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miércoles, 29 de abril de 2026

Nicaragua prioriza la paz

Por Yosbel Bullaín


En abril de 2018 grupos violentos utilizaron el mismo guion empleado en otros países de América Latina para desestabilizar los Gobiernos de izquierda y seguir la agenda norteamericana de dominio continental según la doctrina Monroe.

Esos grupúsculos hicieron cuanto pudieron para tratar de eliminar al Ejecutivo sandinista y destruir un país que, antes de la intentona golpista, mostraba resultados económicos sobresalientes a nivel regional.

Violencia por doquier, asesinatos de sandinistas, una feroz campaña mediática y noticias falsas, centraron el accionar de los golpistas durante casi tres meses con decenas de muertos entre ellos, más de 20 oficiales de la Policía Nacional, según cifras oficiales.

No obstante, el país centroamericano logró superar esa etapa, y con el esfuerzo y sacrificio de su pueblo avanzó por sendas de desarrollo y progreso.

Recientemente la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, durante un acto que celebró aquí el Día Nacional de la Paz -19 de abril-, sostuvo que quienes “profanaron el amor sagrado” hoy añoran lo que perdieron, pero “no pueden ni podrán” revertir el curso de la historia en el país.

“Hoy quisieran retroceder el calendario, los relojes, las agujas, las campanas, los soles, los días, los salmos, las lunas; pero no pueden ni podrán”, afirmó.

Subrayó que Nicaragua avanza con dignidad hacia el futuro, guiada por valores como el honor, el amor, la valentía y el orgullo patrio.

“Del pasado no se vuelve; al futuro se camina erguido, nunca de rodillas, y el presente es donde hemos llegado caminando con honor, con valor y con amor grande”, destacó.

MANIPULACIÓN MEDIÁTICA

Para el analista político nicaragüense Xavier Díaz-Lacayo, en 2018 se realizó en Nicaragua una penetración de contenidos manipulados que, difundidos principalmente a través de redes sociales no certificadas, impactaron en la percepción colectiva.

Díaz-Lacayo identifica como punto de inflexión la proliferación de noticias falsas que simulaban normalidad informativa, pero que en el fondo contenían elementos distorsionados.

“Estas narrativas, amplificadas por figuras públicas y dirigidas a sectores con menor formación política o ideológica, generaron estados de alarma social, miedo e incertidumbre sobre la estabilidad del país”, declaró a Prensa Latina.

El analista afirmó que la desinformación no fue un fenómeno aislado, sino que respondió a objetivos concretos.

Por un lado, distorsionar la gobernabilidad para propiciar la salida del gobierno o un quiebre institucional; y por otro, impulsar escenarios más extremos, incluyendo acciones dirigidas contra el liderazgo político del país.

Asimismo, resaltó la influencia de organizaciones no gubernamentales y fuentes de financiamiento externo que, en su interpretación, habrían contribuido a dinámicas desestabilizadoras.

EL GOBIERNO SE FORTALECIÓ

La violencia golpista que intentó destruir Nicaragua fortaleció al Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en unidad con el pueblo.

En ese sentido, el experto señaló un fortalecimiento de la institucionalidad con la implementación de nuevos mecanismos de prevención y control, sin abandonar -afirmó- los objetivos de desarrollo social ni la apertura hacia quienes desean integrarse al país.

“La institucionalidad crece dotando de nuevas firmas de advertencia sin perder la ternura, nuevas formas de prevención sin perder la objetividad hacia el desarrollo de las personas”, subrayó.

VERDAD PALPABLE

A decir de la copresidenta nicaragüense, la realidad del país es visible en los avances en infraestructura, salud, educación y programas sociales, los cuales -destacó- reflejan el esfuerzo sostenido por mejorar la calidad de vida de la población.

“Cualquiera que recorre las comunidades, que utiliza las carreteras o accede al sistema de salud y educación, sabe cuál es la verdad”, expresó.

La mandataria enfatizó que el Gobierno continúa construyendo el porvenir “paso a paso, con calma, fe y certeza de bien común”, promoviendo la unidad como principal fortaleza del pueblo nicaragüense.

En ese sentido, resaltó que, en un contexto internacional marcado por conflictos, la defensa de la paz constituye un deber esencial, especialmente para quienes profesan valores cristianos.

Murillo reiteró que la verdad “se ve, se toca y se vive”, y aseguró que el pueblo nicaragüense se distingue por su “valentía espiritual” y su capacidad de avanzar pese a los desafíos.

Reafirmó el compromiso de seguir trabajando por un futuro de desarrollo, justicia social y lucha contra la pobreza, “con verdades verdaderas que derrotan la mentira”, y exaltó el orgullo nacional y la vocación de progreso del país.

Para Díaz-Lacayo, existe una percepción mayoritaria en la población de que el país vive en paz y que esta debe ser preservada, lo cual refuerza la importancia de consolidar espacios de entendimiento social.

De cara al futuro, proyecta un escenario de prudencia, pero también de consolidación. Considera que la sociedad nicaragüense ha aprendido a valorar el crecimiento alcanzado y a resguardar la estabilidad como un bien estratégico.

Manifestó que los fundamentos ideológicos y políticos del país -basados en la identidad nacional, la dignidad, la soberanía y la independencia- continúan siendo, a su juicio, el eje sobre el cual se sostiene el modelo de desarrollo en Nicaragua.

Desde esa perspectiva, no visualiza una alternativa que supere las condiciones actuales de estabilidad para esta nación centroamericana.

“Yo no veo una oferta mejor en el mundo para Nicaragua que no sea la estabilidad sandinista”, subrayó.

RESPALDO POPULAR

El Gobierno Sandinista goza hoy día de un amplio respaldo popular; de acuerdo con el más reciente estudio de opinión pública de la encuestadora M&R Consultores, el 88,4 por ciento de la población nicaragüense aprueba la gestión del Ejecutivo que lidera el copresidente Daniel Ortega.

El sondeo correspondiente al primer trimestre de 2026 destacó que el 86 por ciento de los encuestados calificó de positivo el trabajo que realiza la copresidenta Rosario Murillo.

En cuanto al índice de predisposición política, el 86,7 por ciento corresponde al Frente Sandinista de Liberación Nacional, mientras a la oposición solo la respalda un 13,5 de los encuestados.

Añadió que el 90,9 por ciento de los entrevistados opinó que el Gobierno les genera esperanza. Asimismo, consideraron que bajo ningún concepto se debe poner en riesgo la paz ni la estabilidad económica del país.

arb/ybv



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lunes, 20 de abril de 2026

Nicaragua vive en paz, el golpismo está enterrado y olvidado

Por Stanley Vladimir

Nicaragua vive en paz, con un pueblo que es presidente y un Estado que se declara revolucionario, cristiano, socialista, solidario, un país que se mueve todos los días con normalidad, familias que hacen su vida, con una dinámica activa en el trabajo y en la producción. En este mes de abril vivimos un período de ocho años donde el golpismo fue derrotado y enterrado para siempre, dando paso a una etapa en la que la nación ha seguido avanzando y donde la tranquilidad forma parte de la vida cotidiana.

El 19 de abril quedó marcado como una fecha en la que Nicaragua conquistó la paz, una paz que había sido herida y secuestrada por el golpismo, por los propagandistas del imperio y por quienes promovieron el caos, una paz golpeada con violencia, con dolor y con luto en muchas familias, pero que fue rescatada por el pueblo, defendida con determinación por nuestro buen gobierno y mantenida en el tiempo hasta quedar establecida mediante la Ley N.º 1148 como Día Nacional de la Paz, lo que vino a reconocer una realidad que se consolidó con el tiempo y que hoy se refleja en la normalidad de los nicaragüenses.

A lo largo de estos ocho años, se ha mantenido un ritmo constante, las familias circulan desde temprano hacia sus centros de trabajo, los estudiantes asisten con regularidad a sus espacios educativos, los mercados cuentan con abastecimiento permanente, el transporte urbano colectivo circula en las carreteras construidas, los hospitales y centros de salud atienden de forma permanente, el campo continúa su producción y las empresas siguen generando empleo dentro de una dinámica que se mantiene estable.

Sí, ocho años después, abril encuentra a Nicaragua en una condición distinta, con un país que retomó su rumbo, con instituciones que garantizan el orden y con un entorno donde la gente realiza sus actividades sin miedo, mostrando cómo el paso del tiempo consolidó una etapa en la que la paz se mantiene como base de la vida nacional y permite el desarrollo de todas las áreas.

Aquí no nos cansamos de repetir lo bueno y los logros de nuestro buen gobierno, por ejemplo, sus emblemáticos programas sociales, la Merienda Escolar que se distribuye en los centros educativos, el Bono Presidencial acompaña a los estudiantes al finalizar su ciclo, el Bono Productivo Alimentario fortalece a las familias en el campo, Usura Cero y Adelante facilitan financiamiento a pequeños emprendimientos, Patio Saludable impulsa la producción en los hogares, Calles para el Pueblo mejora el acceso en los barrios, Bismarck Martínez y los programas de vivienda garantizan soluciones habitacionales, el Plan Techo responde a necesidades inmediatas, el Programa Todos con Voz atiende a personas con discapacidad, Amor para los Más Chiquitos acompaña a la primera infancia, Casas Maternas brindan atención a mujeres embarazadas, Clínicas Móviles acercan la salud a las comunidades, todos ellos forman parte de una política social que se mantiene activa en todo el país.

Nicaragua es como un carro sin espejo retrovisor, donde no vemos hacia el pasado, el terrorismo golpista quedó derrotado, aquí vamos hacia adelante, caminando, progresando, desarrollando el país con obras de progreso, con tranquilidad, con salud, con amor y con seguridad, pero además con la firme convicción de que ese golpe fallido no se volverá a repetir jamás.

Pero que quede claro, ni perdón ni olvido, porque la memoria permanece y sostiene lo que hoy vivimos, y tenemos la certeza de que nunca más permitiremos que la paz sea avasallada ni que se pretenda entregar al imperio yanqui.

Esta paz se sustenta en las palabras recientes de la Compañera Rosario, quien afirmó que: “nuestro triunfo, nuestra victoria, es la paz, es vivir en concordia, en armonía, trabajar juntos y avanzar en la ruta de paz y bien”, y también señaló que “las familias nicaragüenses merecemos vivir tranquilos, con seguridad, con espacios abiertos al trabajo y la paz”.

Destacando además que “abril quedó grabado como un mes de lucha por la paz, un mes para seguir venciendo, para seguir triunfando en unidad”, y que “vamos a estar caminando en toda nuestra sagrada geografía, reafirmando y resguardando la paz que tanto merecemos, con la paz no se juega, es un don supremo de Dios”, reiterando finalmente que “nuestro compromiso es jamás violentar la paz, es un compromiso de todos, por el bien de todos”


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domingo, 19 de abril de 2026

Nicaragua: la paz como derecho colectivo, soberanía y base del desarrollo integral

La construcción de una cultura de paz en Nicaragua constituye uno de los pilares fundamentales del modelo de desarrollo impulsado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. En ese camino, la declaración del 19 de abril como “Día Nacional de la Paz” representa un reconocimiento histórico a la voluntad soberana del pueblo nicaragüense de vivir en tranquilidad, seguridad y bienestar, consolidando la paz como un derecho colectivo y un valor ancestral de la nación.

Esta fecha simboliza no solo la memoria de las luchas del pueblo por preservar la estabilidad, sino también la reafirmación de una visión de país donde la paz es entendida como condición indispensable para el progreso, el trabajo digno y la unidad nacional. Bajo esta perspectiva, la paz se convierte en un patrimonio cultural y político que sostiene el presente, que garantiza estabilidad y abre camino al desarrollo humano, de cara hacia un futuro lleno de bienestar para las familias de Nicaragua.

El modelo nicaragüense de desarrollo integral y sostenible articula crecimiento económico, estabilidad macroeconómica y justicia social, colocando a la persona, la familia y la comunidad en el centro de las políticas públicas. Dentro de este enfoque, la equidad de género es un eje transversal, promoviendo la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos (economía, educación, la salud, el liderazgo comunitario y la toma de decisiones), como parte de un proceso de desarrollo inclusivo y transformador.  Estudio, titulado "La sociedad latinoamericana del siglo XXI", realizado por expertos japoneses y publicada en marzo del 2026, destacó a Nicaragua  como el primer país a nivel mundial en cuanto a la participación política de la mujer.

Los costos del intento de desestabilización de 2018: daños materiales, pérdidas económicas y afectación al bienestar nacional

Los eventos desencadenados en abril de 2018 no fueron un fenómeno espontáneo, sino el resultado de una estrategia de presión orientada a forzar la dimisión del gobierno del Presidente Daniel Ortega, reelecto legítimamente en 2016 con el 72.4% de los votos. Esta operación fue articulada mediante financiamiento externo hacia actores locales y ONGs. Informes anuales de la National Endowment for Democracy (NED) y la USAID del año 2018 confirman la asignación de millones de dólares a organizaciones en Nicaragua bajo el rótulo de ‘promoción de la democracia‘. En términos concretos, la USAID destinó aproximadamente $24 millones de dólares ese año, mientras que la NED asignó entre $4.1 y $4.2 millones a grupos civiles y de oposición en el periodo previo al estallido. Estos flujos financieros son analizados por el académico William I. Robinson en sus estudios sobre la ‘promoción de la poliarquía’, donde describe cómo se utilizan recursos transnacionales para instalar sistemas políticos afines a intereses externos, desplazando modelos soberanos.

Investigaciones de medios como The Grayzone y el centro Misión Verdad (basado en las teorías de Gene Sharp) caracterizan estos eventos como una 'Revolución de Color' o 'golpe blando'. Estas acciones de terrorismo urbano no solo fracturaron la convivencia social, sino que ejecutaron un daño sistemático al patrimonio público (se reportaron afectaciones a alcaldías, edificios municipales, universidades, centros tecnológicos, delegaciones institucionales, estaciones policiales, parques, calles, semáforos, adoquinados, paradas de buses, monumentos, árboles ornamentales y mobiliario urbano) y a la infraestructura estratégica (empresas públicas y entes estatales estratégicos, afectando sistemas de distribución, redes logísticas, instalaciones administrativas y servicios esenciales). Se documentaron graves violaciones a los derechos de la ciudadanía por parte de sectores opositores, quienes recurrieron a prácticas de violencia extrema, tortura y tratos degradantes contra la población civil y las fuerzas del orden. Bajo esta lógica de terrorismo urbano, los 'tranques'(bloqueos de carreteras donde la circulación se restringía severamente), lejos de ser manifestaciones pacíficas, funcionaron como mecanismos de coerción donde se restringió la libre circulación, impidiendo incluso el paso de emergencias médicas y estableciendo cobros ilegales de peaje. Y se utilizaron recintos religiosos como centros operativos y de evasión de la justicia.

Esta interrupción deliberada del crecimiento económico generó un profundo impacto humanitario, manifestado en la desarticulación del tejido familiar y un clima de polarización social. Obras como el libro 'Nicaragua: ¿Revolución o Reforma?' documentan cómo se buscó paralizar funciones vitales del Estado para debilitar su respuesta social. Básicamente fue un intento premeditado de desmantelar el modelo de desarrollo humano y estabilidad institucional que se había consolidado en beneficio de las mayorías. Sin embargo, esta estrategia fue neutralizada por la cohesión del tejido social y la firmeza de la población organizada. Sectores productivos estratégicos, incluyendo a empresarios comprometidos con el bienestar nacional y al sector campesino, mantuvieron la producción ininterrumpida. Gracias a este esfuerzo, Nicaragua garantizó su soberanía alimentaria y el abastecimiento básico, defendiendo los logros sociales frente al intento de injerencia extranjera.

En consecuencia, es posible afirmar que este escenario de desestabilización se gestó de forma sistemática desde el retorno del Gobierno Sandinista al poder en 2007. A través de una red articulada mediante financiamiento externo, agencias de cooperación internacional y ONGs, canalizaron recursos destinados a fortalecer las capacidades operativas de sectores opositores. Bajo la apariencia de programas para la 'promoción de la democracia', se ejecutó un proceso de formación y adiestramiento de cuadros —incluyendo estudiantes y representantes de la sociedad civil— con el objetivo de encabezar actos de desestabilización en el momento oportuno. Estos hechos constituyen una estrategia clara de injerencia externa y guerra no convencional, diseñada para sabotear la gestión del FSLN y una ofensiva dirigida contra los símbolos de desarrollo, los espacios de convivencia y los proyectos comunitarios construidos con el esfuerzo del pueblo nicaragüense.

Impacto económico y macroeconómico

Antes de abril del 2018, Nicaragua mantenía un desempeño sólido, con un crecimiento de 4.9 % en 2017 y proyecciones cercanas al 4.7 % para 2018, según evaluaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central de Nicaragua (BCN).

Sin embargo, tras los acontecimientos del 2018,  la magnitud del daño fue contundente. El PIB se contrajo 3.8 % en 2018 y volvió a caer 5.7 % en 2019. acumulando casi 10 puntos porcentuales de retroceso del PIB en apenas dos años.

El FMI identificó factores clave como bloqueos de carreteras, interrupciones logísticas, reducción del consumo y de la inversión. Y se registraron caída significativa en la recaudación fiscal, restricciones en financiamiento externo y presión sobre reservas y ajustes en los gasto públicos.

Los Sectores más afectados fueron: Turismo con un colapso de visitantes, cancelaciones masivas y pérdidas de cientos de millones de dólares en divisas. Comercio con interrupción del abastecimiento interno y exportaciones. Construcción con la paralización de proyectos e inversión. Y empleo con la pérdida de miles de puestos de trabajo formales e informales.

El impacto estimado de los daños y pérdidas ocasionadas está en más de 1,500 millones de dólares. Esto refleja no solo la destrucción material, sino el costo humano de empleos perdidos, negocios cerrados y oportunidades truncadas para miles de familias nicaragüenses.

La violencia intentó destruir el modelo de prosperidad, interrumpiendo el crecimiento, sembrando incertidumbre y afectando profundamente la vida cotidiana del pueblo.

La recuperación: Paz, bienestar social, calidad de vida, estabilidad y crecimiento sostenido

A pesar de dichos actos, el gobierno de Nicaragua ha logrado consolidar un clima de paz y estabilidad que ha permitido superar los severos daños económicos provocados por el intento de golpe del 2018. La recuperación posterior confirma el valor estratégico de la paz como base del desarrollo. Una vez restablecida la estabilidad institucional y la libre circulación, Nicaragua inició un proceso de reconstrucción económica y social.

Frente a la adversidad, el pueblo nicaragüense, junto a su Gobierno, optó por la paz, el trabajo y la reconstrucción nacional, demostrando una resiliencia reconocida incluso por organismos internacionales.

El Banco Central de Nicaragua reportó un crecimiento de 3.6 % en 2024 y una proyección de 3.0 % a 4.0 % en 2025.

El FMI ha señalado que el país ha logrado estabilidad macroeconómica, superávits fiscales y externos, fortalecimiento de reservas y capacidad de recuperación frente a múltiples choques.

Este proceso ha permitido la reconstrucción de infraestructura pública, reactivación de proyectos municipales, fortalecimiento del empleo, recuperación del crédito y la inversión. Es decir, actualmente Nicaragua no solamente ha demostrado una alta resiliencia, sino también mayores avances en todos los sectores y aspectos de la vida cotidiana.

La Paz permitió reconstruir lo destruido y crecer con más fuerza, consolidando una economía más estable y con mayor enfoque social.

Hoy, Nicaragua avanza con la convicción de que la estabilidad no es negociable y que la soberanía y la paz son condiciones indispensables para proteger los logros alcanzados. Tanto el Banco Central de Nicaragua como el Fondo Monetario Internacional han destacado que el país ha mantenido crecimiento, estabilidad macroeconómica, control inflacionario y fortaleza fiscal, incluso frente a múltiples choques externos desde 2018.

Este desempeño confirma que la estabilidad social y la paz son factores esenciales para atraer inversión, fortalecer la producción, dinamizar el empleo y mejorar la calidad de vida de las familias nicaragüenses. La experiencia reciente demuestra que cuando la soberanía y la institucionalidad prevalecen, el país avanza con mayor firmeza hacia el bienestar colectivo.

Estudios e indicadores de percepción ciudadana y bienestar social, tanto a nivel nacional como en análisis comparativos regionales, realizados entre los años 2022 al 2025, han situado a Nicaragua como una nación donde amplios sectores de la población reportan altos niveles de paz personal y seguridad en su vida cotidiana (73.6 % de la población se siente nuevamente segura después del trance de los años 2018-19), especialmente en comparación con otros países de América Latina (Honduras y Guatemala presentan mayores niveles de victimización).

 Encuestas sistemáticas como el Sistema de Monitoreo de Opinión Pública (SISMO), elaborado por M&R Consultores, reflejan que entre el 94 % y el 98 % de la población afirma vivir en paz o percibir un ambiente de tranquilidad, mientras que más del 75 % valora positivamente la seguridad ciudadana y una amplia mayoría considera que esta se ha mantenido o mejorado en los últimos años. Asimismo, estudios regionales comparativos ubican a Nicaragua con niveles de percepción de estabilidad y seguridad superiores a varios países vecinos, lo que se complementa con indicadores indirectos como una menor intención de emigrar (Solo 12.9 % consideraría emigrar), asociada a contextos de mayor bienestar y estabilidad social. En ello destacan dos fortalezas ampliamente reconocidas: el Sistema de salud pública gratuito, universal y comunitario, y la seguridad ciudadana, que favorece la convivencia, la confianza social y la actividad económica. Estos elementos fortalecen la cohesión social y el bienestar colectivo, consolidando la paz como una realidad vivida en el entorno cotidiano de las familias nicaragüenses.

La salud gratuita, universal y cercana a la población constituye uno de los logros más sensibles del modelo social nicaragüense, garantizando atención médica sin exclusión y fortaleciendo la prevención, la atención primaria y la cobertura territorial. Paralelamente, la seguridad ciudadana ha permitido preservar un entorno favorable para la convivencia, el emprendimiento, la movilidad y la actividad económica, consolidando a Nicaragua como uno de los países más seguros de Centroamérica. Esto se refleja en diversos indicadores regionales que destacan una de las tasas de homicidios más bajas de la zona (4,5 por cada 100,000 habitantes en 2026), la efectividad de la estrategia 'Muro de Contención' contra el crimen organizado y el hecho de que el 95,5% de las denuncias corresponden a faltas menores, garantizando así la estabilidad necesaria para el desarrollo nacional.

En este contexto, la paz y la soberanía emergen como elementos inseparables del progreso nacional. No hay desarrollo sostenible sin estabilidad, ni estabilidad duradera sin autodeterminación. Por ello, la defensa de la paz también implica la defensa del derecho del pueblo nicaragüense a decidir su propio destino, proteger su institucionalidad y avanzar unido en función del bien común.

La experiencia de 2018 dejó una enseñanza irreversible: cuando se rompe la paz, pierde la nación; cuando se defiende la paz, avanza el pueblo.

Paz, soberanía y compromiso internacional

A nivel internacional, el Gobierno de Nicaragua ha mantenido una posición activa en defensa de la justicia, la autodeterminación y la soberanía de los pueblos, promoviendo una visión basada en el respeto mutuo, la no injerencia y la solución pacífica de los conflictos. Desde esta perspectiva, su acción diplomática se orienta a respaldar a los pueblos que luchan por su independencia, dignidad y derecho a vivir en paz, sosteniendo que la paz mundial solo es posible a partir de relaciones internacionales más justas y equilibradas.

En coherencia con esta visión, Nicaragua proyecta hacia el exterior la convicción de que la paz no es únicamente la ausencia de conflicto, sino una construcción permanente sustentada en la justicia social, el trabajo, la soberanía, la igualdad y la unidad nacional, principios sobre los cuales continúa edificando su presente y su futuro.

En el ámbito multilateral, el país ha defendido estos principios en espacios como la ONU, abogando por el derecho de cada nación a decidir su propio destino sin presiones externas. Asimismo, Nicaragua ha sostenido posiciones firmes en defensa de la autodeterminación en causas internacionales como la cuestión palestina, y ha rechazado medidas coercitivas unilaterales —como las sanciones económicas impuestas por distintos países y bloques— contra naciones en desarrollo como Venezuela, Cuba o Irán, al considerar que vulneran el derecho internacional, afectan a las poblaciones y contradicen los principios de soberanía y no injerencia.

Desde esta perspectiva, Nicaragua impulsa un orden internacional más justo, donde la paz mundial se construya sobre la base de la soberanía, la dignidad y la justicia de los pueblos. En foros regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC), ha respaldado iniciativas orientadas a fortalecer la integración, el diálogo político y la resolución pacífica de controversias, reafirmando que la estabilidad global depende del respeto mutuo entre las naciones.


La declaración del 19 de abril como Día Nacional de la Paz no es solo un acto simbólico, sino una afirmación histórica: la paz es el cimiento sobre el cual Nicaragua construye su presente y su futuro.
















Enlace a la web del CES-RPS

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lunes, 28 de octubre de 2019

El papel de las ONG´s en el proceso de desestabilización política en Nicaragua: La Sociedad Civil como Tercer Sector.

Por Edwin N. Montes y  Larry López Sequeira 

Resumen

En abril 2018, el Gobierno del FSLN en Nicaragua fue objeto de un intento de golpe de Estado blando, producto de un plan de desestabilización y financiación orquestado por la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), involucrando directamente a ONG´s locales y partidos políticos de oposición. Los resultados de la investigación demuestran el papel que jugaron estas organizaciones locales destinadas a programas y proyectos de formación política a jóvenes y ciudadanos, quienes ampararon sus actuaciones como representantes de la sociedad civil, ocasionando graves daños materiales y económicos, violaciones a derechos humanos y la pérdida de vidas humanas, producto de la ola de violencia y campañas de odio promovidas desde las redes sociales y medios de comunicación opositores contra el Gobierno de Nicaragua.

El estudio revela que en aquellos países en vías de desarrollo las ONG´s aprovechan su estatus de tercer sector o “economía social no mercado” para actuar de forma encubierta en acciones de desestabilización política u operadores políticos del sistema capitalista.

Palabras Claves:

 

Organizaciones no gubernamentales, Nicaragua, FSLN, desestabilización política y sociedad civil.


 

 

Introducción

En Nicaragua, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) comenzaron a tener mayor presencia a partir de los años 80´s tras el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. El apoyo de la comunidad internacional a la población nicaragüense a través de la cooperación o asistencia al desarrollo no se hizo esperar. Posteriormente, en la década de los 90 la explosión de las ONG´s en el país se acrecienta, existiendo por tanto un sinnúmero de interlocutores en la agenda nacional de desarrollo, con proyectos y multiplicidad de intervenciones sociales carentes de una efectiva coordinación y con pocos resultados en la lucha contra la pobreza, adoptando por tanto las actuaciones y el discurso de estas organizaciones elementos muy cercanos al paradigma neoliberal.

En 2007, con la llegada del FSLN al poder, las actuaciones de muchas de estas organizaciones adoptan un discurso político (democracia, gobernabilidad, derechos humanos) centrando sus intervenciones en programas de capacitación política dirigido a los jóvenes que conllevarán a un proceso de desestabilización y situación de crisis sociopolítica, llegando a conformarse y autodenominarse estas organizaciones como legítimos representantes de la “sociedad civil”. La pregunta que sugiere este escenario expuesto es la siguiente: en los países en vías de desarrollo, donde aún persisten situaciones de pobreza y, con ello, la mayor presencia de ONG´s ¿son estas organizaciones los representantes y voceros legítimos de la llamada sociedad civil?

De esta forma, la presente investigación pretende centrar su análisis en las actuaciones de las ONG´s en Nicaragua y reflexionar en torno al concepto de sociedad civil utilizado por estas organizaciones y movimientos sociales para amparar sus actuaciones e intervenciones políticas.


Metodología

El estudio adopta un enfoque cualitativo, referida en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: en este caso, la conducta observable de los actores sometidos a análisis (Taylor y Bogdan, 2000, p.19)

Por ende, se define que este estudio se apoya en un tipo de investigación descriptiva y explicativa, que permitirán caracterizar el fenómeno indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores de la situación encontrada, sustentada en la consulta, el análisis documental de fuentes primarias y secundarias, así como la observación directa, entendida como el “contacto personalmente con el hecho o fenómeno que se trata de investigar” (Puentes, 2014).

1.    Organizaciones no Gubernamentales: Concepto y Característica

Integrar a las ONG´s en un concepto unívoco, implica considerar la amplia variedad de opciones en las que éstas se presentan. Se ubican dentro del llamado Tercer Sector u organizaciones de Economía Social. En el caso particular de Nicaragua, el marco normativo que regula las organizaciones sin fines de lucro, Ley No. 147, no establece una definición de las mismas, sin embargo, el artículo 21 de dicho instrumento señala la clasificación en asociaciones, fundaciones, federaciones y confederaciones. La clasificación suele variar según la realidad y el tratamiento jurídico de cada país.

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su informe de 1993 enfatiza que “las ONG nacen a partir de una organización popular y amplían sus principios y sus ideas a otros ámbitos. O pueden constituir un conjunto de organizaciones populares que se fusionan. También pueden ser brotes de


1 Es importante aclarar que la definición más cercana que incorpora el Estado de Nicaragua para el tratamiento de las ONG´s se encuentra en el Código Civil en su artículo 3 referente al término de las personas jurídicas, entendidas como “las asociaciones o corporaciones temporales o perpetuas, fundadas por algún fin o por algún motivo de utilidad pública, o de utilidad pública y particular conjuntamente que en sus relaciones civiles representen una individualidad jurídica”.

 

La legislación nicaragüense hace una diferencia entre tres tipos de personas jurídicas: personas jurídicas (fin de lucro), persona jurídica individual (personas naturales) y personas jurídicas sin fines de lucro (Ley 147).


organizaciones más amplias, a menudo iglesias que establecen ONG o grupos de trabajo para hacer frente a problemas concretos”.

En este mismo informe, el PNUD define a las ONG´s “como organizaciones voluntarias que trabajan con otras y muy a menudo en nombre de éstas. Su labor y sus actividades se centran en cuestiones y en gente que están más allá de su propio personal y sus propios miembros”.

El Departamento de Información DIP-ONG de las Naciones Unidas, las define como “una agrupación de ciudadanos voluntarios, sin ánimo de lucro, que se organizan en un nivel local, nacional o internacional para abordar cuestiones de bienestar público. Las ONG, con una labor concreta y formadas por gente que comparte un mismo interés”.

De esta manera es posible entender específicamente a las ONG´s como:

 

“entidades sin fines de lucro autorizadas jurídicamente por el Estado, pero con autonomía integral de éste, mediante la cual se hace posible el derecho constitucional de asociación; son constituidas en un acto de auténtica liberalidad, voluntad y solemnidad, por un conjunto de personas nacionales o extranjeras interesadas en aportar parte de sus recursos o tiempo para recaudar fondos de diversa naturaleza con fin de financiar la formulación y ejecución de diversos proyectos y actividades orientadas al desarrollo, promoción y capacitación de habilidades, conocimientos, derechos, propuestas entre otros, de una manera más técnica, profesional, organizada y democrática incidiendo en la vida económica, política y social del país” (López Mora, 2011).

En Nicaragua, las ONG´s están cubiertas por la solidez de un Estado de derecho, en la vigencia de la ley 147 “Ley General de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro”, aprobada en 1992. De igual forma, están reglamentadas en el Código Civil de la República de Nicaragua, donde en su artículo 2 establece la normativa que regula a las asociaciones para gozar de una personería jurídica. Así también, la Constitución Política de la República Nicaragua reconoce el derecho de asociación en su artículo 49 que refiere textualmente:

“En Nicaragua tienen derecho de constituir organizaciones los trabajadores de la ciudad y del campo, las mujeres, los jóvenes, los productores agropecuarios, los artesanos, los profesionales, los


técnicos, los intelectuales, los artistas, los religiosos, las Comunidades de la Costa Atlántica y los pobladores en general, sin discriminación alguna, con el fin de lograr la realización de sus aspiraciones según sus propios intereses y participar en la construcción de una nueva sociedad. Estas organizaciones se formarán de acuerdo a la voluntad participativa y electiva de los ciudadanos, tendrán una función social y podrán o no tener carácter partidario, según su naturaleza y fines”.

Por lo anterior, el reconocimiento por parte del Estado de Nicaragua en el respeto inequívoco a las ONG´s en ejercer sus funciones es innegable, algo que ha sido por años un elemento positivo a nivel social, sobre todo en aquellos ejes y objetivos sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) en los que estas organizaciones realizan sus programas o proyectos, que a la vez contribuyen en conjunto con los esfuerzos del gobierno en el objetivo macro de reducción de la pobreza en las familias nicaragüenses. Esto no omite enfatizar la responsabilidad que conlleva a cada ONG reconocida con personería jurídica en el respeto a las leyes nacionales y el ordenamiento jurídico de la Nación, puesto que la posición que asumen –y por la cual deben su espacio de aceptación en la sociedad—, es su carácter neutral, aspecto bien abordado por López Mora (2011) al decir que “por definición las ONG´s son neutrales, podría afirmarse que es una de sus características más esenciales y le brinda la aceptación de la ciudadanía a este tipo de organismos. Son neutrales a todo tipo de ideal partidario o religioso, en tanto que deben responder únicamente a sus objetivos; no persiguen la toma del poder a diferencia de los partidos políticos… se entienden como un ser neutral, ya que en caso contrario violaría sus propios principios y la responsabilidad social para la que fueron creadas”.

2.    Antecedentes históricos de las ONG´s en Nicaragua

En Nicaragua, las primeras ONG´s que iniciaron funciones están desde el año de 1950, de forma incipiente, pero que a partir de ahí estarían proyectadas a duplicarse por miles. Al respecto Quirós Viquez (2002) señala “eran organizaciones privadas, sin fines lucrativos, con una marcada orientación cristiana asistencial. La primera de ellas es CARITAS en los 50´s. En los años 60´s y a inicios de los 70´s nacen algunas más como el INPRHU (64), CEPA (68), el Instituto Juan XXIII (68), CEPAD (72),


Escuelas Radiofónicas de Nicaragua (76) y la Asociación para el Desarrollo de los Pueblos (78)”.

Hay que destacar también el surgimiento de organizaciones gremiales y movimientos sociales, como lo eran los grupos sindicales y aquellas que posteriormente pasarían a constituirse en las organizaciones de masas del FSLN, tal es el caso de AMNLAE, la CST, ANDEN, ATC, y los CDS (actualmente Movimiento Comunal). (Ibídem).

En los 80´s fue precisamente la Revolución Popular Sandinista la que motivaría la creación y aparición de diversas ONG´s inspiradas en principios revolucionarios. Estas nuevas ONG´s serían distintas a la generación anterior que cumplían un rol asistencialista, mientras que las surgidas en los 80´s asumirían una función de promoción de desarrollo, sobre todo por el bloqueo que estaba siendo sometido la sociedad nicaragüense por parte del gobierno de los Estados Unidos. El apoyo fue inmenso para el gobierno revolucionario, llegaron voluntarios de todas partes del mundo (brigadas europeas de alfabetización, médicos cubanos, ingenieros de Bulgaria, así como ONG´s soviéticas).

En un tercer momento generacional en la evolución de las ONG´s en Nicaragua, encontramos la explosión de organizaciones de ámbito local o municipal que servirían de contraparte a las ONG´s externas que tenían presencia en el territorio nacional. Esto sa da principalmente en los años 90´s.

Para finales de los 90´s detectamos un cuarto momento en la evolución de las ONG´s en el país, éstas adoptarán la estructura de consultoras con equipos técnicos y personal contratado a tiempo completo.

Es importante a la vez mencionar que muchas de las ONG´s que habían surgido durante el período de 1990 se convirtieron pasados 10 años en microfinancieras o empresas usureras a partir de fondos que habían recibido en concepto de donaciones, quienes llegaron a ejercer anualmente movimientos de capital por montos de unos 240 millones de dólares y un interés anual de casi 30% aplicado a sus clientes. (Correo, 2008, pág. 6).


En época más reciente encontramos las ONG´s de quinta generación, llamadas ONG´s políticas, son minoritarias, se han identificado alrededor de unas 20 y no representan ni el 10% del total de organizaciones que tienen presencia en el territorio nacional, “estos ONG son minoritarios pero son los más ruidosos, los más mediáticos, los que con frecuencia aparecen como analistas u observadores políticos, o como representantes de la sociedad civil, sin que nadie los haya elegido como tales” (Ibídem). La razón de ser de estos organismos es promover valores e ideologías neoliberales, adoptando discursos como: democracia, derechos humanos, institucionalidad y gobernabilidad, participación ciudadana, entre otros.

La comercialización de la pobreza como muchos le han llamado, se convirtió en la excusa perfecta para crear una ONG que genere, más allá del beneficio social por el que se fundamenta, cumplir los ávaros deseos de uno o varios personajes que buscan enriquecerse a costillas de la pobreza del pueblo.

3.    Participación de las ONG´s en el Intento de Golpe de Estado

Sectores de la oposición y oligarquía recalcitrante nicaragüense, junto con las grandes corporaciones mediáticas internacionales de occidente, han tratado de vender la idea que en Nicaragua lo que inició en abril 2018 fue un levantamiento popular desencadenado por cambios al sistema de seguro social; sin embargo, el desarrollo de los hechos y las evidencias disponibles demuestran que lo que se instauró a partir de esa fecha fue un intento de golpe de Estado al gobierno constitucional del FSLN. Los análisis del contexto nicaragüense daban referentes comparativos a las metodologías empleadas por las guarimbas venezolanas en 2014, esta vez encubiertas bajo la etiqueta “#SOSNicaragua”.

Diez años de continua prosperidad, crecimiento económico sostenido, más de 40 programas de protección social con impacto en reducción de la pobreza, una matriz energética que lograba cubrir por primera vez en la historia del país el 96% de las comunidades y familias nicaragüenses, índices de seguridad más altos de la región. Todo ello se vio opacado por la entramada de un golpe de Estado blando diseñado a través de un plan de financiamiento que la NED y USAID habían estado desarrollando desde hace varios años para sentar “las bases de una insurrección


en Nicaragua”, según investigaciones realizadas por el escritor y reportero Max Blumenthal.

El intento de golpe estuvo dirigido “originalmente por estudiantes entrenados en programas de «promoción de la democracia» financiados por Estados Unidos, Organizaciones No Gubernamentales, el partido político Movimiento Renovador Sandinista, la jerarquía de la Iglesia Católica y, con el paso del tiempo, miembros de pandillas salvadoreñas y carteles internacionales de la droga” (Kaufman, 2019, pág. 11).

De acuerdo con Eva Golinger, reportera de la cadena televisiva RT, la nueva estrategia de los EE.UU. hacia América Latina es financiar a ONG´s para desestabilizar los gobiernos pertenecientes al ALBA. (Redvolution, 2019). En Nicaragua, las organizaciones que mayormente se vieron involucradas en promover el golpe de Estado son: Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), fundado por el periodista Carlos Fernando Chamorro quien dirigió los años 80´s el diario oficial del FSLN, Barricada; la Fundación Popol Na presidida por Mónica Baltodano, exguerrillera sandinista que luchó contra la dictadura de los Somoza y quien fuese diputada sandinista cuando el FSLN era oposición; también está el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (IPADE), cuyo presidente es Jaime Wheelock, uno de los antiguos nueve comandantes de la revolución sandinista. Otras de las ONG´s el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), dirigido por la activista Vilma Núñez; la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), que fuese creada en 1986 y financiada por el Congreso de los EE.UU. como parte de un programa de apoyo a la Resistencia Nicaragüense.

Tanto el CENIDH, ANPDH y la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH) jugaron un papel estratégico dentro del intento de golpe al manipular la lista de muertos durante los hechos de violencia que cubrieron el país en 2018. Llama mucho la atención el hecho que en tan sólo tres días y con un equipo de cinco personas el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicara que fueron asesinadas “322 personas producto de las fuerzas represivas del gobierno”. El análisis revela que dicha investigación o informe es


simplemente “un copypaste de tres organismos de derechos humanos nicaragüenses que hacen votos de independencia pero que son parte de la más rancia oposición política”: CENIDH, ANPDH y CPDH. (Vázquez, 2018).

De igual forma, cabe mencionar a la Fundación del Río, quien jugaría un papel de activista político al manipular el tema del incendio en la Reserva Indio Maíz culpando al gobierno sandinista, generando una opinión pública adversa al mismo; el Instituto de Liderazgo de las Segovias, cuyo activismo político lo desarrolló en el norte del país, también está dentro de esta lista el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS).

Por plasmar ejemplos de cómo la USAID y NED financiaron y estuvieron preparando a organizaciones de la denominada sociedad civil para llevar a cabo un golpe de Estado en Nicaragua, se encontró que el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) dirigido por uno de los principales gestores en el intento de golpe, el académico Félix Maradiaga, recibió en concepto de financiación la suma de US$ 260, 000 dólares a partir de 2014. Muchos de los cursos de formación política dirigidos a jóvenes universitarios y de organizaciones civiles estuvieron a cargo del IEEPP. La misma situación ocurre con la ONG Hagamos Democracia presidida por el político Luciano García quien desde el 2014 recibió financiación por parte de estos brazos del imperio por monto de US$ 525, 000 dólares (Aragón, 2018).

Otro de los casos encontrados de cómo la USAID estuvo preparando el terreno durante años para lo que sería el intento de golpe en 2018, fueron los diversos programas que financió e implementó en la Costa Caribe, entre ellos se destacan: Programas de Educación por parte de Fundación para la Autonomía y el Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua (FADCANIC); acciones comunitarias para la lectura y la seguridad desarrolladas por una subcontratista DEVTECH; programa de “Educación para el éxito” (cuyo objetivo es capacitar a jóvenes líderes comunitarios y crear opinión adversa al gobierno), directamente controlado por la Oficina Internacional de Lucha contra el Narcótico (INL) de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua. De igual forma, está el programa Educación Profesional Técnica y


Fortalecimiento para la formación de Jóvenes en riesgo (TVET SAY) llevada a cabo por la empresa estadounidense Creative Associates International (CAI). Otro de los programas es Mejores Métodos para los Servicios Educativos Sostenibles desarrollado por la Fundación padre Fabretto. (Radio Nicaragua, 2018).

¿De qué forma la Embajada norteamericana y la USAID estuvieron preparando las condiciones del golpe de Estado? Sencillamente los programas antes mencionados estaban destinados a:

·        Crear una opinión pública contra el gobierno y sus proyectos sociales.

 

·        Promover el cambio de gobierno.

 

·        Capacitar a los líderes locales con un alto perfil en las redes sociales.

 

·        Promover la desobediencia civil. (Ibídem).

 

Considerando las actuaciones antes expuestas de las ONG´s en Nicaragua, la Asamblea Nacional decidió cancelar la personería jurídica a aquellas organizaciones que se vieron involucradas en los hechos de violencia y desarrollo de “actos terroristas”. El Ministerio de Gobernación en el informe presentado señala que estos organismos incumplieron "gravemente sus obligaciones legales”, además de violentar sus estatutos al haber "desnaturalizado su personalidad jurídica", "alterar el orden público", "realizar acciones para desestabilizar el país" y "afectar la seguridad ciudadana".

De acuerdo con José Santos Figueroa, Vicepresidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, este intento de golpe de Estado en Nicaragua dejó como resultado destrucción de 252 edificios públicos y privados, 209 kilómetros de calles o carreteras, incendiaron 278 maquinarias y equipos de construcción y 389 vehículos. A ello hay que añadir también los graves daños a la economía nacional, “los perjuicios en las exportaciones que totalizaron 270 millones de dólares, mientras en el sistema financiero se registró una desaceleración de un 7 % en la tasa de los depósitos y en 10,7 % en el otorgamiento de créditos al sector productivo. Además, hasta el 31 de julio se habían afectado 68 000 empleos de nicaragüenses que cotizaban al sistema


de seguridad social”, sin omitir a la vez las violaciones a derechos humanos y la pérdida de vida de 198 personas. (Granma, 2018),

4.    La sociedad civil como tercer sector

En las últimas décadas la idea de la sociedad civil ha resurgido con mayor vigor en los círculos de reflexión política y académica. Las diversas circunstancias y debates suscitados en torno al empleo de esta terminología han desarrollado un prolífico campo de investigación, derivando por tanto dos dimensiones sustantivas de la sociedad civil: la política y la teórica. (Álvarez Enríquez, 2003, pág. 39).

En la antigüedad encontramos algunos aportes al tratamiento del término, Aristóteles la identificaba con la polis (comunidad de ciudadanos políticamente organizados). Tres ideas centrales que es posible extraer de la praxis de la sociedad civil en las Ciudades-Estados atenienses son: primero, no existe una sociedad civil sin organizaciones o asociaciones de individuos; segundo, la sociedad civil implica un orden, una contractualización de las relaciones sociales; y tercero, supone un vínculo entre el nivel de civilización de la sociedad y el nivel de organización política (Urteaga, 2008, pág. 157).

Por su parte, los romanos emplearon el término societas civilis sustentado en el principio de justicia que emana de la ley. Sin embargo, tras la caída del imperio romano, la sociedad civil se identificará en la Edad Media con la comunidad de los cristianos adoptando un fundamento moral acorde con principios divinos. En este sentido, resulta necesario destacar que hasta el siglo XVIII la sociedad civil referenciaba una sociedad civilizada sustentada en principios morales y de justicia acorde a las leyes. Será la etapa moderna la que marcará la secularización de la sociedad civil de las instituciones y prácticas religiosas.

Uno de los aportes destacados en el tratamiento de la sociedad civil lo encontramos con Hegel, quien llegará a distinguir entre sociedad civil y sociedad política basadas en relaciones de oposición y complementariedad. Posteriormente, Antonio Gramsci siguiendo la línea de Hegel y retomando postulados marxistas dividirá la superestructura de la sociedad en sociedad civil (representada por el conjunto de


organizaciones privadas) y sociedad política (instituciones y administración pública). Para Gramsci la sociedad civil representa ese espacio de hegemonía cultural ejercido por la clase dominante que cumple la función de perpetrar las relaciones de producción capitalista (Ibídem, pág. 157-158).

El concepto de sociedad civil se revitalizaría en los años setenta y ochenta del siglo XX a través de las luchas antiautoritarias de la Europa del Este, las expresiones críticas del llamado Estado Benefactor en la Europa Central y las luchas antiautoritarias y procesos de transición en América Latina. En este sentido, la sociedad contemporánea con su diversidad de actores y la influencia del fenómeno económico, derivó en otra propuesta teórica por parte de Arato y Cohen que supera al binomio tradicional (sociedad civil y Estado) por una triada: Estado, Mercado y Sociedad Civil. (Álvarez Enríquez, 2002, pág. 40- 41).

En las últimas décadas la sociedad civil ha sido vinculada con el Tercer Sector, ello implica marcar la diferencia entre el Estado y el mercado. Sin embargo, oponer la sociedad civil al Estado implicaría asumir a la sociedad civil como un contra poder al gobierno. En este sentido, muchas ONG´s han amparado precisamente sus actuaciones alegando el discurso de representantes o voceros de la sociedad civil.

De esta forma, este tipo de ONG´s se convierten en operadores políticos del sistema, al ser generadores de opinión pública, adoptando por ende un rol político idéntico a los partidos políticos. “Los ONG políticos son los que menos vínculos tienen con la gente. Más aún, sólo los tienen a través de declaraciones públicas, frecuentes, recurrentes, en los medios de comunicación. Existen porque los grandes medios de comunicación los proyectan. Pero no tienen vínculos con la gente, con esa sociedad a la cual mencionan repetidamente, o a la cual dicen representar”. (Correo, 2008, pág. 7)

La sociedad civil no debería entenderse como un espacio aislado distinto al Estado. Algunos autores mantienen la posición de que tanto la sociedad civil como el Estado son “ámbitos irremediables y conflictivamente enfrentados” por ser este último un regulador de la primera y, viceversa, la sociedad es el ámbito “ligado a los ideales democráticos, goce de las libertades y los derechos”. No obstante, la sociedad civil


como un todo socio-político incluye a la autoridad gubernamental; es así que Hobbes hacía referencia a la sociedad civil como “el estado del gobierno civil” e incluso el mismo Luck argumenta que la sociedad civil existe en tanto los hombres en estado de naturaleza entran en sociedad para integrar un cuerpo político sometido a un gobierno; es decir, la sociedad civil más que un actor o ámbito diferenciado del Estado, es el espacio público común donde los actores privados y públicos convergen. (Rabossi, 1997, págs. 29-31).

Por tanto, la sociedad civil implica abandonar el estado de naturaleza, no a como sucedió en Nicaragua con las ONG´s que se autoproclamaron representantes de la sociedad civil, adoptando el nombre de “Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia”, cuando lo único que conllevaron con sus acciones fue crear caos, muerte y destrucción a la sociedad nicaragüense con el propósito de obtener el poder político. Sólo basta observar el caso del Congreso de EE.UU que utilizan de excusa las retóricas de las organizaciones y medios de comunicación opositores en Nicaragua para aprobar la Nica-Act y posteriormente el Presidente Donald Trump anuncia el envío de 4 millones de dólares a la “Sociedad Civil”, es decir, financiar a las organizaciones que forman parte del plan desestabilizador. (Calloni, 2018).

Conclusión

El estudio de caso de las ONG´s en Nicaragua revela la realidad de lo que sucede en otros países en vías de desarrollo con el actuar de algunas de estas organizaciones, que aprovechan su estatus de tercer sector o “economías social no mercado” para actuar de forma encubierta en acciones de desestabilización política u operadores políticos del sistema capitalista.

Los resultados encontrados y el análisis de las evidencias reunidas demuestran que lo sucedido en Nicaragua a partir de abril 2018 fue un intento de golpe de Estado blando que se venía planificando desde hace varios años por parte de sectores de oposición en contubernio con el Gobierno de los Estados Unidos a través del establecimiento de una red jerárquica de financiamiento y operatividad: USAID-NED, ONG´s y Partidos Políticos de oposición, quienes emplearon las redes


sociales y la manipulación de las información para crear una opinión adversa al gobierno del FSLN.

La USAID, las ONG´s y los programas de formación política dirigidos a jóvenes líderes universitarios, de organizaciones civiles y comunitarias son el nuevo campo perfecto de acción del gobierno norteamericano y la oligarquía regional cuando se trata de derrocar un gobierno de izquierda que atente contra los intereses geopolíticos.

A pesar que no existe un concepto unívoco sobre el tratamiento de la sociedad civil, la mayoría de los postulados indican que la sociedad civil no puede concebirse o entenderse distanciada del Estado (sociedad política). La sociedad civil no es un actor político sino el espacio común de confluencia de los actores sociales y políticos para acercar puntos de vista e intereses distintos y buscar a las problemáticas sociales y nacionales una respuesta consensuada en pro del bien común.

Es así que la sociedad civil es el espacio público integrado por todo ese conjunto actores y sujetos sociales heterogéneos, incluyendo a la autoridad gubernamental, que tendrán como prioridad buscar el bien común. Es importante remarcar también que los actores de la sociedad civil no tienen como finalidad la conquista del poder político ni tampoco buscar el lucro a partir de los valores o ideologías que ellos aducen defender.


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