Por Javier Huerta
El 8 de septiembre es el Día Internacional de la Alfabetización. Un año más, las instituciones internacionales volverán a pronunciar palabras solemnes sobre la importancia de la educación, la igualdad de oportunidades y el derecho universal a aprender. Habrá discursos, campañas y fotografías de aulas en países empobrecidos. Sin embargo, detrás de la retórica existe una realidad mucho menos cómoda: 774 millones de personas adultas siguen sin saber leer ni escribir, según los últimos datos de la UNESCO, y aproximadamente dos de cada tres son mujeres. La cifra, por sí sola, debería bastar para cuestionar cualquier relato triunfalista sobre los avances de la humanidad en materia educativa.
Porque alfabetizar no consiste únicamente en enseñar a una persona a descifrar unas letras. Leer y escribir significa poder interpretar un contrato de trabajo, comprender una receta médica, reclamar ante una administración, leer un periódico, estudiar una ley o transmitir conocimientos a los propios hijos. La alfabetización es una herramienta de autonomía y, por lo tanto, también de poder. Precisamente por eso resulta tan revelador observar quiénes permanecen al margen de ella y en qué territorios se concentra el problema. Tres cuartas partes de la población adulta analfabeta mundial se concentran en África subsahariana y Asia meridional y occidental, regiones marcadas por décadas de colonialismo, dependencia económica, guerras, desigualdad y políticas de ajuste estructural.
Desde esta perspectiva, resulta insuficiente presentar el analfabetismo como una desgracia natural o como una consecuencia inevitable de la pobreza. No nacemos pobres, ni nacemos analfabetos: son las estructuras sociales las que distribuyen de manera profundamente desigual el acceso al conocimiento. Durante décadas, buena parte del Sur global ha pagado las consecuencias de un orden económico internacional construido durante la etapa colonial y posteriormente consolidado mediante mecanismos de dependencia, deuda y subordinación financiera. Mientras tanto, los organismos internacionales han insistido en la necesidad de mejorar los sistemas educativos sin cuestionar siempre las condiciones económicas que impiden financiarlos.
Los datos de estos últimos años son particularmente elocuentes. La tasa mundial de alfabetización adulta pasó aproximadamente del 76% a comienzos de los años noventa al 84% en la década de 2000, pero el descenso del número absoluto de personas analfabetas ha sido mucho más lento. Entre 2000 y 2011, la población adulta analfabeta apenas disminuyó un 1%, hasta situarse en los 774 millones. En consecuencia, el problema no puede explicarse simplemente por una falta de progreso educativo: también refleja el crecimiento demográfico, la pobreza y la incapacidad —o la falta de voluntad política— de numerosos gobiernos y organismos internacionales para garantizar una educación verdaderamente universal.
Y aquí aparece una de las grandes contradicciones de nuestro tiempo. Mientras gobiernos y empresas hablan de la sociedad del conocimiento, millones de personas continúan sin acceso a las herramientas más elementales para participar en ella. Vivimos en un planeta capaz de producir enormes cantidades de riqueza y, al mismo tiempo, incapaz de garantizar que todos sus habitantes puedan leer una página. No es una paradoja accidental. Es el resultado de un modelo económico que convierte derechos básicos en variables presupuestarias y que tiende a considerar la educación como una inversión rentable cuando debería ser, antes que nada, un derecho colectivo.
La crisis económica iniciada en 2008 ha agravado todavía más esta contradicción. En numerosos países, la respuesta dominante a la crisis ha sido la austeridad: recortes del gasto público, congelación de salarios, reducción de plantillas y debilitamiento de los servicios sociales. La educación tampoco ha quedado al margen. La misma lógica que exige reducir el déficit termina colocando sobre las espaldas de las clases populares el coste de una crisis que no provocaron. Por otro lado, allí donde el Estado retrocede aparecen con frecuencia propuestas de privatización y fórmulas de colaboración público-privada que presentan la educación como un mercado emergente. Incluso desde organismos internacionales se debate abiertamente el impacto que la privatización puede tener sobre el derecho a la educación de mujeres y niñas.
No estamos, por tanto, únicamente ante un problema de acceso a la escuela. Estamos ante una cuestión de clase, género y territorio. Las mujeres representan casi dos tercios de la población adulta que no sabe leer ni escribir, y en muchos países la discriminación educativa se suma a la explotación laboral, la pobreza y la falta de autonomía económica. El analfabetismo femenino no puede desligarse de sociedades en las que millones de niñas todavía encuentran obstáculos para acceder a la educación básica. La lucha contra el analfabetismo es, por ello, inseparable de la lucha por la emancipación de las mujeres.
Tampoco podemos hablar de alfabetización ignorando lo que ocurre dentro de las propias escuelas. El último informe de seguimiento de Educación para Todos de la UNESCO advertía de que 250 millones de niños y niñas no están adquiriendo las competencias básicas de lectura, escritura y matemáticas, incluso aunque muchos de ellos hayan pasado varios años escolarizados. Más de la mitad de esos niños han asistido a la escuela durante al menos cuatro años. Esto significa que escolarizar no basta. Una escuela sin recursos, sin docentes suficientemente reconocidos y sin condiciones materiales dignas puede terminar reproduciendo la desigualdad que pretendía combatir.
La cuestión adquiere una dimensión todavía más inquietante cuando miramos hacia 2015. Ese año expira el plazo de los Objetivos de Educación para Todos acordados en Dakar en el año 2000. Uno de aquellos compromisos consistía precisamente en conseguir para 2015 una mejora del 50% en los niveles de alfabetización adulta, especialmente entre las mujeres. Sin embargo, las previsiones de la UNESCO apuntan a que en 2015 todavía habrá alrededor de 743 millones de adultos analfabetos y que en 32 de los 89 países con datos disponibles la tasa de alfabetización adulta continuará por debajo del 80%. El balance, por lo tanto, dista mucho de cumplir las promesas realizadas hace catorce años.
¿Qué ha fallado? Sería cómodo culpar exclusivamente a los gobiernos de los países más pobres. Sin embargo, esa explicación oculta la responsabilidad de un sistema internacional en el que las decisiones económicas condicionan permanentemente las posibilidades de las políticas sociales. No se puede pedir a un país que garantice educación universal mientras se le exige priorizar el pago de la deuda, reducir el gasto público o competir internacionalmente mediante salarios bajos. La alfabetización necesita escuelas, bibliotecas, libros, docentes, alimentación infantil, transporte y tiempo. Y todos esos elementos necesitan financiación pública estable.
Por eso, hablar de alfabetización en 2014 debería significar también hablar de soberanía educativa. Cada pueblo tiene derecho a construir un sistema educativo acorde con sus necesidades, su cultura y sus lenguas, sin que las prioridades de las grandes instituciones financieras internacionales determinen qué debe enseñarse, cuánto debe gastarse o qué sectores educativos deben abrirse al mercado. La educación no puede convertirse en otro territorio de expansión para el capital. Tampoco puede reducirse a una fábrica de trabajadores adaptables a las necesidades de las empresas.
En este terreno, las nuevas tecnologías ofrecen una posibilidad interesante, aunque tampoco conviene convertirlas en una nueva religión del progreso. Un estudio publicado por la UNESCO en abril de este mismo año ha mostrado que los teléfonos móviles pueden convertirse en herramientas de acceso a la lectura allí donde escasean los libros. La tecnología puede democratizar el conocimiento, pero únicamente si está al servicio de las personas y no de las empresas que buscan nuevos mercados. Un teléfono no sustituye a una biblioteca, ni una aplicación sustituye a un maestro; puede, eso sí, abrir una puerta cuando las condiciones materiales impiden que esa puerta exista de otro modo.
El reto que tenemos delante, por tanto, no es simplemente conseguir que más personas sepan leer una frase. El verdadero desafío es construir sociedades en las que nadie tenga que ser analfabeto porque nació en una familia pobre, porque es mujer, porque vive en una zona rural o porque pertenece a un país situado en la periferia económica del sistema mundial. Y eso exige recuperar una idea que el discurso neoliberal ha intentado relegar: la educación es un derecho colectivo y su garantía corresponde fundamentalmente a los poderes públicos.
El horizonte de 2015 debería servir para algo más que para redactar nuevos documentos institucionales. Debería obligarnos a preguntarnos por qué, después de décadas de programas internacionales, seguimos hablando de cientos de millones de personas excluidas de la palabra escrita. No necesitamos otra declaración de buenas intenciones; necesitamos recursos, escuelas públicas, docentes dignificados y políticas que ataquen las causas sociales de la desigualdad. Necesitamos, además, que las mujeres ocupen el centro de las políticas de alfabetización y que las comunidades puedan decidir sobre sus propios procesos educativos.
Porque aprender a leer no es solamente aprender a reconocer palabras. Es aprender a leer el mundo. Y quien aprende a leer el mundo también puede empezar a preguntarse quién lo ha escrito, quién obtiene beneficios de él y quién queda condenado a no poder entenderlo. Ahí reside la dimensión verdaderamente política de la alfabetización.
En este 8 de septiembre, mientras las instituciones vuelven a proclamar que la educación es un derecho humano, conviene recordar algo elemental: los derechos no se celebran, se garantizan. Mientras cientos de millones de personas permanezcan excluidas del conocimiento, la batalla contra el analfabetismo seguirá siendo también una batalla contra la pobreza, el patriarcado, la explotación y la subordinación de unos pueblos frente a otros. Y esa batalla no la ganarán los mercados. La ganarán las sociedades cuando decidan que ningún beneficio económico está por encima del derecho de una persona a aprender, comprender y tomar la palabra.
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