Porque en teoría lo que se espera de un gobierno conservador, y eso es precisamente lo que denuncia la izquierda defensora a ultranza de lo estatal frente a lo privado, son bajadas de impuestos y flexibilidad máxima del comercio y la economía. Sin embargo este gobierno, como la mayoría de sus homólogos europeos, se está dedicando a subir impuestos, a crear otros nuevos y a sangrar de mil maneras la economía de los consumidores al tiempo que llena los flujos comerciales y financieros de leyes y más leyes que regulan hasta el más mínimo detalle.
Noten lo curioso de, por ejemplo, que estando los precios de libre mercado (el pan, el corte de pelo, el cebo para ir a pescar…) desde hace año y medio más o menos estancados por la crisis o en disminución (la vivienda) debido a que la gente no tiene dinero para gastar (disminución de la demanda que hace bajar el precio), en cambio los precios de los bienes más o menos regulados por el estado para supuestamente protegernos de subidas abusivas de los productores (la electricidad, el butano, los carburantes, los transportes…) son los que se están disparando. Ríanse de estos neoliberales.
Y fíjense qué barbaridad, que con esto último que dijo ayer Rajoy ni vamos a poder ir a comprar un burro con el fajo de billetes para pagar en mano, como se hacía toda la vida. Ahora toda transacción económica a partir de 2.500 €, la hagamos nosotros o la haga la General Motors, tendrá que pasar sí o sí por la atenta mirada de las autoridades del estado, y habrá de dejar comisión a los bancos y empresas de tarjetas de crédito por sus servicios de carácter obligatorio. El 25% de la cuantía de la transacción pagará como multa al voraz estado quien ose pagar a tocateja y en mano lo que compra. Muy liberal, como decimos (irónicamente).
Nota de Tortuga.
Plan antifraude del Gobierno
Quienes incumplan esta prohibición se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago, ha anunciado Rajoy
EFE/MADRID
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy que el plan antifraude que aprobará el viernes el Consejo de Ministros incluirá la limitación de las operaciones en efectivo a partir de 2.500 euros "en las que intervenga un empresario profesional".
También ha dicho que quienes incumplan dicha prohibición se enfrentarán a multas del 25 % del valor del pago.
Rajoy ha avanzado esta medida durante la sesión de control en el Congreso en respuesta a una pregunta del portavoz de la Izquierda Plural, Cayo Lara, sobre la amnistía fiscal.
Al respecto, el presidente ha matizado que no se trata de una amnistía total puesto que las rentas que afloren pagarán un gravamen del 8 % o del 10 % y ha defendido que esta medida "tiene sentido en la situación actual".
Ha insistido en que es una "medida excepcional", que sólo tendrá efectos en 2012 y que responde a un momento en que España necesita reducir el déficit público hasta el 3 % del PIB en 2013, razón por la que resulta "muy importante" mejorar los ingresos del Estado.
"Hemos subido algunos impuestos -hemos intentado hacerlo de manera justa y equitativa-, hemos recortado gasto público y en esta situación no queríamos subir más los impuestos y por eso esta medida tiene sentido", ha explicado.
Ha asegurado que es un procedimiento recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y ha hecho hincapié en que estará acompañado de un plan de lucha contra el fraude fiscal que será aprobado el próximo viernes.
Asimismo, ha recordado que en España se han adoptado medidas similares en 1977, 1984 y 1991, y ha recalcado que en aquellas ocasiones sí fueron amnistías fiscales porque las rentas que se regularizaron no pagaron nada.
IU rechaza una medida "antisocial"
Por su parte, Cayo Lara ha dicho ser consciente de la gravedad de la coyuntura económica, pero ha rechazado una medida que considera "injusta, antisocial y premia el fraude".
En su opinión, la amnistía fiscal es inconstitucional, porque no respeta el principio de progresividad en el pago de los impuestos, además de inútil, porque no servirá para que aparezcan capitales no declarados.
Lara cree que sólo servirá para generar un efecto llamada a la insumisión fiscal y le ha propuesto al presidente que elabore un "plan serio" de lucha contra el fraude que incluya un incremento de la plantilla y los recursos de Hacienda.
Información
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