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domingo, 24 de junio de 2018

La derrota de los golpistas en la OEA


por Resistencia 2.0 -


Un informe de la CIDH parcializado y sesgado hacia los Golpistas, no hizo posible que los Estados miembros de la Asamblea General de la OEA votaran en su mayoria en contra de Nicaragua. 



La OEA tienen facultad de invocar protocolos de Derechos Humanos, para sansionar e intervenir a un país miembro, cuando se considere que este viola los Derechos Humanos y comete crímenes de lesa humanidad contra su pueblo.



Ese fue el objetivo con el que se desarrolló la asamblea extraordinaria: Que los Estados padrinos de los Golpistas solicitaran condenar al Gobierno de Nicaragua por crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos.



Pero este no fue el caso, porque la mayoria de Estados miembros de la Asamblea General OEA, NO lo consideraron así.



Usando su derecho a la defensa y amparado en los instrumentos del Derecho Internacional, el Gobierno de Nicaragua rechazó el informe de la CIDH, el cual no fue sometido a votación.



De haber sido aceptado el informe y las quejas que la Coalicion y la M19 denunciaron ante la comunidad internacional, se pasaba a una segunda fase, que era llevar a votación los argumentos de cada Estado padrino de los Golpistas.



En ese escenario y con 19 votos a favor, Nicaragua hubiese sido sancionada o condenada, abriendo la posibilidad de la intervención extranjera militar.



Pero los golpistas no lograron su objetivo por falta de elementos fundamentales que convencieran a la mayoria de los Estados miembros de la OEA.



La Coalición de Derecha y el M19 no pudieron acestar EL GOLPE INCONSTITUCIONAL.



Ahora no les queda más que:



1.- Aceptar su derrota, frente a DANIEL y el FSLN
2.- Aceptar que jugaron a la Revolucion y derramaron sangre inocente con su ejército de delincuentes, marcotraficantes y maras.
3.- Aceptar y reconocer su farsa y burda manipulacion en contra el pueblo.
4.- Aceptar y reconocer su verdadero objetivo: acceder al poder, puestos y cargos públicos.



Ahora que su plan fracasado quedó al descubierto, el Gobierno tiene la facultad y derecho para procesarlos por la via penal. Los crímenes cometidos están penalizados con condenas que van de 8 a 12 años de prisión.



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