Soberanía alimentaria: innovar para los pueblos, no para el negocio de las grandes corporaciones

Por Javier Huerta

La innovación agrícola suele presentarse como una cuestión de tecnología, productividad y modernización. Sin embargo, cuando hablamos de alimentación, la pregunta decisiva no es únicamente qué técnicas podemos desarrollar para producir más, sino quién controla los recursos, quién decide qué se cultiva, cómo se distribuyen los alimentos y quién se beneficia de la riqueza generada. Una tecnología puede mejorar los rendimientos y, al mismo tiempo, aumentar la dependencia de los agricultores respecto a las empresas que venden semillas, fertilizantes, maquinaria o productos fitosanitarios. Por eso, innovar no equivale automáticamente a avanzar hacia la soberanía alimentaria.

El desafío consiste en poner los conocimientos científicos, las herramientas tecnológicas y la experiencia campesina al servicio de las necesidades de la población. Esto exige fortalecer la capacidad de las comunidades para producir sus propios alimentos, conservar las semillas, cuidar los suelos y el agua, diversificar los cultivos y participar en las decisiones sobre sus sistemas agroalimentarios. También requiere políticas públicas que respalden a los pequeños productores, faciliten el acceso a recursos y conocimientos y eviten que la alimentación quede subordinada a los intereses comerciales de un reducido grupo de empresas.

La información difundida por teleSUR sobre la innovación y el papel de las comunidades en la seguridad alimentaria ofrece un punto de partida para abordar una cuestión que va mucho más allá de las técnicas agrícolas. Leer la información original de teleSUR. La experiencia internacional demuestra que la participación comunitaria, la cooperación entre productores y el conocimiento adaptado a cada territorio pueden contribuir a construir sistemas alimentarios más resistentes. Pero también pone de manifiesto que esas iniciativas necesitan respaldo institucional, recursos y condiciones económicas que permitan sostenerlas en el tiempo.

El hambre en un mundo que produce alimentos

El hambre continúa siendo una de las expresiones más graves de la desigualdad mundial. Según la edición de 2026 del informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI), elaborado por organismos de Naciones Unidas, 645 millones de personas padecieron hambre en 2025, equivalentes al 7,8 % de la población mundial. Además, unos 2.100 millones de personas sufrieron inseguridad alimentaria moderada o grave, y alrededor de 2.700 millones no podían permitirse una dieta saludable. Aunque las cifras reflejan una mejora respecto a años anteriores, los avances siguen siendo insuficientes y desiguales. FAO, informe SOFI 2026.

Estos datos obligan a mirar más allá de la disponibilidad física de alimentos. La inseguridad alimentaria puede estar relacionada con la pobreza, los conflictos, las crisis económicas, el encarecimiento de los productos básicos, las alteraciones climáticas y la desigual distribución de la tierra y de los recursos productivos. Una sociedad puede disponer de alimentos en sus mercados y, sin embargo, mantener a una parte de su población sin capacidad económica para adquirirlos. También puede depender de importaciones y de cadenas de suministro vulnerables a las fluctuaciones internacionales de los precios.

Por tanto, aumentar la producción es importante, pero no basta. La lucha contra el hambre exige garantizar el acceso a los alimentos, fortalecer las economías campesinas y reducir las vulnerabilidades que convierten una crisis comercial, climática o energética en una emergencia alimentaria. Cuando la producción se orienta exclusivamente a maximizar la rentabilidad, los cultivos destinados a la exportación pueden desplazar producciones necesarias para el consumo local, mientras que los pequeños agricultores afrontan dificultades para competir con actores que concentran capital, tecnología y capacidad de negociación.

El problema no reside en la innovación en sí misma, sino en las relaciones económicas y políticas dentro de las cuales se desarrolla. La ciencia puede ayudar a mejorar variedades, reducir pérdidas, optimizar el uso del agua y recuperar suelos degradados. La cuestión es quién accede a esos avances, bajo qué condiciones y con qué efectos sobre la autonomía de los productores y las necesidades de la población.

La concentración del poder sobre los alimentos

El control de los sistemas agroalimentarios no se limita a la propiedad de las tierras. También se ejerce mediante las semillas comerciales, los fertilizantes, los agroquímicos, la maquinaria, el almacenamiento, el transporte, la transformación industrial y la distribución. Quien controla estos eslabones puede influir en los costes de producción, en las condiciones de acceso al mercado y, en última instancia, en los alimentos que llegan a la población.

Un dato permite dimensionar el problema. En un análisis publicado en agosto de 2024, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) señaló que las cuatro mayores empresas controlaban entre el 70 % y el 90 % del comercio mundial de cereales. En otros sectores estratégicos —como los agroquímicos, las semillas, los equipos agrícolas, los fertilizantes sintéticos y los productos farmacéuticos para animales—, las cuatro mayores compañías concentraban entre el 33 % y el 65 % de sus respectivos mercados. Son cifras referidas a mercados concretos, no una estimación de que cuatro empresas controlen la totalidad del sistema alimentario. Aun con esa precisión, muestran la capacidad de un número reducido de actores para condicionar cadenas de suministro esenciales. UNCTAD: mercados alimentarios más justos y competitivos.

Esta concentración tiene consecuencias que afectan especialmente a los agricultores con menos recursos. Cuando las semillas, los insumos y las tecnologías dependen de proveedores externos, los productores quedan expuestos a las variaciones de precios, a las dificultades de abastecimiento y a las condiciones comerciales fijadas por empresas con un poder de negociación muy superior. La innovación puede profundizar esa dependencia si se basa exclusivamente en paquetes tecnológicos costosos, variedades protegidas y suministros que las comunidades no pueden reproducir ni adaptar por sí mismas.

Frente a este modelo, defender la soberanía alimentaria implica ampliar las capacidades de decisión de los pueblos. No significa rechazar la investigación científica, el comercio o la tecnología, sino evitar que su utilización quede subordinada a la rentabilidad privada por encima de las necesidades sociales. La investigación pública, las semillas adaptadas a cada territorio, la formación técnica y el acceso de los pequeños productores a los recursos son componentes esenciales de una política alimentaria que sitúe el interés colectivo en primer plano.

A ello se suma una herencia histórica: la organización colonial de buena parte de la agricultura mundial orientó territorios enteros hacia la exportación de materias primas y productos agrícolas, en función de las necesidades de los mercados exteriores. Aunque las estructuras económicas han cambiado, persisten relaciones desiguales que limitan la capacidad de muchos países para decidir sus prioridades productivas. La dependencia de alimentos importados, insumos agrícolas o tecnología extranjera puede convertirse en una vulnerabilidad cuando las crisis internacionales alteran los precios y los suministros.

Por eso, fortalecer la producción local y regional, diversificar los cultivos y desarrollar capacidades científicas propias no es una consigna autárquica. Es una forma de reducir riesgos y ampliar la capacidad de decisión de las comunidades y los Estados. La cooperación internacional puede contribuir a ese objetivo siempre que transfiera conocimientos y fortalezca capacidades, en lugar de crear nuevas dependencias.

Cuba: el conocimiento campesino como innovación colectiva

La experiencia cubana del Movimiento Agroecológico de Campesino a Campesino, impulsado por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), ofrece un ejemplo de innovación basada en la participación de quienes trabajan directamente la tierra. Su aportación principal consiste en reconocer a las familias campesinas como productoras de conocimiento, capaces de experimentar en sus parcelas, evaluar resultados y compartir soluciones con otras personas productoras.

Un estudio publicado en la revista Agroecología sobre los veinte años de aplicación del movimiento en Cuba, difundido en 2018, señalaba que participaban más de 130.000 familias campesinas, con miles de facilitadores y promotores agroecológicos. Estas cifras corresponden al periodo estudiado y no deben confundirse con un recuento actualizado a 2026. El trabajo describe una metodología de intercambio y aprendizaje colectivo en la que las fincas funcionan como espacios de experimentación y demostración. El Movimiento Agroecológico de Campesino a Campesino en Cuba: realidades, realizaciones y retos.

La agroecología promovida por este movimiento combina la diversificación de cultivos, el aprovechamiento de recursos locales, el cuidado del suelo, la gestión del agua y la reducción de la dependencia de insumos externos. No se trata simplemente de recuperar técnicas tradicionales, sino de articular la experiencia práctica de los agricultores con la formación y los conocimientos científicos. La innovación deja así de concebirse como algo que llega exclusivamente desde laboratorios o empresas y se convierte en un proceso colectivo, adaptado a las condiciones de cada territorio.

La FAO ha documentado también cómo estas prácticas pueden contribuir a reducir los costes de producción y aumentar la resiliencia ante fenómenos climáticos como huracanes y sequías. FAO y La Vía Campesina: la agroecología en Cuba. Estos beneficios potenciales son especialmente importantes para un país que afronta restricciones económicas y dificultades de abastecimiento. Sin embargo, sería incorrecto presentar la agroecología como una solución completa a los problemas alimentarios cubanos: la isla continúa enfrentando dificultades de producción y suministro que requieren medidas económicas, productivas y logísticas más amplias.

El valor de esta experiencia reside, por tanto, en mostrar una vía para ampliar los conocimientos y la autonomía de los productores, mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles y fortalecer la capacidad de adaptación. Su enseñanza no es que exista una fórmula universal, sino que la investigación y la innovación adquieren mayor utilidad cuando las comunidades participan en su desarrollo y pueden apropiarse de sus resultados.

Nicaragua: proteger las semillas para proteger la capacidad de producir

En Nicaragua, los bancos comunitarios de semillas representan otra experiencia concreta de fortalecimiento de las capacidades locales. La semilla es el punto de partida de la producción agrícola: conservar variedades adaptadas al entorno, disponer de ellas en el momento de la siembra y poder reproducirlas son condiciones importantes para la continuidad de los cultivos. Cuando ese acceso depende exclusivamente de proveedores externos, los agricultores pueden quedar expuestos a problemas de precio, disponibilidad o adaptación de las variedades a sus necesidades.

La FAO documenta el trabajo desarrollado en el país por el programa Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO, en colaboración con el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA). Entre sus iniciativas figura el acompañamiento a tres bancos comunitarios de semillas en la elaboración de planes de negocio, con el propósito de contribuir a su consolidación y facilitar que la metodología pueda utilizarse en otras comunidades. La guía publicada en 2024 describe estos bancos como espacios de organización y participación donde los productores pueden producir semillas de las variedades que utilizan, mejorar su disponibilidad y promover su intercambio solidario. FAO: guía para la elaboración de planes de negocio en bancos comunitarios de semillas.

Su importancia no se limita a almacenar semillas. Estos espacios pueden facilitar la selección y conservación de variedades, la distribución entre productores, la recuperación de materiales adaptados a las condiciones locales y la cooperación entre familias agricultoras. También pueden ayudar a que las comunidades mantengan una reserva para afrontar dificultades de abastecimiento o pérdidas de cosechas. Su funcionamiento requiere organización, conocimientos técnicos, conservación adecuada y mecanismos de reposición que garanticen la continuidad del banco.

La experiencia nicaragüense permite comprender que la soberanía alimentaria también se construye con instrumentos cotidianos y concretos. Un banco comunitario no sustituye las políticas agrícolas nacionales ni resuelve por sí solo los problemas de financiación, riego, comercialización o acceso a la tierra. Pero puede fortalecer una pieza fundamental de la autonomía productiva: la capacidad de los agricultores para conservar, reproducir y compartir las semillas que necesitan.

Este enfoque adquiere especial relevancia en una economía mundial donde la concentración empresarial puede limitar las alternativas disponibles. Fortalecer las capacidades locales no significa aislar a los productores de la investigación ni del intercambio comercial, sino evitar que su actividad dependa de una única fuente de abastecimiento y ampliar las opciones que tienen para decidir sobre sus cultivos.

Venezuela: comunas, producción y organización territorial

En Venezuela, el debate sobre la soberanía alimentaria está vinculado a la organización popular y al papel de las comunas como espacios de participación y gestión colectiva del territorio. Su relevancia para la producción agrícola reside en la posibilidad de articular a las comunidades con instituciones públicas, compartir conocimientos y recursos, y organizar iniciativas productivas a partir de las necesidades locales. Pero conviene analizar las experiencias concretas, sin dar por supuesto que todas las comunas tienen las mismas capacidades ni que los resultados son idénticos en cada territorio.

Un estudio presentado en el V Congreso Latinoamericano de Agroecología de 2015 examinó la transición agroecológica en la comuna Alto Tuy, situada en el municipio Revenga, estado Aragua. La investigación identificó un marco legal favorable a la agricultura sustentable y destacó el papel de la formación agroecológica y de las relaciones entre comunidad e instituciones. Al mismo tiempo, señaló que el proceso de transición no estaba plenamente definido. Esa conclusión resulta importante: el estudio permite analizar tanto las posibilidades de la organización comunal como las dificultades que aparecen al convertir los principios políticos y jurídicos en transformaciones productivas sostenidas. Comuna y transición agroecológica: estudio de Alto Tuy.

También existen iniciativas dirigidas a recuperar y multiplicar semillas locales. En abril de 2026, la FAO informó de un acuerdo con el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) para fortalecer la producción de semillas en los estados Aragua, Carabobo y Portuguesa. El proyecto prevé trabajar con cultivos estratégicos como maíz, caraotas, frijol bayo y yuca, además de promover bancos locales de semillas, formación técnica y protocolos de calidad. Se trata de una iniciativa destinada a fortalecer las capacidades nacionales y locales, por lo que conviene hablar de sus objetivos y actuaciones previstas, no presentar todas sus metas como resultados ya alcanzados. FAO: acuerdo con el INIA para fortalecer la producción de semillas en Venezuela.

Otro ejemplo es el trabajo realizado en el estado Apure tras las inundaciones. En mayo de 2026, la FAO describió acciones para recuperar espacios productivos afectados, promover técnicas adaptadas a las condiciones climáticas, impulsar la producción de alimentos y conservar semillas para futuras siembras. Según la organización, las actividades alcanzaron a 97 comunidades de cinco municipios y beneficiaron a más de 3.700 hogares. Entre las prácticas promovidas figuraban los cultivos asociados, la producción de bioinsumos, la recuperación de conucos y el aprendizaje práctico en las propias comunidades. FAO: recuperación de la producción agrícola en Apure.

Estas experiencias permiten abordar la importancia de las comunas y de la organización territorial sin idealizarlas. La participación comunitaria puede ayudar a identificar necesidades, compartir recursos y sostener iniciativas productivas, pero necesita asistencia técnica, infraestructura, acceso al agua, financiación, semillas de calidad y canales de distribución. La voluntad colectiva, por sí sola, no elimina las limitaciones materiales.

La aportación venezolana al debate consiste en situar la organización popular y la participación institucional en el centro de la discusión sobre quién gestiona la producción y con qué objetivos. Cuando esa participación se combina con conocimientos agronómicos, planificación, recursos y evaluación de resultados, puede contribuir a construir sistemas alimentarios más vinculados a las necesidades del territorio.

Las mujeres y la juventud en la transformación agrícola

La transformación de los sistemas alimentarios también exige reconocer el papel de las mujeres rurales y de la juventud. Las mujeres participan en la producción agrícola, la selección y conservación de semillas, el procesamiento de alimentos, los mercados locales y el sostenimiento de las economías familiares. Sin embargo, su contribución no siempre se corresponde con el acceso que tienen a la tierra, al crédito, a la formación técnica o a los espacios de decisión.

Una política de soberanía alimentaria debe favorecer su participación efectiva en las cooperativas, las organizaciones campesinas, los programas de formación y las instituciones que definen las prioridades agrícolas. No basta con reconocer su trabajo: es necesario ampliar sus recursos y su capacidad de intervenir en las decisiones productivas. Lo mismo ocurre con la juventud rural, cuyo acceso a formación, tecnología, tierra y oportunidades económicas influye en la continuidad de las comunidades agrícolas.

La innovación puede desempeñar un papel relevante en este terreno. La formación técnica, los sistemas de información climática, las herramientas para gestionar el agua y los canales digitales de comercialización pueden facilitar el trabajo y abrir oportunidades. Pero su utilidad depende de que sean accesibles y respondan a las condiciones reales de los productores. Una tecnología costosa o que requiere una conectividad inexistente puede aumentar las desigualdades en lugar de reducirlas.

La cuestión central sigue siendo la misma: la tecnología debe ampliar las capacidades de las personas y de las comunidades, no convertirse en otra barrera que excluya a quienes tienen menos recursos.

Cooperación internacional: compartir capacidades, no crear dependencias

La cooperación internacional puede contribuir a que las experiencias agrícolas no queden aisladas en sus lugares de origen. El intercambio entre productores, universidades, centros de investigación, instituciones públicas y organizaciones campesinas permite compartir semillas, técnicas de conservación, métodos agroecológicos y soluciones frente a las sequías, las inundaciones o la degradación de los suelos.

La cooperación Sur-Sur tiene un potencial particular porque facilita el intercambio entre países que afrontan desafíos comparables, aunque sus condiciones no sean idénticas. Las experiencias de Cuba en formación agroecológica, de Nicaragua en bancos comunitarios de semillas y de Venezuela en organización territorial y recuperación productiva pueden ofrecer aprendizajes útiles para otras comunidades. Eso no significa trasladar modelos de manera automática: cada experiencia debe adaptarse a las condiciones ambientales, económicas, culturales e institucionales del lugar donde se aplique.

Desde una perspectiva internacionalista, cooperar significa reconocer que los conocimientos pueden circular y enriquecerse mediante la experiencia compartida. También supone cuestionar una relación desigual en la que algunos países aparecen exclusivamente como receptores de tecnología y otros como proveedores que determinan sus condiciones de uso. Una cooperación orientada a la soberanía alimentaria debe fortalecer las capacidades locales, apoyar la investigación pública y favorecer que las comunidades puedan mantener y reproducir las soluciones que reciben.

Los proyectos de semillas, la formación técnica, la investigación agroecológica y la recuperación de suelos pueden producir beneficios duraderos cuando existe continuidad institucional y participación de los productores. Para ello se necesitan financiación estable, seguimiento y evaluación, además de mecanismos que permitan compartir los resultados y corregir los problemas detectados.

El objetivo no es sustituir la dependencia de un proveedor por la dependencia de otro, sino ampliar las alternativas disponibles. La cooperación cobra su mayor valor cuando deja conocimientos, herramientas y capacidades que permanecen en manos de las comunidades y de las instituciones que trabajan con ellas.

Seguridad alimentaria y soberanía alimentaria: dos conceptos relacionados, pero distintos

Para comprender el alcance político de estas experiencias es necesario distinguir entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. La seguridad alimentaria se refiere a que todas las personas puedan acceder de manera suficiente, estable y adecuada a los alimentos que necesitan. La soberanía alimentaria incorpora otra dimensión: la capacidad de los pueblos para decidir sus políticas agrícolas y alimentarias, definir sus prioridades productivas y participar en la gestión de los recursos que sostienen su alimentación.

Ambos objetivos están relacionados, pero no son equivalentes. Un país puede disponer de alimentos mediante importaciones y garantizar temporalmente el abastecimiento sin haber desarrollado una producción propia capaz de responder a sus necesidades. Esa situación puede ofrecer resultados inmediatos, pero también dejar a la población expuesta a las variaciones de precios, a las interrupciones comerciales o a las decisiones de proveedores externos. La soberanía alimentaria busca reducir esas vulnerabilidades mediante el fortalecimiento de las capacidades productivas, sin excluir el comercio ni la cooperación internacional.

La dimensión política de este concepto quedó reflejada en América Latina en iniciativas de integración regional. En abril de 2008, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela suscribieron, en el marco del ALBA, un Acuerdo para la Implementación de Programas de Cooperación en Materia de Soberanía y Seguridad Alimentaria. El texto planteaba la cooperación técnica y científica, la integración agroproductiva y el fortalecimiento sostenible de la producción interna, junto con mecanismos de cooperación e inversión. Consultar el acuerdo del ALBA de 2008.

Aquel acuerdo constituye un antecedente político de la voluntad de abordar la alimentación desde la cooperación entre países y no únicamente desde la competencia comercial. Su existencia, por supuesto, no demuestra que todos sus objetivos se hayan cumplido. Su relevancia reside en haber formulado una orientación: combinar las capacidades de cada país, compartir conocimientos y recursos, y considerar el acceso a los alimentos una cuestión de interés público y de integración regional.

Hoy, ante las crisis climáticas, la concentración empresarial y las dificultades que afectan a numerosas economías, esa orientación sigue planteando preguntas fundamentales. ¿Cómo asegurar que los avances tecnológicos lleguen también a los pequeños productores? ¿Cómo reducir la dependencia de semillas e insumos externos sin renunciar a la investigación científica? ¿Cómo conseguir que la producción agrícola responda a las necesidades de la población y no exclusivamente a las oportunidades más rentables del mercado?

No existen respuestas idénticas para todos los países. Las condiciones del suelo, el clima, la disponibilidad de agua, la estructura de la propiedad agraria y las capacidades económicas varían de un territorio a otro. Precisamente por eso, las soluciones necesitan combinar investigación, conocimientos locales, políticas públicas y participación comunitaria, en lugar de imponer un único modelo productivo.

Innovar para garantizar derechos, no para ampliar dependencias

La soberanía alimentaria no se alcanza mediante una técnica aislada ni con una iniciativa puntual. Requiere políticas sostenidas de apoyo a la agricultura familiar y cooperativa, investigación pública, formación, conservación de semillas, acceso a la tierra y al agua, infraestructuras adecuadas y mecanismos de distribución que permitan a los productores vivir dignamente de su trabajo. También exige prestar atención a los efectos del cambio climático y a la necesidad de conservar la biodiversidad y los recursos naturales que sostienen la producción.

Las experiencias examinadas muestran diferentes dimensiones de ese esfuerzo. Cuba aporta una trayectoria de aprendizaje agroecológico entre campesinos; Nicaragua ofrece un ejemplo de organización para conservar y multiplicar semillas; Venezuela permite analizar las posibilidades y dificultades de la articulación entre comunas, instituciones y producción territorial. Ninguna de estas experiencias debe presentarse como una solución universal ni como una realidad libre de problemas. Su valor consiste en aportar conocimientos concretos sobre los que se puede aprender, debatir y trabajar.

De ellas se desprende una idea común: la innovación resulta más transformadora cuando las comunidades pueden participar en su desarrollo, comprenderla, adaptarla y mantenerla. Una semilla que puede reproducirse localmente, una técnica que reduce la dependencia de insumos costosos o una red campesina que comparte conocimientos pueden ampliar la capacidad de decisión de quienes producen los alimentos. El avance no se mide únicamente por el aumento de los rendimientos, sino también por la reducción de vulnerabilidades y la distribución de las capacidades productivas.

Desde una perspectiva anticapitalista e internacionalista, esto implica cuestionar que la alimentación se trate exclusivamente como una mercancía y que la capacidad de alimentarse dependa de la posición económica de cada persona. También significa reconocer que la cooperación entre pueblos puede contribuir a enfrentar problemas comunes, siempre que respete las condiciones locales y refuerce la autonomía de quienes participan en ella.

Innovar para los pueblos significa poner la ciencia, la tecnología y la cooperación al servicio de la vida. La lucha contra el hambre exige producir alimentos suficientes, pero también garantizar que las personas puedan acceder a ellos y que los pueblos tengan capacidad para decidir cómo organizar sus sistemas alimentarios. La soberanía alimentaria empieza a construirse cuando las comunidades dejan de ser simples consumidoras de soluciones diseñadas por otros y se convierten en protagonistas de su propio desarrollo.

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