La coalición de la derecha internacional no ha descansado en su afán de intervenir en los asuntos internos de Venezuela, mediante un plan altamente desestabilizador orquestado desde el imperio norteamericano para hacer caer el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y hacerse de las riquezas del paìs, como es sabido, especialmente del petroleo y que para ello ha usado como medio para sus planes a la derecha apátrida venezolana representada en su mayoría por la mal llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Ante los contantes ataques contra el país el ejecuto Nacional dejó clara su posición y repudió las declaraciones del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), Michael Pompeo, y denunció ante la comunidad internacional las agresiones sistemáticas del Gobierno deEstados Unidos (EEUU) contra la soberanía nacional.
La Cancillería venezolana Mediante un comunicado oficial, precisó que diversas acciones se han levantado contra la Patria de Bolívar, entre ellas: la campaña de operaciones de inteligencia, conducidas al más alto nivel, para derrocar el Gobierno constitucional del Presidente de esta nación suramericana, Nicolás Maduro Moros, así como el financiamiento y soporte logístico de las autoridades de EEUU de América a la oposición nacional como parte integral de sus esfuerzos desestabilizadores.
A continuación el texto completo del comunicado:
La República Bolivariana de Venezuela repudia categóricamente las declaraciones del Director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos de Norteamérica, Michael Pompeo, y denuncia ante la comunidad internacional las agresiones sistemáticas de los EE.UU contra Venezuela:
1. La campaña de operaciones de inteligencia, conducidas al más alto nivel, para derrocar el gobierno constitucional del Presidente Nicolás Maduro Moros, incluida la coordinación con los gobiernos de Colombia y México para lograr una transición en Venezuela, lo cual se corresponde con las acciones que los gobiernos de estos países han venido liderando a nivel regional.
2. El financiamiento y soporte logístico de los Estados Unidos de América a la oposición venezolana como parte integral de sus esfuerzos desestabilizadores de la democracia en Venezuela, y de promoción de la violencia con fines políticos.
3. La promulgación y renovación de la Orden Ejecutiva que considera a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los EE.UU y a su política exterior.
4. La imposición de medidas coercitivas unilaterales e ilegales contra altos funcionarios del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, incluido su Vicepresidente Ejecutivo, ministros, y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el objeto de someter al Estado venezolano a los designios imperiales estadounidenses.
5. Que desde el inicio de la actual administración estadounidense ha llevado a cabo más de 105 acciones intervencionistas y hostiles, liderando los esfuerzos de intervención que se adelantan desde la Organización de Estados Americanos (OEA), en franca violación del derecho internacional, y amenazando con la adopción de “severas y rápidas acciones económicas” contra toda la población venezolana. Estas sanciones colectivas son del más claro corte imperial, y lesivas gravemente del derecho internacional.
La República Bolivariana de Venezuela exige las inmediatas y debidas excusas de la administración estadounidense, y alerta a la comunidad internacional de la amenaza cierta sobre nuestro país, considerando el terrible historial de esta agencia de inteligencia en la vulneración de la soberanía de países independientes, la afectación y sufrimiento a poblaciones enteras y la desintegración territorial de países no alineados con los intereses imperiales.
La República Bolivariana de Venezuela informa que denunciará a través de los canales diplomáticos correspondientes, al gobierno de los EE.UU, de Colombia y de México, ante la CELAC, la UNASUR, la AEC y ante el Movimiento de Países No Alineados, como nos corresponde como Patria libre e independiente. Este domingo 30 de julio el pueblo de Venezuela acudirá a las urnas pacíficamente a expresar su voluntad soberana mediante el voto universal, directo y secreto en fiesta democrática y en ejercicio de su soberanía directa para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente.
Las malas prácticas y la corrupción en el Ministerio del Interior a partir de las grabaciones entre el ministro Jorge Fernández Díaz y Daniel de Alfonso que reveló el diario Público en junio de 2016. Con testimonio en exclusiva de dos comisarios y un sargento de la guardia civil, desvela una red de intereses y corruptelas que va más allá de la persecución a los enemigos políticos, que configura una trama de favoritismos y corruptelas que implica a policías, jueces, fiscales y empresarios: una estructura dentro del estado que ofrece sus servicios a los más poderosos. El documental repasa también las malas prácticas en el Ministerio del Interior desde el inicio de la transición.
Un 19 de Julio, hace ya 38 años, el hermano pueblo de Nicaragua protagonizó uno de los momentos más importantes de su historia y de América Latina. Una incontenible insurrección popular, con la bandera rojinegra del FSLN a la vanguardia, puso fin a 50 años de cruel dictadura Somocista.
Aquel triunfo revolucionario no significó sólo el derrocamiento del tirano Anastacio Somoza. Fue mucho más allá que sólo eso. Implicó, sobre todo, la caída de un modelo de Estado capitalista y neoliberal, que había sembrado dolor e injusticias a lo largo de cinco tormentosas décadas, Significó la pérdida del poder para una burguesía que nunca entendió que, si no cedían en el disfrute de sus privilegios, el pueblo mismo se los arrebataría, tal y como ocurrió. E implicó, entonces, el ascenso al poder para el propio pueblo y sus legítimas organizaciones. Se volvió realidad la estrofa del himno sandinista, en la cual, con hidalguía, se afirma que:
“…nuestro pueblo es el dueño de su historia, arquitecto de su liberación…”
Esta gesta es el triunfo de muchas generaciones de nicaragüenses, el triunfo definitivo del sueño de libertad de Augusto Cesar Sandino y Carlos Fonseca Amador -ambos cristalizan la lucha del pueblo nicaragüense-, la lucha de esa Nicaragua de los héroes y mártires, y la de todos y todas aquellas que lucharon y estuvieron dispuestos a dar la vida por una Nicaragua libre, la Nicaragua de las nuevas generaciones de hombres y mujeres revolucionarias Sandinistas que hoy transitan los caminos de la causa roja y negra.
Desde el Comité Europeo de Solidaridad con la Revolución Popular Sandinista manifestamos que:
1- Nos unimos a esta fiesta del Pueblo Nicaragüense porque su lucha sigue siendo una antorcha encendida que ilumina a otros pueblos del Mundo, que hoy viven bajo el yugo imperialista en todas sus formas, pueblos que ansían la conquista de la libertad, la justicia social y la plena independencia de las garras del capitalismo.
2- Reconocemos el papel histórico y vigente del pueblo Nicaragüense y los grandes avances que este pueblo ha tenido en esta Segunda Fase de la Revolución con la implementación de los programas sociales que impulsa el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de los cuales hemos visto un resurgir económico, social y político, con cifras reconocidas por los organismos internacionales, Nicaragua a reducido la pobreza y la desigualdad social con programas alimenticios, de viviendas dignas, de educación preescolar, primaria y secundaria, de micro-créditos, de entrega de títulos de propiedad, de fortalecimiento y apoyo agrícola.
3- Celebramos que Nicaragua sigue consolidando su Modelo de Fé, Familia y Comunidad con la Dignidad y la altura propias su Aprendizajes y de un Liderazgo Hábil, Eficaz, Experimentado, Sabio y Prudente. Nicaragua seguirá promoviendo el Trabajo, el Bienestar, y la Paz. Estamos seguros que Nicaragua seguirá forjando Alianzas positivas e inteligentes, que procuren Unidad por el Bien Común .
4- Manifestamos nuestros respaldo incondicional al pueblo de Nicaragua y su lucha contra los nuevos ataques y pretensiones irracional, inoportuna e improcedente de EEUU y rechazamos categóricamente el « NICA ACT » como una nueva injerencia de su parte hacia Nicaragua, por tanto exigimos el respeto de Nicaragua como país independiente y soberano quien se rige por su Constitución.
Son nuevos tiempos, tiempos de Victorias, son tiempos de Paz, amor y de seguir construyendo sueños.
¡Viva el 38 aniversario de La Revolución Popular Sandinista!!
¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional!
¡Viva el Comandante Daniel Ortega y la Cra. Vice - presidenta Rosario Murillo!
¡Viva la Solidaridad Internacional entre los Pueblos!
Michael Moore, en Trumpland’ es un documental dirigido por el ganador de Oscar Michael Moore. En esta película documental, Moore se adentra en Ohio (uno de los estados más republicanos) para intentar abrir los ojos a todos aquellos que se están replanteando votar a Donald Trump. Durante uno de sus monólogos, habla de los peligros de una presidencia de Trump. Michael Moore, que nos ha traído antes ‘¿Qué invadimos ahora?’ o ‘Fahrenheit 9/11’, intenta explicar como las aspiraciones que tiene Donald Trump son completamente reales y además ponen en peligro el futuro de los Estados Unidos de América. Durante un divertido espectáculo que el mismo protagoniza, Moore intentará que se den cuenta de que Hillary Clinton es mucha mejor opción.
La mañana del 9 de abril de 1984, el Palacio de la Paz de La Haya no era consciente de que iba a convertirse en el escenario de uno de los mayores desafíos políticos que jamás hubiera recibido la primera potencia militar del planeta. Mientras funcionarios y diplomáticos recorrían con la rutina habitual los pasillos de la Corte Internacional de Justicia, una delegación de la pequeña Nicaragua revolucionaria depositaba una demanda contra los Estados Unidos de América. No era un gesto simbólico ni una operación propagandística. Era la decisión de un pueblo pobre, asediado por una guerra organizada desde el exterior, de exigir responsabilidades al país más poderoso del mundo por violar el Derecho Internacional. Aquel día, por primera vez en la historia contemporánea, el imperio era llamado a responder ante un tribunal internacional por su política de agresión contra un país latinoamericano. La imagen encerraba una enorme carga política: un Estado que apenas cinco años antes había derrotado a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, heredando un país devastado por más de cuatro décadas de corrupción, dependencia y violencia, decidía enfrentarse no con bombarderos ni con divisiones blindadas, sino con argumentos jurídicos, con pruebas documentales y con la autoridad moral que otorga la defensa de la soberanía nacional.
En Washington la noticia fue recibida con una mezcla de irritación y desprecio. La Administración Reagan no concebía que un pequeño país centroamericano pudiera cuestionar públicamente la legitimidad de su política exterior. Durante décadas había sido Estados Unidos quien denunciaba a otros gobiernos, quien señalaba a los supuestos infractores del orden internacional y quien se arrogaba el derecho de decidir qué conflictos merecían la atención de la comunidad internacional. Ahora era él quien aparecía sentado, aunque tratara de evitarlo, en el banquillo de los acusados. No existía precedente semejante. Más allá del desenlace jurídico, Nicaragua había conseguido alterar el terreno de la confrontación. La guerra dejaba de librarse exclusivamente en las montañas de Jinotega, Matagalpa o Nueva Segovia para trasladarse también a los salones donde se discutía el sentido mismo del Derecho Internacional.
Aquella decisión no había nacido de la improvisación. Detrás de la demanda existían meses de trabajo político, jurídico y diplomático, y detrás de ese esfuerzo colectivo sobresalía una figura cuya desaparición, ocurrida apenas unas semanas antes de escribir estas líneas, obliga a revisar con serenidad su verdadero legado histórico. Miguel d'Escoto Brockmann no fue simplemente el canciller de la Revolución Sandinista. Fue el principal arquitecto de una diplomacia revolucionaria que comprendió que la defensa de Nicaragua no podía limitarse al terreno militar. Diversos testimonios y reconocimientos posteriores, entre ellos los realizados por instituciones académicas nicaragüenses y por protagonistas directos del proceso, coinciden en señalarlo como el gran promotor político de la decisión de acudir a la Corte Internacional de Justicia. No fue él quien redactó los argumentos jurídicos ni quien compareció como agente ante el tribunal, pero entendió antes que muchos que el imperialismo debía ser combatido también en el terreno donde menos cómodo se sentía: el de la legalidad internacional.
Cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional entró victorioso en Managua el 19 de julio de 1979 heredó mucho más que un Estado arruinado. Recibió una estructura económica dependiente, unas instituciones prácticamente inexistentes y una sociedad marcada por enormes desigualdades. La revolución no tardó en poner en marcha una de las campañas de alfabetización más extraordinarias de la historia latinoamericana, impulsó una profunda reforma agraria, amplió el acceso a la sanidad pública y comenzó a construir un modelo de participación popular desconocido hasta entonces en Nicaragua. Aquellas transformaciones despertaron un entusiasmo inmenso entre los sectores populares, pero también activaron todas las alarmas en Washington. Para la Administración estadounidense no era aceptable que un proceso revolucionario consolidara un proyecto independiente en el corazón de Centroamérica. La experiencia cubana seguía siendo una herida abierta en la estrategia hemisférica norteamericana y la posibilidad de una segunda revolución victoriosa resultaba intolerable para quienes seguían considerando América Latina como su área exclusiva de influencia.
Con la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca en enero de 1981, esa hostilidad adquirió una dimensión mucho más agresiva. Bajo el lenguaje de la lucha contra el comunismo y la defensa de la democracia se articuló una compleja operación destinada a destruir la Revolución Sandinista. La Agencia Central de Inteligencia organizó, entrenó, financió y armó a la denominada Contra, integrada en buena medida por antiguos miembros de la Guardia Nacional somocista y otros grupos contrarrevolucionarios. Desde bases instaladas principalmente en Honduras se desarrolló una guerra de desgaste cuyo objetivo no consistía únicamente en derrotar militarmente al Ejército Popular Sandinista, sino en hacer inviable el proyecto revolucionario. Cooperativas agrícolas fueron incendiadas, maestros rurales asesinados, centros de salud atacados y poblaciones campesinas sometidas a un permanente clima de terror. Paralelamente, Estados Unidos impulsó un embargo comercial, desarrolló operaciones clandestinas de sabotaje y llegó incluso a minar los principales puertos nicaragüenses, poniendo en peligro la navegación internacional y violando normas básicas del Derecho del Mar.
En Managua nadie ignoraba la enorme desproporción de fuerzas. Nicaragua jamás podría responder militarmente a la mayor potencia del planeta. Pero precisamente esa realidad obligaba a pensar de otra manera. Daniel Ortega, coordinador de la Junta de Gobierno y posteriormente presidente de la República, comprendía que la revolución necesitaba combinar la resistencia armada con una ofensiva política internacional capaz de desenmascarar la verdadera naturaleza de la agresión estadounidense. Miguel d'Escoto compartía plenamente ese análisis. Desde la Cancillería comenzó a construir una intensa red de apoyos diplomáticos que abarcó gobiernos, movimientos de solidaridad, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades y el Movimiento de Países No Alineados. Cada viaje, cada intervención en Naciones Unidas y cada encuentro con dirigentes extranjeros perseguía un mismo objetivo: demostrar que Nicaragua no era un escenario más de la Guerra Fría, sino un pueblo cuyo derecho a decidir libremente su futuro estaba siendo violentamente atacado.
Fue en ese contexto donde comenzó a tomar forma la idea de acudir a la CIJ. La propuesta respondía a una lógica profundamente política. Si Washington aceptaba someterse al tribunal y perdía, la Revolución Sandinista obtendría una victoria moral de enorme alcance. Si rechazaba la jurisdicción de la Corte o ignoraba una eventual sentencia condenatoria, quedaría igualmente al descubierto la doble moral con la que pretendía presentarse como garante del orden internacional mientras incumplía las normas cuando afectaban a sus propios intereses estratégicos. La iniciativa fue discutida en el seno de la dirección revolucionaria y encontró respaldo porque encajaba perfectamente con la concepción internacionalista del sandinismo: la defensa de la soberanía debía librarse simultáneamente en todos los terrenos posibles, desde las trincheras militares hasta las instituciones internacionales creadas tras la Segunda Guerra Mundial.
Una vez adoptada la decisión política comenzó un trabajo tan silencioso como extraordinario. El Gobierno nicaragüense era plenamente consciente de que una demanda de semejante trascendencia no podía sostenerse únicamente sobre denuncias políticas. Era imprescindible construir un caso jurídicamente impecable. Carlos Argüello Gómez fue designado agente de Nicaragua ante la CIJ y asumió la responsabilidad de coordinar la estrategia procesal. A su alrededor se reunió un equipo de algunos de los más prestigiosos especialistas en Derecho Internacional del momento. Entre ellos figuraba el profesor británico Ian Brownlie, considerado una autoridad mundial en la materia; Abram Chayes, profesor de la Universidad de Harvard y antiguo asesor jurídico del Departamento de Estado estadounidense; y otros expertos internacionales cuya participación desmontaba el intento de presentar la demanda como una simple maniobra propagandística del Gobierno Sandinista. Aquellos juristas trabajaron junto a especialistas nicaragüenses recopilando pruebas, analizando tratados, examinando precedentes y elaborando una argumentación destinada a demostrar que Estados Unidos había violado principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, del Derecho Internacional consuetudinario y de múltiples normas aceptadas por la propia comunidad internacional.
Miguel d'Escoto seguía de cerca cada uno de aquellos pasos. No intervenía en la redacción técnica de los escritos procesales, pero comprendía que la batalla jurídica necesitaba una batalla política paralela. Mientras los abogados preparaban la demanda, el canciller multiplicaba los esfuerzos para internacionalizar el conflicto. En la Asamblea General de Naciones Unidas insistía en que Nicaragua no pedía privilegios ni un trato excepcional. Exigía simplemente que las normas internacionales fueran iguales para todos, también para quienes disponían de portaaviones, bases militares repartidas por todo el planeta y un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. En una de sus intervenciones resumió con claridad el sentido de aquella estrategia al recordar que la paz solo podía construirse sobre el respeto al derecho de los pueblos y no sobre la imposición de la fuerza. Esa idea, sencilla en apariencia, encerraba una profunda carga revolucionaria. Por primera vez un gobierno latinoamericano no respondía al intervencionismo estadounidense únicamente con la denuncia política, sino con una ofensiva jurídica cuidadosamente preparada que pretendía obligar al imperio a justificar sus actos ante el mundo entero.
Cuando Carlos Argüello cruzó las puertas del Palacio de la Paz aquella mañana de abril de 1984 llevaba consigo mucho más que un expediente judicial. Llevaba el esfuerzo de miles de nicaragüenses que defendían la revolución en los campos, en las escuelas, en los hospitales y en las cooperativas; llevaba el trabajo de un reducido grupo de juristas convencidos de que el Derecho Internacional todavía podía convertirse en un instrumento al servicio de los pueblos; y llevaba también la convicción política de Miguel d'Escoto Brockmann de que la diplomacia revolucionaria debía dejar de ser un simple complemento de la acción militar para convertirse en uno de los frentes decisivos de la lucha contra el imperialismo. Ninguno de ellos sabía aún que dos años después la Corte Internacional de Justicia dictaría una sentencia que pasaría a la historia como una de las mayores derrotas morales sufridas por los Estados Unidos en todo el siglo XX.
Cuando la demanda fue admitida a trámite, la Administración Reagan comprendió que el problema ya no consistía únicamente en contener a la Revolución Sandinista dentro de las fronteras de Nicaragua. A partir de ese momento tendría que responder ante la opinión pública internacional por una política exterior que hasta entonces había intentado justificar mediante el lenguaje de la seguridad hemisférica y de la lucha contra el comunismo. Washington reaccionó como cabía esperar de una potencia acostumbrada a dictar las reglas del juego y no a someterse a ellas. Sus representantes cuestionaron la competencia de la Corte Internacional de Justicia, sostuvieron que el conflicto escapaba a su jurisdicción e intentaron convertir el procedimiento en un debate político donde el Gobierno Sandinista apareciera como un simple satélite de la Unión Soviética y de Cuba. Pero el terreno elegido por Nicaragua era otro. La Corte no estaba llamada a pronunciarse sobre modelos económicos, sistemas políticos o alianzas internacionales. Debía responder a una cuestión mucho más concreta y, precisamente por ello, mucho más incómoda para la Casa Blanca: si un Estado podía organizar, financiar y dirigir acciones militares contra otro Estado soberano violando los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas.
Miguel d'Escoto insistía una y otra vez en que la revolución no acudía a La Haya movida por ninguna ilusión ingenua acerca del funcionamiento del orden internacional. Conocía demasiado bien las relaciones de poder que condicionaban a las instituciones surgidas tras la Segunda Guerra Mundial. Sabía que Estados Unidos disponía del derecho de veto en el Consejo de Seguridad y que ninguna resolución que afectara seriamente a sus intereses prosperaría en ese órgano. Sin embargo, también sabía que el prestigio moral de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia trascendía la capacidad coercitiva de los organismos internacionales. Si Nicaragua lograba demostrar jurídicamente la ilegalidad de la agresión estadounidense, la Administración Reagan quedaría despojada de la superioridad ética con la que pretendía justificar su política exterior. «No buscamos privilegios; exigimos igualdad ante el Derecho Internacional», repetía en numerosos foros, convencido de que aquella frase resumía el verdadero sentido de la batalla que estaban librando.
Mientras tanto, el trabajo desarrollado por Carlos Argüello y el equipo jurídico alcanzaba una dimensión extraordinaria. Cada documento debía resistir el escrutinio de algunos de los mejores especialistas del mundo. Cada afirmación necesitaba estar respaldada por pruebas sólidas. Informes sobre el minado de los puertos nicaragüenses, testimonios relativos a las operaciones de la Contra, documentos desclasificados, análisis jurídicos y precedentes internacionales fueron conformando un expediente cuya consistencia sorprendió incluso a muchos observadores que inicialmente contemplaban con escepticismo las posibilidades de Nicaragua. La presencia de juristas como Ian Brownlie o Abram Chayes otorgaba además una credibilidad difícilmente cuestionable. No eran propagandistas del sandinismo. Eran figuras de referencia en el Derecho Internacional que aceptaban participar porque entendían que el caso planteaba cuestiones fundamentales para el futuro de las relaciones entre los Estados.
Las audiencias celebradas en La Haya pusieron al descubierto una contradicción que perseguiría durante años a la política exterior estadounidense. El Gobierno que afirmaba defender el orden internacional basado en normas era incapaz de justificar jurídicamente muchas de las acciones desarrolladas contra Nicaragua. La Corte examinó con detalle el apoyo financiero, logístico y militar prestado a la Contra, el entrenamiento de fuerzas irregulares, las operaciones encubiertas dirigidas por la CIA y el minado de las aguas territoriales nicaragüenses. Frente al discurso político de Washington, el expediente mostraba hechos. Y frente a los hechos, el margen para la retórica era cada vez más reducido.
Cuando el 27 de junio de 1986 la CIJ hizo pública su sentencia, la noticia recorrió el mundo con una velocidad inesperada. El tribunal concluyó que los Estados Unidos habían violado el Derecho Internacional al recurrir al uso de la fuerza contra Nicaragua, al intervenir en sus asuntos internos y al incumplir obligaciones derivadas del derecho consuetudinario internacional. Ordenó el cese inmediato de esas actividades y estableció la obligación de reparar los daños ocasionados. No era una resolución ambigua ni una declaración política. Era una condena emitida por el principal órgano judicial de las Naciones Unidas contra la mayor potencia del planeta.
En Managua la noticia fue recibida como una victoria que trascendía ampliamente el terreno jurídico. Daniel Ortega declaró que la sentencia demostraba que la razón estaba del lado del pueblo nicaragüense. Miguel d'Escoto, con la serenidad que le caracterizaba, insistió en que el fallo pertenecía no solo a Nicaragua, sino a todos los pueblos que alguna vez habían sufrido la intervención de una potencia extranjera. En sus intervenciones evitó cualquier tono triunfalista. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar. La fuerza de aquella sentencia dependería, en gran medida, de la capacidad de convertirla en una referencia permanente para la comunidad internacional.
La reacción de Ronald Reagan confirmó inmediatamente los cálculos realizados dos años antes por la dirección sandinista. Estados Unidos rechazó el fallo, negó la competencia de la Corte y anunció que no cumpliría una decisión que consideraba contraria a sus intereses nacionales. Poco después bloqueó en el Consejo de Seguridad cualquier intento de ejecutar la sentencia gracias al poder de veto del que disfrutaba como miembro permanente. Aquella actitud, lejos de disminuir el impacto político del proceso, terminó reforzando la tesis defendida por Nicaragua desde el principio. El problema nunca había sido la inexistencia de normas internacionales. El problema era que las grandes potencias pretendían situarse por encima de ellas cuando les resultaban incómodas.
Miguel d'Escoto comprendió inmediatamente que la victoria debía trasladarse al escenario donde EE.UU no podía recurrir al veto: la ONU. Allí comenzó una intensa ofensiva diplomática destinada a conseguir que la comunidad internacional exigiera el cumplimiento de la sentencia. Año tras año, una mayoría abrumadora de países votó resoluciones reclamando a Washington que respetara el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Aunque aquellas resoluciones carecían de mecanismos ejecutivos, poseían un inmenso valor político. Mostraban el creciente aislamiento de la Administración Reagan y confirmaban que el relato construido por la diplomacia sandinista había conseguido romper el cerco propagandístico levantado por los grandes medios occidentales.
Aquella batalla diplomática no se libraba únicamente en los salones de Naciones Unidas. En universidades europeas, sindicatos latinoamericanos, organizaciones cristianas de base, movimientos de solidaridad y foros internacionales se discutía el significado de la sentencia. Intelectuales como Julio Cortázar, Eduardo Galeano, Gabriel García Márquez y Noam Chomsky denunciaban públicamente la agresión estadounidense. Brigadas internacionalistas seguían llegando a Nicaragua para colaborar en las campañas de alfabetización, en la construcción de viviendas, en las cooperativas agrícolas o en los programas de salud. La revolución había conseguido algo que ninguna operación militar podía garantizar: transformar su resistencia en una causa compartida por millones de personas repartidas por los cinco continentes.
No debe olvidarse que todo aquello ocurría mientras el pueblo nicaragüense continuaba soportando una guerra devastadora. La revolución seguía destinando enormes recursos a la defensa nacional mientras mantenía abiertas escuelas, hospitales y programas sociales. La Campaña Nacional de Alfabetización había reducido drásticamente el analfabetismo. La reforma agraria modificaba las estructuras tradicionales de propiedad. Miles de jóvenes participaban en tareas productivas y de organización comunitaria. Esa era la verdadera dimensión del conflicto. Estados Unidos no combatía únicamente a un gobierno. Combatía el ejemplo que representaba un pueblo decidido a demostrar que era posible construir un proyecto nacional independiente, orientado hacia la justicia social y ajeno a los dictados de Washington.
Por eso la figura de Miguel d'Escoto Brockmann adquiere hoy un relieve especial. Su fallecimiento, el pasado 8 de junio, ha privado a América Latina de uno de sus diplomáticos más coherentes y de uno de los grandes representantes de aquella generación que entendió la política internacional como una prolongación de las luchas por la emancipación de los pueblos. Sacerdote de la Teología de la Liberación, revolucionario por convicción y diplomático por responsabilidad histórica, nunca aceptó que la legalidad internacional fuera patrimonio exclusivo de los poderosos. Su paso por la Cancillería sandinista y años más tarde por la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas estuvo guiado por una misma idea: un mundo donde el Derecho solo obliga a los débiles no puede llamarse verdaderamente justo.
Treinta y un años después de la sentencia de La Haya, el expediente Nicaragua contra Estados Unidos sigue siendo una referencia imprescindible para comprender las contradicciones del sistema internacional contemporáneo. Washington jamás pagó las indemnizaciones fijadas por la Corte. El poder militar continuó imponiendo límites al poder del Derecho. Pero quienes consideran que por ello la batalla fue inútil olvidan una enseñanza esencial de la historia. Hay victorias cuyo valor no reside únicamente en sus consecuencias materiales, sino en la verdad política que consiguen establecer para las generaciones futuras. Desde el 27 de junio de 1986 quedó escrito, con la autoridad del más alto tribunal internacional, que la agresión contra Nicaragua había sido ilegal. Ningún veto, ninguna campaña de propaganda y ningún manual de historia escrito al dictado de los vencedores podrá borrar ese hecho.
Quizá esa sea la mayor herencia de Miguel d'Escoto Brockmann y de la Revolución Sandinista. Enseñaron al mundo que un pueblo pequeño puede carecer de portaaviones, de misiles y de inmensos recursos económicos, pero nunca está desarmado cuando posee la dignidad suficiente para defender su soberanía. Nicaragua no llegó hasta La Haya porque dispusiera de grandes riquezas, influencia diplomática o capacidad militar para enfrentarse a los Estados Unidos. Llegó porque creyó, contra todo pronóstico, que existía un principio irrenunciable por el que merecía la pena librar todas las batallas: el derecho de un pueblo a decidir libremente su destino sin sufrir la intervención de ninguna potencia extranjera. Esa fue la verdadera victoria. Y esa es la memoria que Miguel d'Escoto nos deja como una obligación ética para las luchas del presente y del futuro.
Los detenidos en actos violentos en Caracas confesaron que fueron pagados por dirigentes de Primero Justicia, el partido de Henrique Capriles. El Gobierno presentó las pruebas autorizadas por el Ministerio Público.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este domingo que los organismos de seguridad del Estado poseen pruebas y evidencias que vinculan a la dirigencia opositora con actos vandálicos y de violencia para generar caos y desestabilización.
“Presento las pruebas autorizadas por la Fiscalía y el Ministerio Público, son solo algunas. Habrá Justicia. No hicieron más daño porque no tiene con qué, y porque no se los permitimos", señaló el jefe de Estado, quien mostró un video de un joven detenido a quien le pagaron 300 mil bolívares para destruir la sede de la Magistratura.
Guido Rodríguez, uno de los jóvenes que encabezó el ataque a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en Chacao, estado Miranda (centro) el 8 de abril de 2017, declaró frente a un funcionario del Ministerio Público que los hermanos "morochos" José y Alejandro Sánchez (dirigentes juveniles del partido Primero Justicia en el municipio Libertador) le pagaron para causar los hechos vandálicos.
Asimismo, las personas detenidas declararon que los hechos de violencia se prepararon a principios de marzo en la sede del partido opositor Primero Justicia, cuyo propósito es crear un escenario propicio para una intervención militar.
"Estas son pruebas fehacientes, ya están los testimonios y más evidencias que iremos presentando durante los próximos días", aseguró Maduro durante una reunión de trabajo con el Gabinete Ministerial en el Palacio de Miraflores (sede del Gobierno).
Durante su alocución, informó además que el costo del vandalismo contra instituciones públicas ha sido de 50 mil millones de bolívares. Los ataques se dieron contra sedes de la red de Mercados de Alimentos (Mercal), una clínica móvil de la Misión Nevado (programa público dedicado a la atención a mascotas, única en su tipo en el país), vehículos de aseo urbano, instituciones educativas y unidades de transporte público.
No es la primera vez que las marchas convocadas por la oposición culminan en hechos violentos. Lo mismo ocurrió en el año 2014 cuando se activó el plan La Salida y fueron atacadas sedes de instituciones gubernamentales.
Maduro enfatizó que la unión del pueblo en defensa de la paz y a la Revolución Bolivariana es el escudo ante los planes violentos y golpistas de la derecha. En este sentido, anunció una gran jornada miliciana en defensa de la paz del país que arrancará el lunes a primera hora.
Reiteró la disposición de su Gobierno para establecer un diálogo con los actores políticos, para garantizar la paz y el desarrollo económico del país.
Los y las abajo firmantes, intelectuales, artistas, defensores de DDHH, comunicadores y referentes políticos y gremiales del mundo entero, manifestamos nuestra más plena solidaridad con el pueblo argentino, que enfrenta las políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri.
En apenas quince meses, Macri impulsó miles de despidos tanto en la esfera pública como privada, devaluó la moneda, quitó derechos laborales con la nueva ley de ART, avanzó sobre los jubilados y sus medicamentos gratuitos, y trató de poner tope a los reclamos salariales ante una inflación que no cede. La profunda caída de la actividad económica, particularmente la industria, se evidencia en una creciente pauperización social: hay en Argentina un millón y medio de pobres nuevos desde el inicio de mandato de Macri, lo que demuestra en cifras la gravedad de la situación.
Durante estos meses, además, Argentina tuvo relevancia internacional por diversos casos de corrupción por los que están siendo investigados el presidente y su entorno: Panamá Papers, Odebrecht, Avianca, Correo Argentino, entre otros. A esto se le suma el injusto encarcelamiento de la dirigente social Milagro Sala en la provincia de Jujuy, hecho que ameritó que diversas organizaciones internacionales (ONU, Parlasur, OEA, Amnesty, entre otras) calificaran como “arbitraria” la detención, pidiendo la inmediata liberación de la parlamentaria del Mercosur.
Manifestamos, asimismo, nuestra más plena solidaridad con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que sufre un embate judicial-comunicacional cada vez más pronunciado, lo que termina de conformar un cuadro de grave agresión a la democracia.
Contra los abusos del gobierno de Macri, decimos: el mundo está con Argentina
Adhesiones a: argentinaredh@gmail.com Primeras firmas: Noam Chomsky (Filósofo, EEUU); István Mészáros (Filófoso. Universidad de Sussex, Inglaterra); Danny Glover (Actor, EEUU); Roberto Fernández Retamar (Presidente Casa de las Américas, Cuba); Domenico Losurdo (Filósofo, Italia); Atilio Boron (REDH Argentina); Piedad Córdoba (Poder Ciudadano, Colombia); Emir Sader (Periodista, Brasil); Miguel d’Escoto Brockmann (ex Canciller Nicaragua); Paulo Pimenta (Diputado PT, Brasil); Roy Chaderton Matos (Diplomático, Venezuela); Carmen Bohórquez (REDH Venezuela); Ángel Guerra (REDH México); Fernando Buen Abad (Filósofo México); Gilberto López y Rivas (La Jornada, México); Stella Calloni (Periodista, Argentina); Luis Britto García (Escritor, Venezuela); Alfredo Serrano Mancilla (Director CELAG); Juliana Marino (Ex Embajadora de Arg en Cuba); Telma Luzzani (Periodista, Argentina); Fernando Rendón (Poeta, Colombia); Katu Arkonada (REDH Bolivia); Alicia Castro (Ex Embajadora de Arg en Reino Unido); Vilma Soto Bermúdez (MINH Puerto Rico); Omar González (REDH Cuba); Gayle McLaughlin (Concejal de Richmond, California, EEUU); Hugo Urquijo (Psiquiatra, Argentina); Rosario Cardenas (Coreógrafa, Cuba); Horacio López (CCC, Argentina); Aurelio Alonso (Casa de las Américas, Cuba); Juan Manuel Karg (REDH Argentina); Paula Klachko (Undav, Argentina); Wilma Jung (Periodista, Suiza); Luis Cuello (Otra Prensa, Chile); Winston Orrillo (Premio Nacional de Cultura, Perú); Ammar Jabour (Venezuela); Volker Hermsdorf (Periodista, Alemania); Alicia Jrapko (REDH EEUU); Ricardo Canese (Parlamentario Parlasur, Paraguay); José Steinsleger (Periodista, México); Homero Saltalamacchia (UNTREF, Argentina); Márgara Millán (UNAM México); Saúl Ibargoyen (Poesta, Uruguay); Francisco José Lacayo (REDH Nicaragua); Liliana Duering (Pintora, México); Pablo Vilas (Secretario Política Internacional La Cámpora, Argentina); Bruce Franklin (Escritor, EEUU); Cristina Steffen (UAM, México); Marta de Cea (Promotora cultura, México); Luigino Bracci Roa (Comunicador, Venezuela); Pablo Imen (CCC, Argentina); Modesto López (Documentalista, México); Antonio Eduardo Soarez (Portugal); Rino Muscato (Italia); Pedro Véliz Martínez (Presidente Sociedad Cubana de Medicina, Cuba); Sofia M. Clark d’Escoto (Politóloga, Nicaragua); Jane Franklin (Historiadora, EEUU); Judith Valencia (Economista, Venezuela); Joan Brown Campbell (Ex Secretaria General de Consejo Nacional de Iglesias, EEUU); Graylan Hagler (Pastor Congregación de Iglesias Unidas de Cristo, Washington, EEUU); Luis Suárez Salazar (Instituto Superior de Relaciones Internacionales, Cuba); Gonzalo Gosalvez Sologuren (Economista, Bolivia); Arturo Corcuera (Premio Poesía Casa de las Américas, Perú); Hildebrando Pérez Grande (Premio Poesía Casa de las Américas, Perú); Iván Padilla Bravo (Periodista, Venezuela); Diana Conti (Diputada, Argentina); Jorge Barrón (Director Videoteca Barbarroja, Bolivia); Julio Escalona (Escritor, Venezuela); Chiqui Vicioso (Escritora, República Dominicana); Ariana López (REDH Cuba); Hernando Calvo Ospina (Escritor, Francia); Farruco Sesto (Profesor, Venezuela); Jorge Ángel Hernandez (Cuba); Pedro Calzadilla (Ex Ministro de Educación, Venezuela); Vicente Otta (Sociólogo, Perú); Bruno Portuguez (Pintor, Perú); Juan Cristobal (Premio Nacional de Poesía, Perú); Alirio Contreras (Escritor, Venezuela); Carlos Aznarez (Periodista, Argentina); María do Socorro Gomes Coelho (Presidente Consejo Mundial de la Paz); Jorge Drkos (Ex Senador Arg, FPV); Néstor Francia (Comunicador, Venezuela); Verónica González (Concejal Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina); Roger Landa (REDH, Venezuela); Alejandro Dausá (Teólogo, Bolivia); Liliana Franco (Diseñadora, Uruguay); Reynaldo Naranjo (Poeta, Perú); Ana María Intili (Poeta, Perú); Rosina Valcárcel (Poeta, Perú); Fanny Palacios Izquierdo (Poeta, Perú); Jorge Luis Roncal (Editor, Perú); Julio Dagnino (Educador, Perú); Feliciano Atoche (Arquitecto, Perú).
teleSUR.- Con el auspicio de las representaciones de México y Colombia, un grupo de países celebra una reunión informal al margen del consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington. El tema a discutir es la situación de Venezuela.
Evo Morales: “De nuevo OEA convertida en Ministerio de Colonias”
Cubadebate.- El presidente boliviano Evo Morales a través de su cuenta en Twitter ha denunciado las intenciones de la OEA para impedir que la nación sudamericana ejerza la presidencia del Consejo permanente de ese bloque.
“De nuevo OEA convertida en Ministerio de Colonias. Se produce un golpe institucional al impedir el ejercicio de la presidencia de Bolivia”, escribió en su cuenta de Twitter Morales, quien convalece en La Habana de una operación de laringe y regresará a su país a mediados de esta semana.
La OEA inició hoy en Washington una sesión extraordinaria sobre “los recientes eventos” en Venezuela pese a que Bolivia, que preside el Consejo Permanente, suspendió la sesión esta mañana.
Pero el embajador de Honduras, Leónidas Rosa Bautista, abrió oficialmente la reunión con la presencia de 20 países en la sala.
Finalmente se aprobó “por mayoría” una declaración que afirma que en Venezuela hay una “grave alteración inconstitucional del orden democrático”, y exige al Gobierno de Nicolás Maduro que restaure “la plena autoridad” de la Asamblea Nacional, en poder de la oposición.
El texto fue aprobado “por mayoría” (17) de los 21 Estados presentes en la sala, ya que solo se abstuvieron cuatro de ellos: República Dominicana, Bahamas, Belice y El Salvador.
Los embajadores de Bolivia y Venezuela -países aliados del bloque bolivariano- ante la OEA, interrumpieron la sesión sobre la situación venezolana, por considerar que es “ilegal” y supone “un golpe de Estado”.
El embajador de Bolivia, Diego Pary, que preside el Consejo de la OEA desde el pasado sábado, lamentó que “un país amigo” (Honduras) asuma “de manera golpista” e “ilegal” la presidencia del Consejo”, dijo que “no acepta de ninguna manera” que esa facultad le sea “usurpada” y abandonó la sala tras su intervención.
(Con información de EFE)
LA OEA Y UNA SESIÓN ILEGÍTIMA EN LA QUE SE APROBARON MÁS ATAQUES A VENEZUELA
Uno por uno los nombres de los países al servicio de Washington
Resumen Latinoamericano.- Venezuela se retira de la sesión extraordinaria de la OEA, como medida de protesta".
Se está dando un golpe de Estado al seno de la OEA, están engañando al mundo esto no tiene ningún valor", sentenció el embajador de Venezuela ante el organismo hemisférico, Samuel Moncada, luego que su par hondureño, Leónidas Rosa Bautista, asumirá la Presidencia interina del Consejo Permanente invocando el artículo 37 del reglamento, que establece que este órgano celebrará sesiones "cuando cualquier representante lo solicite por escrito" y constató que "hay quórum en la sala" para celebrarlo.
Con ese argumento 21 países de los 34 que participan en la OEA se sentaron a debatir la crisis política en Venezuela, por encima de la autoridad de Bolivia, el país, que también por el reglamento, asumió la Presidencia pro témpore del Consejo Permanente y, por ende, la capacidad de convocar y suspender sesiones.
México propone que se adopte documento presentado por Perú sin hacer votación. Documento presenta acciones injerencistas contra Venezuela.
El Salvador: Instamos al diálogo. Exhortamos al gobierno y a la oposición venezolana al diálogo.
México insiste en adoptar el texto sin votación. Chile describe la sesión como larga, curiosa, pero apegada a reglamento. Chile respalda a Honduras, que tomó la presidencia del Consejo Permanente pese a que le corresponde a Bolivia.
Chile asegura que la OEA es una organización de países que apoyan la democracia. Se hace copatrocinador del texto presentado por Perú. Chile secunda propuesta de México de no votar el texto sino que sea por aclamación.
El Salvador no acompaña el texto.
El Consejo Permanente de la OEA está sesionando en este momento. Acaban de tomar un receso de 15 minutos. Es importante destacar que Bolivia no está ejerciendo su derecho a presidir el Consejo Permanente. Hay notables ausencias en el Salón.
Consejo Permanente en la OEA está violando estatutos internos. El reglamento del Consejo Permanente dice que si no está el presidente (en este caso Bolivia), tendría que asumir el vicepresidente del Consejo (Haití). Sin embargo, el Consejo está siendo dirigido por Honduras. Dieron un receso porque no tienen quorum para tomar decisiones. Canadá se suma a la ronda de aplausos para la delegación de Chile. Pide votación y presentar una resolución más sólida para el miércoles, para sumar votos. Pide aprobar resolución con el mayor número de apoyo. Insta a trabajar en grupos pequeños para fortalecer el texto.
México solicita suspender la sesión por 5 minutos para que los copatrocinadores se reúnan. Dijo que ya se aprobó por aclamación.
Honduras da la palabra a El Salvador y dice que luego vendrá el receso de 5 minutos. El Salvador ratifica que no acompaña la resolución. Honduras dice que el receso será de 10 minutos. Comenzó el receso.
Reinicia la sesión extraordinaria con dos solicitudes de palabra.
Dominicana pide que México tome la palabra porque su respuesta dependerá de lo que proponga México insiste que no hay necesidad de votación. Pero que se pueden hacer aclaratorias a pie de pagina. Dominicana se abstiene al apoyo del documento. El Salvador pide votación nominal o asumir la propuesta de Canadá. Se abstiene de acompañar la declaración.
Bahamas se abstiene del apoyo de la resolución
Belice también se abstiene.
Texto es aprobado por consenso y se suspende la sesión. Pero pide la palabra Costa Rica.
Costa Rica pide que se respete cronograma electoral y que se liberen a los presos políticos. Denuncia restricciones de libertades en Venezuela. Ahora pide la palabra Uruguay y legitima la sesión para abordar los sucesos recientes en Venezuela. Perú pide la palabra y considera que la OEA tiene que ejercer acciones concretas en Venezuela para reestablecer el orden constitucional en ese país.
Barbados ve con buenos ojos la aprobación de la resolución y respaldó la posición expuesta por la canciller de Argentina.
Estados Unidos expresa agradecimiento a la canciller de argentina y al viceministro de Costa Rica por participar en la sesión. EEUU apoya la conducción que Honduras le dio al Consejo. EEUU agradeció a los países que aprobaron la resolución. En conversaciones con ellos vimos que hay inquietudes porque haya diálogo en Venezuela. Una clara mayoría solicitaron esta sesión. No hay un orden democrático en Venezuela. Fuerzas represivas Bolivarianas golpearon a manifestantes y a periodistas independientes. Consideramos que la resolución aprobada hoy es un buen primer paso para reestablecer el orden democrático en Venezuela. EEUU apoya la adopción por consenso de la resolución.
México asegura que era muy importante mantener la institucionalidad en la OEA y agradece la responsabilidad que asumió Honduras. México está preocupada por el deterioro de la democracia en Venezuela. México observa con preocupación la falta de la división de Poderes. México no puede permanecer indiferente. México asume una posición como lo hizo en 2002, que mantuvimos una posición en defensa del Presidente Hugo Chávez.
Brasil apoya las declaraciones emitidas en nombre del Mercosur por la canciller argentina. Abogamos por el respeto a la democracia en Venezuela. La declaración que adoptó la OEA refleja los principios de solidaridad.
Colombia comparte la postura de Uruguay que destacó la legalidad de la sesión extraordinaria. Lamentó las circunstancias acaecidas que buscaban obstaculizar la sesión. No se trata de incurrir en injerencia. Hay que preservar la democracia. Colombia acoge la resolución. Hay una evidente de alteración del orden democrático en Venezuela. Hoy se activó la carta democrática. (ATENCIÓN: Primer país que habla abiertamente de que se activó la Carta Democrática contra Venezuela)
Toma la palabra Almagro
Guatemala: No tenemos dudas de la legitimidad de este Consejo Permanente. Saludamos la presencia de la Canciller argentina y del viceministro de Costa Rica. Respetamos el principio de la no intervención pero defendemos también el principio de preservar la democracia. Hay que retomar búsquedas genuinas de diálogo.
Chile asegura que Bolivia no puede estar a cargo de la presidencia del Consejo Permanente porque antepone sus preferencias ideológicas.
Finalizó sesión extraordinaria. Finalizamos el envío de informaciones por hoy.
Chile pide aplicación de Carta Democrática contra Venezuela
De los 21 países presentes, 17 votaron a favor y cuatro se abstuvieron: República Dominicana, Bahamas, Belice y El Salvador.
Después de conocerse la resolución final, el presidente de Bolivia, Evo Morales, fue el primero en condenar el texto y la sesión en general.
"De nuevo la OEA convertida en un Ministerio de Colonias. Se produce un golpe institucional al impedir el ejercicio de la presidencia de Bolivia", denunció el mandatario desde su cuenta de Twitter.
La OEA declara "alteración inconstitucional" en Venezuela en una tensa sesión
3 abr 2017
La Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó hoy en una tensa sesión una resolución que afirma que en Venezuela hay una "grave alteración inconstitucional del orden democrático" y exige al Gobierno de Nicolás Maduro que restaure "la plena autoridad" de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
El texto no se sometió a votación, sino que fue aprobado "por consenso" al haber 23 Estados presentes en la sala y abstenerse solo cuatro de ellos: República Dominicana, Bahamas, Belice y El Salvador.
El documento, el más duro adoptado en la OEA contra Maduro, lo presentaron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, EE.UU., Jamaica, México, Panamá, Paraguay y Perú.
En el momento de la presentación y debate de la resolución no estuvieron Bolivia, Venezuela ni Nicaragua, que abandonaron la sesión tras denunciar que se trataba de una reunión "ilegal" y un "golpe de Estado institucional" al haberse celebrado pese a que Bolivia, titular de la presidencia del Consejo, la suspendió esta mañana.
Al no presidirla Bolivia, ni Haití (vicepresidente), lo hizo el embajador con más antigüedad en la OEA (después del de Bolivia), el de Honduras, Leónidas Rosa Bautista.
La resolución incorpora la posibilidad de, "en la medida que sea necesario" y en el marco de la Carta Democrática Interamericana, emprender "gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática", "incluyendo la convocatoria de una reunión a nivel ministerial".
Fuentes diplomáticas explicaron a Efe que la posibilidad de que los cancilleres se reúnan en la OEA para abordar este tema es algo que se está negociando pero para lo que todavía no hay fecha.
El texto indica que "a pesar de la reciente revisión de algunos elementos de dichas sentencias (del Supremo sobre la Asamblea Nacional), es esencial que el Gobierno de Venezuela asegure la plena restauración del orden democrático".
De esa manera, los firmantes instan a Venezuela a "actuar para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional", según la versión final del texto adoptada, que leyó en la sesión la embajadora de Perú, Ana Rosa Valdivieso.
En el documento, expresan "su profunda preocupación por la grave alteración inconstitucional del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela y su apoyo continuo al diálogo y a la negociación para dar lugar a una restauración pacífica del orden democrático".
Indican además que "las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela de suspender los poderes de la Asamblea Nacional y de arrogárselos a sí mismo son incompatibles con la práctica democrática y constituyen una violación del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela".
Los países se comprometen asimismo a mantenerse dispuestos "a apoyar las medidas que permitan el retorno al orden democrático a través del ejercicio efectivo de la democracia y el Estado de derecho en el marco constitucional de Venezuela".
El embajador de Venezuela, Samuel Moncada, advirtió antes de salir de la sala que cualquier cosa que fuera aprobada en esta sesión no sería tomada en cuenta por su Gobierno al considerar que la reunión es "ilegal".
Sin embargo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, consideró que con la adopción de la resolución hoy "se dio un paso importantísimo para el restablecimiento de la democracia en Venezuela".
El representante interino de EE.UU., Kevin Sullivan, indicó en declaraciones a periodistas tras la reunión que el encuentro de hoy muestra que "hay voluntad para tomar decisiones por el bien del pueblo venezolano" y remarcó que la resolución tiene el apoyo de "los países más grandes del hemisferio".
No obstante, admitió que "hay algunos países que han tenido una relación muy cercana con Venezuela y les cuesta un poco más ser parte plenamente de estas decisiones", pero, añadió, "el nivel de preocupación es muy alto".
La adopción de la resolución culminó una de las jornadas más tensas que se recuerdan en la OEA, que se inició a primera hora de la mañana cuando Bolivia dio el paso insólito de suspender unilateralmente una sesión convocada el viernes por la presidencia del Consejo, que entonces tenía Belice, a petición de 20 países.
A la sesión acudió la canciller de Argentina, Susana Malcorra, como presidenta pro témpore del Mercosur para explicar que ese organismo declaró el sábado que en Venezuela hay una "ruptura del orden constitucional".
Está por ver si la tensión se repetirá este miércoles, para cuando hay convocado en la OEA un Consejo ordinario para que el canciller de México, Luis Videgaray, presente el tema central de la 47 Asamblea General del organismo, que se celebrará en Ciudad de México entre el 19 y el 21 de junio.
Desde la OEA se ha impuesto un plan golpista contra Venezuela
Caracas, 03 Abr. AVN.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo un llamado este lunes a fortalcer la unión nacional ante las acciones golpistas promovidas por gobiernos de la derecha en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que se convocó a una sesión sin consultar a la presidencia pre témpore, ejercida por Bolivia, lo que contraviene a la normativa interna de este organismo.
"Llamo a la unión nacional del pueblo de Venezuela para que todos rechacemos estas políticas intervencionistas que pretenden convertir la OEA en un tribunal de inquisición, de persecución, de intervencionismo contra una patria de paz, de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Llamo a la unión nacional a la movilización de todas las fuerzas patrióticas", expresó el jefe de Estado durante un Consejo de Vicepresidentes desde el Palacio de Miraflores.
Un total de 17 países miembros de la OEA apoyaron un nuevo documento injerencista contra el país, en el desarrollo de una plenaria del Consejo Permanente, realizada de forma irregular ya que Bolivia— quién asumió este lunes la presidencia pro témpore del bloque internacional —decidió suspender el encuentro por impulsar el intervencionismo.
"Jamás en los casi 70 años de existencia de la OEA nunca había ocurrido el bochorno del día de hoy, un verdadero bochorno, le dieron un golpe de Estado en la OEA a la Presidencia y Vicepresidencia del Consejo Permanente que hoy mismo había asumido el mando de la organización, (...) un golpe de Estado contra Bolivia y Haití", dijo el Mandatario en la reunión transmitida de forma conjunta por radio y televisión.
"Es un concepción golpista, de ultraje permanente, la concepción extremista se ha impuesto en los gobiernos de la derecha latinoamericana, (...) está fracasada", contra la Patria de Bolívar, añadió.
Alertó que la OEA se ha convertido "en un tribunal de inquisición antivenezolano, antibolivariano". Además mencionó que naciones de la región son amenazadas para que se respalden el intervencionismo que sostiene la derecha contra la nación, para acabar con la Revolución Bolivariana y con ello también dar al traste con los gobiernos progresistas.
"Sé que están presionados para que rompan relaciones con Venezuela, muchos gobiernos de la derecha que se dejan presionar y creen que sometiéndose al dictamen del Departamento de Estado norteamericano lograrán el perdón divino".
Ante las nuevas arremetida imperiales "aquí va estar Venezuela (...) siempre, eso sí, unida de corazón y de mente con nuestro pueblo", enfatizó el Presidente.
