Tradicionalmente el desarrollo de la minería y de la industria de transformación de los metales ha estado ligado en México a la explotación sin control de los recursos minerales y de la mano de obra.
Esta situación, sin embargo, se ha intensificado durante los últimos 12 años, por la falta de una política de racionalidad y de respeto a los derechos humanos, de la cual nuestro país cada vez se aparta más.
La ambición desmedida de algunos empresarios y la complicidad de los gobiernos municipales, estatales y federal ha propiciado esa terrible evolución.
Hoy existen más accidentes de trabajo en las minas y plantas del país que hace dos sexenios. Las condiciones inhumanas cada vez se extienden más, hasta convertir la actividad industrial de este importante sector en una frecuente acción de terrorismo empresarial en contra de los derechos laborales y humanos de los trabajadores y de la población en su conjunto.
Hay casos claros y evidentes de la protección y el encubrimiento oficial hacia algunas empresas, que resulta no sólo lamentable por el servilismo del gobierno, sino totalmente deshonesto.
Ese triste y descarado papel lo han jugado los secretarios del Trabajo Francisco Javier Salazar, con Vicente Fox, y Javier Lozano Alarcón bajo las órdenes de Felipe Calderón. Ese tipo de burócratas han pervertido la responsabilidad de esa secretaría, la han convertido en un botín al beneficiar a unos cuantos y reprimir a la gran mayoría de los trabajadores y sindicatos democráticos e independientes del país.
Hoy ambos, apoyados por el Partido Acción Nacional y por los empresarios a los que abyectamente han servido, buscan ocupar una posición en el Senado de la República, desde donde, de llegar, continuarán traicionando y dañando al país, elaborando o modificando leyes para servirles cínicamente mejor a sus jefes.
Mientras, la explotación de los trabajadores continúa. El Grupo Peñoles ha tenido durante los últimos dos años más de 20 muertos y 40 heridos graves en sus minas y plantas, además de que ha utilizado a grupos paramilitares, traidores y golpeadores cuando los trabajadores han protestado, como fue el caso del asesinato con tubos y palos del trabajador minero Juventino Flores Salas, en Fresnillo, Zacatecas, el 10 de junio de 2009. Hubo también otros heridos graves y la destrucción de vehículos, sin que ninguna autoridad haya actuado, cuando esos crímenes se persiguen de oficio.
Peñoles lleva también muchos años contaminando con plomo, zinc y otros metales el medio ambiente y las aguas residuales, lo que produce daños irreversibles a la salud de cientos de niños, comunidades enteras y a los propios trabajadores en sus plantas de Torreón, Coahuila, y en otras regiones del país.
El Grupo Acerero del Norte, GAN, ha cometido las mismas o peores faltas en Monclova y en la región carbonífera de Coahuila, sin que ningún gobierno estatal o federal lo investigue y lo sancione con todo el peso de la ley.
Además de reprimir y utilizar porros y golpeadores para controlar y humillar a los trabajadores e imponer contratos de protección, los directivos de GAN se han dedicado a corromper a una camarilla de traidores para desvincular a los trabajadores de su organización sindical, para mutilar sus contratos colectivos y entregarle a sindicatos espurios los derechos y conquistas acumulados durante más de 60 años, en complicidad abierta con la CTM y los gobiernos del estado de Coahuila. Sin duda están preparando el terreno para entregar la empresa a sus socios coreanos de la firma Pohang Iron and Steel Company, al costo del sacrificio y la sangre de sus propios trabajadores.
Por supuesto que la joya de la corrupción y del cinismo es Grupo México, considerado en el mundo como una de las 10 empresas menos éticas, ya que nunca protege la vida o la salud de las personas.
Dondequiera que opera, siempre lleva destrucción y muerte, como lo hace en Perú con su filial Southern Perú Copper Corporation, o en su ex empresa matriz American Smelting and Refining Company, Asarco, de Estados Unidos, y como lo ha demostrado en Pasta de Conchos y las demás minas y unidades que explota en el país y en el extranjero.
Del año 2006 a la fecha, en que los accionistas y el cuerpo directivo de Grupo México decidieron agredir al sindicato minero, han tenido más de 100 trabajadores muertos y alrededor de 200 heridos. Tan sólo en Cananea desde el 6 de junio de 2010, cuando ocuparon ilegalmente la mina después de una obvia simulación jurídica con todo el apoyo del gobierno y más de 4 mil elementos de la PFP, de la policía estatal e incluso del Ejército, han muerto más de 20 contratistas sin ninguna capacitación, y ha habido más de 100 heridos, no sólo de esos esquiroles que reclutan hasta en Centroamérica, sino inclusive de elementos de las mismas fuerzas policíacas.
Grupo México, al igual que Peñoles o GAN, han convertido sus minas y plantas en verdaderos campos de concentración donde reprimen, torturan y humillan sistemáticamente a los trabajadores, como si fuera un esclavismo moderno disfrazado.
Por contraparte, deslumbran al gobierno panista con nuevos montos de inversiones adicionales. A partir de esa sobrexplotación del trabajo humano y de un crecimiento sin precedente de la minería, Germán Larrea, de Grupo México, y Alberto Bailleres, de Peñoles, han llegado a ser el segundo y tercer hombres más ricos de México, según Forbes.
Se tiene que poner un alto a esta explotación brutal en esas minas de sangre, como se las conoce en todo el mundo. El próximo gobierno está obligado moral, social y jurídicamente a detener y corregir esa política absurda de explotación irracional de la fuerza de trabajo y de los seres humanos, y a imponer una ley, como lo he venido proponiendo, que penalice la irresponsabilidad y la negligencia criminal de las empresas.
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