Por Javier Huerta
A 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende
El 11 de septiembre de 1973, Chile dejó de ser durante muchos años una excepción dentro de una América Latina acostumbrada a los golpes militares, las dictaduras y la intervención de Estados Unidos. Aquel día, las Fuerzas Armadas bombardearon el Palacio de La Moneda y pusieron fin, mediante la fuerza, al Gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende. El mundo conoció las imágenes de un palacio presidencial en llamas, de militares ocupando las calles de Santiago y de un presidente que había decidido permanecer en su puesto mientras los militares exigían su renuncia. Pero cincuenta años después, reducir aquellos acontecimientos a la caída de un Gobierno democrático sería quedarse en la superficie de lo ocurrido. Lo que se estaba dirimiendo en Chile era mucho más profundo: quién debía controlar las riquezas del país, qué papel debía desempeñar la clase trabajadora en la economía, hasta dónde podía llegar la soberanía nacional frente a los intereses de las grandes compañías extranjeras y, sobre todo, si era posible avanzar hacia una sociedad socialista utilizando las instituciones democráticas. El golpe de Estado no fue solamente la sustitución de Salvador Allende por Augusto Pinochet; fue la ruptura violenta de un proceso político y social y el comienzo de una transformación económica que convertiría a Chile en uno de los grandes laboratorios del neoliberalismo.
Salvador Allende había llegado a la Presidencia en noviembre de 1970 al frente de la Unidad Popular, una coalición formada por diferentes fuerzas de la izquierda chilena. Su proyecto pretendía avanzar hacia el socialismo por una vía propia, utilizando la legitimidad electoral y las instituciones existentes al mismo tiempo que se ampliaba la participación popular y se transformaban sectores fundamentales de la economía. Aquella experiencia tenía una importancia que trascendía las fronteras chilenas. Después del triunfo de la Revolución Cubana, América Latina había demostrado que era posible romper con la dependencia política y económica de Estados Unidos, pero la experiencia chilena planteaba una cuestión diferente: un dirigente marxista había llegado a la Presidencia mediante elecciones y pretendía utilizar el poder institucional para modificar las relaciones económicas existentes. La nacionalización del cobre, la profundización de la reforma agraria, la ampliación del área de propiedad social y las medidas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y de los sectores populares afectaban directamente a intereses económicos muy concretos. La Unidad Popular no estaba intentando simplemente administrar mejor el capitalismo chileno; estaba cuestionando quién debía poseer y controlar una parte sustancial de los recursos y de la riqueza producida en el país.
En ese conflicto, el cobre ocupaba un lugar central. Chile poseía una de las mayores reservas cupríferas del planeta y durante décadas buena parte de su gran minería había estado controlada por compañías estadounidenses, entre ellas Anaconda y Kennecott. La nacionalización aprobada por el Congreso chileno en julio de 1971, con un respaldo político extraordinariamente amplio, fue presentada por el Gobierno de Allende como la recuperación para Chile de una riqueza que debía servir al desarrollo nacional. Para los sectores populares significaba recuperar una fuente fundamental de ingresos y soberanía; para las empresas afectadas suponía la pérdida de importantes intereses económicos. La cuestión adquiría además una dimensión internacional porque la nacionalización afectaba directamente a capitales estadounidenses en un momento en que Washington consideraba cualquier avance de gobiernos socialistas en América Latina como una amenaza estratégica. El conflicto económico, por tanto, no puede separarse de la disputa política: la defensa de los recursos nacionales frente a las multinacionales se convirtió en uno de los principales terrenos de confrontación entre la Unidad Popular y quienes pretendían impedir que el proceso continuara avanzando.
La respuesta de Estados Unidos no fue una reacción improvisada después del golpe, sino una política desarrollada durante años. Los documentos desclasificados por el propio Gobierno estadounidense han permitido reconstruir los esfuerzos de la Administración de Richard Nixon para impedir que Allende llegara a la Presidencia y, una vez que lo hizo, para debilitar a su Gobierno. La Casa Blanca y la CIA apoyaron a sectores de la oposición, financiaron actividades políticas y medios de comunicación contrarios a la Unidad Popular y mantuvieron una intensa actividad destinada a crear condiciones favorables para el aislamiento y la desestabilización del Gobierno chileno. Henry Kissinger, entonces una de las figuras centrales de la política exterior estadounidense, compartía la preocupación de Nixon ante la posibilidad de que la experiencia chilena pudiera convertirse en un ejemplo para otros países. La documentación oficial estadounidense muestra asimismo la importancia que tuvieron las presiones económicas y los contactos con sectores de las Fuerzas Armadas chilenas, aunque la existencia de esta intervención no debe confundirse con la afirmación, históricamente mucho más difícil de demostrar, de que Washington dictó directamente cada una de las operaciones militares del 11 de septiembre. Lo que sí está documentado es que Estados Unidos trabajó para impedir la consolidación del proyecto de la Unidad Popular y que consideró su derrota un objetivo estratégico.
El caso de ITT permite comprender hasta qué punto los intereses de las grandes empresas y la política exterior estadounidense podían entrelazarse. International Telephone and Telegraph era una poderosa multinacional estadounidense con importantes intereses en Chile y, después de que el Gobierno de Allende avanzara en la nacionalización de sus activos, la compañía mantuvo contactos con responsables políticos estadounidenses y con personas vinculadas a los servicios de inteligencia. Las investigaciones realizadas posteriormente en Estados Unidos sacaron a la luz aquellos esfuerzos y contribuyeron a mostrar que el conflicto chileno no podía entenderse únicamente como una disputa entre partidos políticos. Detrás de las posiciones que se enfrentaban había intereses económicos concretos y una pugna por el control de sectores estratégicos de la economía. En ese sentido, Chile ofrecía una imagen especialmente clara de una realidad que se repetiría en diferentes momentos de la historia latinoamericana: cuando un Gobierno intenta recuperar para el Estado o para la sociedad recursos considerados estratégicos por el capital transnacional, la disputa deja de ser exclusivamente nacional y pasa a afectar directamente a los intereses de las grandes potencias económicas.
Mientras se desarrollaba esa presión exterior, la confrontación dentro de Chile se hizo cada vez más intensa. El país atravesaba una situación económica complicada, con inflación, dificultades de abastecimiento, conflictos laborales y una creciente polarización política. El Gobierno cometió errores y tuvo fuertes discrepancias internas sobre la velocidad y la profundidad con la que debía avanzar el proceso, mientras la oposición parlamentaria y los sectores empresariales fueron endureciendo su estrategia. Las huelgas patronales, los problemas de distribución y las acciones destinadas a dificultar el funcionamiento de la economía contribuyeron a agravar una situación ya muy deteriorada. Sería, sin embargo, una simplificación convertir todos aquellos problemas en el resultado exclusivo de una conspiración extranjera o, en el extremo contrario, atribuirlos únicamente a la incompetencia de la Unidad Popular. Lo ocurrido fue el resultado de una combinación de contradicciones económicas, decisiones políticas, enfrentamientos dentro de la izquierda, oposición organizada de las clases propietarias y una intervención estadounidense que está ampliamente documentada. En medio de aquella crisis, la lucha por el poder dejó de desarrollarse únicamente en las instituciones y pasó progresivamente a las calles, las fábricas, los campos y los cuarteles.
El 29 de junio de 1973, el llamado Tanquetazo mostró hasta qué punto la amenaza militar se había convertido en una posibilidad real. Las Fuerzas Armadas comenzaban a aparecer como el instrumento mediante el cual podía romperse el equilibrio institucional que había permitido la existencia del Gobierno de la Unidad Popular. La situación se agravó durante las semanas siguientes y el 23 de agosto Augusto Pinochet asumió la jefatura del Ejército. Pocas semanas después, en la mañana del 11 de septiembre, las Fuerzas Armadas iniciaron la operación destinada a derrocar a Allende. El presidente llegó a La Moneda y se negó a abandonar el cargo. Desde allí dirigió sus últimos mensajes al pueblo chileno mientras los militares rodeaban el Palacio y exigían su rendición. A través de Radio Magallanes, Allende pronunció unas palabras que terminarían convirtiéndose en uno de los testimonios políticos más importantes de la historia latinoamericana del siglo XX. Sabía que las posibilidades de resistir militarmente eran prácticamente inexistentes, pero también sabía que abandonar La Moneda significaba aceptar la legitimidad de quienes estaban destruyendo el orden constitucional.
El bombardeo comenzó poco después. Los aviones de la Fuerza Aérea atacaron La Moneda mientras el edificio era defendido por un pequeño grupo de personas que permanecía junto al presidente. Salvador Allende murió ese mismo día en el interior del Palacio; las investigaciones oficiales posteriores determinaron que se había suicidado durante el golpe. La precisión sobre las circunstancias de su muerte no cambia la naturaleza política de lo ocurrido. Allende fue derrocado por una acción militar contra un Gobierno constitucional y, con él, fue destruida la experiencia de la Unidad Popular. Durante los años siguientes, la dictadura de Pinochet persiguió sistemáticamente a quienes habían participado en aquel proceso, encarceló y torturó a miles de personas, ejecutó y desapareció a opositores y obligó a muchos otros a marchar al exilio. Los centros de detención y tortura y el Estadio Nacional se convirtieron en símbolos de una represión cuyo objetivo no era únicamente eliminar a dirigentes políticos, sino desarticular las organizaciones sociales y populares que podían oponerse al nuevo orden.
Sin embargo, la dimensión represiva del golpe fue acompañada por una transformación económica de enorme alcance. Esta cuestión resulta imprescindible para comprender qué intereses terminaron imponiéndose después del 11 de septiembre. La dictadura no se limitó a restaurar el poder político de las clases dominantes; creó las condiciones para modificar profundamente el modelo económico chileno. Antes incluso del golpe había comenzado a elaborarse un programa conocido como “El Ladrillo”, en el que economistas vinculados a la Universidad Católica y posteriormente relacionados con la Escuela de Chicago planteaban una profunda liberalización de la economía. Después de la toma del poder por los militares, varios de aquellos economistas pasaron a ocupar puestos de responsabilidad y sus propuestas comenzaron a aplicarse con una intensidad que habría resultado mucho más difícil de imponer en un sistema democrático sometido al debate parlamentario y a la presión de sindicatos, organizaciones sociales y movimientos populares.
Los llamados Chicago Boys encontraron en la dictadura el escenario político que necesitaban para llevar adelante su programa. A partir de mediados de los años setenta se desarrolló una política de shock que incluyó fuertes recortes del gasto público, liberalización de precios, reducción de aranceles, apertura al comercio internacional, privatización de empresas estatales y una profunda transformación del sistema financiero. Las reformas posteriores afectaron también a la seguridad social, a los servicios públicos y a la legislación laboral. En 1980 se estableció además un nuevo sistema de pensiones basado en cuentas individuales administradas por entidades privadas, uno de los elementos que terminarían convirtiendo al modelo chileno en una referencia internacional para los defensores del neoliberalismo. El discurso hablaba de libertad económica y modernización, pero aquella transformación se estaba realizando bajo una dictadura que había eliminado las libertades políticas, perseguido a los sindicatos y reducido drásticamente la capacidad de organización de los trabajadores. La liberalización económica avanzaba al mismo tiempo que se restringía la libertad política, y esa coincidencia no puede considerarse un detalle secundario cuando se analiza el origen del modelo chileno.
El resultado fue una profunda modificación de las relaciones de poder construidas durante décadas. La dictadura destruyó buena parte de las estructuras políticas y sindicales que habían constituido la base de resistencia de los sectores populares y, simultáneamente, impulsó la privatización de importantes activos y la retirada del Estado de numerosas áreas de la economía. El capitalismo chileno salió transformado de aquel proceso y el país pasó a convertirse en un referente para quienes defendían la apertura de los mercados y la reducción del papel económico del Estado. Décadas después, Chile sería presentado internacionalmente como ejemplo del éxito de las políticas neoliberales, pero esa imagen ocultaba una parte esencial de su origen: el laboratorio económico fue construido bajo las condiciones políticas creadas por un régimen militar que había eliminado por la fuerza a quienes podían organizar una oposición efectiva a aquellas reformas.
Por eso resulta insuficiente recordar el 11 de septiembre de 1973 únicamente como la fecha en que un grupo de generales decidió tomar el poder. El golpe debe ser entendido dentro de una confrontación social mucho más amplia. La Unidad Popular había puesto sobre la mesa cuestiones que afectaban directamente a la estructura de clases de Chile: la propiedad de la tierra, el control de los recursos naturales, el papel de las empresas extranjeras, la participación de los trabajadores en la economía y la capacidad del Estado para intervenir en sectores estratégicos. Frente a ese proyecto se encontraron las clases propietarias, importantes sectores empresariales, fuerzas políticas conservadoras y una potencia imperial que veía con preocupación la posibilidad de que el socialismo pudiera avanzar mediante las urnas. La intervención estadounidense no explica por sí sola toda la historia chilena, del mismo modo que los errores de la izquierda no pueden utilizarse para borrar la responsabilidad de quienes decidieron destruir la democracia mediante las armas. Ambas dimensiones forman parte de una historia compleja en la que los intereses de clase y los intereses geopolíticos terminaron convergiendo.
Cincuenta años después, Salvador Allende continúa siendo una figura inseparable de aquella disputa. Su importancia no reside en presentarlo como un dirigente sin contradicciones ni errores, sino en reconocer la dimensión histórica del intento que encabezó. La Unidad Popular trató de demostrar que las mayorías podían utilizar las instituciones democráticas para disputar el poder económico a quienes lo habían concentrado durante generaciones. Fue derrotada, pero su derrota no convirtió en falsa la pregunta que había planteado. Al contrario, la experiencia chilena permite comprender que democracia y economía no pueden contemplarse como espacios completamente separados y que la existencia de elecciones no garantiza por sí misma que las relaciones económicas fundamentales de una sociedad estén sometidas a la voluntad popular.
El golpe de Chile fue también una advertencia para toda América Latina. Estados Unidos demostró que no estaba dispuesto a aceptar fácilmente experiencias que cuestionaran su hegemonía continental, mientras las clases dominantes demostraron que podían recurrir a la fuerza cuando consideraban amenazados sus intereses fundamentales. El desenlace chileno tuvo además una enorme influencia internacional porque el modelo económico implantado posteriormente sería estudiado, admirado y reproducido en otros lugares. La combinación de dictadura política y liberalización económica convirtió a Chile en un precedente fundamental para la expansión internacional del neoliberalismo durante las décadas siguientes.
Recordar a Allende cincuenta años después significa, por tanto, mirar más allá de la imagen del presidente frente a La Moneda. Significa recuperar la historia de los trabajadores y campesinos que sostuvieron la Unidad Popular, de quienes participaron en los cordones industriales y en las organizaciones populares, de quienes defendieron la soberanía sobre el cobre y de quienes fueron perseguidos después del golpe. Significa recordar a las víctimas de la dictadura y también analizar qué intereses económicos se beneficiaron de la derrota de aquel proceso. Y significa reconocer que el 11 de septiembre de 1973 no fue un episodio aislado de la Guerra Fría, sino uno de los momentos decisivos de la historia latinoamericana en el que imperialismo, capitalismo y lucha de clases se encontraron en un mismo escenario.
Salvador Allende murió en La Moneda mientras defendía la legitimidad de un Gobierno elegido por el pueblo chileno. Augusto Pinochet consiguió ocupar el Palacio y permanecer en el poder durante diecisiete años, pero la dictadura no pudo hacer desaparecer aquello que había intentado enterrar bajo las bombas y la represión. La memoria de la Unidad Popular sobrevivió al régimen militar y, con ella, sobrevivió también la pregunta por la posibilidad de construir una sociedad diferente. Cinco décadas después, esa pregunta continúa formando parte de las luchas de los pueblos de América Latina y de quienes siguen entendiendo el internacionalismo no como una palabra del pasado, sino como la defensa de la soberanía, la justicia social y el derecho de cada pueblo a decidir su propio destino.
El 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas tomaron La Moneda, pero aquel día no terminó la historia de Salvador Allende. Su legado quedó ligado para siempre a una experiencia que intentó abrir un camino propio hacia el socialismo y que fue destruida cuando los intereses económicos y políticos que se sentían amenazados decidieron que las urnas ya no eran suficientes. Cincuenta años después, recordar Chile significa no olvidar quién perdió la democracia, quién sufrió la represión y qué modelo económico nació de aquella derrota. También significa comprender por qué la memoria de Allende continúa siendo una bandera para quienes, desde América Latina y desde otros lugares del mundo, siguen defendiendo que la soberanía de los pueblos debe estar por encima de los intereses del capital.
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