Por Javier Huerta
Hay momentos en la historia en que el mundo parece moverse con una lentitud desesperante. Y hay otros en los que los acontecimientos se precipitan hasta alterar, en pocos años, el equilibrio geopolítico construido durante décadas. La tercera década del siglo XXI pertenece, sin duda, a esta segunda categoría. El sistema internacional atraviesa una transformación de enorme magnitud: la hegemonía unipolar surgida tras la desaparición de la Unión Soviética muestra signos evidentes de agotamiento, mientras nuevas potencias económicas y políticas disputan espacios de influencia en un escenario cada vez más complejo e incierto.
Las guerras en Ucrania y Oriente Medio, el genocidio que sufre el pueblo palestino en Gaza, el ascenso de China como potencia global, la ampliación de los BRICS+, la creciente utilización de sanciones económicas como instrumento de presión política, las disputas por el control de los recursos estratégicos y la acelerada revolución tecnológica configuran un panorama internacional profundamente distinto al de hace apenas dos décadas. No se trata únicamente de una confrontación entre Estados. Es también una disputa entre modelos de desarrollo, concepciones de la democracia, sistemas económicos y formas de entender las relaciones internacionales.
En ese contexto debe situarse la Asamblea de los Pueblos por la Paz y la Soberanía de Nuestra América, celebrada en Caracas entre el 9 y el 11 de diciembre de 2025. Reducir aquel encuentro a una iniciativa promovida por el Gobierno venezolano sería quedarse en la superficie de los acontecimientos. Más allá de quién impulsó la convocatoria, la Asamblea expresó una inquietud que recorre buena parte del Sur Global: la necesidad de construir nuevos espacios de articulación política entre movimientos sociales, organizaciones populares, intelectuales, sindicatos, campesinos, pueblos indígenas y redes de solidaridad internacional para intervenir activamente en la configuración del mundo que está emergiendo.
No es casual que el encuentro haya pasado prácticamente desapercibido para los grandes conglomerados mediáticos occidentales. La atención informativa suele concentrarse en las cumbres de las grandes potencias, en las reuniones de organismos financieros internacionales o en las alianzas militares. Mucho menos espacio reciben aquellos procesos que intentan fortalecer el protagonismo político de los pueblos organizados. Sin embargo, si algo demuestra la historia latinoamericana es que muchas de las transformaciones más profundas no comenzaron en los despachos gubernamentales, sino en la organización social y en la capacidad de los pueblos para construir proyectos colectivos.
La Asamblea de Caracas debe entenderse precisamente desde esa perspectiva.
Una tradición histórica de resistencia e integración
La idea de reunir a los pueblos de América Latina para debatir su destino común no nació en diciembre de 2025. Tiene raíces profundas que atraviesan más de dos siglos de historia.
Cuando Simón Bolívar convocó el Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826, comprendía que las jóvenes repúblicas recién independizadas difícilmente podrían preservar su soberanía si permanecían aisladas. Su proyecto de integración continental fue derrotado por las divisiones internas y por los intereses de las potencias emergentes, pero dejó sembrada una idea que recorrería toda la historia latinoamericana: la unidad constituye una condición indispensable para la independencia efectiva.
Décadas después, José Martí advertía que "trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra". Su reflexión sigue teniendo una sorprendente vigencia en una época en la que las disputas geopolíticas ya no se libran únicamente mediante ejércitos, sino también a través de plataformas digitales, conglomerados mediáticos, sistemas financieros y tecnologías de la información.
Durante el siglo XX esa tradición integracionista encontró nuevas expresiones. La Revolución Cubana convirtió el internacionalismo en uno de sus principios fundamentales. La Conferencia Tricontinental celebrada en La Habana en 1966 reunió movimientos de liberación de Asia, África y América Latina bajo la convicción de que las luchas contra el colonialismo y el imperialismo formaban parte de un mismo proceso histórico. Posteriormente, el Movimiento de Países No Alineados intentó construir una voz propia frente a la lógica bipolar de la Guerra Fría, mientras que a finales del siglo XX y comienzos del XXI surgieron espacios como el Foro de São Paulo, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), la CELAC y otros mecanismos de integración regional.
La Asamblea de los Pueblos por la Paz y la Soberanía de Nuestra América recoge parte de ese legado histórico. No pretende sustituir a los organismos intergubernamentales existentes, sino complementarlos desde una lógica diferente: la articulación entre organizaciones populares. Esa diferencia resulta fundamental. Mientras los mecanismos tradicionales dependen de los cambios de gobierno y de las prioridades de los Estados, la Asamblea aspira a construir una red de cooperación sostenida por movimientos sociales, sindicatos, organizaciones campesinas, colectivos juveniles, pueblos indígenas, intelectuales y comunicadores.
Es una apuesta ambiciosa. También enfrenta enormes desafíos. Pero expresa una preocupación compartida por numerosos sectores progresistas del mundo: la integración no puede descansar exclusivamente en acuerdos diplomáticos; necesita raíces sociales profundas.
Caracas como escenario político
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| líderes sociales, intelectuales, juristas, parlamentarios y movimientos llegaron a Caracas para reafirmar el compromiso mundial con una paz justa y respetuosa del derecho internacional. Foto: teleSUR. |
La elección de Venezuela como sede tampoco fue casual.
Desde la llegada de la Revolución Bolivariana al poder en 1999, Caracas se ha convertido en un espacio habitual para encuentros internacionales vinculados al pensamiento antiimperialista, la integración regional y la solidaridad entre los pueblos. Durante más de dos décadas, el país ha promovido iniciativas como el ALBA-TCP, Petrocaribe y diversos congresos internacionales sobre comunicación, antifascismo, paz y soberanía.
Al mismo tiempo, Venezuela se ha transformado en uno de los principales escenarios de la confrontación geopolítica contemporánea. Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y algunos de sus aliados, los intentos de aislamiento diplomático, el reconocimiento internacional de gobiernos paralelos durante determinados periodos y la intensa disputa mediática en torno al proceso político venezolano convirtieron al país en un laboratorio de las nuevas formas de confrontación internacional.
Precisamente por ello, muchos participantes interpretaron la Asamblea como una respuesta política frente a esa realidad. La paz, sostuvieron reiteradamente las delegaciones presentes, no puede construirse mientras existan bloqueos económicos, medidas coercitivas unilaterales o intervenciones externas destinadas a condicionar las decisiones soberanas de los Estados.
Esa afirmación no estuvo exenta de controversia. Diversos gobiernos occidentales y organizaciones de derechos humanos mantienen fuertes críticas hacia la situación política venezolana y cuestionan la legitimidad de algunas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo de Caracas. Ignorar ese debate sería una simplificación. Sin embargo, también es cierto que una parte significativa de los movimientos sociales participantes compartió la idea de que las sanciones económicas castigan principalmente a las poblaciones y constituyen un instrumento de presión incompatible con el principio de autodeterminación de los pueblos.
Más allá de las diferentes valoraciones sobre el proceso venezolano, la Asamblea puso sobre la mesa una discusión de alcance mucho mayor: ¿puede hablarse de un orden internacional basado en normas comunes cuando las sanciones unilaterales, las intervenciones militares selectivas o la aplicación desigual del derecho internacional forman parte habitual de la política global?
Una convocatoria internacional
Las cifras sobre la participación varían según las fuentes consultadas. Los organizadores hablaron de centenares de delegados procedentes de más de medio centenar de países, mientras otras informaciones se refirieron específicamente a la presencia de representantes de alrededor de treinta naciones latinoamericanas y caribeñas. Más allá del dato exacto, existe consenso en que la convocatoria reunió una amplia diversidad de organizaciones provenientes de América Latina, el Caribe, África, Asia, Europa y Norteamérica.
Participaron movimientos campesinos, centrales sindicales, organizaciones indígenas, colectivos feministas, redes juveniles, plataformas de solidaridad internacional, juristas, parlamentarios, comunicadores populares, académicos y representantes de diversas expresiones de la sociedad civil organizada. Entre las organizaciones presentes destacaron la Asociación Americana de Juristas, el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (MOPASSOL), redes de intelectuales latinoamericanos, organizaciones culturales y colectivos comprometidos con la defensa del derecho internacional y la integración regional.
Más allá de las diferencias ideológicas o nacionales, existía un denominador común: la convicción de que el mundo atraviesa una etapa de transición histórica y que los movimientos populares no pueden limitarse a observar pasivamente esos cambios. Deben organizarse para influir en ellos.
En ese sentido, la Asamblea no fue concebida como un simple foro de debate. Desde su sesión inaugural quedó claro que la intención era mucho más ambiciosa: sentar las bases de un movimiento internacional permanente capaz de coordinar iniciativas políticas, culturales y comunicacionales entre organizaciones del Sur Global.
La propia idea de permanencia constituye uno de los aspectos más relevantes del encuentro. No se trataba únicamente de intercambiar diagnósticos durante tres días, sino de construir mecanismos estables de cooperación que permitieran responder colectivamente a los desafíos de una época marcada por profundas transformaciones geopolíticas.
Ese propósito quedó reflejado en las distintas mesas de trabajo, donde comenzaron a perfilarse los grandes ejes que atravesarían toda la Asamblea: la defensa de la paz, la soberanía de los pueblos, la integración regional, la batalla por la comunicación, la justicia climática, los derechos de los migrantes, la solidaridad con Palestina y la necesidad de avanzar hacia un orden internacional más equilibrado y multipolar.
Pero quizá el debate más novedoso no giró únicamente en torno a la geopolítica tradicional. Los participantes sostuvieron que las guerras del siglo XXI ya no se libran exclusivamente con ejércitos o armamento convencional. También se combaten mediante el control de la información, las plataformas digitales, los sistemas financieros y la capacidad para construir relatos capaces de legitimar determinadas políticas internacionales.
Ese diagnóstico abriría paso a uno de los conceptos más discutidos durante la Asamblea: la soberanía cognitiva, una idea que resume buena parte de las preocupaciones políticas de los movimientos sociales reunidos en Caracas y que constituye, probablemente, uno de los aportes más originales del encuentro.
La Soberanía
Si hubo un concepto que atravesó prácticamente todas las mesas de trabajo de la Asamblea fue el de soberanía. Pero no la soberanía entendida únicamente como la defensa de las fronteras nacionales o la integridad territorial de los Estados. Los debates desarrollados en Caracas partieron de una premisa mucho más amplia: en el siglo XXI la independencia de los pueblos depende también de quién controla la economía, la tecnología, las finanzas, la producción de alimentos, los recursos naturales y, cada vez con mayor intensidad, la información.
Esta visión supone una ruptura con las concepciones clásicas de las relaciones internacionales. Durante buena parte del siglo XX las amenazas a la soberanía eran identificadas casi exclusivamente con invasiones militares, golpes de Estado o intervenciones directas. Hoy, sin embargo, numerosos movimientos sociales consideran que las formas de dominación se han diversificado. Las sanciones económicas, la especulación financiera, el control de las cadenas globales de suministro, la dependencia tecnológica, el monopolio de las plataformas digitales y la concentración mediática forman parte de un mismo entramado de poder que condiciona la capacidad de decisión de muchos países.
Fue en ese contexto donde cobró fuerza una de las ideas más novedosas del encuentro: la soberanía cognitiva.
Los participantes sostuvieron que las guerras contemporáneas no se libran únicamente sobre el terreno. Se desarrollan también en el espacio informativo. Las grandes plataformas digitales, los algoritmos, la inteligencia artificial, los conglomerados mediáticos y las campañas de desinformación son hoy instrumentos capaces de moldear percepciones, justificar sanciones, legitimar intervenciones o deslegitimar procesos políticos. No se trata de una teoría conspirativa, sino de una constatación compartida por numerosos investigadores de la comunicación y de las relaciones internacionales: la información se ha convertido en un recurso estratégico.
Desde esta perspectiva, la defensa de la soberanía exige construir capacidades propias de producción de conocimiento, comunicación y desarrollo tecnológico. La propuesta de crear una red internacional de medios populares y plataformas de comunicación alternativa respondió precisamente a esa preocupación. El objetivo no era únicamente difundir otra narrativa, sino garantizar que los pueblos dispongan de herramientas para contar su propia historia sin depender exclusivamente de los grandes centros de producción informativa.
Esta reflexión resulta particularmente relevante para América Latina, una región donde históricamente la concentración de los medios de comunicación ha estado estrechamente vinculada a grupos económicos con enorme capacidad de influencia política. La democratización de la comunicación apareció así como una condición necesaria para profundizar la democracia misma.
La discusión sobre la soberanía cognitiva estuvo estrechamente ligada a otro de los ejes de la Asamblea: la defensa del derecho internacional frente al uso creciente de las medidas coercitivas unilaterales. Las delegaciones denunciaron que las sanciones económicas aplicadas fuera del marco de las Naciones Unidas constituyen una forma de presión política cuyos efectos recaen principalmente sobre la población civil. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán y otros países fueron citados como ejemplos de esa realidad.
Desde luego, la cuestión de las sanciones continúa siendo objeto de un intenso debate internacional. Sus defensores sostienen que representan un mecanismo de presión frente a gobiernos acusados de violar derechos humanos o quebrantar principios democráticos. Sus detractores argumentan que, en la práctica, terminan agravando las condiciones de vida de millones de personas y vulnerando el principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados. La Asamblea se alineó claramente con esta segunda interpretación y reclamó su eliminación como condición para avanzar hacia una paz duradera.
Otro de los momentos de mayor contenido político fue la expresión de solidaridad con el pueblo palestino. La guerra en Gaza ocupó un lugar destacado en las intervenciones de numerosas delegaciones, que denunciaron la destrucción masiva de infraestructura civil, la crisis humanitaria y la incapacidad de la comunidad internacional para hacer cumplir de manera efectiva el derecho internacional humanitario. Para los participantes, Palestina simboliza uno de los mayores desafíos del orden internacional contemporáneo: la existencia de normas universales cuya aplicación parece depender, con demasiada frecuencia, de la correlación de fuerzas entre las potencias.
La Asamblea interpretó ese conflicto como un recordatorio de que la paz no puede separarse de la justicia. No basta con reclamar el cese de las hostilidades si no se abordan las causas estructurales que las originan. Esa misma lógica fue extendida a otras regiones del planeta, donde la pobreza, la desigualdad, el saqueo de recursos naturales o las intervenciones externas alimentan escenarios de violencia persistente.
Las discusiones no se limitaron, sin embargo, al diagnóstico. Uno de los principales resultados del encuentro fue la aprobación del Manifiesto de Caracas por la Paz, la Soberanía y la Verdad de los Pueblos, concebido como una hoja de ruta para la acción política de la Asamblea. Más que una declaración protocolaria, el documento expresa una visión del mundo. Afirma que la paz solo puede sostenerse sobre la justicia social; reivindica el derecho de los pueblos a decidir libremente su destino; rechaza las sanciones económicas unilaterales y toda forma de injerencia extranjera; denuncia el resurgimiento del fascismo y del racismo en distintas regiones; llama a fortalecer la cooperación Sur-Sur y propone consolidar una red permanente de articulación entre movimientos sociales, organizaciones populares y espacios de integración regional.
Uno de los compromisos más significativos fue precisamente la decisión de que la Asamblea no terminara con la clausura del encuentro. Caracas fue propuesta como sede permanente de un proceso de coordinación internacional destinado a mantener intercambios, campañas de solidaridad, iniciativas culturales y mecanismos de cooperación política. En un tiempo en que la fragmentación suele imponerse sobre la organización colectiva, la voluntad de construir una estructura estable constituye, por sí misma, un hecho político relevante.
Ahora bien, un análisis serio también exige preguntarse por los desafíos de esta iniciativa. La historia latinoamericana está llena de proyectos de integración que despertaron grandes expectativas y que posteriormente perdieron impulso por cambios de gobierno, diferencias ideológicas o dificultades institucionales. La propia Asamblea deberá demostrar en los próximos años que puede trascender la lógica del acontecimiento y convertirse en un actor con capacidad real de articulación. Ello dependerá, en buena medida, de su autonomía, de su pluralidad interna y de su capacidad para incorporar voces diversas del campo popular sin quedar reducida a la agenda de un solo gobierno o de una sola organización política.
Desde una perspectiva internacionalista de izquierda, esa es quizá la principal tarea pendiente. El internacionalismo nunca ha consistido en la adhesión acrítica a un Estado o a un liderazgo determinado. Su esencia radica en la solidaridad entre los pueblos, en la defensa de la autodeterminación y en la convicción de que los problemas fundamentales de nuestro tiempo —la desigualdad, la guerra, la crisis climática, la concentración de la riqueza o la revolución tecnológica— no pueden resolverse dentro de las fronteras nacionales. Exigen formas nuevas de cooperación y de organización internacional.
En ese sentido, la Asamblea de Caracas recupera una intuición presente en las mejores tradiciones emancipadoras de América Latina: la unidad no debe entenderse como uniformidad, sino como convergencia de luchas. Bolívar imaginó una confederación de repúblicas; Martí habló de "Nuestra América" frente a las pretensiones hegemónicas; Sandino convirtió la soberanía en una causa continental; Fidel Castro defendió el internacionalismo como un deber revolucionario; Hugo Chávez insistió en que la integración debía construirse desde la solidaridad y no desde la competencia. La Asamblea se reconoce heredera de ese legado, aunque deba adaptarlo a un escenario profundamente distinto, marcado por la digitalización, la inteligencia artificial, la disputa tecnológica y la emergencia de nuevos polos de poder.
Es legítimo que existan discrepancias sobre algunos de sus planteamientos o sobre el papel desempeñado por el Gobierno venezolano en la organización del encuentro. La crítica forma parte del debate democrático. Pero reducir la Asamblea a esas controversias impediría comprender su verdadero alcance. Lo ocurrido en Caracas refleja una tendencia más amplia: la búsqueda, por parte de numerosos movimientos sociales del Sur Global, de espacios propios de coordinación en un momento en que el orden internacional atraviesa una transformación acelerada.
Quizá todavía sea pronto para saber si esta iniciativa logrará consolidarse como un referente estable del internacionalismo contemporáneo. La historia no concede victorias anticipadas ni garantiza el éxito de ningún proyecto colectivo. Sin embargo, también enseña que las grandes transformaciones comienzan muchas veces como ideas que parecen prematuras. Nadie podía prever, en los primeros congresos obreros del siglo XIX, el alcance que adquiriría el movimiento sindical internacional. Tampoco era evidente, en la Conferencia de Bandung de 1955, que aquel encuentro abriría el camino al Movimiento de Países No Alineados. Los procesos históricos necesitan tiempo para revelar toda su dimensión.
Lo que sí puede afirmarse es que la Asamblea de los Pueblos por la Paz y la Soberanía de Nuestra América expresó una inquietud compartida por amplios sectores del mundo: la convicción de que la paz no puede sostenerse sobre la desigualdad, que la soberanía pierde contenido cuando las decisiones fundamentales quedan subordinadas a intereses externos y que la integración entre los pueblos constituye una condición indispensable para enfrentar los desafíos de un siglo marcado por profundas mutaciones geopolíticas.
En un escenario donde resurgen el militarismo, las políticas de bloques y las tensiones entre grandes potencias, la reunión de Caracas recordó una verdad que con frecuencia queda relegada en los análisis internacionales: la historia no la escriben únicamente los gobiernos ni los ejércitos. También la construyen los pueblos cuando deciden organizarse, debatir y actuar colectivamente. Quizá ese sea, más allá de cualquier declaración final, el legado político más importante de la Asamblea: haber reivindicado que el internacionalismo sigue siendo una herramienta vigente para quienes creen que otro orden mundial no solo es necesario, sino también posible.
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