Hay conflictos que el paso del tiempo convierte en una noticia lejana, casi olvidada, aunque para quienes los viven continúen formando parte de la vida cotidiana. El Sáhara Occidental es uno de ellos. Durante décadas, el pueblo saharaui ha vivido dividido entre un territorio ocupado, unos campamentos de refugiados levantados en el desierto argelino y una diáspora extendida por distintos países. Mientras tanto, Naciones Unidas mantiene el Sáhara Occidental como un Territorio No Autónomo pendiente de descolonización y reconoce el derecho de su población a la libre determinación. Sin embargo, más de cuatro décadas después de la salida española, ese proceso continúa sin concluir y el pueblo saharaui sigue esperando una solución que le permita decidir libremente su futuro.
La historia de esta situación comienza mucho antes de que Marruecos y el Frente Polisario se enfrentaran militarmente. El origen se encuentra en el colonialismo español y en una descolonización que nunca llegó a completarse. España administró el territorio desde finales del siglo XIX y, durante décadas, el Sáhara Occidental permaneció bajo dominio colonial. Cuando el proceso de descolonización africano comenzó a transformar el mapa político del continente, la cuestión saharaui pasó a formar parte de la agenda de Naciones Unidas. En 1963, la organización incluyó el territorio en la lista de Territorios No Autónomos, reconociendo que su población tenía derecho a alcanzar la libre determinación.
A partir de ese momento, Naciones Unidas reclamó reiteradamente a España que avanzara hacia la descolonización. La cuestión no era simplemente sustituir una administración colonial por otra, sino permitir que los habitantes del territorio pudieran determinar su futuro político. Durante los años sesenta y setenta surgió además una conciencia nacional saharaui cada vez más fuerte, que acabaría cristalizando en la creación del Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro, conocido como Frente Polisario, en 1973. Su aparición modificó profundamente el escenario político, porque la población saharaui comenzó a organizarse para reclamar el fin del dominio colonial y la independencia.
1975: el final de España y el comienzo del conflicto
El momento decisivo llegó en 1975. España se encontraba en los últimos meses de la dictadura franquista y el futuro del territorio estaba sometido a fuertes presiones internacionales. Marruecos defendía que el Sáhara Occidental formaba parte de su espacio territorial histórico, mientras que Mauritania también mantenía reivindicaciones sobre una parte del territorio. Frente a estas posiciones, el Frente Polisario defendía la independencia y Naciones Unidas sostenía el principio de autodeterminación.
En octubre de aquel año, el Tribunal Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva sobre el Sáhara Occidental. El tribunal reconoció que existían determinados vínculos jurídicos entre el sultán de Marruecos y algunas poblaciones del territorio, así como determinados vínculos con Mauritania, pero concluyó que no existían vínculos de soberanía territorial que impidieran la aplicación del principio de autodeterminación. Es decir, la existencia de relaciones históricas no podía utilizarse para negar al pueblo saharaui la posibilidad de decidir su futuro.
Sin embargo, la situación sobre el terreno evolucionó en otra dirección. Marruecos organizó la denominada Marcha Verde, mediante la cual decenas de miles de personas fueron movilizadas hacia el territorio. España, debilitada por la crisis final del franquismo y ante la presión marroquí, terminó abandonando el Sáhara. Los Acuerdos de Madrid de noviembre de 1975 establecieron una administración provisional en la que participaron Marruecos y Mauritania, aunque estos acuerdos no resolvieron jurídicamente la cuestión de la soberanía ni sustituyeron el proceso de descolonización reconocido por Naciones Unidas.
La retirada española tuvo consecuencias enormes. Para Marruecos comenzó una etapa de consolidación del control sobre gran parte del territorio; para el Frente Polisario comenzó una guerra por la independencia; y para miles de saharauis comenzó el exilio. El territorio que España había administrado durante décadas quedó sumido en un conflicto que la potencia colonial había abandonado sin permitir que la población pudiera decidir su futuro.
La guerra y el exilio saharaui
La guerra transformó por completo la vida del pueblo saharaui. El Frente Polisario se enfrentó primero a las fuerzas marroquíes y mauritanas y, después de la retirada de Mauritania, concentró su lucha contra Marruecos. Miles de civiles abandonaron las zonas de combate y buscaron refugio en territorio argelino. En las proximidades de Tinduf comenzaron a establecerse los campamentos de refugiados saharauis que continúan existiendo hasta nuestros días.
Aquellos campamentos no fueron concebidos como un lugar de residencia permanente. Se levantaron como una consecuencia directa de la guerra y del desplazamiento de la población, pero con el paso de los años terminaron convirtiéndose en el hogar de varias generaciones. La prolongación del conflicto hizo que muchas personas nacieran, crecieran y formaran sus propias familias en el exilio, sin haber podido regresar al territorio del que procedían sus padres y abuelos.
La situación también produjo una profunda división territorial. Marruecos fue consolidando el control sobre las principales ciudades y buena parte de las zonas económicamente más importantes del Sáhara Occidental, mientras el Frente Polisario mantuvo presencia en áreas situadas al este de la berma y en los territorios próximos a Argelia. A finales de los años ochenta, Marruecos había construido una enorme barrera defensiva que se extiende aproximadamente durante 2.700 kilómetros y que pasó a dividir físicamente el territorio.
El muro se convirtió en el símbolo más visible de una realidad que continúa afectando a miles de personas. No solamente separa dos zonas bajo diferentes controles militares, sino que también ha contribuido a separar familias y comunidades que durante generaciones habían compartido un mismo espacio. La presencia de minas y de instalaciones militares alrededor de la berma añade además un riesgo permanente para la población.
1991: el alto el fuego y la promesa del referéndum
Después de dieciséis años de enfrentamiento, Marruecos y el Frente Polisario aceptaron en 1988 un plan de arreglo impulsado por Naciones Unidas y la Organización para la Unidad Africana. El acuerdo abrió la posibilidad de poner fin a la guerra mediante un alto el fuego y la celebración de un referéndum de autodeterminación.
El alto el fuego entró en vigor el 6 de septiembre de 1991 y Naciones Unidas creó la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, conocida como MINURSO. Su misión era preparar las condiciones para que la población pudiera votar y determinar el futuro del territorio. La consulta debía ofrecer dos posibilidades fundamentales: la independencia o la integración con Marruecos.
Parecía entonces que el conflicto podía entrar finalmente en una etapa diferente. Después de años de guerra, la comunidad internacional había conseguido establecer un mecanismo político y una misión internacional sobre el terreno. Sin embargo, la celebración del referéndum comenzó a encontrar obstáculos relacionados con la identificación de los votantes y con las posiciones enfrentadas de las partes. El proceso, que inicialmente debía desarrollarse con relativa rapidez, comenzó a prolongarse.
El problema del censo adquirió una importancia enorme. Determinar quién debía participar en la consulta no era una cuestión puramente administrativa, porque de esa decisión dependía la composición del cuerpo electoral y, por tanto, el resultado del referéndum. Las discrepancias entre Marruecos y el Frente Polisario terminaron paralizando el proceso durante años. Mientras tanto, la presencia de Naciones Unidas se prolongaba y el territorio permanecía dividido.
La paradoja era evidente: Naciones Unidas había conseguido detener la guerra, pero no había conseguido completar el proceso político que debía sustituirla.
Cuando el tiempo se convierte en parte del problema
La prolongación de la situación modificó también las condiciones políticas del conflicto. Una solución que en 1991 parecía vinculada a un referéndum comenzó a convertirse, con el paso de los años, en una negociación cada vez más compleja sobre el futuro del territorio. Diferentes enviados especiales y distintas propuestas intentaron desbloquear la situación, pero ninguna consiguió reunir el consenso necesario.
Para el pueblo saharaui, cada año sin solución significaba continuar dividido entre el exilio, la ocupación y una situación política sin resolver. Para Marruecos, mientras tanto, el paso del tiempo permitía consolidar su presencia sobre el terreno y desarrollar estructuras administrativas y económicas en las zonas bajo su control. El conflicto empezaba así a convertirse en una disputa en la que el paso de los años no afectaba de igual manera a todos los actores.
Esta es una de las cuestiones centrales para entender la historia del Sáhara Occidental. Un conflicto congelado no significa necesariamente que las posiciones permanezcan inmóviles. Mientras las negociaciones internacionales continúan, la realidad sobre el terreno sigue cambiando. Las generaciones se suceden, las ciudades crecen, las estructuras económicas se consolidan y las poblaciones se acostumbran a vivir dentro de una situación que originalmente debía ser provisional.
Por eso la ausencia de una solución no puede considerarse neutral. El paso del tiempo también modifica el equilibrio existente.
El silencio internacional y la responsabilidad de España
En esta historia, España ocupa un lugar que no puede ser ignorado. No fue simplemente un país que observó el conflicto desde fuera, sino la potencia colonial que administró el territorio hasta 1975 y que abandonó el proceso de descolonización sin haber permitido que el pueblo saharaui ejerciera su derecho a decidir.
La responsabilidad histórica española continúa siendo objeto de debate. Para una parte importante de la sociedad española, la cuestión saharaui mantiene además una dimensión moral y política particular. Miles de personas han desarrollado durante décadas campañas de solidaridad con el pueblo saharaui, mientras numerosas asociaciones han reclamado que España asuma un papel más activo en la defensa del derecho de autodeterminación.
La posición oficial española, sin embargo, ha estado condicionada durante décadas por sus relaciones con Marruecos. La proximidad geográfica, los intereses económicos, las cuestiones migratorias, la cooperación en materia de seguridad y la importancia estratégica del país magrebí han pesado sobre la política exterior española. El Sáhara Occidental ha terminado convirtiéndose así en un asunto en el que la defensa de determinados principios internacionales convive con intereses políticos y diplomáticos muy concretos.
Esta contradicción no afecta únicamente a España. También pone de manifiesto las limitaciones de la política internacional cuando los derechos de los pueblos chocan con los intereses de los Estados. El Sáhara Occidental continúa siendo un territorio pendiente de descolonización, pero la comunidad internacional no ha encontrado la voluntad política necesaria para hacer efectivo el derecho que reconoce sobre el papel.
2020: el alto el fuego vuelve a romperse
Durante casi tres décadas, la situación se mantuvo bajo un alto el fuego frágil. Pero en noviembre de 2020 la tensión acumulada terminó provocando un nuevo enfrentamiento.
La crisis se produjo en la zona de Guerguerat, un paso situado en el extremo sur del territorio, próximo a la frontera con Mauritania. Marruecos desplegó fuerzas en la zona para abrir una carretera que el Frente Polisario consideraba una violación del acuerdo militar establecido tras el alto el fuego. El Polisario respondió declarando que el alto el fuego había quedado roto y anunció el regreso a la lucha armada.
A partir de ese momento, el conflicto entró en una nueva etapa. Aunque la intensidad de los enfrentamientos no era comparable con la guerra de las décadas anteriores, el hecho político era de enorme importancia: después de casi treinta años, el alto el fuego de 1991 había dejado de funcionar como antes.
La reanudación de las hostilidades debería haber servido como una llamada de atención para la comunidad internacional. El modelo basado en mantener indefinidamente una situación provisional había demostrado sus límites. Sin una solución política capaz de responder a las aspiraciones del pueblo saharaui, el riesgo de que el conflicto permaneciera abierto seguía existiendo.
Un conflicto que no desapare
Ahora nuevamente, en este año 2021, el Sáhara Occidental vuelve a encontrarse ante una situación que muchos habían considerado imposible después de tres décadas de alto el fuego: la guerra había regresado. El conflicto que comenzó tras la retirada española en 1975 no había sido resuelto, sino simplemente contenido durante un periodo prolongado.
La historia de estos años permite entender por qué no basta con hablar del Sáhara Occidental como una disputa territorial entre Marruecos y el Frente Polisario. En su origen existe un proceso de descolonización inconcluso; detrás de la guerra existe una población que reivindica su derecho a decidir; y detrás del bloqueo diplomático aparecen los intereses de diferentes Estados y potencias que han convertido el conflicto en una pieza más del complejo tablero político del norte de África.
Más de cuatro décadas después de la retirada española, el pueblo saharaui continúa esperando una solución que le permita decidir su futuro. Una parte de su población permanece en los campamentos de refugiados de Tinduf; otra vive en los territorios controlados por Marruecos; y otra se encuentra repartida por diferentes países. Entre todas esas comunidades permanece una misma reivindicación: que el futuro del Sáhara Occidental no sea decidido por las potencias que han intervenido en su historia, sino por su propia población.
El regreso de la guerra en 2020 demuestra que ningún conflicto desaparece simplemente porque deje de ocupar las primeras páginas de los periódicos. La paz de 1991 consiguió detener durante casi treinta años los enfrentamientos a gran escala, pero no resolvió la cuestión que los había provocado. El referéndum nunca llegó a celebrarse y la descolonización quedó pendiente.
El Sáhara Occidental continúa siendo, por tanto, una de las grandes asignaturas pendientes del proceso de descolonización africano. Y mientras Naciones Unidas siga reconociendo el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación sin conseguir garantizar las condiciones para que pueda ejercerlo, la historia iniciada con la retirada española en 1975 seguirá sin escribir su último capítulo.
Con el regreso de las hostilidades, la pregunta vuelve a ser inevitable: ¿cuánto tiempo puede mantenerse una situación provisional antes de que se convierta en una injusticia permanente? Para el pueblo saharaui, la respuesta se mide ya en generaciones.
