La indignación ha prendido en las redes sociales al hacerse público el plan de Gobierno de retirar el derecho al voto a los parados de larga duración (personas con más de una año en situación de búsqueda de empleo).
La portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que la medida aún está en fase de estudio, pero que “es muy probable que se implemente”. La justificación, basada en informes que obran en poder de Montoro y De Guindos, es que “estas personas deben centrar todo su esfuerzo y atención en la ardua tarea de encontrar un empleopara contribuir no solo a su propio bienestar, sino al bien de la nación española”. Efectivamente, resulta difícil de entender, siempre según fuentes gubernamentales, que gentes que viven “de la sopa boba” y no aportan nada a la comunidad, tengan derecho a decidir “quién nos gobierna a los ciudadanos honrados, trabajadores y productivos”.
La pérdida de este derecho sería inmediatamente revocada en cuanto se consiguiera un puesto de trabajo, por precario o temporal que este fuese.
El sufragio activo (derecho a ser elegido para un cargo público) no se verá afectado por esta medida, “no vaya a ser que alguno de nosotros se quede sin ministerio y aun no haya acordado un puestecillo en algún consejo de administración de las eléctricas“, ha susurrado anónimamente un ministro del actual Gobierno, con la aquiescencia de algunos notables del PSOE que corrían en esos momentos por los pasillos del Congreso camino del AVe.
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