Los Campesinos debaten el tema agrario para conseguir la paz en Colombia.
En este encuentro, el Gobierno tambi茅n cuenta con su representaci贸n, encabezada por la directora del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Miriam Villegas, y otros funcionarios del Ministerio de Agricultura.
Con propuestas para mejorar el orden territorial en el campo de Colombia, unos cuatro mil participantes inauguraron este viernes el III Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ZRC), en el marco de los di谩logos que sostienen el Gobierno de ese pa铆s y la insurgencia a fin de acabar con el conflicto interno que ya lleva m谩s de medio siglo en esa naci贸n.
En la inauguraci贸n del evento, el alcalde del municipio de San Vicente del Cagu谩n, Domingo P茅rez, hizo un llamado a respetar a los campesinos que viven en estas zonas de reserva, quienes han sido desplazados forzosamente debido a los enfrentamientos entre ej茅rcito y guerrilla en el marco del conflicto.
El dirigente consider贸 que la tradicional persecuci贸n a los campesinos ha sido fruto de una desinformaci贸n sobre esta f贸rmula y de la manipulaci贸n de "opositores del Gobierno y del proceso de paz, que se acogen al hecho de que las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) hayan recogido esa figura y la hayan planteado en la mesa de negociaciones".
Por su parte, C茅sar Jerez, uno de los l铆deres de la Asociaci贸n Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), explic贸 que la pretensi贸n de los campesinos es resaltar "la bondad de la figura, las posibilidades que brindan las ZRC para acceder a la tierra, para formalizar su propiedad y para acceder al desarrollo rural".
El tema de la tierra es el primer punto de la agenda del di谩logo para conseguir la paz en Colombia, un pa铆s afectado por un hist贸rico reparto desigual y una alta concentraci贸n de la propiedad por parte de unos pocos.
En este encuentro, el Gobierno tambi茅n cuenta con su representaci贸n, encabezada por la directora del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Miriam Villegas, y otros funcionarios del Ministerio de Agricultura.
En el Acuerdo General para la terminaci贸n del conflicto y la construcci贸n de una paz estable y duradera, el Gobierno y las FARC incluyeron a las Zonas de Reservas Campesinas como un punto central sobre acceso, desarrollo rural y uso de la tierra.
El corresponsal de teleSUR en Colombia, Milton Henao, record贸 que las Zonas de Reservas Campesinas fueron creadas en 1994 a trav茅s de la Ley 190, para la protecci贸n de los derechos del campesinado colombiano.
Las Zonas tienen objetivos b谩sicos relacionados con temas pol铆ticos, econ贸micos y sociales, abordando desde el acceso y la democratizaci贸n de la tierra; a la salud, vivienda, y protecci贸n del campo.
La Habana, Cuba, sede de los di谩logos de paz, marzo 21 de 2013
Nueve propuestas m铆nimas para la reafirmaci贸n de la soberan铆a frente al capital transnacional
Teniendo en cuenta los efectos negativos de los tratados de libre comercio y, en general, de las regulaciones de comercio, inversiones, servicios, propiedad intelectual y de soluci贸n de controversias, sobre el campo colombiano, y con la finalidad de rescatar y reafirmar la soberan铆a nacional, y de contribuir a garantizar la soberan铆a alimentaria y mejorar sustancialmente las condiciones de nutrici贸n y alimentaci贸n de la poblaci贸n, de proteger y estimular la producci贸n nacional y, en especial, de propiciar la estabilidad y la sostenibilidad de la sociedad rural, en general, y, en especial de las econom铆as campesinas, se formulan las siguientes nueve propuestas:
1. Denuncia o revisi贸n de tratados de libre comercio
Los tratados de libre comercio suscritos por el Gobierno colombiano con gobiernos extranjeros ser谩n denunciados, o en su defecto revisados, si a ello hubiere lugar.
2. Denuncia o revisi贸n de acuerdos de protecci贸n y promoci贸n rec铆proca de inversiones
Los acuerdos de protecci贸n y promoci贸n rec铆proca de inversiones firmados por el Gobierno colombiano con Gobiernos extranjeros ser谩n denunciados, o en su defecto revisados, si a ello hubiere lugar.
3. Soluci贸n de controversias en la jurisdicci贸n nacional
Las controversias derivadas de tratados o acuerdos de libre comercio o inversi贸n ser谩n resueltas en la jurisdicci贸n nacional. Por tanto, el pa铆s ser谩 retirado del Centro Internacional del Arreglo de Diferencias relativas a Inversi贸n, CIADI, del Banco Mundial. En general, se desestimar谩 la soluci贸n de controversias a trav茅s de instancias de arbitramento privado internacional.
4. Prohibici贸n de la extranjerizaci贸n de la tierra
Se prohibir谩 la compra de tierras en grandes extensiones por parte de empresas transnacionales. Se podr谩n considerar excepciones, estableciendo l铆mites a tales compras. En ning煤n caso se podr谩 afectar la soberan铆a alimentaria. Se desestimar谩 toda compra destinada a proyectos de agrocombustibles, o que implique cambios en el uso de la tierra distintos a los agr铆colas.
5. Regulaciones especiales contra el acaparamiento y la especulaci贸n financiera
Se establecer谩n regulaciones especiales para impedir el acaparamiento de tierras en manos de empresas transnacionales, o de grupos econ贸micos, o de grandes empresarios nacionales, o de alianzas o asociaciones entre ellos. De manera especial, se implementar谩n medidas contra la especulaci贸n financiera de la tierra y el territorio. No se permitir谩 el derecho de superficie.
6. Protecciones especiales a la propiedad intelectual de las comunidades rurales
La propiedad intelectual de las comunidades rurales, campesinas, ind铆genas y afrodescendientes gozar谩 de protecciones especiales. Los conocimientos y saberes sobre la producci贸n agr铆cola, el relacionamiento con la naturaleza, la biodiversidad y sus usos, as铆 como las semillas nativas, ser谩n protegidos frente a las pretensiones de apropiaci贸n y privatizaci贸n por parte de empresas transnacionales.
7. Prohibici贸n del uso de transg茅nicos y sustituci贸n de agroqu铆micos
Se prohibir谩 el uso de transg茅nicos y paquetes tecnol贸gicos impuestos por transnacionales de los agronegocios, considerando sus efectos nocivos sobre la salud humana. Los agroqu铆micos ser谩n sustituidos gradualmente hasta su prohibici贸n con el fin de promover una producci贸n agr铆cola ambientalmente sostenible.
8. Fomento a la integraci贸n regional
Se fomentar谩n procesos de integraci贸n en Am茅rica Latina y el Caribe que contribuyan a la soberan铆a alimentaria de la Regi贸n, y estimulen la producci贸n y el abastecimiento regional de alimentos. Se propiciar谩n relacionamientos y encadenamientos productivos entre las comunidades campesinas de la Regi贸n, en el entendido que la integraci贸n es sobre todo de los pueblos.
9. Incentivos y protecciones especiales frente a los efectos de los TLC
Mientras se surten los efectos de la denuncia, o revisi贸n de los tratados de libre comercio, se pondr谩n en marcha medidas de incentivo, protecci贸n y subsidio a la producci贸n interna de alimentos y, en especial, a la producci贸n campesina, ind铆gena y afrodescendiente.
DELEGACION DE PAZ DE LAS FARC-EP
La vigencia de un proyecto y los nuevos intentos de exterminar a la Uni贸n Patri贸tica
Escrito por Roberto Romero Publicado el Jueves, 21 Marzo 2013 20:57, Centro de Memoria, Paz y Reconciliaci贸n
Creada en 1984, hace 29 a帽os, la Uni贸n Patri贸tica, sigue vigente. Ayer 20 de marzo, varias noticias retomaron el tema del movimiento que padeci贸, tras el genocidio del gaitanismo, otro de similares caracter铆sticas: m谩s de 3600 de sus l铆deres y militantes de base fueron asesinados.
En primer lugar, el Consejo de Estado orden贸 a la Naci贸n pedir perd贸n a los familiares del dirigente agrario y cofundador de la UP, Julio Poveda, asesinado por sicarios el 14 de febrero de 1999 y le exigi贸 a la justicia penal que act煤e y esclarezca el crimen.
La Secci贸n Tercera, en su fallo, ordena al Estado pedir perd贸n en una ceremonia p煤blica, a indemnizar a los familiares del l铆der pol铆tico de izquierda con m谩s de 500 millones de pesos y pidi贸 el env铆o de copias del fallo a la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que analiza una demanda contra la Naci贸n por los m谩s de dos mil militantes de esa organizaci贸n pol铆tica asesinados desde 1983.
Y el mismo 20, otras dos informaciones sacudieron el escenario pol铆tico del pa铆s: al tiempo que el Congreso creaba una subcomisi贸n que analizar谩 las posibilidades jur铆dicas de restituir la personer铆a jur铆dica de la Uni贸n Patri贸tica, la Procuradur铆a instaba al Consejo de Estado a no revocar el fallo del Consejo Nacional Electoral que en 2002 le arrebat贸 a esta agrupaci贸n sus derechos pol铆ticos.
A la idea de los congresistas Alexandra Moreno, del Movimiento Mira, y Guillermo Rivera, del Partido Liberal, se unieron las comisiones de paz del Congreso, que tras la sesi贸n conjunta del mi茅rcoles 20 habilitaron a un grupo de congresistas que analizar谩n las v铆as jur铆dicas para ello.
Una comisi贸n reparadora y la ley de v铆ctimas
De acuerdo con el presidente del Senado, Roy Barreras, citado por El Tiempo, "se ha creado una subcomisi贸n que revisar谩 las posibilidades jur铆dicas de restablecimiento de la personer铆a jur铆dica de la Uni贸n Patri贸tica, el movimiento v铆ctima del genocidio, conocido y doloroso, y que implica una nueva manera de reparaci贸n a esas v铆ctimas de la UP".
Seg煤n la tesis, los art铆culos 151 y 152 de la Ley de V铆ctimas contemplan la "reparaci贸n colectiva" a las organizaciones pol铆ticas que han sido v铆ctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
Esto se har铆a tras una recomendaci贸n del Plan Nacional de Atenci贸n y Reparaci贸n Integral a las V铆ctimas, el cual encabeza el Presidente de la Rep煤blica, a la Unidad de V铆ctimas, que emitir铆a una resoluci贸n pidiendo al Consejo Nacional Electoral (CNE) que le regrese la personer铆a jur铆dica a la UP.
Se tratar铆a de un fallo hist贸rico en el camino de la reparaci贸n de miles de v铆ctimas y el resarcimiento de un movimiento que contribuy贸 a la paz de Colombia tras su fundaci贸n bajo los acuerdos de la Uribe de mayo de 1984 entre la administraci贸n de Betancur con las FARC de Cese al Fuego, Tregua y Paz, los 煤nicos que por cierto esa guerrilla ha firmado con gobierno alguno.
El Procurador vuelve a matar a las v铆ctimas
Por eso el pronunciamiento del Procurador solo apunta a volver a exterminar al joven movimiento que se levant贸 como una real alternativa pol铆tica en Colombia.
Los actos administrativos 5659 del 30 de septiembre de 2002 y 7477 del 20 de noviembre de 2002 del Consejo Nacional Electoral fueron demandados ante el alto tribunal por la UP que argument贸 que el Consejo Nacional Electoral CNE, excedi贸 sus competencias, al aplicar la Ley 130 de 1994, sin tener en cuenta que la UP fue objeto de un genocidio pol铆tico.
El procurador delegado Antonio Eduardo G贸mez Merlano, obedeciendo 贸rdenes del Procurador General, Ordo帽ez, conceptu贸 que si el Consejo Nacional Electoral no hubiese aplicado la norma que rige para mantener la personer铆a jur铆dica de la UP, estar铆a violando la Constituci贸n o estar铆a generando desigualdad en referencia a otros partidos pol铆ticos.
La ley electoral determina que un partido pol铆tico pierde sus derechos si no alcanza un determinado n煤mero de votos o no se presenta a elecciones. Que no fue precisamente el caso de la UP pues no era igual ante la ley como pretende el Procurador pues fue objeto de una pol铆tica de exterminio que no sufrieron los otros partidos. Olvidar esto no es sino convertirse en c贸mplice de quienes optaron por la v铆a de la extinci贸n a sangre y fuego.
Con toda raz贸n los demandantes del absurdo fallo del Consejo Nacional Electoral que le arrebat贸 la personer铆a jur铆dica y que ratific贸 a trav茅s de las Resoluciones 0101 del 24 de enero de 2012 y 0364 del 11 de abril de 2012, se帽alan que "la presunci贸n de legalidad que para verg眉enza del pa铆s a煤n ostentan estos actos administrativos que se solicitan se revoquen indican a la conciencia nacional, que fue pol铆ticamente eficaz eliminar sistem谩ticamente – mat谩ndolos - a los dirigentes visibles y a muchos de los militantes de un partido pol铆tico para determinar o por lo menos incidir en su bajo desempe帽o electoral y lograr as铆 la p茅rdida de su personer铆a jur铆dica".
Devolverle la personer铆a jur铆dica al partido que lider贸 Jaime Pardo Leal, est谩 en consonancia con la Ley de V铆ctimas y que debe ser tenida en cuenta por el Consejo de Estado en un fallo que espera pronto todo el pa铆s.
Se trata, como lo indica dicha ley y en desarrollo de las garant铆as de no repetici贸n que deben entenderse retroactivamente derogadas las interpretaciones de las normas electorales que para el Consejo Nacional Electoral no admit铆an - hasta antes de la Ley de V铆ctimas - considerar "situaciones excepcionales" como lo es un genocidio contra un partido pol铆tico para inaplicar una norma electoral en particular.
Otra cosa ser铆a volver a repetir un acto simb贸lico de consumaci贸n del genocidio.
Como lo recuerdan los demandantes de las arbitrarias resoluciones del Consejo Electoral 茅ste se limit贸 a se帽alar la imposibilidad legal de asumir un estado excepcional de cosas, como lo es el genocidio cometido, para no aplicar una fr铆a normatividad vigente.
El Consejo Nacional Electoral textualmente, dijo que: "tampoco es jur铆dicamente aceptable tener en cuenta "circunstancias extra帽as", es decir, el genocidio de la UP, que todas las instancias jur铆dicas y pol铆ticas del pa铆s, sin excepci贸n, (para no hablar de las internacionales) entre ellas la Corte Constitucional, la Fiscal铆a General, el Congreso, los poderes ejecutivos desde el a帽o 2000, han aceptado se perpetr贸 contra dicho partido.
El ex presidente Andr茅s Pastrana reconoci贸 en su libro La palabra bajo fuego, que lo ocurrido contra la UP fue un genocidio pol铆tico.
Las inaceptables "circunstancias extra帽as" para el Consejo Nacional Electoral
Entonces no aceptar dichas "circunstancias extra帽as" niega simplemente, como dice la UP en su alegato, los efectos anulatorios que debe tener un genocidio, sobre las normas electorales redactadas para tiempos de normalidad, y constituye en s铆 misma una postura ideol贸gica que siempre fue inconstitucional y ahora, sin duda, tambi茅n es ilegal.
"El Consejo Nacional Electoral, adem谩s de aplicar incorrectamente la ley electoral - esto no fue lo m谩s grave-, termin贸 siendo parte importante de una estrategia de genocidio pol铆tico a la que el faltaba el elemento simb贸lico que la demandada aport贸 dando al pa铆s la errada idea de que la desaparici贸n de la Uni贸n Patri贸tica fue constitucional, legal, justa, y, por lo tanto, pol铆ticamente correcta", se帽ala con vigor la demanda.
Al respecto la Corte Constitucional ha sido clara en su doctrina, que debe aplicar ahora el Consejo de Estado del "estado inconstitucional de cosas", que no fue otra cosa que sucedi贸 en el caso de la UP, sometida a pero barbarie del 煤ltimo medio siglo.
Por ello, con toda raz贸n, los representantes Guillermo Rivera e Iv谩n Cepeda, y la senadora Alexandra Moreno Piraquive sostienen que la Uni贸n Patri贸tica podr铆a recuperar las curules y los cargos p煤blicos que perdi贸 luego del asesinato selectivo de sus miembros en la d茅cada de los 90.
Rivera sostiene que los art铆culos 151 y 152 de la Ley de V铆ctimas abren la puerta para la reparaci贸n de ese grupo pol铆tico por medio de la restituci贸n de su personer铆a jur铆dica, figura que permite a los movimientos postular candidatos para las elecciones.
"Ser铆a importante que en el Plan Nacional de Atenci贸n y reparaci贸n integral a las v铆ctimas se contemplara la posibilidad de restituir la personer铆a jur铆dica de esa organizaci贸n pol铆tica como mecanismo de reparaci贸n colectiva", se帽ala Rivera.
Por otro lado, el representante Iv谩n Cepeda recalc贸 que la UP ha solicitado en reiteradas ocasiones que se le devuelvan las curules y la personer铆a jur铆dica perdida. El representante no duda que el tema sea tratado en la mesa de negociaci贸n de La Habana donde dialogan el Gobierno y la guerrilla de las FARC.
Soplan nuevos vientos
"Hay que devolver todas las curules arrebatadas a la Uni贸n Patri贸tica, entre ellas la que le fue arrebatada a mi padre, enti茅ndase que no la reclamo para m铆 sino para la UP que sigue viva", afirm贸 Cepeda a El Tiempo.
A su vez, la senadora Piraquive sostuvo al mismo diario que uno de los escenarios para permitir la participaci贸n pol铆tica de la guerrilla de las Farc ser铆a devolver la personer铆a jur铆dica a la extinta Uni贸n Patri贸tica.
"Una decisi贸n de este tipo permitir铆a reivindicar a las v铆ctimas de la UP y a los miembros que todav铆a hacen parte de esa colectividad reconoci茅ndoles su derecho a participar en las elecciones que se avecinan", dijo la parlamentaria.
Soplan, pues, nuevos vientos hacia la reparaci贸n inevitable de la Uni贸n Patri贸tica. Por encima de falacias e interpretaciones santanderistas que solo pretenden, bajo un manto seudojur铆dico, afirmar que aqu铆 no ha pasado nada, que un genocidio que nadie olvida como lo recordaron decenas de oyentes hoy 21 en la escuchada emisora La W, que tuvo como su tema el d铆a la restituci贸n de la personer铆a jur铆dica de la UP, debe quedarse as铆.
Iv谩n Cepeda ya lo hab铆a dicho en la entrevista que le hicimos en 2011 para el libro Uni贸n Patri贸tica, expedientes contra el olvido y cuyas palabras adquieren plena vigencia: "La UP es imprescindible en cualquier proceso pol铆tico de cara a la reconciliaci贸n. Digamos que los de la UP son ese tipo de cr铆menes en los cuales no puede la sociedad colombiana encontrar la paz hasta su esclarecimiento".
Esperamos que as铆 lo entienda, para el bien del pa铆s, el Consejo de Estado, ya que el Procurador ha preferido el camino de la afrenta a la memoria hist贸rica.
Comunicado
Muy mala memoria la del min defensa Pinz贸n, o est谩 de adorno, porque no le informan las novedades de la guerra. Para que recuerde o investigue bien, publicamos la verificaci贸n del Bloque Occidental Alfonso Cano al Secretariado Nacional de las FARC-EP:
"Frente a los desarrollos de la acci贸n del Bloque M贸vil Arturo Ru铆z y el Bloque Comandante Alfonso Cano del 5 de marzo pasado, en la vereda La Esperanza, de Buenos Aires, Cauca, el parte oficial que el ej茅rcito dio en una reuni贸n que hizo con los pobladores de la zona, inst谩ndolos a reclamarle a la guerrilla 6 soldados que a煤n est谩n desaparecidos, fue el siguiente: 'Nos mataron un mayor, un teniente, un sargento y 22 soldados, adem谩s de 6 que no aparecen y creemos que los tienen ellos'. O sea que en esa acci贸n el total de bajas enemigas ser铆a de 31".
A lo anterior agregan que el pasado 12 de marzo a las 9: 45 horas, en la vereda Betulia del municipio de Su谩rez, Cauca, otra patrulla del Ej茅rcito volvi贸 a caer en una emboscada con minados. No se conoce el n煤mero de bajas sufridas, pero el ministro quiz谩s pueda averiguarlo.
Aunque algo a帽ejo, tambi茅n vale enterar al ministro del parte oficial del Bloque Sur sobre el combate de febrero pasado en Mil谩n, Caquet谩, que el Ej茅rcito disminuy贸 sensiblemente:
"El d铆a 13 de febrero a las 11:45, en la vereda Aguas Blancas, jurisdicci贸n del municipio de Mil谩n, una guerrilla del Frente 15 del Bloque Sur de las FARC-EP choc贸 con una patrulla de contraguerrilla adscrita al Batall贸n G眉ep铆. El combate se dio en campo abierto por espacio de hora y media. A la hora lleg贸 un helic贸ptero a prestarle apoyo a茅reo a la patrulla. A las 14:00 llegaron 6 helic贸pteros m谩s y desembarcaron tropas en diferentes sitios. Resultados: 15 militares muertos y 5 heridos. Material recuperado: 8 fusiles Galil calibre 5.56, entre ellos 5 AC; 35 proveedores para los mismos; 2.412 cartuchos calibre 5.56; dos pistolas calibre 9 mm; un ca帽贸n de M-60 tipo Comando y 4 cananas de 100 cartuchos para la misma ametralladora; 9 granadas M-26, 10 chalecos… (Sigue una larga lista de intendencia)".
Dir谩 el se帽or ministro que seguimos inventando partes.
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Monta帽as de Colombia, 20 de marzo de 2013.
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