Colombia: la larga guerra por la tierra, la riqueza y el poder

Por Javier Huerta

Una historia de violencia, exclusión y excepcionalidad para comprender la Colombia de hoy

Del asesinato de Gaitán al regreso de la mano dura: tierra, oligarquía, capitalismo, militarización y dependencia de Estados Unidos

Colombia vuelve a encontrarse ante una de esas encrucijadas históricas en las que la palabra democracia corre el riesgo de quedarse demasiado pequeña para explicar la realidad. El país mantiene elecciones, Congreso, partidos, tribunales y una Constitución que reconoce derechos fundamentales, pero detrás de esa arquitectura institucional permanece una historia marcada por la concentración de la tierra, la desigualdad económica, la violencia política, el desplazamiento campesino, el paramilitarismo, el narcotráfico, la intervención estadounidense y la persecución de quienes han intentado construir una alternativa política y social al poder tradicional. La llegada a la Presidencia de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto de 2026 abre ahora una nueva etapa caracterizada por el fortalecimiento de las políticas de seguridad, la suspensión de buena parte de las negociaciones con organizaciones armadas y un acercamiento especialmente estrecho a Estados Unidos. El propio Gobierno presenta este giro como una recuperación de la autoridad del Estado y de la seguridad nacional; desde otros sectores se advierte del riesgo de regresar a una lógica en la que el conflicto social y territorial se aborda fundamentalmente desde la militarización. La cuestión de fondo, sin embargo, es mucho más profunda: ¿qué democracia puede consolidarse cuando las estructuras económicas y territoriales que alimentaron durante décadas la violencia continúan sin resolverse?

Para entender la Colombia de 2026 hay que regresar necesariamente al 9 de abril de 1948, cuando el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán desencadenó el Bogotazo y abrió una de las etapas más traumáticas de la historia contemporánea del país. Gaitán había construido un discurso de movilización popular que cuestionaba los privilegios de las élites tradicionales y hablaba directamente a unas mayorías campesinas y trabajadoras excluidas del poder. Su asesinato no creó por sí solo la violencia colombiana, pero se convirtió en el símbolo de la ruptura de una posibilidad política y en el comienzo de una etapa de enfrentamientos que acabaría con decenas de miles de muertos. La llamada La Violencia mostró hasta qué punto la disputa política estaba entrelazada con la propiedad de la tierra y el control territorial. El posterior Frente Nacional, establecido entre liberales y conservadores entre 1958 y 1974, consiguió cerrar parcialmente la confrontación entre las dos grandes fuerzas tradicionales, pero lo hizo mediante un sistema de alternancia pactada que dejó fuera a buena parte de las fuerzas políticas y sociales que no encajaban en aquel acuerdo. En ese terreno de exclusión nacieron y crecieron las guerrillas de las décadas siguientes, entre ellas las FARC y el ELN, mientras el Estado desarrollaba una doctrina de seguridad profundamente influida por la lógica de la Guerra Fría.

Pero reducir la historia colombiana a un enfrentamiento entre guerrillas y Estado sería ocultar una parte fundamental del problema. La cuestión agraria ha sido uno de los grandes motores estructurales del conflicto. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha documentado cómo la disputa por la tierra, el desplazamiento forzado, el despojo, la actuación de actores armados y las economías ilegales se encuentran profundamente relacionados con la configuración territorial del país. Y los datos del último gran censo agropecuario analizado por Oxfam permiten observar la dimensión de esa desigualdad: el 1 % de las explotaciones agrícolas concentra el 81 % de la tierra, mientras el 99 % restante se reparte apenas el 19 %. Las explotaciones de menos de diez hectáreas representan el 81 % del total, pero ocupan solamente el 5 % de la superficie. No se trata, por tanto, de una desigualdad abstracta. Se trata de quién posee el suelo, quién controla los territorios, quién decide qué se produce, quién puede acceder al crédito, quién tiene capacidad para invertir y quién puede permanecer en el campo. En una sociedad donde millones de campesinos han sufrido desplazamientos y donde la propiedad rural continúa extraordinariamente concentrada, la tierra sigue siendo una cuestión económica, política y de poder de clase.

Es en este escenario donde debe analizarse el fenómeno paramilitar. Las estructuras paramilitares no fueron simplemente otro actor armado más dentro de una guerra interminable. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha documentado su capacidad para convertirse en reguladores de la vida social y económica de numerosos territorios y ha señalado la necesidad de investigar sus vínculos con sectores estatales, políticos y económicos legales, así como el papel del narcotráfico y el despojo de tierras. En diferentes regiones, la violencia sirvió para expulsar comunidades, destruir organizaciones campesinas, sindicales e indígenas, imponer controles territoriales y modificar las relaciones de propiedad. La historia colombiana demuestra así que la violencia no siempre fue una anomalía al margen de la economía: en determinados territorios se convirtió también en un mecanismo para reorganizar el poder económico y social.

La tragedia de la Unión Patriótica constituye otro capítulo imprescindible. Surgida en el contexto de los intentos de negociación entre el Estado y las FARC durante los años ochenta, la UP trató de convertir la participación política en una alternativa a la confrontación armada. El resultado fue uno de los episodios más graves de persecución política de la historia reciente colombiana: miles de militantes, dirigentes, candidatos y simpatizantes fueron asesinados, desaparecidos o expulsados de sus territorios. La experiencia dejó una herida que todavía condiciona la relación de amplios sectores de la izquierda colombiana con las instituciones. Porque para entender el concepto de “democracia en estado de sitio” no basta con preguntarse si existen elecciones. Hay que preguntarse también qué ocurre cuando una parte de la sociedad intenta organizarse políticamente para disputar el poder económico y territorial establecido.

Durante las décadas siguientes, el narcotráfico, la expansión paramilitar y la insurgencia contribuyeron a profundizar una guerra que dejó millones de víctimas. Y en ese escenario apareció con enorme fuerza otro protagonista: Estados Unidos. Plan Colombia, presentado como una estrategia contra el narcotráfico y posteriormente vinculado también a la lucha contrainsurgente y al fortalecimiento institucional, convirtió a Colombia en uno de los principales receptores de asistencia estadounidense en América Latina. Según el Congressional Research Service, entre los años fiscales 2000 y 2016 la financiación estadounidense vinculada a Plan Colombia y sus estrategias posteriores superó los 10.000 millones de dólares a través de programas del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa. Para Washington, Colombia se convirtió en un socio estratégico en materia de seguridad regional. Para numerosos sectores críticos, aquella relación consolidó una concepción militarizada de los problemas sociales y políticos colombianos. En cualquier caso, los datos permiten afirmar que la relación militar y estratégica entre ambos Estados no es una circunstancia coyuntural de 2026: tiene más de dos décadas de continuidad.

La Constitución de 1991 abrió una nueva etapa y reconoció derechos, mecanismos de participación y una concepción más amplia del Estado social de derecho. Sin embargo, la nueva arquitectura constitucional convivió con la persistencia de la violencia, la desigualdad territorial y la expansión de las economías ilegales. El Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado y las FARC volvió a colocar la cuestión agraria en el centro del debate mediante la Reforma Rural Integral y abrió una oportunidad histórica para atacar algunas de las causas estructurales del conflicto. Pero la implementación fue lenta, desigual y objeto de fuertes disputas políticas. Mientras tanto, numerosos firmantes de la paz y dirigentes sociales continuaron siendo asesinados.

La llegada de Gustavo Petro a la Presidencia en 2022, primer presidente procedente de la izquierda en la historia contemporánea del país, modificó el escenario político. Su proyecto de “paz total”, las reformas sociales y la apuesta por avanzar en la distribución y formalización de tierras representaron una ruptura respecto a décadas de predominio de los sectores tradicionales. Esa ruptura, sin embargo, no significó la desaparición de las estructuras económicas que habían condicionado históricamente al Estado colombiano. El Gobierno Petro tuvo que desenvolverse dentro de un aparato estatal complejo, enfrentó oposición política, conflictos institucionales y problemas de gestión y tampoco logró resolver las múltiples violencias territoriales. No hubo una transformación revolucionaria de las relaciones de propiedad, sino un intento de reforma desde las instituciones existentes. Precisamente por eso resulta importante no confundir la experiencia del primer Gobierno de izquierda con la desaparición del poder económico de las élites tradicionales.

Uno de los terrenos donde esa disputa puede observarse con mayor claridad es precisamente la tierra. En los últimos días del Gobierno Petro, la Agencia Nacional de Tierras informó de la entrega o formalización de más de 61.000 hectáreas en 25 departamentos, destinadas a campesinos, comunidades indígenas, afrodescendientes y organizaciones pesqueras. Más allá de la valoración política que pueda hacerse de aquella política, el dato demuestra que la cuestión agraria seguía siendo una de las grandes batallas pendientes cuando terminó el mandato. El nuevo Gobierno recibe, por tanto, un país donde la propiedad de la tierra continúa extraordinariamente concentrada y donde cualquier reforma territorial afecta directamente a intereses económicos consolidados.

Sobre ese escenario llegó al poder Abelardo de la Espriella, con un discurso centrado en seguridad, autoridad, lucha contra el narcotráfico, control territorial y fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. Durante sus primeras semanas de Gobierno, la seguridad pasó a ocupar un lugar central en la comunicación oficial, mientras se fueron abandonando las mesas de negociación abiertas durante la etapa anterior. El cambio no es solamente discursivo. El 19 de septiembre, El País describía la nueva etapa como un abandono de la política de “paz total” en favor de una estrategia de mayor confrontación militar, respaldada por el nuevo marco de seguridad impulsado junto a Estados Unidos. Según esa información, se han cerrado mesas con grupos como disidencias de las FARC, Clan del Golfo y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, mientras el Gobierno plantea una ley de “acogimiento” basada en el sometimiento a la justicia y no en una negociación política.

La violencia contra quienes ejercen liderazgo social tampoco desapareció con el cambio presidencial. El registro de INDEPAZ contabilizaba, con corte al 11 de septiembre de 2026, 108 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos asesinados durante el año, 89 masacres y 11 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados. Desde enero de 2016 hasta esa misma fecha, el acumulado registrado por el organismo ascendía a 1.998 líderes y defensores asesinados, 783 masacres y 524 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados. Estos números no permiten atribuir automáticamente al Gobierno iniciado en agosto todos los asesinatos ocurridos durante 2026, pero sí muestran la dimensión de una violencia estructural que el nuevo Ejecutivo ha heredado y que ahora pretende abordar prioritariamente desde una política de seguridad más dura.

El giro adquiere todavía mayor dimensión cuando se observa la relación con Washington. El 8 de septiembre de 2026, después de reunirse con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, De la Espriella declaró que Colombia quería consolidarse nuevamente como “principal socio de seguridad hemisférica” de Estados Unidos. En ese encuentro propuso desarrollar el denominado “Plan Patriota Siglo XXI”, que incluye la modernización de aviones, radares, drones, helicópteros, sistemas antidrones, defensa aérea, movilidad, inteligencia, ciberdefensa y fuerzas especiales. El 13 de septiembre, la propia Presidencia presentó los acuerdos alcanzados con Estados Unidos bajo la denominación de “Acuerdos de Barranquilla”, articulados alrededor de tres objetivos: “reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio”. La Presidencia ha definido esta nueva relación como una asociación estratégica y ha reivindicado explícitamente la alianza histórica entre ambos países.

Desde una lectura antiimperialista, la importancia de estos acontecimientos no reside únicamente en quién ocupa actualmente la Casa de Nariño. Lo fundamental es observar la continuidad histórica: Plan Colombia ayer, nuevas estructuras de cooperación militar hoy; dependencia estratégica de Washington ayer, “principal socio de seguridad” hoy. Cambian los nombres, las tecnologías y los escenarios geopolíticos, pero permanece la centralidad de Colombia dentro de la arquitectura de seguridad estadounidense en América Latina. El debate, por tanto, no debería limitarse a determinar si un determinado avión, radar o sistema de inteligencia es eficaz contra una organización armada. También debe preguntarse qué modelo de Estado y de relaciones internacionales se está construyendo, qué recursos públicos se destinan a la seguridad frente a las necesidades sociales y hasta qué punto las prioridades estratégicas de Washington terminan condicionando las políticas nacionales.

Existe además un elemento que puede parecer secundario, pero que tiene una enorme importancia democrática: el control de la información y de los aparatos de inteligencia del Estado. El antiguo Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, arrastra una historia de interceptaciones ilegales, persecución y abusos que todavía forma parte de la memoria política colombiana. La cuestión de sus archivos vuelve ahora a cobrar actualidad precisamente cuando el nuevo Gobierno controla esos fondos documentales. Su apertura, conservación y tratamiento son fundamentales para conocer episodios todavía no esclarecidos y para garantizar que la memoria de las víctimas no quede subordinada a los intereses políticos de cada Gobierno. La democracia no consiste únicamente en celebrar elecciones; también significa permitir que una sociedad pueda conocer qué hicieron sus instituciones cuando actuaron clandestinamente contra ciudadanos, organizaciones sociales, periodistas o adversarios políticos.

Incluso las primeras decisiones institucionales del nuevo Ejecutivo muestran que la disputa por el control del Estado no se limita al terreno militar. La destitución del director del DANE, Ricardo Valencia, apenas tres semanas después de su nombramiento, abrió un debate sobre la autonomía técnica del organismo estadístico. El Gobierno argumentó que Valencia incumplió directrices presidenciales sobre comunicación pública, mientras que antiguos responsables del DANE cuestionaron las posibles consecuencias para la independencia y credibilidad de la institución. En un país donde las cifras de empleo, pobreza, desigualdad y crecimiento tienen una importancia decisiva para evaluar las políticas públicas, la autonomía de los organismos que producen información oficial constituye también una cuestión democrática.

Todo esto permite comprender mejor qué puede significar hablar de “democracia en estado de sitio” en Colombia. No significa afirmar que el país haya dejado de ser formalmente una democracia ni que exista una dictadura clásica. Significa señalar una contradicción histórica: instituciones democráticas que conviven con enormes desigualdades materiales; elecciones que se celebran mientras dirigentes sociales son asesinados; derechos constitucionales que coexisten con comunidades desplazadas; una economía moderna que convive con una concentración extraordinaria de la propiedad rural; y un Estado que proclama soberanía mientras mantiene una alianza militar y estratégica extraordinariamente estrecha con la principal potencia mundial.

La cuestión de fondo vuelve así al lugar donde comenzó buena parte de esta historia: la tierra y el poder. Mientras el 1 % de las explotaciones controle el 81 % de la tierra agrícola, mientras existan comunidades campesinas e indígenas disputando el control de sus territorios, mientras las economías ilegales compitan con el Estado por corredores estratégicos y mientras los grandes intereses económicos tengan una capacidad de influencia muy superior a la de millones de trabajadores y campesinos, la violencia colombiana no podrá explicarse únicamente como un problema policial o militar. El propio Centro Nacional de Memoria Histórica ha señalado la relación histórica entre tierra, conflicto, actores armados, narcotráfico, desplazamiento y despojo.

Por eso, la nueva etapa abierta con De la Espriella plantea una pregunta que va mucho más allá de las cifras diarias de capturas, incautaciones o operaciones militares. ¿Puede resolverse una crisis histórica de desigualdad y exclusión mediante una política basada fundamentalmente en la fuerza? La respuesta dependerá de qué otras políticas acompañen a esa estrategia: reforma rural, empleo digno, educación pública, sanidad, vivienda, presencia civil del Estado, protección efectiva de las comunidades y garantías para la participación política. Si la seguridad se convierte únicamente en militarización, el riesgo es volver a reproducir una vieja dinámica en la que las causas sociales del conflicto quedan ocultas detrás de la respuesta armada.

Colombia ha demostrado durante décadas que la violencia puede modificar gobiernos, territorios y relaciones de poder, pero también que la violencia por sí sola nunca ha resuelto las contradicciones que la alimentan. La historia de Gaitán, de La Violencia, del Frente Nacional, de las guerrillas, del paramilitarismo, de la Unión Patriótica, de Plan Colombia y del Acuerdo de Paz forma parte de una misma secuencia histórica en la que la disputa por la tierra, la riqueza y el poder político ha sido una constante. El nuevo Gobierno puede cambiar las prioridades del Estado, reforzar la alianza con Washington y apostar por una estrategia de mayor confrontación, pero ninguna de esas decisiones elimina las estructuras que dieron origen a buena parte del conflicto.

Y ahí se encuentra probablemente la verdadera batalla democrática de Colombia: no solamente quién gobierna desde Bogotá, sino quién tiene capacidad real para decidir sobre la tierra, la riqueza, los territorios y el futuro del país. Una democracia que pueda ser ejercida plenamente por campesinos, trabajadores, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, estudiantes, organizaciones populares y movimientos sociales exige algo más que depositar una papeleta cada cuatro años. Exige que organizarse no sea una sentencia de muerte, que reclamar tierra no convierta a nadie en objetivo, que defender el territorio no sea considerado una amenaza y que la soberanía nacional no quede subordinada a las necesidades estratégicas de ninguna potencia.

La historia colombiana demuestra que cada vez que una parte de la sociedad ha intentado transformar esas relaciones de poder, la respuesta de los sectores dominantes ha sido intensa. También demuestra que las sociedades cambian cuando las mayorías dejan de aceptar que la desigualdad, la violencia y la exclusión sean consideradas parte inevitable del paisaje. La Colombia de 2026 vuelve a encontrarse ante esa contradicción: una democracia formalmente viva, pero atravesada por desigualdades y violencias que cuestionan su contenido real. Lo que está en juego no es solamente la política de seguridad de un nuevo presidente, sino el tipo de sociedad que Colombia quiere construir después de décadas de guerra, concentración de la riqueza, intervención extranjera y resistencia popular.

En ese sentido, la pregunta fundamental continúa siendo la misma que atraviesa toda la historia contemporánea colombiana: ¿democracia para quién, seguridad para quién y propiedad de quién?

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Los Vargas Llosa, el fujimorismo y el nuevo Perú de Trump: cuando el neoliberalismo se encuentra con la ultraderecha

Por Javier Huerta

Hay apellidos que forman parte de la historia política de un país hasta el punto de convertirse en auténticos símbolos de una determinada época. En el Perú contemporáneo, Vargas Llosa y Fujimori representan dos de esos apellidos. Durante décadas estuvieron enfrentados y llegaron a encarnar proyectos políticos que parecían irreconciliables dentro del campo de la derecha peruana. En 1990, Mario Vargas Llosa concurrió a las elecciones presidenciales al frente del Frente Democrático, defendiendo un programa de profundas reformas económicas basado en la liberalización, la apertura de la economía y una reducción sustancial de la intervención del Estado. Frente a él apareció Alberto Fujimori, un candidato hasta entonces prácticamente desconocido para buena parte de las élites políticas y económicas del país, que acabaría imponiéndose en las urnas. Lo que vino después marcaría profundamente la historia peruana: el autogolpe de 1992, la concentración del poder, la corrupción y las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante su régimen. Vargas Llosa se convirtió entonces en uno de los principales adversarios intelectuales del fujimorismo. Sin embargo, tres décadas después, aquella antigua frontera política se ha desdibujado hasta prácticamente desaparecer. El hijo del hombre que se enfrentó electoralmente a Alberto Fujimori se prepara ahora para representar en Washington al Gobierno de su hija, Keiko Fujimori, precisamente cuando Lima estrecha sus relaciones políticas y de seguridad con la Administración de Donald Trump.

La evolución política de Mario Vargas Llosa ayuda a comprender cómo se ha producido este desplazamiento. El escritor no comenzó su trayectoria en la derecha. Durante su juventud mantuvo posiciones de izquierda y llegó a simpatizar con la Revolución cubana, pero su posterior ruptura con el castrismo y su evolución intelectual le llevaron hacia el liberalismo político y económico. A partir de los años ochenta se convirtió en uno de los principales defensores latinoamericanos de las políticas de mercado, la propiedad privada, la reducción del papel económico del Estado y la apertura de las economías nacionales. Su candidatura presidencial de 1990 fue la expresión política de esa transformación. A partir de entonces, Vargas Llosa pasó a ser una de las figuras intelectuales más influyentes del liberalismo latinoamericano, participando activamente en los debates políticos de la región y respaldando durante años proyectos que defendían la aplicación de políticas económicas neoliberales. Pero aquella evolución continuaría. Con el paso del tiempo, su oposición a la izquierda fue adquiriendo una importancia cada vez mayor y sus alianzas políticas comenzaron a aproximarle a sectores conservadores que ya no representaban únicamente el viejo liberalismo económico. Su apoyo a Jair Bolsonaro en Brasil, a José Antonio Kast en Chile y a otras candidaturas de la derecha radical latinoamericana mostró hasta qué punto había cambiado el espacio político en el que se movía. Lo significativo no es solamente la trayectoria individual del escritor, sino un fenómeno mucho más amplio: una parte del antiguo liberalismo latinoamericano ha terminado encontrando espacios de coincidencia con las nuevas derechas radicales, incorporando a su defensa del mercado posiciones mucho más duras en materia de seguridad, inmigración, identidad, orden público y confrontación con la izquierda.

El cambio resulta especialmente revelador cuando se observa la relación con el fujimorismo. Durante años Vargas Llosa sostuvo una oposición frontal a Alberto Fujimori y posteriormente a su hija Keiko. Sin embargo, en 2021, ante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, el escritor pidió votar por la candidata de Fuerza Popular. El argumento utilizado entonces fue que, frente a Castillo, había que optar por Fujimori como alternativa para impedir el avance de la izquierda. Aquella decisión cerró una de las grandes contradicciones de su trayectoria política: quien había construido buena parte de su identidad pública enfrentándose al fujimorismo terminó respaldando electoralmente a su principal heredera política. Después de su muerte, esa aproximación no desapareció con él. Álvaro Vargas Llosa asumió públicamente el respaldo a Keiko Fujimori durante las elecciones de 2026, llegando a sostener que su padre probablemente también habría apoyado su candidatura. El movimiento adquirió una dimensión institucional cuando Keiko Fujimori anunció que Álvaro Vargas Llosa sería propuesto como embajador del Perú en Estados Unidos. Si el proceso diplomático culmina formalmente, será precisamente el hijo de aquel candidato presidencial que en 1990 se enfrentó a Alberto Fujimori quien representará en Washington al Gobierno de la hija de su antiguo adversario.

La fotografía política adquiere todavía mayor significado por el momento en que se produce. El anuncio del futuro embajador coincide con una ofensiva diplomática del Gobierno peruano para estrechar sus relaciones con Estados Unidos y con la visita a Lima del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Durante esa visita, Keiko Fujimori confirmó la incorporación del Perú al denominado Escudo de las Américas, iniciativa promovida por Washington para reforzar la cooperación entre distintos gobiernos del continente en materia de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales transnacionales. La medida ha sido presentada por el Gobierno peruano como una respuesta necesaria ante el crecimiento del crimen organizado y como una forma de mejorar la cooperación internacional, pero se produce dentro de un contexto geopolítico mucho más amplio. La Administración Trump está tratando de recuperar espacio político y estratégico en América Latina, al mismo tiempo que observa con creciente preocupación la expansión de la presencia económica de China en la región. Perú ocupa una posición especialmente importante en esta disputa debido a sus relaciones comerciales con China y a la importancia estratégica adquirida por el puerto de Chancay. De esta manera, la nueva relación con Washington no puede contemplarse únicamente desde la perspectiva de la lucha contra el narcotráfico o la delincuencia: forma parte también de una pugna por la influencia económica, política y estratégica en el Pacífico latinoamericano.

El Gobierno de Keiko Fujimori está construyendo buena parte de su discurso alrededor de la seguridad y de la necesidad de recuperar la autoridad del Estado frente al crimen organizado. En un país que arrastra una profunda crisis institucional y una percepción creciente de inseguridad, ese discurso encuentra un terreno especialmente favorable. El problema aparece cuando la respuesta a la criminalidad comienza a traducirse en una ampliación permanente de las facultades de las fuerzas de seguridad, una reducción de los controles sobre su actuación o una utilización cada vez más amplia de instrumentos excepcionales. En julio de 2026, por ejemplo, fue promulgada una reforma que amplía la competencia de la justicia militar y policial sobre determinados delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía, incluso en circunstancias que afectan a civiles. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han expresado preocupación por las consecuencias que este tipo de reformas pueden tener para la investigación y persecución de posibles violaciones de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha advertido sobre actuaciones que pueden afectar a la independencia judicial. Estas advertencias adquieren un significado especial en Perú porque la historia reciente del país está marcada precisamente por los abusos cometidos bajo gobiernos que utilizaron la lucha contra el terrorismo y la defensa del orden público como justificación para ampliar el poder de los aparatos estatales de seguridad.

No se trata de negar la existencia del crimen organizado ni la necesidad de combatirlo. Perú se enfrenta a problemas reales de violencia, narcotráfico, extorsión y penetración de organizaciones criminales, y cualquier gobierno tiene la obligación de proteger a la población. La cuestión política es otra: qué instrumentos utiliza el Estado para hacerlo y cuáles son los límites que está dispuesto a respetar. La experiencia histórica demuestra que la seguridad puede convertirse en una herramienta política extraordinariamente poderosa cuando se presenta como una cuestión absoluta frente a la cual cualquier garantía democrática aparece como un obstáculo. Ese fue uno de los mecanismos utilizados durante el fujimorismo de los años noventa, aunque el contexto actual sea diferente y no pueda establecerse una equivalencia automática entre ambos periodos. Precisamente por ello resulta necesario observar con atención la evolución de las instituciones, el papel concedido a las Fuerzas Armadas y a la Policía, las reformas judiciales y la utilización política del discurso de la mano dura.

El paralelismo con la experiencia fujimorista tampoco puede reducirse a la cuestión de la seguridad. Existe una dimensión económica que resulta fundamental para comprender la continuidad de determinadas políticas. El régimen de Alberto Fujimori consolidó en los años noventa un modelo económico basado en la apertura de los mercados, las privatizaciones, la reducción de la intervención estatal y la atracción de capital extranjero. Aquel proceso transformó profundamente la economía peruana y dejó una estructura neoliberal que, con diferentes gobiernos y matices, ha sobrevivido durante décadas. Las fuerzas políticas que se han sucedido en el poder han discutido sobre numerosas cuestiones, pero el modelo económico fundamental ha demostrado una extraordinaria capacidad de permanencia. El debate actual se desarrolla, por tanto, sobre una estructura que continúa concediendo un enorme peso a la inversión privada y al mercado, mientras amplios sectores sociales siguen reclamando respuestas frente a la desigualdad, la precariedad y la debilidad de los servicios públicos. El neoliberalismo no desapareció con Fujimori; se convirtió en parte estructural del sistema político y económico peruano.

Lo que está cambiando ahora es la forma de proteger y reforzar ese modelo en un contexto político mucho más polarizado. Las derechas latinoamericanas de las últimas décadas han aprendido que ya no basta con defender las privatizaciones, la liberalización económica o la reducción del Estado. Las nuevas derechas incorporan un discurso mucho más agresivo contra la izquierda, los movimientos sociales y las políticas redistributivas, al tiempo que convierten la seguridad, la autoridad y la defensa del orden en elementos centrales de su identidad. Es una combinación que puede observarse, con características diferentes, en varios países de la región y que mantiene una relación cada vez más estrecha con determinadas corrientes de la derecha estadounidense. En este nuevo escenario, Trump no representa simplemente una referencia electoral para los conservadores latinoamericanos, sino un modelo político que combina nacionalismo, proteccionismo selectivo, confrontación con la izquierda, endurecimiento de las políticas migratorias, fortalecimiento del aparato de seguridad y una política exterior destinada a recuperar la primacía estadounidense en el hemisferio.

La Administración Trump está intentando reconstruir precisamente esa influencia. La seguridad constituye uno de los instrumentos principales, pero detrás de ella existe una agenda geopolítica más amplia. Washington quiere fortalecer sus alianzas con gobiernos considerados próximos, aumentar la cooperación militar y policial, contener la influencia de China y recuperar capacidad de intervención política en una región donde durante las últimas décadas otros actores han ganado espacio. La nueva política estadounidense hacia América Latina está encontrando interlocutores especialmente receptivos entre los gobiernos de derecha que comparten la preocupación por la expansión de China y que consideran la cooperación con Estados Unidos una herramienta para combatir el crimen organizado. La incorporación de Perú al Escudo de las Américas encaja en esa estrategia y sitúa a Lima dentro de una red de cooperación regional impulsada directamente desde Washington.

La cuestión de China resulta especialmente relevante para entender el interés estadounidense por Perú. Durante los últimos años, China se ha convertido en uno de los principales socios comerciales del país y su presencia en infraestructuras estratégicas ha crecido considerablemente. El puerto de Chancay, construido con participación de la empresa china COSCO Shipping Ports, es el ejemplo más visible. Para Perú, la relación económica con China tiene una importancia indiscutible; para Washington, la expansión de la presencia china en el Pacífico sudamericano constituye un desafío estratégico. El Gobierno de Keiko Fujimori no ha roto sus relaciones económicas con Pekín, pero su decisión de profundizar el vínculo político y de seguridad con Estados Unidos introduce una nueva dimensión en el equilibrio internacional peruano. La disputa entre Washington y Pekín se proyecta así sobre un país que se encuentra en una posición económica y geográfica especialmente sensible.

En este escenario es donde el nombramiento de Álvaro Vargas Llosa adquiere un significado que va mucho más allá de su condición de embajador. Su trayectoria familiar representa una parte de la evolución de las élites intelectuales de la derecha latinoamericana: del liberalismo clásico al neoliberalismo y, posteriormente, a una aproximación cada vez mayor a las nuevas derechas conservadoras. Su llegada a Washington como representante de un Gobierno fujimorista que está estrechando sus vínculos con Trump convierte esa evolución en una imagen política difícil de ignorar. El apellido Vargas Llosa, que durante décadas fue asociado a la oposición al fujimorismo, aparece ahora integrado en el proyecto internacional del nuevo fujimorismo. La contradicción histórica no es menor, porque revela hasta qué punto las antiguas divisiones dentro de la derecha peruana han quedado subordinadas a una nueva confrontación política en la que el principal enemigo común es la izquierda y en la que la alianza con Washington vuelve a ocupar un lugar central.

Esta transformación también obliga a revisar una idea que durante mucho tiempo se presentó como incuestionable: que liberalismo económico y autoritarismo político pertenecen necesariamente a campos diferentes. La historia latinoamericana demuestra que pueden coexistir y que, en determinados momentos, las élites económicas pueden considerar útil un Estado fuerte para garantizar la estabilidad del modelo económico. Eso no significa que todo liberal sea autoritario ni que cualquier gobierno que defienda políticas de mercado termine necesariamente recurriendo a prácticas autoritarias. Significa que la defensa del mercado y la defensa de las libertades políticas no son automáticamente la misma cosa, y que la experiencia peruana de los años noventa constituye uno de los ejemplos más claros de cómo ambas dimensiones pueden separarse.

El Perú actual se encuentra ante una situación diferente, pero algunas de aquellas tensiones vuelven a aparecer bajo nuevas formas. El Gobierno de Keiko Fujimori combina la defensa de un modelo económico consolidado durante décadas con un discurso de autoridad y seguridad cada vez más marcado, mientras refuerza su relación estratégica con Estados Unidos. En paralelo, distintos organismos internacionales han expresado preocupación por determinadas reformas relacionadas con la justicia, las fuerzas de seguridad y la independencia institucional. No sería correcto afirmar que todas estas medidas convierten automáticamente al Perú en una dictadura ni que el país reproduce exactamente el régimen de Alberto Fujimori. Pero tampoco resulta razonable ignorar las señales que generan preocupación cuando el fortalecimiento del poder ejecutivo, la ampliación de las competencias de las fuerzas de seguridad y el debilitamiento de determinados controles institucionales aparecen simultáneamente.

La historia de los Vargas Llosa permite observar esta transformación desde una perspectiva particularmente reveladora. Mario Vargas Llosa pasó de la izquierda de su juventud al liberalismo y terminó apoyando a candidatos situados en la derecha radical. Después de su muerte, su hijo Álvaro se ha convertido en uno de los apoyos públicos de Keiko Fujimori y está llamado a ocupar un puesto clave en Washington. Mientras tanto, la presidenta peruana profundiza la relación con una Administración estadounidense que está tratando de reorganizar las alianzas políticas y de seguridad del continente. Lo que hace treinta años parecía una contradicción —Vargas Llosa y Fujimori enfrentados— hoy aparece como una convergencia política dentro de una derecha peruana que ha cambiado profundamente.

No estamos simplemente ante la historia de una familia ni ante una reconciliación entre dos viejos adversarios. Lo que se está produciendo es una transformación de las derechas latinoamericanas en la que el viejo programa neoliberal permanece, pero se combina cada vez más con discursos de orden, seguridad, nacionalismo y confrontación frontal con la izquierda. El fujimorismo peruano se inserta en esa corriente mientras busca estrechar sus relaciones con Washington y participar en la arquitectura de seguridad que la Administración Trump está impulsando en América Latina. Y los Vargas Llosa, que durante décadas representaron una de las expresiones intelectuales más conocidas del liberalismo latinoamericano, han terminado ocupando un espacio dentro de esa misma convergencia.

Perú vuelve así a convertirse en un laboratorio político de enorme importancia para América Latina. El país deberá afrontar simultáneamente la inseguridad, la desigualdad, la crisis de representación, la debilidad de sus instituciones y la presión de una disputa geopolítica cada vez más intensa entre Estados Unidos y China. La respuesta que está ofreciendo el Gobierno de Keiko Fujimori pasa por reforzar la seguridad, consolidar el modelo económico heredado del ciclo neoliberal y estrechar la alianza con Washington. El problema que queda abierto es si ese camino permitirá resolver las profundas fracturas sociales del país o si terminará profundizando un modelo en el que la autoridad del Estado se fortalece mientras las causas sociales de la desigualdad y la exclusión permanecen intactas.

La fotografía de este nuevo Perú resulta, en ese sentido, tremendamente significativa. Keiko Fujimori ocupa la Presidencia; Marco Rubio llega a Lima para reforzar la cooperación con Washington; Trump intenta recuperar el control estratégico de América Latina; China mantiene una posición económica fundamental en el país; y Álvaro Vargas Llosa se prepara para representar al Gobierno peruano ante Estados Unidos. Los protagonistas han cambiado respecto a 1990, pero los grandes conflictos continúan atravesando la política peruana: neoliberalismo frente a demandas sociales, seguridad frente a derechos, soberanía frente a dependencia y un país situado en medio de una disputa geopolítica que vuelve a convertir a América Latina en un escenario prioritario para Washington.

Y quizá sea precisamente ahí donde se encuentre la mayor paradoja de esta historia. El apellido Vargas Llosa nació políticamente enfrentado al fujimorismo y termina formando parte de su nueva arquitectura de poder internacional. Aquella derecha que en otros tiempos aparecía dividida entre liberalismo y fujimorismo parece haber encontrado hoy un enemigo común y una nueva referencia internacional. La Administración Trump ofrece el marco geopolítico; el neoliberalismo proporciona buena parte de la estructura económica; el fujimorismo aporta su tradición política y su discurso de autoridad; y los Vargas Llosa aportan una legitimidad intelectual construida durante décadas en defensa del liberalismo latinoamericano.

El Perú de 2026 está escribiendo, por tanto, un nuevo capítulo de una vieja historia. Una historia en la que las derechas cambian de nombre, renuevan sus discursos y modifican sus alianzas, pero continúan disputando el control del Estado y del modelo económico. Esta vez, con Washington mirando hacia Lima y con un Vargas Llosa dispuesto a ocupar el lugar de embajador que simboliza, quizá mejor que cualquier discurso, la extraordinaria transformación de la derecha peruana durante las últimas décadas.

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La solidaridad internacional con Chile: cuando el mundo salió a la calle

Por Javier Huerta

El 11 de septiembre de 1973 no solamente cambió la historia de Chile. Las imágenes de La Moneda en llamas, los comunicados de la Junta Militar, las detenciones masivas y las primeras noticias sobre la represión provocaron una conmoción que atravesó las fronteras. En distintos lugares de Europa y América Latina comenzaron a organizarse manifestaciones, concentraciones, campañas de denuncia, recogidas de fondos y redes de acogida para los chilenos perseguidos. Lo que inicialmente podía parecer una reacción espontánea terminó convirtiéndose en uno de los movimientos internacionales de solidaridad política más importantes de la década de 1970.

La solidaridad no apareció de la nada. Antes del golpe ya existían relaciones políticas, sindicales y culturales entre Chile y numerosos países europeos. La experiencia de la Unidad Popular había despertado un enorme interés entre sectores de la izquierda internacional, pero también entre organizaciones sociales que veían en el proceso chileno una experiencia singular: la posibilidad de avanzar hacia transformaciones socialistas utilizando mecanismos democráticos. Después del 11 de septiembre, aquellas relaciones adquirieron otro significado. Ya no se trataba solamente de acompañar un proceso político que estaba desarrollándose en Chile, sino de defender a un pueblo sometido a una dictadura y mantener abierta, desde fuera, la denuncia de lo que estaba sucediendo dentro del país.

Las primeras respuestas fueron extraordinariamente rápidas. El 22 de septiembre de 1973, apenas once días después del golpe, una reunión europea de organizaciones juveniles y estudiantiles celebrada en París reunió a representantes de quince países de Europa occidental y siete países socialistas. De aquella reunión salieron campañas de información, manifestaciones, recogidas de dinero para la resistencia y llamamientos para crear comités de solidaridad. Pocos días después, entre el 29 y el 30 de septiembre, Helsinki acogió una Conferencia Internacional de Solidaridad con el pueblo chileno que reunió a representantes procedentes de diferentes tradiciones políticas y del movimiento internacional por la paz. La solidaridad con Chile comenzaba a adquirir una dimensión internacional organizada cuando la dictadura apenas llevaba unas semanas en el poder.

Aquello tuvo una importancia política que merece ser recordada. En plena Guerra Fría, la solidaridad con Chile consiguió reunir en determinadas iniciativas a comunistas, socialistas, sindicalistas, organizaciones estudiantiles, movimientos por la paz, organizaciones cristianas y asociaciones de defensa de los derechos humanos. No todos compartían la misma concepción del socialismo, ni la misma relación con la Unión Soviética, ni siquiera la misma interpretación de cuál debía ser el futuro de Chile. Pero existía un punto de encuentro: la condena al golpe militar, la defensa de las libertades y la exigencia del fin de la represión. La investigación histórica ha señalado precisamente esta capacidad de la causa chilena para crear espacios de colaboración entre corrientes políticas que normalmente estaban separadas.

En Europa, además, aquella solidaridad se convirtió en una experiencia profundamente vinculada a la lucha antifascista. El golpe chileno se produjo cuando todavía estaban abiertas las heridas de las dictaduras de España, Portugal y Grecia. Para muchos militantes europeos, Chile no era una tragedia distante, sino una advertencia. La caída de la democracia chilena y la persecución de la izquierda podían ser comprendidas dentro de una realidad internacional en la que el anticomunismo, el autoritarismo y la intervención contra los procesos de transformación social seguían formando parte de la política internacional. Por eso, en determinados sectores de la izquierda europea, la solidaridad con Chile comenzó a relacionarse también con la lucha contra las dictaduras del sur de Europa.

Italia constituye uno de los ejemplos más importantes y, para nosotros, merece un espacio especial. Después del golpe, representantes de la Unidad Popular que se encontraban fuera de Chile comenzaron a establecer contactos con las fuerzas de la izquierda italiana. El 18 de septiembre, apenas una semana después del golpe, dirigentes de la Unidad Popular encabezados por Volodia Teitelboim participaron en Roma en iniciativas destinadas a movilizar a las fuerzas democráticas italianas e internacionales. Poco después comenzó a organizarse en la capital italiana una estructura permanente de coordinación e información de la Unidad Popular para Europa occidental. En noviembre, Jorge Arrate llegó a Roma para asumir responsabilidades en aquel organismo, mientras la Associazione nazionale Italia-Cile, integrada por partidos de izquierda, sindicatos y personalidades italianas, se convertía en uno de los espacios importantes de aquella solidaridad.

Italia también sería protagonista de una experiencia política de enorme relevancia: la colaboración entre distintas familias de la izquierda europea alrededor de la causa chilena. En julio de 1974 se celebró en París la Conferencia Paneuropea de Solidaridad con Chile, impulsada fundamentalmente desde las izquierdas italiana y francesa, con participación de fuerzas comunistas y socialistas de distintos países europeos. Aquella iniciativa tenía un significado que iba más allá de la solidaridad humanitaria. Chile se estaba convirtiendo en un terreno común para reconstruir espacios de cooperación internacional entre sectores de la izquierda que durante años habían mantenido importantes diferencias políticas.

Suecia ofrece otro ejemplo extraordinario. Allí ya existía un movimiento de solidaridad con Chile antes del golpe y, después de septiembre de 1973, la organización creció rápidamente. El movimiento sueco combinó la denuncia política con la acogida de refugiados y con una intensa actividad social y cultural. El papel del embajador sueco Harald Edelstam, que ayudó a perseguidos políticos y utilizó la embajada para proteger a personas amenazadas por la represión, se convirtió en uno de los símbolos más conocidos de aquella respuesta internacional. Pero sería injusto reducir la experiencia sueca a una figura diplomática: detrás de ella existió una amplia red de organizaciones, militantes y ciudadanos que hicieron de la solidaridad con Chile una práctica cotidiana.

La solidaridad tampoco se limitó a las grandes organizaciones políticas. Hubo sindicatos que organizaron campañas, estudiantes que ocuparon las calles, asociaciones que recogieron dinero, iglesias que ofrecieron espacios, periodistas que difundieron información censurada, artistas que organizaron conciertos y familias que abrieron sus casas para recibir a personas que acababan de escapar de Chile. La investigación sobre Francia y Suecia muestra precisamente cómo las actividades culturales —carteles, exposiciones, conciertos, publicaciones y encuentros— se convirtieron en instrumentos de denuncia y de construcción de redes internacionales. La solidaridad no fue solamente una declaración política: fue también trabajo cotidiano.

La música desempeñó un papel extraordinario. La Nueva Canción Chilena ya había alcanzado una dimensión internacional antes del golpe y, después de 1973, artistas y grupos exiliados como Inti-Illimani y Quilapayún llevaron a escenarios europeos la memoria de la Unidad Popular y la denuncia de la dictadura. Sus canciones permitieron que personas que jamás habían estado en Chile conocieran su historia, sus luchas y sus esperanzas. El exilio convirtió así una parte de la cultura chilena en una herramienta internacional de resistencia. No fue casual que la dictadura intentara controlar y perseguir precisamente aquellos espacios culturales asociados a la izquierda y a la movilización popular.

También fue decisiva la batalla por la información. Durante los primeros meses de la dictadura existía una enorme necesidad de conocer qué estaba sucediendo realmente en Chile. Las organizaciones de solidaridad publicaron boletines, organizaron charlas, difundieron testimonios de exiliados y establecieron contactos con organizaciones internacionales. Amnesty International realizó una misión de investigación en Chile en 1973, una iniciativa que contribuyó a colocar la situación de los derechos humanos bajo la mirada de la opinión pública internacional. La experiencia chilena sería, de hecho, uno de los acontecimientos que contribuyeron al crecimiento de las redes transnacionales de defensa de los derechos humanos durante la década de 1970.

A medida que pasaban los años, aquellas redes fueron adquiriendo mayor organización. La Conferencia de Helsinki de 1973, la Conferencia Paneuropea de París de 1974 y otras iniciativas posteriores fueron construyendo una infraestructura internacional de solidaridad. En 1978, Madrid acogió la Conferencia Mundial de Solidaridad con Chile, que representó un nuevo momento de convergencia de aquellas redes europeas y latinoamericanas. España, todavía bajo la dictadura franquista, adquiría así un papel singular en una campaña internacional contra otra dictadura. La solidaridad con Chile también comenzó a dialogar con las luchas democráticas existentes en la propia Europa.

Hay algo especialmente importante en toda esta historia: los pueblos no tuvieron que esperar a que los gobiernos decidieran qué posición adoptar. Muchas veces fueron las organizaciones sociales las que presionaron a sus propios gobiernos para que condenaran a la Junta Militar, acogieran refugiados, rompieran determinadas relaciones o adoptaran medidas contra el régimen. La movilización internacional fue construyendo una presión política desde abajo que obligó a numerosos gobiernos y parlamentos a posicionarse. En octubre de 1973, por ejemplo, el Parlamento Europeo aprobó una resolución reclamando el retorno de la democracia y el fin de las violaciones de los derechos humanos en Chile.

Y aquí aparece quizá la principal razón por la que recuperar esta historia 53 años después. La solidaridad internacional no derribó por sí sola a la dictadura. No debemos convertir la historia en una leyenda en la que las manifestaciones europeas aparecen como la causa directa del final del régimen. La realidad fue mucho más compleja y la resistencia dentro de Chile resultó fundamental. Pero tampoco podemos aceptar la idea contraria, según la cual aquellas campañas fueron meramente testimoniales. Ayudaron a proteger exiliados, a difundir información, a mantener viva la denuncia, a generar recursos para organizaciones chilenas, a aislar políticamente a la dictadura y, sobre todo, a impedir que el régimen consiguiera convertir la tragedia chilena en un asunto exclusivamente interno.

Por eso, cuando hoy hablamos de internacionalismo, conviene recordar que aquella solidaridad se construyó con recursos limitados y con enormes dificultades. No existían las redes sociales, ni internet, ni las posibilidades actuales de comunicación instantánea. Había que imprimir un boletín, organizar una reunión, conseguir una sala, pegar carteles, convocar una manifestación, traducir documentos, enviar cartas, recoger dinero o viajar para explicar lo ocurrido. La solidaridad tenía rostro, tiempo, esfuerzo y compromiso militante. Y precisamente por eso consiguió crear vínculos que, en algunos casos, sobrevivieron durante décadas.

Chile también dejó una huella profunda en quienes participaron en aquellas campañas. La experiencia europea demuestra que la solidaridad internacional no funciona únicamente en una dirección. Europa ayudó a los chilenos perseguidos, pero Chile también transformó políticamente a quienes se solidarizaron con Chile. Sus organizaciones, sus músicos, sus militantes y sus exiliados llegaron a sindicatos, universidades, barrios y movimientos sociales europeos, aportando experiencias que después formarían parte de otras luchas contra el fascismo, el imperialismo y las dictaduras. La solidaridad terminó siendo, por tanto, un encuentro entre pueblos y no simplemente una relación entre quien ayuda y quien recibe ayuda.

Quizá por eso merece la pena recuperar aquellas imágenes de estudiantes marchando por las calles de Hamburgo pocos días después del golpe, los comités que aparecieron en distintas ciudades europeas, los trabajadores que hicieron campañas sindicales, los conciertos organizados para recaudar fondos, los exiliados que recorrían Europa explicando lo que estaba ocurriendo y las conferencias internacionales en las que hombres y mujeres de diferentes países intentaban encontrar una respuesta común. Aquello formó parte de una memoria internacionalista que no pertenece exclusivamente a Chile, porque fue construida también por miles de personas de otros pueblos que entendieron que la derrota de la Unidad Popular no podía ser recibida con silencio.

Cincuenta y tres años después, cuando todavía existen intentos de relativizar el golpe, de presentar la dictadura como una inevitable respuesta al conflicto político chileno o de convertir la memoria en una disputa partidista más, recordar aquella solidaridad adquiere una dimensión diferente. El 11 de septiembre de 1973 fue una derrota terrible para quienes habían intentado construir una sociedad diferente, pero la dictadura descubrió desde sus primeros días que Chile no estaba solo. Había pueblos, organizaciones, sindicatos, estudiantes, artistas, partidos políticos y personas anónimas dispuestas a salir a la calle para decir que aquello que estaba sucediendo no podía ser aceptado.

La historia de Chile también es, por tanto, la historia de quienes estuvieron junto a Chile sin haber nacido allí. De quienes acogieron a un exiliado, imprimieron un boletín, organizaron una manifestación, prestaron un local, cantaron una canción, levantaron una pancarta o simplemente decidieron que no iban a permanecer indiferentes. En aquellos años, la solidaridad internacional demostró que una dictadura puede cerrar las fronteras de un país, pero no puede cerrar las fronteras de la solidaridad entre los pueblos.

Y quizá sea esa la enseñanza que merece ser recuperada hoy. No para convertir el pasado en una postal heroica, ni para idealizar todas las organizaciones que participaron en aquellas campañas, sino para recordar algo mucho más concreto: cuando el pueblo chileno sufrió una de las grandes derrotas políticas de la historia latinoamericana contemporánea, hubo personas en muchos lugares del mundo que entendieron que la solidaridad también era una forma de lucha. Salieron a las calles, abrieron sus organizaciones, acogieron a quienes llegaban perseguidos y mantuvieron viva una causa cuando dentro de Chile la represión intentaba imponer el silencio.

Chile fue una causa internacional porque su tragedia fue entendida como una cuestión universal: la defensa de la democracia, de la soberanía de los pueblos, de la libertad y de la posibilidad de construir sociedades diferentes. Y aquella solidaridad, nacida en las calles de Europa y de otros lugares del mundo inmediatamente después del golpe, sigue formando parte de la historia de Chile. Pero también forma parte de la historia de quienes, desde otros pueblos, decidieron que frente al fascismo, la represión y el imperialismo no bastaba con mirar. Había que organizarse, denunciar y estar al lado de quienes resistían.

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Nicaragua y la causa palestina

Por Stephen Sefton 

En estos días, entre el siete y el diez de septiembre, la Corte Internacional de Justicia abrirá sesiones para escuchar argumentos sobre el caso que Nicaragua ha llevado contra Alemania por su apoyo al genocidio sionista contra las familias palestinas en Gaza. Nicaragua argumenta que Alemania, al brindar apoyo político, financiero y militar a Israel y por haber retirado financiamiento la Organización delas Naciones Unidas de Obras Públicas y Socorro para los refugiados palestinos, "está facilitando la comisión del genocidio y, en cualquier caso, ha incumplido su obligación de hacer todo lo posible para prevenir la comisión de genocidio".

Actualmente, la cifra oficial de las autoridades palestinas del número muertos por motivo de la agresión armada israelí contra la población civil es alrededor de 74,000 personas identificadas. La cifra de personas muertas no incluye un número desconocido de personas desparecidas que quedan debajo de la enorme extensión de los escombros de los incontables edificios destruidos por los despiadados bombardeos israelíes. La gran mayoría de las personas muertas han sido mujeres, niños y niñas.  Un informe de la ONU del pasado mes de junio reportó más de 20.000 niños y niñas palestinos muertos y más de 44.000 heridos desde octubre de 2023,  comentando que la "abrumadora escala y tasa de niños muertos y heridos en Gaza no tiene paralelo en los conflictos modernos a nivel mundial".  

Fue en este contexto que Nicaragua inició el proceso contra Alemania ante la CIJ el primero de marzo 2024, cuando ya estaba absolutamente clara la profundización por el régimen sionista de su campaña de masacre indiscriminada de miles de familias palestinas en Gaza. El caso de Nicaragua contra Alemania complementa el caso llevado ante la CIJ por el gobierno de Sudáfrica algunas semanas antes, directamente contra el estado israelí por motivo no solo de su genocidio en Gaza, sino también por el ilegal sistema de apartheid aplicado durante décadas en Palestina por las fuerzas de la ocupación israelí. Tanto Nicaragua como Sudáfrica tienen lazos históricos entrañables con el pueblo lalestino desde sus respectivas luchas revolucionarias por la liberación nacional.

Los lazos históricos

En el caso de Nicaragua, desde su fundación en 1961 el Frente Sandinista de Liberación Nacional ha apoyado la causa palestina de múltiples maneras. Entre sus mártires en sus primeros años de lucha fue el compañero Selim Shible quien había militado como estudiante contra la dictadura somocista antes de integrarse al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Su padre había sido forzado a migrar al extranjero, llegando a Nicaragua después de la muerte de sus padres a manos de la ocupación sionista en Palestina. Precisamente por motivo de la simpatía de su padre para el movimiento guerrillero palestino Al Fatah, formado en 1959, su familia había sido perseguida por el régimen somocista. En 1964 a la edad de 20 años, el joven Selim se integró al FSLN y ayudó a establecer la guerrilla urbana en Managua antes de caer en acción en 1967 a manos de la Guardia Nacional.

En ese momento histórico la lucha palestina fue la más clara expresión de la lucha del mundo mayoritario contra el colonialismo e imperialismo occidental, ya que Israel fue respaldado por casi todos los poderes imperialistas norteamericanos y europeos. Gracias al apoyo de los países occidentales, Israel podía servir como apoyo a las dictaduras y gobiernos de derecha de América Latina y el Caribe de tal manera que, en los años 1970s, el régimen somocista compraba casi todas sus armas de Israel. En cambio, Palestina tenía la solidaridad de todos los pueblos en lucha alrededor del mundo desde Cuba a Vietnam y la Corea Democrática, a los países africanos recientemente independientes y todos los movimientos de liberación nacional, incluyendo el Frente Sandinista en Nicaragua. Así que era natural que hubiera un intercambio y colaboración entre estos movimientos que compartían la misma lucha por la independencia de sus países del dominio imperialista.

En el caso de Nicaragua, los lazos con Palestina incluyen la colaboración con el General Sandino del compañero palestino Ghadeer Abu Sneineh, nacido en Colombia. El escritor Martín Alejandro Martinelli ha notado como, después del asesinato de Sandino, el compañero Ghadeer fue a Palestina para luchar contra la ocupación británica de su país en ese tiempo. En solidaridad con la Organización por la Liberación de Palestina, revolucionarios sandinistas dieron sus vidas en la lucha armada para Palestina. Los compañeros Patricio Argüello Ryan y Juan José Quezada participaron en destacadas acciones guerrilleras del Frente Popular por la Liberación de Palestina, en una de las cuales el compañero Patricio Argüello cayó el 6 de septiembre de 1970. Docenas de militantes sandinistas recibieron entrenamiento militar con las fuerzas palestinas radicadas en el Líbano y en Argelia para poder enfrentar a la altamente preparada Guardia Nacional somocista.

El gobierno revolucionario

En julio 1980, Yasser Arafat, el dirigente histórico del pueblo palestino, visitó a Nicaragua para celebrar el triunfo de la Revolución Popular Sandinista del año anterior. Los intercambios profesionales, en la medicina, la educación y la agricultura de la primera etapa de la revolución eran constantes pero fueron interrumpidos por los 17 años de los gobiernos neoliberales sumisos a la política exterior norteamericana. En la segunda fase de la Revolución desde enero 2007, nuestro gobierno ha insistido constantemente en el derecho del pueblo palestino a tener su propio estado basado en las normas del derecho internacional y con su capital en Jerusalén. En 2010, se cortaron las relaciones diplomáticas con Israel por motivo del ataque israelí contra una flotilla de la paz en que las fuerzas sionistas asesinaron diez de los activistas pacifistas civiles e hirieron a más de treinta. 

En 2013, el compañero Raid Malki, Ministro de Relaciones Exteriores de Palestina, visitó a Nicaragua y reafirmó las relaciones de solidaridad y cooperación entre ambos pueblos, “Yo he sentido el deseo sincero de seguir apoyando a la causa Palestina por parte del Comandante Presidente Daniel Ortega. Yo siento profundamente que el pueblo de Nicaragua sigue apoyando y quiere ver a Palestina como estado libre e independiente...Tenemos buena cooperación a nivel de nuestros embajadores en las Naciones Unidas, en diferentes organizaciones internacionales y nosotros queremos ver algo más, por eso estoy aquí como Canciller palestino, tratando de ver cómo podemos promover las relaciones para llevarlas a otros niveles de cooperación y apoyo”.

En diciembre de 2018 una delegación de la Agencia de Cooperación Internacional de Palestina acordó con nuestro Ministerio de Salud un intercambio profesional para reforzar la capacidad profesional en todas las diferentes técnicas quirúrgicas. Ministra Sonia Castro comentó “Eso es lo que hacen los países hermanos, eso es lo que hacen los países solidarios como Palestina, al cual Nicaragua le tiene un enorme reconocimiento por su valentía, por su dignidad y que somos hermanos en la lucha por los derechos de las mayorías”. En 2019 el compañero Imad Zuhairi, director de la cooperación palestina comentó, "Nosotros tenemos que apoyar a Nicaragua, siempre vamos a apoyar y vamos a hacerlo con nuestro capital y a fortalecer a Nicaragua a través de sus programas de apoyo, expresar nuestra solidaridad, pero más importante es llevar la solidaridad a la práctica, implementando programas que son importantes, llevarlos al terreno".

Ha sido invariable y constante de parte del gobierno de nuestros Copresidentes Comandante Daniel y la Compañera Rosario su apoyo a una justa resolución del conflicto en Palestina. El pasado 29 de julio este año, nuestro gobierno declaró, “Desde esta Nicaragua Cristiana y Bendita, Patria Sagrada, respaldamos y apoyamos todos los esfuerzos encaminados a alcanzar el incuestionable Derecho del Pueblo Palestino a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación, en base a las fronteras anteriores a 1967 con Jerusalén Este como su Capital, conforme lo establecido por el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas. El Pueblo Nicaragüense continuará alzando su voz a favor de la Causa Palestina y clamando por Justicia y Paz, por la Libertad y Dignidad del Pueblo Palestino; la solución de dos Estados es una exigencia internacional y el único camino hacia la Paz Justa y Duradera”.

Solidaridad popular

El apoyo solidario del pueblo nicaragüense a la causa palestina también ha sido constante. Al inicio de 2024 la Alcaldía de Managua nombra la pista que va por los Barrios San Sebastián y San Antonio en el Distrito 2 de la ciudad capital, la Pista Gaza y, el 9 de febrero inauguró allí el Parque Palestina con una extensión de unos 14 mil metros cuadrados lleno de árboles y estatuas en honor a Palestina. La compañera Alcaldesa Reina Rueda enfatizó el significado del parque, “honrando a ese pueblo luchador, heroico pueblo hermano de Palestina, estamos muy contentos con todo el equipo de trabajo de Palestina que viene trabajando con nuestro gobierno, porque la amistad es histórica entre la Revolución Sandinista y ese pueblo hermano".

En la Asamblea Nacional, el compañero diputado Wilfredo Navarro ha enfatizado la solidaridad de Nicaragua con Palestina ante la barbarie de la agresión genocida israelí. Explicó en 2024 como Gaza “Es tierra arrasada, hay una destrucción total de la infraestructura porque además de poner el blanco de sus bombas sobre los niños y las mujeres palestinas. Los israelíes están destruyendo toda la infraestructura. Les han destruido calles, carreteras, edificios, hospitales, ambulancias, centros de salud, escuelas, universidades, viviendas… Estos malvados con el apoyo del imperialismo están poniendo en riesgo la paz y la seguridad mundial, porque en cualquier momento pudiera iniciarse una guerra nuclear que afectaría a todos los pueblos del mundo”.

El pueblo palestino reconoce la solidaridad de Nicaragua en la lucha para hacer una realidad un  Estado palestino con fronteras seguras y un territorio estable, libre de la agresión sionista. El 19 de Julio 2024 la heroica compañera palestina Leila Khaled declaró en Managua, “Estoy muy orgullosa de vosotros hoy, orgullosa de que habéis elegido un Liderazgo que ha combatido al Imperialismo, al Colonialismo, que ha triunfado, y que triunfa hoy, hacia un rumbo de desarrollo. Estoy orgullosa de este Liderazgo... que ha denunciado a los asesinos de niños y de bebés ante la Corte de Justicia Internacional, contra Alemania que da su apoyo a los asesinos… Saludo a este gran Liderazgo, fuerte, revolucionario, siempre triunfante. Nunca vamos a olvidar a este Pueblo y a todos los que nos han apoyado desde el inicio de los ataques contra Palestina. Porque sabemos que los Revolucionarios, los que aman la Libertad siempre apoyan a las Causas Justas”.

Así que al respaldar al pueblo palestino, la Nicaragua Cristiana, Socialista y Solidaria levanta la voz de la razón y la humanidad y, a pesar de sus limitados recursos, actúa para promover la Paz de una manera consecuente con los más altos valores morales. Nuestro Comandante Daniel ha explicado, “Hemos logrado recuperar la Paz, y esta es una Victoria del Pueblo nicaragüense, que quiere la Paz, que ama la Paz, que defiende la Paz. Y lógicamente, si queremos la Paz para Nicaragua también queremos la Paz para el Mundo, por eso hemos respaldado Iniciativas que se han tomado, en primer lugar diría yo la más urgente para que se detenga el genocidio en contra del Pueblo Palestino, donde incluso la Corte Internacional de Justicia se ha pronunciado con toda claridad”.

De igual manera nuestra Copresidenta Compañera Rosario en diferentes momentos ha dicho sobre la Solidaridad de Nicaragua con el Pueblo Palestino, “... nos hemos pronunciado en Naciones Unidas, contra el genocidio como desde siempre. Contra la política de exterminio como desde siempre, como contra la política que pretende dejar fuera de su propia Tierra al Pueblo Palestino…. Honor al Pueblo Palestino ! Rendimos Honor a su valentía, a su gallardía, a lo que sabemos que representan como Defensores de Derechos y de Justicia. Y en estos momentos en que se desata la furia de los que creen que pueden todo, rendimos Honores... Honor y Gloria al heroico Pueblo Palestino !”.

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