Miguel d’Escoto y la reinvención de la ONU: una propuesta sandinista para democratizar el mundo

Por Javier Huerta

Cuando una propuesta de 2011 vuelve a interpelar al mundo en 2022 

En 2011, Miguel d’Escoto Brockmann puso por escrito una propuesta que, lejos de limitarse a reclamar algunos cambios en la composición del Consejo de Seguridad, planteaba una transformación mucho más profunda de Naciones Unidas. Bajo el título La reinvención de la ONU: una propuesta, el excanciller nicaragüense y expresidente de la Asamblea General defendía la necesidad de revisar las propias bases sobre las que se había construido el sistema multilateral después de la Segunda Guerra Mundial. Para d’Escoto, el problema no podía reducirse a incorporar algunos nuevos Estados al Consejo de Seguridad ni a modificar parcialmente el reparto de sus puestos: era necesario abordar la concentración del poder internacional, recuperar el papel democrático de la Asamblea General y construir unas Naciones Unidas capaces de responder a los grandes desafíos de un mundo que había cambiado profundamente desde 1945.

Más de una década después, en junio de 2022, aquella propuesta volvió a ocupar un espacio en el debate académico e institucional en Nicaragua. La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) organizó un homenaje a Miguel d’Escoto Brockmann en el que especialistas abordaron nuevamente su pensamiento y, entre los temas tratados, la denominada “Propuesta para la Reinvención de las Naciones Unidas”. El hecho de que un proyecto formulado en 2011 volviera a ser objeto de discusión once años después resulta significativo, especialmente en un escenario internacional marcado por profundas disputas geopolíticas, crisis económicas, conflictos armados, desigualdades crecientes y una creciente discusión sobre la capacidad real de las instituciones multilaterales para afrontar problemas que afectan al conjunto de la humanidad.

No se trata, por tanto, de recuperar el texto de d’Escoto únicamente como un documento histórico. Su propuesta permite volver a examinar una cuestión que continúa abierta: ¿hasta qué punto la estructura actual de Naciones Unidas responde al mundo existente y no al equilibrio de fuerzas de 1945? La propia ONU ha reconocido en diferentes momentos la necesidad de reformar sus órganos y revitalizar la Asamblea General, mientras que los debates sobre la representación, la legitimidad y el funcionamiento del Consejo de Seguridad continúan formando parte de la agenda internacional. En ese contexto, las ideas de d’Escoto adquieren una dimensión que trasciende su momento histórico y permiten analizar desde otra perspectiva el problema de fondo: quién tiene capacidad efectiva para tomar decisiones cuando están en juego cuestiones que afectan a todos los pueblos.

La propuesta de d’Escoto partía de una premisa política y jurídica especialmente relevante: la existencia de Naciones Unidas no garantiza por sí misma un orden internacional democrático. La igualdad formal entre los Estados —un país, un voto en la Asamblea General— convive con una distribución profundamente desigual de las capacidades de decisión dentro de la propia organización. Su planteamiento buscaba precisamente intervenir sobre esa contradicción, otorgando a la Asamblea General una autoridad mucho mayor y sometiendo los principales órganos de Naciones Unidas a una estructura de mayor representación y rendición de cuentas.

A once años de la presentación de aquella propuesta y en un momento en que volvía a ser objeto de debate en Nicaragua, resulta pertinente recuperar sus principales planteamientos, situarlos en el contexto político en el que fueron formulados y analizar qué significaba realmente aquella llamada a “reinventar” las Naciones Unidas. No como una respuesta cerrada a todos los problemas del sistema internacional, sino como una propuesta política e institucional que cuestionaba directamente la arquitectura del poder mundial.

Es desde esta perspectiva realizo este análisis de la propuesta de Miguel d’Escoto Brockmann:

La necesaria Reinvención de la ONU

Hay instituciones que envejecen sin que nadie se atreva a discutir seriamente las razones de su agotamiento. Se mantienen en pie porque fueron levantadas sobre acontecimientos históricos de enorme trascendencia y porque alrededor de ellas se ha construido durante décadas un entramado de intereses políticos, económicos y diplomáticos que hace que cualquier intento de transformación parezca demasiado difícil. Naciones Unidas pertenece, en buena medida, a esa categoría. Nació en 1945, después de la mayor catástrofe bélica conocida hasta entonces, con la pretensión de impedir que las guerras mundiales volvieran a repetirse y de establecer un sistema de seguridad colectiva basado en unas reglas aceptadas por los Estados. Pero aquella organización nació también de una correlación de fuerzas determinada: la Segunda Guerra Mundial había terminado y cinco potencias vencedoras —Estados Unidos, Unión Soviética, Reino Unido, Francia y China— quedaron instaladas como miembros permanentes del Consejo de Seguridad, con un privilegio que continúa hasta nuestros días. Ocho décadas después, el mundo ya no es aquel de 1945. Se desintegraron los imperios coloniales, surgieron decenas de nuevos Estados independientes, América Latina consolidó su propia tradición de defensa de la soberanía, África y Asia se convirtieron en actores fundamentales del sistema internacional y nuevas potencias económicas y políticas alteraron profundamente el equilibrio mundial. Sin embargo, una parte esencial de la arquitectura institucional continúa respondiendo a aquel momento histórico. Esa contradicción estuvo en el centro del pensamiento de un nicaragüense que conocía de primera mano las relaciones entre poder, soberanía y derecho internacional: el padre Miguel d’Escoto Brockmann.

D’Escoto no llegó a las Naciones Unidas desde la diplomacia tradicional. Sacerdote de la Congregación Maryknoll, vinculado a la teología de la liberación, dirigente de la Revolución Popular Sandinista y ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua durante más de diez años, entre 1979 y 1990, había vivido en primera persona la confrontación entre un pequeño país latinoamericano que defendía su derecho a decidir su propio destino y una superpotencia que pretendía conservar su capacidad de intervención sobre Centroamérica. Como canciller de la Nicaragua sandinista participó en los procesos de paz de Contadora y Esquipulas y tuvo un papel destacado en la decisión de llevar a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia en 1984 por su apoyo a las actividades militares y paramilitares contra Nicaragua. La Corte falló posteriormente a favor de Nicaragua. Aquella experiencia resulta esencial para comprender su posterior visión de Naciones Unidas: para d’Escoto, el derecho internacional no podía reducirse a declaraciones solemnes mientras los Estados más poderosos conservaran la capacidad material de imponer sus intereses por encima de las normas que formalmente debían regir a todos. La cuestión de fondo no era solamente jurídica. Era una cuestión de poder.

Cuando el 4 de junio de 2008 fue elegido presidente del 63.º período de sesiones de la Asamblea General, d’Escoto llegó a Nueva York con una idea que pronto se convirtió en el eje político de su presidencia: democratizar las Naciones Unidas. No concebía la Asamblea General como un escenario destinado a escuchar discursos una vez al año, sino como el espacio en el que debía expresarse la voluntad política del conjunto de los Estados miembros. En noviembre de aquel año fue extraordinariamente explícito al afirmar que la democratización de Naciones Unidas constituía la prioridad de su presidencia y que era necesario devolver a la Asamblea General la autoridad que, a su juicio, le correspondía como órgano más representativo de la organización. El problema que señalaba era una contradicción evidente: cada Estado tenía un voto en la Asamblea, pero la capacidad efectiva para tomar determinadas decisiones fundamentales estaba concentrada en órganos cuya estructura otorgaba un poder extraordinario a una minoría.

Esta contradicción se hacía especialmente visible en el Consejo de Seguridad. D’Escoto consideraba que la estructura existente no respondía ya a la realidad del planeta y, durante el debate de 2008, llegó a definir el Consejo como “fuera de época” y “alejado de la realidad”, reclamando una reforma que lo hiciera más representativo y responsable ante el conjunto de los Estados miembros. Pero lo verdaderamente interesante de su planteamiento es que no reducía el problema a una cuestión de distribución geográfica. No se trataba simplemente de conceder un asiento permanente a India, Brasil, un país africano o cualquier otra potencia emergente para que el viejo mecanismo continuara funcionando con nuevos protagonistas. Su crítica iba mucho más lejos: cuestionaba que una organización que se presenta como expresión del multilateralismo universal mantenga en su centro de poder una estructura que reserva a cinco Estados una posición privilegiada y un instrumento capaz de bloquear decisiones del Consejo de Seguridad.

Ahí comienza a comprenderse la dimensión política de su propuesta. La cuestión no era únicamente quién debía sentarse en la mesa, sino quién tenía derecho a decidir sobre la mesa. D’Escoto entendía que el problema de Naciones Unidas no podía solucionarse exclusivamente ampliando el número de miembros del Consejo de Seguridad si no se modificaba al mismo tiempo la relación de poder entre la Asamblea General y ese Consejo. Durante su presidencia defendió que la Asamblea debía recuperar plenamente su papel como órgano deliberativo, representativo y normativo y que era necesario restablecer el equilibrio entre los principales órganos de la organización. Cuando hablaba de democratización, por tanto, no estaba empleando la palabra como una fórmula diplomática. Estaba planteando una redistribución del poder institucional.

La experiencia histórica de las últimas décadas permite comprender por qué esa cuestión continúa siendo tan incómoda. El Consejo de Seguridad puede adoptar decisiones vinculantes, mientras que buena parte de las resoluciones de la Asamblea General expresan la posición política de la mayoría de los Estados pero no tienen el mismo carácter obligatorio. El resultado es una paradoja: el órgano más representativo no es necesariamente el que dispone de mayor capacidad para imponer decisiones, mientras que un órgano mucho más reducido concentra competencias decisivas en materia de paz y seguridad. Y dentro de ese órgano reducido cinco potencias conservan el derecho de veto. Desde una perspectiva de izquierda, la cuestión puede formularse de manera todavía más directa: la desigualdad política internacional no desaparece porque todos los Estados tengan formalmente soberanía jurídica si las estructuras institucionales continúan reproduciendo una jerarquía material del poder.

D’Escoto llevó esta reflexión mucho más lejos después de abandonar la presidencia de la Asamblea General. En 2011 presentó en Managua La reinvención de la ONU: una propuesta, un documento que no planteaba una simple reforma administrativa, sino una transformación mucho más profunda de la arquitectura internacional. El proyecto incluía una propuesta de nueva Carta de Naciones Unidas, reformas al funcionamiento de la Corte Internacional de Justicia, un proyecto de Tribunal Internacional de Justicia Climática y Protección Ambiental y una Declaración Universal del Bien Común de la Madre Tierra y de la Humanidad. La amplitud del planteamiento demuestra que su preocupación nunca fue exclusivamente el funcionamiento del Consejo de Seguridad: lo que estaba cuestionando era el modelo de gobernanza internacional en su conjunto.

En esa propuesta aparece una de las ideas centrales de su pensamiento: la Asamblea General debía convertirse en el verdadero centro político de Naciones Unidas. El proyecto atribuía a la Asamblea un papel institucional superior y planteaba que fuera ella quien eligiera a los miembros del Consejo de Seguridad, al secretario general y a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia, entre otros cargos. El Consejo dejaría de funcionar como un espacio dominado por una categoría de miembros permanentes y pasaría a estar integrado por Estados elegidos por la Asamblea, con una distribución regional. El sentido político de esta arquitectura era evidente: sustituir una parte sustancial de los privilegios heredados de 1945 por una representación basada en el conjunto de los Estados miembros.

La propuesta contemplaba un Consejo de Seguridad de 24 miembros, elegidos por la Asamblea General y distribuidos entre las diferentes regiones del mundo. Los mandatos serían limitados y desaparecería la categoría de miembros permanentes tal como existe actualmente. El cambio no era menor. Significaba cuestionar el principio mismo de que determinados Estados pudieran disponer de un privilegio institucional permanente por haber sido las grandes potencias vencedoras de una guerra ocurrida varias generaciones atrás. D’Escoto entendía que la legitimidad del sistema internacional no podía descansar eternamente sobre una fotografía congelada de 1945 mientras la composición política, económica y demográfica del planeta se había transformado radicalmente.

Pero aquí conviene hacer una precisión importante. Presentar su propuesta simplemente como una defensa de “quitar el veto” sería empobrecerla. El veto era solamente una manifestación de un problema mayor: la concentración del poder internacional. Lo que pretendía era construir una arquitectura en la que el Consejo de Seguridad estuviera políticamente subordinado al órgano que representa al conjunto de los Estados y en la que la Asamblea pudiera ejercer mecanismos efectivos de control. Su concepción de la reforma partía de una idea democrática: los órganos que ejercen poder en nombre de la comunidad internacional deben responder ante esa comunidad internacional y no convertirse en espacios autónomos dominados por las potencias que poseen mayor capacidad militar o económica.

La importancia de esta cuestión puede apreciarse incluso en el lenguaje utilizado por el propio d’Escoto durante su presidencia. En noviembre de 2008 defendió que la reforma del Consejo debía convertirlo en un órgano con legitimidad para actuar en nombre de todos los Estados miembros y reclamó que rindiera cuentas ante la Asamblea. Al mismo tiempo, defendió una revitalización de la propia Asamblea General. Para él, ambas reformas formaban parte de un mismo proceso: no tenía sentido ampliar o modificar el Consejo si la Asamblea continuaba políticamente debilitada. La transformación debía producirse “desde dentro”, modificando la relación entre los órganos y no simplemente la apariencia externa de la organización.

Este planteamiento adquiere todavía mayor relevancia cuando se observa el contexto en que d’Escoto ejerció su presidencia. El mundo atravesaba en 2008 una crisis financiera que cuestionó muchos de los dogmas del neoliberalismo dominante. El sistema financiero internacional se tambaleaba, millones de personas comenzaban a sufrir las consecuencias sociales de una crisis originada en los grandes centros económicos y las desigualdades acumuladas durante décadas quedaban nuevamente expuestas. En su discurso de cierre del debate general de septiembre de 2008, d’Escoto describió el sistema económico mundial como profundamente defectuoso y vinculó la crisis financiera con la necesidad de introducir cambios en la gobernanza global. Para un análisis de izquierda, esta dimensión resulta fundamental: la crisis de la ONU no puede separarse de la crisis de un sistema económico internacional en el que las decisiones que afectan a millones de personas están fuertemente condicionadas por instituciones financieras y mercados cuya estructura de representación no coincide con el principio de igualdad soberana proclamado en Naciones Unidas.

De esta manera, la propuesta de d’Escoto rompe con una concepción estrecha del multilateralismo. No se conforma con que los Estados se sienten juntos alrededor de una mesa. Pregunta quién controla la mesa, quién fija las reglas y qué intereses terminan imponiéndose cuando las relaciones de fuerza entre los participantes son radicalmente desiguales. El problema es especialmente evidente para los países del Sur Global. Durante décadas, numerosos Estados conquistaron formalmente su independencia política mientras continuaban dependiendo económicamente de los antiguos centros coloniales o de nuevas estructuras financieras y comerciales. La descolonización política no siempre estuvo acompañada por una verdadera emancipación económica. En ese sentido, la democratización de Naciones Unidas que proponía d’Escoto formaba parte de una cuestión mucho más amplia: la lucha por democratizar las relaciones internacionales.

Por eso su propuesta institucional estaba acompañada por una crítica al modelo económico y por una concepción ecológica que, para la época en que fue formulada, resultaba especialmente avanzada. D’Escoto no consideraba el deterioro ambiental como un asunto secundario dentro de la agenda internacional. Lo vinculaba directamente con el modelo de desarrollo dominante y con una lógica económica que transforma la naturaleza en mercancía y coloca la rentabilidad por encima de los límites ecológicos. De ahí que su propuesta incorporara una Declaración Universal del Bien Común de la Madre Tierra y de la Humanidad, inspirada en buena medida en los debates latinoamericanos sobre los derechos de la naturaleza y en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra celebrada en Cochabamba en 2010. El planteamiento buscaba superar una concepción puramente antropocéntrica de los derechos y establecer una relación entre justicia social, protección ambiental y supervivencia colectiva.

La creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y Protección Ambiental formaba parte de esa misma lógica. D’Escoto consideraba insuficiente que los Estados realizaran declaraciones sobre el cambio climático mientras no existieran mecanismos jurídicos capaces de establecer responsabilidades frente a determinados daños ambientales. El tribunal propuesto pretendía introducir una dimensión judicial en la protección internacional del medio ambiente y ampliar la capacidad de Naciones Unidas para actuar ante daños graves contra los ecosistemas. La propuesta incorporaba además la cuestión del ecocidio y situaba la protección de la Tierra dentro de una concepción más amplia de justicia internacional.

Esta dimensión ambiental no debe separarse de su crítica al capitalismo. D’Escoto entendía que la crisis ecológica y la desigualdad social estaban relacionadas con una misma lógica de apropiación. Cuando la naturaleza se convierte exclusivamente en fuente de materias primas, cuando el agua, la tierra, los bosques o los minerales son tratados fundamentalmente como activos económicos y cuando los costes ambientales recaen sobre poblaciones que no son las principales beneficiarias de la riqueza generada, la crisis ecológica se convierte también en una cuestión de clase y de poder internacional. Su propuesta intentaba trasladar esa preocupación al corazón mismo de Naciones Unidas, algo que hoy, en plena disputa mundial por los recursos estratégicos y la transición energética, adquiere una dimensión geopolítica todavía mayor.

Lo mismo puede decirse de su defensa del conocimiento y de determinados bienes esenciales para la humanidad. La propuesta de d’Escoto cuestionaba que aquello que resulta imprescindible para la supervivencia colectiva pudiera quedar sometido sin límites a la lógica de la apropiación privada. Su concepción del bien común ampliaba así el campo de la discusión: no se trataba solamente de distribuir mejor la riqueza producida por el sistema, sino de preguntarse qué bienes deben quedar fuera de una lógica puramente mercantil. En un mundo en el que la tecnología, los datos, los minerales estratégicos, el agua, las semillas y el conocimiento científico se han convertido en elementos centrales de la competencia geopolítica, aquella reflexión resulta especialmente significativa.

También resulta revelador que la propuesta de d’Escoto intentara abrir las puertas de Naciones Unidas a actores sociales que normalmente permanecen alejados de sus centros de decisión. El proyecto contemplaba, entre otras medidas, una relación institucional más estrecha con organizaciones sociales y otorgaba un papel específico a movimientos campesinos. La idea de fondo era coherente con su concepción de democracia internacional: si las decisiones adoptadas en los organismos internacionales tienen consecuencias directas sobre trabajadores, campesinos, pueblos indígenas y comunidades enteras, no parece suficiente que la democracia internacional se limite exclusivamente a las relaciones entre gobiernos. La soberanía popular debería encontrar también espacios dentro de las instituciones multilaterales.

Esta concepción tiene profundas raíces en la experiencia latinoamericana y, particularmente, en la tradición política de la Revolución Popular Sandinista. La Nicaragua de los años ochenta convirtió la defensa de la soberanía, la autodeterminación y el derecho internacional en elementos centrales de su política exterior, precisamente porque había experimentado de forma directa la intervención de una gran potencia. El litigio ante la Corte Internacional de Justicia contra Estados Unidos no fue una cuestión meramente jurídica: representó la apuesta de un pequeño Estado por utilizar una institución internacional para enfrentar a una potencia militar infinitamente superior. D’Escoto conocía, por tanto, la distancia que puede existir entre la igualdad jurídica proclamada por el derecho internacional y la desigualdad material existente entre los Estados.

Desde esa experiencia puede comprenderse mejor su desconfianza hacia la idea de una comunidad internacional gobernada únicamente por las grandes potencias. Para d’Escoto, el multilateralismo tenía sentido precisamente si permitía a los países pequeños y medianos disponer de instrumentos para defender sus derechos frente a los más poderosos. Si Naciones Unidas se limita a reproducir las relaciones de fuerza existentes fuera de ella, pierde buena parte de su razón de ser. El derecho internacional solo puede convertirse en una herramienta de paz si existe una arquitectura institucional capaz de aplicarlo sin establecer una doble vara de medir según el poder político, económico o militar del Estado implicado.

Y aquí aparece una de las cuestiones más incómodas de su propuesta: la relación entre derecho y poder. La historia contemporánea ha demostrado en numerosas ocasiones que una resolución internacional puede existir sobre el papel y, sin embargo, encontrar enormes dificultades para ser aplicada cuando afecta a los intereses de una gran potencia. D’Escoto conocía esa realidad por la experiencia de Nicaragua y por ello no se conformaba con reclamar más declaraciones. Su propuesta intentaba reforzar las instituciones capaces de convertir el derecho internacional en una herramienta efectiva. El problema que señalaba sigue siendo esencial: sin mecanismos de aplicación, el derecho corre el riesgo de convertirse en una norma que pesa de manera diferente dependiendo de quién la infrinja.

Desde esta perspectiva, la propuesta de d’Escoto también puede leerse como una crítica temprana a la idea de que el orden internacional liberal construido después de la Segunda Guerra Mundial sea necesariamente equivalente a un orden democrático. Naciones Unidas nació con una enorme promesa universalista, pero su estructura nunca estuvo separada de las relaciones de poder de las grandes potencias. El Consejo de Seguridad es probablemente la expresión más evidente de esa contradicción. No es una anomalía accidental que pueda explicarse únicamente por errores de diseño; es el resultado de una decisión política adoptada en 1945 para garantizar que las principales potencias vencedoras aceptaran formar parte del sistema de seguridad colectiva. El problema es que aquella solución histórica terminó convirtiéndose en una estructura permanente de privilegio.

Por eso la propuesta de d’Escoto puede resultar incómoda incluso hoy. Obliga a distinguir entre multilateralismo y democratización. No todo sistema multilateral es necesariamente democrático. Los Estados pueden reunirse, negociar y alcanzar acuerdos y, al mismo tiempo, conservarse enormes desigualdades en la capacidad efectiva de decisión. La verdadera democratización internacional exige algo más: que el poder institucional pueda ser sometido a mecanismos de representación, control y rendición de cuentas.

Naturalmente, también es necesario señalar los límites de la propuesta. Pretender modificar la Carta de Naciones Unidas hasta eliminar la categoría de miembros permanentes y trasladar una parte sustancial del poder del Consejo de Seguridad a la Asamblea General no es una reforma sencilla. Los Estados que poseen actualmente posiciones privilegiadas dentro del sistema difícilmente aceptarían de manera voluntaria una reducción de sus prerrogativas. Y aquí aparece una contradicción que d’Escoto conocía perfectamente: las mismas estructuras que deberían ser reformadas son las que concentran buena parte de la capacidad necesaria para bloquear la reforma. No basta, por tanto, con demostrar que un sistema es injusto para conseguir transformarlo. Hace falta una correlación de fuerzas internacional capaz de hacerlo posible.

Tampoco sería correcto convertir hoy la propuesta de d’Escoto en una especie de programa cerrado que deba aceptarse íntegramente. Algunas de sus soluciones necesitarían ser revisadas a la luz de la evolución del mundo durante los últimos quince años. La tecnología, la inteligencia artificial, la transformación de las cadenas productivas, el ascenso económico de China, la aparición de nuevas alianzas internacionales y la crisis climática han cambiado todavía más el escenario. Pero precisamente por eso merece la pena regresar a su propuesta. No porque todas sus respuestas continúen siendo suficientes, sino porque sus preguntas se han vuelto todavía más importantes.

Cuando d’Escoto terminó su presidencia de la Asamblea General en septiembre de 2009, dejó constancia de su convencimiento de que Naciones Unidas atravesaba una crisis profunda y de que las instituciones creadas en San Francisco estaban mostrando signos de agotamiento. Vinculó esa crisis tanto a la gobernanza política como a la económica y defendió la democratización de la organización, la revitalización de la Asamblea General, la eliminación de las armas nucleares, la lucha contra la pobreza y el hambre, la protección del medio ambiente y la defensa del acceso universal a derechos básicos. No estaba planteando una reforma aislada, sino una nueva concepción de la gobernanza mundial.

Lo significativo es que, casi dos décadas después, muchas de aquellas cuestiones continúan ocupando el centro de la agenda internacional. La reforma del Consejo de Seguridad sigue pendiente; Naciones Unidas continúa enfrentándose a la dificultad de responder eficazmente ante grandes conflictos; Palestina continúa poniendo a prueba la credibilidad del derecho internacional; la crisis climática se ha agravado; la desigualdad económica sigue limitando las posibilidades de desarrollo de buena parte del Sur Global y la disputa por el control de la tecnología y de los recursos estratégicos ha añadido nuevas dimensiones a la competencia entre potencias. La propia ONU continuó durante años con las negociaciones intergubernamentales sobre la reforma del Consejo de Seguridad iniciadas durante el mandato de d’Escoto.

Es precisamente ahí donde la propuesta vuelve a adquirir actualidad política. El debate contemporáneo sobre la construcción de un mundo multipolar no debería reducirse a determinar qué potencia sustituirá a Estados Unidos como principal centro de poder. Desde una perspectiva de izquierda, esa discusión sería insuficiente. Un mundo con varios centros de poder puede seguir siendo profundamente desigual si las relaciones económicas continúan sometidas a la concentración de riqueza, si los recursos naturales permanecen bajo el control de grandes corporaciones, si los trabajadores continúan soportando las consecuencias de las crisis y si los pueblos del Sur siguen ocupando posiciones subordinadas dentro de la división internacional del trabajo. La multipolaridad puede abrir espacios para romper el unilateralismo, pero la democratización del sistema internacional exige ir más allá de la simple redistribución del poder entre Estados.

Ese es quizá el aspecto más interesante de la propuesta de d’Escoto para el debate actual. Su planteamiento no puede interpretarse únicamente como una reivindicación de Nicaragua frente a Estados Unidos, aunque su experiencia nicaragüense sea fundamental para entenderlo. Es una crítica más amplia a un sistema internacional construido sobre jerarquías políticas, económicas y militares. El problema no consiste únicamente en que una potencia tenga demasiado poder; consiste en que el orden mundial permita que determinados actores acumulen capacidades extraordinarias mientras millones de personas afectadas por esas decisiones carecen de instrumentos efectivos para intervenir en ellas.

En ese sentido, La reinvención de la ONU fue mucho más que un documento de reforma institucional. Fue una tentativa de responder a una pregunta que continúa sin resolver: ¿cómo construir una gobernanza mundial en la que la soberanía de los Estados, los derechos de los pueblos, la justicia social y la protección de la naturaleza no queden subordinados a la fuerza militar, al poder financiero y a la rentabilidad económica?

D’Escoto buscó su respuesta desde una tradición política muy concreta: el internacionalismo latinoamericano, la defensa de la soberanía nacional, la teología de la liberación, el pensamiento anticolonial y la experiencia de la Revolución Popular Sandinista. Pero la cuestión que planteó trasciende ampliamente Nicaragua. Porque cuando una guerra amenaza con extenderse, cuando una población civil es sometida a una violencia que desafía el derecho internacional, cuando una crisis climática golpea con mayor intensidad a quienes menos han contribuido a provocarla o cuando una crisis financiera termina siendo pagada por millones de trabajadores mientras quienes tomaron las decisiones conservan su riqueza, la pregunta vuelve a ser la misma: ¿quién decide sobre el destino de la humanidad y ante quién responde?

La respuesta de d’Escoto fue radical porque situó el problema en el lugar donde realmente debía situarse: en la estructura del poder. No bastaba con pedir a las grandes potencias que utilizaran responsablemente sus privilegios. Había que cuestionar la existencia misma de esos privilegios y construir instituciones donde la representación internacional tuviera consecuencias políticas reales. No bastaba con declarar derechos. Había que crear mecanismos capaces de defenderlos. No bastaba con hablar de protección ambiental. Había que modificar las reglas económicas y jurídicas que permiten destruir ecosistemas en nombre del beneficio. No bastaba con proclamar la igualdad entre Estados. Había que construir instituciones que redujeran la desigualdad efectiva de poder.

Por eso recuperar hoy a Miguel d’Escoto no significa mirar hacia atrás con nostalgia. Significa volver a colocar sobre la mesa una discusión que las grandes potencias han conseguido aplazar durante décadas: qué tipo de Naciones Unidas necesita el mundo y qué tipo de orden internacional queremos construir cuando el viejo equilibrio de poder ya no corresponde a la realidad del planeta.

La propuesta de d’Escoto no llegó a convertirse en una nueva Carta de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad no fue sustituido por el modelo que planteaba, la Asamblea General no recibió las competencias que él defendía y tampoco se creó el Tribunal Internacional de Justicia Climática que proponía. Pero su derrota institucional no convierte sus preguntas en irrelevantes. Al contrario, la persistencia de las mismas contradicciones que intentó abordar demuestra que el problema que identificó continúa sin resolverse.

Cuando hoy se habla de recuperar la confianza en Naciones Unidas, de hacerla capaz de actuar “para todos” o de reformar el sistema multilateral, conviene recordar que hace casi dos décadas un sacerdote sandinista que había vivido en primera persona la lucha de un pequeño país contra el poder imperial llegó a una conclusión incómoda: no era suficiente con reparar la vieja arquitectura internacional. Había que democratizarla desde sus cimientos.

Y quizá esa sea la verdadera actualidad de Miguel d’Escoto.

No haber dejado una fórmula definitiva para el futuro, sino haber tenido el valor político de formular una pregunta que todavía sigue abierta: si Naciones Unidas pretende representar a toda la humanidad, ¿por qué su estructura de poder continúa reflejando, en buena medida, el mundo de 1945 y no el mundo que tenemos delante?

La respuesta a esa pregunta determinará, en buena medida, si el multilateralismo del siglo XXI será simplemente una nueva forma de administrar el viejo orden o si podrá convertirse en una herramienta para construir unas relaciones internacionales verdaderamente democráticas, soberanas y orientadas al bien común.

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