Colombia: la larga guerra por la tierra, la riqueza y el poder

Por Javier Huerta

Una historia de violencia, exclusión y excepcionalidad para comprender la Colombia de hoy

Del asesinato de Gaitán al regreso de la mano dura: tierra, oligarquía, capitalismo, militarización y dependencia de Estados Unidos

Colombia vuelve a encontrarse ante una de esas encrucijadas históricas en las que la palabra democracia corre el riesgo de quedarse demasiado pequeña para explicar la realidad. El país mantiene elecciones, Congreso, partidos, tribunales y una Constitución que reconoce derechos fundamentales, pero detrás de esa arquitectura institucional permanece una historia marcada por la concentración de la tierra, la desigualdad económica, la violencia política, el desplazamiento campesino, el paramilitarismo, el narcotráfico, la intervención estadounidense y la persecución de quienes han intentado construir una alternativa política y social al poder tradicional. La llegada a la Presidencia de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto de 2026 abre ahora una nueva etapa caracterizada por el fortalecimiento de las políticas de seguridad, la suspensión de buena parte de las negociaciones con organizaciones armadas y un acercamiento especialmente estrecho a Estados Unidos. El propio Gobierno presenta este giro como una recuperación de la autoridad del Estado y de la seguridad nacional; desde otros sectores se advierte del riesgo de regresar a una lógica en la que el conflicto social y territorial se aborda fundamentalmente desde la militarización. La cuestión de fondo, sin embargo, es mucho más profunda: ¿qué democracia puede consolidarse cuando las estructuras económicas y territoriales que alimentaron durante décadas la violencia continúan sin resolverse?

Para entender la Colombia de 2026 hay que regresar necesariamente al 9 de abril de 1948, cuando el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán desencadenó el Bogotazo y abrió una de las etapas más traumáticas de la historia contemporánea del país. Gaitán había construido un discurso de movilización popular que cuestionaba los privilegios de las élites tradicionales y hablaba directamente a unas mayorías campesinas y trabajadoras excluidas del poder. Su asesinato no creó por sí solo la violencia colombiana, pero se convirtió en el símbolo de la ruptura de una posibilidad política y en el comienzo de una etapa de enfrentamientos que acabaría con decenas de miles de muertos. La llamada La Violencia mostró hasta qué punto la disputa política estaba entrelazada con la propiedad de la tierra y el control territorial. El posterior Frente Nacional, establecido entre liberales y conservadores entre 1958 y 1974, consiguió cerrar parcialmente la confrontación entre las dos grandes fuerzas tradicionales, pero lo hizo mediante un sistema de alternancia pactada que dejó fuera a buena parte de las fuerzas políticas y sociales que no encajaban en aquel acuerdo. En ese terreno de exclusión nacieron y crecieron las guerrillas de las décadas siguientes, entre ellas las FARC y el ELN, mientras el Estado desarrollaba una doctrina de seguridad profundamente influida por la lógica de la Guerra Fría.

Pero reducir la historia colombiana a un enfrentamiento entre guerrillas y Estado sería ocultar una parte fundamental del problema. La cuestión agraria ha sido uno de los grandes motores estructurales del conflicto. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha documentado cómo la disputa por la tierra, el desplazamiento forzado, el despojo, la actuación de actores armados y las economías ilegales se encuentran profundamente relacionados con la configuración territorial del país. Y los datos del último gran censo agropecuario analizado por Oxfam permiten observar la dimensión de esa desigualdad: el 1 % de las explotaciones agrícolas concentra el 81 % de la tierra, mientras el 99 % restante se reparte apenas el 19 %. Las explotaciones de menos de diez hectáreas representan el 81 % del total, pero ocupan solamente el 5 % de la superficie. No se trata, por tanto, de una desigualdad abstracta. Se trata de quién posee el suelo, quién controla los territorios, quién decide qué se produce, quién puede acceder al crédito, quién tiene capacidad para invertir y quién puede permanecer en el campo. En una sociedad donde millones de campesinos han sufrido desplazamientos y donde la propiedad rural continúa extraordinariamente concentrada, la tierra sigue siendo una cuestión económica, política y de poder de clase.

Es en este escenario donde debe analizarse el fenómeno paramilitar. Las estructuras paramilitares no fueron simplemente otro actor armado más dentro de una guerra interminable. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha documentado su capacidad para convertirse en reguladores de la vida social y económica de numerosos territorios y ha señalado la necesidad de investigar sus vínculos con sectores estatales, políticos y económicos legales, así como el papel del narcotráfico y el despojo de tierras. En diferentes regiones, la violencia sirvió para expulsar comunidades, destruir organizaciones campesinas, sindicales e indígenas, imponer controles territoriales y modificar las relaciones de propiedad. La historia colombiana demuestra así que la violencia no siempre fue una anomalía al margen de la economía: en determinados territorios se convirtió también en un mecanismo para reorganizar el poder económico y social.

La tragedia de la Unión Patriótica constituye otro capítulo imprescindible. Surgida en el contexto de los intentos de negociación entre el Estado y las FARC durante los años ochenta, la UP trató de convertir la participación política en una alternativa a la confrontación armada. El resultado fue uno de los episodios más graves de persecución política de la historia reciente colombiana: miles de militantes, dirigentes, candidatos y simpatizantes fueron asesinados, desaparecidos o expulsados de sus territorios. La experiencia dejó una herida que todavía condiciona la relación de amplios sectores de la izquierda colombiana con las instituciones. Porque para entender el concepto de “democracia en estado de sitio” no basta con preguntarse si existen elecciones. Hay que preguntarse también qué ocurre cuando una parte de la sociedad intenta organizarse políticamente para disputar el poder económico y territorial establecido.

Durante las décadas siguientes, el narcotráfico, la expansión paramilitar y la insurgencia contribuyeron a profundizar una guerra que dejó millones de víctimas. Y en ese escenario apareció con enorme fuerza otro protagonista: Estados Unidos. Plan Colombia, presentado como una estrategia contra el narcotráfico y posteriormente vinculado también a la lucha contrainsurgente y al fortalecimiento institucional, convirtió a Colombia en uno de los principales receptores de asistencia estadounidense en América Latina. Según el Congressional Research Service, entre los años fiscales 2000 y 2016 la financiación estadounidense vinculada a Plan Colombia y sus estrategias posteriores superó los 10.000 millones de dólares a través de programas del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa. Para Washington, Colombia se convirtió en un socio estratégico en materia de seguridad regional. Para numerosos sectores críticos, aquella relación consolidó una concepción militarizada de los problemas sociales y políticos colombianos. En cualquier caso, los datos permiten afirmar que la relación militar y estratégica entre ambos Estados no es una circunstancia coyuntural de 2026: tiene más de dos décadas de continuidad.

La Constitución de 1991 abrió una nueva etapa y reconoció derechos, mecanismos de participación y una concepción más amplia del Estado social de derecho. Sin embargo, la nueva arquitectura constitucional convivió con la persistencia de la violencia, la desigualdad territorial y la expansión de las economías ilegales. El Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado y las FARC volvió a colocar la cuestión agraria en el centro del debate mediante la Reforma Rural Integral y abrió una oportunidad histórica para atacar algunas de las causas estructurales del conflicto. Pero la implementación fue lenta, desigual y objeto de fuertes disputas políticas. Mientras tanto, numerosos firmantes de la paz y dirigentes sociales continuaron siendo asesinados.

La llegada de Gustavo Petro a la Presidencia en 2022, primer presidente procedente de la izquierda en la historia contemporánea del país, modificó el escenario político. Su proyecto de “paz total”, las reformas sociales y la apuesta por avanzar en la distribución y formalización de tierras representaron una ruptura respecto a décadas de predominio de los sectores tradicionales. Esa ruptura, sin embargo, no significó la desaparición de las estructuras económicas que habían condicionado históricamente al Estado colombiano. El Gobierno Petro tuvo que desenvolverse dentro de un aparato estatal complejo, enfrentó oposición política, conflictos institucionales y problemas de gestión y tampoco logró resolver las múltiples violencias territoriales. No hubo una transformación revolucionaria de las relaciones de propiedad, sino un intento de reforma desde las instituciones existentes. Precisamente por eso resulta importante no confundir la experiencia del primer Gobierno de izquierda con la desaparición del poder económico de las élites tradicionales.

Uno de los terrenos donde esa disputa puede observarse con mayor claridad es precisamente la tierra. En los últimos días del Gobierno Petro, la Agencia Nacional de Tierras informó de la entrega o formalización de más de 61.000 hectáreas en 25 departamentos, destinadas a campesinos, comunidades indígenas, afrodescendientes y organizaciones pesqueras. Más allá de la valoración política que pueda hacerse de aquella política, el dato demuestra que la cuestión agraria seguía siendo una de las grandes batallas pendientes cuando terminó el mandato. El nuevo Gobierno recibe, por tanto, un país donde la propiedad de la tierra continúa extraordinariamente concentrada y donde cualquier reforma territorial afecta directamente a intereses económicos consolidados.

Sobre ese escenario llegó al poder Abelardo de la Espriella, con un discurso centrado en seguridad, autoridad, lucha contra el narcotráfico, control territorial y fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. Durante sus primeras semanas de Gobierno, la seguridad pasó a ocupar un lugar central en la comunicación oficial, mientras se fueron abandonando las mesas de negociación abiertas durante la etapa anterior. El cambio no es solamente discursivo. El 19 de septiembre, El País describía la nueva etapa como un abandono de la política de “paz total” en favor de una estrategia de mayor confrontación militar, respaldada por el nuevo marco de seguridad impulsado junto a Estados Unidos. Según esa información, se han cerrado mesas con grupos como disidencias de las FARC, Clan del Golfo y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, mientras el Gobierno plantea una ley de “acogimiento” basada en el sometimiento a la justicia y no en una negociación política.

La violencia contra quienes ejercen liderazgo social tampoco desapareció con el cambio presidencial. El registro de INDEPAZ contabilizaba, con corte al 11 de septiembre de 2026, 108 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos asesinados durante el año, 89 masacres y 11 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados. Desde enero de 2016 hasta esa misma fecha, el acumulado registrado por el organismo ascendía a 1.998 líderes y defensores asesinados, 783 masacres y 524 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados. Estos números no permiten atribuir automáticamente al Gobierno iniciado en agosto todos los asesinatos ocurridos durante 2026, pero sí muestran la dimensión de una violencia estructural que el nuevo Ejecutivo ha heredado y que ahora pretende abordar prioritariamente desde una política de seguridad más dura.

El giro adquiere todavía mayor dimensión cuando se observa la relación con Washington. El 8 de septiembre de 2026, después de reunirse con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, De la Espriella declaró que Colombia quería consolidarse nuevamente como “principal socio de seguridad hemisférica” de Estados Unidos. En ese encuentro propuso desarrollar el denominado “Plan Patriota Siglo XXI”, que incluye la modernización de aviones, radares, drones, helicópteros, sistemas antidrones, defensa aérea, movilidad, inteligencia, ciberdefensa y fuerzas especiales. El 13 de septiembre, la propia Presidencia presentó los acuerdos alcanzados con Estados Unidos bajo la denominación de “Acuerdos de Barranquilla”, articulados alrededor de tres objetivos: “reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio”. La Presidencia ha definido esta nueva relación como una asociación estratégica y ha reivindicado explícitamente la alianza histórica entre ambos países.

Desde una lectura antiimperialista, la importancia de estos acontecimientos no reside únicamente en quién ocupa actualmente la Casa de Nariño. Lo fundamental es observar la continuidad histórica: Plan Colombia ayer, nuevas estructuras de cooperación militar hoy; dependencia estratégica de Washington ayer, “principal socio de seguridad” hoy. Cambian los nombres, las tecnologías y los escenarios geopolíticos, pero permanece la centralidad de Colombia dentro de la arquitectura de seguridad estadounidense en América Latina. El debate, por tanto, no debería limitarse a determinar si un determinado avión, radar o sistema de inteligencia es eficaz contra una organización armada. También debe preguntarse qué modelo de Estado y de relaciones internacionales se está construyendo, qué recursos públicos se destinan a la seguridad frente a las necesidades sociales y hasta qué punto las prioridades estratégicas de Washington terminan condicionando las políticas nacionales.

Existe además un elemento que puede parecer secundario, pero que tiene una enorme importancia democrática: el control de la información y de los aparatos de inteligencia del Estado. El antiguo Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, arrastra una historia de interceptaciones ilegales, persecución y abusos que todavía forma parte de la memoria política colombiana. La cuestión de sus archivos vuelve ahora a cobrar actualidad precisamente cuando el nuevo Gobierno controla esos fondos documentales. Su apertura, conservación y tratamiento son fundamentales para conocer episodios todavía no esclarecidos y para garantizar que la memoria de las víctimas no quede subordinada a los intereses políticos de cada Gobierno. La democracia no consiste únicamente en celebrar elecciones; también significa permitir que una sociedad pueda conocer qué hicieron sus instituciones cuando actuaron clandestinamente contra ciudadanos, organizaciones sociales, periodistas o adversarios políticos.

Incluso las primeras decisiones institucionales del nuevo Ejecutivo muestran que la disputa por el control del Estado no se limita al terreno militar. La destitución del director del DANE, Ricardo Valencia, apenas tres semanas después de su nombramiento, abrió un debate sobre la autonomía técnica del organismo estadístico. El Gobierno argumentó que Valencia incumplió directrices presidenciales sobre comunicación pública, mientras que antiguos responsables del DANE cuestionaron las posibles consecuencias para la independencia y credibilidad de la institución. En un país donde las cifras de empleo, pobreza, desigualdad y crecimiento tienen una importancia decisiva para evaluar las políticas públicas, la autonomía de los organismos que producen información oficial constituye también una cuestión democrática.

Todo esto permite comprender mejor qué puede significar hablar de “democracia en estado de sitio” en Colombia. No significa afirmar que el país haya dejado de ser formalmente una democracia ni que exista una dictadura clásica. Significa señalar una contradicción histórica: instituciones democráticas que conviven con enormes desigualdades materiales; elecciones que se celebran mientras dirigentes sociales son asesinados; derechos constitucionales que coexisten con comunidades desplazadas; una economía moderna que convive con una concentración extraordinaria de la propiedad rural; y un Estado que proclama soberanía mientras mantiene una alianza militar y estratégica extraordinariamente estrecha con la principal potencia mundial.

La cuestión de fondo vuelve así al lugar donde comenzó buena parte de esta historia: la tierra y el poder. Mientras el 1 % de las explotaciones controle el 81 % de la tierra agrícola, mientras existan comunidades campesinas e indígenas disputando el control de sus territorios, mientras las economías ilegales compitan con el Estado por corredores estratégicos y mientras los grandes intereses económicos tengan una capacidad de influencia muy superior a la de millones de trabajadores y campesinos, la violencia colombiana no podrá explicarse únicamente como un problema policial o militar. El propio Centro Nacional de Memoria Histórica ha señalado la relación histórica entre tierra, conflicto, actores armados, narcotráfico, desplazamiento y despojo.

Por eso, la nueva etapa abierta con De la Espriella plantea una pregunta que va mucho más allá de las cifras diarias de capturas, incautaciones o operaciones militares. ¿Puede resolverse una crisis histórica de desigualdad y exclusión mediante una política basada fundamentalmente en la fuerza? La respuesta dependerá de qué otras políticas acompañen a esa estrategia: reforma rural, empleo digno, educación pública, sanidad, vivienda, presencia civil del Estado, protección efectiva de las comunidades y garantías para la participación política. Si la seguridad se convierte únicamente en militarización, el riesgo es volver a reproducir una vieja dinámica en la que las causas sociales del conflicto quedan ocultas detrás de la respuesta armada.

Colombia ha demostrado durante décadas que la violencia puede modificar gobiernos, territorios y relaciones de poder, pero también que la violencia por sí sola nunca ha resuelto las contradicciones que la alimentan. La historia de Gaitán, de La Violencia, del Frente Nacional, de las guerrillas, del paramilitarismo, de la Unión Patriótica, de Plan Colombia y del Acuerdo de Paz forma parte de una misma secuencia histórica en la que la disputa por la tierra, la riqueza y el poder político ha sido una constante. El nuevo Gobierno puede cambiar las prioridades del Estado, reforzar la alianza con Washington y apostar por una estrategia de mayor confrontación, pero ninguna de esas decisiones elimina las estructuras que dieron origen a buena parte del conflicto.

Y ahí se encuentra probablemente la verdadera batalla democrática de Colombia: no solamente quién gobierna desde Bogotá, sino quién tiene capacidad real para decidir sobre la tierra, la riqueza, los territorios y el futuro del país. Una democracia que pueda ser ejercida plenamente por campesinos, trabajadores, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, estudiantes, organizaciones populares y movimientos sociales exige algo más que depositar una papeleta cada cuatro años. Exige que organizarse no sea una sentencia de muerte, que reclamar tierra no convierta a nadie en objetivo, que defender el territorio no sea considerado una amenaza y que la soberanía nacional no quede subordinada a las necesidades estratégicas de ninguna potencia.

La historia colombiana demuestra que cada vez que una parte de la sociedad ha intentado transformar esas relaciones de poder, la respuesta de los sectores dominantes ha sido intensa. También demuestra que las sociedades cambian cuando las mayorías dejan de aceptar que la desigualdad, la violencia y la exclusión sean consideradas parte inevitable del paisaje. La Colombia de 2026 vuelve a encontrarse ante esa contradicción: una democracia formalmente viva, pero atravesada por desigualdades y violencias que cuestionan su contenido real. Lo que está en juego no es solamente la política de seguridad de un nuevo presidente, sino el tipo de sociedad que Colombia quiere construir después de décadas de guerra, concentración de la riqueza, intervención extranjera y resistencia popular.

En ese sentido, la pregunta fundamental continúa siendo la misma que atraviesa toda la historia contemporánea colombiana: ¿democracia para quién, seguridad para quién y propiedad de quién?

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