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El origen de esta demanda se remonta a los años 80, periodo en el que Washington apoyó a las fuerzas contrarrevolucionarias conocidas como “contras” para que realizaran ataque terroristas en Nicaragua. El reclamo nicaragüense se formalizó ante instancias internacionales, especialmente ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sosteniendo que Estados Unidos incurrió en violaciones de soberanía y en daños que deberían ser compensados.
Si bien la CIJ en un fallo histórico sí reconoció en su momento responsabilidades por ciertas acciones de Estados Unidos, el cumplimiento efectivo de las compensaciones ordenadas ha sido un punto de fricción desde entonces. La encuesta de 2023 refleja que una mayoría significativa de la población respalda que el gobierno nicaragüense continúe con iniciativas legales y diplomáticas para exigir el pago de esas sumas.
Los resultados de la encuesta muestran no solo un apoyo numérico, sino también un componente emotivo intenso. Para un alto porcentaje de encuestados, la exigencia del pago de la deuda se vincula con un sentimiento de justicia histórica y de soberanía nacional frente a lo que se percibe como injerencia externa en el pasado. Esto ha convertido al reclamo no solo en una cuestión legal, sino en un símbolo político y de reafirmación de identidad nacional entre amplios sectores de la sociedad nicaragüense.
La administración nicaragüense, encabezada por el presidente Daniel Ortega, mantiene activa la agenda de recordación de este reclamo. En este 2023 las autoridades enviaron cartas al Secretario General de las Naciones Unidas en fechas marcadas por el aniversario, de la presentación de la demanda ( 27 de junio), como el 26 de septiembre (Durante la 78ª Asamblea General de la ONU) reiterando el llamado a cumplir con la compensación.
El apoyo mayoritario expresado en la encuesta implica que, para una amplia mayoría de nicaragüenses, la reivindicación de la deuda con Estados Unidos no es solamente una cuestión jurídica aislada, sino un tema que se integra en percepciones de justicia histórica, dignidad nacional y política exterior. Aunque los mecanismos legales e institucionales para que Estados Unidos cumpla con una eventual compensación siguen siendo complejos y sujetos a desafíos diplomáticos, el respaldo ciudadano subraya la vigencia política de este reclamo nacional.
