Capítulo I
El mundo que termina
De Bolívar a los BRICS: por qué la Asamblea nació en un momento decisivo de la historia
«La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres; es inexorable decreto del destino.»Simón Bolívar
Hubo un tiempo en que se proclamó el fin de la historia. Tras la desaparición de la Unión Soviética, numerosos centros de poder político, económico y académico aseguraron que el modelo liberal occidental había alcanzado una victoria definitiva. Se anunciaba una era de estabilidad, prosperidad y democracia universal bajo un orden internacional encabezado por una única superpotencia. Para algunos analistas, el siglo XXI sería el siglo de la consolidación del mundo unipolar.
La historia, sin embargo, raras veces sigue el guion escrito por los vencedores.
Tres décadas después, ese orden muestra profundas grietas. La expansión de China como potencia económica y tecnológica, el fortalecimiento de Rusia como actor estratégico, la emergencia de nuevas economías en Asia, África y América Latina, el crecimiento de los BRICS+, la crisis del multilateralismo tradicional, las guerras prolongadas en distintas regiones del planeta y el uso cada vez más frecuente de sanciones económicas como instrumento de presión internacional evidencian que el equilibrio de poder está cambiando. El mundo no ha llegado al final de la historia; ha entrado en una nueva etapa de disputa por su futuro.
En ese escenario debe entenderse la Asamblea de los Pueblos por la Paz y la Soberanía de Nuestra América, celebrada en Caracas en diciembre de 2025. Quien la interprete únicamente como un encuentro impulsado por el Gobierno venezolano habrá comprendido solo una parte de su significado. La Asamblea fue, ante todo, la expresión de una inquietud que recorre amplios sectores del Sur Global: la necesidad de que los pueblos organizados tengan voz propia en la construcción del nuevo orden internacional.
Durante décadas, las grandes decisiones sobre la economía mundial, la seguridad colectiva, el comercio o la gobernanza global se concentraron en organismos donde el peso político de las grandes potencias ha sido determinante. Sin embargo, mientras esas instituciones muestran crecientes dificultades para responder a las transformaciones del siglo XXI, han comenzado a surgir nuevas formas de articulación entre Estados, regiones y movimientos sociales. La ampliación de los BRICS, el fortalecimiento de espacios como la CELAC o la Unión Africana y el renovado interés por la cooperación Sur-Sur forman parte de una misma tendencia: la búsqueda de un sistema internacional menos concentrado y más representativo de la diversidad del mundo.
La Asamblea de Caracas se inserta en ese proceso, aunque desde una perspectiva diferente. No fue una cumbre presidencial ni una reunión diplomática. Fue un espacio de convergencia entre organizaciones populares, sindicatos, movimientos campesinos, pueblos indígenas, colectivos juveniles, redes de solidaridad, intelectuales y comunicadores provenientes de diversos países. Su aspiración no consistía en negociar tratados internacionales, sino en construir una agenda común desde la sociedad organizada para defender la paz, la soberanía y la integración de los pueblos.
Reducir esa iniciativa a la política interna venezolana sería desconocer una larga tradición histórica que atraviesa América Latina desde las luchas por la independencia.
Un sueño que atraviesa dos siglos
Mucho antes de que existieran la Organización de las Naciones Unidas, el Movimiento de Países No Alineados o los BRICS, Simón Bolívar comprendió que la independencia política de las nuevas repúblicas sería frágil si cada una recorría su camino en soledad. El Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826 fue el primer gran intento de construir una comunidad política latinoamericana capaz de defender su soberanía frente a las potencias de la época.
Aquella iniciativa fracasó por las divisiones internas y por la presión de intereses externos. Sin embargo, dejó sembrada una idea que continúa recorriendo la historia continental: la unidad no es únicamente un ideal moral; es una necesidad geopolítica.
Décadas después, José Martí profundizaría esa intuición al advertir sobre los riesgos del expansionismo estadounidense. En su ensayo Nuestra América, publicado en 1891, llamó a construir una identidad propia, capaz de dialogar con el mundo sin renunciar a sus raíces. Su célebre afirmación, «Patria es humanidad», sintetiza una concepción del internacionalismo basada en la solidaridad entre los pueblos y no en la imposición de unos sobre otros.
Martí también dejó una advertencia que conserva plena vigencia:
«Injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas.»
En una época marcada por la globalización económica, la revolución digital y la concentración del poder tecnológico, esa reflexión adquiere un nuevo significado. Integrarse al mundo no implica renunciar a la soberanía cultural, económica o política. Por el contrario, exige fortalecerla.
A comienzos del siglo XX, esa misma tradición emancipadora encontró una nueva expresión en Augusto César Sandino. Frente a la ocupación militar estadounidense de Nicaragua, Sandino transformó una lucha nacional en una causa latinoamericana. Comprendió que la defensa de la soberanía de un país pequeño solo podía sostenerse mediante la solidaridad internacional y la conciencia de pertenecer a una misma comunidad histórica.
Su ejemplo trascendió las fronteras nicaragüenses. No fue únicamente un jefe guerrillero; fue un pensador político que vinculó la independencia nacional con la dignidad de los pueblos. Cuando afirmaba que «no vendo ni me rindo», no expresaba únicamente una decisión personal. Resumía una ética de resistencia frente a cualquier forma de dominación extranjera.
No es casual que, décadas después, el Frente Sandinista de Liberación Nacional recuperara su legado como uno de los pilares de la Revolución Popular Sandinista. Desde esa tradición política, Daniel Ortega ha reivindicado en distintos foros internacionales la continuidad del pensamiento de Bolívar, Martí y Sandino, defendiendo la integración latinoamericana y la cooperación Sur-Sur como herramientas para preservar la independencia de la región frente a las nuevas formas de hegemonía. Más allá de las distintas valoraciones que suscita su liderazgo, esa reivindicación forma parte del debate contemporáneo sobre el lugar de América Latina en un mundo en transformación.
La Asamblea de Caracas se inscribe precisamente en esa larga secuencia histórica. No surge de la nada ni responde únicamente a una coyuntura política. Es heredera de una tradición que ha buscado, durante más de dos siglos, convertir la unidad latinoamericana en una fuerza capaz de influir en el escenario internacional.
Del antiimperialismo histórico al mundo multipolar
El siglo XX amplió esa tradición más allá de América Latina. La Conferencia de Bandung, celebrada en Indonesia en 1955, reunió por primera vez a países de Asia y África decididos a construir una voz propia frente a la lógica de la Guerra Fría. Aquel encuentro abriría el camino al Movimiento de Países No Alineados y consolidaría la idea de que el Sur Global podía actuar como un sujeto político con intereses comunes.
Pocos años después, la Conferencia Tricontinental de La Habana, impulsada en 1966, profundizó esa visión al reunir movimientos de liberación de Asia, África y América Latina. Allí, el internacionalismo dejó de ser una consigna para convertirse en una práctica política concreta.
Fidel Castro resumiría esa concepción en una idea que marcaría a varias generaciones de militantes: la solidaridad no consiste en compartir lo que sobra, sino en compartir el destino de quienes luchan por su emancipación. Esa filosofía inspiró buena parte de la cooperación internacional desarrollada por Cuba en ámbitos como la salud, la educación y la formación técnica.
Durante las primeras décadas del siglo XXI, la creación del ALBA-TCP, la UNASUR y la CELAC retomó, con distintos matices, esa búsqueda de integración regional. Más recientemente, la expansión de los BRICS ha abierto un nuevo escenario internacional en el que economías emergentes reclaman una mayor participación en la gobernanza mundial y cuestionan la concentración del poder financiero y político heredada del final de la Guerra Fría.
Caracas: mucho más que la sede de un encuentro
Cuando el comandante Hugo Chávez afirmaba que el siglo XXI sería "el siglo del retorno de los pueblos a la política", muchos interpretaron aquella idea como una consigna asociada exclusivamente al proceso bolivariano. Dos décadas después, el escenario internacional parece demostrar que esa reflexión trascendía las fronteras venezolanas. Desde América Latina hasta África, desde Asia hasta Oriente Medio, los pueblos vuelven a ocupar un lugar central en la disputa por el rumbo del mundo.
Por esa razón, la elección de Caracas como sede de la Asamblea de los Pueblos por la Paz y la Soberanía de Nuestra América no respondió únicamente a criterios logísticos o diplomáticos. Venezuela representa, para unos, un símbolo de resistencia frente a las políticas de sanciones y aislamiento internacional; para otros, un país inmerso en profundas controversias políticas internas. Ambas realidades forman parte del debate contemporáneo y no deben ocultarse. Sin embargo, limitar el análisis a esa controversia impediría comprender el significado más amplio del encuentro.
Desde el triunfo de la Revolución Bolivariana en 1999, Venezuela ha impulsado numerosos mecanismos de integración regional. La creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), Petrocaribe, la participación activa en la fundación de la CELAC y el impulso a diversas iniciativas de cooperación Sur-Sur respondieron a una concepción de la política internacional que privilegiaba la complementariedad frente a la competencia y la solidaridad frente a la subordinación.
En ese marco, Caracas se convirtió durante años en un espacio de encuentro para movimientos sociales, organizaciones campesinas, sindicatos, intelectuales, redes de solidaridad y representantes de pueblos indígenas de distintos continentes. La Asamblea de diciembre de 2025 constituye una continuidad de esa tradición.
Pero también responde a un fenómeno nuevo.
Durante los últimos años, la política internacional ha dejado de estar determinada exclusivamente por los Estados. Las grandes corporaciones tecnológicas administran enormes volúmenes de información; los fondos de inversión condicionan economías nacionales; las plataformas digitales influyen sobre la opinión pública; los conflictos comerciales afectan la estabilidad política de regiones enteras; y la inteligencia artificial comienza a modificar la forma en que se produce el conocimiento.
En ese escenario, numerosos movimientos populares consideran que la defensa de la soberanía ya no puede limitarse al ámbito militar o diplomático. Debe abarcar también la economía, la comunicación, la ciencia, la tecnología y la cultura.
Ese diagnóstico recorrió toda la Asamblea.
Los pueblos toman la palabra
Las cifras sobre la participación varían según las fuentes consultadas. Los organizadores informaron de la presencia de centenares de delegados procedentes de decenas de países de América Latina, el Caribe, África, Asia, Europa y Norteamérica. Más allá del número exacto, existe un hecho indiscutible: la diversidad de actores presentes.
En Caracas coincidieron organizaciones campesinas, movimientos obreros, redes de mujeres, juventudes, pueblos indígenas, juristas, parlamentarios, académicos, artistas, comunicadores populares, colectivos ecologistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos desde una perspectiva antiimperialista.
La presencia de delegaciones procedentes de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Colombia, Brasil, México, Argentina, Honduras, Chile, Sudáfrica, Palestina, China, Rusia y otros países confirmó la voluntad de construir un espacio de diálogo que trascendiera las fronteras latinoamericanas.
Más que una reunión de dirigentes políticos, la Asamblea buscó convertirse en un lugar de encuentro entre experiencias diversas de organización popular.
Ese aspecto constituye, probablemente, una de sus principales novedades.
Durante décadas, la integración latinoamericana dependió casi exclusivamente de la voluntad de los gobiernos. Cada cambio electoral alteraba prioridades, debilitaba instituciones y paralizaba numerosos proyectos regionales. La Asamblea parte de otra lógica: fortalecer los vínculos permanentes entre las organizaciones sociales para que la cooperación no dependa exclusivamente de los ciclos políticos nacionales.
Es una apuesta de largo plazo.
Y precisamente por ello representa uno de los desafíos más ambiciosos del encuentro.
Una paz inseparable de la justicia
Uno de los aspectos más relevantes de los debates fue la redefinición del concepto de paz.
Para las organizaciones reunidas en Caracas, la paz no puede reducirse a la ausencia de guerras.
Una sociedad sometida al hambre, a la pobreza, al bloqueo económico, al saqueo de sus recursos naturales o a la dependencia tecnológica difícilmente puede considerarse una sociedad en paz.
Esa concepción recuerda una afirmación de Fidel Castro pronunciada ante las Naciones Unidas:
"La paz no es solamente la ausencia de guerra; la paz es también el respeto al derecho de los pueblos a existir y desarrollarse."
Esa idea atravesó buena parte de las intervenciones.
No se habló únicamente de conflictos armados.
Se habló de desigualdad.
De deuda externa.
De colonialismo financiero.
De monopolios tecnológicos.
De concentración mediática.
De crisis climática.
De migraciones forzadas.
De acceso desigual a las vacunas.
De inteligencia artificial.
De soberanía alimentaria.
En otras palabras, la Asamblea propuso ampliar el concepto tradicional de seguridad internacional incorporando dimensiones sociales, económicas, ambientales y culturales.
El significado político de la Asamblea
Los grandes medios internacionales apenas dedicaron espacio a este encuentro. Para muchos observadores, pasó prácticamente inadvertido.
Sin embargo, la historia demuestra que numerosos procesos políticos de gran trascendencia comenzaron lejos de los titulares.
El Congreso Anfictiónico convocado por Bolívar no transformó inmediatamente América Latina.
La Conferencia de Bandung tampoco alteró el equilibrio internacional de un día para otro.
El Movimiento de Países No Alineados necesitó años para consolidarse como una referencia del Sur Global.
La historia rara vez cambia de dirección en un solo acontecimiento.
Lo hace mediante la acumulación de iniciativas, debates y organizaciones que, con el tiempo, terminan modificando la correlación de fuerzas.
Quizá la Asamblea de los Pueblos por la Paz y la Soberanía de Nuestra América deba entenderse precisamente desde esa perspectiva.
No como un punto de llegada.
Sino como un punto de partida.
Como el intento de articular una red internacional de organizaciones populares en un momento en que el sistema internacional atraviesa una de las mayores transformaciones desde el final de la Guerra Fría.
Todavía es pronto para saber cuál será su alcance.
Ningún proceso histórico ofrece garantías.
Pero existe una enseñanza que atraviesa dos siglos de luchas latinoamericanas.
Bolívar imaginó una América unida cuando las guerras de independencia aún no habían concluido.
Martí comprendió que la libertad política exigía también independencia cultural y económica.
Sandino convirtió la defensa de la soberanía en una bandera continental.
Fidel transformó el internacionalismo en una práctica concreta de solidaridad entre los pueblos.
Y desde la Revolución Sandinista, Daniel Ortega ha insistido en que la integración latinoamericana sigue siendo una condición indispensable para preservar la independencia frente a las nuevas formas de dominación.
La Asamblea de Caracas recoge ese legado diverso. No pretende reproducir mecánicamente las experiencias del pasado, sino adaptarlas a un mundo marcado por la revolución tecnológica, la disputa geoeconómica y el surgimiento de nuevos centros de poder.
Si logrará o no consolidarse como un actor relevante dependerá de su capacidad para trascender las declaraciones y construir organización, cooperación y acción política permanente.
Porque la historia enseña una lección que los pueblos de Nuestra América han aprendido una y otra vez: la soberanía nunca ha sido una concesión de los poderosos. Siempre ha sido una conquista de quienes decidieron organizarse para defenderla.
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