Por Javier Huerta
Cuando se habla de la Unidad Popular y de los años de Salvador Allende, la historia suele comenzar y terminar en La Moneda. Allí estaba el presidente, allí se tomaban decisiones y allí terminaron concentrándose las imágenes del golpe del 11 de septiembre de 1973. Sin embargo, durante aquellos tres años ocurrió algo que desborda las paredes del Palacio presidencial y que resulta imprescindible para comprender tanto la fuerza que llegó a adquirir el proceso como el miedo que despertó entre quienes veían amenazados sus privilegios. Mientras el Gobierno intentaba transformar las estructuras económicas desde las instituciones del Estado, miles de trabajadores, campesinos, pobladores, estudiantes y mujeres comenzaron a organizarse en sus lugares de trabajo y en sus barrios para resolver problemas concretos, defender las conquistas alcanzadas y, en muchos casos, participar directamente en decisiones que hasta entonces habían estado reservadas a empresarios, propietarios, administraciones y autoridades. El Chile de la Unidad Popular no fue únicamente un país gobernado desde La Moneda; fue también un país que empezó a preguntarse si podía gobernarse desde abajo.
La llegada de Salvador Allende a la Presidencia en 1970 había abierto un escenario nuevo, pero las transformaciones que se produjeron durante la Unidad Popular no pueden atribuirse exclusivamente a las medidas impulsadas por el Gobierno. El programa de la coalición de izquierdas encontró una sociedad que llevaba décadas acumulando luchas obreras, campesinas y populares y que contaba con organizaciones capaces de convertir las decisiones políticas en movilización social. La reforma agraria había comenzado antes de Allende y continuó avanzando con mayor profundidad durante su Gobierno; las organizaciones sindicales tenían una larga tradición de lucha y en las ciudades se había desarrollado un movimiento de pobladores que reclamaba vivienda y mejores condiciones de vida. Sobre aquella experiencia previa se construyó una dinámica en la que sectores populares comenzaron a considerar que las transformaciones no podían limitarse a esperar las decisiones de las instituciones, sino que debían defenderse y desarrollarse en los espacios donde se producía y se reproducía la vida social.
Uno de los lugares donde esa dinámica adquirió mayor fuerza fueron las fábricas. La política de nacionalizaciones y de ampliación del área social de la economía trasladó a muchos centros de trabajo una discusión que hasta entonces había estado fundamentalmente en manos de propietarios y administradores: qué se producía, quién tomaba las decisiones y para quién debía funcionar la empresa. Pero la participación obrera no se reducía a ocupar un puesto dentro de los mecanismos establecidos por el Gobierno. En determinados momentos, los trabajadores tuvieron que enfrentarse a situaciones que no estaban previstas en ningún programa político. Cuando algunos empresarios intentaron paralizar sus actividades o se produjeron problemas de abastecimiento y distribución, los trabajadores de distintas industrias ocuparon fábricas, organizaron turnos, garantizaron la producción y buscaron mecanismos para mantenerlas funcionando. Aquellas experiencias no fueron homogéneas ni respondieron a una única estrategia política, pero demostraron que una parte del movimiento obrero estaba adquiriendo una capacidad de intervención que iba mucho más allá de la negociación salarial tradicional.
Fue en ese contexto donde aparecieron los cordones industriales, una de las experiencias más significativas de organización popular de la Unidad Popular. Los cordones agrupaban a trabajadores de distintas empresas de una misma zona y permitían coordinar acciones y respuestas frente a problemas que ya no podían resolverse exclusivamente dentro de cada fábrica. Su importancia estaba precisamente en esa capacidad de coordinación territorial: una fábrica dejaba de ser una unidad aislada y pasaba a formar parte de una red de centros de trabajo conectados con otros. Durante la crisis provocada por el paro patronal de octubre de 1972, estas organizaciones adquirieron una especial relevancia. Los trabajadores tuvieron que buscar soluciones para mantener la producción y el abastecimiento, organizar transportes y defender los centros de trabajo frente a intentos de paralización. La experiencia dejó una huella profunda porque mostró que, cuando determinadas estructuras económicas intentaban detener el país, existía una parte de la sociedad que podía organizarse para impedirlo.
Aquello planteaba una cuestión que acabaría adquiriendo una enorme importancia política: si los trabajadores eran capaces de mantener funcionando una fábrica cuando sus propietarios intentaban paralizarla, ¿hasta dónde debía llegar su capacidad para decidir sobre ella? La pregunta no tenía una respuesta común dentro de la izquierda chilena. Existían diferencias profundas entre quienes defendían profundizar rápidamente la construcción del poder popular y quienes consideraban necesario mantener el proceso dentro de los límites institucionales que habían permitido llegar al Gobierno. También existían distintas posiciones respecto a la relación entre los cordones industriales, los sindicatos, los partidos políticos y el Estado. No todos los trabajadores pensaban igual ni todos los cordones perseguían los mismos objetivos. Pero precisamente ahí reside su importancia histórica: el poder popular no fue una estructura perfectamente organizada ni un proyecto terminado, sino un proceso contradictorio en el que miles de personas comenzaron a experimentar nuevas formas de participación y organización.
La cuestión del abastecimiento llevó esa misma lógica a los barrios. A medida que se agravaban las dificultades económicas, conseguir alimentos y productos básicos se convirtió en un problema político de primer orden. Las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios, las JAP, adquirieron entonces un papel relevante en numerosos sectores populares. Su función estaba relacionada con la distribución y el control de determinados productos esenciales, pero su significado fue más amplio porque introdujeron en la vida cotidiana una forma de organización colectiva que permitía a los vecinos afrontar problemas que no podían resolverse individualmente. En un contexto de escasez, especulación, acaparamiento y conflicto político, organizar el abastecimiento significaba también disputar quién controlaba la distribución de los bienes básicos. Las JAP no fueron simplemente una herramienta administrativa del Gobierno; en muchos lugares se convirtieron en espacios de participación vecinal y de movilización política, aunque su funcionamiento y su grado de autonomía variaron considerablemente de una zona a otra.
En ese terreno, además, las mujeres desempeñaron un papel fundamental. Con frecuencia, los relatos tradicionales sobre la Unidad Popular han situado a los trabajadores industriales y a los dirigentes políticos en el centro de la escena y han dejado en segundo plano a quienes sostenían buena parte de la vida cotidiana de los barrios. Pero las dificultades de abastecimiento hicieron que miles de mujeres participaran directamente en las organizaciones vecinales, en las JAP y en las redes comunitarias. Al mismo tiempo, las mujeres de sectores populares no fueron únicamente receptoras de las políticas sociales impulsadas por el Gobierno; participaron activamente en la organización de sus comunidades y en la defensa de sus condiciones de vida. Esa participación resulta especialmente significativa porque demostraba que la política podía salir de los espacios tradicionalmente considerados políticos y entrar en la cocina, el mercado, la escuela, el barrio y la comunidad. Organizar la alimentación de una familia en medio de una crisis económica podía convertirse también en una forma de intervención política.
Algo parecido ocurrió en el campo. La reforma agraria había comenzado años antes, pero durante la Unidad Popular se aceleró el proceso de expropiación de grandes propiedades y se fortalecieron las organizaciones campesinas. Para miles de trabajadores rurales, la transformación de la estructura de propiedad de la tierra significaba dejar atrás relaciones sociales profundamente arraigadas y disputar el control de una riqueza que durante generaciones había estado concentrada en manos de grandes propietarios. La tierra no era solamente un medio de producción; determinaba relaciones de poder, dependencia y autoridad en amplias zonas rurales. La incorporación de los campesinos a la organización política y económica del proceso de transformación contribuyó a ampliar el escenario de la lucha social más allá de las ciudades y de las fábricas. Allí donde durante décadas habían mandado los grandes propietarios, comenzaban a aparecer organizaciones campesinas que reclamaban un papel propio en las decisiones sobre la tierra y la producción.
En las ciudades, mientras tanto, el movimiento de pobladores expresaba otra de las grandes contradicciones de la sociedad chilena. Miles de familias vivían en condiciones precarias y luchaban por acceder a una vivienda digna, y las ocupaciones de terrenos habían formado parte de una larga tradición de movilización popular. Durante los años de la Unidad Popular, las organizaciones de pobladores adquirieron una mayor capacidad de presión y participación. Los barrios populares dejaron de ser contemplados exclusivamente como lugares donde el Estado debía ejecutar políticas sociales y comenzaron a convertirse en espacios donde los propios habitantes discutían y organizaban soluciones. La vivienda, el transporte, el abastecimiento, la educación y las condiciones sanitarias se transformaron en asuntos colectivos. En aquellas experiencias aparecía nuevamente la misma pregunta que recorría las fábricas: ¿debían los sectores populares limitarse a reclamar al Estado o podían convertirse en protagonistas directos de las decisiones que afectaban a sus propias comunidades?
La importancia de estas experiencias no reside en idealizarlas. La Unidad Popular estuvo atravesada por fuertes contradicciones y el movimiento popular chileno tampoco constituyó un bloque homogéneo. Existían diferencias entre socialistas y comunistas, entre partidos y organizaciones sociales, entre quienes defendían una profundización inmediata del proceso y quienes consideraban prioritario preservar las alianzas políticas y la institucionalidad. Los propios cordones industriales mantenían relaciones complejas con las estructuras sindicales tradicionales y con los partidos de la izquierda. En algunos casos, la presión desde abajo entraba en tensión con las decisiones del Gobierno. En otros, las organizaciones populares reclamaban una velocidad de transformación que las instituciones no estaban en condiciones de asumir. Aquellas contradicciones forman parte de la historia y no deberían ocultarse para construir una imagen romántica de la Unidad Popular. Precisamente porque el proceso estaba vivo, también estaba lleno de debates sobre su dirección y sobre el tipo de sociedad que debía construirse.
Lo que resulta indiscutible es que, entre 1970 y 1973, amplios sectores de la población chilena comenzaron a adquirir una experiencia política diferente. No se trataba únicamente de votar cada cuatro años ni de participar en las estructuras tradicionales de los partidos. Para muchas personas, la política empezó a significar organizar el trabajo, defender una fábrica, distribuir alimentos, reclamar una vivienda, ocupar una tierra, coordinar un barrio o discutir colectivamente sobre las necesidades de la comunidad. La democracia comenzó a adquirir una dimensión social que iba más allá de las instituciones representativas. Ese proceso era especialmente relevante para una izquierda que entendía que la transformación socialista no podía limitarse a cambiar el Gobierno, sino que debía modificar también las relaciones de poder existentes en la economía y en la vida cotidiana.
Y precisamente por eso aquellas organizaciones fueron vistas con creciente preocupación por quienes se oponían a la Unidad Popular. El conflicto ya no se desarrollaba exclusivamente entre partidos políticos. Una parte importante de la sociedad estaba empezando a organizarse de manera autónoma alrededor de sus intereses de clase y de sus necesidades inmediatas. Cuando los trabajadores mantenían abiertas las fábricas, cuando los campesinos reclamaban la tierra, cuando los pobladores ocupaban terrenos y cuando los vecinos se organizaban para garantizar el abastecimiento, la disputa política adquiría una dimensión que afectaba directamente a las relaciones de propiedad y al funcionamiento cotidiano del capitalismo chileno. La cuestión dejó de ser simplemente quién ocupaba el Gobierno y pasó a ser quién tenía capacidad efectiva para decidir sobre la producción, la distribución y las condiciones de vida.
La reacción de las clases propietarias no puede entenderse al margen de ese proceso. Los sectores empresariales y las fuerzas políticas conservadoras no se enfrentaban solamente a las políticas de un Gobierno de izquierdas, sino a una movilización social que amenazaba con alterar las relaciones tradicionales de poder. En octubre de 1972, durante el paro patronal que intentó paralizar el país, la capacidad de organización de los trabajadores y de los sectores populares mostró hasta qué punto la sociedad chilena había cambiado. La respuesta popular consiguió mantener en funcionamiento una parte importante de la actividad económica, pero también hizo evidente que el conflicto había llegado a un punto en el que las instituciones existentes tenían dificultades crecientes para contenerlo.
Durante 1973, esa tensión se hizo cada vez más profunda. La confrontación política se trasladó a las calles, los enfrentamientos aumentaron y la posibilidad de una salida militar dejó de ser una amenaza lejana. El intento de golpe del 29 de junio, conocido como Tanquetazo, confirmó que determinados sectores de las Fuerzas Armadas estaban dispuestos a intervenir. Mientras tanto, la polarización continuaba aumentando y las posibilidades de encontrar una salida política se reducían. Para la derecha y para sectores empresariales, la movilización popular se había convertido en una amenaza que debía ser contenida. Para una parte de la izquierda, por el contrario, aquellas organizaciones constituían la única garantía de que las conquistas alcanzadas no fueran revertidas. Entre ambas posiciones se encontraba un Gobierno que intentaba mantener abierta una vía institucional al socialismo mientras las condiciones políticas y económicas se deterioraban rápidamente.
Cuando los militares finalmente tomaron el poder el 11 de septiembre, una de las primeras tareas de la dictadura consistió precisamente en destruir las estructuras organizativas que habían permitido aquella movilización. Los trabajadores fueron perseguidos en sus centros de trabajo, las organizaciones políticas fueron prohibidas, los sindicatos sufrieron una profunda intervención y miles de dirigentes sociales fueron detenidos, torturados, asesinados o enviados al exilio. La represión alcanzó también a campesinos, pobladores, estudiantes y organizaciones comunitarias. No se trataba únicamente de castigar a quienes habían ocupado cargos políticos; había que desarticular una sociedad que había aprendido durante aquellos años a organizarse y a reclamar capacidad de decisión. La dictadura comprendió que para consolidar el nuevo orden no bastaba con controlar La Moneda: era necesario recuperar el control de las fábricas, los campos, los barrios y las organizaciones sociales.
Por eso la historia del golpe también puede leerse desde esos lugares donde se había desarrollado el poder popular. La Moneda fue bombardeada, pero la represión no terminó en el Palacio presidencial. Llegó a las fábricas donde los obreros habían organizado la producción, a los campos donde los campesinos habían reclamado la tierra, a los barrios donde los pobladores habían construido sus propias organizaciones y a las comunidades donde las mujeres habían participado en la defensa del abastecimiento. El golpe no buscó únicamente cambiar un Gobierno; buscó modificar la relación de fuerzas que se había construido en la sociedad chilena durante décadas y que la Unidad Popular había contribuido a acelerar.
Medio siglo después, aquellas experiencias siguen siendo una de las partes más interesantes y menos comprendidas de la historia de la Unidad Popular. No porque los cordones industriales, las JAP, las organizaciones campesinas o los movimientos de pobladores constituyeran una revolución acabada, ni porque todas sus experiencias fueran exitosas, sino porque mostraron algo que continúa teniendo una enorme importancia para cualquier proyecto emancipador: las transformaciones profundas no pueden depender únicamente de quienes ocupan las instituciones del Estado. Necesitan de una sociedad organizada, capaz de intervenir sobre su propia realidad y de defender colectivamente aquello que considera suyo.
Quizá ésa sea una de las grandes lecciones que dejó aquel Chile. Allende llegó a La Moneda por las urnas, pero la fuerza social que permitió que su proyecto pudiera avanzar se encontraba también fuera de las instituciones. Estaba en los trabajadores que se organizaban en las fábricas, en los campesinos que luchaban por la tierra, en los pobladores que reclamaban una vivienda, en las mujeres que sostenían las redes de abastecimiento y en miles de personas que empezaron a descubrir que participar en política podía significar algo mucho más profundo que depositar una papeleta.
La historia terminó de manera trágica. Los aviones bombardearon La Moneda, los militares ocuparon las calles y la dictadura inició una represión destinada a borrar la experiencia de la Unidad Popular y a imponer un nuevo orden político, económico y social. Pero si cincuenta años después seguimos hablando de aquellos años no es únicamente porque Salvador Allende haya pronunciado sus últimas palabras desde el Palacio presidencial. Seguimos hablando de Chile porque durante un breve período una parte importante de su población intentó transformar la democracia en algo más que una forma de elegir gobernantes: intentó convertirla en una práctica cotidiana de participación, organización y poder popular.
Ese intento fue derrotado por las armas. Sus organizaciones fueron perseguidas y muchas de las personas que las habían construido pagaron un precio terrible. Sin embargo, la experiencia permanece como parte de la memoria de las luchas populares latinoamericanas. No como un modelo perfecto que deba repetirse mecánicamente, sino como una experiencia histórica llena de posibilidades, contradicciones y preguntas todavía abiertas. Una de ellas continúa siendo especialmente incómoda para cualquier sociedad dominada por grandes concentraciones de poder económico: ¿qué ocurre cuando quienes durante generaciones fueron considerados únicamente trabajadores, campesinos, pobladores o consumidores comienzan a descubrir que también pueden organizarse y decidir?
En el Chile de la Unidad Popular, miles de personas comenzaron a ensayar una respuesta. Lo hicieron desde una fábrica, desde un campo, desde una población, desde una organización vecinal o desde una mesa donde había que decidir cómo conseguir los alimentos que faltaban. No tenían un manual para construir aquel poder. Lo fueron aprendiendo mientras caminaban. Y quizá por eso, cuando hoy se recuerda aquel proceso, conviene mirar durante un momento hacia otro lado de La Moneda: hacia los lugares donde un pueblo comenzó, con sus aciertos y sus errores, a aprender que gobernarse también podía significar tomar en sus propias manos una parte de su destino.
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