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miércoles, 17 de diciembre de 2025

La Asamblea de los Pueblos por la Paz y la Soberanía de Nuestra América.Capítulo II La paz como trinchera

Capítulo II

La paz como trinchera

Soberanía, guerra cognitiva y el Manifiesto de Caracas

«Patria es humanidad.»
José Martí

Si el primer capítulo de este dossier intentó responder por qué la Asamblea de los Pueblos por la Paz y la Soberanía de Nuestra América nació en un momento decisivo para el sistema internacional, este segundo propone una pregunta aún más importante: ¿de qué paz hablaban los delegados reunidos en Caracas?

La respuesta obliga a abandonar la definición convencional que identifica la paz con la simple ausencia de guerra. Para las organizaciones participantes, la paz fue presentada como un proceso inseparable de la justicia social, la autodeterminación de los pueblos y el respeto efectivo al derecho internacional. No se trataba de una formulación retórica. Era el eje político que daba sentido a todos los debates.

En un mundo donde las guerras ya no se libran únicamente con ejércitos, sino también mediante sanciones económicas, bloqueos financieros, campañas de desinformación, ciberataques y disputas tecnológicas, la defensa de la paz adquiere un significado mucho más amplio que el tradicional.

Esa idea quedó reflejada en el Manifiesto de Caracas, aprobado al cierre de la Asamblea. El documento sostiene que la paz no puede construirse sobre la desigualdad, la ocupación, el hambre o la negación de la soberanía de los pueblos. Desde esa perspectiva, denuncia las medidas coercitivas unilaterales, el uso político de las sanciones económicas y la instrumentalización de la información como mecanismos de presión internacional.

No todos compartirán ese diagnóstico. Existen gobiernos y analistas que consideran las sanciones un instrumento legítimo de política exterior frente a determinadas violaciones del derecho internacional. Sin embargo, la Asamblea defendió una posición distinta: sostuvo que esas medidas terminan afectando principalmente a las poblaciones civiles y erosionan los principios de igualdad soberana entre los Estados. Esa diferencia de enfoques atraviesa hoy uno de los grandes debates de la política internacional.

La paz como conquista de los pueblos

El Manifiesto afirma que la paz no es una concesión de las grandes potencias, sino una conquista permanente de los pueblos organizados. Esa idea recorre toda la tradición emancipadora latinoamericana.

José Martí comprendió que la independencia no podía limitarse a la expulsión del colonialismo. También exigía construir una conciencia propia, capaz de resistir nuevas formas de dominación. De ahí que escribiera que «trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra». En el siglo XXI, esa frase adquiere una vigencia extraordinaria. Las trincheras ya no son únicamente territoriales; también son culturales, tecnológicas y comunicacionales.

Fidel Castro desarrolló esa misma idea desde otra perspectiva. En múltiples intervenciones internacionales insistió en que la paz solo podía sostenerse sobre la justicia y la cooperación entre los pueblos. Para la diplomacia cubana, el internacionalismo nunca fue entendido como una política de influencia, sino como una práctica concreta de solidaridad. Esa concepción estuvo presente en Caracas cuando numerosas delegaciones reivindicaron el derecho de los pueblos a cooperar libremente, sin presiones externas.

También la tradición sandinista apareció de manera recurrente. Augusto C. Sandino afirmaba que la soberanía no se negocia porque constituye la expresión misma de la dignidad nacional. Décadas más tarde, Daniel Ortega retomó esa idea al sostener, en diversos foros regionales, que la integración latinoamericana debía construirse sobre el legado de Bolívar, Martí, Sandino y Fidel, entendiendo la unidad como una herramienta para preservar la independencia frente a las nuevas formas de dominación económica y política.

La Asamblea hizo suya esa lectura histórica. Para muchos de sus participantes, la paz solo puede consolidarse cuando los pueblos tienen capacidad real para decidir sobre sus recursos, sus instituciones y su modelo de desarrollo.

La guerra ya no tiene un solo rostro

Uno de los aportes más interesantes de la Asamblea fue la reflexión sobre las transformaciones de la guerra en el siglo XXI.

Durante buena parte del siglo XX, la agresión contra un Estado era identificada con una invasión militar o un conflicto armado convencional. Hoy ese panorama ha cambiado profundamente.

Las medidas coercitivas unilaterales, las operaciones financieras, la presión sobre los mercados energéticos, el control de las cadenas de suministro, los bloqueos tecnológicos, la manipulación de redes sociales y las campañas de desinformación forman parte de lo que muchos analistas denominan guerra híbrida o guerra multidimensional.

Los delegados reunidos en Caracas sostuvieron que estas modalidades buscan debilitar la capacidad de decisión de los Estados sin recurrir necesariamente al uso directo de la fuerza militar. En ese contexto, la soberanía deja de ser un concepto exclusivamente territorial para abarcar la economía, la tecnología, la producción científica, la alimentación, la energía y la comunicación.

Fue precisamente en este punto donde apareció uno de los conceptos más innovadores debatidos durante la Asamblea: la soberanía cognitiva.

Según esta perspectiva, ningún pueblo puede considerarse plenamente libre si depende por completo de plataformas tecnológicas, algoritmos, centros de datos o sistemas de información controlados desde el exterior. La disputa por el conocimiento, la inteligencia artificial y los flujos globales de información constituye hoy un componente esencial de la soberanía.

Esta reflexión conecta con un fenómeno evidente: nunca antes la humanidad había producido tanta información y, al mismo tiempo, nunca había existido una concentración tan elevada del poder para distribuirla, jerarquizarla o invisibilizarla.

Por ello, la Asamblea propuso fortalecer redes de comunicación popular, cooperación tecnológica y producción de conocimiento desde el Sur Global. No se trataba únicamente de crear nuevos medios de comunicación, sino de disputar el derecho de los pueblos a narrar su propia historia y a interpretar el mundo desde sus propias realidades.

Ese debate, probablemente uno de los menos difundidos por la prensa internacional, constituye también uno de los más relevantes para comprender las transformaciones geopolíticas del siglo XXI.

Palestina: cuando el derecho internacional se pone a prueba

Si hubo un tema que atravesó emocional y políticamente la Asamblea fue Palestina. No apareció como un asunto más de la agenda internacional, sino como el ejemplo más dramático de una pregunta que recorrió todas las intervenciones: ¿existe un derecho internacional que se aplique por igual a todos los pueblos o su aplicación depende de la correlación de fuerzas entre las grandes potencias?

Las delegaciones coincidieron en que el conflicto palestino representa una prueba decisiva para la credibilidad del sistema internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Las referencias a Gaza fueron constantes. Se denunciaron las miles de víctimas civiles, la destrucción de hospitales, escuelas e infraestructuras esenciales, así como el desplazamiento forzado de amplios sectores de la población.

Para los participantes, Palestina dejó de ser únicamente una causa de solidaridad para convertirse en el símbolo de una discusión mucho más amplia: la vigencia del derecho internacional, el respeto a la Carta de las Naciones Unidas y la necesidad de que las normas internacionales se apliquen con criterios universales y no selectivos.

La defensa del pueblo palestino fue presentada como una causa inseparable de la defensa de todos los pueblos sometidos a ocupación, bloqueo o injerencia externa. Esa posición enlazó con una larga tradición del internacionalismo latinoamericano, que durante décadas expresó su solidaridad con los procesos de descolonización en África, Asia y Oriente Medio.

En ese contexto volvió a escucharse una idea que había acompañado a varias generaciones de luchadores latinoamericanos: la solidaridad internacional no es un gesto de caridad; es el reconocimiento de que las luchas por la dignidad humana están profundamente conectadas.

Del diagnóstico a la organización

Uno de los riesgos habituales de muchos encuentros internacionales es que concluyen con declaraciones solemnes que rara vez se traducen en acciones concretas. Consciente de ello, la Asamblea intentó dar un paso adicional.

El Manifiesto de Caracas no fue concebido únicamente como una declaración política, sino como una hoja de ruta para fortalecer la cooperación entre organizaciones populares de distintos continentes.

Entre los principales compromisos asumidos destacan:

  • consolidar la Asamblea como un espacio permanente de articulación internacional;
  • fortalecer redes de comunicación popular para enfrentar la concentración mediática y la desinformación;
  • promover campañas internacionales contra las medidas coercitivas unilaterales y los bloqueos económicos;
  • profundizar la cooperación entre organizaciones sociales de América Latina, África, Asia y otras regiones del Sur Global;
  • impulsar iniciativas de formación política, intercambio cultural y cooperación científica;
  • expresar solidaridad activa con los pueblos sometidos a ocupación, agresión militar o sanciones económicas.

Quizá el acuerdo de mayor alcance fue la decisión de que la Asamblea no terminara con el cierre del encuentro. La intención expresada por los organizadores fue convertirla en un mecanismo estable de coordinación, capaz de mantener iniciativas comunes más allá de la coyuntura.

Ese propósito refleja una enseñanza aprendida por numerosos movimientos sociales latinoamericanos: los procesos de integración difícilmente sobreviven si dependen exclusivamente de la voluntad de los gobiernos. Necesitan una base social organizada que les otorgue continuidad.

El desafío de construir un internacionalismo para el siglo XXI

La palabra internacionalismo posee una larga historia política. Durante el siglo XIX estuvo ligada al movimiento obrero; en el siglo XX acompañó las luchas anticoloniales y los procesos de liberación nacional. Hoy, en un mundo profundamente transformado por la globalización económica y la revolución digital, ese concepto vuelve a plantear nuevas preguntas.

¿Puede existir un internacionalismo capaz de responder a desafíos como la inteligencia artificial, la crisis climática, las migraciones masivas o la concentración del poder tecnológico?

La Asamblea respondió afirmativamente.

Pero propuso un internacionalismo diferente al de otras épocas.

No basado en la confrontación entre bloques ideológicos cerrados.

Sino en la cooperación entre pueblos diversos que comparten la defensa de la paz, la soberanía y un orden internacional más equilibrado.

En esa concepción, el diálogo entre América Latina, África y Asia adquiere una importancia estratégica. Ya no se trata únicamente de relaciones diplomáticas entre gobiernos, sino de construir vínculos permanentes entre universidades, sindicatos, organizaciones campesinas, movimientos juveniles, colectivos culturales y centros de investigación.

La ampliación de los BRICS, el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur y la creciente participación de países emergentes en la economía mundial fueron interpretados durante la Asamblea como señales de un cambio estructural en la distribución del poder internacional.

Sin embargo, varios participantes advirtieron que la multipolaridad, por sí sola, no garantiza un mundo más justo.

Un sistema con varios centros de poder puede reproducir desigualdades si no incorpora mecanismos efectivos de cooperación, respeto al derecho internacional y participación de los pueblos.

Esa reflexión constituye uno de los aportes políticos más interesantes del encuentro.

No basta con sustituir una hegemonía por otra.

El desafío consiste en construir relaciones internacionales basadas en la igualdad soberana, la cooperación y el beneficio mutuo.

Una mirada crítica

Todo análisis serio debe reconocer también los desafíos que enfrenta esta iniciativa.

La historia latinoamericana registra numerosos esfuerzos de integración que despertaron enormes expectativas y posteriormente se debilitaron debido a cambios de gobierno, diferencias estratégicas o dificultades institucionales.

La propia Asamblea deberá demostrar que posee capacidad para trascender el entusiasmo inicial y convertirse en un espacio de coordinación permanente.

Otro desafío será preservar su pluralidad.

La riqueza del encuentro residió precisamente en la diversidad de organizaciones participantes. Mantener esa amplitud, evitando que el proyecto quede identificado exclusivamente con un gobierno o una corriente política determinada, será decisivo para su legitimidad y proyección internacional.

Desde una perspectiva internacionalista de izquierda, esa pluralidad no constituye una debilidad.

Es una condición indispensable.

Bolívar soñó con una América unida respetando la diversidad de sus pueblos.

Martí defendió una identidad latinoamericana abierta al mundo pero consciente de sus propias raíces.

Sandino convirtió la dignidad nacional en patrimonio de toda Nuestra América.

Fidel entendió que la solidaridad solo tiene sentido cuando respeta la independencia de cada pueblo.

Y desde la Revolución Popular Sandinista, Daniel Ortega ha insistido en que la integración latinoamericana debe construirse desde el reconocimiento mutuo de la soberanía y la no injerencia.

La Asamblea intentó recoger esa tradición, adaptándola a una época marcada por desafíos que ninguno de aquellos líderes pudo conocer: inteligencia artificial, plataformas digitales, concentración tecnológica, cambio climático y disputas por minerales estratégicos.

Más que una reunión, un síntoma de época

Quizá el mayor error sería analizar la Asamblea de los Pueblos por la Paz y la Soberanía de Nuestra América únicamente como un acontecimiento celebrado en Caracas.

Su importancia reside en otra parte.

Expresa el intento de diversos movimientos sociales de construir herramientas políticas para intervenir en una transición histórica cuyo desenlace permanece abierto.

No sabemos cómo será el orden internacional dentro de veinte años.

Tampoco sabemos qué instituciones lo representarán.

Lo que sí parece evidente es que el modelo surgido tras el final de la Guerra Fría atraviesa un proceso de transformación acelerada.

En ese contexto, la Asamblea constituye una señal de que los pueblos del Sur Global no desean limitarse a observar esos cambios.

Aspiran a participar en ellos.

Como escribió José Martí, «hacer es la mejor manera de decir».

La Asamblea representa precisamente eso: la decisión de pasar del diagnóstico a la organización.

No resolverá por sí sola las enormes contradicciones del sistema internacional.

No eliminará las guerras.

No pondrá fin a las desigualdades.

Pero recuerda una verdad que atraviesa toda la historia de Nuestra América: ninguna transformación profunda comenzó cuando parecía posible; comenzó cuando hubo mujeres y hombres capaces de organizarse para hacerla posible.

Y quizá sea esa, más que cualquier declaración o manifiesto, la principal enseñanza política que dejó Caracas en diciembre de 2025.

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domingo, 14 de diciembre de 2025

La Asamblea de los Pueblos por la Paz y la Soberanía de Nuestra América: cuando los pueblos irrumpen en la disputa por el nuevo orden mundial


Por Javier Huerta

Hay momentos en la historia en que el mundo parece moverse con una lentitud desesperante. Y hay otros en los que los acontecimientos se precipitan hasta alterar, en pocos años, el equilibrio geopolítico construido durante décadas. La tercera década del siglo XXI pertenece, sin duda, a esta segunda categoría. El sistema internacional atraviesa una transformación de enorme magnitud: la hegemonía unipolar surgida tras la desaparición de la Unión Soviética muestra signos evidentes de agotamiento, mientras nuevas potencias económicas y políticas disputan espacios de influencia en un escenario cada vez más complejo e incierto.

Las guerras en Ucrania y Oriente Medio, el genocidio que sufre el pueblo palestino en Gaza, el ascenso de China como potencia global, la ampliación de los BRICS+, la creciente utilización de sanciones económicas como instrumento de presión política, las disputas por el control de los recursos estratégicos y la acelerada revolución tecnológica configuran un panorama internacional profundamente distinto al de hace apenas dos décadas. No se trata únicamente de una confrontación entre Estados. Es también una disputa entre modelos de desarrollo, concepciones de la democracia, sistemas económicos y formas de entender las relaciones internacionales.

En ese contexto debe situarse la Asamblea de los Pueblos por la Paz y la Soberanía de Nuestra América, celebrada en Caracas entre el 9 y el 11 de diciembre de 2025. Reducir aquel encuentro a una iniciativa promovida por el Gobierno venezolano sería quedarse en la superficie de los acontecimientos. Más allá de quién impulsó la convocatoria, la Asamblea expresó una inquietud que recorre buena parte del Sur Global: la necesidad de construir nuevos espacios de articulación política entre movimientos sociales, organizaciones populares, intelectuales, sindicatos, campesinos, pueblos indígenas y redes de solidaridad internacional para intervenir activamente en la configuración del mundo que está emergiendo.

No es casual que el encuentro haya pasado prácticamente desapercibido para los grandes conglomerados mediáticos occidentales. La atención informativa suele concentrarse en las cumbres de las grandes potencias, en las reuniones de organismos financieros internacionales o en las alianzas militares. Mucho menos espacio reciben aquellos procesos que intentan fortalecer el protagonismo político de los pueblos organizados. Sin embargo, si algo demuestra la historia latinoamericana es que muchas de las transformaciones más profundas no comenzaron en los despachos gubernamentales, sino en la organización social y en la capacidad de los pueblos para construir proyectos colectivos.

La Asamblea de Caracas debe entenderse precisamente desde esa perspectiva.

Una tradición histórica de resistencia e integración

La idea de reunir a los pueblos de América Latina para debatir su destino común no nació en diciembre de 2025. Tiene raíces profundas que atraviesan más de dos siglos de historia.

Cuando Simón Bolívar convocó el Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826, comprendía que las jóvenes repúblicas recién independizadas difícilmente podrían preservar su soberanía si permanecían aisladas. Su proyecto de integración continental fue derrotado por las divisiones internas y por los intereses de las potencias emergentes, pero dejó sembrada una idea que recorrería toda la historia latinoamericana: la unidad constituye una condición indispensable para la independencia efectiva.

Décadas después, José Martí advertía que "trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra". Su reflexión sigue teniendo una sorprendente vigencia en una época en la que las disputas geopolíticas ya no se libran únicamente mediante ejércitos, sino también a través de plataformas digitales, conglomerados mediáticos, sistemas financieros y tecnologías de la información.

Durante el siglo XX esa tradición integracionista encontró nuevas expresiones. La Revolución Cubana convirtió el internacionalismo en uno de sus principios fundamentales. La Conferencia Tricontinental celebrada en La Habana en 1966 reunió movimientos de liberación de Asia, África y América Latina bajo la convicción de que las luchas contra el colonialismo y el imperialismo formaban parte de un mismo proceso histórico. Posteriormente, el Movimiento de Países No Alineados intentó construir una voz propia frente a la lógica bipolar de la Guerra Fría, mientras que a finales del siglo XX y comienzos del XXI surgieron espacios como el Foro de São Paulo, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), la CELAC y otros mecanismos de integración regional.

La Asamblea de los Pueblos por la Paz y la Soberanía de Nuestra América recoge parte de ese legado histórico. No pretende sustituir a los organismos intergubernamentales existentes, sino complementarlos desde una lógica diferente: la articulación entre organizaciones populares. Esa diferencia resulta fundamental. Mientras los mecanismos tradicionales dependen de los cambios de gobierno y de las prioridades de los Estados, la Asamblea aspira a construir una red de cooperación sostenida por movimientos sociales, sindicatos, organizaciones campesinas, colectivos juveniles, pueblos indígenas, intelectuales y comunicadores.

Es una apuesta ambiciosa. También enfrenta enormes desafíos. Pero expresa una preocupación compartida por numerosos sectores progresistas del mundo: la integración no puede descansar exclusivamente en acuerdos diplomáticos; necesita raíces sociales profundas.

Caracas como escenario político

líderes sociales, intelectuales, juristas, parlamentarios y movimientos llegaron a Caracas para reafirmar el compromiso mundial con una paz justa y respetuosa del derecho internacional. Foto: teleSUR.


La elección de Venezuela como sede tampoco fue casual.

Desde la llegada de la Revolución Bolivariana al poder en 1999, Caracas se ha convertido en un espacio habitual para encuentros internacionales vinculados al pensamiento antiimperialista, la integración regional y la solidaridad entre los pueblos. Durante más de dos décadas, el país ha promovido iniciativas como el ALBA-TCP, Petrocaribe y diversos congresos internacionales sobre comunicación, antifascismo, paz y soberanía.

Al mismo tiempo, Venezuela se ha transformado en uno de los principales escenarios de la confrontación geopolítica contemporánea. Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y algunos de sus aliados, los intentos de aislamiento diplomático, el reconocimiento internacional de gobiernos paralelos durante determinados periodos y la intensa disputa mediática en torno al proceso político venezolano convirtieron al país en un laboratorio de las nuevas formas de confrontación internacional.

Precisamente por ello, muchos participantes interpretaron la Asamblea como una respuesta política frente a esa realidad. La paz, sostuvieron reiteradamente las delegaciones presentes, no puede construirse mientras existan bloqueos económicos, medidas coercitivas unilaterales o intervenciones externas destinadas a condicionar las decisiones soberanas de los Estados.

Esa afirmación no estuvo exenta de controversia. Diversos gobiernos occidentales y organizaciones de derechos humanos mantienen fuertes críticas hacia la situación política venezolana y cuestionan la legitimidad de algunas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo de Caracas. Ignorar ese debate sería una simplificación. Sin embargo, también es cierto que una parte significativa de los movimientos sociales participantes compartió la idea de que las sanciones económicas castigan principalmente a las poblaciones y constituyen un instrumento de presión incompatible con el principio de autodeterminación de los pueblos.

Más allá de las diferentes valoraciones sobre el proceso venezolano, la Asamblea puso sobre la mesa una discusión de alcance mucho mayor: ¿puede hablarse de un orden internacional basado en normas comunes cuando las sanciones unilaterales, las intervenciones militares selectivas o la aplicación desigual del derecho internacional forman parte habitual de la política global?

Una convocatoria internacional

Las cifras sobre la participación varían según las fuentes consultadas. Los organizadores hablaron de centenares de delegados procedentes de más de medio centenar de países, mientras otras informaciones se refirieron específicamente a la presencia de representantes de alrededor de treinta naciones latinoamericanas y caribeñas. Más allá del dato exacto, existe consenso en que la convocatoria reunió una amplia diversidad de organizaciones provenientes de América Latina, el Caribe, África, Asia, Europa y Norteamérica.

Participaron movimientos campesinos, centrales sindicales, organizaciones indígenas, colectivos feministas, redes juveniles, plataformas de solidaridad internacional, juristas, parlamentarios, comunicadores populares, académicos y representantes de diversas expresiones de la sociedad civil organizada. Entre las organizaciones presentes destacaron la Asociación Americana de Juristas, el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (MOPASSOL), redes de intelectuales latinoamericanos, organizaciones culturales y colectivos comprometidos con la defensa del derecho internacional y la integración regional.

Más allá de las diferencias ideológicas o nacionales, existía un denominador común: la convicción de que el mundo atraviesa una etapa de transición histórica y que los movimientos populares no pueden limitarse a observar pasivamente esos cambios. Deben organizarse para influir en ellos.

En ese sentido, la Asamblea no fue concebida como un simple foro de debate. Desde su sesión inaugural quedó claro que la intención era mucho más ambiciosa: sentar las bases de un movimiento internacional permanente capaz de coordinar iniciativas políticas, culturales y comunicacionales entre organizaciones del Sur Global.

La propia idea de permanencia constituye uno de los aspectos más relevantes del encuentro. No se trataba únicamente de intercambiar diagnósticos durante tres días, sino de construir mecanismos estables de cooperación que permitieran responder colectivamente a los desafíos de una época marcada por profundas transformaciones geopolíticas.

Ese propósito quedó reflejado en las distintas mesas de trabajo, donde comenzaron a perfilarse los grandes ejes que atravesarían toda la Asamblea: la defensa de la paz, la soberanía de los pueblos, la integración regional, la batalla por la comunicación, la justicia climática, los derechos de los migrantes, la solidaridad con Palestina y la necesidad de avanzar hacia un orden internacional más equilibrado y multipolar.

Pero quizá el debate más novedoso no giró únicamente en torno a la geopolítica tradicional. Los participantes sostuvieron que las guerras del siglo XXI ya no se libran exclusivamente con ejércitos o armamento convencional. También se combaten mediante el control de la información, las plataformas digitales, los sistemas financieros y la capacidad para construir relatos capaces de legitimar determinadas políticas internacionales.

Ese diagnóstico abriría paso a uno de los conceptos más discutidos durante la Asamblea: la soberanía cognitiva, una idea que resume buena parte de las preocupaciones políticas de los movimientos sociales reunidos en Caracas y que constituye, probablemente, uno de los aportes más originales del encuentro.


La Soberanía

Si hubo un concepto que atravesó prácticamente todas las mesas de trabajo de la Asamblea fue el de soberanía. Pero no la soberanía entendida únicamente como la defensa de las fronteras nacionales o la integridad territorial de los Estados. Los debates desarrollados en Caracas partieron de una premisa mucho más amplia: en el siglo XXI la independencia de los pueblos depende también de quién controla la economía, la tecnología, las finanzas, la producción de alimentos, los recursos naturales y, cada vez con mayor intensidad, la información.

Esta visión supone una ruptura con las concepciones clásicas de las relaciones internacionales. Durante buena parte del siglo XX las amenazas a la soberanía eran identificadas casi exclusivamente con invasiones militares, golpes de Estado o intervenciones directas. Hoy, sin embargo, numerosos movimientos sociales consideran que las formas de dominación se han diversificado. Las sanciones económicas, la especulación financiera, el control de las cadenas globales de suministro, la dependencia tecnológica, el monopolio de las plataformas digitales y la concentración mediática forman parte de un mismo entramado de poder que condiciona la capacidad de decisión de muchos países.

Fue en ese contexto donde cobró fuerza una de las ideas más novedosas del encuentro: la soberanía cognitiva.

Los participantes sostuvieron que las guerras contemporáneas no se libran únicamente sobre el terreno. Se desarrollan también en el espacio informativo. Las grandes plataformas digitales, los algoritmos, la inteligencia artificial, los conglomerados mediáticos y las campañas de desinformación son hoy instrumentos capaces de moldear percepciones, justificar sanciones, legitimar intervenciones o deslegitimar procesos políticos. No se trata de una teoría conspirativa, sino de una constatación compartida por numerosos investigadores de la comunicación y de las relaciones internacionales: la información se ha convertido en un recurso estratégico.

Desde esta perspectiva, la defensa de la soberanía exige construir capacidades propias de producción de conocimiento, comunicación y desarrollo tecnológico. La propuesta de crear una red internacional de medios populares y plataformas de comunicación alternativa respondió precisamente a esa preocupación. El objetivo no era únicamente difundir otra narrativa, sino garantizar que los pueblos dispongan de herramientas para contar su propia historia sin depender exclusivamente de los grandes centros de producción informativa.

Esta reflexión resulta particularmente relevante para América Latina, una región donde históricamente la concentración de los medios de comunicación ha estado estrechamente vinculada a grupos económicos con enorme capacidad de influencia política. La democratización de la comunicación apareció así como una condición necesaria para profundizar la democracia misma.

La discusión sobre la soberanía cognitiva estuvo estrechamente ligada a otro de los ejes de la Asamblea: la defensa del derecho internacional frente al uso creciente de las medidas coercitivas unilaterales. Las delegaciones denunciaron que las sanciones económicas aplicadas fuera del marco de las Naciones Unidas constituyen una forma de presión política cuyos efectos recaen principalmente sobre la población civil. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán y otros países fueron citados como ejemplos de esa realidad.

Desde luego, la cuestión de las sanciones continúa siendo objeto de un intenso debate internacional. Sus defensores sostienen que representan un mecanismo de presión frente a gobiernos acusados de violar derechos humanos o quebrantar principios democráticos. Sus detractores argumentan que, en la práctica, terminan agravando las condiciones de vida de millones de personas y vulnerando el principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados. La Asamblea se alineó claramente con esta segunda interpretación y reclamó su eliminación como condición para avanzar hacia una paz duradera.

Otro de los momentos de mayor contenido político fue la expresión de solidaridad con el pueblo palestino. La guerra en Gaza ocupó un lugar destacado en las intervenciones de numerosas delegaciones, que denunciaron la destrucción masiva de infraestructura civil, la crisis humanitaria y la incapacidad de la comunidad internacional para hacer cumplir de manera efectiva el derecho internacional humanitario. Para los participantes, Palestina simboliza uno de los mayores desafíos del orden internacional contemporáneo: la existencia de normas universales cuya aplicación parece depender, con demasiada frecuencia, de la correlación de fuerzas entre las potencias.

La Asamblea interpretó ese conflicto como un recordatorio de que la paz no puede separarse de la justicia. No basta con reclamar el cese de las hostilidades si no se abordan las causas estructurales que las originan. Esa misma lógica fue extendida a otras regiones del planeta, donde la pobreza, la desigualdad, el saqueo de recursos naturales o las intervenciones externas alimentan escenarios de violencia persistente.

Las discusiones no se limitaron, sin embargo, al diagnóstico. Uno de los principales resultados del encuentro fue la aprobación del Manifiesto de Caracas por la Paz, la Soberanía y la Verdad de los Pueblos, concebido como una hoja de ruta para la acción política de la Asamblea. Más que una declaración protocolaria, el documento expresa una visión del mundo. Afirma que la paz solo puede sostenerse sobre la justicia social; reivindica el derecho de los pueblos a decidir libremente su destino; rechaza las sanciones económicas unilaterales y toda forma de injerencia extranjera; denuncia el resurgimiento del fascismo y del racismo en distintas regiones; llama a fortalecer la cooperación Sur-Sur y propone consolidar una red permanente de articulación entre movimientos sociales, organizaciones populares y espacios de integración regional.

Uno de los compromisos más significativos fue precisamente la decisión de que la Asamblea no terminara con la clausura del encuentro. Caracas fue propuesta como sede permanente de un proceso de coordinación internacional destinado a mantener intercambios, campañas de solidaridad, iniciativas culturales y mecanismos de cooperación política. En un tiempo en que la fragmentación suele imponerse sobre la organización colectiva, la voluntad de construir una estructura estable constituye, por sí misma, un hecho político relevante.

Ahora bien, un análisis serio también exige preguntarse por los desafíos de esta iniciativa. La historia latinoamericana está llena de proyectos de integración que despertaron grandes expectativas y que posteriormente perdieron impulso por cambios de gobierno, diferencias ideológicas o dificultades institucionales. La propia Asamblea deberá demostrar en los próximos años que puede trascender la lógica del acontecimiento y convertirse en un actor con capacidad real de articulación. Ello dependerá, en buena medida, de su autonomía, de su pluralidad interna y de su capacidad para incorporar voces diversas del campo popular sin quedar reducida a la agenda de un solo gobierno o de una sola organización política.

Desde una perspectiva internacionalista de izquierda, esa es quizá la principal tarea pendiente. El internacionalismo nunca ha consistido en la adhesión acrítica a un Estado o a un liderazgo determinado. Su esencia radica en la solidaridad entre los pueblos, en la defensa de la autodeterminación y en la convicción de que los problemas fundamentales de nuestro tiempo —la desigualdad, la guerra, la crisis climática, la concentración de la riqueza o la revolución tecnológica— no pueden resolverse dentro de las fronteras nacionales. Exigen formas nuevas de cooperación y de organización internacional.

En ese sentido, la Asamblea de Caracas recupera una intuición presente en las mejores tradiciones emancipadoras de América Latina: la unidad no debe entenderse como uniformidad, sino como convergencia de luchas. Bolívar imaginó una confederación de repúblicas; Martí habló de "Nuestra América" frente a las pretensiones hegemónicas; Sandino convirtió la soberanía en una causa continental; Fidel Castro defendió el internacionalismo como un deber revolucionario; Hugo Chávez insistió en que la integración debía construirse desde la solidaridad y no desde la competencia. La Asamblea se reconoce heredera de ese legado, aunque deba adaptarlo a un escenario profundamente distinto, marcado por la digitalización, la inteligencia artificial, la disputa tecnológica y la emergencia de nuevos polos de poder.

Es legítimo que existan discrepancias sobre algunos de sus planteamientos o sobre el papel desempeñado por el Gobierno venezolano en la organización del encuentro. La crítica forma parte del debate democrático. Pero reducir la Asamblea a esas controversias impediría comprender su verdadero alcance. Lo ocurrido en Caracas refleja una tendencia más amplia: la búsqueda, por parte de numerosos movimientos sociales del Sur Global, de espacios propios de coordinación en un momento en que el orden internacional atraviesa una transformación acelerada.

Quizá todavía sea pronto para saber si esta iniciativa logrará consolidarse como un referente estable del internacionalismo contemporáneo. La historia no concede victorias anticipadas ni garantiza el éxito de ningún proyecto colectivo. Sin embargo, también enseña que las grandes transformaciones comienzan muchas veces como ideas que parecen prematuras. Nadie podía prever, en los primeros congresos obreros del siglo XIX, el alcance que adquiriría el movimiento sindical internacional. Tampoco era evidente, en la Conferencia de Bandung de 1955, que aquel encuentro abriría el camino al Movimiento de Países No Alineados. Los procesos históricos necesitan tiempo para revelar toda su dimensión.

Lo que sí puede afirmarse es que la Asamblea de los Pueblos por la Paz y la Soberanía de Nuestra América expresó una inquietud compartida por amplios sectores del mundo: la convicción de que la paz no puede sostenerse sobre la desigualdad, que la soberanía pierde contenido cuando las decisiones fundamentales quedan subordinadas a intereses externos y que la integración entre los pueblos constituye una condición indispensable para enfrentar los desafíos de un siglo marcado por profundas mutaciones geopolíticas.

En un escenario donde resurgen el militarismo, las políticas de bloques y las tensiones entre grandes potencias, la reunión de Caracas recordó una verdad que con frecuencia queda relegada en los análisis internacionales: la historia no la escriben únicamente los gobiernos ni los ejércitos. También la construyen los pueblos cuando deciden organizarse, debatir y actuar colectivamente. Quizá ese sea, más allá de cualquier declaración final, el legado político más importante de la Asamblea: haber reivindicado que el internacionalismo sigue siendo una herramienta vigente para quienes creen que otro orden mundial no solo es necesario, sino también posible.

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miércoles, 10 de diciembre de 2025

La Asamblea de los Pueblos por la Paz y la Soberanía de Nuestra América. I El mundo que termina

Capítulo I

El mundo que termina

De Bolívar a los BRICS: por qué la Asamblea nació en un momento decisivo de la historia

«La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres; es inexorable decreto del destino.»
Simón Bolívar

Hubo un tiempo en que se proclamó el fin de la historia. Tras la desaparición de la Unión Soviética, numerosos centros de poder político, económico y académico aseguraron que el modelo liberal occidental había alcanzado una victoria definitiva. Se anunciaba una era de estabilidad, prosperidad y democracia universal bajo un orden internacional encabezado por una única superpotencia. Para algunos analistas, el siglo XXI sería el siglo de la consolidación del mundo unipolar.

La historia, sin embargo, raras veces sigue el guion escrito por los vencedores.

Tres décadas después, ese orden muestra profundas grietas. La expansión de China como potencia económica y tecnológica, el fortalecimiento de Rusia como actor estratégico, la emergencia de nuevas economías en Asia, África y América Latina, el crecimiento de los BRICS+, la crisis del multilateralismo tradicional, las guerras prolongadas en distintas regiones del planeta y el uso cada vez más frecuente de sanciones económicas como instrumento de presión internacional evidencian que el equilibrio de poder está cambiando. El mundo no ha llegado al final de la historia; ha entrado en una nueva etapa de disputa por su futuro.

En ese escenario debe entenderse la Asamblea de los Pueblos por la Paz y la Soberanía de Nuestra América, celebrada en Caracas en diciembre de 2025. Quien la interprete únicamente como un encuentro impulsado por el Gobierno venezolano habrá comprendido solo una parte de su significado. La Asamblea fue, ante todo, la expresión de una inquietud que recorre amplios sectores del Sur Global: la necesidad de que los pueblos organizados tengan voz propia en la construcción del nuevo orden internacional.

Durante décadas, las grandes decisiones sobre la economía mundial, la seguridad colectiva, el comercio o la gobernanza global se concentraron en organismos donde el peso político de las grandes potencias ha sido determinante. Sin embargo, mientras esas instituciones muestran crecientes dificultades para responder a las transformaciones del siglo XXI, han comenzado a surgir nuevas formas de articulación entre Estados, regiones y movimientos sociales. La ampliación de los BRICS, el fortalecimiento de espacios como la CELAC o la Unión Africana y el renovado interés por la cooperación Sur-Sur forman parte de una misma tendencia: la búsqueda de un sistema internacional menos concentrado y más representativo de la diversidad del mundo.

La Asamblea de Caracas se inserta en ese proceso, aunque desde una perspectiva diferente. No fue una cumbre presidencial ni una reunión diplomática. Fue un espacio de convergencia entre organizaciones populares, sindicatos, movimientos campesinos, pueblos indígenas, colectivos juveniles, redes de solidaridad, intelectuales y comunicadores provenientes de diversos países. Su aspiración no consistía en negociar tratados internacionales, sino en construir una agenda común desde la sociedad organizada para defender la paz, la soberanía y la integración de los pueblos.

Reducir esa iniciativa a la política interna venezolana sería desconocer una larga tradición histórica que atraviesa América Latina desde las luchas por la independencia.

Un sueño que atraviesa dos siglos

Mucho antes de que existieran la Organización de las Naciones Unidas, el Movimiento de Países No Alineados o los BRICS, Simón Bolívar comprendió que la independencia política de las nuevas repúblicas sería frágil si cada una recorría su camino en soledad. El Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826 fue el primer gran intento de construir una comunidad política latinoamericana capaz de defender su soberanía frente a las potencias de la época.

Aquella iniciativa fracasó por las divisiones internas y por la presión de intereses externos. Sin embargo, dejó sembrada una idea que continúa recorriendo la historia continental: la unidad no es únicamente un ideal moral; es una necesidad geopolítica.

Décadas después, José Martí profundizaría esa intuición al advertir sobre los riesgos del expansionismo estadounidense. En su ensayo Nuestra América, publicado en 1891, llamó a construir una identidad propia, capaz de dialogar con el mundo sin renunciar a sus raíces. Su célebre afirmación, «Patria es humanidad», sintetiza una concepción del internacionalismo basada en la solidaridad entre los pueblos y no en la imposición de unos sobre otros.

Martí también dejó una advertencia que conserva plena vigencia:

«Injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas.»

En una época marcada por la globalización económica, la revolución digital y la concentración del poder tecnológico, esa reflexión adquiere un nuevo significado. Integrarse al mundo no implica renunciar a la soberanía cultural, económica o política. Por el contrario, exige fortalecerla.

A comienzos del siglo XX, esa misma tradición emancipadora encontró una nueva expresión en Augusto César Sandino. Frente a la ocupación militar estadounidense de Nicaragua, Sandino transformó una lucha nacional en una causa latinoamericana. Comprendió que la defensa de la soberanía de un país pequeño solo podía sostenerse mediante la solidaridad internacional y la conciencia de pertenecer a una misma comunidad histórica.

Su ejemplo trascendió las fronteras nicaragüenses. No fue únicamente un jefe guerrillero; fue un pensador político que vinculó la independencia nacional con la dignidad de los pueblos. Cuando afirmaba que «no vendo ni me rindo», no expresaba únicamente una decisión personal. Resumía una ética de resistencia frente a cualquier forma de dominación extranjera.

No es casual que, décadas después, el Frente Sandinista de Liberación Nacional recuperara su legado como uno de los pilares de la Revolución Popular Sandinista. Desde esa tradición política, Daniel Ortega ha reivindicado en distintos foros internacionales la continuidad del pensamiento de Bolívar, Martí y Sandino, defendiendo la integración latinoamericana y la cooperación Sur-Sur como herramientas para preservar la independencia de la región frente a las nuevas formas de hegemonía. Más allá de las distintas valoraciones que suscita su liderazgo, esa reivindicación forma parte del debate contemporáneo sobre el lugar de América Latina en un mundo en transformación.

La Asamblea de Caracas se inscribe precisamente en esa larga secuencia histórica. No surge de la nada ni responde únicamente a una coyuntura política. Es heredera de una tradición que ha buscado, durante más de dos siglos, convertir la unidad latinoamericana en una fuerza capaz de influir en el escenario internacional.

Del antiimperialismo histórico al mundo multipolar

El siglo XX amplió esa tradición más allá de América Latina. La Conferencia de Bandung, celebrada en Indonesia en 1955, reunió por primera vez a países de Asia y África decididos a construir una voz propia frente a la lógica de la Guerra Fría. Aquel encuentro abriría el camino al Movimiento de Países No Alineados y consolidaría la idea de que el Sur Global podía actuar como un sujeto político con intereses comunes.

Pocos años después, la Conferencia Tricontinental de La Habana, impulsada en 1966, profundizó esa visión al reunir movimientos de liberación de Asia, África y América Latina. Allí, el internacionalismo dejó de ser una consigna para convertirse en una práctica política concreta.

Fidel Castro resumiría esa concepción en una idea que marcaría a varias generaciones de militantes: la solidaridad no consiste en compartir lo que sobra, sino en compartir el destino de quienes luchan por su emancipación. Esa filosofía inspiró buena parte de la cooperación internacional desarrollada por Cuba en ámbitos como la salud, la educación y la formación técnica.

Durante las primeras décadas del siglo XXI, la creación del ALBA-TCP, la UNASUR y la CELAC retomó, con distintos matices, esa búsqueda de integración regional. Más recientemente, la expansión de los BRICS ha abierto un nuevo escenario internacional en el que economías emergentes reclaman una mayor participación en la gobernanza mundial y cuestionan la concentración del poder financiero y político heredada del final de la Guerra Fría.

Es en este contexto donde la Asamblea de los Pueblos por la Paz y la Soberanía de Nuestra América adquiere una dimensión que trasciende el acontecimiento puntual. No se trata únicamente de un encuentro celebrado en Caracas. Se trata de una expresión política de un cambio de época, en el que los pueblos organizados buscan construir espacios propios de articulación para intervenir en la configuración del mundo que está naciendo.

Caracas: mucho más que la sede de un encuentro

Cuando el comandante Hugo Chávez afirmaba que el siglo XXI sería "el siglo del retorno de los pueblos a la política", muchos interpretaron aquella idea como una consigna asociada exclusivamente al proceso bolivariano. Dos décadas después, el escenario internacional parece demostrar que esa reflexión trascendía las fronteras venezolanas. Desde América Latina hasta África, desde Asia hasta Oriente Medio, los pueblos vuelven a ocupar un lugar central en la disputa por el rumbo del mundo.

Por esa razón, la elección de Caracas como sede de la Asamblea de los Pueblos por la Paz y la Soberanía de Nuestra América no respondió únicamente a criterios logísticos o diplomáticos. Venezuela representa, para unos, un símbolo de resistencia frente a las políticas de sanciones y aislamiento internacional; para otros, un país inmerso en profundas controversias políticas internas. Ambas realidades forman parte del debate contemporáneo y no deben ocultarse. Sin embargo, limitar el análisis a esa controversia impediría comprender el significado más amplio del encuentro.

Desde el triunfo de la Revolución Bolivariana en 1999, Venezuela ha impulsado numerosos mecanismos de integración regional. La creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), Petrocaribe, la participación activa en la fundación de la CELAC y el impulso a diversas iniciativas de cooperación Sur-Sur respondieron a una concepción de la política internacional que privilegiaba la complementariedad frente a la competencia y la solidaridad frente a la subordinación.

En ese marco, Caracas se convirtió durante años en un espacio de encuentro para movimientos sociales, organizaciones campesinas, sindicatos, intelectuales, redes de solidaridad y representantes de pueblos indígenas de distintos continentes. La Asamblea de diciembre de 2025 constituye una continuidad de esa tradición.

Pero también responde a un fenómeno nuevo.

Durante los últimos años, la política internacional ha dejado de estar determinada exclusivamente por los Estados. Las grandes corporaciones tecnológicas administran enormes volúmenes de información; los fondos de inversión condicionan economías nacionales; las plataformas digitales influyen sobre la opinión pública; los conflictos comerciales afectan la estabilidad política de regiones enteras; y la inteligencia artificial comienza a modificar la forma en que se produce el conocimiento.

En ese escenario, numerosos movimientos populares consideran que la defensa de la soberanía ya no puede limitarse al ámbito militar o diplomático. Debe abarcar también la economía, la comunicación, la ciencia, la tecnología y la cultura.

Ese diagnóstico recorrió toda la Asamblea.

Los pueblos toman la palabra

Las cifras sobre la participación varían según las fuentes consultadas. Los organizadores informaron de la presencia de centenares de delegados procedentes de decenas de países de América Latina, el Caribe, África, Asia, Europa y Norteamérica. Más allá del número exacto, existe un hecho indiscutible: la diversidad de actores presentes.

En Caracas coincidieron organizaciones campesinas, movimientos obreros, redes de mujeres, juventudes, pueblos indígenas, juristas, parlamentarios, académicos, artistas, comunicadores populares, colectivos ecologistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos desde una perspectiva antiimperialista.

La presencia de delegaciones procedentes de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Colombia, Brasil, México, Argentina, Honduras, Chile, Sudáfrica, Palestina, China, Rusia y otros países confirmó la voluntad de construir un espacio de diálogo que trascendiera las fronteras latinoamericanas.

Más que una reunión de dirigentes políticos, la Asamblea buscó convertirse en un lugar de encuentro entre experiencias diversas de organización popular.

Ese aspecto constituye, probablemente, una de sus principales novedades.

Durante décadas, la integración latinoamericana dependió casi exclusivamente de la voluntad de los gobiernos. Cada cambio electoral alteraba prioridades, debilitaba instituciones y paralizaba numerosos proyectos regionales. La Asamblea parte de otra lógica: fortalecer los vínculos permanentes entre las organizaciones sociales para que la cooperación no dependa exclusivamente de los ciclos políticos nacionales.

Es una apuesta de largo plazo.

Y precisamente por ello representa uno de los desafíos más ambiciosos del encuentro.

Una paz inseparable de la justicia

Uno de los aspectos más relevantes de los debates fue la redefinición del concepto de paz.

Para las organizaciones reunidas en Caracas, la paz no puede reducirse a la ausencia de guerras.

Una sociedad sometida al hambre, a la pobreza, al bloqueo económico, al saqueo de sus recursos naturales o a la dependencia tecnológica difícilmente puede considerarse una sociedad en paz.

Esa concepción recuerda una afirmación de Fidel Castro pronunciada ante las Naciones Unidas:

"La paz no es solamente la ausencia de guerra; la paz es también el respeto al derecho de los pueblos a existir y desarrollarse."

Esa idea atravesó buena parte de las intervenciones.

No se habló únicamente de conflictos armados.

Se habló de desigualdad.

De deuda externa.

De colonialismo financiero.

De monopolios tecnológicos.

De concentración mediática.

De crisis climática.

De migraciones forzadas.

De acceso desigual a las vacunas.

De inteligencia artificial.

De soberanía alimentaria.

En otras palabras, la Asamblea propuso ampliar el concepto tradicional de seguridad internacional incorporando dimensiones sociales, económicas, ambientales y culturales.

El significado político de la Asamblea

Los grandes medios internacionales apenas dedicaron espacio a este encuentro. Para muchos observadores, pasó prácticamente inadvertido.

Sin embargo, la historia demuestra que numerosos procesos políticos de gran trascendencia comenzaron lejos de los titulares.

El Congreso Anfictiónico convocado por Bolívar no transformó inmediatamente América Latina.

La Conferencia de Bandung tampoco alteró el equilibrio internacional de un día para otro.

El Movimiento de Países No Alineados necesitó años para consolidarse como una referencia del Sur Global.

La historia rara vez cambia de dirección en un solo acontecimiento.

Lo hace mediante la acumulación de iniciativas, debates y organizaciones que, con el tiempo, terminan modificando la correlación de fuerzas.

Quizá la Asamblea de los Pueblos por la Paz y la Soberanía de Nuestra América deba entenderse precisamente desde esa perspectiva.

No como un punto de llegada.

Sino como un punto de partida.

Como el intento de articular una red internacional de organizaciones populares en un momento en que el sistema internacional atraviesa una de las mayores transformaciones desde el final de la Guerra Fría.

Todavía es pronto para saber cuál será su alcance.

Ningún proceso histórico ofrece garantías.

Pero existe una enseñanza que atraviesa dos siglos de luchas latinoamericanas.

Bolívar imaginó una América unida cuando las guerras de independencia aún no habían concluido.

Martí comprendió que la libertad política exigía también independencia cultural y económica.

Sandino convirtió la defensa de la soberanía en una bandera continental.

Fidel transformó el internacionalismo en una práctica concreta de solidaridad entre los pueblos.

Y desde la Revolución Sandinista, Daniel Ortega ha insistido en que la integración latinoamericana sigue siendo una condición indispensable para preservar la independencia frente a las nuevas formas de dominación.

La Asamblea de Caracas recoge ese legado diverso. No pretende reproducir mecánicamente las experiencias del pasado, sino adaptarlas a un mundo marcado por la revolución tecnológica, la disputa geoeconómica y el surgimiento de nuevos centros de poder.

Si logrará o no consolidarse como un actor relevante dependerá de su capacidad para trascender las declaraciones y construir organización, cooperación y acción política permanente.

Porque la historia enseña una lección que los pueblos de Nuestra América han aprendido una y otra vez: la soberanía nunca ha sido una concesión de los poderosos. Siempre ha sido una conquista de quienes decidieron organizarse para defenderla.



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