Por Javier Huerta
En el artículo anterior planteábamos la necesidad de recuperar la participación política frente al desencanto, la abstención y la pérdida de confianza en las instituciones. Pero votar no puede convertirse en un acto de confianza ciega ni en un cheque en blanco. La izquierda debe ofrecer un proyecto reconocible, defender los intereses de la mayoría social y comprometerse con transformaciones concretas.
La clase trabajadora necesita algo más que discursos sobre justicia social. Necesita políticas que mejoren sus condiciones de vida, reduzcan las desigualdades y permitan recuperar el control democrático sobre una economía que, con demasiada frecuencia, funciona en beneficio de una minoría. Por eso, también debemos preguntarnos qué exigimos a las organizaciones que dicen representarnos y qué estamos dispuestos a reclamarles cuando no cumplen.
1. Empleo, salarios y vivienda dignos
El trabajo debe garantizar una vida digna. La izquierda debe defender salarios suficientes para afrontar el coste de la vida, empleo estable, negociación colectiva y condiciones laborales seguras. También debe reforzar la inspección de trabajo, combatir el fraude y la precariedad y garantizar que los derechos laborales se cumplan, no solo que figuren en las leyes.
La vivienda constituye otra de las grandes preocupaciones de la mayoría social. No podemos aceptar que el acceso a un hogar dependa cada vez más de la capacidad económica de las familias o de la rentabilidad que esperan obtener los propietarios. Es necesario ampliar de forma sostenida el parque público de alquiler, movilizar suelo público, limitar los abusos del mercado y combatir la especulación inmobiliaria. La vivienda debe cumplir su función social y dejar de ser tratada exclusivamente como un activo financiero.
Estas políticas deben prestar especial atención a la juventud, que encuentra enormes dificultades para emanciparse, y a las familias trabajadoras con menores ingresos, pensionistas y personas en situación de vulnerabilidad.
2. Servicios públicos fuertes y universales
La sanidad, la educación, las pensiones y los servicios de atención a la dependencia son derechos fundamentales y pilares de igualdad. Su calidad depende de una financiación suficiente, de plantillas adecuadas y de una gestión orientada al interés general.
La izquierda debe comprometerse con la reducción de las listas de espera, el fortalecimiento de la atención primaria, la mejora de las condiciones del personal sanitario, la educación pública y gratuita desde las primeras etapas, y una atención a la dependencia que no recaiga principalmente sobre las familias, especialmente sobre las mujeres.
También debe defender unas pensiones públicas dignas y garantizar que las personas con discapacidad, la infancia y quienes atraviesan situaciones de pobreza o exclusión reciban los recursos y la atención necesarios.
No basta con proclamar la defensa de los servicios públicos: hay que establecer objetivos, destinar recursos y evaluar los resultados. Cada servicio que se deteriora abre la puerta a que quienes pueden pagarlo recurran al sector privado, mientras el resto recibe una atención cada vez más limitada. La igualdad exige servicios públicos de calidad para toda la población.
3. Fiscalidad justa y redistribución de la riqueza
Los derechos sociales necesitan financiación. Por eso, una política de izquierdas debe abordar de frente la desigualdad fiscal y garantizar que quienes más riqueza y capacidad económica poseen contribuyan proporcionalmente más al sostenimiento de la sociedad.
Es necesario combatir el fraude y la evasión fiscal, revisar los privilegios y beneficios que no tengan una justificación social y asegurar que grandes patrimonios y grandes empresas no dispongan de mecanismos para eludir sus responsabilidades.
La ciudadanía debe saber cómo se recaudan y cómo se utilizan los recursos públicos. Una fiscalidad progresiva, acompañada de transparencia y control del gasto, permite financiar servicios universales, inversiones y políticas redistributivas. No se trata de recaudar por recaudar, sino de distribuir de manera más justa la riqueza que genera el conjunto de la sociedad.
4. Recuperar el control público de los sectores estratégicos
Uno de los debates que la izquierda no debería eludir es el de la propiedad y el control de los sectores esenciales de la economía. ¿Tiene sentido que servicios imprescindibles para la vida cotidiana dependan exclusivamente de intereses privados y de la búsqueda de beneficios? ¿Debe la ciudadanía aceptar que decisiones fundamentales sobre energía, agua, transporte o infraestructuras queden sometidas a criterios empresariales?
La intervención pública debe ser una herramienta real cuando el mercado no garantiza el interés general. Esto puede implicar crear empresas públicas, recuperar concesiones, remunicipalizar servicios o, cuando esté justificado, nacionalizar sectores estratégicos. La Constitución española contempla, en su artículo 128, la subordinación de toda la riqueza al interés general y permite reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en situaciones de monopolio.
No se trata de nacionalizar indiscriminadamente ni de suponer que toda empresa pública funciona automáticamente mejor. Se trata de estudiar dónde la titularidad y la gestión públicas pueden garantizar mejor el acceso universal, precios asequibles, inversiones a largo plazo y decisiones orientadas a las necesidades colectivas.
Para ello hacen falta financiación, gestión profesional, transparencia, auditorías independientes y participación de trabajadores y usuarios. La propiedad pública debe ir acompañada de control democrático y rendición de cuentas. El objetivo no es sustituir un interés privado por una burocracia sin control, sino poner recursos esenciales al servicio de la sociedad.
5. Una economía al servicio de las mayorías
La izquierda necesita un proyecto económico que vaya más allá de administrar las desigualdades existentes. Debe impulsar una política industrial capaz de crear empleo de calidad, fortalecer sectores productivos, fomentar la investigación y la innovación y afrontar la transición energética sin trasladar sus costes a las familias trabajadoras.
Las ayudas y los recursos públicos destinados a empresas deben estar vinculados a compromisos verificables: creación y mantenimiento de empleo, respeto a los derechos laborales, inversión productiva y retorno social. No puede ser que la sociedad asuma los riesgos mientras los beneficios se privatizan.
También es necesario favorecer la economía social, las cooperativas y la participación de los trabajadores en las decisiones empresariales. Una economía más democrática requiere que quienes generan la riqueza tengan mayor capacidad para decidir sobre su destino.
6. Una izquierda que cumpla y rinda cuentas
Todo este programa necesita organizaciones políticas capaces de recuperar la confianza de la ciudadanía. Para ello, la izquierda debe escuchar a los trabajadores, sindicatos, movimientos sociales y asociaciones vecinales, sin limitarse a buscar su apoyo durante las campañas electorales.
Debe presentar compromisos claros, explicar sus decisiones y publicar periódicamente qué medidas ha aplicado, cuáles siguen pendientes y qué obstáculos han impedido cumplirlas. La responsabilidad política no termina el día de las elecciones: debe mantenerse durante toda la legislatura.
También debe estar dispuesta a rectificar cuando una política no funciona y a reconocer sus errores. La defensa de los derechos sociales exige coherencia entre lo que se promete y lo que se hace desde las instituciones.
Un programa de exigencias, no un cheque en blanco
La clase trabajadora no necesita que la izquierda le pida confianza indefinidamente. Necesita que se gane esa confianza con políticas que mejoren las condiciones de vida, reduzcan las desigualdades y redistribuyan el poder económico.
Exigir salarios dignos, vivienda asequible, servicios públicos de calidad, una fiscalidad justa y el control democrático de los sectores estratégicos no son demandas aisladas. Forman parte de un mismo proyecto: poner la economía y las instituciones al servicio de las mayorías sociales.
Votar sigue siendo una herramienta importante, pero la participación democrática no puede limitarse a depositar una papeleta cada cuatro años. También significa organizarse, movilizarse, defender derechos y exigir responsabilidades a quienes reciben nuestro apoyo.
La izquierda debe recuperar su capacidad de representar los intereses de la clase trabajadora y ofrecer un horizonte de transformación. Y la ciudadanía debe conservar su capacidad de exigir, fiscalizar y presionar para que ese compromiso se convierta en realidad. Porque los derechos conquistados nunca están garantizados para siempre: se defienden y se amplían mediante la organización y la lucha colectiva.
Siguenos en twitter:
https://twitter.com/DifusionRebelde
No hay comentarios:
Publicar un comentario