Mensaje en la botella para el pueblo de España

Por Javier Huerta

Abstención, lucha de clases y la necesidad de recuperar nuestra voz

Hay mensajes que se lanzan al mar sin saber quién los encontrará. Este artículo quiere ser uno de ellos: una invitación a quienes han dejado de confiar en la política, se sienten decepcionados por los partidos o creen que votar no sirve para nada. No se trata de ignorar sus razones, sino de plantear una pregunta: si renunciamos a participar, ¿quién tomará las decisiones que afectan a nuestras vidas?

Quien trabaja y no consigue llegar a fin de mes, quien no puede emanciparse por el precio de la vivienda, quien busca empleo sin encontrarlo o quien necesita una pensión, servicios públicos y apoyos para vivir con dignidad tiene motivos para exigir respuestas. Pero abandonar las urnas no obliga a los partidos a cambiar. Puede, en cambio, reducir la capacidad de influir de quienes más necesitan que las políticas públicas protejan sus derechos.

Una conquista que no debemos despreciar

Durante la dictadura franquista, los partidos políticos estuvieron prohibidos, la oposición fue perseguida y el sindicalismo independiente sufrió la represión. Trabajadores, estudiantes, mujeres, militantes y movimientos populares lucharon por conquistar las libertades que hoy podemos ejercer. La democracia no fue un regalo: fue resultado de una lucha colectiva.

La recuperación de las elecciones y de las libertades políticas abrió una etapa nueva, pero no acabó con las desigualdades económicas ni con los privilegios. La democracia formal tampoco garantiza por sí sola una vivienda asequible, un empleo digno o unos servicios públicos suficientes. Para avanzar en esos derechos hacen falta organización social, movilización y decisiones políticas.

Por eso, recordar las luchas democráticas no significa idealizar el sistema actual. Significa comprender que las libertades deben ejercerse y ampliarse. Si dejamos de participar porque estamos decepcionados, no desaparecen los intereses económicos ni los conflictos sociales: las decisiones siguen tomándose, con independencia de que acudamos o no a votar.

La abstención también tiene consecuencias

En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, la participación fue del 70,4 % y la abstención alcanzó el 29,6 %: 10.402.450 electores no votaron. En noviembre de 2019, la participación había sido del 66,23 %. La diferencia entre ambas convocatorias muestra que la movilización electoral cambia según el contexto político y las circunstancias de cada elección. 

Las causas de la abstención son diversas. Hay personas que rechazan a todos los partidos, otras se sienten defraudadas por quienes votaron anteriormente y algunas no encuentran una candidatura que responda a sus preocupaciones. También influyen las circunstancias personales y las dificultades para participar. No podemos afirmar que todas las personas abstencionistas sean de izquierdas, pertenezcan a la clase trabajadora o compartan una misma motivación.

Sin embargo, hay un riesgo político que conviene comprender. La abstención no transfiere votos de la izquierda a la derecha, pero puede favorecer electoralmente a esta última cuando una parte del electorado progresista deja de votar y el electorado conservador mantiene su movilización. Si unos se quedan en casa y otros acuden a las urnas, los segundos aumentan su peso relativo entre los votos emitidos.

El efecto depende de quién se abstiene, de la distribución territorial del voto y de las reglas electorales. En España, los escaños del Congreso se reparten por provincias mediante la fórmula D'Hondt, y el número de representantes de cada circunscripción influye en las posibilidades de obtener escaño. Por eso, el resultado no depende únicamente del porcentaje estatal de votos.

La abstención no siempre perjudica a la izquierda ni beneficia necesariamente a la derecha. Pero quedarse en casa no es una forma fiable de castigar a un partido. La ausencia puede expresar desencanto, aunque no obliga a ninguna organización a interpretar el mensaje ni a cambiar sus políticas. Los votos emitidos, en cambio, sí determinan la representación parlamentaria.

La idea de que «mi voto no cambia nada» tampoco tiene en cuenta que los resultados colectivos se construyen con decisiones individuales. No todos los votos tienen el mismo efecto sobre el reparto de escaños, pero en una elección ajustada unos pocos pueden resultar decisivos. Y aunque una papeleta no resuelva por sí sola los problemas de una persona, renunciar a votar tampoco los resolverá.

La lucha de clases no termina al salir del centro de trabajo

La política es también un terreno donde se decide cómo se distribuyen los recursos, quién soporta las desigualdades y qué derechos se protegen. La lucha de clases se expresa en los salarios, la precariedad, la vivienda, los impuestos, las pensiones y la financiación de los servicios públicos. No desaparece porque disminuya el interés por las elecciones.

La clase trabajadora tampoco está formada únicamente por quienes tienen hoy un empleo. Incluye realidades diversas: personas asalariadas, desempleadas, jubiladas, cuidadoras sin remuneración y personas que, por una discapacidad, una enfermedad u otras circunstancias, necesitan apoyos para vivir con autonomía. Sus situaciones no son idénticas, pero muchas dependen de cómo se distribuyen la riqueza y las oportunidades y de qué protección ofrece la sociedad.

Las pensiones, la sanidad pública, la educación, la atención a la dependencia y las prestaciones sociales no son cuestiones secundarias. Son derechos cuya cobertura y calidad dependen también de decisiones políticas. Una sociedad no puede medir la dignidad de las personas únicamente por su capacidad para trabajar o por los ingresos que generan.

Por eso, jubilados, personas con discapacidad, familias con pocos recursos y quienes necesitan apoyos públicos tienen razones para participar y examinar las propuestas de las distintas candidaturas. No porque deban votar automáticamente a una determinada formación, sino porque las decisiones políticas afectan a sus condiciones de vida y a sus derechos.

Aquí existe una diferencia política importante entre la izquierda y la derecha. La tradición de la izquierda ha estado vinculada a las luchas del movimiento obrero, la ampliación de los derechos sociales, la redistribución de la riqueza y la defensa de los servicios públicos. Son conquistas asociadas a décadas de organización sindical, movilización popular y acción política. Frente a proyectos que priorizan la reducción de impuestos a quienes más tienen, la privatización o el debilitamiento de la protección colectiva, la izquierda tiene la responsabilidad de defender y ampliar los derechos de las mayorías trabajadoras y de los sectores más vulnerables.

Eso no significa que cualquier partido que se defina de izquierdas cumpla automáticamente esa función. Las propuestas, las decisiones y los resultados deben examinarse críticamente. Pero sí significa que, para quienes defienden la igualdad social y los derechos de las clases populares, tiene sentido participar y apoyar electoralmente a las opciones de izquierda que mejor representen esos objetivos. La crítica a sus errores no exige abandonar las urnas; también puede servir para exigirles más y construir alternativas mejores.

La participación se construye colectivamente

La abstención no se combate culpando a quienes no votan. Se combate escuchando sus razones y recuperando los vínculos entre la política y los problemas cotidianos. Los sindicatos, las asociaciones vecinales, las organizaciones de pensionistas y las plataformas en defensa de la sanidad, la educación, la vivienda o la dependencia pueden ayudar a convertir necesidades compartidas en demandas colectivas.

La participación tampoco se limita a las campañas electorales. Se construye en los centros de trabajo, los barrios, las asociaciones y los movimientos sociales. Estos espacios permiten informarse, debatir y organizarse, mientras que las elecciones deciden quién ocupa las instituciones y con qué programa y apoyos puede gobernar.

Quienes ya participan pueden contribuir hablando con familiares, amistades, compañeros de trabajo y vecinos que se han alejado de la política. No para imponerles una papeleta, sino para conversar sobre los problemas que les afectan, contrastar propuestas y recordarles que su voz también cuenta. La movilización democrática necesita argumentos y confianza, no reproches.

Esta responsabilidad alcanza igualmente a los partidos. No pueden reclamar el voto de las clases populares y olvidarse de sus problemas el resto de la legislatura. Deben escuchar, explicar sus decisiones, cumplir sus compromisos y rendir cuentas. La confianza no se exige: se gana con políticas, resultados y coherencia.

Votar a la izquierda sin renunciar a la crítica

Participar no significa entregar un cheque en blanco. Significa reconocer que las decisiones políticas tienen consecuencias y que conviene influir en ellas. La ciudadanía debe comparar programas, examinar trayectorias y valorar qué candidaturas ofrecen respuestas más convincentes a sus necesidades y principios.

Para quienes viven de su trabajo, dependen de una pensión, afrontan el desempleo o necesitan servicios públicos, la política no es una discusión lejana. Las decisiones de los ayuntamientos, las comunidades autónomas, el Estado y las instituciones europeas afectan a la vivienda, la sanidad, la educación, las pensiones, los derechos laborales y las prestaciones sociales.

Por eso, si defendemos una sociedad más justa, en la que la riqueza se distribuya mejor y nadie quede abandonado por no tener recursos o no poder trabajar, debemos implicarnos en las decisiones que pueden acercarnos a ese objetivo. La participación electoral y la movilización social son herramientas complementarias: votar a opciones de izquierda comprometidas con los derechos sociales puede ayudar a avanzar, y organizarse permite exigir que cumplan lo prometido.

No se trata de afirmar que el voto lo cambia todo ni de negar las limitaciones de las instituciones. Se trata de no regalar nuestra capacidad de decisión. La derecha no necesita que quienes discrepan de sus políticas la apoyen; le basta, en determinadas circunstancias, con que sus adversarios se desmovilicen mientras su propio electorado permanece activo.

Que nuestra voz no vuelva a quedar en silencio

Los derechos laborales, las libertades democráticas, las pensiones y los servicios públicos son fruto de luchas colectivas. No están garantizados para siempre. Defenderlos exige organización, participación y capacidad para exigir responsabilidades a quienes gobiernan.

Este mensaje no pide fidelidad incondicional a ningún partido. Invita a quienes están decepcionados a no confundir la crítica con la renuncia, ni el rechazo a una organización concreta con la indiferencia ante las decisiones que afectan a toda la sociedad. Si los partidos de izquierda fallan, hay que exigirles que rectifiquen y que respondan a las necesidades populares. Pero dejar de participar puede reducir la capacidad de quienes más necesitan las políticas sociales para defender sus derechos.

La pregunta no es si un voto aislado puede resolverlo todo. La pregunta es qué ocurre cuando millones de personas renuncian a participar y qué podemos conseguir cuando convertimos nuestras necesidades en demandas compartidas. Votar no sustituye la lucha social, pero puede contribuir a determinar quién legisla, qué políticas se financian y qué derechos se protegen.

Si queremos una sociedad más igualitaria, no basta con indignarse ante las injusticias: hay que organizarse, movilizarse y participar. Y, cuando llegue el momento de votar, valorar qué opciones defienden con mayor claridad los intereses de las clases trabajadoras y de quienes más necesitan una sociedad solidaria.

La confianza debe ganarse, los compromisos deben cumplirse y los derechos deben defenderse. Esa es también la razón para acudir a las urnas y exigir más a la izquierda, no para renunciar a ella sin haber construido una alternativa mejor.

En el próximo artículo abordare precisamente esa tarea: qué debe exigir la clase trabajadora a la izquierda, desde los salarios y la vivienda hasta las pensiones, la sanidad, la educación y la protección social, y cómo convertir esas demandas en compromisos concretos y verificables.

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