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domingo, 20 de septiembre de 2026

La ONU entre expectativas y realidad

Por Fabrizio Casari

Por unos días, el mundo vuelve a reunirse bajo el mismo techo. El 22 de septiembre comienza el debate de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrollará hasta el 29 de septiembre. El tema de esta sesión es tan ambicioso como retórico: «Restoring trust, managing transformation: a United Nations that delivers for all»: reconstruir la confianza, gestionar la transformación, hacer de la ONU una organización capaz de actuar para todos.

Será la última sesión dirigida por António Guterres, cuyo mandato termina el 31 de diciembre de 2026. El proceso para elegir al próximo secretario general está en curso y el nombramiento final requiere la recomendación del Consejo de Seguridad y, por tanto, de hecho, el acuerdo de las cinco potencias con derecho de veto.

Ucrania, Oriente Medio, Sudán y otras crisis estarán inevitablemente entre los principales temas de las intervenciones de los líderes y de las reuniones bilaterales. Cabe esperar sobre todo declaraciones políticas, más que decisiones capaces de abrir vías decisivas para resolver las crisis internacionales.

Guerras, crisis energética y climática: la 81.ª Asamblea General pondrá en escena todas las contradicciones de un orden internacional que ya no consigue gestionar sus propias crisis y que elige las guerras militares y comerciales, financieras y diplomáticas contra el Sur Global y el Este para mantenerse al frente del planeta.

La ONU llega a esta Asamblea con una paradoja evidente: sería más necesaria que nunca, pero parece más débil que nunca. Occidente, con la guerra en Ucrania por un lado y el genocidio de los palestinos y la expansión colonial sionista por otro, demuestra su doble rasero respecto al Derecho Internacional: con los enemigos se aplica y con los amigos se interpreta.

El elefante en la habitación sigue siendo la cuestión de las cuestiones: ¿cómo hacer eficaces a las Naciones Unidas en la prevención de las crisis, en su gestión y en los procesos diplomáticos necesarios para reducir los conflictos?

El Consejo de Seguridad sigue condicionado por el derecho de veto de sus cinco miembros permanentes. Una parte creciente del mundo reclama que las instituciones internacionales reflejen finalmente los equilibrios del siglo XXI y no los de 1945. India, África, América Latina, el mundo árabe y muchas otras realidades desean una reforma de la representación internacional, y esta no puede considerarse una simple disputa diplomática.

Como proponía la Reforma concebida por el padre Miguel D’Escoto Brockmann, nicaragüense y sandinista, durante el período en el que fue presidente de la Asamblea General (2008), solo una inversión de los roles entre la Asamblea y el Consejo podría proporcionar criterios de democracia y funcionalidad al futuro de la ONU. Es una cuestión democrática y, al mismo tiempo, de realismo político.

Por eso, el tema de la Reforma de las Naciones Unidas, y en particular el de la relación entre la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, debe ser incluido en la agenda lo antes posible. Si no por una cuestión de justicia y de lectura objetiva de las transformaciones planetarias producidas después de Yalta, al menos por la evidencia palpable del estancamiento en el que se encuentra la organización y que la hace, ante la prueba de los conflictos, completamente ineficaz.

La 81.ª sesión de los trabajos presenta también una evidencia simbólica de su ineficacia: la prohibición de participación en los trabajos impuesta por Estados Unidos a Mahmoud Abbas, presidente palestino. El episodio es mucho más que un incidente diplomático. Por tanto, según Estados Unidos, se puede hablar de Palestina, pero solo en ausencia de los palestinos.

La Asamblea General reaccionó autorizando a Abbas y a otros representantes palestinos de alto nivel a participar a distancia. La decisión fue aprobada con 152 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones.

Por tanto, por un lado, la ONU afirma que los representantes del Estado de Palestina deben poder participar en sus trabajos. Por otro, la sede de la Organización se encuentra en el territorio de un Estado que puede impedirles llegar hasta ella. Pero si el acceso a la sede de la organización universal depende de la voluntad del país que la alberga, ¿qué autonomía le queda a la ONU?

Estados Unidos es el país anfitrión de la ONU, pero no es el «propietario» de la ONU ni tiene el poder de decidir quién puede participar en sus trabajos. Asumió, mediante el Acuerdo de Sede de 1947 (Headquarters Agreement), obligaciones internacionales específicas precisamente para evitar que la jurisdicción territorial impidiera a la ONU funcionar. El artículo XI se refiere al acceso al distrito de las Naciones Unidas: la obligación asumida por Estados Unidos es no imponer impedimentos al tránsito hacia o desde la sede a las personas invitadas por la ONU para actividades oficiales.

Precisamente mientras el imperio unipolar de orientación anglosajona se encamina hacia la fase definitiva de su crisis política, ética, económica y militar, el papel de las Naciones Unidas debería reconsiderarse como una urgencia histórica.

Ochenta años después del final de la Segunda Guerra Mundial, ante una tercera que corre el riesgo de pasar de escenarios regionales a escenarios globales, la pregunta decisiva que la ONU debería plantearse es: ¿qué arquitectura política puede hacer posible una paz basada en los derechos, la seguridad y la autodeterminación?

Ucrania

Con respecto a Ucrania, la ONU se encuentra ante la contradicción entre ambiciones occidentales y realidad. La guerra solo puede terminar mediante una combinación de alto el fuego, negociación, garantías de seguridad y acuerdos políticos, y la búsqueda de una paz posible no puede dejar de contemplar algunas condiciones básicas.

Occidente, que preparó, financió y llevó adelante esta guerra por medio de los ucranianos, debe comprender que la expansión hacia el Este de la OTAN ha terminado; que no puede pensar en declarar a Rusia como enemigo al que infligir una derrota estratégica y después intentar rodearla sin que Moscú reaccione; y que el tema de una arquitectura de seguridad euroasiática debe abordarse también y, sobre todo, teniendo en cuenta la seguridad que Rusia reclama.

Irán

Aún más delicada será la cuestión iraní. La derrota militar de la coalición entre Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí está determinando un escenario inédito y, al mismo tiempo, una gravísima crisis energética debido a la guerra, que mantiene cerrados los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb.

No existe ninguna posibilidad de acuerdo sin la salida de Estados Unidos de la zona que se extiende desde el mar Rojo hasta el golfo Pérsico. Deben promoverse y apoyarse, en cambio, el acercamiento entre Riad y Teherán iniciado con la mediación china que permitió la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países, hoy los dos dentro del área de los BRICS.

El diálogo entre Irán, Arabia Saudí, Omán y los Emiratos Árabes Unidos es necesario para devolver el golfo Pérsico a la soberanía de los países que lo habitan.

No solo guerras

El programa oficial de la Asamblea contiene cuestiones que están lejos de ser secundarias: el derecho al desarrollo, la crisis climática y la transición posible, el aumento del nivel del mar, la prevención de las pandemias, la lucha contra el racismo y el desarme nuclear, la atención a la IA, seguridad alimentaria, sanitaria, energética, climática y laboral.

Pero ¿qué significa hablar de transición ecológica y de desarrollo si los países con economías emergentes son boicoteados por una red de sanciones y amenazas militares del Norte y aquellos de ellos más endeudados que se ven obligados a destinar enormes recursos al servicio de la deuda en lugar de destinarlos a la sanidad y la educación? ¿Qué significa prepararse para la próxima pandemia si el acceso a los medicamentos y a las tecnologías sigue siendo profundamente desigual?

Uno de los elementos más importantes de la actual crisis de la ONU es la creciente distancia entre la arquitectura institucional del mundo y la realidad del propio mundo. ¿Quién decide sobre las guerras? ¿Quién decide sobre las sanciones? ¿Quién decide sobre el uso de la fuerza? ¿Quién puede bloquear una decisión respaldada por la mayoría? Si la ONU debe sobrevivir, tarde o temprano tendrá que afrontar estas preguntas.

No es un tema que pueda posponerse indefinidamente. La tentación podría ser mirar a la ONU únicamente a través de sus contradicciones: las guerras que no consigue detener, los vetos del Consejo de Seguridad, las declaraciones que a menudo no producen consecuencias. Pero sería un error concluir que, porque la ONU es imperfecta, es inútil. Es exactamente lo contrario. Cuanto más multipolar se vuelve el mundo, más necesita instituciones comunes.

Necesita reformas profundas: una mayor representatividad del Consejo de Seguridad, el fortalecimiento de la Asamblea General, el respeto efectivo del derecho internacional, una financiación adecuada y una participación más fuerte de los países del Sur Global.

Nacida en un mundo de unos 4.000 millones de personas, hoy, cuando nos acercamos a los 8.000 millones, debe ser actualizada y revalorizada, ya que es, por definición, el organismo que representa a toda la comunidad internacional.

Pero debe ser devuelta a una democratización efectiva que, teniendo en cuenta el peso demográfico, económico y territorial de sus miembros en los procesos de toma de decisiones, represente la expresión política del Sur Global y de todo ese mundo que emerge a pesar de que las botas imperiales intenten aplastar sus legítimas aspiraciones. Esta es la verdadera partida que se juega en Nueva York.

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lunes, 7 de septiembre de 2026

La seguridad de Nicaragua para toda Centroamérica



Por Fabrizio Casari


El desorden mundial provocado por las políticas ultraliberales en su versión neocolonial y, desde Palestina hasta Cuba, aplicadas sobre bases genocidas, hace que hoy resulte cada vez más difícil considerar una parte significativa del planeta como una zona segura. Hablar de seguridad significa hablar de ausencia de conflictos de distinta naturaleza y de una realidad sociopolítica caracterizada por bajos niveles de violencia y confrontación. Esto es posible cuando el sistema de normas que organiza una sociedad es capaz de absorber también a los niveles inevitables de desviación y conflictividad.

Como ocurre con casi todos los conceptos políticos, la seguridad admite distintas interpretaciones. Un clima de paz constituye una condición indispensable para el funcionamiento de las instituciones, del mismo modo que las instituciones deben estar a la altura de las responsabilidades que tienen frente a las sociedades que gobiernan. Cuando esto sucede, podemos hablar propiamente de seguridad general. 

Hay dos concepciones que merecen atención. La primera entiende la seguridad como respaldo y garantía del orden establecido. La segunda la concibe como paz, tanto interna como externa, resultado de la cohesión social. En este último caso, la seguridad no se mide únicamente mediante estadísticas y datos objetivos. También cuenta la percepción que tiene de ella la población. Y en determinadas regiones del mundo - entre ellas Centroamérica - la seguridad tiene además una dimensión regional: en un mundo profundamente interconectado, donde la tecnología acorta las distancias y facilita la logística, los efectos de una política de seguridad eficaz se proyectan mucho más allá de las fronteras nacionales.

En un mundo sacudido por múltiples crisis y desestabilizado por actores que utilizan todos los medios a su alcance para preservar uno de los órdenes más injustos del último siglo, existen países que han conseguido levantar una suerte de barrera frente al nihilismo devastador.

Ese fenómeno tiene raíces tanto en la desigualdad social como en la corrupción utilizada con fines políticos, en muchos casos es impulsada desde el exterior y encuentra colaboradores internos dispuestos a convertir las sociedades en escenarios de violencia, enfrentamiento e incomunicación. El objetivo final es, a menudo, debilitar y deslegitimar las instituciones para hacerse con el País.

Nicaragua, un modelo diferente 

En el panorama continental, Nicaragua representa un caso particularmente significativo por haber optado por un camino diferente al de aquellos países que depositan toda su estrategia en políticas de seguridad exclusivamente represivas. La reducción de la pobreza extrema y de la pobreza relativa y, con ella, de las desigualdades sociales, ha sido un factor fundamental para reducir el espacio disponible para la delincuencia organizada.

A esto se suma una capacidad investigativa desarrollada desde 1979 y un modelo de policía comunitaria basado en la relación directa y la cooperación entre los agentes y la población civil. Un modelo que ha demostrado ser eficaz tanto para la investigación como para la prevención del delito, sobre la base de una idea sencilla: quien delinque sabe que puede ser identificado y detenido. En otras palabras, el crimen no paga: paga quien lo comete.

Nicaragua constituye uno de los ejemplos de un País capaz de garantizar los dos niveles de seguridad mencionados al principio: el que reflejan las estadísticas y el que percibe su propia población. Y el resultado adquiere todavía mayor relevancia si se considera la historia del país. El cual, lejos de haber podido vivir en paz y desarrollarse libremente, ha sido durante más de un siglo objeto de las ambiciones imperiales de Estados Unidos, que han recorrido prácticamente todo el repertorio de las formas de dominación: desde el somocismo hasta el liberalismo en su expresión más brutal - el latifundismo depredador - y los golpes de Estado de nueva generación. El caso nicaragüense es, en todos los sentidos, un caso de estudio sobre la opresión y la liberación.

Los números hablan

Durante la celebración del 47 aniversario de la fundación del Ejército de Nicaragua, el general Avilés, quien lleva más de 13 años al frente de las Fuerzas Armadas, recordó esta historia con palabras inequívocas: “Hemos sido y seguimos siendo atacados por potencias hegemónicas; hemos sido invadidos, han emprendido una guerra contra nosotros y, en el intento de garantizar sus intereses hegemónicos, han promovido golpes de Estado militares, golpes de Estado, desestabilización de los gobiernos, golpes de Estado blandos y revoluciones de colores”. En otras palabras, prácticamente todo el repertorio de la injerencia imperial.

A las palabras siguen los números que permiten dimensionar la realidad. Nicaragua registra actualmente una tasa de homicidios de siete por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas de América Latina durante la última década. El dato se atribuye a la eficacia de una estrategia de seguridad que ha permitido mantener al país al margen de la expansión acelerada del crimen organizado y del tráfico de drogas procedente del continente.

Son cifras particularmente significativas. No es lo mismo alcanzar niveles elevados de seguridad en una economía de primer nivel, donde las condiciones económicas tienden a reducir determinados factores de conflictividad, que hacerlo en un país situado en el puesto 140 de las economías mundiales, que además tuvo que realizar un enorme esfuerzo para sacar de la pobreza absoluta a más de dos millones de personas sobre una población total de seis millones.

“No somos un paraíso para el tráfico de drogas, no hay cárteles, no tenemos datos alarmantes sobre la criminalidad en nuestro país, nuestros puertos y aeropuertos son seguros y están debidamente certificados por organizaciones internacionales, no tenemos pistas clandestinas, no hay trazas aéreas que violen nuestros cielos soberanos”, afirmó también Avilés.

Es cierto: la historia del país pinolero no conoce ese contrapoder armado y criminal que en ocasiones ha terminado condicionando a gobiernos latinoamericanos. En Nicaragua el monopolio de la fuerza permanece plenamente en manos del Estado. Es precisamente en este aspecto donde Nicaragua presenta una diferencia significativa respecto de buena parte de la región y del continente americano. No existen bandas criminales organizadas con objetivos terroristas o mafiosos y, según esta perspectiva, esa realidad dificulta la construcción de una red regional plenamente articulada de grupos criminales, reduciendo también su capacidad de actuación en los países vecinos.

Un muro de contención regional

“Para el cumplimiento de nuestra misión principal - añadió Avilés - en defensa de la paz, la soberanía, la independencia, la autodeterminación y la integridad de nuestro territorio, nuestras fuerzas terrestres han realizado 1 millón de misiones operativas; nuestra heroica Fuerza Naval ha recorrido más de 134.600 millas y nuestra Fuerza Aérea ha protegido nuestros cielos y ha volado durante más de 700 horas. Estos datos, junto con otros comunicados a nuestro pueblo y a las Máximas Autoridades, son una clara demostración de la elevada conciencia patriótica y del firme compromiso de servir a todos los nicaragüenses”. Para Avilés, “se contuvo, desvió e impidió la circulación de más de 800 toneladas de cocaína”, una droga que, en su tránsito desde el sur hacia el norte de América, se desplaza por vía aérea y marítima a distancias superiores a las 500 millas de las costas nicaragüenses.

La seguridad de la que habla el general, por tanto, no se limita al ámbito interno. Su alcance se proyecta sobre toda Centroamérica. El elemento central es lo que las autoridades nicaragüenses denominan un “muro de contención” frente al crimen organizado. 

¿En qué consiste exactamente ese “muro de contención”? Se trata de un conjunto de operaciones de inteligencia militar y policial destinadas a impedir la infiltración de cualquier expresión del crimen organizado. El objetivo es detectar, interceptar y bloquear el ingreso de armas, dinero y drogas. Impedir la instalación de pistas clandestinas y depósitos utilizados por el narcotráfico y la trata de personas, otro de los dramas que se han vuelto endémicos en Centroamérica y Sudamérica. Convertir Nicaragua en un territorio hostil y peligroso para el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero significa impedir que el crimen organizado complete su estructura regional.

No es casualidad que el intento de golpe de Estado de 2018 contara con la participación de estructuras criminales vinculadas a las maras centroamericanas. Si el Sandinismo hubiera perdido el poder, el crimen organizado habría podido finalmente penetrar en Nicaragua y completar su red regional de negocios y control político.

La cooperación como alternativa

Una experiencia que podría convertirse en referencia para un modelo centroamericano de cooperación en materia de seguridad es la Operación Sandino-Morazán, un acuerdo de colaboración entre las fuerzas armadas de Honduras y Nicaragua desplegadas a lo largo de casi 1.000 kilómetros de frontera. El objetivo es proteger a las comunidades fronterizas y combatir conjuntamente al crimen organizado.

La importancia de la cooperación centroamericana y caribeña en materia de seguridad fue subrayada también por el Comandante Daniel Ortega, quien destacó las oportunidades que ofrece la integración regional para hacer frente conjuntamente a las múltiples formas de amenaza. El máximo dirigente sandinista puso como ejemplo la experiencia de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), integrada por los ejércitos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, y concebida como un espacio de cooperación en defensa de la paz, la democracia y el desarrollo.

“Aquí en América Latina - afirmó el líder sandinista - vemos cómo las fuerzas armadas de toda la región se están acercando, consiguen integrarse, se reúnen, no para planificar ninguna invasión, no para planificar ataques contra otros pueblos, sino para fortalecer la defensa de los pueblos de la región latinoamericana y caribeña; para garantizar la paz de nuestros pueblos combatiendo el crimen y el narcotráfico; para brindar solidaridad a los pueblos frente a las dificultades causadas por los fenómenos naturales”.

Queda claro como una Nicaragua estable y segura trasciende las fronteras de la región. Incluso teniendo en cuenta el interés de Estados Unidos - reconocido también por el propio Pentágono - cualquier proceso de desestabilización en Nicaragua tendría consecuencias directas sobre el equilibrio regional.

No parece existir otra vía que la de la cooperación directa. Construir también en materia de seguridad - al igual que en el comercio y en los intercambios políticos y culturales - un modelo de cooperación regional sigue siendo, 205 años después de la independencia centroamericana, uno de los mayores desafíos de la región. Un desafío que solo puede resolverse mediante la integración, porque esa es precisamente la diferencia entre ser libres y ser anexionados. Como decía Aristóteles, tertium non datur.




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domingo, 16 de agosto de 2026

Cien años de Fidel, sin Fidel, con Fidel

Por Fabrizio Casari

Hace cien años nació el Comandante en Jefe de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, el estadista más grande del siglo XX que hizo de Cuba el primer territorio libre de las Américas. Hace 10 nos dejó físicamente para mudarse en nostalgia. La gigantesca estatua erigida en Managua recuerda el vínculo indisoluble entre las dos revoluciones. Un acto de reconocimiento y afecto en la Nicaragua revolucionaria, porque Fidel está en el olimpo de los grandes revolucionarios que cambiaron el curso de la historia. Una historia que fue capaz de anticipar, afrontar y dominar. Fue maestro y guía para todos aquellos que, en cualquier rincón de la tierra, hayan intentado hacer del mundo un lugar más justo y digno que el que tenían ante sus ojos.

Fidel es el patrimonio histórico y humano de Cuba y de los cubanos, pero no solamente de ellos. Se lo puede encontrar precisamente en la estatua erigida en la Avenida Bolívar de Managua, donde, a poca distancia, descansan los restos de Carlos Fonseca Amador y Tomás Borge. Pero en realidad, al igual que los dos fundadores del FSLN, Fidel está en cada calle, en cada aula y en cada hospital de Nicaragua, donde, si hoy pudiera caminar, comprobaría cómo aquello que se prometió se ha cumplido. Y se lo puede encontrar en las calles destruidas de Gaza y en las ciudades liberadas del Donbás como en los países de África que le deben parte de su libertad. Fidel fue y continúa siendo el ejemplo que cada uno de nosotros exhibe con orgullo al argumentar, protagonista del relato de los mejores ideales, de las mayores victorias, de nuestros sueños más hermosos.

Fidel solo supo vencer. Se había acostumbrado a la victoria al derrotar a Batista y a Estados Unidos, que lo apoyaba con la ayuda de la mafia ítalo-estadounidense. Desde su entrada el 1.º de enero de 1959, La Habana se convirtió en una ciudad cubana; Miami, en cambio, fue condenada a convertirse en el basurero de América, todavía incubadora de los restos de toda tiranía, cloaca que contiene toda náusea. Allí viven terroristas, contrarrevolucionarios y antiguos supuestos revolucionarios, aquellos que por dinero y ambición personal traicionaron todo y a todos: aquellos contra los que Fidel era implacable.

En Nicaragua como en Venezuela, como antes en Vietnam, las victorias fueron guiadas por líderes y comandantes que encontraron en Fidel al mejor amigo y al mejor consejero, aquel capaz de exaltar las cualidades y corregir los defectos de cada proceso político, que podía leer desde lejos como si estuviera inmerso en él y que, por más íntimamente involucrado que estuviera, sabía apartarse para observar las cosas desde la distancia adecuada. Era el padre de todo anhelo de libertad y el hermano de todos aquellos que luchaban por ella. Nada de lo que sugería podía ser subestimado, para bien o para mal: después de todo, lo que no sabía sobre revoluciones se podía escribir en el reverso de un sello postal.

Fidel es sinónimo de rebelión victoriosa, de esa extraordinaria matemática de los sueños que calcula el número de enemigos y su poder únicamente para comprender cómo derrotarlos. Enseñó a no tener miedo, a buscar en cada detalle, por pequeño que sea, la posibilidad de poner a nuestro favor incluso el escenario más problemático. Que, por poderoso y formidable que sea el opresor, los oprimidos son mayoría y pueden convertirse en el todo. Enseñó a creer que la batalla de las ideas es decisiva en la lucha por conquistar la justicia. A construir una sociedad diferente donde se pueda recorrer ese surco que separa la democracia formal de la sustancial, a no confundir el número de partidos con los índices de desarrollo. Recordó a todos que la diferencia entre independentismo y anexionismo también se expresa en el rechazo o la aceptación de la injerencia extranjera, y que las certificaciones de democracia otorgadas por el imperio poscolonial no tienen ningún valor, ni político ni ético.

Lo hizo señalando que los derechos son de todos y que la búsqueda de la igualdad es un presupuesto fundamental para definir qué es democracia y qué no lo es, convirtiendo a una isla en ejemplo global de independencia y dotándola de un extraordinario antídoto contra el veneno ideológico que se inocula desde fuera. Enseñó a leer la deuda del Sur global con las lentes adecuadas, aquellas que muestran la enorme expoliación de recursos de la que se apropia el Norte sin derecho alguno. A denunciar la insostenibilidad de un mundo en el que el 4 % de su población consume el 26 % de los recursos disponibles. Y, sobre todo, demostró al mundo entero cómo la palabra solidaridad es prólogo, desarrollo y epílogo del libro de los abrazos a escala global.

Se puede hablar de él y de sus hazañas, de su grandeza y de su carisma, leyendo sus palabras y observando sus acciones, nunca en contradicción entre sí. Se puede hablar de él como el mayor icono del Socialismo, artífice del renacimiento de Cuba y de su proyección internacional, que convirtió a la isla en la mayor reserva de fuerza moral y solidaridad con cada movimiento revolucionario, tanto en América Latina como en África. Enseñó que la defensa de la Patria no es solo nacionalismo, sino punto de partida del internacionalismo. La isla fue refugio y consuelo, laboratorio de ideas y principios, escuela del hacer y del pensar. No hay victoria revolucionaria o liberación nacional que se haya consolidado sin su contribución política, humana y también militar cuando fue necesario.

Estos años sin Fidel no han conseguido que nos acostumbremos a su ausencia. Imaginar el mundo, pensar cómo analizarlo e intentar cambiarlo no es lo mismo con Fidel que sin Fidel. Su ausencia nos privó de su extraordinaria capacidad de análisis e interpretación de los fenómenos, de su lucidez estratégica, de su grandeza política. Todos necesitamos reconstruir una teoría y una práctica de la transformación, y sería útil contar con su visión de futuro, con su capacidad para prever los procesos históricos y la dirección política que toman. Nos habría ofrecido una lectura de lo inmanente con otras categorías y otros paradigmas, sin sucumbir al encanto de esta supuesta modernidad ideológica que es la otra cara de la moneda de la rendición. Hoy, cuando el imperio en decadencia ha descubierto el paso del tiempo como un reloj de arena invertido que señala su final, hoy que el Sur parece querer mezclar todas sus lenguas para conseguir hablar con una sola voz, la presencia de Fidel habría sido fundamental.

Diez años después de sus exequias, resuena como memoria y, al mismo tiempo, como presente y futuro, la voz del Comandante Sandinista Daniel Ortega, quien, desde la Plaza de la Revolución de La Habana, frente a un millón de cubanos, preguntaba: «¿Dónde está Fidel?».

Estaba allí, residente de todas partes. Nunca se fue, Comandante Daniel. Los hombres como Fidel no se van un día precisamente porque no llegan un día. Están desde siempre y para siempre, independientemente del tiempo y de la biología, de los enemigos y los amigos, de la historia y de la crónica. Su existencia biológica es solo una parte de su existencia política. Están porque ese conjunto de hombres y pueblos, de circunstancias y condiciones que la historia se empeña en mezclar y que nosotros, por brevedad, llamamos destino, se cumple. Y esto lo han comprendido todos aquellos que saben que revolucionar el mundo es la única manera de salvarlo.

Por eso Fidel está en cada lugar donde hace falta, allí donde alguien lucha y se desvive por identificarse con el destino de todos. Está para quienes han elegido no abjurar de los ideales de justicia e igualdad, a quienes les brillan los ojos ante los humildes que se convierten en titulares de derechos. Está para quienes no han titubeado ante las oleadas reaccionarias, quienes no han retrocedido frente a las dificultades y no han traicionado a sus compañeros ni a su pueblo; para quienes no se han vendido al enemigo ni siquiera cuando este se presentó vestido con las ropas de la sensatez y la moderación. Está para quienes prefieren morir antes que arrodillarse y que no han renunciado a levantar su bandera de combate. Todos ellos son quienes pueden sentirse parte de su legado. Quienes tienen derecho a decir: «Yo soy Fidel».

Fidel estuvo, está y estará: porque, ante la inútil espera de la justicia divina, la justicia de los hombres tarde o temprano llega. Quizás tarde, pero llega. Y tiene su rostro.


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jueves, 13 de agosto de 2026

Nicaragua y las reformas: la defensa del modelo


Por Fabricio Casari

El proyecto de reforma parcial de la Constitución Política, que probablemente concluirá a finales de agosto, avanza con la aprobación general de todos los sectores sociales y de las instancias institucionales. Dos son las novedades sustanciales respecto del texto vigente: la duración del mandato presidencial y el estudio de normas específicas destinadas a proteger el interés nacional en el ejercicio del voto popular.

Como ocurre con todo proyecto político y constitucional, los dos impulsos fundamentales que dan lugar a las modificaciones, sean estas limitadas o amplias, están representados por la identidad política del gobierno y por el contexto político general en el que está inserto el país. En este sentido, Nicaragua no constituye una excepción, sino que responde a la norma habitual. Las reformas que modificarán parcialmente el texto de la Carta Magna de Nicaragua son, en efecto, expresión tanto de la identidad política de su sistema como del contexto político en el que se producen. Después de todo, la Constitución señala los principios y las leyes establecen la legalidad de la acción en una sociedad.

La cuestión no consiste en decidir si el gobierno tiene o no el derecho/deber de proteger el espacio político nacional: lo tiene y, guste o no, lo ejerce. ¿Por qué sorprenderse? Todo modelo político construye un sistema que establece los ámbitos y límites de su acción, y lo hace a través de la Constitución Política, las leyes y las normas, los códigos y los procedimientos que lo garantizan. Y, por otra parte, en el caso de Nicaragua nadie propone suspender o, peor aún, anular las elecciones; solo la propaganda histérica de la derecha en sus numerosos disfraces intenta hacer pasar esto como una realidad. La verdad es, en cambio, que lo que está siendo sometido a estudio y aprobación popular son los mecanismos destinados a garantizar que el proceso electoral tenga un carácter exclusivamente nacional, que rechace cualquier tipo de injerencia extranjera y que salvaguarde el modelo de país eficiente y equilibrado alcanzado.

Con ese objetivo, activa los mecanismos de autoprotección de su acción, que se corresponden con aquello que fue diseñado y propuesto a su electorado; en definitiva, lo que se denomina programa de gobierno a corto, mediano y largo plazo. Cuanto mayor sea el consenso obtenido, mayor será la legitimidad para actuar con el fin de garantizar, a lo largo del tiempo, la eficacia y la resiliencia de la aplicación de ese programa.

No tiene mucho sentido establecer una jerarquía exacta entre estos dos elementos, pero ciertamente, con una lectura apenas profunda de la realidad nicaragüense, resulta evidente cómo el contexto político internacional, tanto en el plano regional y continental como en el global, influye decisivamente en las decisiones políticas de Managua.

La consulta a los cuerpos intermedios del país es una decisión eminentemente política - en verdad, poco frecuente en la mayoría de los países que imparten cátedras de democracia - que busca reafirmar y, al mismo tiempo, verificar la sintonía colectiva con las políticas socioeconómicas del país impulsadas por el gobierno sandinista.

Trasladar al debate público los mecanismos constitucionales es, en sí mismo, una operación política que merece atención, porque la participación de los organismos de representación popular e institucional contiene una idea de participación propia de una democracia popular. Es decir, de un sistema sociopolítico que, mediante una delegación popular expresada no solo en los momentos electorales sino también a través de la participación cotidiana en la ejecución del programa de gobierno, acompaña el proyecto de desarrollo del conjunto del sistema-país.

A diferencia de los regímenes liberales, aquí no existe distancia entre el modelo de gobernanza y los programas concretos; no existe una brecha entre lo anunciado y lo realizado. No es casualidad que la participación en la consulta y el nivel de aprobación - prácticamente unánime - del proyecto de reformas sean tan elevados.

¿Qué está en juego?

Nicaragua no es una isla perdida en un atolón del océano. Es un país con una historia intensa de más de un siglo de lucha permanente - y victoriosa - por su independencia. Un país invadido repetidamente por Estados Unidos que, deslumbrado por la idea de un canal interoceánico, convirtió a Nicaragua en un elemento paradigmático de la aplicación sobre el terreno de la Doctrina Monroe, experimentando modelos de protectorado o colonia sobre bases dictatoriales, siempre rechazados por la fuerza de las armas del independentismo ante y del sandinismo luego nicaragüense.

Precisamente la lectura de la historia de Nicaragua impide, de raíz, desvincularla del contexto de la política de conquista de Estados Unidos. Leer Nicaragua al margen de la historia del imperialismo estadounidense en Centroamérica es, francamente, una propuesta insostenible además de ociosa. Pues bien, el contexto actual plantea como principal factor de atención la renovada agresividad de la administración encabezada por Donald Trump en materia de política exterior y, en particular, hacia el continente americano. Lo ocurrido en Venezuela y lo que ocurre en Cuba y en el Cono Sur a manos de una ultraderecha segregacionista, racista, misógina y clasista, es un rediseño general de un continente, que pretende sepultar los proyectos de integración y unidad latinoamericana mediante un retorno a la dependencia total de Estados Unidos.

Las recientes victorias electorales que han tenido lugar en Honduras, Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia han estado severamente condicionadas por la intervención directa e indirecta de Estados Unidos en sus respectivas contiendas electorales. Intervenciones externas e internas que han recurrido al binomio de promesas/amenazas, se han expresado mediante poderosos financiamientos electorales a los candidatos de derecha y han llegado hasta la manipulación de los datos electorales para garantizar su victoria.

No es importante, aquí y ahora, detenerse en las razones por las cuales Estados Unidos quiere concentrar su acción en defensa de su dominio, estrechando el cerco sobre América Latina, que bajo diversos aspectos representa un espacio fundamental en términos potenciales para la competencia estratégica con China y Rusia. Lo que aquí se quiere subrayar es que, sin medidas adecuadas para impedir la presencia de quintas columnas de Estados Unidos disfrazadas de partidos improvisados que cubran los lamebotas de siempre, las campañas electorales en Nicaragua sufrirían una injerencia similar y una mayor agresividad política, dado que lo que está en juego es estratégico y no solamente táctico.

Porque, a diferencia de los países andinos, que pueden oscilar entre gobiernos de derecha y de centroizquierda sin que ello modifique su relación de dependencia/obediencia respecto de Estados Unidos, la Nicaragua sandinista representa una alternativa y no una alternancia, porque es diferente y contraria al modelo que Estados Unidos necesita para perpetuar el saqueo permanente y la obediencia política absoluta que requiere la supervivencia de su imperio. Hay una contraposición ideológica y cultural en la concepción del modelo de sociedad, que además tiene consecuencias concretas en las políticas económicas. En este sentido, una eventual derrota del sandinismo significaría para Washington no solo una elección favorable, sino también el fin de una amenaza en el plano político, incluida la capacidad de atracción que el modelo nicaragüense ejerce en las tesis sobre la posible organización socioeconómica de América Latina.

El modelo sandinista, que concibe el crecimiento económico a través de la lucha contra la pobreza, es el principal enemigo para Estados Unidos. Todo proyecto que reduzca la pobreza extrema y relativa, otorgue derechos de ciudadanía y eleve los índices de bienestar es, por principio, un enemigo absoluto de una ideología ultraliberal que considera el crecimiento demográfico y el acceso a los bienes como una amenaza y no como una mejora, porque ejerce una presión indirecta sobre el nivel de recursos disponibles y, por tanto, sobre los destinados al imperio.

La política socioeconómica sandinista propone constantemente resultados muy importantes en la prestación de servicios gratuitos y de excelencia, como la educación y la salud, de los cuales la inauguración del nuevo Centro Nacional de Cirugía Cardíaca, dotado de equipamiento de vanguardia a nivel sanitario internacional, constituye solamente el ejemplo más reciente.

Es una política de asistencia, estímulos, subsidios e incentivos a la producción que consolida el modelo económico sobre la dimensión de la economía familiar, complementada por las inversiones nacionales y extranjeras, a la que la población nicaragüense no está dispuesta a renunciar. Ahí reside la adhesión masiva al proyecto de reformas: es adhesión al modelo de desarrollo, a una determinada idea de país y al papel que colectivamente se imagina que Nicaragua debe desempeñar.

En este sentido, la dirigencia sandinista estudia las garantías constitucionales y políticas para evitar que se repita lo ocurrido en 1990, cuando la amalgama resentida de los sectores patronales al servicio de Estados Unidos quiso destruir todo el entramado constitucional y legislativo construido para permitir las principales reformas - la agraria, por encima de todas - decididas durante la década revolucionaria de los años ochenta.

Se aprende de las virtudes y de los propios errores. La diferencia entre quien ha aprendido y quien no lo ha hecho reside en poner en marcha las condiciones necesarias para que, cualquiera que sea el escenario futuro, los errores no tengan que repetirse.

No se pretende impedir la disputa política nacional. Se pretende garantizar la irreversibilidad de un modelo que beneficia a todos. Y se hace también construyendo un muro constitucional y legislativo en defensa de la independencia y la soberanía nacional, garantizadas mediante la construcción de un sistema que ha asignado - de una vez y para siempre - Nicaragua a los nicaragüenses.


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domingo, 26 de julio de 2026

Campaña política internacional para desacreditar la institucionalidad de Nicaragua y contra el Sandinismo


por Fabrizio Casari

Es una verdadera campaña política internacional la que se ha desatado contra Nicaragua. Las declaraciones de Daniel Ortega en la manifestación por el 47º aniversario de la Revolución fueron objeto del habitual abuso de manipulación, transformando el anuncio de criterios más restrictivos para la titularidad jurídica en la campaña electoral en una especie de final de elecciones. La esencia de las declaraciones de Daniel se puede resumir fácilmente: en Nicaragua la competencia electoral será entre fuerzas políticas nicaragüenses, entendiendo con esto que partidos o grupos que representen intereses extranjeros no podrán participar en la competencia electoral.

Es sabido que el latifundio golpista y sin patria encuentra normal regresar al gobierno con el apoyo de Estados Unidos: han sido dominantes hacia el interior, pero dominados por el exterior, está en su ADN. Pero que sea legítimo representar intereses extranjeros es ilegal y obstaculiza la participación en la vida política. Y las elecciones son el punto más alto de la vida política, la expresión de la democracia: el principio de representación y soberanía popular nacional.

Las leyes electorales, es decir, las normas generales y específicas que regulan el acceso al voto, son parte esencial de la arquitectura política e institucional de un país. Establecen la existencia de la ciudadanía porque definen el electorado activo y pasivo. Por tanto, es claro que deben contextualizarse al sistema-país y a la cultura política del mismo, leer el texto sin el contexto no tiene sentido.

La historia electoral de Nicaragua es el punto de partida. El 19 de julio de 1979 nace la Nicaragua libre. Es la irrupción de una nueva ingeniería institucional que se plasmará en la carta fundacional de la nación la nueva dimensión de Nicaragua. El triunfo del sandinismo no es una página más de la historia política nacional. No es un intento de cambio, sino el cambio: profundo, fuerte, definitivo.

Es evidente que la historia electoral del país cambia con su historia política. Sobre el derecho a modificar y actualizar su contenido, según los procedimientos previstos en la misma carta, no hay duda. 

Los gritos de la administración Trump, que llama a sus aliados en el continente a lanzar una nueva campaña contra el sandinismo para desacreditar la institucionalidad de Nicaragua, son ridículos. Es difícil enseñar democracia a Nicaragua. El sandinismo fue capaz de renunciar al poder, aunque tenía la fuerza de las armas. En 1990, de hecho, podría haber impugnado el resultado electoral y negarse a aceptar la derrota; pero el comandante Ortega respetó las reglas, entregando al principio democrático el poder que con tanto sacrificio el sandinismo había conquistado.

La verdadera cuestión

No sirve dar vueltas: la cuestión de la ley electoral está estrechamente ligada al contexto sociopolítico del país, y pensar en ignorarlo sería académicamente estéril. Y la historia del país no puede separarse de una división clara que persiste: la que existe entre los partidos que representan a la sociedad nicaragüense y los grupos que representan intereses estadounidenses. No es una cuestión secundaria ni puede presentarse como una simple lucha entre el poder y quienes quieren derrocarlo; es toda la historia de Nicaragua en particular y de Latinoamérica en general la que cuenta el corazón de este enfrentamiento. No es un choque entre izquierda y derecha, que son solo la versión en prosa; el origen ontológico del conflicto está en la disputa entre independentismo y anexión.

Las declaraciones del comandante Ortega no vienen de teorías conspirativas sino de un contexto continental general que ve una fuerte injerencia estadounidense en los procesos electorales, intensificada desde que Trump y su ventrílocuo Rubio entraron a la Casa Blanca. Desde Ecuador a Colombia, pasando por Perú y Argentina, Estados Unidos intervino en tres niveles: primero, el apoyo político reiterado a candidatos de ultraderecha (Kast, Milei, Fujimori, Noboa, de la Espriella); segundo, la enorme cantidad de financiamiento para campañas a su favor; tercero, la manipulación de datos electorales encargada a la empresa israelí Black Cube, identificada como la entidad extranjera que apoyó digitalmente y manipuló información a favor del candidato de extrema derecha, utilizando algoritmos que alteraron el voto a de la Espriella. Mecanismos similares se usaron en Perú. Black Cube es conocida por su vigilancia criminal y espionaje a personas de alto perfil. Tiene sede en Tel Aviv, Londres, Singapur y Madrid.

Es evidente que ante este escenario en que se repiten fraudes informáticos gestionados por IA, Nicaragua quiere defender su dimensión política. Porque el intento de golpe de estado terminó, pero la dinámica subversiva de derecha, latifundio y jerarquía eclesiástica continúa. Que esto implique la exclusión de algunos individuos y partidos hipotéticos es consecuencia lógica de que los sirvientes del golpismo preparan la mesa, pero la oligarquía se sienta a la cabecera. 

La mal llamada “izquierda moderada latinoamericana” se suma a la queja. Los habituales levantadores profesionales de cejas podrán ver todo esto como una versión tropical de la teoría constitucional sobre la “dictadura de la mayoría”, un riesgo para lo políticamente correcto que se hunde en los sofás, algo inaceptable para quienes nunca están satisfechos con sus derrotas. Hasta se vuelven cipayos del entreguismo sin haber pasado por un solo día de independencia nacional. Pero en una parte del mundo donde los sofismas desaparecen, donde con más violencia se sucumbe a los ataques golpistas de la derecha, lo políticamente correcto es solo un ejercicio verbal para intelectuales protegidos.

No tiene sentido temer la abolición de las elecciones o la reconversión del sistema político de multipartidista a unipartidista. La campaña electoral se llevará a cabo en las modalidades y tiempos que decidan sus órganos constitucionales y no los que decida Rubio. No serán aceptados ventrílocuos del imperio ni agentes extranjeros con pasaporte nica. No se permitirán inyecciones de cientos de millones de dólares para alterar la competencia, como en 1990, cuando el FSLN gastó 5 millones de dólares y EE.UU. aportó más de 200 millones a Violeta Chamorro. Porque el dinero influye mucho, entra en cada grieta y desestabiliza votos según intereses. Eso no debe pasar. Inaceptable sería entregar el desarrollo de Nicaragua a las manitas cleptómanas de los EE.UU.

Allí, donde entre todo y nada, entre paz y guerra, se vota, el derecho a postularse es consecuencia de una ciudadanía íntegra, que siempre ha buscado en Nicaragua su referente y no en EE.UU., que ve a Nicaragua solo como patio trasero, tierra de conquista, hipótesis de nuevos saqueos, parte de un choque geopolítico global. Nicaragua merece que la participación sea un acto debido, nobleza ideal, respeto por las diferencias, pero todo dentro de un marco de independencia nacional; entonces puede y debe haber competencia. Sabiendo sin embargo que no habrá excepciones al modelo correcto de nacionalidad, no se permitirán enmiendas a la independencia de quien se postule, porque esta es la principal garantía de la independencia del país en caso de victoria.

En resumen, las elecciones serán competencia electoral entre nicaragüenses y para Nicaragua, no tendrán acceso partidos construidos, financiados y dirigidos por EE.UU. Esto no aplica al sandinismo, que es historia, bandera y testimonio continuo de la independencia nacional.

El principal problema de la derecha será explicar qué quiere hacer. ¿Qué quiere eliminar de la transformación ocurrida en estos 19 años de sandinismo aplicado? ¿Quiere abolir la gratuidad de hospitales y escuelas? ¿Quiere el regreso de los oligarcas? Sus dieciséis años de gobierno, que llevaron a Nicaragua a la miseria negra, no están lo suficientemente lejos para caer en el olvido.

No será un paseo: el sandinismo tiene amigos de gran corazón, pero enemigos de dientes afilados. Buscarán todos los medios, legales y sobre todo ilegales, para vencer al indomable. Para el FSLN, ganar es un imperativo categórico, un destino inamovible, el final del camino entre vivir o morir. No tanto para el FSLN, como para el País.




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