Legitimidad del marco jurídico e institucional de las elecciones
Para comprender el significado histórico de las elecciones presidenciales y parlamentarias que acaban de realizarse en Nicaragua es necesario comenzar por conocer su contexto jurídico-político, que ha sido el primer blanco de los ataques de la derecha nicaragüense en su ya fallido empeño por descalificar ese proceso electoral, del que han cuestionado antes que nada, la legalidad de la candidatura presidencial del Comandante Daniel Ortega y de la investidura de los magistrados que integran el Consejo Supremo Electoral.
Para lo primero, la derecha antisandinista se basa en que la Constitución establece la prohibición de la reelección por dos períodos consecutivos. La otra prohibición constitucional, de ser electo más de dos veces en el cargo de Presidente de la República, no procede aquí porque la reforma que la estableció se hizo con posterioridad al primer período presidencial del también actual Presidente de Nicaragua, debido a lo cual en este caso, de aplicarse aplicarse esta norma se estaría violentando el principio jurídico y constitucional de irretroactividad de la ley.
La Corte Suprema de Justicia, ante un recurso interpuesto por el FSLN frente al rechazo inicial de la candidatura de Daniel Ortega por parte del Consejo Supremo Electoral en base a la primera prohibición señalada, dispuso que el artículo constitucional donde se establecen ambas prohibiciones es inaplicable, razón por la cual quedó legalizada la candidatura del actual Presidente reelecto de Nicaragua.
En reciente comparescencia ante acompañantes internacionales del proceso electoral nicaragüense, el magistrado Francisco Rosales planteaba que la inaplicabilidad de dicho artículo está basada doctrinariamente en el principio constitucional de la soberanía popular, según el cual una reforma legislativa que limite derechos constitucionales del soberano, que es el pueblo según la misma Constitución, solamente puede ser hecha directamente por éste mediante referéndum o en Asamblea Constituyente (es decir, electa con el mandato específico de hacer una nueva Constitución, debido a que tal reforma altera el cuerpo dogmático fundamental de la misma), esto tomando en cuenta que la prohibición de la reelección limita el derecho del pueblo a elegir representantes y gobernantes, y el derecho de los ciudadanos a ser elegidos para cargos públicos; y que tal prohibición no forma parte de la versión original de la Constitución elaborada en 1987, sino que fue incorporada en la reforma de 1995, la cual además, ni siquiera fue sometida a consulta con la ciudadanía, a diferencia de lo que ocurrió para la elaboración original de la Constitución en su primera versión, cuando se hicieron los llamados cabildos abiertos en los que fueron incorporados importantes aportes de las decenas de miles de ciudadanos que participaron.
La pertinencia en la aplicación del principio constitucional en el cual se basó la resolución de inaplicabilidad de las prohibiciones a la reelección, queda refrendada por el hecho de que al año siguiente de dicha reforma constitucional, en las elecciones presidenciales, parlamentarias y de autoridades locales realizadas en 1996, todos los partidos que la promovieron y cuyos diputados la aprobaron, sacaron cada uno menos del 1% de los votos. Esto sucedió porque cuando se hicieron esas reformas, los partidos de derecha con menos apoyo popular hacían mayoría en el Poder Legislativo, mientras los dos partidos mayoritarios de entonces (el FSLN, de izquierda y el PLC, de derecha) tenían una escasa presencia en dicho poder del Estado, lo cual se debía a que la mayor parte de los diputados sandinistas habían renunciado al FSLN y a que cuando los diputados de entonces fueron elegidos en 1990, aún el PLC no se había convertido en la gran fuerza política que llegaría a ser pocos años después.
El otro señalamiento de la oposición antisandinista respecto a lo que es para ella la falta de legitimidad del proceso electoral, se basa en lo que considera como ilegalidad en el ejercicio de sus cargos, por parte de los magistrados que integran el Consejo Supremo Electoral, debido a que su período expiró en fecha reciente y por tanto, ya la Asamblea Nacional debía haber electo a sus sustitutos o a ellos mismos si fuera el caso, en los cargos que actualmente ocupan. Pero fue precisamente ante la negativa de la Asamblea a elegir magistrados que el Presidente Daniel Ortega decretó la prórroga en el ejercicio de sus cargos para los actuales magistrados, haciendo uso de facultades que la Constitución le confiere en aras de salvaguardar la estabilidad del país, amenazada con la no elección de magistrados y el consiguiente caos institucional, como forma de chantaje político ejercido por la oposición (con mayoría parlamentaria en la actualidad), cuyos diputados tenían como objetivo colocar como magistrados a personas políticamente afines y a sí mismos. Y los responsables evidentes y confesos de la no elección de magistrados que les corresponde llevar a cabo, no pueden hacer reclamo alguno basado en dicha situación claramente creada por ellos, tomando en cuenta además que el decreto presidencial prorrogando los cargos de los magistrados establece claramente que dicha prórroga es válida en tanto el Poder Legislativo, tal como corresponde, elija a los nuevos magistrados o reelija a los actuales.
Sin embargo, la deslegitimación de las elecciones que la derecha pretende con estos señalamientos (infundados, tal como se acaba aquí de demostrar) queda absolutamente en nada desde el momento en que inscribe a sus candidatos ante esas autoridades cuya legitimidad cuestiona como fundamento para señalar como anómalo el proceso electoral, y al competir en dicho proceso con el candidato al que ella acusa de ilegal como fundamento también de su cuestionamiento a la legalidad de esas elecciones en las que también participa.
Otro argumento de la derecha para descalificar el proceso electoral es la acusación al FSLN de utilizar la presencia de personas que le son afines en el Poder Electoral para manipular la entrega de las cédulas que sirven para poder votar, sólo que en este caso, de ser cierta la desventaja resultante de la situación mencionada la derecha no hubiese acudido a las elecciones, pues nadie va a una competencia sabiendo de antemano que va a perder. Es fácilmente verificable el hecho por tanto innegable, de que al comparar las elecciones presidenciales actuales con las anteriores, el aumento en la cantidad de ciudadanos que acudieron a votar se corresponde proporcionalmente con los índices históricos de crecimiento poblacional en nuestro país, esto sin mencionar la extrema flexibilidad legal que existe en el uso de la cédula para el voto en Nicaragua, siendo válidas para ejercerlo incluso, las que ya están vencidas. El carácter falaz de los señalamientos de la derecha en este sentido en contra del proceso electoral, quedó al descubierto cuando se comprobó que la inmensa mayoría de quienes se manifestaban en algunas ciudades del país reclamando sus cédulas, ya las tenían.
Fiabilidad y transparencia del proceso electoral
En lo que concierne al proceso electoral en sí, en primer lugar debe señalarse que con una diferencia superior a treinta puntos porcentuales en unas elecciones donde todos los contendientes tienen fiscales al menos en la gran mayoría de los lugares donde se ejerce el voto, es imposible que se proclame vencedor al que perdió y viceversa; lo cual fue, por cierto, claramente señalado por el Jefe de Misión de la Unión Europea al ser entrevistado poco después de saberse los resultados preliminares, ocasión en la cual agregaba dicho funcionario que por tal razón en estas elecciones, bajo ninguna circunstancia cabía el tan utilizado término de fraude.
En cuanto al porcentaje obtenido por el FSLN, que le otorga mayoría calificada en la Asamblea Nacional, tal circunstancia no se vería alterada ni aún en el caso de que se aceptaran como ciertos los señalamientos concretos de irregularidades (que son muy pocos, a diferencia de las quejas al aire de quienes han presentado esos señalamientos) hechos por quienes obtuvieron el segundo lugar tanto en la elección presidencial como en las parlamentarias; a pesar de que en ningún caso han presentado pruebas, y de que entre las poquísimas impugnaciones de Juntas Receptoras de Votos que hubo en estas elecciones, no fue impugnada casi ninguna de las Juntas por ellos señaladas (en buena parte de las cuales tuvieron fiscales para hacerlo).
Un argumento muy usado en contra del proceso electoral por los que quedaron en segundo lugar ha sido la ausencia de sus fiscales en algunas JRV, en todas las cuales sin embargo quedó claro, como consta en las correspondientes Actas de Constitución, que esos fiscales no se habían presentado a la hora en que se constituyó cada una de ellas, circunstancia en la cual las normas establecidas impiden su presencia durante el resto del proceso electoral, de lo cual a quien escribe le correspondió ser testigo junto a los acompañantes internacionales invitados por el FSLN.
Otro argumento contra el proceso electoral ha sido la entrega tardía de credenciales a los fiscales del PLI (el partido que quedó en segundo lugar), pero quienes usan este argumento no dicen que dicho partido cambió los nombres de miles de sus fiscales cuando ya las elecciones estaba a punto de realizarse, obligando con ello al Consejo Supremo Electoral a hacer esfuerzos extraordinarios, en un alarde de flexibilidad, para que los nuevos fiscales nombrados pudieran ser acreditados. En todo caso, esta situación no impidió que en la inmensa mayoría de JRV hubiera fiscales del partido en cuestión debidamente acreditados, razón por la cual no puede ser motivo para cuestionar los resultados electorales.
Por su parte, el informe de los organismos internacionales acompañantes del proceso no desmiente nada de lo dicho aquí, sino que por el contrario, confirma buena parte de lo ya planteado, independientemente de la manipulación mediática a través de la cual, cuando alguno de esos organismos afirma que no hubo fraude y que los resultados electorales oficialmente proclamados son confiables, pero a la par de ello señala lo que considera como irregularidades, los medios de la derecha usan esto último como titular de la noticia correspondiente, para dar la impresión al lector (que en muchos casos sólo lee los titulares) de que el organismo está calificando como fraudulento el proceso. Pero en todo caso, la legitimidad de las elecciones no proviene de organismo internacional alguno, sino de la participación popular, las autoridades competentes y la fiscalización de los partidos, cuya inconformidad genuina se manifiesta a través de las impugnaciones, que como ya se ha dicho fueron más escasas que nunca y por tanto, a todas luces insuficientes para considerar que el proceso electoral fue fraudulento o que sus resultados son dudosos.
El no reconocimiento de su derrota por parte del PLI ya estaba anunciado, pues recuérdese que para este partido el único resultado aceptable era su triunfo. Pero el no reconocimiento del resultado de las elecciones por el PLC resulta francamente ridículo, ya que al reclamar para sí el segundo lugar y adjudicar el tercero a los que quedaron en segundo (lo cual es ya de por sí descabellado debido a la diferencia abismal entre el 5.91% del PLC y el 31% del PLI), este partido está reconociendo tácitamente que el primer lugar corresponde al FSLN.
Por lo demás, sería verdaderamente extraño que además de haber fraude en las elecciones, todas las firmas encuestadoras se hubieran equivocado previamente de manera tal que sus resultados fueran confirmados por los de las elecciones fraudulentas, pues como sabe todo aquel que esté medianamente informado sobre estadística electoral, para que los resultados electorales confirmen los de las encuestas se hace una proyección de éstas en la cual el porcentaje electoral aumenta para todos los participantes en relación con el de las encuestas, aunque manteniendo las relaciones porcentuales entre los competidores; debido a que el porcentaje electoral no se refiere al total de la población votante – como sí lo es el respaldo a cada partido en las encuestas –, sino a los votos válidos que resultan de la diferencia entre el total de votos emitidos y los votos nulos, además de que siempre en las encuestas existe un margen de indecisos que disminuye (aunque no desaparezca en su totalidad) el día de la votación.
Significado histórico e impacto político del triunfo sandinista en el proceso revolucionario nicaragüense
Estas son las primeras elecciones en las que el sandinismo se enfrenta desde el gobierno a la extrema derecha en condiciones de paz, por lo cual sus resultados demuestran la potencia revolucionaria de la conciencia popular en Nicaragua. Desde el punto de vista práctico, son dos las razones que permitieron al sandinismo alcanzar ese espectacular 62.46% en esta contienda electoral:
En 1989, a punto de realizarse las elecciones presidenciales del año siguiente, el entonces Ejército Popular Sandinista puso los tanques frente a la embajada norteamericana en Nicaragua como correcta respuesta al cerco militar que las tropas interventoras en Panamá habían tendido sobre la embajada nicaragüense en ese país. Esto hizo que el FSLN bajara verticalmente (es decir, casi de inmediato) diez puntos porcentuales en las encuestas, debido al miedo a una intervención directa de Estados Unidos en Nicaragua. Este porcentaje de la población votante en Nicaragua es el mismo que en tres elecciones presidenciales continuas con cinco años de intervalo entre ellas, se manifestó como esa parte del pueblo nicaragüense que prefería votar por el FSLN y no lo hacía porque su respaldo al sandinismo no era tanto como para pagar el costo de una confrontación con Estados Unidos, a diferencia del 40% con que siempre ha contado (puntos más o puntos menos) el FSLN en lo que los encuestadores llaman el voto cautivo, que es en este caso el porcentaje del pueblo cuya identificación con el sandinismo es tal, que vota por el FSLN aún a riesgo de una guerra y un bloqueo económico.
Aquel 10% que a pesar de simpatizar con el FSLN no votaba por él, sino incluso en su contra, lo hacía porque tenía miedo debido a la campaña de la derecha en que se presentaba el triunfo sandinista como la posibilidad de que volviera la guerra, el servicio militar y el bloqueo económico al país. Ese miedo desapareció al no suceder esto luego de que el FSLN volviera al gobierno en 2006 con un 38% debido a la división de la derecha. La desaparición de ese miedo significó, por tanto, en estas elecciones de 2011 un aumento de diez puntos porcentuales a favor del sandinismo, los mismos que no había logrado recuperar desde 1990. Los otros diez puntos en que aumentó aproximadamente el voto a favor del FSLN, provienen en parte de quienes sin haber simpatizado nunca antes con el sandinismo, esta vez votaron a su favor al haber sido beneficiados por la política social del actual gobierno revolucionario, o porque esperan serlo en el futuro, pero más que un voto en pago por un beneficio ya recibido o que se quiere recibir, esto debe asumirse éticamente como un reconocimiento a la preocupación por el pueblo que ha demostrado este gobierno en contraste con la indiferencia de los anteriores, pues parte de ese aumento porcentual nace del voto de quienes, sin haber sido beneficiados y sin esperar serlo porque sus condiciones de vida no son las peores, se suman a este reconocimiento porque han podido ver la mejoría en las condiciones de vida de mucha gente y decidieron dar su voto a favor de que esta mejoría llegue a una cantidad mayor de nicaragüenses.
Carlos Fonseca decía que los revolucionarios deben ser implacables en el combate y generosos en la victoria. La humildad, que también debe caracterizar a los revolucionarios, contribuye a esa generosidad. Esto no solamente es ético, sino inteligente desde el punto de vista político, pues aunque jurídicamente con la mayoría calificada obtenida en el Poder Legislativo el FSLN no está obligado a consensuar nada con nadie, políticamente es necesario hacerlo en aras de la estabilidad política que el país necesita para continuar avanzando en su transformación revolucionaria con la efectividad mostrada hasta ahora, y el primero en hacer ver esto ha sido nada menos que el propio Presidente reelecto y principal líder del sandinismo, Comandante Daniel Ortega.
Los militantes del FSLN no irán ahora a burlarse de los que no son sandinistas o de los activistas de los otros partidos, sino a compartir con todos sus vecinos, compañeros de trabajo y amigos, independientemente de su color político, la alegría de saber que el pueblo nicaragüense ha decidido en libertad y de que cuando se consolida la democracia, tal como ha ocurrido en Nicaragua con estas elecciones, los únicos perdedores son aquellos cuyos intereses se contradicen con los derechos de los demás, con el bien común y con la felicidad de todos.
Es necesario reconocer, además, que seguramente muchos nicaragüenses (que para efectos estadísticos estarían dentro del 10% aproximado de los votos sumados por la política social de los últimos cinco años) votaron por el FSLN aún estando en desacuerdo (equivocadamente o no) con algunas cosas que está haciendo el sandinismo desde el gobierno o con cosas que hace el FSLN como partido (o con la manera en que algunas cosas se hacen; pudiendo ser o no correctas esas cosas y/o la manera de hacerlas), pero que consideraron una mejor opción votar por un gobierno que ha demostrado su capacidad de mejorar la vida de mucha gente, que no hacerlo o peor aún, hacerlo por tendencias políticas que habiendo gobernado antes, no han demostrado lo mismo, ni la intención de lograrlo. El FSLN debe establecer formas de trabajo que le permitan una comunicación con estos ciudadanos, a través de la cual pueda compartir su mensaje siendo capaz no solamente de persuadir, sino de escuchar y asumir errores, pero también debe ser suficientemente autocrítico para identificar fallas no necesariamente señaladas por aquellos que puedan tener desacuerdos con ciertas cosas o con la manera en que se hacen, y que puedan estar causando errores que sí son considerados como tales por ellos, o incluso otros errores que pueda estar cometiendo el FSLN y que sólo éste se encuentre en condiciones de detectar.
Y para terminar, una breve anécdota. El suscrito fue enviado recientemente, en razón del cargo que desempeña dentro del FSLN, a una actividad política en Santiago de Chile. En esa actividad se encontraba la madre de un combatiente internacionalista caído en combate defendiendo la Revolución Sandinista durante la guerra de los ochenta en Nicaragua; una anciana chilena que desde entonces había caído en depresión y no salía de su casa, razón por la cual no se le veía ni siquiera en los actos donde se recordaba a su hijo, pero participó en la actividad mencionada y cuando supo de la agradable sorpresa que ocasionó su presencia entre quienes la conocían y por primera vez la veían paticipando en algo así, explicó que sólo ahora, al saber que los sandinistas habían recibido el apoyo mayoritario del pueblo nicaragüense, le había vuelto a encontrar sentido a la muerte de su hijo.
LaRepública
