Hay Asambleas Generales de Naciones Unidas que se recuerdan por una resolución, un acuerdo o un discurso. La 81.ª Asamblea General, celebrada en Nueva York entre el 22 y el 28 de septiembre de 2026, deja algo diferente: una colección de escenas que, vistas juntas, dicen mucho más de la situación del mundo que algunos de los grandes discursos pronunciados desde la tribuna.
Una sala que comenzó a vaciarse cuando Benjamin Netanyahu tomó la palabra; el presidente palestino Mahmoud Abbas obligado a intervenir por vídeo después de que Estados Unidos le negara nuevamente el visado; Donald Trump rechazando una propuesta iraní para reabrir el estrecho de Ormuz mientras los diplomáticos continuaban negociando; Delcy Rodríguez sentándose frente al propio Trump después de años de enfrentamiento entre Washington y Caracas y atravesando después el hemiciclo para hablar con Pedro Sánchez; Lula da Silva advirtiendo que Brasil no es el patio trasero de nadie; África reclamando un lugar permanente en el Consejo de Seguridad; y 128 delegaciones hablando de inteligencia artificial, cuando solamente cuatro años antes lo habían hecho cinco.
Son anécdotas, pero no son irrelevantes. Una delegación que abandona una sala, un dirigente que tiene que intervenir desde una pantalla o dos antiguos adversarios que vuelven a sentarse frente a frente son pequeñas escenas que permiten ver cómo funcionan realmente las relaciones internacionales. Y las escenas de esta Asamblea muestran un mundo en el que las viejas estructuras de poder siguen teniendo una enorme capacidad de presión, pero encuentran cada vez más dificultades para imponer su voluntad sin resistencia.
El propio presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, lo reconoció al cerrar el debate: durante seis días intervinieron 194 delegaciones, entre ellas 113 jefes de Estado y de Gobierno, y la palabra más repetida fue “paz”. Pero esa paz fue invocada menos como una aspiración abstracta que como una defensa urgente de la Carta de Naciones Unidas, del derecho internacional y de la protección de los civiles.
La contradicción estaba servida. Mientras casi todos hablaban de paz, las principales escenas de la semana estuvieron protagonizadas por guerras, amenazas, sanciones, recursos estratégicos, soberanía y disputas por el poder.
Los escaños vacíos de Netanyahu
Benjamin Netanyahu subió a la tribuna el 24 de septiembre dispuesto a defender la política de su Gobierno y a responder a quienes lo acusan de haber cometido graves crímenes en Gaza. Apenas comenzó a hablar, decenas de delegados abandonaron la sala. Netanyahu reaccionó calificándolos de “cobardes morales” e invitando a marcharse a quienes compartieran su posición.
La imagen fue mucho más potente que cualquier protesta protocolaria. No eran manifestantes que hubieran llegado desde fuera del edificio. Eran representantes de Estados miembros de Naciones Unidas que, dentro del propio hemiciclo, decidían no permanecer durante la intervención del primer ministro israelí.
No sería correcto presentar a todas esas delegaciones como parte de un mismo bloque político. Sus posiciones sobre Israel, Palestina, Hamás o la guerra son diferentes. Pero el gesto sí refleja una realidad que resulta cada vez más difícil de ignorar: la política israelí encuentra una resistencia internacional mucho mayor que en el pasado y la cuestión palestina se ha convertido en una de las principales fracturas del sistema internacional.
La escena tuvo además una segunda parte todavía más significativa. Mientras Netanyahu ocupaba físicamente la tribuna, Mahmoud Abbas no pudo estar en Nueva York. Estados Unidos le había vuelto a negar el visado y la Asamblea General tuvo que autorizar que interviniera por vídeo, como ya había ocurrido el año anterior. La resolución que permitió esa participación fue aprobada por 152 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones.
La contradicción era demasiado evidente para pasar inadvertida: en la misma Asamblea donde Palestina estaba entre las cuestiones centrales del debate, su presidente no podía sentarse físicamente en la sala mientras el primer ministro israelí pronunciaba su discurso.
No hace falta compartir todas las posiciones de Abbas para comprender lo que representa la escena. Naciones Unidas proclama la igualdad soberana de los Estados y la universalidad del derecho internacional, pero su sede está en territorio estadounidense y Washington conserva la capacidad de decidir quién puede entrar en su país. La institución universal funciona, en último término, dentro de las fronteras de una potencia concreta.
La cuestión palestina puso esa contradicción delante de las cámaras.
Mientras se hablaba de guerra, Ormuz hablaba de petróleo
Si los escaños vacíos mostraron el aislamiento político de Netanyahu, la cuestión iraní permitió observar otra dimensión del poder internacional: aquella en la que la diplomacia termina encontrándose directamente con los mercados.
Durante la Asamblea, Irán presentó una propuesta para poner fin a las hostilidades y planteó la reapertura del estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si se cumplían las condiciones acordadas. El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, dejó la pelota en el tejado estadounidense: la decisión, afirmó, correspondía ahora a Washington. Trump rechazó públicamente la propuesta, aunque los contactos indirectos continuaron con mediación de Qatar.
Y entonces ocurrió algo revelador: el petróleo reaccionó.
El Brent llegó a subir más de cuatro dólares por barril en las primeras operaciones después del rechazo estadounidense, antes de moderar la subida. El motivo era sencillo: cualquier incertidumbre sobre el funcionamiento del estrecho podía afectar a un corredor por el que antes del conflicto transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.
De repente, una disputa entre Washington y Teherán dejaba de ser solamente un problema de Oriente Medio. Podía afectar al precio de la energía en Europa, Asia y América Latina.
Eso explica por qué Ormuz fue una de las grandes anécdotas de esta Asamblea. No se trataba únicamente de un estrecho situado entre Irán y Omán. Era una de las arterias por las que circula una parte fundamental de la economía mundial.
Ahí aparece una de las contradicciones que el capitalismo suele esconder detrás de las cifras de crecimiento y de los discursos sobre el libre comercio. Las mercancías pueden circular libremente mientras las relaciones de poder lo permiten; cuando una ruta estratégica se bloquea, aparece inmediatamente la dimensión política y militar que sostiene ese mercado mundial.
El estrecho volvió a convertirse, por tanto, en una moneda de negociación. Irán ofrecía su reapertura; Estados Unidos exigía condiciones; Qatar intentaba mediar; y los mercados esperaban.
Y la historia no terminó con la Asamblea. En los días posteriores, las conversaciones continuaron sin acuerdo definitivo y Teherán volvió a advertir que Ormuz no se reabriría hasta que se cumplieran las condiciones establecidas en el entendimiento alcanzado previamente con Washington.
La anécdota terminó revelando algo mucho más profundo: cuando están en juego recursos energéticos y rutas estratégicas, la diplomacia internacional y los intereses económicos dejan de ser dos asuntos separados.
La fotografía que nadie esperaba: Trump y Delcy Rodríguez
Pero quizá ninguna escena de la Asamblea resultó tan difícil de imaginar unos años atrás como la protagonizada por Donald Trump y Delcy Rodríguez.
La dirigente venezolana acudió a Nueva York y mantuvo un encuentro con el presidente estadounidense. Trump confirmó posteriormente que hablaron, entre otras cuestiones, sobre las elecciones venezolanas. También estuvieron sobre la mesa la reestructuración de la deuda soberana y la necesidad de cambios políticos.
La fotografía resulta especialmente llamativa si se recuerda el lenguaje empleado por Washington contra Caracas durante los años anteriores. Venezuela había sido presentada como uno de los principales adversarios de Estados Unidos en América Latina. Ahora, los representantes de ambos países volvían a sentarse frente a frente.
No es necesario convertir este encuentro en una prueba de que toda la política exterior estadounidense se explica por el petróleo. La realidad es mucho más compleja. Pero tampoco tiene sentido ignorar que, cuando se reabre un canal diplomático con Venezuela, aparecen inmediatamente sobre la mesa el petróleo, la deuda, las inversiones y la estabilidad económica.
La diplomacia tiene esa curiosa capacidad de transformar a los enemigos de ayer en los interlocutores de hoy cuando cambian las circunstancias.
Y la escena venezolana tuvo todavía otra secuencia.
En plena Asamblea, Delcy Rodríguez se levantó de su asiento y atravesó el hemiciclo para acercarse a Pedro Sánchez, que estaba hablando por teléfono. La dirigente venezolana le pidió mantener abierto el diálogo sobre la situación de su país y Sánchez respondió que España estaba comprometida con el futuro de la región.
No hubo una reunión solemne ni una larga negociación. Fueron unos segundos captados por las cámaras. Precisamente por eso la escena resultó tan significativa.
La diplomacia real no siempre empieza en una sala cerrada con banderas detrás de los protagonistas. A veces empieza cuando alguien se levanta de su asiento, cruza un hemiciclo y pregunta al antiguo adversario si todavía existe un canal para hablar.
Lula: “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”
La escena venezolana encontraba su continuación natural en otra intervención latinoamericana. Lula da Silva utilizó su discurso para advertir contra las injerencias extranjeras y las nuevas tentaciones de dividir el mundo en áreas de influencia.
“Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”, afirmó. Y añadió que América Latina no podía aceptar nuevas formas de injerencia en sus procesos electorales ni ataques neocoloniales vinculados a sus recursos estratégicos.
Lula no estaba hablando únicamente de Brasil. Su discurso llegaba en un momento especialmente delicado para la región y mientras su propio país se prepara para unas elecciones presidenciales en las que ha advertido del peligro de cualquier interferencia extranjera.
La frase tiene además una historia detrás. Durante décadas, América Latina fue considerada por Washington como un espacio privilegiado de influencia. Golpes de Estado, dictaduras apoyadas desde el exterior, operaciones encubiertas, sanciones y presiones económicas forman parte de una historia que no puede borrarse simplemente porque hayan cambiado las formas de intervención.
Hoy los mecanismos son diferentes, aunque la disputa por la autonomía de los países latinoamericanos continúa.
Venezuela, Cuba y Nicaragua han denunciado repetidamente las presiones externas y la utilización de sanciones, financiación política y mecanismos de influencia para condicionar sus procesos internos. Cada uno de esos países tiene una realidad política diferente y sería un error colocarlos en el mismo saco. Pero existe una cuestión común: ¿quién tiene derecho a decidir el futuro de un país, sus ciudadanos o una potencia extranjera?
Esa pregunta es especialmente importante cuando se habla de Nicaragua. El Gobierno nicaragüense ha convertido la defensa de la soberanía y el rechazo a la injerencia extranjera en uno de los ejes de su discurso internacional. Sus posiciones pueden ser discutidas y criticadas, como las de cualquier otro Gobierno, pero la cuestión de fondo no desaparece: la soberanía de un Estado no puede depender de que su modelo político resulte agradable para Washington, Bruselas o cualquier otra capital.
Lula introdujo así una cuestión que atravesó buena parte de la Asamblea: el derecho de los pueblos latinoamericanos a decidir su propio rumbo.
Y desde una perspectiva internacionalista, ese principio debería ser defendido independientemente de quién gobierne cada país.
África también quiere dejar de ser espectadora
La reivindicación latinoamericana encontraba un eco evidente en África.
El presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, fue contundente desde el inicio del debate: “Africa needs to be at the table, not on the menu”. África necesita estar en la mesa, no en el menú. Añadió que el continente no podía seguir esperando indefinidamente su lugar legítimo en el Consejo de Seguridad.
La frase no era una ocurrencia. África continúa sin un puesto permanente en el Consejo de Seguridad, pese a ser la región con mayor número de Estados miembros y uno de los principales escenarios de las operaciones de paz de Naciones Unidas. La Unión Africana reclama al menos dos puestos permanentes y cinco no permanentes para el continente.
La contradicción resulta difícil de esconder: buena parte de las decisiones internacionales afectan directamente a África, pero África no dispone de una representación permanente entre los cinco Estados que conservan el derecho de veto.
La estructura institucional sigue reflejando en buena medida el mundo de 1945, mientras la realidad económica y política del planeta ha cambiado profundamente.
La reclamación africana no es, por tanto, solamente una cuestión de reparto de sillones. Es una discusión sobre quién tiene derecho a participar en las decisiones que afectan a todos.
Y en esa misma discusión apareció otra escena, menos visible pero igualmente reveladora: el jefe del Ejército sudanés, Abdel Fattah al-Burhan, no pudo viajar a Nueva York porque Estados Unidos no le concedió el visado. Washington vinculó la decisión a sus diferencias sobre una propuesta de alto el fuego para Sudán.
No hace falta defender a Burhan para apreciar la paradoja. El país atraviesa una guerra devastadora y, mientras Naciones Unidas intenta encontrar una salida al conflicto, la participación física de uno de sus principales protagonistas queda condicionada por la decisión de la potencia que alberga la sede de la organización.
Otra vez aparece la misma pregunta: ¿hasta dónde llega la universalidad de Naciones Unidas cuando el país anfitrión posee la capacidad material de decidir quién puede entrar?
La inteligencia artificial también tiene clases
Entre guerras, petróleo, Palestina y disputas territoriales apareció una cuestión que hace pocos años habría parecido completamente ajena a una Asamblea General: la inteligencia artificial.
Esta vez no fue un asunto secundario. La propia Presidencia de la Asamblea señaló al cerrar el debate que 128 delegaciones habían hablado de inteligencia artificial, frente a solamente cinco cuatro años antes. El número superó incluso al de delegaciones que hablaron expresamente de derechos humanos o cambio climático.
La pregunta que se repitió no fue únicamente qué puede hacer la inteligencia artificial, sino quién la controla: quién diseña los sistemas, quién obtiene sus beneficios, quién asume los riesgos y quién responde cuando provocan daños.
La cuestión tiene una dimensión económica evidente.
La inteligencia artificial necesita chips, energía, centros de datos, grandes cantidades de información y enormes inversiones. Esos recursos están concentrados en un número reducido de empresas y países. Por eso existe el riesgo de que la nueva revolución tecnológica reproduzca las desigualdades de las anteriores.
El Sur Global ha empezado a advertirlo. Durante la Asamblea, numerosos países en desarrollo reclamaron participar en la elaboración de las reglas que definirán la inteligencia artificial y alertaron de que, si las decisiones quedan exclusivamente en manos de las grandes potencias tecnológicas, la brecha económica y tecnológica puede hacerse todavía mayor.
La cuestión parece alejada de Palestina, Ormuz o América Latina, pero no lo está.
Durante siglos, controlar territorios y materias primas permitió acumular poder. En el siglo XXI, controlar datos, capacidad de computación, semiconductores y algoritmos puede proporcionar una ventaja igualmente decisiva.
El nuevo campo de batalla del poder mundial no está solamente en los mares y en las fronteras. También está en los servidores.
Una ONU que pide confianza mientras pierde capacidad
Y todas estas escenas ocurrieron dentro de una institución que atraviesa su propia crisis.
El lema oficial de esta 81.ª Asamblea era “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplen para todos”. El propio presidente de la Asamblea comenzó su intervención con una pregunta que resumía el problema: fuera de las paredes de Naciones Unidas, dijo, la gente no pregunta si la organización existe, sino si funciona.
La pregunta resulta incómoda porque Naciones Unidas continúa siendo indispensable precisamente cuando parece más débil.
Las guerras se multiplican, las grandes potencias bloquean decisiones en el Consejo de Seguridad, los conflictos regionales tienen consecuencias económicas globales y millones de personas dependen de los programas humanitarios de la organización.
Pero la ONU no dispone de un poder independiente comparable al de los Estados que la integran. Su capacidad depende de la voluntad política de esos mismos gobiernos, incluidos aquellos que utilizan su derecho de veto para impedir decisiones colectivas.
Lula lo expresó desde otra perspectiva al afirmar que este era, desde su primera intervención en 2003, el momento más crítico de Naciones Unidas y denunciar la parálisis del Consejo de Seguridad.
La organización necesita reformas, pero reformarla significa precisamente tocar las relaciones de poder que permiten a algunos Estados conservar privilegios que otros consideran anacrónicos.
Por eso la demanda africana, la reivindicación latinoamericana y las discusiones sobre Palestina no son asuntos separados. Todas conducen a una misma cuestión: ¿puede existir un verdadero multilateralismo mientras el poder internacional continúa distribuido de manera tan desigual?
Las anécdotas que cuentan algo más
Al final, quizá lo más interesante de esta Asamblea no esté en ninguna de sus resoluciones, sino en la relación entre todas aquellas escenas.
Los escaños vacíos durante el discurso de Netanyahu mostraron el creciente aislamiento internacional de la política israelí. Abbas hablando desde una pantalla recordó que la universalidad de Naciones Unidas convive con el poder territorial de Estados Unidos. Ormuz demostró que una ruta marítima puede convertirse en una pieza de la negociación entre grandes potencias y que una decisión diplomática puede repercutir inmediatamente en el precio del petróleo.
La fotografía de Trump y Delcy Rodríguez recordó que los enemigos de ayer pueden convertirse en interlocutores cuando cambian las circunstancias. El paseo de Delcy hasta el asiento de Pedro Sánchez mostró cómo un pequeño gesto puede abrir un canal diplomático. Y Lula puso palabras a una preocupación que atraviesa a buena parte de América Latina: que la soberanía no vuelva a ser considerada un privilegio reservado a las grandes potencias.
África recordó que no acepta seguir esperando. Y la inteligencia artificial mostró que la disputa por el poder mundial ya no se desarrolla únicamente alrededor de los territorios y los recursos naturales, sino también alrededor de los datos y de las tecnologías que definirán la economía del futuro.
Todo eso ocurrió durante seis días en el mismo edificio.
Por eso sería un error interpretar la Asamblea únicamente como otro encuentro diplomático anual. Lo que apareció allí fue la fotografía de un mundo en transición.
El viejo orden no ha desaparecido. Estados Unidos continúa disponiendo de una capacidad económica, militar y financiera extraordinaria y mantiene una influencia enorme sobre las instituciones internacionales. Pero esa capacidad ya no garantiza automáticamente que el resto del mundo acepte sus decisiones. China tiene un peso económico que hace imposible ignorarla; Rusia conserva una capacidad estratégica decisiva; los países del Sur Global reclaman mayor representación; América Latina defiende espacios de autonomía; África exige dejar de ser objeto de decisiones ajenas.
Eso no significa que la llegada de un mundo multipolar vaya a producir automáticamente un mundo más justo. Las grandes potencias seguirán defendiendo sus intereses y las desigualdades no desaparecerán porque haya más centros de poder. La cuestión decisiva será si los pueblos consiguen aprovechar esa transformación para ampliar su soberanía y reducir la capacidad de cualquier potencia para decidir por los demás.
Ahí es donde una mirada de izquierdas tiene algo que aportar.
No se trata de escoger qué potencia debe ocupar el lugar de la anterior hegemonía. Se trata de cuestionar la propia lógica que permite que unas potencias se arroguen el derecho de intervenir en los asuntos de otras, controlar recursos estratégicos, imponer sanciones económicas o condicionar las decisiones políticas de pueblos enteros.
La soberanía no debería ser un privilegio de las grandes potencias. La democracia tampoco debería medirse según quién gane unas elecciones, sino también según la capacidad real de los pueblos para decidir su futuro sin que desde fuera se intente determinar previamente cuáles son los resultados aceptables.
Quizá por eso las anécdotas de esta Asamblea resultan más importantes de lo que parecen.
Unos delegados levantándose de sus asientos. Un presidente hablando desde una pantalla. Una dirigente venezolana cruzando el hemiciclo para buscar un interlocutor. Un presidente brasileño diciendo que su país no es el patio trasero de nadie. África reclamando una silla en la mesa. Diplomáticos negociando sobre un estrecho por el que pasa una parte fundamental del petróleo mundial. Y, mientras tanto, 128 países preguntándose quién controlará la inteligencia artificial.
Son pequeñas escenas pero juntas cuentan una historia.
Las instituciones siguen siendo las mismas, pero el mundo que las rodea ya no lo es.
Y quizá esa sea la verdadera anécdota de esta Asamblea General: el viejo orden internacional conserva todavía una enorme capacidad de poder, pero cada vez le resulta más difícil convencer al resto del planeta de que ese poder es el orden natural e inevitable de las cosas.
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