Sandra Gamboa explica cómo funcionó el servicio secreto de Colombia, DAS, en los años de Uribe en los que se persiguió y desaparecieron defensores de derechos humanos.
Lola Matamala |
Sandra Gamboa Rubiano es abogada del Colectivo José Alvear Restrepo de Colombia, un grupo considerado la columna vertebral de multitud de organizaciones de derechos humanos en el país. Gamboa defiende a personas y asociaciones amenazadas por el aparato paramilitar, que según las investigaciones de la Fiscalía General de Colombia han estado vinculados y amparados por el llamado Departamento Administrativo de Seguridad, (DAS), en los años de Gobierno de Álvaro Uribe (2002- 2009). En ese tiempo fueron investigados opositores políticos, periodistas, jueces y defensores de derechos humanos, entre otros. Esa información en muchos casos sirvió para cometer crímenes que llevaron a cabo grupos paramilitares según la investigación de la Fiscalía, proceso que aún se sigue investigando. El DAS se convirtió en “una empresa criminal” que trascendió frontera, según lo definió Jaime Arrubla, magistrado ex presidente de la Corte Suprema.
DIAGONAL: ¿Cuál es el trabajo del colectivo de abogados José Alvear Restrepo?
SANDRA GAMBOA: Nuestro trabajo es jurídico, pero también político, y social. Defendemos a detenidos políticos y presos de conciencia. Es una actuación estratégica porque la violación de los derechos humanos en Colombia es sistemática y es imposible abordar todos los casos. Entonces, tratamos de que las denuncias que llevamos sienten jurisprudencia para beneficiar al resto de la sociedad. Por ejemplo, casos de ejecuciones extrajudiciales, considerados crímenes de lesa humanidad.
D.: Ustedes se han sumado a la denuncia contra el Servicio Administrativo de Seguridad, DAS. ¿Cómo se destapó esa trama ilegal?
S. G.: Hace una funcionaria observó cómo se estaban borrando órdenes de captura y de extradición en la base de datos del Departamento Administrativo de Seguridad. Esta mujer informó de esos hechos a la Fiscalía del Estado y a algunos medios de información. Entonces, los fiscales ordenaron el registro de la sede del DAS y detuvieron a Rafael García, jefe informático. Al confesar éste quedó clara la implicación de Jorge Noguera, director del DAS. Unos meses después, en febrero de 2009 la Fiscalía emitió un informe donde condenaba estas actuaciones. También se desveló que los teléfonos de jueces, periodistas, políticos y defensores de derechos humanos, entre otros, habían sufrido chuzadas [pinchazos telefónicos]. Esa información se filtró a través de la prensa y la Fiscalía. Incluso en el registro de la sede del servicio secreto del Estado aparecieron los ficheros llamados “AZ’s, en los que figuran datos relevantes sobre todos los investigados. Nuestro colectivo de abogados también aparece registrado en lo se llamó Operación Transmilenio. Hay pruebas de que Noguera cumplió órdenes de los paramilitares e incluso ejerció de interlocutor entre el DAS y los paramilitares. Las acciones principales que desarrolló Noguera fue el sabotaje contra acciones del Gobierno a estos grupos paramilitares de las que él tenía conocimiento. Incluso, él u otro cargo del DAS financiaron a grupos paramilitares. Se calcula que el 10% de las contrataciones del DAS durante la época de Noguera financiaron al Bloque Norte [grupo paramilitar] y que se les suministró información.
D.: ¿Qué poder se le otorga al máximo responsable del DAS?
S. G.: El director ocupaba un puesto oficial equiparable a un ministro. Manejó información judicial, requerimientos de extradición, órdenes de captura y el archivo del defensor de derechos humanos. También el DAS estaba capacitado para hacer estudios para determinar el riesgo que pueden correr determinados ciudadanos (políticos, activistas sociales, etc.) que se recogen en la base de datos SIFDAS, archivo que también se utilizó en contra de esas personas.
D.: ¿Cómo se organizaron los funcionarios del Estado y el paramilitarismo?
S.G.: Crearon dos subestructuras con el fin de que Uribe tuviera vía libre en todos los sentidos. Por un lado, el DAS se puso al servicio del crimen organizado y por otro, actuaban estos ejércitos privados garantizándose la impunidad. Eso supuso un empoderamiento del paramilitarismo como actor supuestamente legal; aunque en Colombia el poder de estos grupos armados siempre ha existido de forma encubierta. Esta alianza comienza en la campaña presidencial de Uribe en 2002, en la región de Magdalena Medio. Ahí los paramilitares aparecen como actores ‘normales’. Los políticos implicados fueron Alfonso Campo y Gloria Bornacelli. Ésta terminó siendo subdirectora del DAS en Magdalena y hoy está condenada por su relación con grupos armados. También está implicado Rafael García, jefe de campaña de Uribe en esa región, encargado de las mesas de votación y jefe informático del DAS.
D.: ¿Y la persecución a defensores, periodistas, etc.?
S.G.: El archivo SIFDAS, con información sobre supuestos ‘blancos’ (personas de izquierda), susceptibles de ser asesinados por paramilitares, se transfirió del DAS a estos grupos. Ese fue el caso del maestro Alfredo Correa, asesinado, y cuya hoja de vida apareció en un campamento paramilitar al igual que Adán Pacheco, un sindicalista que fue asesinado. La Fiscalía certificó que desde el DAS se borraron antecedentes y órdenes de extradición de paramilitares para que pudieran entrar y salir del país. En el proceso abierto ahora a los funcionarios del DAS por las persecuciones se ve que toda la estructura del servicio secreto servía a dos grupos militares el G3 (hasta 2005) y Goldin. Todas las secciones del DAS mandaban datos sobre defensores, magistrados de la Corte Suprema y políticos de la oposición como la diputada Piedad Córdoba.
D.: ¿Qué opina del asilo político concedido en Panamá a la ex directora del DAS, María Pilar Hurtado?
S.G.: Con las pruebas de la Fiscalía, Hurtado es culpable de crímenes de lesa humanidad. Es escandaloso que se la considere perseguida política.
D.:¿Hay implicación de Álvaro Uribe en este caso?
S.G.: Sí, lo que han confesado miembros de este aparato criminal. Algunas informaciones son secreto de sumario. Esperamos que los procedimientos avancen y celebramos la querella interpuesta en el Estado español por estos crímenes.
DEFENSA DE PERIODISTAS ASESINADOS Y PERSEGUIDOS POR GRUPOS MILITARES Y EL DAS
L.M. (MADRID)
DIAGONAL: ¿Entre los casos que defiende, en qué situación se encuentra el de William Parra, Hollman Morris y Jaime Garzón?
S.G.: El asesinato en 1999 del periodista independiente Jaime Garzón por grupos militares ha permanecido en la impunidad durante diez años. Uno de los responsables, según las confesiones de los implicados, es José Miguel Narváez, subdirector del DAS. La nueva fiscal, ha ordenado la detención de Narváez. El caso del periodista Hollman Morris, a quien se acusó de haber coaccionado a unos militares secuestrados que agradecieron la labor de Piedad Córdoba por su liberación, también fue protagonista de varios vídeos de propaganda surgidos de un grupo llamado “Game” creado desde el DAS y que era financiado, según la declaración de un implicado, por EE UU. El periodista tiene una beca en Harvard por su destacado trabajo periodístico y como codirector, acaba de estrenar Impunity. Por otra parte, William Parra, periodista independiente, está refugiado en Venezuela. Se le acusa de colaboración con las FARC por supuestas pruebas encontradas en el ordenador de Raúl Reyes. Y tras un proceso impreciso, tiene orden de búsqueda y captura.
D.: Lleva la acusación contra Jorge Noguera, ex jefe del DAS.
S.G.: Los procesos contra el ex jefe del DAS son dos: varios homicidios y su trabajo con el paramilitarismo y desde enero de este año se está celebrando el juicio en la Corte Suprema de uno de ellos.La organización el CCAJAR, representante de las víctimas, solicitó a la Corte Suprema que se le condene por los delitos de concierto para delinquir y tres homicidios agravados.
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