Por Javier Huerta
La ma帽ana del 9 de abril de 1984, el Palacio de la Paz de La Haya no era consciente de que iba a convertirse en el escenario de uno de los mayores desaf铆os pol铆ticos que jam谩s hubiera recibido la primera potencia militar del planeta. Mientras funcionarios y diplom谩ticos recorr铆an con la rutina habitual los pasillos de la Corte Internacional de Justicia, una delegaci贸n de la peque帽a Nicaragua revolucionaria depositaba una demanda contra los Estados Unidos de Am茅rica. No era un gesto simb贸lico ni una operaci贸n propagand铆stica. Era la decisi贸n de un pueblo pobre, asediado por una guerra organizada desde el exterior, de exigir responsabilidades al pa铆s m谩s poderoso del mundo por violar el Derecho Internacional. Aquel d铆a, por primera vez en la historia contempor谩nea, el imperio era llamado a responder ante un tribunal internacional por su pol铆tica de agresi贸n contra un pa铆s latinoamericano. La imagen encerraba una enorme carga pol铆tica: un Estado que apenas cinco a帽os antes hab铆a derrotado a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, heredando un pa铆s devastado por m谩s de cuatro d茅cadas de corrupci贸n, dependencia y violencia, decid铆a enfrentarse no con bombarderos ni con divisiones blindadas, sino con argumentos jur铆dicos, con pruebas documentales y con la autoridad moral que otorga la defensa de la soberan铆a nacional.
En Washington la noticia fue recibida con una mezcla de irritaci贸n y desprecio. La Administraci贸n Reagan no conceb铆a que un peque帽o pa铆s centroamericano pudiera cuestionar p煤blicamente la legitimidad de su pol铆tica exterior. Durante d茅cadas hab铆a sido Estados Unidos quien denunciaba a otros gobiernos, quien se帽alaba a los supuestos infractores del orden internacional y quien se arrogaba el derecho de decidir qu茅 conflictos merec铆an la atenci贸n de la comunidad internacional. Ahora era 茅l quien aparec铆a sentado, aunque tratara de evitarlo, en el banquillo de los acusados. No exist铆a precedente semejante. M谩s all谩 del desenlace jur铆dico, Nicaragua hab铆a conseguido alterar el terreno de la confrontaci贸n. La guerra dejaba de librarse exclusivamente en las monta帽as de Jinotega, Matagalpa o Nueva Segovia para trasladarse tambi茅n a los salones donde se discut铆a el sentido mismo del Derecho Internacional.
Aquella decisi贸n no hab铆a nacido de la improvisaci贸n. Detr谩s de la demanda exist铆an meses de trabajo pol铆tico, jur铆dico y diplom谩tico, y detr谩s de ese esfuerzo colectivo sobresal铆a una figura cuya desaparici贸n, ocurrida apenas unas semanas antes de escribir estas l铆neas, obliga a revisar con serenidad su verdadero legado hist贸rico. Miguel d'Escoto Brockmann no fue simplemente el canciller de la Revoluci贸n Sandinista. Fue el principal arquitecto de una diplomacia revolucionaria que comprendi贸 que la defensa de Nicaragua no pod铆a limitarse al terreno militar. Diversos testimonios y reconocimientos posteriores, entre ellos los realizados por instituciones acad茅micas nicarag眉enses y por protagonistas directos del proceso, coinciden en se帽alarlo como el gran promotor pol铆tico de la decisi贸n de acudir a la Corte Internacional de Justicia. No fue 茅l quien redact贸 los argumentos jur铆dicos ni quien compareci贸 como agente ante el tribunal, pero entendi贸 antes que muchos que el imperialismo deb铆a ser combatido tambi茅n en el terreno donde menos c贸modo se sent铆a: el de la legalidad internacional.
Cuando el Frente Sandinista de Liberaci贸n Nacional entr贸 victorioso en Managua el 19 de julio de 1979 hered贸 mucho m谩s que un Estado arruinado. Recibi贸 una estructura econ贸mica dependiente, unas instituciones pr谩cticamente inexistentes y una sociedad marcada por enormes desigualdades. La revoluci贸n no tard贸 en poner en marcha una de las campa帽as de alfabetizaci贸n m谩s extraordinarias de la historia latinoamericana, impuls贸 una profunda reforma agraria, ampli贸 el acceso a la sanidad p煤blica y comenz贸 a construir un modelo de participaci贸n popular desconocido hasta entonces en Nicaragua. Aquellas transformaciones despertaron un entusiasmo inmenso entre los sectores populares, pero tambi茅n activaron todas las alarmas en Washington. Para la Administraci贸n estadounidense no era aceptable que un proceso revolucionario consolidara un proyecto independiente en el coraz贸n de Centroam茅rica. La experiencia cubana segu铆a siendo una herida abierta en la estrategia hemisf茅rica norteamericana y la posibilidad de una segunda revoluci贸n victoriosa resultaba intolerable para quienes segu铆an considerando Am茅rica Latina como su 谩rea exclusiva de influencia.
Con la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca en enero de 1981, esa hostilidad adquiri贸 una dimensi贸n mucho m谩s agresiva. Bajo el lenguaje de la lucha contra el comunismo y la defensa de la democracia se articul贸 una compleja operaci贸n destinada a destruir la Revoluci贸n Sandinista. La Agencia Central de Inteligencia organiz贸, entren贸, financi贸 y arm贸 a la denominada Contra, integrada en buena medida por antiguos miembros de la Guardia Nacional somocista y otros grupos contrarrevolucionarios. Desde bases instaladas principalmente en Honduras se desarroll贸 una guerra de desgaste cuyo objetivo no consist铆a 煤nicamente en derrotar militarmente al Ej茅rcito Popular Sandinista, sino en hacer inviable el proyecto revolucionario. Cooperativas agr铆colas fueron incendiadas, maestros rurales asesinados, centros de salud atacados y poblaciones campesinas sometidas a un permanente clima de terror. Paralelamente, Estados Unidos impuls贸 un embargo comercial, desarroll贸 operaciones clandestinas de sabotaje y lleg贸 incluso a minar los principales puertos nicarag眉enses, poniendo en peligro la navegaci贸n internacional y violando normas b谩sicas del Derecho del Mar.
En Managua nadie ignoraba la enorme desproporci贸n de fuerzas. Nicaragua jam谩s podr铆a responder militarmente a la mayor potencia del planeta. Pero precisamente esa realidad obligaba a pensar de otra manera. Daniel Ortega, coordinador de la Junta de Gobierno y posteriormente presidente de la Rep煤blica, comprend铆a que la revoluci贸n necesitaba combinar la resistencia armada con una ofensiva pol铆tica internacional capaz de desenmascarar la verdadera naturaleza de la agresi贸n estadounidense. Miguel d'Escoto compart铆a plenamente ese an谩lisis. Desde la Canciller铆a comenz贸 a construir una intensa red de apoyos diplom谩ticos que abarc贸 gobiernos, movimientos de solidaridad, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades y el Movimiento de Pa铆ses No Alineados. Cada viaje, cada intervenci贸n en Naciones Unidas y cada encuentro con dirigentes extranjeros persegu铆a un mismo objetivo: demostrar que Nicaragua no era un escenario m谩s de la Guerra Fr铆a, sino un pueblo cuyo derecho a decidir libremente su futuro estaba siendo violentamente atacado.
Fue en ese contexto donde comenz贸 a tomar forma la idea de acudir a la CIJ. La propuesta respond铆a a una l贸gica profundamente pol铆tica. Si Washington aceptaba someterse al tribunal y perd铆a, la Revoluci贸n Sandinista obtendr铆a una victoria moral de enorme alcance. Si rechazaba la jurisdicci贸n de la Corte o ignoraba una eventual sentencia condenatoria, quedar铆a igualmente al descubierto la doble moral con la que pretend铆a presentarse como garante del orden internacional mientras incumpl铆a las normas cuando afectaban a sus propios intereses estrat茅gicos. La iniciativa fue discutida en el seno de la direcci贸n revolucionaria y encontr贸 respaldo porque encajaba perfectamente con la concepci贸n internacionalista del sandinismo: la defensa de la soberan铆a deb铆a librarse simult谩neamente en todos los terrenos posibles, desde las trincheras militares hasta las instituciones internacionales creadas tras la Segunda Guerra Mundial.
Una vez adoptada la decisi贸n pol铆tica comenz贸 un trabajo tan silencioso como extraordinario. El Gobierno nicarag眉ense era plenamente consciente de que una demanda de semejante trascendencia no pod铆a sostenerse 煤nicamente sobre denuncias pol铆ticas. Era imprescindible construir un caso jur铆dicamente impecable. Carlos Arg眉ello G贸mez fue designado agente de Nicaragua ante la CIJ y asumi贸 la responsabilidad de coordinar la estrategia procesal. A su alrededor se reuni贸 un equipo de algunos de los m谩s prestigiosos especialistas en Derecho Internacional del momento. Entre ellos figuraba el profesor brit谩nico Ian Brownlie, considerado una autoridad mundial en la materia; Abram Chayes, profesor de la Universidad de Harvard y antiguo asesor jur铆dico del Departamento de Estado estadounidense; y otros expertos internacionales cuya participaci贸n desmontaba el intento de presentar la demanda como una simple maniobra propagand铆stica del Gobierno Sandinista. Aquellos juristas trabajaron junto a especialistas nicarag眉enses recopilando pruebas, analizando tratados, examinando precedentes y elaborando una argumentaci贸n destinada a demostrar que Estados Unidos hab铆a violado principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, del Derecho Internacional consuetudinario y de m煤ltiples normas aceptadas por la propia comunidad internacional.
Miguel d'Escoto segu铆a de cerca cada uno de aquellos pasos. No interven铆a en la redacci贸n t茅cnica de los escritos procesales, pero comprend铆a que la batalla jur铆dica necesitaba una batalla pol铆tica paralela. Mientras los abogados preparaban la demanda, el canciller multiplicaba los esfuerzos para internacionalizar el conflicto. En la Asamblea General de Naciones Unidas insist铆a en que Nicaragua no ped铆a privilegios ni un trato excepcional. Exig铆a simplemente que las normas internacionales fueran iguales para todos, tambi茅n para quienes dispon铆an de portaaviones, bases militares repartidas por todo el planeta y un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. En una de sus intervenciones resumi贸 con claridad el sentido de aquella estrategia al recordar que la paz solo pod铆a construirse sobre el respeto al derecho de los pueblos y no sobre la imposici贸n de la fuerza. Esa idea, sencilla en apariencia, encerraba una profunda carga revolucionaria. Por primera vez un gobierno latinoamericano no respond铆a al intervencionismo estadounidense 煤nicamente con la denuncia pol铆tica, sino con una ofensiva jur铆dica cuidadosamente preparada que pretend铆a obligar al imperio a justificar sus actos ante el mundo entero.
Cuando Carlos Arg眉ello cruz贸 las puertas del Palacio de la Paz aquella ma帽ana de abril de 1984 llevaba consigo mucho m谩s que un expediente judicial. Llevaba el esfuerzo de miles de nicarag眉enses que defend铆an la revoluci贸n en los campos, en las escuelas, en los hospitales y en las cooperativas; llevaba el trabajo de un reducido grupo de juristas convencidos de que el Derecho Internacional todav铆a pod铆a convertirse en un instrumento al servicio de los pueblos; y llevaba tambi茅n la convicci贸n pol铆tica de Miguel d'Escoto Brockmann de que la diplomacia revolucionaria deb铆a dejar de ser un simple complemento de la acci贸n militar para convertirse en uno de los frentes decisivos de la lucha contra el imperialismo. Ninguno de ellos sab铆a a煤n que dos a帽os despu茅s la Corte Internacional de Justicia dictar铆a una sentencia que pasar铆a a la historia como una de las mayores derrotas morales sufridas por los Estados Unidos en todo el siglo XX.
Cuando la demanda fue admitida a tr谩mite, la Administraci贸n Reagan comprendi贸 que el problema ya no consist铆a 煤nicamente en contener a la Revoluci贸n Sandinista dentro de las fronteras de Nicaragua. A partir de ese momento tendr铆a que responder ante la opini贸n p煤blica internacional por una pol铆tica exterior que hasta entonces hab铆a intentado justificar mediante el lenguaje de la seguridad hemisf茅rica y de la lucha contra el comunismo. Washington reaccion贸 como cab铆a esperar de una potencia acostumbrada a dictar las reglas del juego y no a someterse a ellas. Sus representantes cuestionaron la competencia de la Corte Internacional de Justicia, sostuvieron que el conflicto escapaba a su jurisdicci贸n e intentaron convertir el procedimiento en un debate pol铆tico donde el Gobierno Sandinista apareciera como un simple sat茅lite de la Uni贸n Sovi茅tica y de Cuba. Pero el terreno elegido por Nicaragua era otro. La Corte no estaba llamada a pronunciarse sobre modelos econ贸micos, sistemas pol铆ticos o alianzas internacionales. Deb铆a responder a una cuesti贸n mucho m谩s concreta y, precisamente por ello, mucho m谩s inc贸moda para la Casa Blanca: si un Estado pod铆a organizar, financiar y dirigir acciones militares contra otro Estado soberano violando los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas.
Miguel d'Escoto insist铆a una y otra vez en que la revoluci贸n no acud铆a a La Haya movida por ninguna ilusi贸n ingenua acerca del funcionamiento del orden internacional. Conoc铆a demasiado bien las relaciones de poder que condicionaban a las instituciones surgidas tras la Segunda Guerra Mundial. Sab铆a que Estados Unidos dispon铆a del derecho de veto en el Consejo de Seguridad y que ninguna resoluci贸n que afectara seriamente a sus intereses prosperar铆a en ese 贸rgano. Sin embargo, tambi茅n sab铆a que el prestigio moral de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia trascend铆a la capacidad coercitiva de los organismos internacionales. Si Nicaragua lograba demostrar jur铆dicamente la ilegalidad de la agresi贸n estadounidense, la Administraci贸n Reagan quedar铆a despojada de la superioridad 茅tica con la que pretend铆a justificar su pol铆tica exterior. «No buscamos privilegios; exigimos igualdad ante el Derecho Internacional», repet铆a en numerosos foros, convencido de que aquella frase resum铆a el verdadero sentido de la batalla que estaban librando.
Mientras tanto, el trabajo desarrollado por Carlos Arg眉ello y el equipo jur铆dico alcanzaba una dimensi贸n extraordinaria. Cada documento deb铆a resistir el escrutinio de algunos de los mejores especialistas del mundo. Cada afirmaci贸n necesitaba estar respaldada por pruebas s贸lidas. Informes sobre el minado de los puertos nicarag眉enses, testimonios relativos a las operaciones de la Contra, documentos desclasificados, an谩lisis jur铆dicos y precedentes internacionales fueron conformando un expediente cuya consistencia sorprendi贸 incluso a muchos observadores que inicialmente contemplaban con escepticismo las posibilidades de Nicaragua. La presencia de juristas como Ian Brownlie o Abram Chayes otorgaba adem谩s una credibilidad dif铆cilmente cuestionable. No eran propagandistas del sandinismo. Eran figuras de referencia en el Derecho Internacional que aceptaban participar porque entend铆an que el caso planteaba cuestiones fundamentales para el futuro de las relaciones entre los Estados.
Las audiencias celebradas en La Haya pusieron al descubierto una contradicci贸n que perseguir铆a durante a帽os a la pol铆tica exterior estadounidense. El Gobierno que afirmaba defender el orden internacional basado en normas era incapaz de justificar jur铆dicamente muchas de las acciones desarrolladas contra Nicaragua. La Corte examin贸 con detalle el apoyo financiero, log铆stico y militar prestado a la Contra, el entrenamiento de fuerzas irregulares, las operaciones encubiertas dirigidas por la CIA y el minado de las aguas territoriales nicarag眉enses. Frente al discurso pol铆tico de Washington, el expediente mostraba hechos. Y frente a los hechos, el margen para la ret贸rica era cada vez m谩s reducido.
Cuando el 27 de junio de 1986 la CIJ hizo p煤blica su sentencia, la noticia recorri贸 el mundo con una velocidad inesperada. El tribunal concluy贸 que los Estados Unidos hab铆an violado el Derecho Internacional al recurrir al uso de la fuerza contra Nicaragua, al intervenir en sus asuntos internos y al incumplir obligaciones derivadas del derecho consuetudinario internacional. Orden贸 el cese inmediato de esas actividades y estableci贸 la obligaci贸n de reparar los da帽os ocasionados. No era una resoluci贸n ambigua ni una declaraci贸n pol铆tica. Era una condena emitida por el principal 贸rgano judicial de las Naciones Unidas contra la mayor potencia del planeta.
En Managua la noticia fue recibida como una victoria que trascend铆a ampliamente el terreno jur铆dico. Daniel Ortega declar贸 que la sentencia demostraba que la raz贸n estaba del lado del pueblo nicarag眉ense. Miguel d'Escoto, con la serenidad que le caracterizaba, insisti贸 en que el fallo pertenec铆a no solo a Nicaragua, sino a todos los pueblos que alguna vez hab铆an sufrido la intervenci贸n de una potencia extranjera. En sus intervenciones evit贸 cualquier tono triunfalista. Sab铆a que la batalla estaba lejos de terminar. La fuerza de aquella sentencia depender铆a, en gran medida, de la capacidad de convertirla en una referencia permanente para la comunidad internacional.
La reacci贸n de Ronald Reagan confirm贸 inmediatamente los c谩lculos realizados dos a帽os antes por la direcci贸n sandinista. Estados Unidos rechaz贸 el fallo, neg贸 la competencia de la Corte y anunci贸 que no cumplir铆a una decisi贸n que consideraba contraria a sus intereses nacionales. Poco despu茅s bloque贸 en el Consejo de Seguridad cualquier intento de ejecutar la sentencia gracias al poder de veto del que disfrutaba como miembro permanente. Aquella actitud, lejos de disminuir el impacto pol铆tico del proceso, termin贸 reforzando la tesis defendida por Nicaragua desde el principio. El problema nunca hab铆a sido la inexistencia de normas internacionales. El problema era que las grandes potencias pretend铆an situarse por encima de ellas cuando les resultaban inc贸modas.
Miguel d'Escoto comprendi贸 inmediatamente que la victoria deb铆a trasladarse al escenario donde EE.UU no pod铆a recurrir al veto: la ONU. All铆 comenz贸 una intensa ofensiva diplom谩tica destinada a conseguir que la comunidad internacional exigiera el cumplimiento de la sentencia. A帽o tras a帽o, una mayor铆a abrumadora de pa铆ses vot贸 resoluciones reclamando a Washington que respetara el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Aunque aquellas resoluciones carec铆an de mecanismos ejecutivos, pose铆an un inmenso valor pol铆tico. Mostraban el creciente aislamiento de la Administraci贸n Reagan y confirmaban que el relato construido por la diplomacia sandinista hab铆a conseguido romper el cerco propagand铆stico levantado por los grandes medios occidentales.
Aquella batalla diplom谩tica no se libraba 煤nicamente en los salones de Naciones Unidas. En universidades europeas, sindicatos latinoamericanos, organizaciones cristianas de base, movimientos de solidaridad y foros internacionales se discut铆a el significado de la sentencia. Intelectuales como Julio Cort谩zar, Eduardo Galeano, Gabriel Garc铆a M谩rquez y Noam Chomsky denunciaban p煤blicamente la agresi贸n estadounidense. Brigadas internacionalistas segu铆an llegando a Nicaragua para colaborar en las campa帽as de alfabetizaci贸n, en la construcci贸n de viviendas, en las cooperativas agr铆colas o en los programas de salud. La revoluci贸n hab铆a conseguido algo que ninguna operaci贸n militar pod铆a garantizar: transformar su resistencia en una causa compartida por millones de personas repartidas por los cinco continentes.
No debe olvidarse que todo aquello ocurr铆a mientras el pueblo nicarag眉ense continuaba soportando una guerra devastadora. La revoluci贸n segu铆a destinando enormes recursos a la defensa nacional mientras manten铆a abiertas escuelas, hospitales y programas sociales. La Campa帽a Nacional de Alfabetizaci贸n hab铆a reducido dr谩sticamente el analfabetismo. La reforma agraria modificaba las estructuras tradicionales de propiedad. Miles de j贸venes participaban en tareas productivas y de organizaci贸n comunitaria. Esa era la verdadera dimensi贸n del conflicto. Estados Unidos no combat铆a 煤nicamente a un gobierno. Combat铆a el ejemplo que representaba un pueblo decidido a demostrar que era posible construir un proyecto nacional independiente, orientado hacia la justicia social y ajeno a los dictados de Washington.
Por eso la figura de Miguel d'Escoto Brockmann adquiere hoy un relieve especial. Su fallecimiento, el pasado 8 de junio, ha privado a Am茅rica Latina de uno de sus diplom谩ticos m谩s coherentes y de uno de los grandes representantes de aquella generaci贸n que entendi贸 la pol铆tica internacional como una prolongaci贸n de las luchas por la emancipaci贸n de los pueblos. Sacerdote de la Teolog铆a de la Liberaci贸n, revolucionario por convicci贸n y diplom谩tico por responsabilidad hist贸rica, nunca acept贸 que la legalidad internacional fuera patrimonio exclusivo de los poderosos. Su paso por la Canciller铆a sandinista y a帽os m谩s tarde por la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas estuvo guiado por una misma idea: un mundo donde el Derecho solo obliga a los d茅biles no puede llamarse verdaderamente justo.
Treinta y un a帽os despu茅s de la sentencia de La Haya, el expediente Nicaragua contra Estados Unidos sigue siendo una referencia imprescindible para comprender las contradicciones del sistema internacional contempor谩neo. Washington jam谩s pag贸 las indemnizaciones fijadas por la Corte. El poder militar continu贸 imponiendo l铆mites al poder del Derecho. Pero quienes consideran que por ello la batalla fue in煤til olvidan una ense帽anza esencial de la historia. Hay victorias cuyo valor no reside 煤nicamente en sus consecuencias materiales, sino en la verdad pol铆tica que consiguen establecer para las generaciones futuras. Desde el 27 de junio de 1986 qued贸 escrito, con la autoridad del m谩s alto tribunal internacional, que la agresi贸n contra Nicaragua hab铆a sido ilegal. Ning煤n veto, ninguna campa帽a de propaganda y ning煤n manual de historia escrito al dictado de los vencedores podr谩 borrar ese hecho.
Quiz谩 esa sea la mayor herencia de Miguel d'Escoto Brockmann y de la Revoluci贸n Sandinista. Ense帽aron al mundo que un pueblo peque帽o puede carecer de portaaviones, de misiles y de inmensos recursos econ贸micos, pero nunca est谩 desarmado cuando posee la dignidad suficiente para defender su soberan铆a. Nicaragua no lleg贸 hasta La Haya porque dispusiera de grandes riquezas, influencia diplom谩tica o capacidad militar para enfrentarse a los Estados Unidos. Lleg贸 porque crey贸, contra todo pron贸stico, que exist铆a un principio irrenunciable por el que merec铆a la pena librar todas las batallas: el derecho de un pueblo a decidir libremente su destino sin sufrir la intervenci贸n de ninguna potencia extranjera. Esa fue la verdadera victoria. Y esa es la memoria que Miguel d'Escoto nos deja como una obligaci贸n 茅tica para las luchas del presente y del futuro.
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Por Javier Huerta
