathan González, Especialista en Cambio Climático, quienes participaron activamente en las discusiones técnicas y estratégicas del foro.

En este contexto, Nicaragua reafirmó su compromiso de articularse con las estrategias regionales, en coherencia con sus políticas públicas, en beneficio de las familias nicaragüenses y la Madre Tierra. Como se destacó en la comunicación oficial, “Nicaragua reafirma su compromiso de articularse con las Estrategias Regionales, en coherencia con nuestras Políticas Públicas, en beneficio de las Familias nicaragüenses y la Madre Tierra”.

Uno de los ejes más relevantes de la participación nicaragüense fue la relación directa entre la protección ambiental y la reducción de la pobreza. Las autoridades subrayaron que la sostenibilidad ambiental no es un objetivo aislado, sino un componente esencial del bienestar social, orientado a generar beneficios directos para las familias y garantizar medios de vida sostenibles.

Este enfoque reconoce que los ecosistemas saludables son fundamentales para sectores clave como la agricultura, el acceso al agua y la seguridad alimentaria. Por el contrario, la degradación ambiental profundiza la pobreza al aumentar la vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos extremos, especialmente en comunidades rurales.

Asimismo, Nicaragua resaltó el valor de la cooperación regional como herramienta indispensable para enfrentar desafíos compartidos. El foro fue considerado un espacio estratégico para la planificación climática, al permitir definir líneas de acción que marcarán la agenda ambiental regional en el corto plazo.

El intercambio de experiencias, la transferencia de tecnología y el acceso a financiamiento climático fueron identificados como elementos clave para avanzar hacia una transición ecológica justa. Además, se destacó la importancia de fortalecer iniciativas como la restauración de bosques, que no solo contribuyen a la mitigación del cambio climático, sino que también generan beneficios económicos y sociales significativos.

La participación de Nicaragua en esta reunión reafirma su papel activo dentro de la agenda ambiental regional, consolidando una visión en la que la protección de la Madre Tierra está estrechamente vinculada al desarrollo humano, la equidad social y la erradicación de la pobreza. En este sentido, el país continúa apostando por una integración regional sólida, basada en la cooperación, la sostenibilidad y la construcción de un futuro resiliente para América Latina y el Caribe.

sábado, 11 de abril de 2026

Víctor Jara: legado, justicia y memoria de una historia que sigue viva

Por Javier Huerta

El legado de Víctor Jara no terminó con los 44 disparos que intentaron silenciar su voz en septiembre de 1973. Por el contrario, su asesinato transformó su figura en un símbolo universal de resistencia, dignidad y lucha por los derechos humanos.

Su historia, marcada por la brutalidad de la dictadura, continúa escribiéndose a través de la búsqueda persistente de justicia, la reparación simbólica y la preservación de la memoria histórica en Chile y en el mundo. Hoy, más de cinco décadas después de su muerte, Jara sigue cantando en las voces de quienes defienden la libertad, la justicia social y la democracia.

El asesinato del cantautor en el entonces Estadio Chile, convertido tras el golpe militar en centro de detención y tortura, no solo fue un golpe devastador para la cultura chilena, sino un crimen que estremeció a la comunidad internacional.

Tras la muerte de Víctor Jara, se convirtió en un mártir de la libertad de expresión y de la defensa de los derechos humanos. Su figura trascendió las fronteras de Chile y pasó a ser un ícono global de la resistencia, a representar la lucha contra la represión política en todo el planeta.

Artistas, intelectuales y movimientos sociales de América Latina, Europa y otras regiones han encontrado en su historia una inspiración permanente.

Tras el golpe de Estado, su música no desapareció: sus discos continuaron editándose, traduciéndose y circulando internacionalmente, su obra de difundió a nivel mundial,  especialmente en países de habla hispana y en espacios de izquierda, vinculados a la canción protesta.

Temas como Te recuerdo Amanda, Manifiesto y El derecho de vivir en paz se convirtieron en himnos de resistencia, manteniendo vivo su mensaje de humanidad y justicia.

La exhumación y el largo camino hacia la verdad

Durante décadas, las circunstancias exactas de su asesinato permanecieron envueltas en sombras, silencios e impunidad. Sin embargo, distintos hitos permitieron reconstruir la verdad histórica.

Por orden judicial, sus restos fueron exhumados en 2009 para realizar una autopsia definitiva que permitiera establecer con precisión la magnitud de la tortura y las causas de su muerte. El proceso confirmó la extrema violencia sufrida por el artista.

En diciembre de ese mismo año, miles de personas acompañaron sus restos en un funeral multitudinario y profundamente simbólico, el pueblo necesitaba realizar un funeral pendiente,  y se realizo un acompañamiento a sus restos, desde la Fundación Víctor Jara hasta el Cementerio General de Santiago.

Fue el adiós digno que la dictadura le negó durante 36 años, una despedida colectiva cargada de memoria, dolor y reparación.

Proceso judicial y condenas: el lento fin de la impunidad

La justicia en el caso de Víctor Jara ha sido lenta, pero persistente, avanzando tanto en Chile como en tribunales internacionales.

En junio de 2016, un jurado federal en Florida declaró al exmilitar Pedro Barrientos responsable de la tortura y asesinato de Jara en un juicio civil, condenándolo al pago de 28 millones de dólares como reparación para su familia.

Uno de los hitos más importantes llegó en agosto de 2023, cuando la Corte Suprema chilena ratificó condenas de hasta 25 años de prisión para siete exmilitares involucrados en el secuestro, tortura y asesinato de Jara y de Littré Quiroga.

Este fallo marcó uno de los cierres judiciales más significativos de los crímenes cometidos tras el golpe militar.

Memoria histórica: un canto que no calla

La presencia de Víctor Jara permanece viva en espacios físicos y simbólicos donde la memoria se resiste al olvido.

El antiguo recinto donde fue torturado fue rebautizado en 2003 como Estadio Víctor Jara, convertido hoy en un sitio de memoria, cultura y derechos humanos.

Su nombre resignifica el espacio del horror y lo transforma en un lugar de encuentro con la historia.

El sitio donde su cuerpo fue hallado el 16 de septiembre de 1973, junto al de Littré Quiroga, el muro del cementerio metropolitano, se ha convertido en un lugar fundamental para la memoria del país.

Estos actos, han sido, un recordatorio material de la violencia de la dictadura, pero también de la necesidad de verdad y justicia.

Una historia inacabada

El legado de Víctor Jara sigue siendo una historia inacabada, porque su voz no pertenece solo al pasado: continúa presente en cada generación que alza la palabra frente a la injusticia.

Su canto, plasmado en canciones como Te recuerdo Amanda y El derecho de vivir en paz, sigue siendo la banda sonora de quienes sueñan con un mundo más justo, humano y libre.

Víctor Jara ya no es solo un artista chileno: es una conciencia universal que la violencia no logró callar.


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jueves, 9 de abril de 2026

42 años del caso Nicaragua vs. Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia

Por Javier Huerta

El 9 de abril de 1984 Nicaragua presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya una demanda histórica contra Estados Unidos de América por la financiación, entrenamiento y apoyo logístico a grupos armados opositores (conocidos como “contras”) durante la década de 1980, así como por actos directos de agresión y violaciones a la soberanía nicaragüense.

El 27 de junio de 1986, la CIJ emitió un fallo contundente: declaró que Estados Unidos había violado el derecho internacional al intervenir en asuntos internos de Nicaragua, apoyar fuerzas armadas contrarias al Gobierno nicaragüense, minar sus puertos y provocar daños económicos, materiales y humanos.

La Corte determinó:

  • Que Estados Unidos infringió el principio de no intervención y el uso de la fuerza.
  • Que debía cesar inmediatamente tales acciones.
  • Que debía reparar los daños causados a Nicaragua, cuya cuantía debía fijarse en un proceso posterior, si no se alcanzaba un acuerdo bilateral.

Sin embargo, Washington rechazó la jurisdicción de la Corte en este caso y nunca cumplió con la sentencia, negándose a pagar las indemnizaciones ordenadas y abandonando el proceso judicial.

De hecho, Estados Unidos utilizó su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear que se hiciera efectivo el fallo, y la causa quedó estancada en la práctica.

Desde 1986 hasta hoy, han pasado 42 años, varias cosas han marcado el devenir de este caso:

1. Continuado reclamo nicaragüense:
Aunque Nicaragua retiró formalmente la reclamación en 1991 durante un cambio de Gobierno, el actual Ejecutivo ha vuelto a insistir en que Estados Unidos debe indemnizar por “deuda histórica” que supera los 12 000 millones de dólares, cifra reclamada en su momento y que representa solo parte de los daños materiales, humanos y sociales causados.

2. No cumplimiento de la sentencia:
La sentencia de la CIJ no ha sido ejecutada en tres décadas y media, y Estados Unidos nunca pagó formalmente las reparaciones.

3. Uso simbólico y político del fallo:
El caso se convirtió en un símbolo de la lucha por la soberanía y el respeto al derecho internacional para muchos países en desarrollo y movimientos por justicia internacional. Aunque no logró reparaciones efectivas, marcó un precedente importante en la jurisprudencia sobre el uso de la fuerza y la intervención extranjera.

4. Debates internacionales:
Organismos como la Asamblea General de la ONU han adoptado resoluciones pidiendo el cumplimiento del fallo, aunque no vinculantes, reflejando el apoyo de la mayoría de Estados al principio de que las sentencias de la CIJ deben ser respetadas.

¿Debe Nicaragua seguir reclamando la indemnización?

Esta es una pregunta que combina aspectos legales, políticos, éticos y prácticos:

Desde el punto de vista legal:

  • El fallo de la CIJ es una sentencia definitiva y obligatoria entre las partes, y establece un principio de responsabilidad estatal por violaciones graves del derecho internacional.
  • Que un Estado poderosísimo como Estados Unidos no respete ese fallo socava la autoridad del sistema judicial internacional y deja un vacío en la efectividad del Derecho Internacional.

Desde la perspectiva de Nicaragua:

  • El reclamo de reparación responde a víctimas concretas, familias afectadas y a los efectos socioeconómicos duraderos de la década de guerra.
  • Reabrir la demanda, presionar diplomáticamente, o incluso llevar el caso a instancias internacionales de opinión pública mantiene viva la memoria histórica del conflicto.

Desde un enfoque más práctico:

  • La negociación directa entre Estados hoy es difícil, dados los desequilibrios de poder y la poca voluntad política de Estados Unidos de someterse a decisiones judiciales desfavorables.
  • Un reclamo continuo puede servir más como instrumento político y simbólico que como mecanismo real de cobro, a menos que vaya acompañado de estrategias legales, diplomáticas y multilaterales más amplias.

¿Debe Estados Unidos pagar esa “deuda”?

Legalmente, sí:
El fallo de la CIJ ordena una reparación. Aunque no existe un órgano ejecutivo global que pueda forzar a un Estado soberano a pagar, el principio de cumplimiento de las sentencias internacionales es fundamental para la justicia internacional.

Políticamente, es incierto:
Estados Unidos ha demostrado históricamente que no acata mandatos que considera contrarios a sus intereses estratégicos. El caso de Nicaragua es emblemático por ello.

Sin embargo, la exigencia de cumplir con las normas internacionales es un valor en sí mismo, y sostener este principio contribuye a fortalecer el sistema multilateral.

¿Qué podemos hacer desde la solidaridad internacional?

La solidaridad global puede adoptar varias formas constructivas:

1. Difundir y no permitir el olvido:

Dar visibilidad a este caso en ámbitos académicos, de derechos humanos y públicos para que no se reduzca a un episodio histórico olvidado, sino que se entienda cómo el derecho internacional puede y debe operar.

2. Apoyar mecanismos jurídicos multilaterales:

Respaldar la autoridad de la CIJ y de otros tribunales internacionales para que sus decisiones no queden en papel, sino que formen parte efectiva de la convivencia pacífica entre estados.

3. Presionar diplomáticamente:

Desde las organizaciones y movimientos de solidaridad, instar a gobiernos y organizaciones regionales a respaldar la implementación de las sentencias y fomentar el respeto al derecho internacional.

4. Vincular luchas por justicia y reparación:

Este caso puede articularse en redes que luchan contra intervenciones ilegales, por justicia transicional, por reparación de víctimas y por responsabilidad estatal en crímenes internacionales.

Esta lucha a de ser permanente

Han pasado ya 42 años desde que Nicaragua llevó su reclamo ante la Corte Internacional de Justicia, con un fallo claro a su favor. Sin embargo, la falta de cumplimiento por parte de Estados Unidos deja una herida abierta en el sistema de justicia internacional.

El reclamo de indemnización tiene tanto un componente ético como jurídico, y la solidaridad internacional puede jugar un rol clave en mantener viva la exigencia de que las potencias respeten las normas del derecho internacional y que los pueblos afectados tengan acceso real a justicia y reparación.

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