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miércoles, 7 de septiembre de 2011

Honduras: Resarcimiento humano sigue impune . Por Ronnie Huete


El Programa Nacional de Reparaciones (PNR), aprobado en el decreto ejecutivo número PCM-028-2008 en el gobierno de José Manuel Zelaya, aún no es una realidad.

Según el artículo 1 de este decreto el fin específico de este programa es el resarcimiento, individual colectivo de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, cometidos durante la década de 1980 hasta 1993.
El PNR está adscrito a la presidencia de la República, y el cual puede denominarse “Programa Integral de Reparación”, sin embargo su contexto aun no ha sido discutido en el Congreso Nacional de Honduras.

Este programa nace como consecuencia de las constantes denuncias que hacen organismos no gubernamentales de derechos humanos entre ellos el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que ha documentado los hechos ocurridos en la década de los ochentas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tomas Nativí

Según el COFADEH a través de este decreto se tiene establecido la creación de un proyecto educacional en materia de derechos humanos, el que tiene como propósito desarrollar este tema de forma académica y cuyo nombre sería “Instituto de Derechos Humanos Tomas Natívi” en honor a este mártir desaparecido hace treinta años.

Los documentos proporcionados por el COFADEH confirman que en la década de los ochentas hay un total de 185 desaparecidos y después del golpe de Estado de 2009 existen 10 desapariciones forzadas hasta la fecha.

La existencia de un ente gubernamental que efectué una investigación de los responsables de estos casos, es una ausencia en este país, recién abatido por un golpe de Estado, y que ahora sufre los daños colaterales del mismo.

Según la coordinación del COFADEH el Estado fallido en que vive Honduras, hace que el tema de derechos Humanos sea inexistente, puesto que los intereses oficiales están encaminados a mantener el estatus quo que ha predominado históricamente hasta la fecha.

Parlamento Europeo

En relación a este tema el pasado mes de mayo de 2011, el portavoz de la sub Comisión de Derechos Humanos, del Parlamento Europeo, Richard Howitt manifestó ante los medios de comunicación en Honduras e internacionales, que el programa de reparaciones podría efectuarse con el apoyo de la Unión Europea (UE).

Howitt, participó en jornadas de entrevistas con sectores del gobierno, organizaciones de derechos humanos, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, y diplomáticos, para conocer la situación sobre derechos humanos que prevalece en Honduras, sin embargo aun es inexistente la discusión del Programa Nacional de Reparaciones (PNR).

Uno de los considerandos del PNR enfatiza en el caso de los seis estudiantes conocido en la década de los ochentas, cuyas vidas fueron expuestas al rapto y la tortura, y que debido a este hecho el Estado de Honduras fue demandado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no obstante aun no hay ambiente para practicar este programa.

La petición de este caso fue presentada por el COFADEH ante la CIDH por violaciones a los derechos humanos de; Ana Rivera, Adán López, Gilda María Rivera, Edwin Dagoberto López, Milton Jiménez Puerto y Marlen Jiménez Puerto.

Doctrina de seguridad


Este caso se suma a otras peticiones y casos  pendientes de resolución, en las que figuran hechos que se circunscriben en el mismo escenario de la doctrina de seguridad nacional en la década de los ochentas en Honduras.

El tema de derechos humanos en esta nación centroamericana, no está en la agenda de los responsables gubernamentales para que se respeten los mismos, puesto que las cifras de violencia y desapariciones forzadas en Honduras, siguen caracterizándola como una de las naciones más violentas de Latinoamérica.

Al establecer el Programa Nacional de Reparaciones, el COFADEH instauraría el instituto de Derechos Humanos “Tomas Nativi”, cuyo proyecto pretende desarrollar académicamente, el estudio de los derechos humanos como forma fundamental del respeto, que debe perseverar entre la humanidad en el Estado hondureño.

El autor de este artículo y fotografías  es corresponsalía  voluntaria de la revista Caros Amigos editada en são Paulo, Brasil para Centroamérica,  La Agencia informativa Latinoamericana Prensa Latina, Kaos en la red y El portal http://desacato.info editado en Florianópolis, Brasil

Honduras: Exigen cesar cacería humana


Por Ronnie Huete

Tegucigalpa, 5 de sep. A 29 años de conmemorar el día del detenido y desaparecido en Honduras, estos casos se tornan con mayor arraigo en la actualidad.

Después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), contabiliza cuatro personas que han desaparecidos. En la década de los ochentas se reportaron 185 casos.
 
En una reciente conferencia de prensa efectuada en las instalaciones del COFADEH, cuatro familiares de víctimas de desaparición, narraron su experiencia en la que enfatizaron la impunidad atascada en el Estado fallido que prevalece en la nación centroamericana.

Por razones de seguridad los nombres de los familiares son omitidos, sin embargo su testimonio exige a las autoridades judiciales y policiales de Honduras que cumplan con su trabajo. De igual forma hacen un llamado contundente a los organismos internacionales de derechos humanos.

Políticas exóticas

Bertha Oliva es coordinadora del COFADEH y lamenta que en Honduras se pongan en práctica políticas exóticas de seguridad de otros países como Colombia, en donde han fracasado y lo que ha causado entre sus pobladores es luto y dolor.

A criterio de Oliva la “colombianización” que vive esta nación centroamericana ha dejado como resultado la desaparición forzada de 10 hondureños desde febrero, hasta el mes de agosto de 2011.

José Cruz Palma fue el último caso que se reportó en el COFADEH y según el testimonio de sus familiares esta víctima fue raptada en un autobús de la ruta urbana en la ciudad de San Pedro Sula, frente a su esposa el pasado 30 de agosto de 2011.

Las investigaciones del COFADEH comprueban que en las desapariciones reportadas han participado personas que no son hondureños, y las victimas poseen vínculos políticos contrarios a la oficialidad del gobierno actual.

Refundar a Honduras

Como propuesta para evitar que se sigan proliferando estos casos, el COFADEH hace énfasis en refundar a Honduras en torno al respeto a la vida de un ser humano y la paz que debe prevaler en un país verdaderamente democrático.

La defensora de los derechos humanos, Bertha Oliva hace pública su preocupación en cuanto a la “colombianización” del Estado hondureño, puesto que la desaparición forzada es un acto que paraliza a toda la familia de las víctimas e inmoviliza al pueblo.

“Los testimonios que ha documentado el COFADEH en los últimos días, son indicios más que suficientes para decirle al secretario de Seguridad, Oscar Álvarez que ya no haya más cacería humana, en contra de las personas”. Exigió, Bertha Oliva.

Oliva describe que en Honduras, los civiles no sienten seguridad cuando tienen de cerca a un policía o un militar, al contrario se manifiesta un sentimiento de terror, puesto que ya hay muchas denuncias donde miembros de la policía detienen a jóvenes entregando a uno y el otro aparece asesinado.

Operaciones encubiertas

Las documentaciones del COFADEH describen que existe una colusión entre los agentes de investigación del Estado, la Policía, los militares y que están operando los escuadrones de la muerte en Honduras.

Estas investigaciones revelan que estas personas que ejecutan las desapariciones tienen las características de tener toda la logística del Estado, sin embargo su vestimenta es de un civil, y este tipo de actos se les llama operaciones encubiertas con escuadrones de la muerte.

Según la constitución de esta nación centroamericana el aparato de seguridad del Estado tiene la obligación de proteger a la ciudadanía en general, sin embargo actualmente se observa a altos funcionarios públicos, policías y militares desplazándose hasta con 17 efectivos de seguridad.

Ante este estado de inseguridad, Bertha Oliva pidió recientemente al encargado de los derechos humanos de la Embajada de los Estados Unidos a que asista a las oficinas del COFADEH para exponerle un mapeo de lo que ocurre en materia de violación de derechos humanos en Honduras.

Liberados

El pasado treinta de agosto el COFADEH como todos los años conmemoró el día del detenido y desaparecido en una plaza pública de Tegucigalpa, capital de Honduras y recordó que cerca de treinta casos de militares y policías acusados en los tribunales por tortura y desaparición de líderes de izquierda, fueron sobreseídos (liberados).

El Día del Detenido Desaparecido es conmemorado cada 30 de agosto desde 1982, por acuerdo tomado en San José por la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

El autor de este artículo y fotografías  es corresponsalía  voluntaria de la revista Caros Amigos editada en são Paulo, Brasil para Centroamérica,  La Agencia informativa Latinoamericana Prensa Latina, Kaos en la red y El portal http://desacato.info editado en Florianópolis, Brasil

viernes, 8 de abril de 2011

Continúan ataques criminales contra jóvenes en Honduras


Continúan ataques criminales contra jóvenes en Honduras
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras denuncia reiterados ataques criminales contra líderes juveniles de la resistencia.
COFADEH | Para Kaos en la Red
Por los reiterados ataques criminales en contra de líderes juveniles, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, envió una acción urgente al mundo y solicitó que solidaridad en el sentido que se exija al Estado de Honduras se inicie una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre estos hechos.

Los blancos

La noche del 02 de abril de 2011, fue objeto de un ataque la joven Dulce Patricia Villanueva Rodas, sobrina de Patricia Rodas, Canciller de la República en el gobierno del Presidente Zelaya. La joven es miembra fundadora del Frente Juvenil en Resistencia y socia del Grupo Sociedad Civil.

El 02 de abril de 2011, alrededor de la una de la mañana el descanso de Dulce Patricia y de sus vecinos fue interrumpido por la detonación de cuatro disparos en la entrada del edificio donde reside. Nadie de los residentes salió a verificar las detonaciones por temor. Al día siguiente la joven descubrió con sorpresa que los disparos escuchados habían tenido como objeto su automóvil, que presentaba dos impactos en la puerta del conductor, un tercero en la parte frontal y el cuarto en la parte de atrás.

Este no es la primer acción violenta contra ella, el 28 de junio de 2009, día en que se ejecutó el golpe militar de Estado, se encontraba en la residencia de la Canciller Patricia Rodas siendo testigo de la captura y malos tratos infringidos a la Secretaria de Estado, al esposo de ésta y a los Embajadores que se encontraban en la Residencia. Durante los cuatro meses posteriores, Dulce Patricia fue sujeto de persecución y el domicilio de la funcionaria donde residía vigilado permanentemente.

Por el hostigamiento permanente se cambió de domicilio, lo que no fue suficiente para salvaguardar su vida e integridad, por lo que se vio obligada a abandonar el país. A su regreso, por razones de estudio, fue objeto de varios ataques, entre éstos desde un vehículo tipo pickup, color blanco, sin placas, en el que se conducían cuatro sujetos con uniformes militares le intentó sacar de la carretera. Posterior a este hecho, Dulce Patricia ha observado que sujetos en motocicletas vigilan su rutina y se estacionan frente a su residencia desde las cinco de la mañana.

Los ataques no paran

El COFADEH señala que también el joven Héctor Renán Soto Caballero, Director Ejecutivo del Grupo Sociedad Civil,GSC, después de varios meses de persecución y amenazas a muerte salió del país para salvaguardar su vida e integridad.

Cinco jóvenes más, miembros del Frente Juvenil en Resistencia han sido víctimas de persecución, por un vehículo blanco sin placas. Otro de los integrantes reportó el robo de información y penetración ilegal en su domicilio, dos más informaron ser sujetos de seguimiento por individuos en motocicleta. Las amenazas incluyeron también llamados telefónicos a miembros de la familia, preguntando la ubicación de las oficinas y domicilios personales de algunos de los líderes de la organización.

En vista de este clima peligroso para la vida e integridad física de decenas de jóvenes, el COFADEH solicitó la comunidad nacional e internacional que exijan al Estado de Honduras que:

-Inicie una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas realizadas contra Dulce Patricia Villanueva Rodas, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables comparezcan ante la justicia.

-Tome medidas inmediatas para brindar protección eficaz a Dulce Patricia Villanueva Rodas conforme a sus propios deseos.

-Recuerde su obligación de proteger a la Juventud conforme a la Convención Iberoamericana de derechos juveniles de la cual es Estado parte.

-Garantice un alto inmediato al acoso e intimidación por parte de agentes del gobierno, contra Dulce Patricia Villanueva Rodas, sus compañeros y amigos, y cualquier otro joven que busca ejercer sus derechos de libertad de expresión, reunión y asociación.