Sáhara Occidental: ¿hacia dónde va un conflicto que lleva medio siglo esperando una solución?

Por Javier Huerta

Cinco años después, la diplomacia internacional vuelve a mover sus piezas mientras el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui continúa pendiente

Han pasado casi cinco años desde que publique un artículo sobre el Sáhara Occidental, «Sáhara Occidental: la descolonización que España dejó pendiente», el 14 de noviembre de 2021. Apenas cuatro meses después, el 20 de marzo de 2022, publique otro análisis, «Sáhara Occidental: treinta años de una promesa incumplida por Naciones Unidas», cuando la ruptura del alto el fuego de 2020 había devuelto la guerra al territorio y España acababa de modificar profundamente su posición respecto al conflicto. Hoy volvemos sobre la cuestión porque el escenario internacional ha cambiado de manera importante. Naciones Unidas continúa buscando una salida, Marruecos ha ganado apoyos para su propuesta de autonomía, Estados Unidos desempeña un papel cada vez más activo en las negociaciones y la Unión Europea ha tenido que afrontar importantes límites jurídicos en sus relaciones con Marruecos. Pero, mientras tanto, la pregunta fundamental continúa siendo la misma: ¿qué lugar ocupa el derecho del pueblo saharaui a decidir libremente su futuro?

La novedad más importante de los últimos años se produjo en octubre de 2025, cuando el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2797 y prorrogó el mandato de la MINURSO hasta el 31 de octubre de 2026. La resolución introdujo un cambio significativo en el lenguaje del proceso al pedir que las negociaciones tomasen como base la propuesta marroquí de autonomía, aunque mantuvo como objetivo una solución política definitiva que proporcione la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. Fue aprobada por 11 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones; Argelia no participó en la votación.

El cambio merece atención. La MINURSO fue creada en 1991 con el objetivo de organizar un referéndum de autodeterminación. Treinta y cinco años después, el referéndum nunca se ha celebrado y la misión continúa existiendo. El nombre de la operación internacional se ha convertido así en el símbolo de una contradicción: una misión creada para preparar una consulta popular que lleva décadas sin poder realizarse. La resolución 2797 no elimina formalmente la autodeterminación, pero desplaza el centro de gravedad de las negociaciones hacia una propuesta concreta: la autonomía dentro de la soberanía marroquí.

Desde Rabat, este cambio es presentado como un reconocimiento de que la autonomía constituye la solución más realista. Desde el Frente Polisario y Argelia, por el contrario, se ha advertido que convertir la propuesta marroquí en el punto de partida principal puede terminar reduciendo las posibilidades de una verdadera autodeterminación. La propia resolución, sin embargo, mantiene abierta la posibilidad de que las partes presenten otras propuestas y señala que el resultado debe ser mutuamente aceptable y compatible con la Carta de Naciones Unidas. Esa diferencia es importante: la autonomía marroquí ha ganado peso diplomático, pero jurídicamente el conflicto no ha quedado cerrado.

Washington entra con fuerza en el proceso

La nueva etapa tiene además un protagonista que ha adquirido una importancia creciente: Estados Unidos. En febrero de 2026, Staffan de Mistura, enviado personal del secretario general de Naciones Unidas, copresidió en Washington nuevas negociaciones junto al representante estadounidense Michael Waltz, con apoyo del asesor presidencial Massad Boulos. Naciones Unidas informó de que las conversaciones estaban tomando como base la propuesta marroquí de autonomía conforme a la resolución 2797, aunque subrayó que todavía quedaba un trabajo importante, especialmente sobre la cuestión fundamental de la autodeterminación del pueblo saharaui.

Aquí aparece una de las grandes incógnitas de 2026. ¿Estamos ante una nueva oportunidad para alcanzar una solución política después de décadas de bloqueo o ante una transformación progresiva del proceso internacional que puede terminar haciendo de la autonomía marroquí la única salida realmente disponible?

La diferencia no es solamente diplomática. Si la negociación comienza tomando como referencia una propuesta que mantiene la soberanía marroquí como condición, el margen de discusión sobre el estatuto final del territorio cambia considerablemente respecto al referéndum planteado en 1991. El problema vuelve a ser el que señalábamos en nuestro segundo artículo: una cosa es negociar una solución y otra que el pueblo que debe ejercer la autodeterminación pueda decidir directamente cuál quiere que sea esa solución.

Europa se encuentra con los límites del derecho internacional

Mientras la diplomacia avanzaba en esta dirección, los tribunales europeos introdujeron un elemento que no puede ignorarse.

En octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos de 2019 relativos a productos agrícolas y pesca aplicados al Sáhara Occidental habían sido celebrados sin el consentimiento del pueblo del territorio y vulnerando los principios de autodeterminación y de efecto relativo de los tratados. El Tribunal consideró además que el Frente Polisario tiene legitimidad para impugnar determinadas decisiones europeas relacionadas con el territorio.

La importancia de esta sentencia va más allá de un conflicto comercial. El Tribunal recordó que el Sáhara Occidental no puede ser tratado jurídicamente como si fuera simplemente una parte más de Marruecos. El pueblo del territorio es titular del derecho a la autodeterminación y su consentimiento tiene consecuencias jurídicas cuando se aplican acuerdos internacionales sobre el territorio.

La contradicción resulta evidente. Mientras una parte de la diplomacia internacional se aproxima a la propuesta marroquí, la justicia europea ha recordado que existen límites jurídicos derivados precisamente del carácter particular del Sáhara Occidental.

Y esto vuelve a situar en el centro una cuestión que parece olvidarse con demasiada facilidad: el Sáhara no es solamente un problema diplomático; continúa siendo una cuestión de descolonización.

España mantiene el giro de 2022

En este nuevo escenario, España también ha consolidado el giro iniciado en marzo de 2022.

La XIII Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos, celebrada en Madrid en diciembre de 2025, confirmó que el Gobierno español mantiene la posición adoptada en 2022. La declaración conjunta señala expresamente que España acoge favorablemente la resolución 2797 y las negociaciones que toman como base la propuesta marroquí de autonomía. También destaca que una autonomía genuina bajo soberanía marroquí podría constituir una solución viable.

El cambio resulta especialmente significativo por la responsabilidad histórica española. España fue la potencia colonial del territorio hasta 1975 y abandonó el Sáhara sin culminar su proceso de descolonización. Desde entonces, los sucesivos gobiernos españoles han tenido que equilibrar esa responsabilidad histórica con los intereses estratégicos, económicos, migratorios y de seguridad existentes en su relación con Marruecos.

En 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió acercarse claramente a la posición marroquí. Cuatro años después, aquella decisión ya no parece una modificación coyuntural, sino una orientación consolidada de la política exterior española.

Desde una perspectiva crítica, resulta inevitable preguntarse qué significa este cambio para la responsabilidad histórica de España. Si el territorio continúa pendiente de descolonización para Naciones Unidas, ¿puede España considerar cerrada su responsabilidad simplemente porque haya cambiado su posición diplomática?

La guerra tampoco ha desaparecido

La diplomacia avanza, pero las armas continúan recordando que el conflicto no está resuelto.

El 5 de mayo de 2026, el Frente Polisario lanzó un ataque con cohetes cerca de Smara. Naciones Unidas expresó su preocupación por los disparos en zonas civiles y Staffan de Mistura reclamó evitar una nueva escalada y regresar al alto el fuego.

Un mes después, en junio, un ataque marroquí con drones causó la muerte de Lahbib Mohamed Abdelaziz, dirigente militar del Frente Polisario considerado una figura importante dentro de su estructura, junto a otros combatientes saharauis. El ataque coincidió con la visita de De Mistura a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf.

Estos acontecimientos demuestran que la ruptura del alto el fuego de 2020 no fue simplemente un episodio pasajero. El conflicto militar continúa, aunque con características diferentes a las de la guerra de las décadas de 1970 y 1980. El uso de drones, los ataques a distancia y la superioridad tecnológica marroquí han modificado profundamente el equilibrio militar.

Y aquí vuelve a aparecer una enseñanza que ya señalábamos en 2022: un conflicto congelado no es un conflicto resuelto.

¿Qué está cambiando realmente?

Si observamos el conjunto de acontecimientos, existe una tendencia clara. Marruecos ha conseguido ampliar considerablemente el respaldo internacional a su propuesta de autonomía. Estados Unidos ha asumido un papel central en la actual dinámica diplomática y el Consejo de Seguridad ha situado la propuesta marroquí como base de las negociaciones. España mantiene el giro de 2022 y dentro de Europa también se ha producido una evolución favorable a considerar la autonomía como una vía posible.

Pero sería igualmente incorrecto afirmar que el derecho internacional ha dejado de reconocer la autodeterminación saharaui.

La propia resolución 2797 continúa hablando de una solución que proporcione la autodeterminación. Naciones Unidas mantiene la MINURSO. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reafirmado que el pueblo del Sáhara Occidental es titular de ese derecho.

Nos encontramos, por tanto, ante una contradicción que puede definir los próximos años: la diplomacia está avanzando hacia una solución basada en la autonomía, mientras el principio jurídico de autodeterminación continúa formalmente vigente.

La cuestión decisiva será saber si ambos conceptos pueden compatibilizarse y, sobre todo, quién tendrá la capacidad de decidir si esa fórmula satisface realmente las aspiraciones del pueblo saharaui.

Medio siglo después, la pregunta continúa siendo la misma

En 2021 hablábamos de una descolonización que España había dejado pendiente. En 2022 analizábamos el fracaso de Naciones Unidas para convertir en realidad el referéndum prometido. En 2026 podemos afirmar que el escenario ha cambiado profundamente, pero que el problema fundamental permanece.

La propuesta marroquí ha ganado peso. Las negociaciones han adquirido un nuevo impulso. Estados Unidos participa activamente. España mantiene su nueva posición. La Unión Europea se mueve en un escenario más complejo y sus propios tribunales han establecido límites jurídicos. Naciones Unidas intenta encontrar una salida y la MINURSO continúa desplegada hasta octubre de 2026.

Pero el pueblo saharaui continúa sin haber podido decidir libremente el estatuto definitivo de su territorio.

Esa debería seguir siendo la cuestión central.

Desde una perspectiva de izquierda e internacionalista, defender la autodeterminación del Sáhara Occidental no significa negar la necesidad de negociar ni desconocer la complejidad política del Magreb. Significa recordar que los intereses de los Estados, las alianzas militares, los recursos económicos y las estrategias de las grandes potencias no pueden sustituir indefinidamente la voluntad del pueblo directamente afectado.

La historia del Sáhara Occidental demuestra que aplazar una solución no hace desaparecer un conflicto. Lo transmite de una generación a otra. Lo convierte en exilio, en separación familiar, en muro, en campamentos de refugiados y, cuando la diplomacia fracasa, nuevamente en guerra.

Quizá la gran pregunta de 2026 no sea solamente qué solución está ganando terreno en las cancillerías, sino otra mucho más sencilla: ¿está avanzando también el derecho del pueblo saharaui a decidir su propio futuro?

Porque si la respuesta continúa siendo negativa, podremos cambiar las fórmulas diplomáticas, las resoluciones y los protagonistas de las negociaciones, pero seguiremos ante el mismo problema que hace medio siglo: una descolonización pendiente.

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Sáhara Occidental: treinta años de una promesa incumplida por Naciones Unidas

Por Javier Huerta

La ONU, el referéndum que nunca llegó y la geopolítica internacional

Treinta años después del alto el fuego que puso fin a la guerra abierta entre Marruecos y el Frente Polisario, el pueblo saharaui continúa esperando que se cumpla una promesa que parecía estar en el centro del acuerdo alcanzado en 1991: poder decidir libremente su futuro. La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, la MINURSO, nació precisamente con ese objetivo, pero el referéndum nunca llegó a celebrarse. En noviembre de 2020, además, el alto el fuego volvió a romperse y las armas regresaron a un conflicto que durante casi tres décadas había permanecido relativamente congelado. En marzo de 2022, Naciones Unidas vuelve a encontrarse ante la misma cuestión que lleva décadas sin resolver: cómo convertir el reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui en una realidad política.

La cuestión del Sáhara Occidental no puede entenderse, por tanto, como una disputa territorial convencional entre dos Estados. Naciones Unidas mantiene el territorio en su lista de Territorios No Autónomos desde 1963, cuando todavía era administrado por España. La propia naturaleza jurídica del problema remite a un proceso de descolonización pendiente. En 1975, el Tribunal Internacional de Justicia concluyó que los vínculos jurídicos alegados entre Marruecos y el territorio no constituían vínculos de soberanía territorial capaces de impedir la aplicación del principio de autodeterminación. La cuestión fundamental debía ser, por tanto, la voluntad de la población del territorio.

Y ahí comienza la gran contradicción que atraviesa toda la historia reciente del Sáhara: el derecho ha permanecido reconocido mientras la solución política se ha ido alejando cada vez más.

La promesa de 1991

Cuando el alto el fuego entró en vigor el 6 de septiembre de 1991, después de dieciséis años de guerra, parecía que finalmente se había encontrado una salida. Marruecos y el Frente Polisario aceptaban detener las operaciones militares y Naciones Unidas desplegaba una misión encargada de preparar el camino hacia un referéndum de autodeterminación.

La MINURSO no recibió su nombre por casualidad. La palabra «referéndum» formaba parte de su propia denominación porque ese era el objetivo fundamental para el que había sido creada. La población saharaui debía poder decidir sobre el futuro del territorio. Sin embargo, la identificación de las personas que tendrían derecho a participar en la consulta terminó convirtiéndose en un problema político de enormes dimensiones. Determinar quién debía formar parte del censo significaba, en la práctica, determinar quién podía participar en una decisión histórica sobre la soberanía del territorio.

El problema se prolongó durante años. Las diferencias entre Marruecos y el Frente Polisario impidieron alcanzar un acuerdo definitivo sobre el cuerpo electoral y el proceso comenzó a perder el impulso que había tenido en sus primeros momentos. Lo que debía ser una etapa transitoria se convirtió progresivamente en una situación permanente.

Durante los años posteriores se sucedieron las negociaciones y las propuestas de Naciones Unidas. El antiguo secretario de Estado estadounidense James Baker, que ejerció como enviado personal del secretario general, impulsó diferentes fórmulas destinadas a desbloquear la situación. El Plan Baker II llegó a plantear un periodo de autonomía seguido de una consulta sobre el estatuto definitivo del territorio, pero tampoco consiguió el acuerdo de las partes.

La cuestión había cambiado de naturaleza. Ya no se trataba únicamente de organizar el referéndum previsto en 1991. Cada nueva propuesta intentaba encontrar un punto de encuentro entre posiciones que seguían siendo incompatibles: Marruecos defendía la integración del territorio mediante una fórmula de autonomía bajo soberanía marroquí, mientras el Frente Polisario continuaba defendiendo el derecho de los saharauis a decidir su futuro y la posibilidad de la independencia.

En 2007, Marruecos presentó formalmente ante Naciones Unidas su propuesta de autonomía. Desde entonces, Rabat ha defendido que esa propuesta constituye la solución política más realista, mientras el Frente Polisario ha rechazado que pueda considerarse una solución de autodeterminación si la independencia queda excluida de antemano.

Aquí aparece una cuestión fundamental que no debería perderse entre el lenguaje diplomático: una cosa es que las partes negocien una solución y otra diferente es que el pueblo del territorio pueda decidir libremente cuál quiere que sea su futuro.

Una misión internacional atrapada en el tiempo

La historia de la MINURSO resume como pocas instituciones la paradoja del Sáhara Occidental. Su nombre continúa hablando de un referéndum que nunca se celebró y, sin embargo, su mandato se ha ido prorrogando año tras año.

En octubre de 2021, el Consejo de Seguridad volvió a extender su mandato hasta el 31 de octubre de 2022. La resolución 2602 reclamó a las partes que reanudaran las negociaciones sin condiciones previas y en buena fe, con el objetivo de alcanzar una solución política justa y duradera que proporcionara la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. La resolución fue aprobada por 13 votos a favor y dos abstenciones.

Pero las palabras «autodeterminación» y «solución política» conviven desde hace años con una realidad muy diferente. La MINURSO ha conseguido desempeñar un papel importante en la supervisión del alto el fuego durante décadas, pero no ha podido cumplir el objetivo que dio origen a su nombre. Y la ausencia de una solución política ha terminado haciendo que lo provisional se convierta en permanente.

Existe además otra anomalía. La MINURSO no cuenta con un mandato específico de vigilancia de los derechos humanos comparable al de otras misiones internacionales. Esto ha sido objeto de críticas durante años por parte de organizaciones y actores políticos que reclaman mecanismos independientes de supervisión.

El problema no es menor. Una misión internacional puede contribuir a mantener una situación de calma, pero si carece de instrumentos suficientes para abordar las violaciones de derechos y, al mismo tiempo, no consigue llevar adelante el proceso político para el que fue creada, corre el riesgo de convertirse en parte de la propia estructura de congelación del conflicto.

El muro que convirtió la división en una realidad permanente

La dimensión política del conflicto tiene además una expresión física: el muro construido por Marruecos.

La llamada berma se extiende durante miles de kilómetros y divide las zonas controladas por Marruecos de aquellas en las que el Frente Polisario mantiene presencia. A su alrededor existe una amplia infraestructura militar y un elevado número de minas y otros restos explosivos. Para la población saharaui, la división no es una abstracción diplomática. Significa familias separadas, territorios fragmentados y generaciones que han crecido en realidades completamente diferentes.

El muro también ha contribuido a consolidar una situación territorial que inicialmente debía ser provisional. Mientras la comunidad internacional continúa hablando de una solución futura, sobre el terreno existen estructuras políticas, militares y económicas que se han desarrollado durante décadas.

Ese es uno de los problemas fundamentales del paso del tiempo. El tiempo no permanece quieto mientras los diplomáticos negocian. Cada año que transcurre permite que la realidad existente se consolide.

Y cuanto más se consolida una situación, más difícil resulta modificarla.

Los recursos naturales y el otro conflicto dentro del conflicto

Hay además una dimensión económica que tampoco puede quedar al margen. El Sáhara Occidental dispone de importantes recursos naturales, entre ellos los yacimientos de fosfatos y una zona pesquera de gran valor económico. La explotación de los recursos del territorio ha generado durante años controversias jurídicas y políticas porque el Sáhara continúa siendo considerado por Naciones Unidas un Territorio No Autónomo.

En 2002, el asesor jurídico de Naciones Unidas, Hans Corell, fue consultado sobre la legalidad de las actividades de exploración de recursos minerales en el territorio. Su dictamen señaló que las actividades de exploración y explotación de recursos en un Territorio No Autónomo solo podían desarrollarse respetando los intereses y deseos de la población del territorio.

La cuestión es especialmente importante porque la explotación económica puede contribuir a consolidar sobre el terreno una determinada estructura política. Cuando se construyen infraestructuras, se desarrollan actividades industriales, se explotan recursos y se establecen relaciones económicas internacionales, la realidad del territorio cambia mientras su estatuto político continúa sin resolverse.

No sería correcto reducir todo el conflicto a una lucha por los fosfatos o por la pesca. El problema es mucho más profundo y tiene raíces históricas, nacionales y políticas. Pero tampoco puede ignorarse que los recursos naturales convierten al territorio en un espacio de interés económico para diferentes actores.

La descolonización no puede convertirse en una cuestión puramente administrativa mientras los recursos de un territorio pendiente de descolonización generan beneficios económicos. La pregunta sobre quién decide sobre esos recursos está directamente relacionada con la pregunta sobre quién tiene derecho a decidir el futuro del territorio.

Francia y el peso de las alianzas internacionales

Para comprender por qué el conflicto lleva décadas bloqueado también es necesario mirar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, especialmente, a las grandes potencias.

Francia ha mantenido históricamente una relación muy estrecha con Marruecos y ha sido uno de sus principales apoyos diplomáticos en el escenario internacional. Su posición resulta especialmente relevante porque Francia es miembro permanente del Consejo de Seguridad y, por tanto, posee capacidad de veto.

Esto ayuda a comprender una de las grandes dificultades estructurales del conflicto. Naciones Unidas puede aprobar resoluciones y mantener misiones internacionales, pero la capacidad efectiva del Consejo de Seguridad depende también de las relaciones de fuerza entre sus miembros permanentes.

La resolución 2602 de octubre de 2021 resulta reveladora. Francia votó a favor de la prórroga de la MINURSO, al igual que Estados Unidos y Reino Unido, mientras Rusia y Túnez se abstuvieron. El problema no está, por tanto, en afirmar que Francia haya utilizado en esa ocasión un veto para impedir una resolución. La cuestión es más amplia: la posición de las grandes potencias condiciona el margen de actuación de Naciones Unidas y la naturaleza de las soluciones que pueden llegar al Consejo de Seguridad.

Estados Unidos también ha adquirido un peso creciente. En diciembre de 2020, la Administración de Donald Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, rompiendo con la tradicional posición estadounidense de mantener una cierta distancia respecto de la cuestión de soberanía. Ese reconocimiento se produjo en el contexto del acuerdo de normalización de relaciones entre Marruecos e Israel.

La decisión estadounidense introdujo un nuevo elemento en un conflicto que ya estaba marcado por fuertes alianzas internacionales. Marruecos obtuvo un importante respaldo de Washington mientras Argelia continuaba apoyando al Frente Polisario y defendiendo el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.

El Sáhara había dejado de ser únicamente un problema de descolonización. Se había convertido también en una pieza del tablero geopolítico del Magreb.

Argelia y Marruecos: una rivalidad que trasciende el Sáhara

El enfrentamiento entre Marruecos y el Frente Polisario tampoco puede separarse de la rivalidad entre Marruecos y Argelia.

Argelia ha sido uno de los principales apoyos políticos, diplomáticos y humanitarios del Frente Polisario y alberga los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. Marruecos, por su parte, considera que Argelia desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del conflicto y reclama que participe directamente en la búsqueda de una solución.

Detrás de esta disputa existe una rivalidad regional mucho más antigua. Marruecos y Argelia representan dos grandes potencias del Magreb con intereses estratégicos diferentes, y el Sáhara Occidental se encuentra en el centro de esa confrontación.

Esto no significa que el pueblo saharaui sea simplemente un instrumento de Argelia. Reducir la cuestión de esa manera supondría negar su propia historia, su identidad nacional y décadas de reivindicación política. Pero tampoco puede ignorarse que el conflicto saharaui se encuentra profundamente condicionado por la rivalidad entre las dos grandes potencias del Magreb.

Una vez más, los intereses de los Estados se superponen a la cuestión fundamental: qué quiere el pueblo saharaui para su propio territorio.

2020: cuando la guerra volvió a romper el silencio

Durante casi treinta años, el alto el fuego de 1991 permitió que el conflicto desapareciera parcialmente de la agenda internacional. La guerra había terminado, pero la causa política que la había provocado continuaba sin resolverse.

En noviembre de 2020, la situación cambió. La crisis de Guerguerat, en el extremo sur del territorio, terminó provocando la ruptura del alto el fuego. El Frente Polisario declaró que el acuerdo había quedado roto y se reanudaron las hostilidades.

Aquello debería haber constituido una advertencia para la comunidad internacional. El alto el fuego no había sido concebido como una solución definitiva, sino como el paso previo hacia un acuerdo político. Si el acuerdo político nunca llega, la tregua corre el riesgo de convertirse en una espera indefinida.

La reanudación de los combates demostró precisamente que el conflicto nunca había desaparecido. Había sido congelado.

Y esa diferencia es fundamental.

La paz no consiste únicamente en que durante un determinado periodo no se disparen las armas. La paz requiere también abordar las causas políticas que originaron el enfrentamiento. En el Sáhara Occidental, esas causas continúan abiertas.

Staffan de Mistura: una nueva oportunidad para la diplomacia

En octubre de 2021, Naciones Unidas nombró a Staffan de Mistura como nuevo enviado personal del secretario general para el Sáhara Occidental. Su nombramiento llegó después de que el puesto permaneciera vacante desde la salida de Horst Köhler en 2019. De Mistura debía trabajar con las partes, los países vecinos y otros actores para intentar reactivar el proceso político.

Su llegada generó expectativas moderadas. La Unión Europea expresó su confianza en que pudiera dar un nuevo impulso al proceso dirigido por Naciones Unidas. España, todavía en octubre de 2021, afirmaba oficialmente que apoyaba «el papel central de las Naciones Unidas» en la búsqueda de una solución conforme a la Carta de Naciones Unidas.

Pero el problema que heredaba De Mistura era enorme. No bastaba con encontrar una nueva fórmula diplomática. Había que conseguir que Marruecos y el Frente Polisario aceptaran volver a negociar en un momento en el que la confianza entre ambos estaba profundamente deteriorada y el alto el fuego había sido roto.

La diplomacia volvía a intentarlo allí donde había fracasado durante décadas.

España: de potencia colonial a actor decisivo

Y en ese momento vuelve a aparecer España.

La responsabilidad española en el Sáhara Occidental es diferente de la de cualquier otro país. España fue la potencia colonial que administró el territorio hasta 1975 y abandonó el proceso de descolonización sin permitir que la población pudiera decidir su futuro.

Naciones Unidas registra que España comunicó el 26 de febrero de 1976 que daba por terminada definitivamente su presencia en el territorio y que consideraba que quedaba desligada de cualquier responsabilidad internacional relacionada con su administración. Sin embargo, la cuestión del Sáhara continuó formando parte del proceso de descolonización de Naciones Unidas.

Durante décadas, los sucesivos gobiernos españoles defendieron oficialmente el marco de Naciones Unidas y una solución política negociada. Pero España también mantuvo relaciones económicas, comerciales, migratorias y de seguridad con Marruecos. La cuestión saharaui se convirtió así en una contradicción permanente de la política exterior española: por un lado, la responsabilidad histórica y los vínculos con la sociedad saharaui; por otro, la importancia estratégica de Marruecos.

El 18 de marzo de 2022 esa contradicción alcanzó un nuevo punto.

El Gobierno de Pedro Sánchez anunció el inicio de una nueva etapa con Marruecos y vinculó esa nueva relación a la estabilidad, la soberanía y la integridad territorial de ambos países. El cambio fue interpretado como un giro de la posición española sobre el Sáhara.

La cuestión adquirió todavía mayor importancia porque la posición española se modificaba precisamente cuando Naciones Unidas seguía intentando recuperar el proceso político y cuando el alto el fuego permanecía roto.

¿Qué queda entonces de la autodeterminación?

La cuestión central que queda después de treinta años de diplomacia internacional es incómoda pero necesaria: ¿qué significa la autodeterminación si el pueblo que debe ejercerla nunca llega a tener la posibilidad de hacerlo?

Naciones Unidas continúa hablando de autodeterminación. La resolución 2602 de 2021 sigue situándola entre los objetivos del proceso. El Sáhara continúa figurando en la lista de Territorios No Autónomos. La MINURSO continúa existiendo. El enviado personal del secretario general continúa buscando una salida política. Y, sin embargo, el referéndum para el que se creó la misión sigue sin celebrarse.

Ahí reside el verdadero fracaso del sistema internacional en el caso saharaui. No consiste en que Naciones Unidas haya declarado formalmente que el derecho de autodeterminación ha dejado de existir. Consiste en que el reconocimiento jurídico no se ha transformado en una solución política efectiva.

Durante años se ha pedido paciencia al pueblo saharaui. Se le ha pedido esperar a que las negociaciones den resultado, a que las partes encuentren un compromiso y a que las condiciones internacionales sean favorables. Pero mientras se esperaba, varias generaciones han nacido y crecido en los campamentos de refugiados; otras han vivido bajo la administración marroquí del territorio; familias enteras han permanecido separadas y la población ha visto cómo el conflicto se convertía en una parte permanente de su existencia.

La espera también tiene consecuencias políticas.

Un conflicto congelado no es un conflicto resuelto

Desde una perspectiva de izquierda, internacionalista y anticolonial, el caso del Sáhara Occidental plantea una cuestión que no puede quedar subordinada a la comodidad diplomática de las grandes potencias.

La historia de la descolonización demuestra que los derechos de los pueblos no pueden depender exclusivamente de la conveniencia de los Estados más poderosos. Si la legalidad internacional reconoce un proceso de autodeterminación, ese principio debería aplicarse con independencia de las alianzas militares, económicas o estratégicas que existan alrededor del territorio.

Eso no significa ignorar los intereses legítimos de las poblaciones marroquíes ni negar la necesidad de una solución negociada. Significa algo más básico: ninguna negociación debería eliminar de antemano el derecho de la población saharaui a decidir sobre su propio futuro.

Tampoco puede ignorarse la dimensión económica. Los recursos naturales, las infraestructuras, la pesca, los fosfatos y las inversiones desarrolladas en el territorio forman parte de una realidad que evoluciona mientras la cuestión política continúa pendiente. El dictamen jurídico de Naciones Unidas de 2002 ya advertía sobre la necesidad de respetar los intereses y deseos de la población del territorio en cualquier actividad de exploración o explotación de sus recursos.

Por eso la descolonización no puede limitarse a dibujar una solución sobre un mapa. También debe preguntarse quién controla el territorio, quién decide sobre sus recursos y quién puede determinar su futuro político.

Treinta años después, la promesa sigue pendiente

En marzo de 2022, treinta años después del alto el fuego de 1991, el Sáhara Occidental se encuentra nuevamente ante una encrucijada. La MINURSO continúa desplegada, pero el referéndum no se ha celebrado. El alto el fuego se rompió en 2020. Staffan de Mistura intenta recuperar el proceso diplomático. Marruecos continúa defendiendo la autonomía bajo su soberanía. El Frente Polisario mantiene su reivindicación de autodeterminación. Argelia continúa apoyando la causa saharaui y Estados Unidos ha reconocido la soberanía marroquí sobre el territorio. Y España acaba de modificar sustancialmente su posición histórica.

Cada uno de estos elementos demuestra que el conflicto no está realmente congelado. Lo que se encuentra congelado es la solución.

El problema es que mientras la solución permanece congelada, la realidad continúa cambiando. El muro permanece. Las familias continúan separadas. Los campamentos siguen existiendo. Los recursos continúan siendo explotados y las alianzas internacionales se modifican. Las nuevas generaciones crecen en una situación que debía ser temporal y que, sin embargo, amenaza con convertirse en permanente.

Por eso la pregunta fundamental no debería ser únicamente qué solución resulta más conveniente para Marruecos, España, Argelia, Francia o Estados Unidos. Tampoco debería reducirse a qué fórmula diplomática resulta más cómoda para el Consejo de Seguridad.

La pregunta fundamental es mucho más sencilla:

¿Qué quiere el pueblo saharaui para su propio futuro?

Después de casi medio siglo de descolonización inconclusa y treinta años de una promesa incumplida, esa pregunta continúa esperando respuesta.

Y mientras Naciones Unidas siga reconociendo el derecho a la autodeterminación sin conseguir que ese derecho pueda ejercerse, el Sáhara Occidental continuará recordándonos una de las grandes contradicciones del orden internacional: la distancia que puede existir entre reconocer un derecho y estar dispuesto a hacerlo realidad.

Porque una descolonización que nunca permite al pueblo colonizado decidir su destino no es una descolonización terminada.

Es una descolonización pendiente.

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Sáhara Occidental: la descolonización que España dejó pendiente

Por Javier Huerta

De la colonia española al regreso de la guerra

Hay conflictos que el paso del tiempo convierte en una noticia lejana, casi olvidada, aunque para quienes los viven continúen formando parte de la vida cotidiana. El Sáhara Occidental es uno de ellos. Durante décadas, el pueblo saharaui ha vivido dividido entre un territorio ocupado, unos campamentos de refugiados levantados en el desierto argelino y una diáspora extendida por distintos países. Mientras tanto, Naciones Unidas mantiene el Sáhara Occidental como un Territorio No Autónomo pendiente de descolonización y reconoce el derecho de su población a la libre determinación. Sin embargo, más de cuatro décadas después de la salida española, ese proceso continúa sin concluir y el pueblo saharaui sigue esperando una solución que le permita decidir libremente su futuro.

La historia de esta situación comienza mucho antes de que Marruecos y el Frente Polisario se enfrentaran militarmente. El origen se encuentra en el colonialismo español y en una descolonización que nunca llegó a completarse. España administró el territorio desde finales del siglo XIX y, durante décadas, el Sáhara Occidental permaneció bajo dominio colonial. Cuando el proceso de descolonización africano comenzó a transformar el mapa político del continente, la cuestión saharaui pasó a formar parte de la agenda de Naciones Unidas. En 1963, la organización incluyó el territorio en la lista de Territorios No Autónomos, reconociendo que su población tenía derecho a alcanzar la libre determinación.

A partir de ese momento, Naciones Unidas reclamó reiteradamente a España que avanzara hacia la descolonización. La cuestión no era simplemente sustituir una administración colonial por otra, sino permitir que los habitantes del territorio pudieran determinar su futuro político. Durante los años sesenta y setenta surgió además una conciencia nacional saharaui cada vez más fuerte, que acabaría cristalizando en la creación del Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro, conocido como Frente Polisario, en 1973. Su aparición modificó profundamente el escenario político, porque la población saharaui comenzó a organizarse para reclamar el fin del dominio colonial y la independencia.

1975: el final de España y el comienzo del conflicto

El momento decisivo llegó en 1975. España se encontraba en los últimos meses de la dictadura franquista y el futuro del territorio estaba sometido a fuertes presiones internacionales. Marruecos defendía que el Sáhara Occidental formaba parte de su espacio territorial histórico, mientras que Mauritania también mantenía reivindicaciones sobre una parte del territorio. Frente a estas posiciones, el Frente Polisario defendía la independencia y Naciones Unidas sostenía el principio de autodeterminación.

En octubre de aquel año, el Tribunal Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva sobre el Sáhara Occidental. El tribunal reconoció que existían determinados vínculos jurídicos entre el sultán de Marruecos y algunas poblaciones del territorio, así como determinados vínculos con Mauritania, pero concluyó que no existían vínculos de soberanía territorial que impidieran la aplicación del principio de autodeterminación. Es decir, la existencia de relaciones históricas no podía utilizarse para negar al pueblo saharaui la posibilidad de decidir su futuro.

Sin embargo, la situación sobre el terreno evolucionó en otra dirección. Marruecos organizó la denominada Marcha Verde, mediante la cual decenas de miles de personas fueron movilizadas hacia el territorio. España, debilitada por la crisis final del franquismo y ante la presión marroquí, terminó abandonando el Sáhara. Los Acuerdos de Madrid de noviembre de 1975 establecieron una administración provisional en la que participaron Marruecos y Mauritania, aunque estos acuerdos no resolvieron jurídicamente la cuestión de la soberanía ni sustituyeron el proceso de descolonización reconocido por Naciones Unidas.

La retirada española tuvo consecuencias enormes. Para Marruecos comenzó una etapa de consolidación del control sobre gran parte del territorio; para el Frente Polisario comenzó una guerra por la independencia; y para miles de saharauis comenzó el exilio. El territorio que España había administrado durante décadas quedó sumido en un conflicto que la potencia colonial había abandonado sin permitir que la población pudiera decidir su futuro.

La guerra y el exilio saharaui

La guerra transformó por completo la vida del pueblo saharaui. El Frente Polisario se enfrentó primero a las fuerzas marroquíes y mauritanas y, después de la retirada de Mauritania, concentró su lucha contra Marruecos. Miles de civiles abandonaron las zonas de combate y buscaron refugio en territorio argelino. En las proximidades de Tinduf comenzaron a establecerse los campamentos de refugiados saharauis que continúan existiendo hasta nuestros días.

Aquellos campamentos no fueron concebidos como un lugar de residencia permanente. Se levantaron como una consecuencia directa de la guerra y del desplazamiento de la población, pero con el paso de los años terminaron convirtiéndose en el hogar de varias generaciones. La prolongación del conflicto hizo que muchas personas nacieran, crecieran y formaran sus propias familias en el exilio, sin haber podido regresar al territorio del que procedían sus padres y abuelos.

La situación también produjo una profunda división territorial. Marruecos fue consolidando el control sobre las principales ciudades y buena parte de las zonas económicamente más importantes del Sáhara Occidental, mientras el Frente Polisario mantuvo presencia en áreas situadas al este de la berma y en los territorios próximos a Argelia. A finales de los años ochenta, Marruecos había construido una enorme barrera defensiva que se extiende aproximadamente durante 2.700 kilómetros y que pasó a dividir físicamente el territorio.

El muro se convirtió en el símbolo más visible de una realidad que continúa afectando a miles de personas. No solamente separa dos zonas bajo diferentes controles militares, sino que también ha contribuido a separar familias y comunidades que durante generaciones habían compartido un mismo espacio. La presencia de minas y de instalaciones militares alrededor de la berma añade además un riesgo permanente para la población.

1991: el alto el fuego y la promesa del referéndum

Después de dieciséis años de enfrentamiento, Marruecos y el Frente Polisario aceptaron en 1988 un plan de arreglo impulsado por Naciones Unidas y la Organización para la Unidad Africana. El acuerdo abrió la posibilidad de poner fin a la guerra mediante un alto el fuego y la celebración de un referéndum de autodeterminación.

El alto el fuego entró en vigor el 6 de septiembre de 1991 y Naciones Unidas creó la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, conocida como MINURSO. Su misión era preparar las condiciones para que la población pudiera votar y determinar el futuro del territorio. La consulta debía ofrecer dos posibilidades fundamentales: la independencia o la integración con Marruecos.

Parecía entonces que el conflicto podía entrar finalmente en una etapa diferente. Después de años de guerra, la comunidad internacional había conseguido establecer un mecanismo político y una misión internacional sobre el terreno. Sin embargo, la celebración del referéndum comenzó a encontrar obstáculos relacionados con la identificación de los votantes y con las posiciones enfrentadas de las partes. El proceso, que inicialmente debía desarrollarse con relativa rapidez, comenzó a prolongarse.

El problema del censo adquirió una importancia enorme. Determinar quién debía participar en la consulta no era una cuestión puramente administrativa, porque de esa decisión dependía la composición del cuerpo electoral y, por tanto, el resultado del referéndum. Las discrepancias entre Marruecos y el Frente Polisario terminaron paralizando el proceso durante años. Mientras tanto, la presencia de Naciones Unidas se prolongaba y el territorio permanecía dividido.

La paradoja era evidente: Naciones Unidas había conseguido detener la guerra, pero no había conseguido completar el proceso político que debía sustituirla.

Cuando el tiempo se convierte en parte del problema

La prolongación de la situación modificó también las condiciones políticas del conflicto. Una solución que en 1991 parecía vinculada a un referéndum comenzó a convertirse, con el paso de los años, en una negociación cada vez más compleja sobre el futuro del territorio. Diferentes enviados especiales y distintas propuestas intentaron desbloquear la situación, pero ninguna consiguió reunir el consenso necesario.

Para el pueblo saharaui, cada año sin solución significaba continuar dividido entre el exilio, la ocupación y una situación política sin resolver. Para Marruecos, mientras tanto, el paso del tiempo permitía consolidar su presencia sobre el terreno y desarrollar estructuras administrativas y económicas en las zonas bajo su control. El conflicto empezaba así a convertirse en una disputa en la que el paso de los años no afectaba de igual manera a todos los actores.

Esta es una de las cuestiones centrales para entender la historia del Sáhara Occidental. Un conflicto congelado no significa necesariamente que las posiciones permanezcan inmóviles. Mientras las negociaciones internacionales continúan, la realidad sobre el terreno sigue cambiando. Las generaciones se suceden, las ciudades crecen, las estructuras económicas se consolidan y las poblaciones se acostumbran a vivir dentro de una situación que originalmente debía ser provisional.

Por eso la ausencia de una solución no puede considerarse neutral. El paso del tiempo también modifica el equilibrio existente.

El silencio internacional y la responsabilidad de España

En esta historia, España ocupa un lugar que no puede ser ignorado. No fue simplemente un país que observó el conflicto desde fuera, sino la potencia colonial que administró el territorio hasta 1975 y que abandonó el proceso de descolonización sin haber permitido que el pueblo saharaui ejerciera su derecho a decidir.

La responsabilidad histórica española continúa siendo objeto de debate. Para una parte importante de la sociedad española, la cuestión saharaui mantiene además una dimensión moral y política particular. Miles de personas han desarrollado durante décadas campañas de solidaridad con el pueblo saharaui, mientras numerosas asociaciones han reclamado que España asuma un papel más activo en la defensa del derecho de autodeterminación.

La posición oficial española, sin embargo, ha estado condicionada durante décadas por sus relaciones con Marruecos. La proximidad geográfica, los intereses económicos, las cuestiones migratorias, la cooperación en materia de seguridad y la importancia estratégica del país magrebí han pesado sobre la política exterior española. El Sáhara Occidental ha terminado convirtiéndose así en un asunto en el que la defensa de determinados principios internacionales convive con intereses políticos y diplomáticos muy concretos.

Esta contradicción no afecta únicamente a España. También pone de manifiesto las limitaciones de la política internacional cuando los derechos de los pueblos chocan con los intereses de los Estados. El Sáhara Occidental continúa siendo un territorio pendiente de descolonización, pero la comunidad internacional no ha encontrado la voluntad política necesaria para hacer efectivo el derecho que reconoce sobre el papel.

2020: el alto el fuego vuelve a romperse

Durante casi tres décadas, la situación se mantuvo bajo un alto el fuego frágil. Pero en noviembre de 2020 la tensión acumulada terminó provocando un nuevo enfrentamiento.

La crisis se produjo en la zona de Guerguerat, un paso situado en el extremo sur del territorio, próximo a la frontera con Mauritania. Marruecos desplegó fuerzas en la zona para abrir una carretera que el Frente Polisario consideraba una violación del acuerdo militar establecido tras el alto el fuego. El Polisario respondió declarando que el alto el fuego había quedado roto y anunció el regreso a la lucha armada.

A partir de ese momento, el conflicto entró en una nueva etapa. Aunque la intensidad de los enfrentamientos no era comparable con la guerra de las décadas anteriores, el hecho político era de enorme importancia: después de casi treinta años, el alto el fuego de 1991 había dejado de funcionar como antes.

La reanudación de las hostilidades debería haber servido como una llamada de atención para la comunidad internacional. El modelo basado en mantener indefinidamente una situación provisional había demostrado sus límites. Sin una solución política capaz de responder a las aspiraciones del pueblo saharaui, el riesgo de que el conflicto permaneciera abierto seguía existiendo.

Un conflicto que no desapare

Ahora nuevamente, en este año 2021, el Sáhara Occidental vuelve a encontrarse ante una situación que muchos habían considerado imposible después de tres décadas de alto el fuego: la guerra había regresado. El conflicto que comenzó tras la retirada española en 1975 no había sido resuelto, sino simplemente contenido durante un periodo prolongado.

La historia de estos años permite entender por qué no basta con hablar del Sáhara Occidental como una disputa territorial entre Marruecos y el Frente Polisario. En su origen existe un proceso de descolonización inconcluso; detrás de la guerra existe una población que reivindica su derecho a decidir; y detrás del bloqueo diplomático aparecen los intereses de diferentes Estados y potencias que han convertido el conflicto en una pieza más del complejo tablero político del norte de África.

Más de cuatro décadas después de la retirada española, el pueblo saharaui continúa esperando una solución que le permita decidir su futuro. Una parte de su población permanece en los campamentos de refugiados de Tinduf; otra vive en los territorios controlados por Marruecos; y otra se encuentra repartida por diferentes países. Entre todas esas comunidades permanece una misma reivindicación: que el futuro del Sáhara Occidental no sea decidido por las potencias que han intervenido en su historia, sino por su propia población.

El regreso de la guerra en 2020 demuestra que ningún conflicto desaparece simplemente porque deje de ocupar las primeras páginas de los periódicos. La paz de 1991 consiguió detener durante casi treinta años los enfrentamientos a gran escala, pero no resolvió la cuestión que los había provocado. El referéndum nunca llegó a celebrarse y la descolonización quedó pendiente.

El Sáhara Occidental continúa siendo, por tanto, una de las grandes asignaturas pendientes del proceso de descolonización africano. Y mientras Naciones Unidas siga reconociendo el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación sin conseguir garantizar las condiciones para que pueda ejercerlo, la historia iniciada con la retirada española en 1975 seguirá sin escribir su último capítulo.

Con el regreso de las hostilidades, la pregunta vuelve a ser inevitable: ¿cuánto tiempo puede mantenerse una situación provisional antes de que se convierta en una injusticia permanente? Para el pueblo saharaui, la respuesta se mide ya en generaciones.

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