Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA
A María Silvia Guillén la conocí en 2012 durante la Audiencia Pública sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas del Bajo Aguán, en el norte de Honduras.
La
actividad que ella presidía había sido convocada por varias
organizaciones y redes internacionales, para que las víctimas del
conflicto agrario, originado por la expansión de monocultivos a gran
escala, en particular de palma africana, pudiesen brindar sus
testimonios ante una audiencia internacional comprometida con la plena
vigencia de los derechos humanos.
La ex comisionada de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) quedó sumamente impactada por la difícil realidad que viven
miles de familias campesinas y los pueblos negros e indígenas de
Honduras, víctimas del despojo sistemático de territorios, la
concentración de la tierra en pocas manos, la falta de acceso a ella, la
criminalización de su lucha y la total impunidad.
"Evidenciamos
una carencia extrema de institucionalidad, con una Fiscalía que no
investiga los crímenes, una Policía que no persigue a los delincuentes y
un órgano judicial que funciona solamente para algunos ciudadanos. La
impunidad es total, y al Estado no le interesa resolver el asesinato de
campesinos, ni la destrucción de sus viviendas. Antes bien, parece estar
al servicio de unos pocos en este país”, declaró en aquel entonces
Guillén ante medios nacionales e internacionales.
Tras el asesinato de la dirigente indígena lenca y luchadora social Berta Cáceres
volvimos a hablar de Honduras. A Berta la conoció justamente durante el
desarrollo de la Audiencia Pública y la noticia de su asesinato la dejó
sin aliento.
En una entrevista en exclusiva con La Rel, María Silvia Guillén alertó
sobre la grave situación que viven las y los defensores de derechos
humanos en Honduras e instó a la CIDH a "no quedarse en discursos, sino
actuar con firmeza".
-¿Cúando conoció a Berta Cáceres?
-Por razones de mi trabajo en derechos humanos me tocó visitar
Honduras, en particular el Bajo Aguán, en el norte del país, donde
miles de familias campesinas sufren los embates de un grave conflicto
agrario. Por lo menos en dos ocasiones
tuve la oportunidad de estar con ella y conocerla como una mujer
valiente, dispuesta a arriesgar la vida por su gente, por su pueblo.
-¿Cuál fue su reacción y análisis ante este brutal asesinato?
-Me provocó una profunda tristeza como mujer, como madre, como activista de derechos humanos. Nos damos cuenta como defender la vida te ubica en un riesgo permanente, que lleva hasta desenlaces dramáticos como lo que le pasó a Berta.
Me provocó una tremenda indignación y quisiera que esta misma indignación se apoderara de todo el pueblo, para que se radicalizaran los procesos de lucha en toda la región.
Lo que ha pasado con Berta debe cuestionarnos profundamente. Debe obligarnos a pensar qué es lo que estamos haciendo por la vida de nuestros pueblos, y qué podemos hacer para que lo que le ha pasado a Berta y a tantos otros luchadores y luchadoras no vuelva a pasar nunca.
Aquí se trata de generar mecanismos de no repetición, pero resulta que a pocos días del asesinato de Berta asesinan a Nelson García, también defensor y miembro del Copinh.
Me pregunto, entonces, ¿qué está pasando con Honduras?
Tengo
el tremendo temor que el asesinato de Berta, ocurrido con tanta saña,
quede en la impunidad y que las autoridades no tengan el interés genuino
de ir al fondo de esta tragedia.
Hay que seguir exigiendo justicia y el esclarecimiento de este crimen. Ya basta de tanta impunidad y olvido.
-Retomando su pregunta ¿qué está pasando en Honduras?
-Desde que conocí a profundidad la situación del Bajo Aguán y lo que sufren tanto las familias campesinas como los pueblos indígena y garífuna, he entendido que en Honduras la institucionalidad está al servicio de unos pocos.
En Honduras hay un proceso que favorece abiertamente a quienes están intentando apropiarse de los recursos naturales. Y las personas que luchan por la vida -porque luchar por los recursos naturales es luchar por la vida- son criminalizadas y asesinadas.
Ante esta situación, creo que la CIDH debería ir más allá de los discursos, de otorgar medidas cautelares y de precaución. En este momento debería estar en territorio hondureño, porque el asesinato de Berta es un desafío para la CIDH.
Todo lo que pasó con ella, con el sociólogo y defensor de derechos humanos Gustavo Castro, con Nelson García, nos exige elevar una voz de alerta y generar una movilización masiva en solidaridad con el pueblo hondureño.
-¿Qué papel juegan los grupos económicos nacionales y transnacionales en este escenario de represión hacia la sociedad organizada?
-Lo vimos muy claramente en el Bajo Aguán, donde la represión contra el movimiento campesino la encabeza el gran capital agroindustrial nacional y transnacional. Y esto ocurre en todos los países donde se ha instalado el modelo extractivista.
Aquí en El Salvador tenemos el caso dramático de la explotación minera en Cabañas y el asesinato de activistas ambientales.
No me quepa la menor duda de que esos intereses grandes, que incluso
van más allá del poder de los Estados, estén detrás de tanta represión.
-¿Todo apunta a que estamos frente a una escalada peligrosa de la violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras. ¿Cómo fortalecer su seguridad?
-Creo que es importante que la población hondureña tome en serio que está en un problema muy grave de seguridad, y aprenda a cuidarse. Yo todavía tengo taras de la guerra que no he podido superar y en El Salvador seguimos implementando mecanismos de seguridad para preservar nuestras vidas.
En Honduras las y los defensores deben aprender a tomar en serio su seguridad.
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