#Difusión Rebelde: Trece años después de Snowden: vigilancia global, injerencia y la larga sombra de Washington sobre América Latina y el mundo

Por Javier Huerta

Entre junio y agosto se concentran algunas de las fechas más importantes de uno de los acontecimientos políticos más relevantes del siglo XXI. El 14 de junio de 2013, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra Edward Snowden por espionaje y robo de propiedad gubernamental. El 23 de junio, Snowden abandonó Hong Kong con destino a Moscú. El 2 de julio se produjo el escándalo internacional relacionado con el avión presidencial de Evo Morales. Finalmente, el 1 de agosto, Rusia le concedió asilo temporal.

Años después, el 2 de septiembre de 2020, un tribunal federal estadounidense concluiría que uno de los principales programas de vigilancia masiva revelados por Snowden era ilegal, cuestionando así una práctica cuya existencia había sido negada o minimizada durante años por las autoridades estadounidenses.

La historia ha resultado especialmente incómoda para Washington. Snowden fue perseguido, acusado de espionaje y presentado como una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, parte de los programas que denunció terminaron siendo cuestionados por los propios tribunales estadounidenses. Durante años, el gobierno norteamericano defendió la legalidad de un sistema de vigilancia masiva que posteriormente fue considerado contrario a la legislación que supuestamente lo amparaba. La pregunta sigue siendo tan incómoda hoy como entonces: ¿quién actuó realmente al margen de la ley?

Pero Snowden no solo reveló un sistema de espionaje. Lo que destapó fue la existencia de una auténtica arquitectura global de poder basada en la vigilancia, la recopilación de información, el control de las comunicaciones y la capacidad de influir en procesos políticos más allá de las fronteras nacionales. Una estructura en la que participan agencias de inteligencia como la NSA y la CIA, organismos gubernamentales, contratistas tecnológicos, fundaciones políticas, programas de cooperación internacional, plataformas digitales y redes mediáticas. Cada una cumple funciones diferentes, pero todas forman parte de una misma lógica geopolítica: garantizar la capacidad de Estados Unidos para conocer, influir y defender sus intereses en cualquier región del planeta.

Cuando publiqué en febrero de 2014 el artículo «El caso Snowden y sus consecuencias para la geopolítica europea y las relaciones transatlánticas», advertía que aquellas revelaciones podían marcar un antes y un después en las relaciones internacionales. Trece años después, el tiempo ha demostrado que aquellas preocupaciones estaban plenamente justificadas.

Las filtraciones demostraron que América Latina ocupaba un lugar relevante dentro de esa estrategia. Brasil fue probablemente el país más afectado por las revelaciones. Los documentos mostraron que la NSA había espiado a la presidenta Dilma Rousseff, a miembros de su gobierno y a la empresa petrolera estatal Petrobras. El escándalo provocó una de las mayores crisis diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos desde el final de la Guerra Fría y llevó a Rousseff a cancelar una visita oficial a Washington. El espionaje a Petrobras alimentó además las sospechas de que la vigilancia estadounidense no respondía únicamente a razones de seguridad, sino también a intereses económicos y energéticos.

México descubrió que las comunicaciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto habían sido objeto de seguimiento, especialmente en cuestiones relacionadas con la política energética. Colombia aparecía entre los países sometidos a vigilancia permanente debido a su importancia estratégica y al conflicto interno con las FARC. Venezuela figuraba de forma recurrente entre los objetivos prioritarios de inteligencia por su papel energético, sus relaciones con Rusia y China y su posición política dentro de América Latina. Diversos medios latinoamericanos sostuvieron además que los sistemas de inteligencia estadounidenses realizaron un seguimiento constante de las comunicaciones y movimientos de la cúpula venezolana durante los últimos meses de vida de Hugo Chávez. Documentos revelados por Snowden mostraron igualmente el interés de la NSA por las comunicaciones de PDVSA y por los movimientos financieros y estratégicos relacionados con la industria petrolera venezolana.

Las filtraciones también situaron bajo vigilancia a Ecuador, Argentina, Perú, Chile, Costa Rica, Panamá, Honduras, Bolivia y Nicaragua. En el caso de Nicaragua y Cuba, diversas investigaciones señalaron un interés especial por las relaciones diplomáticas, militares y de cooperación desarrolladas en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), bloque que durante aquellos años impulsaba posiciones independientes frente a Washington y fortalecía sus relaciones con Rusia, China y otros actores internacionales. Nicaragua ocupó además un lugar singular en esta historia. No solo denunció el espionaje estadounidense, sino que ofreció asilo a Snowden junto con Venezuela y Bolivia, interpretando el caso como una cuestión de soberanía frente a la presión de Washington.

Sin embargo, las revelaciones de Snowden tuvieron un alcance mucho mayor que América Latina. Europa descubrió que tampoco estaba a salvo de la vigilancia de su principal aliado. Alemania reaccionó con indignación al conocerse que el teléfono móvil de la canciller Angela Merkel había sido intervenido. Francia denunció la recopilación masiva de millones de comunicaciones telefónicas. Instituciones de la Unión Europea aparecieron igualmente entre los objetivos de distintas operaciones de espionaje. Aquellos acontecimientos provocaron una profunda crisis de confianza entre aliados y alimentaron un debate que continúa vigente más de una década después: la dependencia tecnológica europea respecto a Estados Unidos y la necesidad de construir una verdadera soberanía digital.

Ya en el artículo de febrero de 2014 advertíamos que el caso Snowden podía convertirse en un punto de inflexión para las relaciones transatlánticas. Trece años después, la expansión de la inteligencia artificial, el control de los datos y el dominio de las grandes plataformas tecnológicas han convertido aquellas preocupaciones en cuestiones centrales para la geopolítica contemporánea.

Las filtraciones mostraron igualmente operaciones de vigilancia sobre países asiáticos considerados socios estratégicos de Washington, como Japón, Corea del Sur e India, así como actividades dirigidas hacia Rusia y China, competidores geopolíticos de primer orden. África tampoco permaneció al margen. Diversos documentos revelaron programas de recopilación de datos y seguimiento de comunicaciones en regiones consideradas estratégicas por razones energéticas, militares o de seguridad. La principal conclusión era demoledora: la lógica de la vigilancia global no distinguía entre aliados, adversarios o países neutrales. U.S.A no reservaba sus capacidades de espionaje para sus enemigos. También vigilaba sistemáticamente a sus aliados más cercanos cuando consideraba que existían intereses políticos, económicos o militares en juego.

Uno de los episodios más graves y reveladores de toda la crisis Snowden se produjo el 2 de julio de 2013. Ante la sospecha de que el exanalista pudiera viajar a bordo del avión presidencial boliviano, Francia, España, Italia y Portugal restringieron el acceso a su espacio aéreo y obligaron a la aeronave del presidente Evo Morales a aterrizar en Viena. Snowden nunca estuvo allí. Sin embargo, el incidente provocó una ola de indignación en toda América Latina y fue interpretado como una vulneración sin precedentes de la inmunidad diplomática de un jefe de Estado. Para muchos gobiernos latinoamericanos aquel episodio simbolizó hasta qué punto la persecución contra Snowden estaba condicionando las relaciones internacionales y evidenció la subordinación de varios gobiernos europeos a las prioridades estratégicas de Washington.

No fue casualidad que los gobiernos que ofrecieron asilo a Snowden fueran precisamente algunos de los más enfrentados a la política exterior estadounidense. Venezuela, Bolivia y Nicaragua anunciaron su disposición a protegerlo, mientras Ecuador mantenía una posición igualmente desafiante frente a Washington y acogía a Julian Assange en su embajada en Londres. La coincidencia no era menor. Assange y Snowden representaban dos frentes distintos de una misma batalla: la lucha por sacar a la luz información que cuestionaba la actuación de las grandes potencias occidentales.

Las revelaciones de Snowden tampoco demostraron directamente todas las denuncias históricas realizadas por diversos gobiernos latinoamericanos sobre la actividad de organismos estadounidenses en la región. Sin embargo, sí reforzaron una pregunta fundamental: si Washington había ocultado durante años un sistema global de vigilancia posteriormente considerado ilegal por sus propios tribunales, ¿hasta qué punto podían descartarse otras denuncias sobre operaciones encubiertas de influencia política?

Durante décadas, gobiernos como los de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua han denunciado que organismos como USAID y la National Endowment for Democracy (NED) operan como instrumentos de influencia política exterior de Washington, desarrollando actividades que consideran una forma de intromisión en los asuntos internos de Estados soberanos bajo la cobertura de programas de cooperación y promoción democrática. Oficialmente, estas entidades afirman que sus iniciativas están orientadas a fortalecer la participación ciudadana, los derechos humanos, la transparencia institucional y la sociedad civil. Sin embargo, numerosos investigadores, periodistas y medios alternativos —entre ellos Ben Norton, Max Blumenthal, Eva Golinger, Stella Calloni, The Grayzone, TeleSUR, Cubadebate, Rebelión o Resumen Latinoamericano— sostienen que parte de estos recursos han servido para financiar medios de comunicación, observatorios electorales, ONG, organizaciones juveniles, asociaciones estudiantiles, colectivos profesionales y diversas plataformas sociales que terminan conformando estructuras permanentes de oposición política en países que Washington considera adversarios problemáticos para la política exterior estadounidense.

La crítica formulada por estos investigadores no se dirige contra las causas sociales defendidas por muchas de estas organizaciones, sino contra la utilización de determinadas agendas como mecanismos de influencia política exterior. Según estas denuncias, la financiación de proyectos vinculados a juventud, movimientos estudiantiles, cuestiones medioambientales, derechos de las mujeres, colectivos LGTBI, asociaciones profesionales o programas de cooperación puede convertirse en una herramienta para construir redes sociales y políticas favorables a intereses externos. Tanto la USAID, NED, los grupos en cuestión reconocen dar y recibir financiamiento de estos programas y dicen que son para el fortalecimiento democrático.

Uno de los ejemplos más conocidos fue el programa ZunZuneo en Cuba. Una investigación de Associated Press reveló que USAID impulsó una red social diseñada para captar usuarios cubanos mediante contenidos aparentemente neutrales y, una vez consolidada la plataforma, introducir mensajes políticos destinados a favorecer procesos de movilización social y cambio político. El caso demostró que las nuevas formas de influencia ya no necesitaban reproducir los métodos clásicos de la Guerra Fría. La disputa geopolítica se trasladaba al terreno de internet, los datos, las redes sociales y la comunicación digital.

Diversos gobiernos latinoamericanos y numerosos investigadores críticos sostienen que estas dinámicas no se limitaron a Cuba. Durante la última década denunciaron que Facebook, Twitter y otras plataformas digitales fueron utilizadas para identificar liderazgos sociales, amplificar mensajes políticos, coordinar movilizaciones y construir narrativas favorables a cambios de gobierno en países considerados adversarios por Washington. En Nicaragua, por ejemplo, recordemos el debate sobre las llamadas "marchas virtuales" del cual también escribí un articulo en el 2011. "Redes sociales y Marchas Virtuales" y el uso político de las redes sociales ya había sido objeto de análisis y denuncia años antes de que estallara el caso Snowden. Ya que se vislumbraba ya nuevas formas cibernéticas de realizar intervencionismos por parte de los EE.UU en países enemigos usando su propia población.. Lo cierto es que el auge de las plataformas digitales transformó profundamente las formas de intervención política y abrió un nuevo escenario de disputa geopolítica.

Para numerosos analistas latinoamericanos, Snowden no representa una ruptura sino la continuación de una larga historia. Desde el derrocamiento del gobierno de Jacobo Árbenz en Guatemala en 1954, pasando por Bahía de Cochinos, las intervenciones en República Dominicana, el apoyo a dictaduras militares durante la Guerra Fría, la Operación Cóndor, el golpe contra Salvador Allende en Chile o el escándalo Irán-Contra vinculado a Nicaragua, América Latina ha convivido durante décadas con distintas formas de intervención política impulsadas desde Washington. Lo que cambia en el siglo XXI son las herramientas. Los golpes militares tradicionales dejan paso a formas más complejas de guerra híbrida donde la vigilancia digital, las operaciones informativas, la financiación política, la presión económica y el control de las plataformas tecnológicas adquieren una importancia creciente.

Sin embargo, el legado de Snowden no fue únicamente negativo. Las revelaciones impulsaron una colaboración internacional sin precedentes entre periodistas, juristas, organizaciones de derechos civiles, expertos en seguridad informática y activistas tecnológicos. De forma paradójica, mientras debilitaban la confianza entre gobiernos aliados, fortalecían una nueva forma de solidaridad internacionalista basada en la defensa de la privacidad, los derechos digitales y la transparencia. Millones de personas comenzaron a tomar conciencia de que la vigilancia masiva no era un problema exclusivo de determinados países o ideologías, sino una cuestión global que afectaba a ciudadanos de todo el mundo.

Trece años después, el debate ya no gira únicamente en torno a las escuchas telefónicas o la recopilación de metadatos. Hoy hablamos de inteligencia artificial, reconocimiento facial, vigilancia algorítmica, geolocalización permanente y plataformas digitales capaces de influir en el comportamiento social. Snowden no detuvo la expansión de la vigilancia. Lo que hizo fue permitirnos verla. Reveló que el control de los datos se estaba convirtiendo en uno de los recursos estratégicos fundamentales del siglo XXI y que la capacidad de recopilar, procesar y utilizar información constituiría una fuente de poder comparable a la fuerza militar, los recursos naturales o la capacidad económica.

Snowden no reveló el nacimiento del Estado vigilante; reveló que ya existía y que llevaba años observando al mundo entero.

Cuando en febrero de 2014 analizábamos las consecuencias geopolíticas del caso Snowden, el debate se centraba en la privacidad, el espionaje y las relaciones internacionales. Trece años después comprendemos que aquellas revelaciones apuntaban a algo mucho más profundo. Snowden no solo destapó un programa ilegal de vigilancia masiva. También ayudó a comprender mejor un ecosistema de poder compuesto por inteligencia, vigilancia digital, financiación política, operaciones de influencia, plataformas tecnológicas y presión diplomática.

El impacto del caso Snowden fue tan profundo en la sociedad que terminó trascendiendo la política institucional. En 2016, el músico francés Jean-Michel Jarre colaboró con él en la pieza Exit, convirtiendo las reflexiones sobre vigilancia, privacidad y libertad digital en una obra artística. Aquella colaboración simbolizaba hasta qué punto el debate abierto en 2013 había dejado de ser una cuestión reservada a gobiernos y servicios de inteligencia para convertirse en una preocupación global.

Si en 2014 nos preguntábamos cómo afectaría esto a la geopolítica mundial, hoy la respuesta resulta evidente. Vivimos en un mundo donde los datos se han convertido en un recurso estratégico, donde las guerras de información sustituyen con frecuencia a las intervenciones tradicionales y donde las grandes potencias continúan compitiendo por influir en las decisiones políticas de otros países. Snowden no cambió esa realidad. La hizo visible.