Por Javier Huerta
La mañana del 9 de abril de 1984, el Palacio de la Paz de La Haya no era consciente de que iba a convertirse en el escenario de uno de los mayores desafíos políticos que jamás hubiera recibido la primera potencia militar del planeta. Mientras funcionarios y diplomáticos recorrían con la rutina habitual los pasillos de la Corte Internacional de Justicia, una delegación de la pequeña Nicaragua revolucionaria depositaba una demanda contra los Estados Unidos de América. No era un gesto simbólico ni una operación propagandística. Era la decisión de un pueblo pobre, asediado por una guerra organizada desde el exterior, de exigir responsabilidades al país más poderoso del mundo por violar el Derecho Internacional. Aquel día, por primera vez en la historia contemporánea, el imperio era llamado a responder ante un tribunal internacional por su política de agresión contra un país latinoamericano. La imagen encerraba una enorme carga política: un Estado que apenas cinco años antes había derrotado a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, heredando un país devastado por más de cuatro décadas de corrupción, dependencia y violencia, decidía enfrentarse no con bombarderos ni con divisiones blindadas, sino con argumentos jurídicos, con pruebas documentales y con la autoridad moral que otorga la defensa de la soberanía nacional.
En Washington la noticia fue recibida con una mezcla de irritación y desprecio. La Administración Reagan no concebía que un pequeño país centroamericano pudiera cuestionar públicamente la legitimidad de su política exterior. Durante décadas había sido Estados Unidos quien denunciaba a otros gobiernos, quien señalaba a los supuestos infractores del orden internacional y quien se arrogaba el derecho de decidir qué conflictos merecían la atención de la comunidad internacional. Ahora era él quien aparecía sentado, aunque tratara de evitarlo, en el banquillo de los acusados. No existía precedente semejante. Más allá del desenlace jurídico, Nicaragua había conseguido alterar el terreno de la confrontación. La guerra dejaba de librarse exclusivamente en las montañas de Jinotega, Matagalpa o Nueva Segovia para trasladarse también a los salones donde se discutía el sentido mismo del Derecho Internacional.
Aquella decisión no había nacido de la improvisación. Detrás de la demanda existían meses de trabajo político, jurídico y diplomático, y detrás de ese esfuerzo colectivo sobresalía una figura cuya desaparición, ocurrida apenas unas semanas antes de escribir estas líneas, obliga a revisar con serenidad su verdadero legado histórico. Miguel d'Escoto Brockmann no fue simplemente el canciller de la Revolución Sandinista. Fue el principal arquitecto de una diplomacia revolucionaria que comprendió que la defensa de Nicaragua no podía limitarse al terreno militar. Diversos testimonios y reconocimientos posteriores, entre ellos los realizados por instituciones académicas nicaragüenses y por protagonistas directos del proceso, coinciden en señalarlo como el gran promotor político de la decisión de acudir a la Corte Internacional de Justicia. No fue él quien redactó los argumentos jurídicos ni quien compareció como agente ante el tribunal, pero entendió antes que muchos que el imperialismo debía ser combatido también en el terreno donde menos cómodo se sentía: el de la legalidad internacional.
Cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional entró victorioso en Managua el 19 de julio de 1979 heredó mucho más que un Estado arruinado. Recibió una estructura económica dependiente, unas instituciones prácticamente inexistentes y una sociedad marcada por enormes desigualdades. La revolución no tardó en poner en marcha una de las campañas de alfabetización más extraordinarias de la historia latinoamericana, impulsó una profunda reforma agraria, amplió el acceso a la sanidad pública y comenzó a construir un modelo de participación popular desconocido hasta entonces en Nicaragua. Aquellas transformaciones despertaron un entusiasmo inmenso entre los sectores populares, pero también activaron todas las alarmas en Washington. Para la Administración estadounidense no era aceptable que un proceso revolucionario consolidara un proyecto independiente en el corazón de Centroamérica. La experiencia cubana seguía siendo una herida abierta en la estrategia hemisférica norteamericana y la posibilidad de una segunda revolución victoriosa resultaba intolerable para quienes seguían considerando América Latina como su área exclusiva de influencia.
Con la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca en enero de 1981, esa hostilidad adquirió una dimensión mucho más agresiva. Bajo el lenguaje de la lucha contra el comunismo y la defensa de la democracia se articuló una compleja operación destinada a destruir la Revolución Sandinista. La Agencia Central de Inteligencia organizó, entrenó, financió y armó a la denominada Contra, integrada en buena medida por antiguos miembros de la Guardia Nacional somocista y otros grupos contrarrevolucionarios. Desde bases instaladas principalmente en Honduras se desarrolló una guerra de desgaste cuyo objetivo no consistía únicamente en derrotar militarmente al Ejército Popular Sandinista, sino en hacer inviable el proyecto revolucionario. Cooperativas agrícolas fueron incendiadas, maestros rurales asesinados, centros de salud atacados y poblaciones campesinas sometidas a un permanente clima de terror. Paralelamente, Estados Unidos impulsó un embargo comercial, desarrolló operaciones clandestinas de sabotaje y llegó incluso a minar los principales puertos nicaragüenses, poniendo en peligro la navegación internacional y violando normas básicas del Derecho del Mar.
En Managua nadie ignoraba la enorme desproporción de fuerzas. Nicaragua jamás podría responder militarmente a la mayor potencia del planeta. Pero precisamente esa realidad obligaba a pensar de otra manera. Daniel Ortega, coordinador de la Junta de Gobierno y posteriormente presidente de la República, comprendía que la revolución necesitaba combinar la resistencia armada con una ofensiva política internacional capaz de desenmascarar la verdadera naturaleza de la agresión estadounidense. Miguel d'Escoto compartía plenamente ese análisis. Desde la Cancillería comenzó a construir una intensa red de apoyos diplomáticos que abarcó gobiernos, movimientos de solidaridad, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades y el Movimiento de Países No Alineados. Cada viaje, cada intervención en Naciones Unidas y cada encuentro con dirigentes extranjeros perseguía un mismo objetivo: demostrar que Nicaragua no era un escenario más de la Guerra Fría, sino un pueblo cuyo derecho a decidir libremente su futuro estaba siendo violentamente atacado.
Fue en ese contexto donde comenzó a tomar forma la idea de acudir a la CIJ. La propuesta respondía a una lógica profundamente política. Si Washington aceptaba someterse al tribunal y perdía, la Revolución Sandinista obtendría una victoria moral de enorme alcance. Si rechazaba la jurisdicción de la Corte o ignoraba una eventual sentencia condenatoria, quedaría igualmente al descubierto la doble moral con la que pretendía presentarse como garante del orden internacional mientras incumplía las normas cuando afectaban a sus propios intereses estratégicos. La iniciativa fue discutida en el seno de la dirección revolucionaria y encontró respaldo porque encajaba perfectamente con la concepción internacionalista del sandinismo: la defensa de la soberanía debía librarse simultáneamente en todos los terrenos posibles, desde las trincheras militares hasta las instituciones internacionales creadas tras la Segunda Guerra Mundial.
Una vez adoptada la decisión política comenzó un trabajo tan silencioso como extraordinario. El Gobierno nicaragüense era plenamente consciente de que una demanda de semejante trascendencia no podía sostenerse únicamente sobre denuncias políticas. Era imprescindible construir un caso jurídicamente impecable. Carlos Argüello Gómez fue designado agente de Nicaragua ante la CIJ y asumió la responsabilidad de coordinar la estrategia procesal. A su alrededor se reunió un equipo de algunos de los más prestigiosos especialistas en Derecho Internacional del momento. Entre ellos figuraba el profesor británico Ian Brownlie, considerado una autoridad mundial en la materia; Abram Chayes, profesor de la Universidad de Harvard y antiguo asesor jurídico del Departamento de Estado estadounidense; y otros expertos internacionales cuya participación desmontaba el intento de presentar la demanda como una simple maniobra propagandística del Gobierno Sandinista. Aquellos juristas trabajaron junto a especialistas nicaragüenses recopilando pruebas, analizando tratados, examinando precedentes y elaborando una argumentación destinada a demostrar que Estados Unidos había violado principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, del Derecho Internacional consuetudinario y de múltiples normas aceptadas por la propia comunidad internacional.
Miguel d'Escoto seguía de cerca cada uno de aquellos pasos. No intervenía en la redacción técnica de los escritos procesales, pero comprendía que la batalla jurídica necesitaba una batalla política paralela. Mientras los abogados preparaban la demanda, el canciller multiplicaba los esfuerzos para internacionalizar el conflicto. En la Asamblea General de Naciones Unidas insistía en que Nicaragua no pedía privilegios ni un trato excepcional. Exigía simplemente que las normas internacionales fueran iguales para todos, también para quienes disponían de portaaviones, bases militares repartidas por todo el planeta y un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. En una de sus intervenciones resumió con claridad el sentido de aquella estrategia al recordar que la paz solo podía construirse sobre el respeto al derecho de los pueblos y no sobre la imposición de la fuerza. Esa idea, sencilla en apariencia, encerraba una profunda carga revolucionaria. Por primera vez un gobierno latinoamericano no respondía al intervencionismo estadounidense únicamente con la denuncia política, sino con una ofensiva jurídica cuidadosamente preparada que pretendía obligar al imperio a justificar sus actos ante el mundo entero.
Cuando Carlos Argüello cruzó las puertas del Palacio de la Paz aquella mañana de abril de 1984 llevaba consigo mucho más que un expediente judicial. Llevaba el esfuerzo de miles de nicaragüenses que defendían la revolución en los campos, en las escuelas, en los hospitales y en las cooperativas; llevaba el trabajo de un reducido grupo de juristas convencidos de que el Derecho Internacional todavía podía convertirse en un instrumento al servicio de los pueblos; y llevaba también la convicción política de Miguel d'Escoto Brockmann de que la diplomacia revolucionaria debía dejar de ser un simple complemento de la acción militar para convertirse en uno de los frentes decisivos de la lucha contra el imperialismo. Ninguno de ellos sabía aún que dos años después la Corte Internacional de Justicia dictaría una sentencia que pasaría a la historia como una de las mayores derrotas morales sufridas por los Estados Unidos en todo el siglo XX.
Cuando la demanda fue admitida a trámite, la Administración Reagan comprendió que el problema ya no consistía únicamente en contener a la Revolución Sandinista dentro de las fronteras de Nicaragua. A partir de ese momento tendría que responder ante la opinión pública internacional por una política exterior que hasta entonces había intentado justificar mediante el lenguaje de la seguridad hemisférica y de la lucha contra el comunismo. Washington reaccionó como cabía esperar de una potencia acostumbrada a dictar las reglas del juego y no a someterse a ellas. Sus representantes cuestionaron la competencia de la Corte Internacional de Justicia, sostuvieron que el conflicto escapaba a su jurisdicción e intentaron convertir el procedimiento en un debate político donde el Gobierno Sandinista apareciera como un simple satélite de la Unión Soviética y de Cuba. Pero el terreno elegido por Nicaragua era otro. La Corte no estaba llamada a pronunciarse sobre modelos económicos, sistemas políticos o alianzas internacionales. Debía responder a una cuestión mucho más concreta y, precisamente por ello, mucho más incómoda para la Casa Blanca: si un Estado podía organizar, financiar y dirigir acciones militares contra otro Estado soberano violando los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas.
Miguel d'Escoto insistía una y otra vez en que la revolución no acudía a La Haya movida por ninguna ilusión ingenua acerca del funcionamiento del orden internacional. Conocía demasiado bien las relaciones de poder que condicionaban a las instituciones surgidas tras la Segunda Guerra Mundial. Sabía que Estados Unidos disponía del derecho de veto en el Consejo de Seguridad y que ninguna resolución que afectara seriamente a sus intereses prosperaría en ese órgano. Sin embargo, también sabía que el prestigio moral de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia trascendía la capacidad coercitiva de los organismos internacionales. Si Nicaragua lograba demostrar jurídicamente la ilegalidad de la agresión estadounidense, la Administración Reagan quedaría despojada de la superioridad ética con la que pretendía justificar su política exterior. «No buscamos privilegios; exigimos igualdad ante el Derecho Internacional», repetía en numerosos foros, convencido de que aquella frase resumía el verdadero sentido de la batalla que estaban librando.
Mientras tanto, el trabajo desarrollado por Carlos Argüello y el equipo jurídico alcanzaba una dimensión extraordinaria. Cada documento debía resistir el escrutinio de algunos de los mejores especialistas del mundo. Cada afirmación necesitaba estar respaldada por pruebas sólidas. Informes sobre el minado de los puertos nicaragüenses, testimonios relativos a las operaciones de la Contra, documentos desclasificados, análisis jurídicos y precedentes internacionales fueron conformando un expediente cuya consistencia sorprendió incluso a muchos observadores que inicialmente contemplaban con escepticismo las posibilidades de Nicaragua. La presencia de juristas como Ian Brownlie o Abram Chayes otorgaba además una credibilidad difícilmente cuestionable. No eran propagandistas del sandinismo. Eran figuras de referencia en el Derecho Internacional que aceptaban participar porque entendían que el caso planteaba cuestiones fundamentales para el futuro de las relaciones entre los Estados.
Las audiencias celebradas en La Haya pusieron al descubierto una contradicción que perseguiría durante años a la política exterior estadounidense. El Gobierno que afirmaba defender el orden internacional basado en normas era incapaz de justificar jurídicamente muchas de las acciones desarrolladas contra Nicaragua. La Corte examinó con detalle el apoyo financiero, logístico y militar prestado a la Contra, el entrenamiento de fuerzas irregulares, las operaciones encubiertas dirigidas por la CIA y el minado de las aguas territoriales nicaragüenses. Frente al discurso político de Washington, el expediente mostraba hechos. Y frente a los hechos, el margen para la retórica era cada vez más reducido.
Cuando el 27 de junio de 1986 la CIJ hizo pública su sentencia, la noticia recorrió el mundo con una velocidad inesperada. El tribunal concluyó que los Estados Unidos habían violado el Derecho Internacional al recurrir al uso de la fuerza contra Nicaragua, al intervenir en sus asuntos internos y al incumplir obligaciones derivadas del derecho consuetudinario internacional. Ordenó el cese inmediato de esas actividades y estableció la obligación de reparar los daños ocasionados. No era una resolución ambigua ni una declaración política. Era una condena emitida por el principal órgano judicial de las Naciones Unidas contra la mayor potencia del planeta.
En Managua la noticia fue recibida como una victoria que trascendía ampliamente el terreno jurídico. Daniel Ortega declaró que la sentencia demostraba que la razón estaba del lado del pueblo nicaragüense. Miguel d'Escoto, con la serenidad que le caracterizaba, insistió en que el fallo pertenecía no solo a Nicaragua, sino a todos los pueblos que alguna vez habían sufrido la intervención de una potencia extranjera. En sus intervenciones evitó cualquier tono triunfalista. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar. La fuerza de aquella sentencia dependería, en gran medida, de la capacidad de convertirla en una referencia permanente para la comunidad internacional.
La reacción de Ronald Reagan confirmó inmediatamente los cálculos realizados dos años antes por la dirección sandinista. Estados Unidos rechazó el fallo, negó la competencia de la Corte y anunció que no cumpliría una decisión que consideraba contraria a sus intereses nacionales. Poco después bloqueó en el Consejo de Seguridad cualquier intento de ejecutar la sentencia gracias al poder de veto del que disfrutaba como miembro permanente. Aquella actitud, lejos de disminuir el impacto político del proceso, terminó reforzando la tesis defendida por Nicaragua desde el principio. El problema nunca había sido la inexistencia de normas internacionales. El problema era que las grandes potencias pretendían situarse por encima de ellas cuando les resultaban incómodas.
Miguel d'Escoto comprendió inmediatamente que la victoria debía trasladarse al escenario donde EE.UU no podía recurrir al veto: la ONU. Allí comenzó una intensa ofensiva diplomática destinada a conseguir que la comunidad internacional exigiera el cumplimiento de la sentencia. Año tras año, una mayoría abrumadora de países votó resoluciones reclamando a Washington que respetara el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Aunque aquellas resoluciones carecían de mecanismos ejecutivos, poseían un inmenso valor político. Mostraban el creciente aislamiento de la Administración Reagan y confirmaban que el relato construido por la diplomacia sandinista había conseguido romper el cerco propagandístico levantado por los grandes medios occidentales.
Aquella batalla diplomática no se libraba únicamente en los salones de Naciones Unidas. En universidades europeas, sindicatos latinoamericanos, organizaciones cristianas de base, movimientos de solidaridad y foros internacionales se discutía el significado de la sentencia. Intelectuales como Julio Cortázar, Eduardo Galeano, Gabriel García Márquez y Noam Chomsky denunciaban públicamente la agresión estadounidense. Brigadas internacionalistas seguían llegando a Nicaragua para colaborar en las campañas de alfabetización, en la construcción de viviendas, en las cooperativas agrícolas o en los programas de salud. La revolución había conseguido algo que ninguna operación militar podía garantizar: transformar su resistencia en una causa compartida por millones de personas repartidas por los cinco continentes.
No debe olvidarse que todo aquello ocurría mientras el pueblo nicaragüense continuaba soportando una guerra devastadora. La revolución seguía destinando enormes recursos a la defensa nacional mientras mantenía abiertas escuelas, hospitales y programas sociales. La Campaña Nacional de Alfabetización había reducido drásticamente el analfabetismo. La reforma agraria modificaba las estructuras tradicionales de propiedad. Miles de jóvenes participaban en tareas productivas y de organización comunitaria. Esa era la verdadera dimensión del conflicto. Estados Unidos no combatía únicamente a un gobierno. Combatía el ejemplo que representaba un pueblo decidido a demostrar que era posible construir un proyecto nacional independiente, orientado hacia la justicia social y ajeno a los dictados de Washington.
Por eso la figura de Miguel d'Escoto Brockmann adquiere hoy un relieve especial. Su fallecimiento, el pasado 8 de junio, ha privado a América Latina de uno de sus diplomáticos más coherentes y de uno de los grandes representantes de aquella generación que entendió la política internacional como una prolongación de las luchas por la emancipación de los pueblos. Sacerdote de la Teología de la Liberación, revolucionario por convicción y diplomático por responsabilidad histórica, nunca aceptó que la legalidad internacional fuera patrimonio exclusivo de los poderosos. Su paso por la Cancillería sandinista y años más tarde por la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas estuvo guiado por una misma idea: un mundo donde el Derecho solo obliga a los débiles no puede llamarse verdaderamente justo.
Treinta y un años después de la sentencia de La Haya, el expediente Nicaragua contra Estados Unidos sigue siendo una referencia imprescindible para comprender las contradicciones del sistema internacional contemporáneo. Washington jamás pagó las indemnizaciones fijadas por la Corte. El poder militar continuó imponiendo límites al poder del Derecho. Pero quienes consideran que por ello la batalla fue inútil olvidan una enseñanza esencial de la historia. Hay victorias cuyo valor no reside únicamente en sus consecuencias materiales, sino en la verdad política que consiguen establecer para las generaciones futuras. Desde el 27 de junio de 1986 quedó escrito, con la autoridad del más alto tribunal internacional, que la agresión contra Nicaragua había sido ilegal. Ningún veto, ninguna campaña de propaganda y ningún manual de historia escrito al dictado de los vencedores podrá borrar ese hecho.
Quizá esa sea la mayor herencia de Miguel d'Escoto Brockmann y de la Revolución Sandinista. Enseñaron al mundo que un pueblo pequeño puede carecer de portaaviones, de misiles y de inmensos recursos económicos, pero nunca está desarmado cuando posee la dignidad suficiente para defender su soberanía. Nicaragua no llegó hasta La Haya porque dispusiera de grandes riquezas, influencia diplomática o capacidad militar para enfrentarse a los Estados Unidos. Llegó porque creyó, contra todo pronóstico, que existía un principio irrenunciable por el que merecía la pena librar todas las batallas: el derecho de un pueblo a decidir libremente su destino sin sufrir la intervención de ninguna potencia extranjera. Esa fue la verdadera victoria. Y esa es la memoria que Miguel d'Escoto nos deja como una obligación ética para las luchas del presente y del futuro.
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Por Javier Huerta
