La solidaridad internacional con Chile: cuando el mundo salió a la calle

Por Javier Huerta

El 11 de septiembre de 1973 no solamente cambió la historia de Chile. Las imágenes de La Moneda en llamas, los comunicados de la Junta Militar, las detenciones masivas y las primeras noticias sobre la represión provocaron una conmoción que atravesó las fronteras. En distintos lugares de Europa y América Latina comenzaron a organizarse manifestaciones, concentraciones, campañas de denuncia, recogidas de fondos y redes de acogida para los chilenos perseguidos. Lo que inicialmente podía parecer una reacción espontánea terminó convirtiéndose en uno de los movimientos internacionales de solidaridad política más importantes de la década de 1970.

La solidaridad no apareció de la nada. Antes del golpe ya existían relaciones políticas, sindicales y culturales entre Chile y numerosos países europeos. La experiencia de la Unidad Popular había despertado un enorme interés entre sectores de la izquierda internacional, pero también entre organizaciones sociales que veían en el proceso chileno una experiencia singular: la posibilidad de avanzar hacia transformaciones socialistas utilizando mecanismos democráticos. Después del 11 de septiembre, aquellas relaciones adquirieron otro significado. Ya no se trataba solamente de acompañar un proceso político que estaba desarrollándose en Chile, sino de defender a un pueblo sometido a una dictadura y mantener abierta, desde fuera, la denuncia de lo que estaba sucediendo dentro del país.

Las primeras respuestas fueron extraordinariamente rápidas. El 22 de septiembre de 1973, apenas once días después del golpe, una reunión europea de organizaciones juveniles y estudiantiles celebrada en París reunió a representantes de quince países de Europa occidental y siete países socialistas. De aquella reunión salieron campañas de información, manifestaciones, recogidas de dinero para la resistencia y llamamientos para crear comités de solidaridad. Pocos días después, entre el 29 y el 30 de septiembre, Helsinki acogió una Conferencia Internacional de Solidaridad con el pueblo chileno que reunió a representantes procedentes de diferentes tradiciones políticas y del movimiento internacional por la paz. La solidaridad con Chile comenzaba a adquirir una dimensión internacional organizada cuando la dictadura apenas llevaba unas semanas en el poder.

Aquello tuvo una importancia política que merece ser recordada. En plena Guerra Fría, la solidaridad con Chile consiguió reunir en determinadas iniciativas a comunistas, socialistas, sindicalistas, organizaciones estudiantiles, movimientos por la paz, organizaciones cristianas y asociaciones de defensa de los derechos humanos. No todos compartían la misma concepción del socialismo, ni la misma relación con la Unión Soviética, ni siquiera la misma interpretación de cuál debía ser el futuro de Chile. Pero existía un punto de encuentro: la condena al golpe militar, la defensa de las libertades y la exigencia del fin de la represión. La investigación histórica ha señalado precisamente esta capacidad de la causa chilena para crear espacios de colaboración entre corrientes políticas que normalmente estaban separadas.

En Europa, además, aquella solidaridad se convirtió en una experiencia profundamente vinculada a la lucha antifascista. El golpe chileno se produjo cuando todavía estaban abiertas las heridas de las dictaduras de España, Portugal y Grecia. Para muchos militantes europeos, Chile no era una tragedia distante, sino una advertencia. La caída de la democracia chilena y la persecución de la izquierda podían ser comprendidas dentro de una realidad internacional en la que el anticomunismo, el autoritarismo y la intervención contra los procesos de transformación social seguían formando parte de la política internacional. Por eso, en determinados sectores de la izquierda europea, la solidaridad con Chile comenzó a relacionarse también con la lucha contra las dictaduras del sur de Europa.

Italia constituye uno de los ejemplos más importantes y, para nosotros, merece un espacio especial. Después del golpe, representantes de la Unidad Popular que se encontraban fuera de Chile comenzaron a establecer contactos con las fuerzas de la izquierda italiana. El 18 de septiembre, apenas una semana después del golpe, dirigentes de la Unidad Popular encabezados por Volodia Teitelboim participaron en Roma en iniciativas destinadas a movilizar a las fuerzas democráticas italianas e internacionales. Poco después comenzó a organizarse en la capital italiana una estructura permanente de coordinación e información de la Unidad Popular para Europa occidental. En noviembre, Jorge Arrate llegó a Roma para asumir responsabilidades en aquel organismo, mientras la Associazione nazionale Italia-Cile, integrada por partidos de izquierda, sindicatos y personalidades italianas, se convertía en uno de los espacios importantes de aquella solidaridad.

Italia también sería protagonista de una experiencia política de enorme relevancia: la colaboración entre distintas familias de la izquierda europea alrededor de la causa chilena. En julio de 1974 se celebró en París la Conferencia Paneuropea de Solidaridad con Chile, impulsada fundamentalmente desde las izquierdas italiana y francesa, con participación de fuerzas comunistas y socialistas de distintos países europeos. Aquella iniciativa tenía un significado que iba más allá de la solidaridad humanitaria. Chile se estaba convirtiendo en un terreno común para reconstruir espacios de cooperación internacional entre sectores de la izquierda que durante años habían mantenido importantes diferencias políticas.

Suecia ofrece otro ejemplo extraordinario. Allí ya existía un movimiento de solidaridad con Chile antes del golpe y, después de septiembre de 1973, la organización creció rápidamente. El movimiento sueco combinó la denuncia política con la acogida de refugiados y con una intensa actividad social y cultural. El papel del embajador sueco Harald Edelstam, que ayudó a perseguidos políticos y utilizó la embajada para proteger a personas amenazadas por la represión, se convirtió en uno de los símbolos más conocidos de aquella respuesta internacional. Pero sería injusto reducir la experiencia sueca a una figura diplomática: detrás de ella existió una amplia red de organizaciones, militantes y ciudadanos que hicieron de la solidaridad con Chile una práctica cotidiana.

La solidaridad tampoco se limitó a las grandes organizaciones políticas. Hubo sindicatos que organizaron campañas, estudiantes que ocuparon las calles, asociaciones que recogieron dinero, iglesias que ofrecieron espacios, periodistas que difundieron información censurada, artistas que organizaron conciertos y familias que abrieron sus casas para recibir a personas que acababan de escapar de Chile. La investigación sobre Francia y Suecia muestra precisamente cómo las actividades culturales —carteles, exposiciones, conciertos, publicaciones y encuentros— se convirtieron en instrumentos de denuncia y de construcción de redes internacionales. La solidaridad no fue solamente una declaración política: fue también trabajo cotidiano.

La música desempeñó un papel extraordinario. La Nueva Canción Chilena ya había alcanzado una dimensión internacional antes del golpe y, después de 1973, artistas y grupos exiliados como Inti-Illimani y Quilapayún llevaron a escenarios europeos la memoria de la Unidad Popular y la denuncia de la dictadura. Sus canciones permitieron que personas que jamás habían estado en Chile conocieran su historia, sus luchas y sus esperanzas. El exilio convirtió así una parte de la cultura chilena en una herramienta internacional de resistencia. No fue casual que la dictadura intentara controlar y perseguir precisamente aquellos espacios culturales asociados a la izquierda y a la movilización popular.

También fue decisiva la batalla por la información. Durante los primeros meses de la dictadura existía una enorme necesidad de conocer qué estaba sucediendo realmente en Chile. Las organizaciones de solidaridad publicaron boletines, organizaron charlas, difundieron testimonios de exiliados y establecieron contactos con organizaciones internacionales. Amnesty International realizó una misión de investigación en Chile en 1973, una iniciativa que contribuyó a colocar la situación de los derechos humanos bajo la mirada de la opinión pública internacional. La experiencia chilena sería, de hecho, uno de los acontecimientos que contribuyeron al crecimiento de las redes transnacionales de defensa de los derechos humanos durante la década de 1970.

A medida que pasaban los años, aquellas redes fueron adquiriendo mayor organización. La Conferencia de Helsinki de 1973, la Conferencia Paneuropea de París de 1974 y otras iniciativas posteriores fueron construyendo una infraestructura internacional de solidaridad. En 1978, Madrid acogió la Conferencia Mundial de Solidaridad con Chile, que representó un nuevo momento de convergencia de aquellas redes europeas y latinoamericanas. España, todavía bajo la dictadura franquista, adquiría así un papel singular en una campaña internacional contra otra dictadura. La solidaridad con Chile también comenzó a dialogar con las luchas democráticas existentes en la propia Europa.

Hay algo especialmente importante en toda esta historia: los pueblos no tuvieron que esperar a que los gobiernos decidieran qué posición adoptar. Muchas veces fueron las organizaciones sociales las que presionaron a sus propios gobiernos para que condenaran a la Junta Militar, acogieran refugiados, rompieran determinadas relaciones o adoptaran medidas contra el régimen. La movilización internacional fue construyendo una presión política desde abajo que obligó a numerosos gobiernos y parlamentos a posicionarse. En octubre de 1973, por ejemplo, el Parlamento Europeo aprobó una resolución reclamando el retorno de la democracia y el fin de las violaciones de los derechos humanos en Chile.

Y aquí aparece quizá la principal razón por la que recuperar esta historia 53 años después. La solidaridad internacional no derribó por sí sola a la dictadura. No debemos convertir la historia en una leyenda en la que las manifestaciones europeas aparecen como la causa directa del final del régimen. La realidad fue mucho más compleja y la resistencia dentro de Chile resultó fundamental. Pero tampoco podemos aceptar la idea contraria, según la cual aquellas campañas fueron meramente testimoniales. Ayudaron a proteger exiliados, a difundir información, a mantener viva la denuncia, a generar recursos para organizaciones chilenas, a aislar políticamente a la dictadura y, sobre todo, a impedir que el régimen consiguiera convertir la tragedia chilena en un asunto exclusivamente interno.

Por eso, cuando hoy hablamos de internacionalismo, conviene recordar que aquella solidaridad se construyó con recursos limitados y con enormes dificultades. No existían las redes sociales, ni internet, ni las posibilidades actuales de comunicación instantánea. Había que imprimir un boletín, organizar una reunión, conseguir una sala, pegar carteles, convocar una manifestación, traducir documentos, enviar cartas, recoger dinero o viajar para explicar lo ocurrido. La solidaridad tenía rostro, tiempo, esfuerzo y compromiso militante. Y precisamente por eso consiguió crear vínculos que, en algunos casos, sobrevivieron durante décadas.

Chile también dejó una huella profunda en quienes participaron en aquellas campañas. La experiencia europea demuestra que la solidaridad internacional no funciona únicamente en una dirección. Europa ayudó a los chilenos perseguidos, pero Chile también transformó políticamente a quienes se solidarizaron con Chile. Sus organizaciones, sus músicos, sus militantes y sus exiliados llegaron a sindicatos, universidades, barrios y movimientos sociales europeos, aportando experiencias que después formarían parte de otras luchas contra el fascismo, el imperialismo y las dictaduras. La solidaridad terminó siendo, por tanto, un encuentro entre pueblos y no simplemente una relación entre quien ayuda y quien recibe ayuda.

Quizá por eso merece la pena recuperar aquellas imágenes de estudiantes marchando por las calles de Hamburgo pocos días después del golpe, los comités que aparecieron en distintas ciudades europeas, los trabajadores que hicieron campañas sindicales, los conciertos organizados para recaudar fondos, los exiliados que recorrían Europa explicando lo que estaba ocurriendo y las conferencias internacionales en las que hombres y mujeres de diferentes países intentaban encontrar una respuesta común. Aquello formó parte de una memoria internacionalista que no pertenece exclusivamente a Chile, porque fue construida también por miles de personas de otros pueblos que entendieron que la derrota de la Unidad Popular no podía ser recibida con silencio.

Cincuenta y tres años después, cuando todavía existen intentos de relativizar el golpe, de presentar la dictadura como una inevitable respuesta al conflicto político chileno o de convertir la memoria en una disputa partidista más, recordar aquella solidaridad adquiere una dimensión diferente. El 11 de septiembre de 1973 fue una derrota terrible para quienes habían intentado construir una sociedad diferente, pero la dictadura descubrió desde sus primeros días que Chile no estaba solo. Había pueblos, organizaciones, sindicatos, estudiantes, artistas, partidos políticos y personas anónimas dispuestas a salir a la calle para decir que aquello que estaba sucediendo no podía ser aceptado.

La historia de Chile también es, por tanto, la historia de quienes estuvieron junto a Chile sin haber nacido allí. De quienes acogieron a un exiliado, imprimieron un boletín, organizaron una manifestación, prestaron un local, cantaron una canción, levantaron una pancarta o simplemente decidieron que no iban a permanecer indiferentes. En aquellos años, la solidaridad internacional demostró que una dictadura puede cerrar las fronteras de un país, pero no puede cerrar las fronteras de la solidaridad entre los pueblos.

Y quizá sea esa la enseñanza que merece ser recuperada hoy. No para convertir el pasado en una postal heroica, ni para idealizar todas las organizaciones que participaron en aquellas campañas, sino para recordar algo mucho más concreto: cuando el pueblo chileno sufrió una de las grandes derrotas políticas de la historia latinoamericana contemporánea, hubo personas en muchos lugares del mundo que entendieron que la solidaridad también era una forma de lucha. Salieron a las calles, abrieron sus organizaciones, acogieron a quienes llegaban perseguidos y mantuvieron viva una causa cuando dentro de Chile la represión intentaba imponer el silencio.

Chile fue una causa internacional porque su tragedia fue entendida como una cuestión universal: la defensa de la democracia, de la soberanía de los pueblos, de la libertad y de la posibilidad de construir sociedades diferentes. Y aquella solidaridad, nacida en las calles de Europa y de otros lugares del mundo inmediatamente después del golpe, sigue formando parte de la historia de Chile. Pero también forma parte de la historia de quienes, desde otros pueblos, decidieron que frente al fascismo, la represión y el imperialismo no bastaba con mirar. Había que organizarse, denunciar y estar al lado de quienes resistían.

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Chile, 11 de septiembre de 1973: el día que el imperialismo y las clases dominantes decidieron por la fuerza

Por Javier Huerta

A 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende

El 11 de septiembre de 1973, Chile dejó de ser durante muchos años una excepción dentro de una América Latina acostumbrada a los golpes militares, las dictaduras y la intervención de Estados Unidos. Aquel día, las Fuerzas Armadas bombardearon el Palacio de La Moneda y pusieron fin, mediante la fuerza, al Gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende. El mundo conoció las imágenes de un palacio presidencial en llamas, de militares ocupando las calles de Santiago y de un presidente que había decidido permanecer en su puesto mientras los militares exigían su renuncia. Pero cincuenta años después, reducir aquellos acontecimientos a la caída de un Gobierno democrático sería quedarse en la superficie de lo ocurrido. Lo que se estaba dirimiendo en Chile era mucho más profundo: quién debía controlar las riquezas del país, qué papel debía desempeñar la clase trabajadora en la economía, hasta dónde podía llegar la soberanía nacional frente a los intereses de las grandes compañías extranjeras y, sobre todo, si era posible avanzar hacia una sociedad socialista utilizando las instituciones democráticas. El golpe de Estado no fue solamente la sustitución de Salvador Allende por Augusto Pinochet; fue la ruptura violenta de un proceso político y social y el comienzo de una transformación económica que convertiría a Chile en uno de los grandes laboratorios del neoliberalismo.

Salvador Allende había llegado a la Presidencia en noviembre de 1970 al frente de la Unidad Popular, una coalición formada por diferentes fuerzas de la izquierda chilena. Su proyecto pretendía avanzar hacia el socialismo por una vía propia, utilizando la legitimidad electoral y las instituciones existentes al mismo tiempo que se ampliaba la participación popular y se transformaban sectores fundamentales de la economía. Aquella experiencia tenía una importancia que trascendía las fronteras chilenas. Después del triunfo de la Revolución Cubana, América Latina había demostrado que era posible romper con la dependencia política y económica de Estados Unidos, pero la experiencia chilena planteaba una cuestión diferente: un dirigente marxista había llegado a la Presidencia mediante elecciones y pretendía utilizar el poder institucional para modificar las relaciones económicas existentes. La nacionalización del cobre, la profundización de la reforma agraria, la ampliación del área de propiedad social y las medidas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y de los sectores populares afectaban directamente a intereses económicos muy concretos. La Unidad Popular no estaba intentando simplemente administrar mejor el capitalismo chileno; estaba cuestionando quién debía poseer y controlar una parte sustancial de los recursos y de la riqueza producida en el país.

En ese conflicto, el cobre ocupaba un lugar central. Chile poseía una de las mayores reservas cupríferas del planeta y durante décadas buena parte de su gran minería había estado controlada por compañías estadounidenses, entre ellas Anaconda y Kennecott. La nacionalización aprobada por el Congreso chileno en julio de 1971, con un respaldo político extraordinariamente amplio, fue presentada por el Gobierno de Allende como la recuperación para Chile de una riqueza que debía servir al desarrollo nacional. Para los sectores populares significaba recuperar una fuente fundamental de ingresos y soberanía; para las empresas afectadas suponía la pérdida de importantes intereses económicos. La cuestión adquiría además una dimensión internacional porque la nacionalización afectaba directamente a capitales estadounidenses en un momento en que Washington consideraba cualquier avance de gobiernos socialistas en América Latina como una amenaza estratégica. El conflicto económico, por tanto, no puede separarse de la disputa política: la defensa de los recursos nacionales frente a las multinacionales se convirtió en uno de los principales terrenos de confrontación entre la Unidad Popular y quienes pretendían impedir que el proceso continuara avanzando.

La respuesta de Estados Unidos no fue una reacción improvisada después del golpe, sino una política desarrollada durante años. Los documentos desclasificados por el propio Gobierno estadounidense han permitido reconstruir los esfuerzos de la Administración de Richard Nixon para impedir que Allende llegara a la Presidencia y, una vez que lo hizo, para debilitar a su Gobierno. La Casa Blanca y la CIA apoyaron a sectores de la oposición, financiaron actividades políticas y medios de comunicación contrarios a la Unidad Popular y mantuvieron una intensa actividad destinada a crear condiciones favorables para el aislamiento y la desestabilización del Gobierno chileno. Henry Kissinger, entonces una de las figuras centrales de la política exterior estadounidense, compartía la preocupación de Nixon ante la posibilidad de que la experiencia chilena pudiera convertirse en un ejemplo para otros países. La documentación oficial estadounidense muestra asimismo la importancia que tuvieron las presiones económicas y los contactos con sectores de las Fuerzas Armadas chilenas, aunque la existencia de esta intervención no debe confundirse con la afirmación, históricamente mucho más difícil de demostrar, de que Washington dictó directamente cada una de las operaciones militares del 11 de septiembre. Lo que sí está documentado es que Estados Unidos trabajó para impedir la consolidación del proyecto de la Unidad Popular y que consideró su derrota un objetivo estratégico.

El caso de ITT permite comprender hasta qué punto los intereses de las grandes empresas y la política exterior estadounidense podían entrelazarse. International Telephone and Telegraph era una poderosa multinacional estadounidense con importantes intereses en Chile y, después de que el Gobierno de Allende avanzara en la nacionalización de sus activos, la compañía mantuvo contactos con responsables políticos estadounidenses y con personas vinculadas a los servicios de inteligencia. Las investigaciones realizadas posteriormente en Estados Unidos sacaron a la luz aquellos esfuerzos y contribuyeron a mostrar que el conflicto chileno no podía entenderse únicamente como una disputa entre partidos políticos. Detrás de las posiciones que se enfrentaban había intereses económicos concretos y una pugna por el control de sectores estratégicos de la economía. En ese sentido, Chile ofrecía una imagen especialmente clara de una realidad que se repetiría en diferentes momentos de la historia latinoamericana: cuando un Gobierno intenta recuperar para el Estado o para la sociedad recursos considerados estratégicos por el capital transnacional, la disputa deja de ser exclusivamente nacional y pasa a afectar directamente a los intereses de las grandes potencias económicas.

Mientras se desarrollaba esa presión exterior, la confrontación dentro de Chile se hizo cada vez más intensa. El país atravesaba una situación económica complicada, con inflación, dificultades de abastecimiento, conflictos laborales y una creciente polarización política. El Gobierno cometió errores y tuvo fuertes discrepancias internas sobre la velocidad y la profundidad con la que debía avanzar el proceso, mientras la oposición parlamentaria y los sectores empresariales fueron endureciendo su estrategia. Las huelgas patronales, los problemas de distribución y las acciones destinadas a dificultar el funcionamiento de la economía contribuyeron a agravar una situación ya muy deteriorada. Sería, sin embargo, una simplificación convertir todos aquellos problemas en el resultado exclusivo de una conspiración extranjera o, en el extremo contrario, atribuirlos únicamente a la incompetencia de la Unidad Popular. Lo ocurrido fue el resultado de una combinación de contradicciones económicas, decisiones políticas, enfrentamientos dentro de la izquierda, oposición organizada de las clases propietarias y una intervención estadounidense que está ampliamente documentada. En medio de aquella crisis, la lucha por el poder dejó de desarrollarse únicamente en las instituciones y pasó progresivamente a las calles, las fábricas, los campos y los cuarteles.

El 29 de junio de 1973, el llamado Tanquetazo mostró hasta qué punto la amenaza militar se había convertido en una posibilidad real. Las Fuerzas Armadas comenzaban a aparecer como el instrumento mediante el cual podía romperse el equilibrio institucional que había permitido la existencia del Gobierno de la Unidad Popular. La situación se agravó durante las semanas siguientes y el 23 de agosto Augusto Pinochet asumió la jefatura del Ejército. Pocas semanas después, en la mañana del 11 de septiembre, las Fuerzas Armadas iniciaron la operación destinada a derrocar a Allende. El presidente llegó a La Moneda y se negó a abandonar el cargo. Desde allí dirigió sus últimos mensajes al pueblo chileno mientras los militares rodeaban el Palacio y exigían su rendición. A través de Radio Magallanes, Allende pronunció unas palabras que terminarían convirtiéndose en uno de los testimonios políticos más importantes de la historia latinoamericana del siglo XX. Sabía que las posibilidades de resistir militarmente eran prácticamente inexistentes, pero también sabía que abandonar La Moneda significaba aceptar la legitimidad de quienes estaban destruyendo el orden constitucional.

El bombardeo comenzó poco después. Los aviones de la Fuerza Aérea atacaron La Moneda mientras el edificio era defendido por un pequeño grupo de personas que permanecía junto al presidente. Salvador Allende murió ese mismo día en el interior del Palacio; las investigaciones oficiales posteriores determinaron que se había suicidado durante el golpe. La precisión sobre las circunstancias de su muerte no cambia la naturaleza política de lo ocurrido. Allende fue derrocado por una acción militar contra un Gobierno constitucional y, con él, fue destruida la experiencia de la Unidad Popular. Durante los años siguientes, la dictadura de Pinochet persiguió sistemáticamente a quienes habían participado en aquel proceso, encarceló y torturó a miles de personas, ejecutó y desapareció a opositores y obligó a muchos otros a marchar al exilio. Los centros de detención y tortura y el Estadio Nacional se convirtieron en símbolos de una represión cuyo objetivo no era únicamente eliminar a dirigentes políticos, sino desarticular las organizaciones sociales y populares que podían oponerse al nuevo orden.

Sin embargo, la dimensión represiva del golpe fue acompañada por una transformación económica de enorme alcance. Esta cuestión resulta imprescindible para comprender qué intereses terminaron imponiéndose después del 11 de septiembre. La dictadura no se limitó a restaurar el poder político de las clases dominantes; creó las condiciones para modificar profundamente el modelo económico chileno. Antes incluso del golpe había comenzado a elaborarse un programa conocido como “El Ladrillo”, en el que economistas vinculados a la Universidad Católica y posteriormente relacionados con la Escuela de Chicago planteaban una profunda liberalización de la economía. Después de la toma del poder por los militares, varios de aquellos economistas pasaron a ocupar puestos de responsabilidad y sus propuestas comenzaron a aplicarse con una intensidad que habría resultado mucho más difícil de imponer en un sistema democrático sometido al debate parlamentario y a la presión de sindicatos, organizaciones sociales y movimientos populares.

Los llamados Chicago Boys encontraron en la dictadura el escenario político que necesitaban para llevar adelante su programa. A partir de mediados de los años setenta se desarrolló una política de shock que incluyó fuertes recortes del gasto público, liberalización de precios, reducción de aranceles, apertura al comercio internacional, privatización de empresas estatales y una profunda transformación del sistema financiero. Las reformas posteriores afectaron también a la seguridad social, a los servicios públicos y a la legislación laboral. En 1980 se estableció además un nuevo sistema de pensiones basado en cuentas individuales administradas por entidades privadas, uno de los elementos que terminarían convirtiendo al modelo chileno en una referencia internacional para los defensores del neoliberalismo. El discurso hablaba de libertad económica y modernización, pero aquella transformación se estaba realizando bajo una dictadura que había eliminado las libertades políticas, perseguido a los sindicatos y reducido drásticamente la capacidad de organización de los trabajadores. La liberalización económica avanzaba al mismo tiempo que se restringía la libertad política, y esa coincidencia no puede considerarse un detalle secundario cuando se analiza el origen del modelo chileno.

El resultado fue una profunda modificación de las relaciones de poder construidas durante décadas. La dictadura destruyó buena parte de las estructuras políticas y sindicales que habían constituido la base de resistencia de los sectores populares y, simultáneamente, impulsó la privatización de importantes activos y la retirada del Estado de numerosas áreas de la economía. El capitalismo chileno salió transformado de aquel proceso y el país pasó a convertirse en un referente para quienes defendían la apertura de los mercados y la reducción del papel económico del Estado. Décadas después, Chile sería presentado internacionalmente como ejemplo del éxito de las políticas neoliberales, pero esa imagen ocultaba una parte esencial de su origen: el laboratorio económico fue construido bajo las condiciones políticas creadas por un régimen militar que había eliminado por la fuerza a quienes podían organizar una oposición efectiva a aquellas reformas.

Por eso resulta insuficiente recordar el 11 de septiembre de 1973 únicamente como la fecha en que un grupo de generales decidió tomar el poder. El golpe debe ser entendido dentro de una confrontación social mucho más amplia. La Unidad Popular había puesto sobre la mesa cuestiones que afectaban directamente a la estructura de clases de Chile: la propiedad de la tierra, el control de los recursos naturales, el papel de las empresas extranjeras, la participación de los trabajadores en la economía y la capacidad del Estado para intervenir en sectores estratégicos. Frente a ese proyecto se encontraron las clases propietarias, importantes sectores empresariales, fuerzas políticas conservadoras y una potencia imperial que veía con preocupación la posibilidad de que el socialismo pudiera avanzar mediante las urnas. La intervención estadounidense no explica por sí sola toda la historia chilena, del mismo modo que los errores de la izquierda no pueden utilizarse para borrar la responsabilidad de quienes decidieron destruir la democracia mediante las armas. Ambas dimensiones forman parte de una historia compleja en la que los intereses de clase y los intereses geopolíticos terminaron convergiendo.

Cincuenta años después, Salvador Allende continúa siendo una figura inseparable de aquella disputa. Su importancia no reside en presentarlo como un dirigente sin contradicciones ni errores, sino en reconocer la dimensión histórica del intento que encabezó. La Unidad Popular trató de demostrar que las mayorías podían utilizar las instituciones democráticas para disputar el poder económico a quienes lo habían concentrado durante generaciones. Fue derrotada, pero su derrota no convirtió en falsa la pregunta que había planteado. Al contrario, la experiencia chilena permite comprender que democracia y economía no pueden contemplarse como espacios completamente separados y que la existencia de elecciones no garantiza por sí misma que las relaciones económicas fundamentales de una sociedad estén sometidas a la voluntad popular.

El golpe de Chile fue también una advertencia para toda América Latina. Estados Unidos demostró que no estaba dispuesto a aceptar fácilmente experiencias que cuestionaran su hegemonía continental, mientras las clases dominantes demostraron que podían recurrir a la fuerza cuando consideraban amenazados sus intereses fundamentales. El desenlace chileno tuvo además una enorme influencia internacional porque el modelo económico implantado posteriormente sería estudiado, admirado y reproducido en otros lugares. La combinación de dictadura política y liberalización económica convirtió a Chile en un precedente fundamental para la expansión internacional del neoliberalismo durante las décadas siguientes.

Recordar a Allende cincuenta años después significa, por tanto, mirar más allá de la imagen del presidente frente a La Moneda. Significa recuperar la historia de los trabajadores y campesinos que sostuvieron la Unidad Popular, de quienes participaron en los cordones industriales y en las organizaciones populares, de quienes defendieron la soberanía sobre el cobre y de quienes fueron perseguidos después del golpe. Significa recordar a las víctimas de la dictadura y también analizar qué intereses económicos se beneficiaron de la derrota de aquel proceso. Y significa reconocer que el 11 de septiembre de 1973 no fue un episodio aislado de la Guerra Fría, sino uno de los momentos decisivos de la historia latinoamericana en el que imperialismo, capitalismo y lucha de clases se encontraron en un mismo escenario.

Salvador Allende murió en La Moneda mientras defendía la legitimidad de un Gobierno elegido por el pueblo chileno. Augusto Pinochet consiguió ocupar el Palacio y permanecer en el poder durante diecisiete años, pero la dictadura no pudo hacer desaparecer aquello que había intentado enterrar bajo las bombas y la represión. La memoria de la Unidad Popular sobrevivió al régimen militar y, con ella, sobrevivió también la pregunta por la posibilidad de construir una sociedad diferente. Cinco décadas después, esa pregunta continúa formando parte de las luchas de los pueblos de América Latina y de quienes siguen entendiendo el internacionalismo no como una palabra del pasado, sino como la defensa de la soberanía, la justicia social y el derecho de cada pueblo a decidir su propio destino.

El 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas tomaron La Moneda, pero aquel día no terminó la historia de Salvador Allende. Su legado quedó ligado para siempre a una experiencia que intentó abrir un camino propio hacia el socialismo y que fue destruida cuando los intereses económicos y políticos que se sentían amenazados decidieron que las urnas ya no eran suficientes. Cincuenta años después, recordar Chile significa no olvidar quién perdió la democracia, quién sufrió la represión y qué modelo económico nació de aquella derrota. También significa comprender por qué la memoria de Allende continúa siendo una bandera para quienes, desde América Latina y desde otros lugares del mundo, siguen defendiendo que la soberanía de los pueblos debe estar por encima de los intereses del capital.

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Cómo las ONG de Washington y Soft Power manipularon el número de muertos de Nicaragua para impulsar el cambio de régimen y las sanciones

Lunes 30 de Julio 2018 | Max Blumenthal

Cómo las ONG de Washington y Soft Power manipularon el número de muertos de Nicaragua para impulsar el cambio de régimen y las sanciones

¿Acaso el gobierno sandinista de Nicaragua mató a más de 300 manifestantes pacíficos? Un análisis forense del número de muertos expone el reclamo como una mentira peligrosa.

Un estudio detallado de la cifra de muertos que se ha registrado en Nicaragua desde una campaña violenta para destituir al presidente Daniel Ortega y su gobierno sandinista muestra que al menos tantos simpatizantes sandinistas fueron asesinados como miembros de la oposición. El estudio, "Monopolizando la muerte", demuestra cómo las ONG locales partidistas combinaron todas las muertes ocurridas desde abril, incluidos los accidentes y los asesinatos de sandinistas, con asesinatos por parte de las fuerzas gubernamentales. Washington se ha aprovechado del recuento de muertes falsas para impulsar el caso de sanciones e intensificar la presión para un cambio de régimen.

El número de muertos manipulados fue la pieza central de una arenga del 25 de julio por la representante republicana Ileana Ros-Lehtinen en el piso de la Cámara. Mientras recaudaba apoyo para una resolución bipartidista que condenaba al presidente nicaragüense Daniel Ortega por supuestamente ordenar la masacre de manifestantes, Ros-Lehtinen declaró : "Sr. ¡Altavoz, cuatrocientos cincuenta! Así es como muchos nicaragüenses han sido asesinados por el régimen de Ortega y sus matones desde abril de este año ".

El retrato de la congresista de un régimen dictatorial que dispara contra manifestantes pacíficos como codornices indefensas en una cacería en conserva fue diseñado para generar presión para un ataque contra la economía nicaragüense en forma de paquetes de sanciones como la NicaAct. Su narración fue reforzada por el vicepresidente Mike Pence, quien condenó al gobierno de Nicaragua por "más de 350 muertos a manos del régimen" y por Ken Roth, el director ejecutivo de Human Rights Watch, quien también sugirió que Ortega había tenido personalmente ordenó el asesinato de "300 manifestantes contra su gobierno corrupto y represivo".

A lo largo de las últimas dos semanas, estuve en Nicaragua entrevistando a decenas de víctimas de la oposición nicaragüense respaldada por Estados Unidos. He conocido a los oficiales de policía que vieron a sus colegas abatido por elementos bien armados, mientras que recibir la orden de permanecer en sus estaciones, sandinistas líderes sindicales cuyas casas fueron quemadas, y los ciudadanos comunes que fueron secuestrados en el Tranque bloqueos de carreteras y sacó de sus hogares sean golpeado y torturado, a veces con la aprobación de los sacerdotes católicos. Estaba claro para mí que la oposición nicaragüense era pacífica en su intento de cambio de régimen.

Y también estaba claro que muchos sandinistas habían sido asesinados desde que comenzó el caos en abril. Las víctimas de la oposición incluyen a Gabriel de Jesus Vado, un oficial de policía de Jinotepe, secuestrado, arrastrado de un automóvil en movimiento y quemado vivo en video en el tranque de Monimbo este mes, un barrio en Masaya que la oposición había ocupado violentamente durante semanas .

El texto completo del estudio de Hendrix, traducido al inglés por el colectivo de periodismo Tortilla con Sal , está incorporado al final de este artículo, junto con una hoja de cálculo que analiza (en español) cada muerte en detalle.

ONG partidistas de derechos humanos como arma de cambio de régimen

El estudio de Hendrix examina las muertes registradas por las tres principales organizaciones nicaragüenses de derechos humanos. Son el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya participación fue solicitada por el gobierno de Nicaragua el 13 de mayo; y la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH).

Estas son las organizaciones en las que el Congreso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones internacionales de poder blando como Human Rights Watch han confiado en su comprensión de la violencia que se ha apoderado de Nicaragua.

Mientras estuve en Nicaragua, aprendí cómo miembros de CENIDH y ANPDH participaron activamente en la campaña para eliminar al gobierno sandinista. Por ejemplo, tres estudiantes de la universidad pública UNAN me dijeron que el asesor jurídico del CENIDH, Gonzalo Carrión, estaba presente con estudiantes y militantes de la oposición cuando tomaron el campus y que Carrion era incluso un espectador de su violencia.

Ramón Avellan, el comisionado de policía de Masaya, me contó cómo el personal de la ANPDH apareció repetidamente en su estación de policía junto con activistas de la oposición para suplicarle que se rindiera. Este acto habría resultado en la toma total de la ciudad por parte de la oposición armada, que según Avellan, incluía una fuerte representación de los carteles criminales locales.

ANPDH fue fundada en Miami, la verdadera base de la oposición derechista de Nicaragua, y fue financiada en los años 80 por el National Endowment for Democracy del gobierno de los Estados Unidos para pintar a los Contras como víctimas de la brutalidad comunista. Hoy, el grupo sigue siendo un arma política de elección contra el movimiento sandinista.

Cómo las ONG antisandinistas de "derechos humanos" y Washington cocinaron los libros.

Hendrix descubrió que los tres principales grupos autoproclamados de derechos humanos en Nicaragua habían eliminado los contextos de las muertes que registraron para confundir todas las muertes no naturales que ocurrieron en todo el país entre el 19 de abril y el 25 de junio con asesinatos de las fuerzas progubernamentales nicaragüenses.

Descubrió que se incluyeron siete categorías de muertes en los informes de derechos humanos que no guardaban ninguna relación con la violencia gubernamental.

Ellos son los siguientes:

-Nombres duplicados

-Muertes no relacionadas con protestas

-Gente asesinada por la oposición

-Activistas de la oposición, incluidos aquellos involucrados en los violentos tramos

-Espectadores inocentes

-Nombres sin datos significativos para determinar la causa de la muerte

-Muertes omitidas de cada lista

-Según Hendrix, los informes de CENIDH, CIDH y ANPDH fueron rellenos con la muerte de " víctimas de accidentes de tráfico, altercados entre pandillas, asesinatos por robo, asesinatos accidentales de armas de fuego y, lo que es más absurdo, suicidios".

El estudio de CIDH incluye nueve nombres duplicados, mientras que las tres organizaciones registraron sus informes con 97 muertes que no estaban relacionadas con las protestas. Las causas de 77 muertes registradas en los tres informes permanecen desconocidas.

Mientras que la oposición nicaragüense ha gritado sobre las masacres de estudiantes a nivel genocida, Hendrix encontró en su propia investigación que de las aproximadamente 60 muertes entre elementos antisandinistas a manos de fuerzas alineadas con el gobierno, solo 16 o 17 eran estudiantes reales.

Lo más sorprendente es que la investigación forense de Hendrix demostró que la oposición mató al menos al mismo número de partidarios y policías sandinistas que perdieron a manos del gobierno. Este hecho va directamente en contra de la narrativa centrada en los Estados Unidos de un dictador que acribilla a los manifestantes pacíficos.

Sería fácil para cualquiera que esté familiarizado con la situación que se desarrolló en el terreno en los últimos tres meses para ver por qué tantos habían sido asesinados en el lado Sandinista.

A fines de abril, Ortega ordenó a sus fuerzas policiales permanecer en sus estaciones como condición para el diálogo nacional que inició con la oposición. La orden significó que durante aproximadamente 55 días, los partidarios de Sandinista se vieron obligados a defenderse de una cruzada nacional de venganza de sangre letal. Innumerables ciudadanos fueron golpeados o enfrentaron la destrucción de la propiedad a manos de la oposición únicamente porque pertenecían al frente sandinista.

Entre los asesinatos de sandinistas detallados en el informe de Hendrix se encuentra un bebé de 25 meses, hijo de Gabriella María Aguirre, quien murió el 13 de junio en Masatepe por broncoaspiración cuando su ambulancia fue detenida en un control de la oposición.

Mientras tanto, en ciudades como Masaya y Jinotepe, la policía se encontró bajo un asedio virtual, aislado durante semanas de alimentos y suministros médicos regulares, y terminó peleando con los militantes de la oposición que los rodeaban.

Las muertes de aquellos dentro de los rangos de la oposición que fueron asesinados por accidente o como resultado de la violencia fratricida también han sido descontextualizados en estos informes, y por lo tanto no son reconocidos por Washington ni por los cuerpos legales internacionales. Entre ellos, el periodista guatemalteco Eduardo Spiegler , quien fue aplastado por una decoración de la calle del "árbol de la vida" derrocada por los manifestantes de la oposición mientras cubría su juerga de vandalismo.

De ONG antisandinistas a organismos internacionales, sin escrutinio en el medio

El gobierno nicaragüense ha nombrado su propia comisión compuesta por expertos independientes para investigar las muertes ocurridas desde abril. Según Hendrix, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha negado a aceptar datos de la investigación oficial nicaragüense, confiando en cambio en la CIDH.

Esto significa que el principal organismo internacional responsable de sacar conclusiones sobre la violencia en Nicaragua se ha basado en gran medida en una ONG partidaria con una inclinación decididamente antisandinista y no ha hecho ningún trabajo independiente.

Mientras tanto, en Washington, los miembros del Congreso como Ros-Lehtinen no solo han confiado en la defectuosa narrativa de la oposición, sino que han exagerado el número de muertos para impulsar el caso de un ataque más profundo contra la economía nicaragüense.

Hendrix enfatizó que debido a que las ONG locales de derechos humanos como CIDH dependían tanto de medios de la oposición altamente partidarios para tabular sus conteos de muertos, "es imposible verificar en muchos casos si están diciendo la verdad".

Se preguntó si "podríamos estar viendo una manipulación aún mayor de lo que sabemos".

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La derecha internacional sigue con el plan golpista para dañar Venezuela y el Gobierno dice basta de tantos ataques e injurias contra la patria de Bolívar

La coalición de la derecha internacional no ha descansado en su afán de intervenir en los asuntos internos de Venezuela, mediante un plan altamente desestabilizador orquestado desde el imperio norteamericano para hacer caer el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y hacerse de las riquezas del paìs, como es sabido, especialmente del petroleo y que para ello ha usado como medio para sus planes a la derecha apátrida venezolana representada en su mayoría por la mal llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Ante los contantes ataques contra el país el ejecuto Nacional dejó clara su posición y repudió las declaraciones del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), Michael Pompeo, y denunció ante la comunidad internacional las agresiones sistemáticas del Gobierno deEstados Unidos (EEUU) contra la soberanía nacional.

La Cancillería venezolana Mediante un comunicado oficial, precisó que diversas acciones se han levantado contra la Patria de Bolívar,  entre ellas: la campaña de operaciones de inteligencia, conducidas al más alto nivel, para derrocar el Gobierno constitucional del Presidente de esta nación suramericana, Nicolás Maduro Moros, así como el financiamiento y soporte logístico de las autoridades de EEUU de América a la oposición nacional como parte integral de sus esfuerzos desestabilizadores.

A continuación el texto completo del comunicado:

La República Bolivariana de Venezuela repudia categóricamente las declaraciones del Director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos de Norteamérica, Michael Pompeo, y denuncia ante la comunidad internacional las agresiones sistemáticas de los EE.UU contra Venezuela:

1. La campaña de operaciones de inteligencia, conducidas al más alto nivel, para derrocar el gobierno constitucional del Presidente Nicolás Maduro Moros, incluida la coordinación con los gobiernos de Colombia y México para lograr una transición en Venezuela, lo cual se corresponde con las acciones que los gobiernos de estos países han venido liderando a nivel regional.

2. El financiamiento y soporte logístico de los Estados Unidos de América a la oposición venezolana como parte integral de sus esfuerzos desestabilizadores de la democracia en Venezuela, y de promoción de la violencia con fines políticos.

3. La promulgación y renovación de la Orden Ejecutiva que considera a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los EE.UU y a su política exterior.

4. La imposición de medidas coercitivas unilaterales e ilegales contra altos funcionarios del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, incluido su Vicepresidente Ejecutivo, ministros, y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el objeto de someter al Estado venezolano a los designios imperiales estadounidenses.

5. Que desde el inicio de la actual administración estadounidense ha llevado a cabo más de 105 acciones intervencionistas y hostiles, liderando los esfuerzos de intervención que se adelantan desde la Organización de Estados Americanos (OEA), en franca violación del derecho internacional, y amenazando con la adopción de “severas y rápidas acciones económicas” contra toda la población venezolana. Estas sanciones colectivas son del más claro corte imperial, y lesivas gravemente del derecho internacional.

La República Bolivariana de Venezuela exige las inmediatas y debidas excusas de la administración estadounidense, y alerta a la comunidad internacional de la amenaza cierta sobre nuestro país, considerando el terrible historial de esta agencia de inteligencia en la vulneración de la soberanía de países independientes, la afectación y sufrimiento a poblaciones enteras y la desintegración territorial de países no alineados con los intereses imperiales.

La República Bolivariana de Venezuela informa que denunciará a través de los canales diplomáticos correspondientes, al gobierno de los EE.UU, de Colombia y de México, ante la CELAC, la UNASUR, la AEC y ante el Movimiento de Países No Alineados, como nos corresponde como Patria libre e independiente. Este domingo 30 de julio el pueblo de Venezuela acudirá a las urnas pacíficamente a expresar su voluntad soberana mediante el voto universal, directo y secreto en fiesta democrática y en ejercicio de su soberanía directa para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente.

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No hubo Golpe de Estado en Venezuela. EEUU, la OEA y medios hegemónicos están desinformando

Nuevamente la desinformación es utilizada por el poder norteamericano y sus apéndices nacionales para desestabilizar a Venezuela. No hubo “Golpe de Estado” como están informando. El hecho concreto es que la oposición derechista hizo jurar ilegalmente como diputados de la Asamblea Nacional a un grupo de representantes elegidos a través de un fraude electoral. Mediante la falsa mayoría lograda a través de estos diputados, la Asamblea está tomando todo tipo de decisiones ilegales, entre ellas el supuesto “abandono del cargo” del presidente.  Frente a esta situación completamente anómala el Tribunal Supremo de Justicia suspendió la actividad de la Asamblea hasta tanto acepte salir del desacato al Poder Judicial y retire a los falsos diputados en los términos que el TSJ lo pidió. Sobre esta situación se montó la OEA (títere de los EEUU) denunciando un supuesto “golpe de Estado” y los países latinoamericanos, alineados con los EEUU, como Argentina, Chile, Perú y Brasil salieron a respaldar esta postura. Macri incluso recibió a la esposa del golpista venezolano, Leopoldo López. La red internacional de medios del poder anglonorteamericano y sus delegados locales (Clarín, La Nación, Infobae, América, Canal 13, TN, Radio Mitre, etc.) están intentando legitimar una futura intervención militar en Venezuela, a través del artículo 20 de la “Carta Democrática” de la OEA y el Comando Sur de los EEUU. El objetivo final es muy claro: apropiarse de una de las mayores reservas petrolíferas del mundo. Ayudemos a impedirlo dejando expuestas sus mentiras.

¿HUBO GOLPE DE ESTADO EN VENEZUELA? NO y NO

por Misión Verdad 

1. De hecho el parlamento podría volver a funciones en solo dos días, “si quisieran, al salir de su desacato” ( Retirar Diputados de Amazonas, que fueron elegidos fraudulentamente, como quedó demostrado irrefutablemente).

2. No hay golpe de Estado, pues “no hay desplazamiento del Poder legislativo ni de sus integrantes” (disolución). Técnicamente tampoco hay disolución, “pues no está disuelto un parlamento que puede volver a funciones*”

3. El TSJ va asumir de manera accidental y coyuntural funciones de la Asamblea Nacional “para cubrir el vacío” de Estado que hay con el poder legislativo a más de un año de su ausencia por auto anulación y desacato. Hay que recordar que la Asamblea Nacional no ha funcionado, no ha discutido proyectos de leyes ni cumplido con sus obligaciones institucionales. Su único objetivo es derrocar al gobierno de Maduro.

Venezuela: ¿Hubo autogolpe? ¿Se disolvió al parlamento?

MisiónVerdad/Resumen Latinoamericano, 31 de marzo 2017

Son estas preguntas claves frente a la escaramuza de poderes y conflicto político que ha recrudecido en Venezuela y que ha sido planteado a partir de un dictamen del 29 de marzo del Tribunal Supremo de Justicia, que asume de manera accidental y eventual funciones del parlamento venezolano, hoy en desacato y en situación de nulidad en sus actos administrativos.

¿Hubo autogolpe?

No. Para empezar, que el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia asume la situación actual de desacato de la Asamblea Nacional venezolana, al no resolver la situación de 3 mal llamados diputados de Amazonas, cuya juramentación fue espuria por haber sido impugnada ante el ente electoral venezolano. Aunque el TSJ declara los “constantes” actos de desacato del parlamento y su actitud contraria a la institucionalidad señalada en la Constitución por desconocimiento del Poder Judicial, no desconoce la existencia del mismo ni los cargos de quienes (sin impugnaciones) lo integran y cuentan con su nombramiento.

En esencia, el dictamen del TSJ mantiene el espíritu de dictámenes anteriores, donde se conminó repetidamente al parlamento a desistir de su posición de desacato, ya que el TSJ declara que asumirá funciones del parlamento “hasta la superación del desacato” del parlamento. Lo que constituye una situación de “golpe de Estado” es el desplazamiento de un factor político, desmembrándolo. No hay golpe de Estado cuando ese factor político puede, por vías legales e institucionales, volver a funciones, como efectivamente podría hacer la Asamblea Nacional si decide volver al ruedo institucional superando su desacato. Un golpe de Estado desconocería esa posibilidad que aún tiene el parlamento.

¿Se disolvió a la Asamblea Nacional?

Definitivamente no. De hecho, la Asamblea Nacional podría volver a funciones en sólo unos días si tan sólo Henry Ramos Allup y la directiva electa en enero de 2016 deciden desincorporar a los “diputados” de Amazonas y luego colocar a Julio Borges en la presidencia del parlamento. La directiva de Ramos Allup ha sido la única electa en situación de acato constitucional. No es el caso de la directiva de Julio Borges. Visto así, todos los actos de la directiva de Borges son nulos.

Recordemos que en el mes de enero, luego del diálogo con el chavismo, la AN aceptó retirar a los diputados de Amazonas. Aún estando en desacato, nombraron a Borges y retiraron a los diputados de Amazonas. Ese acto es nulo. El TSJ conminó al parlamento a cumplir con el mecanismo de manera jurídicamente correcta, pero se rehusaron e intempestivamente se retiraron del diálogo trancando el juego político.

Una Asamblea Nacional en condiciones y con garantías de volver a funciones, no es una Asamblea disuelta.

¿Por qué asume funciones el TSJ?

El TSJ, al igual que todos los poderes públicos, está en la obligación de resguardar el hecho constitucional, el hecho institucional y en definitiva proteger a la sociedad de todo tipo de conmociones. Es decir, se trata de la protección del “pacto social” venezolano.

Dada la situación de estancamiento del parlamento autoanulado y en desacato, se cierne sobre el hecho político la ausencia intermitente de uno de los poderes del Estado. Situación que ya lleva más de un año. Esto implica un espacio vacío del Estado, la ausencia de un poder, situación que pone en desequilibrio y vulnerabilidad institucional al Estado. En los hechos la MUD ha usado el parlamento para embestir al Estado todo, al poder Ejecutivo y a los demás poderes públicos y esta afrenta pone en peligro las instituciones todas y significa una vulneración del Estado de Derecho. Ante esto, el TSJ se ha pronunciado.

El propósito es sostener el funcionamiento del Estado, de manera accidental, eventual, mientras los factores políticos que son mayoría en el parlamento deciden superar su actual situación cuyo nombre jurídico exacto es “Omisión Inconstitucional Parlamentaria”, según la interpretación del TSJ de la Constitución.

Hay que insistir en que esta será una situación que persistirá en la medida en que los factores de la MUD en el parlamento lo decidan. El TSJ es claro y afirma en el numeral 4to de su dictamen: “Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, la Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.

¿Hay un evento económico que detonó el asunto?

El chavismo ha denunciado que el parlamento en manos de la MUD ha elevado exponencialmente los enfrentamientos políticos nacionales, ahora choques de poderes. Se ha producido una escalada sin precedentes que para el chavismo y el Gobierno venezolano se traducen en “intentos de paralización del Estado y del país”. El chavismo denuncia también que el parlamento es parte de un boicot institucional para profundizar otras situaciones de boicot económico, cuestiones que han dado la única victoria parlamentaria a la derecha venezolana en 18 años. No es temeraria ni exagerada esa afirmación. Veamos.

El dictamen del TSJ es consecuencia de una consulta realizada por el Ejecutivo venezolano por medio de la empresa y corazón de la economía venezolana, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), quienes están en la obligación de someter al parlamento conformar “empresas mixtas” o consorcios, para interactuar financieramente con empresas inversionistas en los desarrollos petroleros de Venezuela. Pdvsa, ante la situación del parlamento, sometió a consideración del TSJ una vía para poder conformar nuevas empresas mixtas y atraer nuevas inversiones.

El TSJ respondió en el numeral 1ero de su dictamen lo siguiente: “Sobre la base de la omisión inconstitucional declarada (del parlamento), declaró (la Sala Constitucional del TSJ) que no existe impedimento para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, debiendo informarle a la Sala Constitucional de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones. Así como también cualquier modificación posterior de las condiciones deberá ser informada a la Sala”. Ese es el meollo. Esa es la única función que el TSJ asume y que aparece explícitamente señalada en su dictamen.

Esto significa que el TSJ sólo debe ser notificado de las asociaciones de Pdvsa para que el TSJ vele por el cumplimiento de la actual Ley de Hidrocarburos, y nada más. Autorizan al Presidente a continuar llevando la dirección económica en el marco del “Estado de Excepción y Emergencia Económica” vigente para continuar en la labor de tomar las acciones pertinentes para superar la situación económica actual.

¿Cuál es la apuesta de los enemigos del chavismo dentro y fuera de Venezuela?

Nadie debe poner en duda que Pdvsa y Venezuela requieren un aumento del flujo de la inversión extranjera, más todavía si tiene lugar en las áreas vitales y sensibles a la economía nacional, como es el caso de los desarrollos petroleros nacionales y el proyecto petrolero más grande del mundo: la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. ¿Cuál es la apuesta del parlamento al intentar boicotear esto? ¿Acaso apuesta al recrudecimiento de la situación económica venezolana? Debemos preguntarnos.

La reacción desproporcionada de la derecha en Venezuela y en el extranjero, al declarar un “golpe de Estado” y una “disolución del parlamento” se inscribe en la trama de caotización e injerencismo que auspicia el antichavismo dentro y fuera de Venezuela respectivamente. Ocurre justo ahora, una aceleración de los eventos y una intoxicación política desproporcionada en varios frentes en simultáneo.

Estados Unidos y otros países obedientes a su agenda exterior mueven fichas y reaccionan, desconociendo el apego a la legalidad del TSJ venezolano. Y esto es un asunto de cuidado. A sólo horas del dictamen del TSJ, el Secretario General de la OEA Luis Almagro, ha convocado a una nueva “reunión de urgencia” del Consejo Permanente de esa organización para decretar a Venezuela como Estado forajido. Se recrudece con esto el ciclo de confrontación. Tal parece que las acciones de boicot a Venezuela recrudecen de maneras cada vez más consistentes, y a la vez insólitas.

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Escarrá: TSJ de Venezuela está garantizando el estado de derecho

En entrevista para teleSUR el abogado constitucionalista Hermann Escarrá analizó la actual situación en Venezuela, marcada por la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que decreta que el Máximo Tribunal del país será el encargado de ejercer las competencias parlamentarias de la Asamblea Nacional con el objetivo de resguardar el Estado de Derecho, debido a que ese ente con mayoría opositora se encuentra en desacato a las leyes de la República.

¿Hay un “Golpe de Estado” en Venezuela?

Diferentes reacciones ha causado, a nivel nacional e internacional, la sentencia 156 emitida este miércoles en la noche por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la que se declara que, mientras persista la situación de desacato, las competencias de la Asamblea Nacional serán ejercidas directamente por la Sala Constitucional del máximo tribunal del país. Julio Borges, presidente del parlamento, aseguró que hay un “golpe de Estado” y llamó a desconocer al TSJ. Luis Almagro, secretario general de la OEA, también ha calificado la sentencia de un “auto-golpe de Estado” y convocó urgentemente a un nuevo Consejo Permanente de la organización. Perú retiró a su embajador en Venezuela, argumentando que la sentencia es “una ruptura del orden constitucional y democrático”. Las redes sociales posicionan la frase “Golpe de Estado” en primer lugar. Mientras tanto, el país continúa funcionando en completa calma, y en las calles no se ve ninguna alarma por lo ocurrido. ¿Qué pasa realmente?

Texto: Alba Ciudad (LBR)

Es importante destacar que en Venezuela no se ha disuelto la Asamblea Nacional. Los diputados continúan yendo a sus oficinas y al Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento venezolano. Ellos continúan realizando allí sus sesiones ―gobierno y oposición discrepan en torno a su legalidad― y ningún parlamentario ha sido detenido o arrestado.

Sin embargo, para entender si hay un golpe de Estado en Venezuela o no, es necesario recordar una serie de eventos ocurridos desde hace un poco más de un año. Como se recordará, el Poder Legislativo venezolano, de mayoría opositora al gobierno de Nicolás Maduro, se encuentra en desacato desde 2016.¿Cómo ocurrió esto?

En las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, se denunciaron hechos de fraude en el estado Amazonas, respaldados por grabaciones en las cuales la entonces secretaria de la gobernación de Amazonas, Victoria Franchi, ofrecía sumas de dinero a grupos de personas para votar por los candidatos opositores. Por ello, el TSJ suspendió las proclamaciones de los diputados de Amazonas.

Sin embargo, la Asamblea Nacional persistió en juramentar como diputados a tres candidatos de dicha entidad.

Su juramentación era importante para la oposición, pues le daba la posibilidad de tener mayoría absoluta en la Asamblea Nacional (dos tercera partes de los diputados), lo que les daría nuevas facultades y atribuciones, incluyendo la de derogar o reformar leyes orgánicas, como la Ley del Trabajo o la Ley de Educación.

Por realizar dicha juramentación ilegalmente, el Tribunal Supremo de Justicia declaró a la Asamblea Nacional en desacato y señaló que sus decisiones son nulas mientras continúen en esa situación. La junta directiva de la AN se ha negado a anular la juramentación de estos tres ciudadanos, lo que requiere una serie de pasos y debe ser realizado por la Junta Directiva que los proclamó.

Posteriormente, en enero de 2017, la Asamblea Nacional continuaba en desacato, pero aún así fue juramentada una nueva Junta Directiva, y el diputado Julio Borges se autojuramentó como nuevo presidente de la Asamblea, acto realizado el pasado 5 de enero.

Cuatro días después, el 9 de enero, esta Asamblea Nacional declaró el supuesto “abandono de cargo” del Presidente Nicolás Maduro, uno de los causales en la Constitución por las cuales se puede convocar a nuevas elecciones presidenciales.

Si bien esta decisión no tuvo validez legal ―obviamente el Presidente Maduro no ha abandonado el cargo― buscaba suprimir al poder Ejecutivo desde el Legislativo, lo que, de haberse materializado,hubiera constituido un golpe de Estado. Por esta razón, el Bloque de la Patria (que agrupa a los diputados que apoyan a Maduro) introdujo ante el TSJ un recurso de nulidad contra este decreto.

El máximo tribunal del país respondió en una nueva sentencia el 31 de enero, fijando los criterios en los cuales se puede declarar abandono de cargo, y declarando que los actos de la nueva Junta Directiva son nulos, pues la misma fue juramentada estando la Asamblea Nacional en desacato.

Es importante destacar que la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, dirigida por Julio Borges, anuló la juramentación de los 3 diputados de Amazonas en su sesión del 9 de enero. Lo hizo justo antes de declarar el supuesto abandono de cargo del Presidente Maduro, y lo hizo para tratar de eliminar la condición de desacato. Sin embargo, la sentencia del TSJ del 31 de enero señala que todos los actos de esta nueva Junta Directiva son nulos: es la Junta Directiva anterior, presidida por Henry Ramos Allup, la que debía anular las juramentaciones de los diputados.

Por ello, la anulación de los 3 diputados de Amazonas hecha el 9 de enero no se consideró válida.

Dos sentencias trascendentales

Este miércoles, la Sala Constitucional del TSJ emitió la sentencia 156 en la que resolvió, “ante el desacato de la Asamblea Nacional”, que “no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos”.

En sus puntos, la sentencia también “declaró la Omisión Inconstitucional parlamentaria” y advirtió que, “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.

Previamente, el martes fue emitida otra sentencia por la misma Sala Constitucional, la 155, que señala que la inmunidad parlamentaria de los diputados sólo los ampara durante el ejercicio de sus funciones, lo que no es el caso al estar la Asamblea Nacional en desacato. También le concede al Presidente Maduro la posibilidad de revisar la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar, para “conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática, la convivencia pacífica y los derechos de las venezolanas y los venezolanos”.

Esta sentencia fue calificada como “histórica” por el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien recordó que, días atrás, la propia Asamblea Nacional había aprobado un acuerdo llamando a la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela, lo que él calificó de un grave delito de traición a la Patria.

Maduro señaló el pasado martes que las instituciones públicas constituidas legal y constitucionalmente, deben dar un paso al frente en la defensa al derecho de la integridad de la nación. “Nuestros equipos jurídicos están estudiando la implicación de estas decisiones tan importantes para garantizar la paz, la legalidad, la constitucionalidad y el funcionamiento de los Poderes Públicos y los pasos futuros para restablecer el poder legislativo”.

La AN puede hacer marcha atrás

Es de notar que ambas sentencias señalan el carácter temporal de su decisión: las competencias del parlamento serán ejercidas por la Asamblea Nacional siempre que “persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional”.

Si la Asamblea Nacional cumpliera todos los pasos para eliminar la condición de desacato, incluyendo la anulación de la juramentación de los diputados de Amazonas, la propia sentencia señala que la inmunidad y las competencias parlamentarias retornarán de nuevo a la Asamblea Nacional.

El pasado mes de febrero, el Presidente Nicolás Maduro dio a conocer que había sectores racionales de la oposición interesados en echar para atrás la condición de desacato y restaurar el funcionamiento normal de la Asamblea Nacional. Esto se estaría conversando en las mesas de diálogo entre el gobierno y la oposición. Pero todo parece indicar que los sectores opositores más extremistas, que buscan una intervención internacional a través de la OEA,se han impuesto por los momentos, por encima de los sectores opositores más racionales.

Julio Borges dice que desconoce al TSJ

Este jueves, el presidente de la Asamblea Nacional y diputado por el partido de derecha Primero Justicia, Julio Borges, reaccionó ante las dos sentencias del Tribunal Supremo. Realizó una rueda de prensa en la que anunció que desconocía al TSJ y que “se rebela” ante la decisión de la Sala Constitucional. Igualmente, solicitan al sector militar ser fieles a la Constitución.

Rompiendo una copia del documento, Borges señaló que “esta Asamblea Nacional desconoce el Tribunal Supremo de Justicia. A esos magistrados los eligieron para violar la Constitución. Por eso, ¡los 112 diputados queremos dejar claro que este parlamento se rebela ante esta decisión! ¡Toda sentencia contraria a la constitución es nula!”, dijo el presidente de la AN.

Asimismo, pidió el apoyo de todos los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se active la Carta Democrática y “que se realicen de una vez por todas las elecciones regionales. No se trata como dice el gobierno de que haya una intervención extranjera sino que todos los venezolanos se manifiesten a través del voto, eso es lo que queremos”.

Además Julio Borges hizo un llamado para que este sábado se realicen diferentes movilizaciones. “Convocamos para este sábado acción de calle y para la próxima semana una gran movilización”.

Por su parte, Henrique Capriles, excandidato opositor y gobernador del estado Miranda, aseguró en una rueda de prensa que el decreto del TSJ es un “Madurazo” y un supuesto golpe de Estado, y llamó a la Organización de Estados Americanos a convocar “de emergencia” a su Consejo Permanente. “Hay que convocar de emergencia al Consejo Permanente para que la instancia de América sea la primera en pronunciarse”, explicó el dirigente del partido Primero Justicia.

Luis Almagro califica de “auto golpe de Estado”

Por su parte, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro,emitió un comunicado denunciando un supuesto “auto-golpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional, último poder del Estado legitimado por el voto popular”.

“Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado”, sentenció el Secretario General.

En el comunicado, señala que “asumir la restauración de la democracia es tarea de todos. Hoy es hora de trabajar unidos en el hemisferio para recuperar la democracia en Venezuela, con cuyo pueblo todos tenemos deudas que nos obligan a actuar sin dilaciones. Callar ante una dictadura es la indignidad más baja en la política”.

Intentando citar al prócer independentista José Gervasio Artigas, Almagro continuó su comunicado con la frase: “La cuestión es sólo entre la libertad y el despotismo” y añadió: “nuestros opresores ―y son nuestros opresores porque la libertad de los pueblos es la esencia misma de nuestra libertad― sólo por serlo forman el objeto de nuestra lucha”.

El Secretario General de la OEA dijo que es urgente la convocatoria de un Consejo Permanente en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática.

Perú retira a su embajador en Venezuela

El Gobierno de Perú retiró definitivamente a su representante diplomático en Venezuela, según informó este jueves la Cancillería de esa nación en un comunicado en el que aseguran que hubo una “ruptura del orden institucional” en el país.

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, tomó la decisión definitiva luego de que dos semanas atrás hiciera un retiro temporal de su embajador en Caracas por los “insultos” de su homólogo venezolano Nicolás Maduro.

“El Gobierno del Perú condena la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de atribuirse las competencias parlamentarias que le corresponden a la Asamblea Nacional, arbitraria medida que violenta el Estado de Derecho y constituye una ruptura del orden constitucional y democrático en la República Bolivariana de Venezuela”, señala el comunicado.

También indican que “la Cancillería peruana ha iniciado consultas con países miembros de la Organización de los Estados Americanos para que, en el marco de la Carta Democrática Interamericana,se adopten con la mayor urgencia las medidas que correspondan ante la evidente ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela”.

Regresarán a la OEA

Todo parece indicar que los sectores de la derecha nacional e internacional aprovecharán la sentencia para intentar nuevamente la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela, esta vez con una nueva excusa: un supuesto “golpe de Estado”, que en realidad es una respuesta dada por el TSJ para intentar resolver la grave situación que vive el país, dado que la Asamblea Nacional no está ayudando en ese sentido, sino que prácticamente se ha anulado a sí misma.

Todo señala que la oposición venezolana necesita que la OEA invoque los artículos 21 y 22 de la Carta Democrática para lograr la suspensión de Venezuela en la organización, con el fin de lograr sanciones que empeoren la situación del país y causen una crisis humanitaria. Justo la condición que el Comando Sur estadounidense necesita para justificar una intervención militar a la nación con las mayores reservas petroleras del mundo.

¿Quién está dando el golpe de Estado a quién? Usted tiene la respuesta.

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