Primer Congreso Internacional contra la Represión en el que ONG, plataformas y movimientos sociales analizan los pasos a seguir frente al aumento de los castigos
LUCÍA VILLA / LUIS GIMÉNEZ
Un nuevo Código Penal para criminalizar las protestas, detenciones preventivas de activistas, violentas cargas policiales en manifestaciones pacíficas, amenazas y ataques a quienes pretenden dejar testimonio de los abusos. Todas son medidas relativamente recientes, que coinciden con uno de los periodos de mayor despertar social y movilización en España, pero también en otros lugares del mundo.
Bajo el paraguas de este nuevo contexto represivo se celebra entre hoy y mañana el primer Congreso Internacional contra la Represión, organizado por la defensora de los animales ‘lgualdad Animal', pero que acoge entre los ponentes a periodistas, sociólogos, activistas, profesores y juristas,
entre otros, para dar respuesta y analizar las posibilidades
reivindicativas ante "la etapa más oscurantista de nuestra
democracia".
Ha arrancado esta mañana en el Ateneo de Madrid, situado a pocos metros
del Congreso de los Diputados y en el día en que se celebra el 34
aniversario de la Constitución.
"Cada vez que salimos a cubrir
una protesta nos encontramos con un contexto que antes no existía.
Desde el 15-M hemos descubierto que los derechos fundamentales que antes
no se cuestionaban empiezan a ser cuestionados. Desde el Gobierno han
hablado de modular el derecho a la manifestación,
limitar el de asociación o incluso decir que el derecho a la
información es limitado", ha señalado Pilar Velasco, periodista de la Cadena Ser, que ha participado en una de las primeras conferencias para tratar de cerca el caso de las detenciones de los promotores de la iniciativa ‘Rodea el Congreso'.
"Estamos ante la etapa más oscurantista de nuestra democracia"
"El
ciudadano está más presionado que nunca, atrapado entre el poder
mediático, financiero y político", ha añadido la periodista, que ha
reconocido que desde la profesión se está "tomando conciencia" de que a
partir de ahora se tendrán que "asumir riesgos que antes no existían, desde querellas hasta presiones del sistema financiero".
Pero
las consecuencias no las padecen sólo los movimientos más recientes.
Algunas de las organizaciones que más tiempo llevan en el activismo,
como Greenpeace, ponen cifras sobre la mesa: como respuesta a
sus actividades, los ecologistas tienen 7 procesos abiertos en marcha
con 91 voluntarios implicados, penas solicitadas de hasta tres años de
cárcel, multas por una cuantía total de 800.000 euros y 16 activistas en
libertad provisional.
"Hay pocas conquistas sociales que se hayan conseguido sin la protesta"
En
cualquier caso, la organización teme que la situación se agrave de
ahora en adelante si se siguen endureciendo los castigos y la represión
aumenta. "El activismo siempre ha tenido consecuencias. No ha salido
gratis y siempre hay víctimas. Hasta ahora en Europa eran consecuencias
leves, pero cada vez más se dan penas de cárcel o maltrato.", dijo Julián Carranza, director de participación de Greenpeace.
"En ningún caso puede utilizarse el Código Penal como instrumento de
represión del activismo. No se puede penalizar y criminalizar, hay que
decir "no"", añadió.
"Los antidisturbios hacen política".
Con esta afirmación ha titulado su ponencia Pablo Iglesias,
doctor en Ciencias Políticas y profesor en la Universidad Complutense. Y
para demostrarlo ha recurrido a un ejemplo concreto: la movilización
antiglobalización que tuvo lugar en Génova en 2001 y en la que murió por
disparos de un agente el joven italiano Carlo Giuliani. "Las imágenes
demuestran cómo el objetivo de la Policía era buscar un escenario en el
que se desatara la violencia y hubiera víctimas, ya fueran agentes o
manifestantes", ha relatado Iglesias, que se encontraba en ese momento
cerca del lugar de la muerte de Giuliani.
Las imágenes han mostrado como la Policía dejó actuar libremente al conocido como black block
(grupo de manifestantes violentos), rompiendo establecimientos,
quemando coches y atacando instituciones sin nadie que se lo impidiera.
Después, las autoridades utilizaron este pretexto para cargar contra el
bloque "desobediente", no-violento, y generar escenarios en los que
peligrasen las vidas humanas, tanto de agentes como de manifestantes. Y
así fue, se desató una batalla campal que se llevó la vida de Giuliani.
"Este modelo represivo fue absolutamente exitoso.
Esa violencia dividió y acabó con el movimiento
antiglobalización".
Y eso es lo mismo que pasa hoy, "el 25-S en Madrid vimos algo parecido.
La Policía actúa de forma similar, deja hacer en un momento para luego
cargar contra todos."
Pese a todo, los movimientos sociales
están lejos de echarse atrás por temor a la represalias. El objetivo
parece claro: "Hay pocas conquistas sociales, por no decir ninguna, que
se hayan conseguido sin la protesta", afirmó Carranza, que también dejó
lugar para la autocrítica. "Las organizaciones somos el último bastión de credibilidad para la sociedad y nos quedan dos telediarios si no somos capaces de articular un discurso común entre todas".
Torturas, "una realidad invisible"
Este Congreso también ha dado cabida un tema "polémico", "invisible" y "ocultado": la tortura en España.
"Actualmente se están imponiendo políticas neoliberales al tiempo que
se endurece el código penal y se persigue la disidencia" ha comenzado
explicando Andrés García, abogado y miembro de la Coordinadora para la
Prevención y Denuncia de la Tortura, un conglomerado de colectivos que
hacen trabajo en los CIE, con los presos y de observación de los
derechos humanos. "Existe un problema social, ir al fondo de la cuestión
es un objetivo de las organizaciones, pero sobre todo queremos
visibilizar que no se están investigando estos casos".
García ha
mostrado varias tablas comparativas hechas a partir de los informes que
realizan anualmente en las que se mostraban cómo en 2011, "coincidiendo
con la eclosión del movimiento 15-M", se han disparado los casos. Y ha
comentado que les "da miedo realizar el informe de 2012, porque hemos
visto cómo la represión a la disidencia aumenta cada vez más".
Martxelo Otamendi ha relatado las torturas a las que fue sometido en régimen de aislamiento En
este sentido, especialmente preocupados se muestran desde su colectivo
por la situación en el País Vasco, donde se ha aplicado en infinidad de
ocasiones el régimen de incomunicación en los que "en muchos casos se
han denunciado torturas". Y esto, ha añadido, "ha sido reconocido y
denunciado por la ONU y el Comité Europeo para la prevención de la
tortura".
Para tratar este tema la ponencia siguiente tenía a un invitado muy esperado, Martxelo Otamendi, el director del diario vasco Egunkaria,
que fue cerrado por orden del juez Del Olmo en 2003 y sus directivos
detenidos, encerrados y, según denuncian, torturados. Y él ha relatado
su caso particular, con todos los métodos que la Guardia Civil utilizó
contra él: la técnica de la bolsa, golpes, amenazas de muerte o
privación del sueño entre otras.
Con todo, Andrés García se
muestra convencido de que hay mucho que hacer: "se nota cuando un preso o
un inmigrante tienen un abogado que está por la causa y no uno de
oficio. Se nota en una penitenciaria donde trabajan asociaciones. El papel de la sociedad civil es fundamental".
Para él, "igual que luchamos contra los desahucios, por las libertades
civiles, hemos de incluir también las reivindicaciones de las cárceles".
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