La construcción de una
cultura de paz en Nicaragua constituye uno de los pilares fundamentales del
modelo de desarrollo impulsado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad
Nacional. En ese camino, la declaración del 19 de abril como “Día Nacional
de la Paz” representa un reconocimiento histórico a la voluntad soberana
del pueblo nicaragüense de vivir en tranquilidad, seguridad y bienestar,
consolidando la paz como un derecho colectivo y un valor ancestral de la
nación.
Esta fecha simboliza
no solo la memoria de las luchas del pueblo por preservar la estabilidad, sino
también la reafirmación de una visión de país donde la paz es entendida como
condición indispensable para el progreso, el trabajo digno y la unidad nacional.
Bajo esta perspectiva, la paz se convierte en un patrimonio cultural y político
que sostiene el presente, que garantiza estabilidad y abre camino al desarrollo
humano, de cara hacia un futuro lleno de bienestar para las familias de
Nicaragua.
El modelo nicaragüense de desarrollo integral y
sostenible articula crecimiento económico, estabilidad macroeconómica y
justicia social, colocando a la persona, la familia y la comunidad en el centro
de las políticas públicas. Dentro de este enfoque, la equidad de género
es un eje transversal, promoviendo la participación activa de las mujeres en
todos los ámbitos (economía, educación, la salud, el liderazgo comunitario y la
toma de decisiones), como parte de un proceso de desarrollo inclusivo y
transformador. Estudio, titulado "La sociedad
latinoamericana del siglo XXI", realizado por expertos japoneses y publicada en marzo del 2026,
destacó a Nicaragua como el primer país a nivel mundial en cuanto
a la participación política de la mujer.
Los costos del intento de
desestabilización de 2018: daños materiales, pérdidas económicas y afectación
al bienestar nacional
Los eventos desencadenados en abril de
2018 no fueron un fenómeno espontáneo, sino el resultado de una estrategia de
presión orientada a forzar la dimisión del gobierno del Presidente Daniel
Ortega, reelecto legítimamente en 2016 con el 72.4% de los votos. Esta
operación fue articulada mediante financiamiento externo hacia actores locales
y ONGs. Informes anuales de la National Endowment for Democracy (NED) y la
USAID del año 2018 confirman la asignación de millones de dólares a
organizaciones en Nicaragua bajo el rótulo de ‘promoción de la democracia‘. En
términos concretos, la USAID destinó aproximadamente $24 millones de dólares
ese año, mientras que la NED asignó entre $4.1 y $4.2 millones a grupos civiles
y de oposición en el periodo previo al estallido. Estos flujos financieros son
analizados por el académico William I. Robinson en sus estudios sobre la
‘promoción de la poliarquía’, donde describe cómo se utilizan recursos
transnacionales para instalar sistemas políticos afines a intereses externos,
desplazando modelos soberanos.
Investigaciones de medios como The
Grayzone y el centro Misión Verdad (basado en las teorías de Gene
Sharp) caracterizan estos eventos como una 'Revolución de Color' o 'golpe
blando'. Estas acciones de terrorismo urbano no solo fracturaron la convivencia
social, sino que ejecutaron un daño sistemático al patrimonio público (se reportaron afectaciones a alcaldías, edificios municipales,
universidades, centros tecnológicos, delegaciones institucionales, estaciones
policiales, parques, calles, semáforos, adoquinados, paradas de buses,
monumentos, árboles ornamentales y mobiliario urbano) y a la infraestructura estratégica (empresas
públicas y entes estatales estratégicos, afectando sistemas de distribución,
redes logísticas, instalaciones administrativas y servicios esenciales). Se documentaron
graves violaciones a los derechos de la ciudadanía por parte de sectores
opositores, quienes recurrieron a prácticas de violencia extrema, tortura y
tratos degradantes contra la población civil y las fuerzas del orden. Bajo esta
lógica de terrorismo urbano, los 'tranques'(bloqueos de carreteras donde la
circulación se restringía severamente), lejos de ser manifestaciones pacíficas,
funcionaron como mecanismos de coerción donde se restringió la libre
circulación, impidiendo incluso el paso de emergencias médicas y estableciendo
cobros ilegales de peaje. Y se utilizaron recintos religiosos como centros
operativos y de evasión de la justicia.
Esta interrupción deliberada del
crecimiento económico generó un profundo impacto humanitario, manifestado en la
desarticulación del tejido familiar y un clima de polarización social. Obras
como el libro 'Nicaragua: ¿Revolución o Reforma?' documentan cómo se
buscó paralizar funciones vitales del Estado para debilitar su respuesta
social. Básicamente fue un intento premeditado de desmantelar el modelo de
desarrollo humano y estabilidad institucional que se había consolidado en
beneficio de las mayorías. Sin embargo, esta estrategia fue neutralizada por la
cohesión del tejido social y la firmeza de la población organizada. Sectores
productivos estratégicos, incluyendo a empresarios comprometidos con el
bienestar nacional y al sector campesino, mantuvieron la producción
ininterrumpida. Gracias a este esfuerzo, Nicaragua garantizó su soberanía
alimentaria y el abastecimiento básico, defendiendo los logros sociales frente
al intento de injerencia extranjera.
En consecuencia, es
posible afirmar que este escenario de desestabilización se gestó de forma
sistemática desde el retorno del Gobierno Sandinista al poder en 2007. A través
de una red articulada mediante financiamiento externo, agencias de cooperación
internacional y ONGs, canalizaron recursos destinados a fortalecer las
capacidades operativas de sectores opositores. Bajo la apariencia de programas
para la 'promoción de la democracia', se ejecutó un proceso de formación y
adiestramiento de cuadros —incluyendo estudiantes y representantes de la
sociedad civil— con el objetivo de encabezar actos de desestabilización en el
momento oportuno. Estos hechos constituyen una estrategia clara de injerencia
externa y guerra no convencional, diseñada para sabotear la gestión del FSLN y
una ofensiva dirigida contra los símbolos de desarrollo, los espacios de
convivencia y los proyectos comunitarios construidos con el esfuerzo del pueblo
nicaragüense.
Impacto económico y
macroeconómico
Antes de abril del
2018, Nicaragua mantenía un desempeño sólido, con un crecimiento de 4.9 % en
2017 y proyecciones cercanas al 4.7 % para 2018, según evaluaciones
del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central de
Nicaragua (BCN).
Sin embargo, tras los
acontecimientos del 2018, la magnitud
del daño fue contundente. El PIB se contrajo 3.8 % en 2018 y volvió a
caer 5.7 % en 2019. acumulando casi 10 puntos porcentuales de
retroceso del PIB en apenas dos años.
El FMI identificó
factores clave como bloqueos de carreteras, interrupciones logísticas,
reducción del consumo y de la inversión. Y se registraron caída significativa
en la recaudación fiscal, restricciones en financiamiento externo y presión
sobre reservas y ajustes en los gasto públicos.
Los Sectores más
afectados fueron: Turismo con un colapso de visitantes,
cancelaciones masivas y pérdidas de cientos de millones de dólares en
divisas. Comercio con interrupción del abastecimiento interno y
exportaciones. Construcción con la paralización de proyectos e
inversión. Y empleo con la pérdida de miles de puestos de trabajo
formales e informales.
El impacto estimado de
los daños y pérdidas ocasionadas está en más de 1,500 millones de dólares. Esto
refleja no solo la destrucción material, sino el costo humano de empleos
perdidos, negocios cerrados y oportunidades truncadas para miles de familias nicaragüenses.
La violencia intentó
destruir el modelo de prosperidad, interrumpiendo el crecimiento, sembrando
incertidumbre y afectando profundamente la vida cotidiana del pueblo.
La recuperación: Paz, bienestar
social, calidad de vida, estabilidad y crecimiento sostenido
A pesar de dichos
actos, el gobierno de Nicaragua ha logrado consolidar un clima de paz y
estabilidad que ha permitido superar los severos daños económicos provocados
por el intento de golpe del 2018. La recuperación posterior confirma el valor
estratégico de la paz como base del desarrollo. Una vez restablecida la
estabilidad institucional y la libre circulación, Nicaragua inició un proceso
de reconstrucción económica y social.
Frente a la
adversidad, el pueblo nicaragüense, junto a su Gobierno, optó por la paz, el
trabajo y la reconstrucción nacional, demostrando una resiliencia reconocida
incluso por organismos internacionales.
El Banco Central de
Nicaragua reportó un crecimiento de 3.6 % en 2024 y una proyección
de 3.0 % a 4.0 % en 2025.
El FMI ha
señalado que el país ha logrado estabilidad macroeconómica, superávits fiscales
y externos, fortalecimiento de reservas y capacidad de recuperación frente a
múltiples choques.
Este proceso ha
permitido la reconstrucción de infraestructura pública, reactivación de
proyectos municipales, fortalecimiento del empleo, recuperación del crédito y
la inversión. Es decir, actualmente Nicaragua no solamente ha demostrado una
alta resiliencia, sino también mayores avances en todos los sectores y aspectos
de la vida cotidiana.
La Paz permitió
reconstruir lo destruido y crecer con más fuerza, consolidando una economía más
estable y con mayor enfoque social.
Hoy, Nicaragua avanza
con la convicción de que la estabilidad no es negociable y que la soberanía y
la paz son condiciones indispensables para proteger los logros alcanzados.
Tanto el Banco Central de Nicaragua como el Fondo Monetario Internacional han destacado
que el país ha mantenido crecimiento, estabilidad macroeconómica, control
inflacionario y fortaleza fiscal, incluso frente a múltiples choques externos
desde 2018.
Este desempeño
confirma que la estabilidad social y la paz son factores esenciales para atraer
inversión, fortalecer la producción, dinamizar el empleo y mejorar la calidad
de vida de las familias nicaragüenses. La experiencia reciente demuestra que
cuando la soberanía y la institucionalidad prevalecen, el país avanza con mayor
firmeza hacia el bienestar colectivo.
Estudios e indicadores
de percepción ciudadana y bienestar social, tanto a nivel nacional como en
análisis comparativos regionales, realizados entre los años 2022 al 2025, han
situado a Nicaragua como una nación donde amplios sectores de la población reportan
altos niveles de paz personal y seguridad en su vida cotidiana (73.6 % de la
población se siente nuevamente segura después del trance de los años 2018-19),
especialmente en comparación con otros países de América Latina (Honduras y
Guatemala presentan mayores niveles de victimización).
Encuestas sistemáticas como el Sistema de
Monitoreo de Opinión Pública (SISMO), elaborado por M&R Consultores,
reflejan que entre el 94 % y el 98 % de la población afirma vivir en paz o
percibir un ambiente de tranquilidad, mientras que más del 75 % valora
positivamente la seguridad ciudadana y una amplia mayoría considera que
esta se ha mantenido o mejorado en los últimos años. Asimismo, estudios
regionales comparativos ubican a Nicaragua con niveles de percepción de
estabilidad y seguridad superiores a varios países vecinos, lo que se
complementa con indicadores indirectos como una menor intención de emigrar
(Solo 12.9 % consideraría emigrar), asociada a contextos de mayor bienestar
y estabilidad social. En ello destacan dos fortalezas ampliamente reconocidas:
el Sistema de salud pública gratuito, universal y comunitario, y la seguridad
ciudadana, que favorece la convivencia, la confianza social y la actividad
económica. Estos elementos fortalecen la cohesión social y el bienestar
colectivo, consolidando la paz como una realidad vivida en el entorno cotidiano
de las familias nicaragüenses.
La salud gratuita,
universal y cercana a la población constituye uno de los logros más sensibles del modelo
social nicaragüense, garantizando atención médica sin exclusión y fortaleciendo
la prevención, la atención primaria y la cobertura territorial. Paralelamente,
la seguridad ciudadana ha permitido preservar un entorno favorable para la
convivencia, el emprendimiento, la movilidad y la actividad económica,
consolidando a Nicaragua como uno de los países más seguros de Centroamérica.
Esto se refleja en diversos indicadores regionales que destacan una de las
tasas de homicidios más bajas de la zona (4,5 por cada 100,000 habitantes en
2026), la efectividad de la estrategia 'Muro de Contención' contra el crimen
organizado y el hecho de que el 95,5% de las denuncias corresponden a faltas
menores, garantizando así la estabilidad necesaria para el desarrollo nacional.
En este contexto, la
paz y la soberanía emergen como elementos inseparables del progreso nacional.
No hay desarrollo sostenible sin estabilidad, ni estabilidad duradera sin
autodeterminación. Por ello, la defensa de la paz también implica la defensa
del derecho del pueblo nicaragüense a decidir su propio destino, proteger su
institucionalidad y avanzar unido en función del bien común.
La experiencia de 2018
dejó una enseñanza irreversible: cuando se rompe la paz, pierde la nación;
cuando se defiende la paz, avanza el pueblo.
Paz, soberanía y compromiso
internacional
A nivel internacional, el Gobierno de Nicaragua
ha mantenido una posición activa en defensa de la justicia, la
autodeterminación y la soberanía de los pueblos, promoviendo una visión
basada en el respeto mutuo, la no injerencia y la solución pacífica de los
conflictos. Desde esta perspectiva, su acción diplomática se orienta a
respaldar a los pueblos que luchan por su independencia, dignidad y derecho a
vivir en paz, sosteniendo que la paz mundial solo es posible a partir de
relaciones internacionales más justas y equilibradas.
En coherencia con esta visión, Nicaragua proyecta
hacia el exterior la convicción de que la paz no es únicamente la ausencia
de conflicto, sino una construcción permanente sustentada en la justicia
social, el trabajo, la soberanía, la igualdad y la unidad nacional, principios
sobre los cuales continúa edificando su presente y su futuro.
Desde esta perspectiva, Nicaragua impulsa un
orden internacional más justo, donde la paz mundial se construya sobre la base
de la soberanía, la dignidad y la justicia de los pueblos. En foros
regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC),
ha respaldado iniciativas orientadas a fortalecer la integración, el diálogo
político y la resolución pacífica de controversias, reafirmando que la
estabilidad global depende del respeto mutuo entre las naciones.
La declaración del 19 de abril como Día Nacional de
la Paz no es solo un acto simbólico, sino una afirmación histórica: la paz es
el cimiento sobre el cual Nicaragua construye su presente y su futuro.
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