Si esta semana conocíamos la ingente cantidad de dinero que el BCE ha prestado a los bancos españoles a tipos de interés del 1%, ahora se sabe ya en qué utilizarán los bancos tal dinero. Un negocio redondo...
Prensa
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos recibirán 40.000 millones de euros -20.000 los consistorios municipales y "una cifra similar" las autonomías- en un préstamo sindicado a diez años y a un interés cercano al 5 % para pagar las facturas pendientes a proveedores, con un periodo de carencia de dos años. Así lo anunció la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros junto a los titulares de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, y el de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. La cifra es elevada, pero hay que tener en cuenta que solo la Generalitat valenciana adeuda a sus proveedores 9.463 millones de euros, incluidas las universidades y las empresas y organismos públicos.
"Las administraciones tienen que pagar a partir de ahora puntualmente las obligaciones. Será la tónica general", explicó la vicepresidenta, quien argumentó que este plan de pago a proveedores es "clave" para dar confianza, y defendió esta medida como "estímulo" para la recuperación y la creación de empleo en las pymes y autónomos. De Guindos, quien concretó que el interés será el que paga el Tesoro (en el entorno del 3,5 %) más un diferencial de 115 puntos básicos, aseguró que prácticamente todos los bancos españoles participarán en el préstamo sindicado, entre los que se incluirá también el Instituto de Crédito Oficial (ICO). "Se inyecta liquidez en un momento de estrangulamiento del crédito, lo que supondrá un alivio importantísimo que tendrá su impacto en el crecimiento", explicó el titular de Economía, quien agregó que la emisión estará avalada por el Tesoro y contará con el "contraaval" de los ingresos estatales de las regiones y corporaciones locales. "Las administraciones tienen que pagar a sus proveedores", enfatizó la vicepresidenta, para después agregar que persigue erradicar la morosidad, que se ha llevado por delante a "muchas" empresas y puestos de trabajo.
Listado de facturas
El Gobierno anunció la semana pasada que las corporaciones locales tendrán que suministrar al Ministerio de Hacienda con anterioridad al 15 de marzo el listado de facturas pendientes de pago con los proveedores hasta el 31 de diciembre de 2011, y antes del 31 de marzo tendrán que remitir un plan de ajuste que les permita hacer frente en el futuro al pago de dichas deudas. Según avanzó la Sáenz de Santamaría, este plan se hará extensible a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal que se celebrará el 6 de marzo. Por su parte, Montoro coincidió en la "importancia" de este préstamo, al considerar que abre "una gran ventana" para acometer la reforma de los servicios públicos. "Poner las cuentas al día es la manera para hacer viables los servicios públicos", concluyó.
105.000 euros de retribución básica
El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes el real decreto que regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos del sector público empresarial, y que incluye, entre otras cosas, una reducción de su sueldo de entre el 25 % y el 30 %. La retribución básica se fija en 105.000 euros al año. Según el Gobierno, el objetivo de esta norma es "conseguir la máxima austeridad y eficacia en su acción y la mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público". Asimismo, en el real decreto se incluyen los criterios de buen gobierno que cumplen las sociedades cotizadas o las entidades financieras, en busca de una mayor transparencia. En virtud del decreto, las entidades públicas se clasificarán en tres grupos a la hora de determinar las retribuciones salariales atendiendo a criterios como el volumen o cifra de negocio, el número de trabajadores, la necesidad o no de financiación pública, el volumen de inversión o las características propias del sector en el que desarrolla su actividad.
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos recibirán 40.000 millones de euros -20.000 los consistorios municipales y "una cifra similar" las autonomías- en un préstamo sindicado a diez años y a un interés cercano al 5 % para pagar las facturas pendientes a proveedores, con un periodo de carencia de dos años. Así lo anunció la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros junto a los titulares de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, y el de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. La cifra es elevada, pero hay que tener en cuenta que solo la Generalitat valenciana adeuda a sus proveedores 9.463 millones de euros, incluidas las universidades y las empresas y organismos públicos.
"Las administraciones tienen que pagar a partir de ahora puntualmente las obligaciones. Será la tónica general", explicó la vicepresidenta, quien argumentó que este plan de pago a proveedores es "clave" para dar confianza, y defendió esta medida como "estímulo" para la recuperación y la creación de empleo en las pymes y autónomos. De Guindos, quien concretó que el interés será el que paga el Tesoro (en el entorno del 3,5 %) más un diferencial de 115 puntos básicos, aseguró que prácticamente todos los bancos españoles participarán en el préstamo sindicado, entre los que se incluirá también el Instituto de Crédito Oficial (ICO). "Se inyecta liquidez en un momento de estrangulamiento del crédito, lo que supondrá un alivio importantísimo que tendrá su impacto en el crecimiento", explicó el titular de Economía, quien agregó que la emisión estará avalada por el Tesoro y contará con el "contraaval" de los ingresos estatales de las regiones y corporaciones locales. "Las administraciones tienen que pagar a sus proveedores", enfatizó la vicepresidenta, para después agregar que persigue erradicar la morosidad, que se ha llevado por delante a "muchas" empresas y puestos de trabajo.
Listado de facturas
El Gobierno anunció la semana pasada que las corporaciones locales tendrán que suministrar al Ministerio de Hacienda con anterioridad al 15 de marzo el listado de facturas pendientes de pago con los proveedores hasta el 31 de diciembre de 2011, y antes del 31 de marzo tendrán que remitir un plan de ajuste que les permita hacer frente en el futuro al pago de dichas deudas. Según avanzó la Sáenz de Santamaría, este plan se hará extensible a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal que se celebrará el 6 de marzo. Por su parte, Montoro coincidió en la "importancia" de este préstamo, al considerar que abre "una gran ventana" para acometer la reforma de los servicios públicos. "Poner las cuentas al día es la manera para hacer viables los servicios públicos", concluyó.
105.000 euros de retribución básica
El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes el real decreto que regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos del sector público empresarial, y que incluye, entre otras cosas, una reducción de su sueldo de entre el 25 % y el 30 %. La retribución básica se fija en 105.000 euros al año. Según el Gobierno, el objetivo de esta norma es "conseguir la máxima austeridad y eficacia en su acción y la mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público". Asimismo, en el real decreto se incluyen los criterios de buen gobierno que cumplen las sociedades cotizadas o las entidades financieras, en busca de una mayor transparencia. En virtud del decreto, las entidades públicas se clasificarán en tres grupos a la hora de determinar las retribuciones salariales atendiendo a criterios como el volumen o cifra de negocio, el número de trabajadores, la necesidad o no de financiación pública, el volumen de inversión o las características propias del sector en el que desarrolla su actividad.
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