Por Carlos Fonseca Terán.
El hecho de que las reformas a la seguridad social en Nicaragua, que afectaban principalmente a los sectores pudientes, fueran el detonante de la actual crisis que vive el país, se debe a que producto de la resistencia de la empresa privada, el gobierno sandinista no tuvo más remedio que intentar la aplicación de las reformas rompiendo con la política de consenso que había regido las decisiones gubernamentales en política económica desde el regreso del FSLN al poder en 2007 y que incluía a la empresa privada y a los trabajadores, siendo estos últimos, en esta ocasión, el único sector que se pudo tomar en cuenta.
El objetivo de las reformas era dar respuesta inmediata al déficit financiero del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), sin tenerse que aplicar la receta fondomonetarista del aumento en la edad de jubilación y en la cantidad de semanas trabajadas para acceder a las pensiones correspondientes. Tal déficit financiero es producto, principalmente, del aumento exponencial de beneficios a los asegurados por una parte, y en la cantidad de éstos por la otra.
La inevitable ruptura – aún en caso de que se asumiera como temporal o coyuntural – de la alianza tripartita entre gobierno, trabajadores y empresarios a raíz de la reforma implicaba la necesidad de un alto nivel de participación popular y de la militancia sandinista en la definición de la misma, acompañada de toda una ofensiva política de las estructuras del FSLN, todo ello en aras de que la vinculación entre autoridades y pueblo en general se correspondiera con el impacto que la ruptura en cuestión pudiera tener en la dinámica política del país, asegurándose por tanto que a nivel popular hubiera suficiente información de lo que estaba sucediendo, pero al no aplicarse dichas medidas políticas, las reformas se implementaron en un contexto de desinformación general altamente propicio para que una ofensiva propagandística de la derecha a nivel mediático y en las redes sociales, hiciera posible que sectores anteriormente no identificados con la oposición (sobre todo estudiantes universitarios), pero en gran parte influenciados por los ejes políticos de la derecha, asumieran que las reformas eran perjudiciales para los trabajadores y los jubilados, lo que se convirtió en una bandera suficientemente atractiva para movilizar contra la reforma a quienes hasta ese momento habían estado políticamente inactivos, incluyéndose entre ellos a quienes ya eran antisandinistas por razones ideológicas.
Efectivamente, las reformas contemplaban no sólo un aumento sustantivo (del 19% al 22.5%) en el aporte de los empleadores al seguro social, sino también un aumento en el aporte de los trabajadores, aunque mucho menor (del 6.25% al 7%), y establecían el aporte del 5% de los jubilados, cuya cuota iba a seguir siendo la menor. Esto último fue el tema más polémico y que más se prestó a la manipulación mediática, debiendo aclararse aquí que una gran parte de esos jubilados llegaron a serlo sin tener la cantidad de semanas requeridas, por lo que reciben una pensión reducida que sin embargo, no existía antes de que el sandinismo regresara al poder; por el contrario, esta política fue establecida por el gobierno sandinista para beneficiar a las decenas de miles de personas que por haber sido despedidas en la época del neoliberalismo, no habían podido trabajar el suficiente tiempo para su jubilación normal.
Hubo otra medida que, unida a la mayor cuota en el aumento de las cotizaciones de los empleadores, hizo que estas reformas fueran muy perjudiciales para los sectores adomodados de la sociedad. Dicha medida fue la eliminación del techo en el ingreso, de C$ 82,953.22 (U$ 2,764.11) para la definición del monto a cotizar, de modo que quienes ganan sueldos superiores a esta cantidad (que en Nicaragua es un ingreso altísimo) no aportan cotizaciones más altas, pero reciben pensiones en correspondencia con su ingreso, o sea que las mismas son superiores a lo que correspondería por sus cotizaciones, lo que es aprovechado por los empresarios para reportar altos sueldos inexistentes y recibir así pensiones de lujo al jubilarse, sin que el monto de las mismas se corresponda con sus aportes a la seguridad social, lo cual con estas reformas ya no iba a seguir siendo el gran negocio que es, o al menos las cotizaciones de estos empresarios fraudulentos al INSS iban a ser mucho mayores.
La ruptura por parte de la empresa privada, de la alianza tripartita entre gobierno, trabajadores y empresarios, implicó un tipo de confrontación distinto al que resultaba de las acciones políticas anteriores de la oposición. En este caso se presentaron las condiciones propicias para que se pusiera en marcha el formato postmoderno previamente elaborado, de derrocamiento de gobiernos no afines, diseñado e implementado por Estados Unidos y sus aliados occidentales, y que en Nicaragua no había podido ser aplicado, pero cuyos ejecutores ya estaban entrenados y listos a hacerlo en la primera oportunidad que se presentara. De hecho, lo acababan de intentar con el incendio forestal de Indio Maíz, y antes lo habían intentado en múltiples ocasiones.
El formato al que nos referimos es un nuevo tipo de guerra, conocida como “guerra de quinta generación”. Se considera guerra de primera generación, la que se planteaba entre ejércitos al servicio de Estados, por disputas territoriales, y su clave táctica es la capacidad de movilización de tropas. Su modelo típico son las guerras napoleónicas de inicios del siglo XIX, pudiéndose incluir también las guerras de independencia sudamericanas, de la misma época. De segunda generación, son guerras entre ejércitos convencionales pertenecientes a potencias industriales, en disputa por territorios periféricos a ser dominados, y se caracteriza por aplicar los avances de la revolución industrial en general, apareciendo las primeras armas automáticas y la aviación, y siendo así su clave táctica el poder de fuego, y su ejemplo típico la primera guerra mundial, a inicios del siglo XX, pudiendo ser incluida la guerra civil española, un poco después. De tercera generación, son similares a la segunda, pero por contradicciones político-ideológicas con fuertes elementos geopolíticos, y en las que es fundamental la rapidez de las operaciones (la guerra relámpago nazi en Europa Occidental, o la guerra de los seis días entre Israel y los países árabes), siendo por tanto su clave táctica, el margen posible de maniobra, y su ejemplo típico la segunda guerra mundial, a mediados del siglo XX, pudiendo tenerse como otro ejemplo de esta modalidad, la guerra de Corea (una de las más típicamente convencionales), por la misma época. De cuarta generación, es una guerra no convencional – aunque no la única de este tipo, pudiendo haber guerras no convencionales en el caso de todas las demás generaciones de guerras (incluyéndose en este tipo de guerras, la guerra irregular, entre fuerzas irregulares y ejércitos regulares), pero esta y la quinta se caracterizan por el hecho de que no pueden tener forma convencional, a diferencia de las anteriores –, y es usada por las potencias industriales contra países donde gobiernan fuerzas no afines a sus intereses hegemónicos, siendo un ejemplo típico la segunda guerra de Estados Unidos contra Viet Nam, y se incluye la llamada guerra de baja intensidad o guerra sucia, que no se enmarca en los parámetros jurídicos tradicionales, como la guerra de agresión de Estados Unidos contra Nicaragua en los años ochenta.
Las guerras de quinta generación se basan en el uso de técnicas sofisticadas de manipulación mental, bien calculadas y basadas en el uso de proyecciones hechas por computadoras, y su eje central es la guerra psicológica, que se vale del uso de los medios de comunicación y la aplicación de la cuarta y la quinta revolución industrial (ambas vinculadas al salto tecnológico en la cibernética y los sistemas informáticos) a través de las redes sociales. Estas guerras se caracterizan en algunos casos por su organización a cargo de empresas transnacionales que utilizan a poderosos Estados industriales y postindustriales como fachada institucional (la segunda guerra de Afganistán, las dos guerras de Irak, la “primavera árabe” – guerras de Libia y Siria –), pudiendo presentarse situaciones en que este tipo de guerra no haya podido ser llevada por sus promotores, de su fase preliminar (guarimbas venezolanas) a la fase de guerra civil (Libia, Siria), habiendo también casos en que esta modalidad bélica está motivada por intereses exclusivamente geopolíticos, como sería el caso de los autodenominados “autoconvocados” en Nicaragua, donde al igual que en Venezuela, sus promotores no han podido hacerla pasar de su fase preliminar, que no es propiamente una guerra; así como se dan casos en que los intentos bélicos no han podido instaurar siquiera esa etapa preliminar, como sucede con la frustración de la operación subversiva diseñada por Estados Unidos contra Cuba, conocida como Proyecto ZunZuneo.
Las guerras de quinta generación tienen entre sus características, sobre todo en su fase preliminar – la que como hemos dicho, no es todavía una guerra propiamente dicha –, el no tener frentes definidos ni despliegue de tropas militarmente movilizadas para el enfrentamiento bélico, y sus reglas incluso desde el punto de vista técnico, son extremadamente difusas, funcionando en esta fase preliminar como una gigantesca manipulación mental diseñada por expertos, mediante la que prácticamente se puede hipnotizar a grandes cantidades de personas altamente desinformadas que previamente son sumergidas en una verdadera indigencia espiritual, cegadas luego por emociones que les han sido implantadas como chips virtuales y mediante las que se les hace actuar como una especie de zombies, sin despegar sus ojos de las pantallas donde la mentira se convierte en verdad y donde la estupidez se adueña de sus voluntades.
Para la creación del caos como elemento fundamental en la aplicación de esta nueva disciplina del arte militar, diseñada – no podría ser de otra manera – en los laboratorios del Pentágono, se presenta luego el involucramiento inducido de la delincuencia para que quede montado el escenario completo de las expresiones psicológico-cibernéticas de esta guerra, en la que obviamente, hay muertos como en todas, incluso desde su fase preliminar; los que son usados por los orquestadores de este tipo de guerra como armas más letales aún que aquellas con las que previamente se usaron contra ellos.
Volviendo a nuestro tema central, al ser derogadas las reformas a la seguridad social como muestra de buena voluntad del gobierno para frenar la desestabilización del país ya iniciada el momento de la derogación, los que se oponían quedaron sin bandera reivindicativa alguna, y el tema pasó a ser el derrocamiento del gobierno sandinista, lo que en un ambiente de creciente efervescencia y confrontación, puso en movimiento a todo el antisadinismo, que había permanecido oculto e inactivo hasta ese momento.
La derogación de las reformas fue una decisión audaz y estratégicamente demoledora para los llamados “autoconvocados”, como se autodenominaron desde un inicio los que se han estado movilizando en contra del gobierno sandinista, ya que quedaron desprovistos de demandas concretas de tipo social, debiendo volver a su formato político de poco interés para la gran mayoría de la población, de reclamar el respeto a la institucionalidad democrático-burguesa bajo cuyas reglas del juego el sandinismo ha sido capaz como ninguna otra fuerza de izquierda en la historia, de derrotar a sus adversarios políticos, a favor de cuyos intereses han sido diseñadas esas mismas reglas. Esto es lo que hace recurrir al derrocamiento del gobierno como objetivo explícito, lo que permite a la derecha movilizar al antisandinismo en circunstancias propicias, pero por otro lado priva aún más a la oposición de la posibilidad de contar con la fachada social que hizo posible la legitimación inicial de las acciones desestabilizadoras y la integración a éstas de un segmento de la población sin opción política definida, ni a favor ni en contra de ninguna fuerza, pero que de esta manera la derecha logró poner en contra del sandinismo.
Por otra parte, la deriva de las protestas hacia temas políticos hace que en las mismas adquiera cierto protagonismo lo más débil de la derecha, que son sus partidos, los que lejos de fortalecerse con esto, ahuyentan a una buena parte de la gente que inicialmente se sumó a las acciones antigubernamentales, en las que cada vez es más protagónica la presencia de la burguesía, la clase media alta y el lumpenproletariado, presentándose siempre una fuerte participación de la clase media en general, así como de estudiantes universitarios.
El modus operandi en general ha sido en primer lugar, la combinación de un rostro amable con uno grotesco y de carácter intimidante; en el primer caso, a través de manifestaciones pacíficas muy visiblemente encabezadas por la burguesía, que con su entusiasta participación en dichas actividades demuestra tener claro que no hay tal represión policial ni paramilitar contra ese tipo de actividades, a las que llegan incluso acompañados de sus hijos menores. Acto seguido ocupa su lugar el lumpenproletariado, que asume la parte violenta con el ataque y la quema de locales vinculados al sandinismo, pasando por el derribo de árboles de la vida, actividad esta última en la que participan por igual los sectores medios y la parte desclasada de los sectores populares, en general más vulnerable a la guerra psicológica, y cuyas expresiones socialmente marginales incluyen al elemento lumpen, que además de ponerse al servicio del mejor postor, tiene la tendencia natural a desafiar a la autoridad, que es asumida por este sector como el enemigo, debido a su modus vivendi delictivo.
El sandinismo organizado por su parte, ha dado contundentes demostraciones de fuerza y de que mantiene intacta su capacidad de convocatoria, pero frente a la violencia ha asumido una prudente posición defensiva, debido a que su principal objetivo inmediato es desactivar la violencia generalizada, contrario al de la oposición, lo cual es aprovechado por ésta para llevar a cabo provocaciones de todo tipo, principalmente ataques a grupos de sandinistas, que cuando se defienden son presentados como fuerzas paramilitares o turbas usadas por “el régimen” para reprimir a los “manifestantes pacíficos”; imagen que se refuerza cuando debido a la gravedad de un enfrentamiento, la Policía hace acto de presencia, lo cual dicha institución está evitando al máximo, permaneciendo la mayor parte del tiempo acuartelada, para evitar situaciones que sean manipulables por los fabricantes de noticias falsas.
Si los sandinistas atacados se defienden son turbas orteguistas y paramilitares, y si son asesinados se convierten en mártires de la oposición, ya que una característica bastante macabra de este fenómeno es el empeño permanente de los activistas antigubernamentales, en crear situaciones que provoquen muertes, dado que cada nuevo fallecido es asumido por ellos como un mártir más, víctima de la represión gubernamental, incluyendo a los muertos del bando sandinista, pues el manejo de esto es el eje central de la guerra psicológica y es, digámoslo así, el anzuelo para tomar el control emocional de la opinión pública. Incluso, la derecha incluye entre los muertos a personas fallecidas en situaciones ajenas a la crisis, incluyendo muertos por infarto en sus casas e incluso, a personas fallecidas en accidentes de tránsito y cadáveres no reclamados en la morgue, que siempre hay.
Contrario a lo que se presenta mediáticamente, en Nicaragua no ha habido en esta crisis ninguna masacre estudiantil, sino múltiples enfrentamientos, casi siempre provocados por los grupos antigubernamentales, en los que suele haber armas mortales, de guerra y artesanales, lo cual trae como consecuencia que haya muertos en ambos bandos, lo cual es entendible sobre todo si se toma en cuenta la presencia en el bando antisandinista, de armas de guerra usadas contra la Policía, que ya ha tenido varias bajas mortales en este conflicto, las que también son incluidas por la oposición entre “sus” muertos.
Las provocaciones han llegado a tal extremo, y el sandinismo ha sido en tal medida disciplinadamente prudente, que los manifestantes profanan monumentos a héroes y mártires sandinistas caídos en la guerra de liberación contra la dictadura somocista, quitando el rojo y negro de dichos monumentos e incluso, de sus tumbas, ante lo cual la reacción del sandinismo ha sido restaurar los colores originales cuando los del bando contrario se han retirado.
Producto de la desaparición de la excusa inicial de las protestas (la oposición a las reformas del INSS) y de la resultante reducción de reivindicaciones a temas de carácter político, a los grupos antigubernamentales se les hace cada vez más complicado sumar gente a la desestabilización a través de los objetivos planteados, que al no ser reivindicaciones concretas y menos aún de tipo social, ni siquiera pueden ser usados formalmente, debiendo limitarse su discurso al tema de los muertos y a tener como desgastante carta de presentación el derrocamiento del gobierno, pero sin decir concretamente por qué, además del supuesto genocidio.
Esto hace un notorio contraste con las reivindicaciones del sandinismo cuando era oposición, entre las que estaban por ejemplo, el derecho de los campesinos a las tierras que les fueron entregadas por la reforma agraria en los años ochenta y por tanto, su legalización y el acceso al crédito; el derecho al empleo versus las políticas neoliberales, que mandaron al desempelo a una gran parte de la población económicamente activa; la gratuidad de la salud y la educación; el 6% para las universidades; etc. Además, las fuerzas movilizadas tenían un liderazgo bien definido, tanto en el ámbito social como en el político, de modo que con sólo reunirse el Comandante Daniel Ortega con el Presidente de turno, se podía llegar a acuerdos con respecto a reivindicaciones concretas, todas de carácter social; acuerdos que se correspondían con la correlación de fuerzas creada durante la jornada de protesta correspondiente; a diferencia de lo que ocurre ahora, cuando además de no haber reivindicaciones concretas, no hay un liderazgo visible con la capacidad de hacer posible la desmovilización de las fuerzas opositoras, además de la manifiesta resistencia por parte de los representantes opositores en el diálogo, a llamar al levantamiento de los tranques, a cambio de la decisión gubernamental del acuartelamiento policial, que sí se llevó a cabo.
La invisibilidad del liderazgo no implica que no haya una convocatoria centralizada real de los “autoconvocados”, pero la imagen de autoconvocatoria es el sello legitimador de las acciones antigubernamentales, a lo cual obedece dicha invisibilidad. Esto queda en evidencia por el nivel de coordinación y el sentido de estrategia con que se desarrollan los acontecimientos. Existen suficientes elementos informativos para afirmar que los “autoconvocados” en realidad son convocados por la estación CIA radicada en la embajada norteamericana en Managua, algunos de cuyos agentes forman parte de las caras visibles de las acciones contrarrevolucionarias; esto sin mencionar el abierto financiamento de la USAID (organización fachada de la CIA, como todo el mundo sabe) a los ONGs integrantes de la llamada sociedad civil que, se ha dedicado a atacar de manera permanente y sistemática al gobierno sandinista a lo largo de los diez años que tiene el sandinismo de haber vuelto al poder.
A pesar de la visible parcialidad a favor de la oposición por parte del mediador, la Iglesia Católica, al ser instaurado el diálogo la Conferencia Episcopal planteó sensatamente, la inconveniencia de que estuvieran presentes los medios de comunicación, argumentando con gran sentido común, que es imposible dialogar con la presencia de más de cien periodistas, lo cual es sumamente correcto, ya que si el diálogo es público, se convierte en un maratón de discursos ante el público en vez de planteamientos dirigidos a la contraparte, y en dichos discursos las partes expresan sus puntos de vista sin llegar a nada, como en efecto ha ocurrido, lo que ha llevado a los obispos a suspender temporalmente la plenaria del diálogo para la formación de una comisión mixta que busque el consenso.
A estas alturas, ya las pérdidas económicas del país por la crisis superan con creces el déficit del INSS y hay una desaceleración de dos puntos porcentuales en el crecimiento económico. El riesgo país se ha disparado, con la consiguiente pérdida de posibles inversionistas. Los tranques, particularmente perjudiciales para la economía, han pasado a ser el instrumento principal de la oposición para presionar al gobierno, lo cual la desgasta ante la población en general, cuya irritación creciente por los graves inconvenientes que estos métodos implican hacen de éstos un verdadero boomerang para sus promotores. Evidentemente, los tranques no son pacíficos, ya que violentan derechos elementales, tales como la libre movilidad de las personas, lo que causa muerte de enfermos, falta de atención a mujeres embarazadas, y un largo etcétera. Por los tranques se pierden empleos, quiebran los pequeños negocios y la economía se ve dramáticamente afectada, lo que impacta en los sectores más empobrecidos de la población.
Quienes promueven los tranques son personas que no se ven afectados por ellos, debido a que tienen suficiente tierra, ganado, grandes empresas, provisión para meses en las bodegas de sus mansiones, dinero en los bancos de Nicaragua y el extranjero, adonde huyen en el momento que quieran; y quienes los hacen tampoco se ven afectados, debido a que son en algunos casos estudiantes mantenidos por sus familias, sin familia propia que mantener y en otros casos, pandilleros que se suman a dichas acciones porque siempre han visto a la autoridad como el enemigo. O sea, los tranques afectan a los trabajadores y a la clase media baja, no a quienes los promueven, que son los ricos y los que viven de los fondos que les entrega la USAID, como tampoco afectan a quienes los hacen, o sea a personas que no trabajan.
Las fuerzas de la oposición desestabilizadora en la mesa de diálogo se niegan a desmovilizar los tranques, argumentando que no son orientados ni controlados por nadie, sino que son expresión espontánea del pueblo. Si fuera el pueblo el que estuviera en los tranques, sus exigencias serían salario, empleo, salud y educación, crédito para los pequeños productores. Pero sería absurdo, porque nunca ha habido tantos aumentos salariales como bajo este gobierno, el empleo más bien se está reduciendo con los tranques, el pueblo tiene salud y educación gracias al Frente, y sólo con el Frente en el poder han tenido crédito los pequeños productores, mientras los grandes, que promueven los tranques, lo han tenido siempre.
¿Qué piden entonces con los tranques? Los empresarios, no pagar el INSS. Los partidos de la derecha disfrazados de sociedad civil, la renuncia del Presidente o de lo contrario, amenazan con derrocarlo para gobernar ellos como ya lo hicieron entre 1990 y 2006, cuando lanzaron a decenas de miles al desempleo, privatizaron la salud y la educación, negaron el crédito a los pequeños productores, negaron el 6% a las universidades.
¿Qué más piden? Elecciones libres, pero para ellos sólo lo son cuando las ganan. Para mejorar nuestro sistema electoral, hace ya algún tiempo el gobierno sandinista asumió el compromiso de hacer reformas electorales recomendadas por la OEA (todas ellas, por cierto, solicitadas por los que piden "elecciones libres"). Piden libertad de expresión, pero la tienen en tan algo grado que a través de sus medios llaman a la violencia y al derrocamiento del gobierno, y es a través de esos medios que dicen no tener libertad de expresión.
Luego, como siempre ocurre, en medio de todo aparecen a nivel internacional, algunos círculos intelectuales de esa misma izquierda de caviar que se ilusionó con la “primavera árabe”, a la cual incluso bautizó como tal, presentando las acciones promovidas por la derecha en Nicaragua como si fueran una levantamiento popular en contra de políticas de tipo neoliberal impulsadas por el sandinismo, lo cual es en sí mismo un absurdo que queda en evidencia cuando las expresiones gremiales organizadas de la empresa privada y la burguesía como tal, han asumido un beligerante liderazgo de clase en lo que se quiere presentar como una protesta social en defensa de los derechos de los trabajadores y el pueblo, pero con el curioso respaldo de los sectores más reaccionarios entre los círculos políticos dominantes de Estados Unidos, representados en este caso por Ileana Ross-Lethinen, Marco Rubio, Ted Cruz, Mike Pence y compañía limitada.
Es de esperarse que la crisis evolucione de manera favorable a la recuperación de la estabilidad perdida, a pesar del empeño en sentido contrario, de los grupos radicales de la derecha, cuyo propósito es el derrocamiento del gobierno sandinista. La proverbial capacidad organizativa y de convocatoria del sandinismo terminará imponiéndose ante la dispersión orgánica de las fuerzas desestabilizadoras. El sandinismo organizado tiene la suficiente capacidad de análisis para asumir la necesidad de pasar a una especie de tercera etapa de la Revolución Sandinista, en la que se consolide y profundice el modelo político de protagonismo ciudadano en el ejercicio directo del poder, frente a una clase política de derecha incapaz de levantar cabeza, junto a la consolidación y profundización del modelo económico basado en el ejercicio directo de la propiedad por los trabajadores, frente a una clase empresarial enfrentada a un gobierno defensor de los intereses de los trabajadores, pero con el cual pudo convivir sin que sus intereses fueran afectados en lo fundamental.
Esto requiere la transformación del FSLN en una vanguardia revolucionaria de nuevo tipo, como sujeto político que no sustituya a las clases populares en el ejercicio del poder político y a la vez, conductor del proceso revolucionario mediante la acción política de sus estructuras en todos los ámbitos de la vida social, y desde una necesariamente nueva institucionalidad a través de la cual ejerzan directamente el poder político los ciudadanos en su conjunto como sujeto social protagónico, surgido de las clases populares y cualitativamente superior al sujeto individual pasivo que es el ciudadano de la democracia burguesa, todo ello con la convicción de que esta es la única manera de evitar en el futuro situaciones como la que aún estamos viviendo, dado que la conciencia social cuya formación es indispensable para ello, nace del poder de clase ejercido en lo económico y en lo político, debido al carácter clasista del mismo.
La Revolución Cubana fue el inicio de una nueva era revolucionaria en el hemisferio occidental, que puso desde entonces a América Latina a la cabeza de la lucha revolucioanria a nivel mundial. Veinte años después de la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista fue la punta de lanza para el derrumbe de las dictaduras militares en América Latina. Veinte años después de la Revolución Sandinista, la Revolución Bolivariana inauguró la época de los gobiernos de izquierda y nuevas revoluciones triunfantes en América Latina. Ahora, veinte años después de la Revolución Bolivariana, una nueva ola revolucionaria en América Latina sólo podrá ser producto de la profundización de los nuevos procesos revolucionarios en marcha, que pasa por la creación de ese ciudadano protagónico como nuevo sujeto social en lo político y de ese trabajador-propietario como nuevo sujeto económico en lo social, de donde surja una clase media popular mayoritaria que sea la base social fundamental de un nuevo proceso revolucionario de carácter continental y posteriormente, mundial, con rumbo a un socialismo autogestionario y protagónico de cuya instauración depende nada menos que el futuro de la humanidad, cuyos días están contados mientras prevalezca ese sistema depredador de la naturaleza y de la dignidad humana que es el capitalismo.
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